El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de las disidencias de las Farc, atraviesa su momento más crítico tras un año de ofensiva sostenida de la fuerza pública. Según el funcionario, la presión militar y policial ha sido tan fuerte que el cabecilla estaría recurriendo a otros carteles del narcotráfico para evitar ser capturado o neutralizado.“Alias 'Mordisco' ha sido afectado tan críticamente durante los últimos 12 meses que recurre ahora a un llamado de auxilio a los demás carteles del narcotráfico para que lo protejan y no termine neutralizado por una acción de la fuerza pública”, afirmó el ministro, al referirse al impacto de las operaciones desplegadas en distintas regiones del país contra su estructura criminal.Sánchez reiteró que la persecución contra ‘Iván Mordisco’ no se detendrá y recordó que el Gobierno mantiene vigente una millonaria recompensa por información que conduzca a su captura. “Por Mordisco, por quien ofrecemos hasta 5 mil millones de pesos, no descansará la fuerza pública hasta encontrarlo y que pague por sus delitos”, subrayó, dejando claro que se trata de uno de los objetivos prioritarios del Estado.En un tono contundente, el ministro describió el historial criminal del cabecilla, al asegurar que su nombre quedará marcado como uno de los más violentos del conflicto armado y del narcotráfico. “Alias 'Mordisco' pasará a la historia como uno de los peores asesinos, criminales, reclutador de menores, de niños, niñas y adolescentes, asesino de indígenas, extorsionador y uno de los capos del narcotráfico que mucho daño le ha hecho a Colombia”, señaló.El jefe de la cartera de Defensa insistió en que, pese a los discursos con los que estas estructuras intentan justificarse, su verdadera motivación es exclusivamente criminal. “Estos criminales solamente les interesa el narcotráfico”, dijo, al advertir que incluso las disputas y alianzas entre grupos armados ilegales giran alrededor de ese negocio ilícito. En ese contexto, explicó que “mientras se pelean en el Catatumbo, se unen en el sur de Bolívar”, demostrando, según él, que el narcotráfico es el eje de sus decisiones.Sánchez también envió un mensaje directo a ‘Iván Mordisco’ y a quienes integran su organización, invitándolos a abandonar las armas antes de ser capturados. “La invitación es a que se desmovilice, a que dejen de causarle tanto daño a Colombia y que lo hagan antes de que el Estado los encuentre y los lleve a la justicia”, afirmó.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que colabore con información que permita ubicar a este cabecilla y desarticular su red criminal. “Denuncien llamando al 107 o al 157”, pidió, al concluir que el narcotráfico no solo une a estos grupos, sino que “también los lleva a la autodestrucción”.
El cabecilla de las disidencias de las Farc, alias ‘Iván Mordisco’ reapareció en un vídeo en el que le hace un llamado al ELN, a la Segunda Marquetalia y a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano para que hagan una alianza criminal, lo anterior, tras la operación de Estados Unidos en Venezuela que llevó a la captura de Nicolás Maduro.“Los convocamos con necesidad imperiosa a una cumbre de comandantes insurgentes de Colombia y de toda nuestra América. Basta intervenciones militares”, señala en el video alias ‘Iván Mordisco’.Es importante recordar que, según información de inteligencia, la operación de Estados Unidos en Venezuela ha llevado a algunos cabecillas de grupos armados como el ELN y la Segunda Marquetalia a huir del vecino país, en donde se refugiaban bajo el auspicio del régimen de Maduro.Venezuela también ha sido país garante en las negociaciones de paz que ha adelantado el Gobierno nacional con diferentes grupos armados, como la Segunda Marquetalia y el ELN.Actualmente la Segunda Marquetalia es comandada por alias 'Iván Márquez', cuya última aparición fue justamente en Caracas.Por su parte, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano es una disidencia de la Segunda Marquetalia que actualmente está en negociaciones de paz con el Gobierno.
Un conjunto de documentos de inteligencia internacional y territorial revela con detalle la arquitectura clandestina que sostiene la presencia del ELN y las redes del narcotráfico en el estado Zulia, Venezuela. Lejos de ser asentamientos improvisados, las bases guerrilleras y las pistas aéreas ilegales responden a una lógica estratégica que combina geografía, ocultamiento y conectividad fluvial.El análisis identifica al menos diez zonas clave de asentamiento del ELN ubicadas en la franja Catatumbo–Zulia y en los piedemontes de la Serranía de Perijá. Se trata de territorios dominados por planicies inundables, selvas húmedas, marismas y corredores ribereños, entornos que ofrecen protección natural, abundancia de agua y una movilidad silenciosa a través de ríos y caños.Estas áreas, como Encontrados, Udón Pérez, Valderrama o Machiques de Perijá, presentan un patrón recurrente: baja densidad poblacional, escasa presencia estatal y múltiples rutas de aproximación secundarias, lo que dificulta la detección aérea y terrestre. En varios puntos, la vegetación densa y los obstáculos por inundación actúan como barreras naturales frente a operativos convencionales.En paralelo, los documentos detallan al menos diez pistas aéreas irregulares utilizadas para el narcotráfico, con longitudes que oscilan entre 1.300 y 2.300 metros, suficientes para aeronaves ligeras cargadas con droga o insumos ilícitos. Estas pistas se encuentran estratégicamente alineadas con riberas, planicies aluviales y claros rectilíneos en medio del bosque, muchas de ellas conectadas por trochas o canales fluviales.Llama la atención la superposición geográfica entre las zonas de presencia del ELN y las pistas clandestinas. Municipios como Jesús María Semprún, Catatumbo y Rosario de Perijá aparecen de forma reiterada, lo que refuerza la hipótesis de coexistencia operativa o acuerdos funcionales entre estructuras armadas y organizaciones narcotraficantes.La orientación de las pistas, la baja huella nocturna y el acceso anfibio en varios sectores evidencian una planificación técnica orientada a evadir radares, patrullajes y controles fronterizos. No se trata solo de esconderse, sino de garantizar flujos constantes de movilidad, abastecimiento y salida de cargamentos.En conjunto, los documentos pintan un mapa preciso de cómo la criminalidad organizada ha convertido el sur y occidente del Zulia en un santuario logístico, donde la selva, el agua y la geografía no son obstáculos, sino aliados estratégicos.
La ONU Derechos Humanos Colombia exigió la liberación inmediata de los cinco integrantes de la Policía Nacional que habrían sido secuestrados por el ELN en zona rural del municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.En un pronunciamiento oficial, pidieron al grupo armado que tendría en su poder a los policías José Ricardo Carrillo Romero, Carlos Eduardo Barrera Ruiz, Edwin Fabián Manosalva Contreras, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, a respetar en todo momento su vida e integridad personal.“Rechazamos la privación de la libertad de estos cinco funcionarios de la @PoliciaColombia de Norte de Santander”, señalaron en el comunicado.De acuerdo con la información recopilada por la entidad, los uniformados se movilizaban vestidos de civil, a bordo de un vehículo de transporte público, cuando fueron privados de la libertad en la vía que comunica a Tibú con otras zonas del Catatumbo.El organismo rechazó de manera categórica este hecho y reiteró a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos aun en contextos de conflicto armado.
En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos, fundador del movimiento Misión Carismática Internacional, compartió una profunda reflexión sobre el nuevo nacimiento espiritual, un concepto central en la fe cristiana. A través de su testimonio personal y el análisis de las Escrituras, Castellanos exhortó a los oyentes de Blu Radio a vivir una transformación genuina y radical, que marque un antes y un después en su relación con Dios.Escuche la reflexión del pastor César Castellanos
Rusia atacó la pasada noche a Ucrania con 154 drones suicidas, de los que las fuerzas ucranianas lograron derribar 125 en el norte, sur y este del país, si bien 22 impactaron en 18 ubicaciones, según el parte provisional de la Fuerza Aérea ucraniana.Entre los drones de ataque empleados por Rusia hubo 110 del tipo Shahed, de acuerdo con el balance publicado en la cuenta de Telegram de la Fuerza Aérea.Los vehículos aéreos no tripulados fueron lanzados desde territorio ruso y la ocupada península ucraniana de Crimea.Las defensas antiaéreas ucranianas lograron neutralizar 125 drones tipo Shahed, Gerbera y otros en el norte, sur y este del país.Sin embargo, se registraron impactos de 22 drones de ataque en 18 ubicaciones, así como la caída de restos de drones derribados en dos lugares.Rusia empleó a comienzos del año por primera vez el dron suicida Guerán-5 durante ataques aéreos combinados contra Ucrania, según informó este domingo la inteligencia militar ucraniana, GUR.De acuerdo con esta fuente, al igual que en el caso de los Guerán anteriores, una modificación de los Shahed iraníes, este dron tampoco puede considerarse un desarrollo propio de Rusia, ya que "se ha constatado una notable similitud estructural y tecnológica con el dron iraní Karrar".Según un comunicado del GUR, la quinta versión del Guerán tiene una longitud de unos 6 metros y una envergadura de hasta 5,5 metros.A diferencia de las modificaciones anteriores de la línea Guerán, el aparato está diseñado según un esquema aerodinámico convencional.
El papa León XIV instó este domingo a "cultivar con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, países donde "las tensiones persistentes están provocando la muerte de muchas personas", tras las protestas contra el régimen de los ayatolás."Mi pensamiento se dirige a lo que está sucediendo estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y Siria, donde las tensiones persistentes están provocando la muerte de muchas personas", expresó el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.Y añadió: "Espero y rezo para que se cultive con paciencia el diálogo y la paz, persiguiendo el bien común de toda la sociedad"En Irán, las protestas comenzaron el pasado 28 de diciembre, impulsadas por la crisis económica derivada de la caída del valor de la moneda (el rial) y la alta inflación, entre otros factores.Con el paso de los días, las manifestaciones tomaron también un cariz político de crítica al régimen de los ayatolás.Este domingo, diversas ONG denunciaron que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían por "cientos", mientras el país sigue sin acceso a Internet. Las manifestaciones ciudadanas contra el Gobierno continuaron también durante la pasada noche.
Monseñor Rafael de Brigard, en su ya tradicional espacio dominical en Blu Radio, centró su mensaje del domingo 11 de enero en la celebración litúrgica del bautismo de Jesús, momento que marca el final del tiempo de Navidad y el inicio del tiempo ordinario en el calendario litúrgico de la Iglesia católica.Escuche la reflexión de monseñor Rafael de Brigard
En la mente y en el corazón de cientos de seguidores del cantante Yeison Jiménez quedará el recuerdo no solo de su último concierto, sino también del siguiente, aquel que por circunstancias del destino no se pudo realizar.Después de su concierto en Málaga, Santander, su próxima parada era el municipio de Marinilla en el oriente de Antioquia. El inicio de su presentación se estimaba sobre las 9:00 de la noche de este sábado, 10 de enero, sin embargo, dos horas antes y tras la confirmación del fatal accidente aéreo fue el propio alcalde Julio César Serna, quien desde la tarima, entregó la noticia a los asistentes al concierto."Teníamos programada una presentación con él, su equipo estaba aquí atrás preparándolo. Nosotros lamentamos profundamente esto. Yo creería que un hombre de estos que ha animado y ha dado alegrías a Colombia esperaría que pudiéramos seguir con estas actividades", dijo el mandatario.Al llegar el momento en el que debía iniciar el show de Yeison Jiménez en el marco de las fiestas de La Vaca en la Torre, el escenario principal apagó sus luces, hubo algunas palabras de condolencias y solidaridad para con su familia por parte de los presentadores, pero posteriormente los éxitos del cantante caldense empezaron a sonar más fuerte que nunca.Desde la administración municipal de Marinilla expresaron su tristeza por lo ocurrido y aseguraron que el acto realizado estuvo pensado con respeto por quien era uno de los artistas de música popular más importante del país en la actualidad.Desde Antioquia figuras políticas como el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez también se pronunciaron tras la muerte del cantante. “Buen ser humano, luchador. Tremendo artista. Un abrazo para su familia y amigos”, dijo a través de su cuenta en X.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas lanzó una alerta tras las advertencias de la Defensoría del Pueblo, que señala a los municipios de Riohacha y San Juan del Cesar en riesgo extremo por el aumento de combates entre grupos armados ilegales en inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.Desde el 26 de diciembre de 2025, al menos 195 personas, pertenecientes a 43 familias, se han visto obligadas a abandonar sus territorios rurales debido a los enfrentamientos armados. Los hechos han afectado de manera directa a comunidades indígenas del pueblo Wiwa, así como a población campesina, niños, niñas y adolescentes, docentes y liderazgos sociales.Uno de los casos más críticos es el desplazamiento total de la comunidad indígena Wiwa de La Múkura, una situación que, según el informe, “afecta su relación histórica, espiritual y colectiva con el territorio”. Estas comunidades ya habían enfrentado crisis humanitarias recurrentes en los últimos dos años, lo que ha debilitado sus procesos organizativos y de protección colectiva.A esto se suman restricciones al acceso a alimentos y servicios básicos, especialmente en territorios con vocación agrícola, además de amenazas y agresiones contra docentes, líderes comunitarios e integrantes del pueblo Wiwa, así como restricciones a la movilidad y al acceso a la información.La OCHA también advierte que las alcaldías de Riohacha y San Juan del Cesar no cuentan con recursos para brindar asistencia humanitaria inmediata y que, hasta el momento, no se ha entregado ayuda a las familias afectadas. Aunque se han activado algunas rutas de protección, Naciones Unidas mantiene el monitoreo permanente de la situación ante la gravedad de los riesgos humanitarios.
En los últimos días, diversas organizaciones sociales, líderes comunitarios y entidades del Estado colombiano han venido reportando una nueva escalada de violencia en el corregimiento de Filogringo, jurisdicción de El Tarra (Norte de Santander), como resultado de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según los reportes de habitantes locales y personeros de la región, los combates se han intensificado desde mediados de diciembre, con hechos que incluyen uso de drones armados, ataques con artefactos explosivos y enfrentamientos directos entre los grupos armados ilegales. Estos incidentes han ocurrido tanto en zonas rurales como en las cercanías del casco urbano de Filogringo, lo cual ha puesto en alerta máxima a las comunidades. Los habitantes han compartido en redes sociales y medios locales grabaciones donde se muestra la llegada de grupos armados al área y el intercambio de disparos que se prolongan durante horas. Los reportes coinciden en que estos hechos han generado pánico, con detonaciones escuchadas de noche y presencia de artefactos aéreos no tripulados sobre zonas pobladas, lo que impide que muchas familias se desplacen libremente o busquen refugio seguro. Organizaciones comunitarias han señalado que más de 300 personas están siendo desplazadas o confinadas como consecuencia de estos combates. Además, el uso de drones ha sido descrito como especialmente preocupante, ya que estos ataques indiscriminados elevan el riesgo de víctimas civiles y daños a infraestructura habitacional. La Defensoría del Pueblo y personeros del Catatumbo han publicado comunicados oficiales en los que instan a las partes armadas a cesar las acciones violentas y respetar el Derecho Internacional Humanitario, enfatizando que la población civil no forma parte del conflicto y no debe ser expuesta a estas hostilidades. Estas entidades también han pedido al gobierno nacional fortalecer la presencia institucional para proteger a las comunidades afectadas. Los reportes coinciden con alertas humanitarias emitidas previamente este año, en donde se advirtió sobre el riesgo de nuevos enfrentamientos en diciembre debido al histórico de tensiones entre el ELN y las disidencias de las Farc, especialmente en áreas como El Tarra y Tibú. La continuidad de estos combates en Filogringo ha evidenciado cómo las advertencias generadas por organismos de derechos humanos se han cumplido, resultando en un aumento de desplazamientos forzados y deterioro de las condiciones de seguridad en la región. Estos reportes se suman a la grave crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo, donde se han documentado más de 78.000 desplazados como consecuencia de la violencia sostenida durante 2025, con Tibú y El Tarra entre los municipios más afectados. Las organizaciones sociales han resaltado que la situación no solo implica combates armados, sino también restricciones de movilidad, bloqueos a servicios básicos y afectaciones directas al acceso a alimentos y atención médica para la población civil. En síntesis, los reportes sobre la llegada y escalada de violencia en Filogringo coinciden en que se trata de una dinámica compleja y peligrosa, con impactos directos en la seguridad y los derechos humanos de las comunidades locales, que ahora enfrentan no solo la confrontación armada entre grupos ilegales, sino también las consecuencias humanitarias de un conflicto prolongado y en constante evolución.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la grave crisis humanitaria que atraviesa la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, donde los enfrentamientos entre grupos armados ilegales han provocado más de 78.000 desplazamientos forzados durante 2025. Tibú y El Tarra figuran entre los municipios más afectados por un conflicto que no da tregua y que ha generado confinamientos, amenazas y violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH).El organismo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025 ante el recrudecimiento de la violencia entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas Farc —Frente 33 y Bloque Magdalena Medio—, así como por el control territorial ejercido por el ELN en amplias zonas rurales. En este escenario confluyen economías ilegales, débil presencia estatal y una estructura de poder paralelo que impone restricciones de movilidad, normas de conducta y prácticas de coerción social sobre la población civil.En mayo, el Gobierno nacional autorizó la creación de una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) para miembros del Frente 33 en Tibú, medida que fue prorrogada el 23 de diciembre sin que hasta la fecha existan los protocolos necesarios para su funcionamiento. La Defensoría advirtió que la persistencia del conflicto armado en el área hace inviable esta iniciativa y podría aumentar los riesgos humanitarios para las comunidades cercanas.Los hechos más recientes agravan el panorama. Desde el 14 de diciembre se registran nuevos enfrentamientos en Tibú y El Tarra, que han dejado decenas de familias desplazadas y miles confinadas. Solo en el corregimiento de Pachelli, cerca de 1.500 familias —unas 6.000 personas— permanecen sin acceso a alimentos ni servicios básicos por los combates y el paro armado del ELN. En la vereda Kilómetro 16, 223 personas tuvieron que abandonar sus hogares, mientras que los ataques con drones en Filo Gringo mantienen aisladas a varias comunidades rurales.La Defensoría alertó además que las alcaldías de Cúcuta y Tibú no tienen la capacidad operativa ni presupuestal para responder a la emergencia, debido al vencimiento de contratos del personal de atención y del operador logístico. La falta de seguridad en el territorio ha impedido verificar de manera directa los nuevos desplazamientos, por lo que se presume un subregistro significativo.Ante esta situación, el organismo pidió al Gobierno nacional y a las autoridades locales fortalecer las rutas de atención humanitaria, garantizar el envío de ayuda inmediata y activar corredores humanitarios para las zonas más afectadas. También llamó a los grupos armados ilegales a cesar las hostilidades y respetar el Derecho Internacional Humanitario, para evitar que la crisis siga cobrando víctimas en el Catatumbo.Al llamado de la Defensoría del Pueblo se suma la alerta que emiten cerca de 28 organizaciones sociales de la región del Catatumbo en la que claman acciones inmediatas por parte de los grupos armados ilegales y los organismos del Estado."Alertamos sobre la grave escalada de la crisis humanitaria en el Catatumbo en los últimos días. Las confrontaciones armadas han generado más de 300 personas desplazadas, cierre de vías, presencia de artefactos explosivos, bloqueo a misiones médicas y graves afectaciones a la población civil", indicaron.Agregaron que la actual situación que ya había sido advertida por la mesa humanitaria desde noviembre, pone en alto riesgo a las comunidades campesinas e indígenas, especialmente a niñas, niños, personas mayores y líderes sociales."Exigimos acciones inmediatas de protección y atención humanitaria por parte del Estado y el respeto al DIH por los actores armados. Seguiremos acompañando a las comunidades por la vida, la paz y la permanencia digna en el Catatumbo".La crisis humanitaria que vive actualmente el Catatumbo empezó el 16 de enero de este año.
La paz en Colombia dejó de ser una promesa abstracta para convertirse en una realidad tangible en distintos territorios del país. Así lo demuestra el balance presentado por la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), que durante 2025 impulsó iniciativas, proyectos productivos e inversiones clave para fortalecer la reincorporación y evitar la repetición del conflicto armado.El siguiente video recoge los principales hitos de este proceso y evidencia cómo el trabajo articulado entre el Estado, las comunidades y las personas firmantes de paz ha permitido abrir nuevas oportunidades y sembrar arraigo a la vida civil.Durante el año, la educación se consolidó como uno de los principales pilares de la construcción de paz. Más de 10.200 personas en proceso de reincorporación lograron elevar su nivel de escolaridad, mientras que firmantes del Acuerdo de Paz y sus hijos e hijas accedieron a educación superior, gracias a convenios estratégicos como el firmado con el Icetex. Estas acciones no solo fortalecen las capacidades individuales, sino que también impactan de manera directa la sostenibilidad económica de las familias.En materia productiva, la ARN impulsó 6.097 proyectos —tanto individuales como colectivos— que recibieron inversiones superiores a los 104.000 millones de pesos. A esto se suman los convenios con el Fondo Emprender del SENA y el Banco Agrario, que abrieron nuevas puertas para el emprendimiento, el acceso a crédito y la generación de ingresos en los territorios.Sin embargo, el avance hacia la paz no se limita a lo económico. La reconstrucción del tejido social fue otro eje fundamental en 2025. A través de las agendas comunitarias, diálogos para el futuro, se promovieron espacios de reconciliación y convivencia pacífica en 66 territorios, con la participación de más de 9.540 personas entre comunidades y firmantes de paz.El año también marcó un hito histórico en el cumplimiento de compromisos: cerca de 18.500 hectáreas adquiridas y 347 viviendas entregadas o en proceso de entrega desde la firma del Acuerdo de Paz, fortaleciendo el arraigo territorial y los proyectos de vida de quienes apostaron por dejar las armas.Para 2026, la ARN y el Gobierno del Cambio reiteran su compromiso de seguir llegando a los territorios históricamente marginados, entendiendo que la paz crece cuando la reincorporación se fortalece desde lo local y se traduce en transformaciones reales para Colombia.
La Defensoría del Pueblo advirtió que entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025 se registraron 165 asesinatos de líderes, lideresas y defensores de derechos humanos en el país. Del total de casos confirmados, 143 corresponden a hombres y 22 a mujeres, lo que refleja una grave y sostenida vulneración a quienes promueven la defensa de los derechos y la paz en los territorios.Los datos revelan que los meses con mayor número de homicidios fueron marzo (20 casos), julio (19) y noviembre (18). Desde enero de 2016 hasta noviembre de 2025, la Defensoría ha documentado 1.653 asesinatos de líderes y defensores, una cifra que pone en evidencia la magnitud de la crisis y la necesidad de reforzar la protección institucional.A las cifras de la Defensoría se suman los datos de Indepaz, que confirman la persistencia de un patrón sistemático de violencia y silenciamiento contra quienes defienden la vida, los derechos humanos y la implementación del Acuerdo de Paz. El instituto señala que el asesinato de líderes sociales, de firmantes de paz y la repetición de masacres en distintos departamentos no solo responde a la acción de grupos armados ilegales, sino también a profundas fallas estructurales del Estado en materia de prevención, protección y garantías de no repetición.Las organizaciones defensoras de derechos humanos coinciden en que el Estado colombiano sigue en deuda con las comunidades rurales y los procesos sociales que, a pesar de los riesgos, continúan promoviendo la reconciliación y la defensa del territorio.Mientras tanto, colectivos como las Tejedoras de Vida del Putumayo mantienen viva la voz de resistencia con una pregunta que se repite en cada marcha y conmemoración: “¿Por qué nos matan?”.El llamado de las entidades es urgente: fortalecer los mecanismos de seguridad para los líderes sociales, garantizar justicia frente a los crímenes y avanzar en una política integral de protección que ponga fin a la impunidad y al miedo que sigue acechando a quienes defienden la paz.
El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda se refirió en Noticias de la Mañana de Blu Radio acerca de la decisión de la Fiscalía General de la Nación de no suspender las órdenes de captura contra integrantes del Clan del Golfo, pese a la petición del presidente de la República, Gustavo Petro, en el marco del proyecto de la paz total.De acuerdo con Cepeda, esta determinación del organismo investigador va a tener que ser cambiada, debido a que en su concepto desconoce la ley, pues hay un precepto jurídico, el parágrafo segundo del artículo 8 de la la Ley 2272 del 2022, que le permite a Petro solicitar la suspensión de estas órdenes."Ahí dice claramente que grupos que se estén siendo parte de un proceso de sometimiento a la justicia, sus representantes pueden no solamente participar de esos procesos de sometimiento; sino que para esos efectos recibir el levantamiento de órdenes de captura", manifestó el congresista.Desde su óptica, el fiscal general, Francisco Barbosa, "ha desconocido olímpicamente esa norma" y por lo tanto tendrá que cambiar su decisión. Así que dijo estará atento a ver mediante qué vía legal se produce este hecho, en pro de avanzar en los diálogos exploratorios con este grupo armado ilegal."Nadie ha planteado que con el Clan del Golfo y con otros grupos ligados a las economías ilícitas se esté planteando un proceso de diálogo político. No sé de dónde surge esa afirmación en la carta del fiscal. Una vez corrija ese malentendido, que puede ser parte de una lectura equivocada, pues puede proceder a levantar las órdenes de captura", manifestó Cepeda.Para el senador, este un proceso que debe surtirse con eficacia y para lo cual debe haber toda la colaboración de la Fiscalía. Del mismo modo, espera que con un diálogo constructivo se supere esta situación. "Están ocurriendo hechos de violencia que conocemos y que deja un saldo lamentable y es una situación que debe ser objeto de tratamiento", indicó.El parlamentario explicó que una vez que hay un acercamiento y se verifica que hay una voluntad real de estos grupos de adelantar un proceso, el paso siguiente es identificar cuáles son los demás requerimientos para que el acogimiento a la justicia y la reincorporación social se produzca. Por lo pronto, el primer requisito para avanzar es el de suspender las órdenes vigentes.Es claro para el congresista que se está "ante una política que se está estrenando en el país, la de paz total, que tiene unas visiones diferentes e innovadoras a los parámetros que tradicionalmente se han adoptado y es comprensible que haya debates jurídicos. Pero poco a poco se entrará en una normalidad y en la ejecución de las decisiones de una manera eficaz", precisó el senador.Frente a este tema, el ministro del Interior y vocero de la Presidencia, Alfonso Prada, dejó en claro que el Gobierno respeta la decisión tomada por el ente acusador de negar la solicitud de suspensión de órdenes de captura contra estos insurgentes, pero que desde el Ejecutivo se insistirá en esta petición.Entre los cabecillas para los cuales el Gobierno pidió que se levantaran los procesos judiciales en contra está Jobanís de Jesús Ávila Villadiego, alias ‘Chiquito Malo': quien pasó a ser el máximo cabecilla del 'Clan del Golfo', tras la extradición a Estados Unidos de Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel’.
Después de que el ELN se pronunciara el pasado 9 de enero y advirtiera que los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro están en una crisis por “imposiciones unilaterales”, el presidente se refirió a los dos caminos que le quedan a esta guerrilla.El primer mandatario replicó unas declaraciones que hizo en la tarde de este martes, 12 de enero, el presidente del Senado de la República, Roy Barreras. “O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, vaticinó Petro, haciendo referencia al ELN.Barreras, en los comentarios a los que complementó el jefe de Estado, advirtió que, el ELN de no construir una paz total, pasaría a la historia como una guerrilla que “se degeneró en narcotráfico”."El ELN empezó su insurgencia hace 60 años, con unas ideas de exigencias sociales (...) O pasan a la historia como constructores de la paz total, o pasan a la historia como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico", sostuvo el presidente del Senado.Cabe recordar que el anuncio de esta guerrilla llegó después de que Petro decretara un cese al fuego bilateral con diferentes grupos armados del país, sin embargo, la noticia no fue bien recibida por el ELN, argumentaron ellos, porque “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.En el mismo comunicado del pasado 9 de enero, el ELN aclaró que, pese a este encontrón con el Gobierno, siguen “pendiente para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos acordado.Además, se conoció este martes también una carta que envió Rodrigo Londoño, alias ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, en la que invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno.Le puede interesar:
En una carta corta, pero concreta, Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, líder del partido Comunes, invitó a ‘Antonio García’, máximo comandante del ELN, a reunirse y conversar sobre la crisis que vive la mesa de conversación con el Gobierno, según ha dicho la guerrilla.“De este modo, estaré presto a conversar con usted, Antonio, si así lo desea, en el lugar y condiciones que el Gobierno, el presidente Petro y las autoridades lo permitan. Mi deseo es aportar un grano de arena en la titánica tarea de lograr la paz total que anhela la nación colombiana”, escribió Londoño.Dice Londoño que este tipo de desencuentros y contradicciones que surgieron por el anuncio de un cese al fuego bilateral, que no había sido acordado, pueden ser propias de este tipo de conversaciones, pero debe ser atendido con rapidez y para ello es vital la participación de facilitadores externos y expertos.“Confío en que las deliberaciones internas en el conjunto de la militancia del ELN nutrirán con propuestas encaminadas a alcanzar con prontitud un acuerdo de paz con el Estado colombiano, para tales efectos pongo a disposición la experiencia de las extintas Farc”, agregó Londoño.Entre los argumentos que presentó el hoy líder político está que ellos, en su proceso para llegar al acuerdo de La Habana, se enfrentaron a muchos obstáculos, incluso, de personas que hacían parte del Gobierno.“Los acuerdos (...) nos mostraron que los enemigos de la paz son fuertes y poderosos. Sin embargo, ninguno de ellos hace parte del actual Gobierno y, por el contrario, acechan cualquier intento de solución negociada al conflicto que persiste en el país, pero este Gobierno (...) está profundamente comprometido con lograr un silenciamiento de los fusiles…”, puntualizó.Le puede interesar:
La violencia en Colombia ha adoptado nuevas formas y los abusos por parte de grupos armados han aumentado en zonas remotas en los últimos años hasta el punto en que este 2022 el país volvió a niveles de violencia "similares" a los previos al proceso de paz, según dijo este jueves Human Rights Watch (HRW).En el capítulo dedicado a Colombia dentro de su informe global, la ONG señala que los defensores de derechos humanos, periodistas, combatientes desmovilizados de las FARC, líderes indígenas y afrodescendientes y otros activistas han sufrido "amenazas de muerte y actos de violencia constantes".Según cifras oficiales, hubo 182 asesinatos de defensores de los derechos humanos entre enero y octubre, que forman parte de los más de mil registrados desde 2016. En ese sentido, HRW considera "deficiente" la implementación de medidas para prevenir abusos establecidas conforme al acuerdo de paz.Los numerosos grupos armados que operan en el país, ligados al narcotráfico y la minería ilegal, siguieron cometiendo abusos contra los civiles, incluyendo asesinatos, reclutamiento infantil y violencia sexual, sobre todo en zonas rurales de la región del Pacífico y en las fronteras con Venezuela y Ecuador, indica el documento.Como consecuencia, unas 96.000 personas en diferentes comunidades se vieron "confinadas" -con restricciones de movimiento por temor a resultar heridos o por amenazas- este año y otras muchas tuvieron que desplazarse, sobre todo por enfrentamientos entre el ELN y grupos disidentes de las Farc.La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas cifró en 70.000 los desplazados entre enero y octubre como parte de "desplazamientos masivos", es decir, 50 o más personas o 10 o más familias, y HRW señala que la asistencia que esas personas reciben es limitada.A ello se suma que Colombia es el mayor receptor de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes de Venezuela, unos 2,5 millones según cifras de febrero, y las autoridades de ciertos departamentos, como Arauca y Vichada, no dan abasto a nivel humanitario.Por otra parte, las fuerzas públicas también cometieron abusos que dejaron muertos, tanto en operaciones de Ejército como en actuaciones policiales para reprimir protestas generalmente pacíficas, y las investigaciones penales avanzan con lentitud o son limitadas, denuncia la ONG.En medio de los compromisos climáticos del gobierno de Gustavo Petro, las estadísticas muestran que la deforestación no se ha frenado, con un aumento del 10 % en el primer trimestre de 2022, y dos terceras partes fueron en la región de la Amazonía, en muchos casos en zonas de población indígena.Precisamente son los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC quienes impulsan la deforestación y presionan a los residentes a talar, extorsionan a campesinos, promueven el cultivo de hoja de coca para la producción de cocaína y amenazan a los conservacionistas, agrega el informe.Le puede interesar:
“En la mesa no estamos negociando la impunidad para los miembros del grupo ni hemos pactado ni pactaremos ningún acuerdo que vulnere el Estado social de derecho”, dijo Armando Novoa, jefe negociador del Gobierno, tras responder críticas del excoronel Jaime Ariza.Novoa insistió que, durante un año y seis meses de diálogos, con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano se han presentado diferentes posturas de personas que han generado disensos los cuales se han debatido con respeto y altura, además, dijo que la presencia de todos los integrantes de la delegación del Gobierno es a título personal y no representan a ningún gremio u organización.Según el jefe negociador del Gobierno, cada uno de los miembros de la delegación asumen sus propias responsabilidades y lamentó el retiro del coronel Ariza como integrante del equipo de paz del Gobierno.La reacción del jefe negociador se da horas después que el coronel Jaime Ariza manifestará su inconformidad por lo que llamó “beneficios a personas detenidas con fines de extradición”, como es el caso de Andrés Rojas, comandante del grupo ilegal Comandos de Frontera, que hace parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano.Novoa negó cualquier choque interno con agremiaciones como Acore y señaló que todas las preocupaciones expresadas por las comunidades, autoridades locales y departamentales sobre la paz total han sido tenidas en cuenta, asimismo, afirmó que hay plena confianza entre los integrantes de la delegación del Gobierno.Este es el comunicado emitido por la delegación del Gobierno nacional en diálogos de paz.
El Gobierno nacional oficializó, mediante la Resolución 471 del 22 de diciembre de 2025, la creación de Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para los integrantes del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (AGC), conocido como Clan del Golfo, como parte del proceso de conversación sociojurídico con ese grupo armado.De acuerdo con el documento, las ZUT estarán activas hasta el 31 de diciembre de 2026 y se ubicarán en áreas rurales de los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), así como en Tierralta (Córdoba). Estas zonas serán espacios monitoreados y vigilados que permitirán la transición de los integrantes del AGC hacia su sometimiento a la justicia y su eventual reincorporación a la vida civil, en el marco de la política de Paz Total impulsada por el Gobierno Nacional.La medida busca garantizar seguridad jurídica y humana a los miembros del grupo armado que ingresen al proceso, al tiempo que asegura la protección de las comunidades y la presencia del Estado en los territorios. La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) acompañará el monitoreo y la verificación de las condiciones en las zonas, junto con el Ministerio de Defensa Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.El decreto también contempla la suspensión temporal de órdenes de captura y extradición para los miembros del AGC incluidos en los listados oficiales aprobados por la Oficina del Alto Comisionado, mientras dure su permanencia en las zonas de ubicación.El Gobierno recalcó que esta decisión no implica impunidad, sino que busca crear las condiciones necesarias para avanzar en el sometimiento judicial y la reparación a las víctimas. Además, dejó claro que en las zonas establecidas seguirá vigente la autoridad civil y militar, con pleno ejercicio del Estado de derecho.
El reciente fallo de la Corte Constitucional que ordena rectificar afirmaciones públicas contra la senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc y actual miembro del partido Comunes, ha generado un fuerte rechazo entre las víctimas del conflicto armado. La decisión, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero, argumenta que Ramírez se ha reincorporado plenamente a la vida civil y que no existen investigaciones vigentes en su contra por hechos cometidos durante la guerra.Sin embargo, las víctimas calificaron la decisión como una “mordaza judicial” que limita su derecho a la libertad de expresión y a llamar a los responsables de la violencia por su nombre. Consideran que el fallo protege a victimarios y desprotege a las víctimas, en un contexto en el que muchos de los casos de reclutamiento forzado, secuestro y abuso sexual aún no han tenido respuesta efectiva en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).La presidenta de la Federación Colombiana de Víctimas, Sofía Gaviria, fue una de las voces más críticas frente a la decisión. En un pronunciamiento público, afirmó:“Rechazamos con toda la contundencia, como cualquier persona de bien lo debe hacer, que a quienes hemos defendido a las víctimas se nos cercene el derecho a llamar a nuestros victimarios como lo que son. La señora Sandra Ramírez era la responsable de entregarles como carne de cañón los niños reclutados al Secretariado de las Farc. Repudiamos completamente la decisión”.Gaviria señaló que el fallo no solo desconoce el suffarcrimiento de miles de víctimas, sino que envía un mensaje de impunidad al impedir que se hable libremente de los crímenes cometidos por los exintegrantes de la antigua guerrilla. “Lo que la Corte está haciendo es castigar la verdad”, manifestó la dirigente.Organizaciones de víctimas coincidieron en que la decisión restringe el derecho a la memoria histórica y la denuncia, pilares fundamentales del proceso de reconciliación. Advirtieron que la reparación y la justicia no pueden construirse sobre el silencio ni sobre el olvido, y pidieron a las instituciones del Estado garantizar que sus voces sigan siendo escuchadas.
El coronel (r) Jaime Ariza, quien integró la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con la antigua Segunda Marquetalia, hoy Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, aseguró que su retiro del proceso respondió a discrepancias profundas con el manejo que el jefe negociador, Armando Novoa, dio a varios episodios críticos durante las conversaciones de paz.Según explicó Ariza, su participación se dio a solicitud del alto comisionado para la Paz, quien en 2024 invitó a la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore) a vincular algunos de sus miembros al esfuerzo de la Paz Total. “Acore presentó varios nombres y fui designado para representar al componente de retirados de las Fuerzas Militares y de Policía”, precisó.Durante los primeros ciclos de negociación se alcanzaron acuerdos parciales importantes, entre ellos la entrega de 14 toneladas de material de guerra y la sustitución de 30.000 hectáreas de cultivos ilícitos en Nariño y Putumayo. También se avanzó en la definición de zonas de ubicación temporal para procesos de desarme, desmovilización y reincorporación.Sin embargo, las conversaciones se vieron afectadas tras un grave hecho ocurrido en el Putumayo, donde un teniente y un soldado fueron incinerados por una turba manipulada por el grupo armado, en medio de una operación contra el narcotráfico. Ariza explicó que solicitó a la mesa exigir responsabilidades, pero la respuesta de la Coordinadora fue “insuficiente” y sin reconocimiento alguno.“No se puede seguir permitiendo que la Fuerza Pública sea atacada mientras se habla de paz. La población es manipulada por quienes controlan la economía ilegal”, afirmó.Acore elaboró luego un documento reservado con observaciones y recomendaciones sobre el proceso, que —según Ariza— “no fue bien recibido” por el jefe negociador. Las diferencias se profundizaron cuando se solicitó una posición frente al caso de extradición de Andrés Rosas Taraña, frente al cual Ariza propuso condicionar cualquier pronunciamiento a una desmovilización irreversible en 30 días, lo que marcó su ruptura definitiva con la delegación.El oficial en retiro también señaló que posteriormente el Gobierno desconoció su papel como representante de Acore, asegurando que participaba “a título personal”. Esa decisión, sumada al silencio del Ejecutivo, llevó a la organización de oficiales retirados a cerrar unilateralmente su participación.“Los hechos son los hechos. El Gobierno pidió nuestro apoyo y luego nos desconoció. Guardaron silencio, y quien calla, otorga”, concluyó Ariza.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos advirtió que durante 2025 se intensificaron los focos de violencia territorial en Arauca, Arauquita, Tame, Sácama y Casanare, lo que provocó un aumento de víctimas y graves violaciones a los derechos humanos. La entidad recordó que las privaciones arbitrarias de la libertad, las desapariciones y los asesinatos en el marco del conflicto armado constituyen delitos de extrema gravedad que el Estado tiene la obligación de prevenir y sancionar.ONU Derechos Humanos insistió en la necesidad de que el Gobierno nacional refuerce la presencia institucional en los territorios, asigne recursos suficientes a las autoridades locales y garantice un acceso efectivo a la justicia, así como la atención y reparación a las víctimas.Una de las principales alertas del organismo se centra en el reclutamiento y la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados no estatales. Solo en 2025, la ONU documentó 55 casos de afectaciones a menores de edad en Arauca, de los cuales 35 corresponden a reclutamiento directo o utilización, y otros 36 casos adicionales entre 2024 y 2025 afectaron a niñas y niños de los pueblos indígenas Makaguán, Hitnü, Betoy y U’wa. Esta situación, señaló la entidad, genera un impacto desproporcionado sobre las comunidades indígenas y campesinas.La Oficina también verificó el asesinato de tres personas defensoras de derechos humanos en Arauca durante 2025: una con liderazgo comunal, otra gremial y una más con liderazgo político y social. Aunque las cifras son menores a las de 2024, cuando se registraron 16 homicidios, la ONU advirtió que esta reducción no refleja una mejora en la seguridad, sino el miedo, la autocensura y el desplazamiento forzado de líderes sociales.A pesar de este panorama, la ONU destacó la valentía de las personas que continúan defendiendo los derechos humanos en Arauca y reiteró su llamado al Estado colombiano para que garantice su protección y el respeto a la población civil.
Colombia cierra el año 2025 en medio de una de las arremetidas violentas más graves de los últimos tiempos. El paro armado de 72 horas decretado por el ELN dejó cerca de 100 acciones armadas en al menos nueve departamentos, con un saldo de por lo menos 12 personas asesinadas, decenas de heridos, vías bloqueadas, vehículos incinerados y ataques con explosivos contra la fuerza pública. El hecho más grave ocurrió en zona rural de Aguachica, Cesar, donde un ataque con drones cargados de explosivos contra un batallón militar dejó siete soldados muertos y 28 heridos.En este contexto, María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), analizó en entrevista en El Radar con Ricardo Ospina el significado político y estratégico de esta ofensiva armada, no solo del ELN, sino también de las disidencias lideradas por alias Iván Mordisco. Para la experta, la violencia no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino que está directamente relacionada con el calendario electoral que se avecina.“Tengo la lectura de que sí están preparándose para lo que viene en el proceso electoral, para tener un espacio en el debate público, hacerse notar”, afirmó Llorente, al señalar que estos grupos buscan incidir en la agenda política y forzar definiciones sobre su tratamiento en el próximo gobierno. Según explicó, se trata de una dinámica repetida en Colombia cada cuatro años, pero que hoy se agrava por la expansión territorial y el fortalecimiento económico de las organizaciones armadas ilegales.La directora de la FIP también se refirió a la política de “paz total” del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuya apuesta central ha sido mantener abiertas múltiples mesas de negociación, incluso aquellas que no han mostrado resultados concretos. “Teníamos nueve mesas de negociación, ninguna se ha desmontado, en ninguna hemos tenido ningún resultado, pero ninguna se ha desmontado”, advirtió, al tiempo que cuestionó la ausencia de una estrategia clara de seguridad que acompañe estos diálogos.Para Llorente, el Ejecutivo busca dejar “hechos irreversibles” que condicionen al próximo Gobierno. “Aquí seguimos con esta política… y vamos a seguir insistiendo en ello y generando hechos que le hagan muy difícil al siguiente Gobierno desmontar” los procesos en curso, explicó, refiriéndose a iniciativas como las zonas de ubicación territorial con distintos grupos armados.Sin embargo, el balance en seguridad es preocupante. La analista recordó que la falta de una estrategia integral ha derivado en la fragmentación y multiplicación de estructuras criminales. Como ejemplo, citó el crecimiento del Clan del Golfo: “Se han incrementado en un 85 % con respecto a lo que había cuando se desmovilizaron las Farc”.De cara al próximo Gobierno, Llorente fue enfática en la necesidad de un cambio de enfoque. “Es absolutamente indispensable establecer una hoja de ruta de seguridad en los territorios”, señaló, insistiendo en recuperar la iniciativa del Estado, proteger a la población civil y contener el avance de los grupos armados. Aunque defendió la negociación como herramienta, advirtió que sin seguridad territorial y sin incentivos claros, cualquier proceso está condenado al fracaso.El cierre de año deja así un panorama complejo: más violencia, negociaciones fragmentadas y una campaña electoral que ya empieza a sentirse en los fusiles. Para expertos como Llorente, el reto del 2026 será enorme: construir una política de seguridad y paz que no repita los errores del presente y devuelva la tranquilidad a los territorios más golpeados del país.