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Las sentencias emitidas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los casos de secuestros y falsos positivos aún no han podido consolidarse jurídicamente. Estos fallos se dirigen contra exintegrantes de las antiguas Farc-EP, responsables de retenciones ilegales y secuestros masivos, y contra miembros de la fuerza pública, vinculados a ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos.
De acuerdo con la información conocida, se han interpuesto ocho apelaciones y siete solicitudes de aclaración, lo que impide que los fallos queden en firme. Mientras estos recursos no sean resueltos, los comparecientes no podrán iniciar los proyectos restaurativos contemplados como parte de las sanciones impuestas.
Esta situación genera incertidumbre tanto en las víctimas, que ven retrasada la materialización de la justicia restaurativa, como en los responsables, que permanecen a la espera de la ejecución de las decisiones. El aplazamiento también supone un desafío para la JEP, pues prolonga la percepción de lentitud en el cumplimiento de sus fallos, a pesar de que estos recursos hacen parte de las garantías procesales establecidas en el sistema de justicia transicional.
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