Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
En medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó esta semana un bloqueo de buques petroleros en Venezuela, en una nueva escalada entre Washington y Nicolás Maduro.Ante esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se mostró este jueves, 18 de diciembre, dispuesta a convocar a países americanos y de otros continentes para buscar una salida “pacífica” a cualquier conflicto en Venezuela y la región, al reiterar la importancia de oponerse a cualquier “intervención” e “injerencismo”."Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes (...) una solución pacífica y que no haya intervención" estadounidense en Venezuela, afirmó Sheinbaum durante una rueda de prensa matutina.En su conferencia, la mandataria sostuvo que la postura mexicana responde a "una convicción" y a la Constitución, y planteó que debería ser compartida por los países suramericanos, aun cuando existan diferencias políticas entre gobiernos.“Nosotros no estamos de acuerdo con intervenciones (…) y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos”, señaló.Sheinbaum descartó asimismo que cualquier actuación de México para evitar una acción armada contra Venezuela vaya a afectar la relación con Estados Unidos, su vecino y principal socio comercial."Eso no tiene por qué intervenir en nuestra relación con Estados Unidos", dijo.Además, en alusión a las normas de política exterior mexicana, Sheinbaum especificó que "hay coordinación con Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Constitución y tenemos que defender nuestros principios", basada en la autodeterminación de los pueblos y la no intervención extranjera.
La industria del entretenimiento para adultos está de luto tras conocerse la muerte de Lane Rogers, también identificado artísticamente como Blake Mitchell, quien falleció a los 31 años luego de un grave accidente de tránsito ocurrido en California.De acuerdo con reportes de medios internacionales, el siniestro se registró el pasado 15 de diciembre en la ciudad de Oxnard, cuando el actor se desplazaba en su motocicleta y colisionó contra un camión de carga. A raíz del impacto, Rogers perdió la vida en el lugar de los hechos.El creador de contenido había alcanzado notoriedad en los últimos años por su trabajo en producciones de cine para adultos y por el material que compartía a través de la plataforma OnlyFans, donde contaba con una amplia base de seguidores.Un familiar del actor confirmó que la causa de la muerte fue un traumatismo contundente producto del choque. Tras conocerse la noticia, allegados y amigos expresaron mensajes de despedida y dolor en redes sociales, recordándolo tanto por su carrera profesional como por su trato cercano en el ámbito personal.Las autoridades locales mantienen abierta la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente si el consumo de alcohol u otras sustancias habría influido en lo ocurrido, mientras los investigadores avanzan en la reconstrucción de los hechos.
La política europea sobre el futuro de los carros a gasolina volvió a ajustarse tras una decisión presentada por la Comisión Europea que modifica el escenario previsto para 2035. Aunque el bloque mantenía la eliminación total de los vehículos de combustión, ahora plantea una vía alternativa que permitiría su comercialización de forma limitada, siempre que se cumplan exigencias ambientales adicionales.La propuesta aún debe ser avalada por el Consejo y el Parlamento Europeo para entrar en vigor de manera definitiva, pero ya marca un cambio relevante en la hoja de ruta del sector automotor.El metal que será obligatorio a partir de 2035 en EuropaUno de los requisitos centrales será el uso de acero europeo de bajas emisiones de carbono. La Comisión exige que los fabricantes incorporen este material en los vehículos de combustión que pretendan vender bajo el nuevo esquema.Además, deberán avanzar en el desarrollo y utilización de combustibles renovables. Sin el cumplimiento de estas condiciones, no podrán acogerse a la flexibilización propuesta por Bruselas.Los requisitos para seguir vendiendo carros de combustiónLa Comisión dejó claro que mantener vehículos de gasolina o diésel después de 2035 no será automático. Los fabricantes deberán cumplir dos condiciones clave para acceder a esta excepción.Según explicó el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para la Prosperidad y la Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, “el 10 % restante deberá compensarse”. En ese contexto, indicó que “la venta de híbridos enchufables, vehículos con extensor de autonomía o motores de combustión seguirá siendo posible”.Qué propone Bruselas para 2035La Comisión Europea planteó sustituir la reducción total de emisiones por un recorte del 90 % frente a los niveles permitidos en 2021. Ese 10 % restante no quedará libre de control, sino que deberá compensarse mediante requisitos específicos definidos por el Ejecutivo comunitario.Este ajuste fue celebrado por fabricantes y por países como Alemania e Italia, que durante años solicitaron mayor flexibilidad para preservar parte de la producción de vehículos con motor de combustión.La modificación no contó con respaldo unánime. España se posicionó en contra de la medida. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó que “lo que se aprobó este martes es un error histórico para Europa, porque la competitividad se garantiza con la sostenibilidad, no con el debilitamiento de nuestros compromisos climáticos”.Impacto en la industria siderúrgica europeaLa obligación de utilizar acero producido en la Unión Europea con bajo contenido de carbono también busca respaldar a la industria siderúrgica del bloque. Este sector enfrenta dificultades por la sobrecapacidad global, especialmente por la competencia de países como China, donde los costos son menores y las exigencias ambientales más reducidas.Desde Bruselas sostienen que la medida contribuye a equilibrar los objetivos climáticos con la protección de industrias estratégicas.La Comisión Europea insiste en que esta flexibilización no pone en riesgo la meta de neutralidad climática en 2050. Para 2035, los fabricantes deberán cumplir igualmente una reducción del 90 % de las emisiones asociadas a los vehículos de combustión.Según el Ejecutivo comunitario, este margen permitirá que, junto a los vehículos eléctricos y de hidrógeno, sigan teniendo presencia modelos como los híbridos enchufables, los híbridos suaves y los vehículos con extensor de autonomía.La supresión del veto total forma parte de un plan más amplio de respaldo a la industria. Séjourné definió el paquete como un “salvavidas” para el automóvil europeo y aseguró que se aplicarán medidas de “simplificación, flexibilidad, preferencia europea, apoyo específico e innovación”.Por su parte, el comisario económico Valdis Dombrovskis advirtió que el sector se encuentra en una “encrucijada” y pidió actuar con rapidez para que sea parte del futuro industrial de Europa y no solo de su pasado.
Los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco irán a la cárcel mientras avanza el proceso en su contra por la presunta vinculación al escándalo de corrupción en la Ungrd.
La economía colombiana se expandió un 2.95% en el mes de octubre, lo que implica una desaceleración frente al mismo mes del año pasado, cuando su expansión había sido del 3.7%, de acuerdo con la información del Indicador de Seguimiento a la Economía del Dane.Las actividades con mayor dinamismo están concentradas en el sector servicios. Por ejemplo, las actividades relacionadas con el gobierno (como salud, educación y servicios sociales) se disparon un 6.8% mientras que el comercio está creciendo un 3.6%. Otros renglones del sector servicio con cifras positivas fueron las actividades inmobiliarias y las financieras.Por su parte, la industria y la construcción tuvieron un crecimiento mucho más tímido. La industria se ha visto impulsada por el crecimiento de la producción de gasolina, diesel, coque, prendas de vestir y equipos de transporte. Sin embargo, sectores como la industria siderúrgica, la molinería y la elaboración de azúcar y panela cayeron.Finalmente en el sector primario de la economía el informe del Dane da cuenta de una enorme desaceleración. Hace un año la suma de agricultura y minería aumentaba un 5.8% hoy el crecimiento conjunto es de apenas 0.3%.Entre enero y octubre la economía ha crecido 2.83% en línea con las expectativas de la mayoría de analistas.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
Los 16 representantes a la Cámara de las curules de paz publicaron un comunicado en el que advierten por la intensificación del conflicto en las regiones, además, señalan que el Gobierno ha fallado al tomar acciones para superar o aliviar la crisis humanitaria en los territorios.“La retórica oficial ha reemplazado la acción concreta. El alto comisionado para la Paz y las entidades responsables de la implementación del acuerdo de paz de 2016 han fallado en brindar respuestas efectivas a las crisis humanitarias registradas. La centralidad de las víctimas, piedra angular del Acuerdo, ha sido desdibujada por una desconexión institucional profunda y una incapacidad estructural para garantizar seguridad, justicia, reparación y no repetición”, señala el comunicado.Advirtieron, además, que los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) están desfinanciados y que hay dificultades para acceder a la salud, educación, internet, entre otros en los territorios.Para las curules de paz, las comunidades en los territorios se están viendo afectadas por lo que llamaron una “improvisación” del Gobierno, sumado al abandono estatal.“Desde las curules de paz solicitamos la intervención y protección inmediata de los derechos de la población civil, y exigimos que cese ya la vulneración a nuestras comunidades. Pedimos respuestas estructurales, inmediatas y contundentes. La paz no puede seguir siendo un eslogan mientras nuestros territorios sufren. ¡Exigimos efectividad e inversión YA! No estamos dispuestos a seguir acompañando al Gobierno nacional si no cambia pasividad frente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, la nueva política de drogas y la consecución real de la paz en nuestro país”, señalan los representantes a la Cámara.
La JEP citó al representante a la Cámara por el partido Comunes, Pedro Baracutao, y a otros seis exjefes del Bloque Noroccidental de las extintas Farc a reconocer públicamente su responsabilidad en más de 300 casos de secuestro ocurridos durante el conflicto armado. La audiencia se realizará en Caicedo el 24 de junio, y en Medellín el 27 de junio.“Entre los hechos documentados se encuentran los secuestros y el posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, y de su asesor de paz y exministro de Defensa, Gilberto Echeverri, ocurridos en 2002. La investigación también detalló el caso del cabo José Norberto Pérez, secuestrado en el año 2000. Su hijo, Andrés Felipe Pérez, quien padecía cáncer, pidió en varias ocasiones a las Farc-EP la liberación de su padre para verlo antes de morir. Sin embargo, el niño falleció en diciembre de 2001 sin cumplir su deseo. Dos meses después, el cabo Pérez fue asesinado por hombres del Bloque Noroccidental, cuando intentó escapar, según reconocieron los comparecientes ante la JEP”, explica la jurisdicción en su decisión.Esa estructura de las extintas Farc también es responsable del secuestro del entonces representante a la Cámara, Óscar Tulio Lizcano, ocurrido en agosto de 2000. Además, el Bloque Noroccidental fue la segunda estructura de las extintas Farc que más secuestros cometió. Estos caso se dieron en Antioquia, norte de Chocó, el sur de Córdoba, Caldas y Risaralda.“Por estos y otros 310 secuestros individuales y colectivos documentados, la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP imputó en septiembre de 2024 a estos siete comparecientes como responsables regionales de los crímenes de guerra y de lesa humanidad de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad, además de otros crímenes que se cometieron contra los secuestrados como asesinato, violencia sexual, tortura, desaparición forzada, atentados a la dignidad personal y tratos crueles e inhumanos”, señaló la JEP.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), lanzó su informe sobre las tendencias globales de desplazamiento forzado. En el documento señalan que Colombia es el quinto país del mundo con mayor número de personas desplazadas, después de Ucrania, Afganistán, Sudán y Siria.“Colombia es el quinto país del mundo con el mayor número de personas desplazadas internamente, con 7 millones de personas. 1.6 millones fueron desplazados después del acuerdo de paz. Además, Colombia es el tercer país en recibir personas refugiadas con 2.8 millones de personas venezolanas”, aseguró la representante de ACNUR en Colombia, Mireille Girard.Además, 11 grupos armados tiene alguna responsabilidad en la situación humanitaria en Colombia y algunas de las zonas más afectadas son el Chocó, Nariño, Cauca, Valle y el norte de Antioquia, entre otras.Más de 118.000 personas fueron confinadas en el país en 2024. Este año una de las situaciones más graves es la del Catatumbo, donde más de 91.000 personas se han visto afectadas por la violencia, 64.000 han sido desplazadas y más de 27.000 han enfrentado confinamientos o restricciones a la movilidad.En lo que va del 2025 se registró una reducción en el tránsito de personas de diferentes nacionalidades que cruzan la peligrosa selva del Darién para llegar a Panamá y posteriormente ir a Estados Unidos.“Lo que hemos visto es que por ejemplo el 2023 fue el año con mayor salidas con medio millón de personas de 123 nacionalidades distintas que cruzaron desde Colombia hacia Panamá. Este año hemos tenido como 3.000 personas cruzando, es una reducción del 98%. Lo que hemos visto es casi 9.000 personas regresando, durante el mismo periodo, desde Centroamérica a Colombia. Regresan en zonas donde hay pocos actores humanitarios entonces la gente que regresa llega con múltiples traumas y han cruzado el Darien dos veces”, agregó Mireille Girard.
En medio de la polémica por la presunta muerte de alias 'Iván Mordisco' , el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, desde el Magdalena Medio asegura que sigue vivo y delinquiendo, por lo cual aún se mantiene la recompensa de 4.450 millones de pesos por quien de información clara sobre su paradero.“Como Ministerio de Defensa, la información que tenemos nosotros es que Mordisco sigue delinquiendo y por él hay hasta una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Mordisco sigue delinquiendo hasta que no comprobemos lo contrario", anunció.Sin embargo, esto sería una contradicción al presidente Gustavo Petro, que después de varios días ausente en sus redes sociales, se refirió en la mañana de este sábado sobre la presunta muerte de 'Mordisco'. El primer mandatario afirmó en lo escrito que el jefe guerrillero salió herido en combate“Al parecer Iván Mordisco cayó herido en combate con el ejército; por días estuvo herido en la selva y perseguido, se reportaba los continuos pedidos de medicinas que salían se la zona. Es la triste historia de la degradación de la lucha insurgente, ante el final de sus objetivos, que ahora se concretan sin necesidad de las armas, la insurgencia pierde su contenido y se degrada. Pasa a ser simple ejercicio violento contra su pueblo. Traquetismo y bandisismo.” Escribió el presidente.Esto sucede después de conocerse un comunicado por parte de las Farc-EP en el que confirmaban la aparente muerte de 'Mordisco' en presuntos enfrentamientos, aseverando que el cuerpo sin vida del guerrillero reposaba en lo profundo de la selva amazónica.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) calificó el ataque sistemático contra la Unión Patriótica (UP) como genocidio y imputó responsabilidad penal a cinco altos mandos retirados del Ejército Nacional, entre ellos los generales (r) Iván Ramírez Quintero y Rito Alejo del Río Rojas, por haber concebido e implementado una política contrainsurgente que buscó la eliminación del partido político.La Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad atribuyó a los exoficiales el crimen de genocidio, además de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como homicidio en persona protegida, exterminio, deportación, traslado forzoso de población y otros actos inhumanos. Las conductas se cometieron entre 1984 y 2007, periodo en el que la UP sufrió una campaña de violencia planificada y sostenida para su destrucción.La decisión de la JEP renombra el Caso 06 como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica” y determina que este crimen dejó al menos 8.924 víctimas, de las cuales 5.729 fueron asesinadas o desaparecidas y 3.200 sufrieron atentados, desplazamientos forzados, exilio, torturas, detenciones arbitrarias o violencia sexual. Entre las víctimas hubo militantes de base, dirigentes locales y nacionales, incluyendo dos candidatos presidenciales, seis parlamentarios, 17 alcaldes y 165 concejales.El tribunal estableció que la estigmatización de la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP” fue el primer paso del ataque genocida. Esta narrativa, difundida desde unidades de inteligencia militar, justificó la violencia y el abandono estatal frente a las denuncias de amenazas y asesinatos. Los crímenes se concentraron en regiones donde la UP tuvo éxito electoral, especialmente Urabá, Meta y el Magdalena Medio, siendo Apartadó uno de los epicentros: allí, solo en 1996, se concentró una de cada cuatro víctimas fatales.La investigación judicial, basada en 34 informes, 139 versiones, 135 testimonios y 105 entrevistas a víctimas, comprobó la connivencia entre mandos militares y grupos paramilitares para ejecutar la persecución política. La Sala concluyó que los excomandantes omitieron deliberadamente brindar protección a los militantes de la UP y permitieron el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en la región.La JEP identificó tres modalidades de exterminio:Asesinatos y desplazamientos de obreros bananeros y campesinos en zonas rurales vinculadas a la UP.Sicariatos urbanos contra concejales, funcionarios y líderes locales.Masacres y desplazamientos colectivos en territorios con alta presencia del partido, como la masacre de la Cooperativa Balsamar en San José de Apartadó.Los cinco oficiales imputados —Ramírez Quintero, Del Río Rojas, Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez— deberán responder como coautores por sus aportes esenciales, tanto activos como por omisión, en la consolidación del patrón de exterminio.Los comparecientes tendrán 30 días hábiles para aceptar o rechazar las imputaciones. Si reconocen responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y el Tribunal para la Paz impondrá sanciones propias, con restricción de libertades de 5 a 8 años. Si no aceptan los cargos, los casos pasarán a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 exmiembros de la fuerza pública y cinco civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano.Esta decisión, dentro del Caso 04, es la primera que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la JEP: guerrilla, fuerza pública y terceros civiles.La Sala de Reconocimiento de Verdad identificó tres patrones macrocriminales que reflejan la violencia sistemática en la región:Eliminación por prejuicio enemigo, que incluyó asesinatos, desapariciones forzadas y violencias sexuales perpetradas por las Farc y miembros del Ejército.Vaciamiento del territorio con fines de despojo y repoblamiento, donde participaron militares, paramilitares y civiles ligados a proyectos de ganadería y agroindustria.Control sociocultural y territorial, mediante violencia y cooptación de las comunidades por parte de la guerrilla.La investigación reconoció un impacto diferencial en pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Zenú y Guna Dule, así como en comunidades afrocolombianas del Urabá y el Darién. La JEP acreditó más de 54.000 víctimas y recibió 115 informes de víctimas y entidades del Estado, además de 254 versiones voluntarias de 157 comparecientes.Entre los imputados se destacan el general (r) Rito Alejo del Río, el excomandante del Ejército Alejandro Navas y varios exfuncionarios del Fondo Ganadero de Córdoba, como Benito Osorio Villadiego y Luis Gonzalo Gallo Restrepo, señalados de haber facilitado el despojo de tierras en medio del conflicto.Los comparecientes tendrán 60 días hábiles para reconocer o rechazar las imputaciones. Si aceptan responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento; de lo contrario, los casos pasarán a juicio ante la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.