Después de que se conocieran los cambios que el Gobierno hizo en la asignación del Presupuesto General de la Nación del 2024 aprobado por el Congreso, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) aseguró que si no se corrige este tema podría haber una parálisis en sectores de transporte e infraestructura.
Y es que hay incertidumbre en los pagos de vigencias futuras, la ejecución de proyectos estratégicos y el impacto en la generación de empleo.
Uno de los puntos críticos destacados por la CCI es la falta de claridad en los pagos de vigencias futuras. A pesar de que durante los años 2022 y 2023 el Gobierno nacional se comprometió con esos pagos, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ha sugerido que los pagos podrían estar sujetos a decisiones discrecionales en lugar de respetar los contratos suscritos. Para la CCI esta situación genera una gran incertidumbre entre los inversionistas y podría afectar negativamente la ejecución de proyectos clave, como la primera línea del metro de Bogotá.
Además, la omisión en el decreto de liquidación del presupuesto del año 2024 ha generado problemas adicionales. La falta de recursos destinados a proyectos a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) ha paralizado el funcionamiento de estas entidades y la ejecución de las obras bajo su responsabilidad. Esta situación no solo viola la ley estatutaria de presupuesto, sino que también pone en riesgo la continuidad de proyectos cruciales para el desarrollo del país.
La falta de expedición del decreto de liquidación también ha afectado la contratación de cerca de 1.000 contratistas de prestación de servicios en el Invías y la ANI, lo que representa un riesgo para la generación de empleo y el desarrollo del sector.
Se encuentran en riesgo 57 proyectos declarados de importancia estratégica nacional como la variante San Francisco-Mocoa (Nariño-Putumayo), la vı́a Popayán-Isnos (Cauca-Huila), San José del Guaviare-Calamar, la transversal del Catatumbo, Conexión Alta Guajira, entre otros proyectos.
Otra preocupación importante es el posible deterioro en los procesos de interventoría de los proyectos. La utilización de herramientas como sobrevuelos costosos e informales por parte de funcionarios podría comprometer la calidad y la seguridad de las obras, lo que pondría en riesgo la inversión realizada en infraestructura.
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