El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
La temporada decembrina no termina hasta después del Día de Reyes. Sin embargo, para este enero de 2026 el calendario le cambió los planes a más de uno, pues el puente festivo no será el 6 de enero, sino el lunes 12 del mismo mes. Esto ocurrió porque el Día de Reyes cayó un martes y no fue festivo en su fecha tradicional.Por lo tanto, para quienes aprovecharán esta fecha para viajar y tomarse otro merecido descanso antes de regresar a sus labores diarias, es recomendable analizar los cuidados que se deben tener con la piel, especialmente si el plan incluye playa o piscina, así como por los cambios bruscos de clima.Según expertos, el cuidado cutáneo no inicia ni termina en las vacaciones, sino que requiere atención antes, durante y después del viaje. La dermatóloga María Camila Correcha Ferro advierte que una rutina adecuada puede evitar quemaduras, manchas y brotes que suelen aparecer tras un puente festivo prolongado.Preparar la piel antes de salir de viajeUno de los errores más frecuentes es no alistar la piel antes de viajar. La recomendación es iniciar los cuidados al menos una o dos semanas antes, con una rutina básica que incluya limpieza suave, buena hidratación y fotoprotección diaria.Entre los puntos clave están:Evitar iniciar productos nuevos o potencialmente irritantes.Suspender ácidos, retinoides y procedimientos estéticos.Usar protector solar incluso en la ciudad.Esto ayuda a reducir el riesgo de irritaciones o fotosensibilidad durante el viaje.Protección solar durante el puente festivo de eneroDurante el paseo, la protección solar se convierte en la prioridad. La experta recomienda usar protector solar FPS 50+ de amplio espectro y reaplicarlo cada dos horas, especialmente en playa o piscina.También es importante tener en cuenta:Evitar la exposición directa entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m.Usar gorra, gafas con filtro UV y ropa con protección.Secar bien la piel antes de reaplicar el bloqueador.No confiarse en productos resistentes al agua sin reaplicación.En pieles con melasma, rosácea o alta sensibilidad, los filtros minerales suelen ser una mejor opción.Cuidados básicos al regresar del viajeDespués del puente festivo, la piel suele mostrar signos de resequedad o irritación. En esta etapa es clave enfocarse en la recuperación:Usar cremas emolientes y reparadoras.Evitar exfoliaciones agresivas.Aplicar antioxidantes que ayuden a la regeneración.Mantener el uso diario de protector solar.Si aparecen quemaduras solares, se debe suspender la exposición, aplicar compresas frías y productos calmantes. Un cuidado oportuno permite que la piel se recupere mejor tras un viaje corto, pero intenso, como el puente del lunes 12 de enero de 2026.Puente de Reyes 2026: por qué no fue festivo el 6 de eneroEn 2026, el Día de Reyes cayó el martes 6 de enero, pero al no coincidir con un lunes, la Ley Emiliani trasladó el descanso al lunes 12 de enero, haciendo oficial esta fecha como día festivo.Es decir, los colombianos pueden disfrutar de un fin de semana largo que irá del sábado 10 al lunes 12 de enero, una situación que permite realizar viajes cortos, descansar en familia, ir a piscina, entre otros planes.Cabe recordar que, si un festivo nacional no cae lunes, este se traslada al lunes siguiente. Esta disposición aplica para la mayoría de celebraciones religiosas y cívicas, entre ellas el Día de Reyes. La idea de esta ley no es modificar el calendario, sino permitir que los colombianos tengan fines de semana más largos.Eso sí, no todos los festivos se acogen a la Ley Emiliani. Existen fechas que se mantienen fijas, sin importar el día en que caigan:Año Nuevo (1 de enero)Jueves SantoViernes SantoDía del Trabajo (1 de mayo)Día de la Independencia (20 de julio)Navidad (25 de diciembre)
La Lotería de Medellín dio a conocer los resultados oficiales del sorteo 4817, realizado el viernes 9 de enero de 2026, una edición que despertó gran expectativa entre los apostadores gracias a su atractivo plan de premios y a la tradición que respalda a este histórico juego de azar. Más allá del impacto económico, el sorteo volvió a resaltar el compromiso permanente de la entidad con el fortalecimiento de la salud pública en Colombia, uno de los pilares que la distinguen a nivel nacional.En esta jornada, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, consolidándose como uno de los golpes de suerte más destacados del inicio de año y generando amplia atención en distintas regiones del país.Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4817El número ganador del premio mayor correspondiente al viernes 9 de enero de 2026 fue el 0256 de la serie 264. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, uno de los premios más importantes del panorama lotero nacional.Premios secos destacados del sorteoUno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la propia entidad a través de sus canales oficiales.Premio mayor – $16.000 millonesNúmero: 0256Serie: 264Secos de $1.000 millonesNúmero: 0617 – Serie: 040Número: 7515 – Serie: 452Secos de $700 millonesNúmero: 0394 – Serie: 294Número: 6907 – Serie: 337Secos de $500 millonesNúmero: 7222 – Serie: 023Número: 7520 – Serie: 471Secos de $100 millonesNúmero: 0160 – Serie: 386Número: 0167 – Serie: 261Número: 3506 – Serie: 041Número: 4058 – Serie: 265Número: 9210 – Serie: 327Número: 9253 – Serie: 103Secos de $50 millonesNúmero: 1384 – Serie: 091Número: 3853 – Serie: 436Número: 4580 – Serie: 302Número: 6830 – Serie: 154Número: 6947 – Serie: 439Número: 7599 – Serie: 313Número: 8953 – Serie: 403Secos de $20 millonesNúmero: 0875 – Serie: 468Número: 1630 – Serie: 326Número: 2824 – Serie: 160Número: 4287 – Serie: 164Número: 4717 – Serie: 022Número: 5164 – Serie: 060Número: 7200 – Serie: 181Número: 7268 – Serie: 022Número: 7712 – Serie: 449Número: 8337 – Serie: 301Secos de $10 millonesNúmero: 0775 – Serie: 062Número: 1084 – Serie: 005Número: 1810 – Serie: 326Número: 2989 – Serie: 067Número: 4280 – Serie: 235Número: 4624 – Serie: 065Número: 5932 – Serie: 190Número: 6072 – Serie: 487Número: 6101 – Serie: 189Número: 6236 – Serie: 365Número: 7947 – Serie: 429Número: 8424 – Serie: 140Número: 8568 – Serie: 221Número: 8839 – Serie: 340Número: 9846 – Serie: 385La amplia caída de premios confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país, con un plan de premios que continúa renovando la ilusión de miles de colombianos.Dónde consultar los resultados oficialesLos números ganadores del sorteo 4817 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín y en sus plataformas institucionales. Las autoridades recomiendan confirmar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.
La Lotería de Risaralda volvió a encender la ilusión de miles de jugadores con la realización de su sorteo número 2933, llevado a cabo el 9 de enero de 2026. Como cada semana, esta tradicional lotería no solo entregó millonarios premios, sino que también reafirmó su compromiso con el financiamiento de programas de salud en el departamento.Premio mayor y escalera millonariaEl número del premio mayor fue el 8672 de la serie 260. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Premio mayor – $2.333 millonesNúmero: 8672Serie: 260Premio especial La Escalera Millonaria – $60 millonesNúmero: 3748Serie: 045Seco especial – El Gordo de la Risaralda – $300 millonesNúmero: 3679Serie: 128Seco especial – Ángel de la Suerte – $200 millonesNúmero: 5555Serie: 265Seco especial – Mula Millonaria – $150 millonesNúmero: 6969Serie: 031Seco especial – Milagro Millonario – $80 millonesNúmero: 7676Serie: 061Guaca de Oro – $60 millonesNúmero: 5137 – Serie: 041Número: 5980 – Serie: 018Número: 5204 – Serie: 273Trébol de la Fortuna – $40 millonesNúmero: 5426 – Serie: 012Número: 9444 – Serie: 253Número: 5552 – Serie: 297Secos de Perla – $35 millonesNúmero: 7454 – Serie: 104Número: 7131 – Serie: 081Número: 1353 – Serie: 077Número: 2365 – Serie: 001Número: 0064 – Serie: 069Cofre de Diamantes – $50 millonesNúmero: 3472 – Serie: 011Número: 8176 – Serie: 035Número: 1313 – Serie: 148Número: 5444 – Serie: 284Número: 9752 – Serie: 184Secos Cosecha Millonaria – $30 millonesNúmero: 9989 – Serie: 293Número: 9914 – Serie: 234Número: 0256 – Serie: 212Número: 1905 – Serie: 025Número: 3655 – Serie: 219Número: 6065 – Serie: 052Número: 9409 – Serie: 289Número: 3092 – Serie: 039Número: 8996 – Serie: 205Número: 9711 – Serie: 019Número: 9387 – Serie: 149Verificación oficialLos resultados publicados tienen un carácter estrictamente informativo. En caso de dudas, los datos válidos son los registrados en el acta oficial del sorteo 2931 de la Lotería de Risaralda.¿Cuándo se juega la Lotería de Risaralda?El sorteo se realiza todos los viernes a las 11:00 p.m., con transmisión en vivo por TELECAFÉ. Desde su creación en 1967, esta lotería ha destinado sus recursos al fortalecimiento de los servicios de salud del departamento¿Cómo reclamar los premios?Los ganadores deben acercarse a la sede oficial de la Lotería de Risaralda.Calle 19 #7-53, PereiraEs obligatorio presentar el billete original en buen estado y un documento de identidad vigente para realizar el cobro.
Durante la jornada del viernes, 9 de enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 465 de MiLoto, uno de los juegos de suerte y azar más populares en el territorio colombiano. Último resultado de MiLotoLa combinación ganadora para este sorteo fue: 19 - 22 - 35 - 11 - 29.De acuerdo con el reporte oficial de la entidad, el acumulado que estaba en juego ascendía a los $650 millones de pesos. Al no presentarse un tiquete que acertara los cinco números de la secuencia, la cifra se ha actualizado para el siguiente sorteo, estableciéndose en un nuevo acumulado de $700 millones de pesos.¿Cómo se juega MiLoto?Jugar MiLoto es muy sencillo. Cada jugador debe seleccionar cinco números del 01 al 39 y hacer su apuesta en los puntos de venta autorizados o en plataformas digitales.Para ganar, el jugador debe acertar al menos dos números para obtener un premio. Los montos varían según la cantidad de aciertos:5 aciertos: Premio mayor acumulado.4 aciertos: Premio en efectivo según el número de ganadores.3 aciertos: Premio en efectivo menor.2 aciertos: Premio mínimo asegurado.
La Lotería de Santander volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia tras la publicación de los resultados oficiales del sorteo 5052, realizado el viernes 9 de enero de 2026. La jornada estuvo marcada por un premio mayor que generó gran expectativa, con un billete ganador vendido en Bogotá y un despacho oficial hacia Bucaramanga, además de una extensa lista de premios secos que dejó ganadores en distintas regiones del país.Como es habitual, la entidad recordó a los jugadores la importancia de verificar los números únicamente a través de los canales oficiales, antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de garantizar transparencia y seguridad en el proceso.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5052El gran protagonista de la noche fue el número 5358 de la serie 120, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Resultados de secos de la Lotería de SantanderPremio mayor – $6.500 millonesNúmero: 5358Serie: 120Despachado a: BucaramangaMayor invertidoNúmero: 8535Serie: 120Seco – $700 millonesNúmero: 4881Serie: 131Promocional – Gana sin serieNúmero: 6059Secos de $500 millonesNúmero: 2676 – Serie: 334Número: 3419 – Serie: 026Secos de $300 millonesNúmero: 5017 – Serie: 256Número: 5681 – Serie: 004Número: 6540 – Serie: 167Secos de $200 millonesNúmero: 4932 – Serie: 107Número: 6372 – Serie: 081Número: 8878 – Serie: 309Número: 9291 – Serie: 270Secos de $100 millonesNúmero: 0110 – Serie: 006Número: 2754 – Serie: 265Número: 4188 – Serie: 147Número: 5480 – Serie: 114Número: 6398 – Serie: 304Número: 8249 – Serie: 138Número: 9822 – Serie: 010Secos de $50 millonesNúmero: 1303 – Serie: 276Número: 2596 – Serie: 144Número: 4722 – Serie: 325Número: 6164 – Serie: 255Número: 6178 – Serie: 144Número: 7350 – Serie: 322Número: 8907 – Serie: 083Secos de $20 millonesNúmero: 0674 – Serie: 018Número: 1933 – Serie: 158Número: 2244 – Serie: 023Número: 3037 – Serie: 201Número: 4444 – Serie: 300Número: 5158 – Serie: 283Número: 5645 – Serie: 098Número: 6448 – Serie: 056Número: 8256 – Serie: 296Número: 9353 – Serie: 131Secos de $10 millonesNúmero: 0362 – Serie: 076Número: 0874 – Serie: 073Número: 1435 – Serie: 017Número: 1764 – Serie: 224Número: 2000 – Serie: 043Número: 2189 – Serie: 131Número: 2314 – Serie: 049Número: 3504 – Serie: 248Número: 4200 – Serie: 250Número: 4225 – Serie: 072Número: 4959 – Serie: 219Número: 7574 – Serie: 298Número: 9308 – Serie: 308Número: 9364 – Serie: 111Número: 9656 – Serie: 115Secos de $5 millonesNúmero: 0420 – Serie: 292Número: 0559 – Serie: 038Número: 1233 – Serie: 274Número: 1261 – Serie: 021Número: 2024 – Serie: 311Número: 2894 – Serie: 263Número: 3255 – Serie: 159Número: 3447 – Serie: 139Número: 4581 – Serie: 218Número: 5093 – Serie: 053Número: 5179 – Serie: 019Número: 6056 – Serie: 297Número: 6434 – Serie: 291Número: 6985 – Serie: 296Número: 8110 – Serie: 241Número: 8366 – Serie: 110Número: 8735 – Serie: 179Número: 8883 – Serie: 244Número: 9457 – Serie: 028Número: 9715 – Serie: 333¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Santander?Para cobrar cualquier premio es indispensable presentar el billete original, en buen estado y sin enmendaduras que impidan verificar su autenticidad.Premios superiores a $3 millonesLos ganadores deben acercarse a las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación del billete y se gestiona el pago conforme a los procedimientos establecidos.Premios menoresLos premios de menor cuantía pueden reclamarse en:Agencias distribuidoras autorizadas, oEl lotero de confianza, según las condiciones del punto de venta.Descuentos de ley aplicados a los premiosDe acuerdo con la normativa vigente, los premios están sujetos a retenciones e impuestos. Para premios superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025) se aplican:17 % de impuesto a ganadores (Secretaría de Salud de Santander).20 % de retención en la fuente (DIAN).Para premios inferiores a 48 UVT, se aplica únicamente:17 % de impuesto a ganadores.Estas deducciones deben considerarse al calcular el valor neto que recibirá cada ganador tras el cobro de su premio.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó al coronel en retiro Publio Hernán Mejía a 20 años de prisión por su responsabilidad en 72 casos de falsos positivos ocurridos entre 2002 y 2003, cuando comandaba el Batallón La Popa en Valledupar. Se trata de la primera sentencia con pena de cárcel impuesta por la JEP contra un militar retirado por ejecuciones extrajudiciales, una decisión que marca un precedente en el proceso de justicia transicional.En entrevista exclusiva con Blu Radio, Mejía rechazó de manera categórica la condena de la JEP y negó haber dado órdenes ilegales durante su carrera militar. "Nunca voy a aceptar que actúe de manera irresponsable o ilegal y nunca a cambio de una libertad deshonrosa voy a aceptar lo que no hice. Hasta el último suspiro de mi vida lucharé por la verdad, por mi limpieza como soldado, porque allá se hicieron más de 600 operaciones, todas ordenadas dentro de la legalidad. Jamás emití una orden legal y jamás voy a aceptar lo que no hice, cuésteme lo que me cueste", aseveró Mejía.La sentencia de la JEP señala supuestas alianzas entre miembros del Batallón La Popa y estructuras paramilitares para presentar civiles como bajas en combate. Frente a ello, Mejía negó cualquier vínculo con grupos armados ilegales y aseguró que nunca tuvo acuerdos con paramilitares. Incluso afirmó que en el proceso existen pruebas de planes para asesinarlo por parte de esos mismos grupos, lo que, en su criterio, desvirtúa la tesis de una supuesta alianza."Jamás. Con ningún elemento armado al margen de la ley, con ningún delincuente", afirmó.El coronel retirado también cuestionó los testimonios de militares que estuvieron bajo su mando y que reconocieron su participación en los hechos ante la JEP. Según Mejía, esas declaraciones contradicen versiones entregadas previamente ante otras instancias judiciales y habrían sido acordadas para obtener beneficios. "Una libertad deshonrosa a cambio de beneficios no es digna de un soldado. Yo combatí el terrorismo durante muchos años", añadió.Tras conocer la decisión de la JEP, Mejía anunció que apelará la sentencia. Manifestó una profunda desilusión con la justicia transicional, a la que acusó de “faltarle a la verdad” y de buscar un caso emblemático para presionar reconocimientos de responsabilidad. Acompañado por su equipo jurídico, aseguró que agotará todas las vías legales disponibles con la esperanza de que, en una segunda instancia, “brille la verdad” sobre su actuación como comandante del Batallón La Popa.
Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.