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BLU Radio conoció el duro informe de 21 páginas que presentó Human Rights Watch sobre las violaciones a los derechos humanos durante el paro nacional.
Asegura que tienen documentación creíble sobre el asesinato de 16 manifestantes por parte de la Policía, dos casos de abuso sexual a manifestantes por parte de uniformados y hace una fuerte crítica al modo en que la fuerza pública ha usado los gases lacrimógenos asegurando que han sido disparados directamente a los manifestantes y no con el propósito de dispersarlos.
El despacho de José Miguel Vivanco dice que la reforma a la Policía anunciada por el presidente Duque tiene medidas cosméticas que no previenen los abusos y que el sistema de juzgamiento de uniformados no ha sido efectivo ni siquiera en los casos del 2019.
Humans Rights Watch presentó este miércoles, 9 de junio, un informe de 21 páginas en el que muestra la evidencia que logró recoger para demostrar que sí hubo brutalidad policial durante las protestas que iniciaron el pasado 28 de abril en Colombia y, principalmente, pide una profunda reforma a la Policía y que la justicia sea efectiva a la hora de juzgar a los uniformados responsables de delitos contra manifestantes.
Asegura que, hasta ahora, no se han realizado avances significativos en la investigación de dichos casos de abuso ni en 2021, ni en los años anteriores, como los posiblemente registrados en la ola de manifestaciones en 2019.
En uno de los puntos más preocupantes, Human Rights Watch dice que tiene pruebas creíbles sobre la responsabilidad de la Policía en el asesinato de al menos a 16 manifestantes con municiones letales disparadas con armas de fuego.
Sobre los procesos judiciales contra policías implicados en abusos, dice que en la mayoría de los casos son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que respondan por esos abusos dada su “tradicional opacidad y falta de independencia”.
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El despacho de José Miguel Vivanco se refirió a la propuesta del presidente Iván Duque de reformar la Policía anunciada el pasado 6 de junio, asegurando que algunas de las medidas parecen cosméticas y no son suficientes para prevenir estos abusos.
El informe cuestiona duramente el uso que la Policía ha dado a los cartuchos de gases lacrimógenos, asegurando que hay casos documentados donde se ve que los disparan directamente hacia los manifestantes y no hacia el cielo como debe hacerse para que pierdan potencia y cumplan el propósito de dispersar, igualmente con el sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez.
Una de las recomendaciones que hace al Gobierno es presentar una disculpa a nombre del Estado colombiano, por abusos policiales cometidos durante las protestas y dice que está ante un posible desacato de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia por no cumplir con varias de las órdenes para evitar los excesos en las manifestaciones y sólo cumplir con la prohibición de la escopeta calibre 12 por parte del Esmad, que generó la muerte de Dilan Cruz en Bogotá, en 2019.
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Nada más el título del informe de Human Rights Watch da un abrebocas de delicado su contenido: “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, en el que la división para las Américas de la organización con sede en Washington dice tajantemente que miembros de la Policía han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes, en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas. Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes
La base de esta investigación, según Human Rights Watch, está en la entrevista por teléfono o medios virtuales a más 150 personas que viven en 25 ciudades de Colombia. Aseguran que hablaron con víctimas de abuso policial de diferentes índoles, sus familiares y abogados, testigos, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.
Sobre las muertes en protestas
Human Rights Watch asegura que ha recibido denuncias creíbles sobre 68 muertes desde el comienzo de las manifestaciones. Sin embargo, dice tener la confirmación de que 34 de estas muertes sucedieron en las protestas dentro de las cuales se encuentran dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes.
De los 31 manifestantes, la organización dice que al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías y destaca que civil armados también han asesinado a por lo menos cinco manifestantes.
En uno de los puntos más preocupantes, Human Rights Watch dice que tiene pruebas creíbles sobre la responsabilidad de la Policía en el asesinato de al menos a 16 manifestantes con municiones letales disparadas con armas de fuego.
En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar
Sobre los heridos y detenidos en protestas
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Tomando como base la información del Ministerio de Defensa, Human Rights Watch asegura que es probable que los manifestantes sean muchos más que los 1.100 reportados por las autoridades, porque muchos no se han denunciado.
También hace una fuerte crítica a la detención de más de 5.500 con el propósito de ser trasladadas a centros de protección, asegurando que tienen pruebas de múltiples casos de detenciones arbitrarias, incluyendo varios en los que la policía empleó la figura de “traslado por protección”.
Sobre violencia sexual en protestas
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La organización Human Rights Watch dice que tiene pruebas y testimonios de dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes.
Human Rights Watch también documentó 17 golpizas violentas cometidas por la Policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías
Aunque las referencias en contra de la violencia contra uniformados y los bloqueos no es el enfoque principal del informe y está retratada en una menor dimensión, Human Rights Watch dice: “La violencia contra policías y los bloqueos que impidan el acceso a alimentos o servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial".
Sobre el funcionamiento de la Policía y el juzgamiento de uniformados
Para José Miguel Vivanco y su equipo es fundamental exista una separación en las funciones de la fuerza pública de Colombia, que ha sido conformado y dirigido por el Ministerio de Defensa, tanto para combatir grupos armados y ahora responder a eventos sociales como la protesta. “En situaciones de conflicto armado, el uso de la fuerza se rige por el derecho internacional humanitario, y las reglas son muy distintas a las de contextos civiles, tales como en protestas”.
Sobre los procesos judiciales contra policías implicados en abusos, dice que en la mayoría de los casos son juzgados en tribunales militares, donde hay pocas probabilidades de que respondan por esos abusos dada su “tradicional opacidad y falta de independencia”. También se refiere al trabajo de la Fiscalía, que adelanta investigaciones penales, asegurando que tampoco ha logrado avances suficientes en sus investigaciones sobre abusos cometidos durante esas protestas.
En este informe, el despacho de José Miguel Vivanco reacciona al anuncio del presidente Iván Duque de transformar la Policía para respetar los derechos humanos en todos los operativos sin excepción: dice que algunas de estas medidas como la reforma del sistema disciplinario podrían tener un impacto positivo para prevenir y sancionar abusos policiales pero que otras “parecen ser más bien de carácter cosmético y, en general, las reformas propuestas no son suficientes para prevenir violaciones de derechos humanos y garantizar justicia por los abusos”.
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Sobre el uso de armas letales por la Policía en protestas
En este punto, Human Rights Watch dice que, aunque la Policía ha dicho que no ha usado armas letales en las manifestaciones, corroboró varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona
Human Rights Watch documentó 16 casos en los cuales la Policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: 7 tenían heridas en el tórax, 6 en la cabeza y 2 en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, señalaron autoridades judiciales a Human Rights Watch
Estos son los casos que cita Human Rights Watch sobre principalmente jóvenes que murieron por disparos letales en las marchas: Kevin Agudelo, de 22 años; Nicolás Guerrero, de 26 años; Yinson Andrés Angulo Rodríguez, de 23 años; Edwin Villa Escobar, de 38 años; Marcelo Agredo Inchima, de 17 años en Cali y el caso de Santiago Andrés Murillo, de 19 años en Ibagué.
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Sobre el uso de gases lacrimógenos
El despacho de José Miguel Vivanco hace una fuerte crítica a la manera en que se han disparado los gases lacrimógenos “con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones”, asegurando que no se han disparado como se debe, hacia el cielo para reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles sino que tienen evidencia como videos y testimonios de que policías dispararon los cartuchos directamente hacia los manifestantes.
Critica también el uso del sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez y que, según Human Rights Watch, “corroboró varios videos de la policía utilizando el Venom desde el suelo y disparando de forma directa contra los manifestantes en Popayán”.
Human Rights Watch documentó casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer, como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos. Estos casos incluyen los siguientes: Brayan Niño Araque, de 24 años, Juan Pablo Fonseca, de 25 años, Joan Alejandro Martínez Díaz, de 20 años.
Los casos de violencia sexual en protestas
Human Rights Watch asegura en el informe que documentó dos casos de violencia sexual cometidos por policías contra manifestantes. Incluye los crudos relatos de dos víctimas: Marta Alejandra Aguilar (seudónimo), de 18 años, y Jessica Amaya, de 32 años, que denunció formalmente ante la Fiscalía sin que hasta el momento se haya presentado alguna acción contra los uniformados implicados.
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En el primer caso presentado en Palmira, Valle, los uniformados detuvieron a un grupo de manifestantes y aunque los trasladaron al centro de protección, donde habría sucedido el abuso sexual, nunca se les acusó de ningún delito, ni fueron llevados ante un fiscal o juez.
En el segundo caso, presentado en Yumbo, Valle del Cauca, la joven dice haber quedado inconsciente tras recibir golpes del Esmad y despertar con heridas, su ropa rota y presentar señales de abuso sexual, según un análisis particular realizado posteriormente.
Detenciones e imputaciones que serían arbitrarias
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asegura tener evidencia de 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria y señala que la figura de imputar el cargo de “terrorismo” está siendo empleada de manera incorrecta y desproporcionada por la Fiscalía porque esta acarrea una sanción judicial muy grande.
Finalmente, el despacho de Vivanco asegura que aunque el director general de la Policía, general Jorge Luis Vargas, dijo que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de manifestantes, logró corroborar con videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo.
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