Aunque Colombia avanza en sus esfuerzos de construcción de paz, la violencia armada sigue afectando de forma grave a las comunidades rurales, étnicas y campesinas. Así lo advierte el Informe Periódico 39 de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA), presentado ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que analiza la situación del país entre enero y junio de 2025.Durante ese semestre, la Misión realizó 977 despliegues en 161 municipios y 295 comunidades, donde constató crisis humanitarias en regiones como Guaviare, Catatumbo y sur de Bolívar, marcadas por desplazamientos masivos, confinamientos y afectaciones a la salud mental de la población civil. En el informe se advierte, además, que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes persiste, mientras grupos armados emplean drones, explosivos y ataques indiscriminados, especialmente en zonas con baja presencia estatal.El jefe de la MAPP/OEA, Roberto Menéndez, subrayó que estas dinámicas profundizan la polarización social y la desconfianza institucional, y llamó al Estado colombiano a fortalecer sus capacidades institucionales para garantizar la paz y la seguridad de las comunidades. “Proteger a la población civil no es una medida de contingencia, sino una obligación ética y política de todos los Estados del hemisferio”, enfatizó.El informe también alerta sobre la violencia contra liderazgos sociales y políticos, en especial tras el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, y exhorta a las autoridades a garantizar unas elecciones libres de violencia y de participación segura. La Misión recordó que un proceso electoral transparente y pacífico es una condición esencial para consolidar la paz en Colombia.En cuanto a los avances, el documento resalta el impulso a los diálogos de paz con grupos armados urbanos y rurales, la implementación del Acuerdo Final de 2016, la búsqueda de desaparecidos, la reparación integral a las víctimas y la puesta en marcha del programa RenHacemos, orientado a sustituir cultivos de coca por proyectos productivos. Asimismo, reconoce la aprobación de la Ley 2453 de 2025, que busca prevenir la violencia política contra las mujeres.De cara a 2026, la MAPP/OEA invita a preservar los logros alcanzados y revisar con espíritu crítico los retos pendientes, reforzando la acción institucional para transformar las condiciones que perpetúan la violencia.El trabajo de la Misión cuenta con el apoyo político y financiero de países como Alemania, Canadá, España, Italia, Noruega, Suiza, Reino Unido y Suecia, entre otros, que integran el Fondo Canasta.
La magistrada Catalina Díaz, de la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), informó que el general Huertas será llamado nuevamente a dar versión voluntaria en el marco de la investigación por presuntas ejecuciones extrajudiciales. En una audiencia anterior en Granada, varios militares bajo su mando afirmaron que Huertas conocía e incluso habría dado instrucciones relacionadas con estos hechos.La JEP explicó que esta convocatoria es obligatoria, ya que su jurisdicción es competente para juzgar crímenes cometidos en el marco del conflicto armado, tanto por antiguos miembros del Ejército como de la extinta guerrilla de las Farc. No se requiere ningún acto adicional de suscripción para investigar a Huertas, quien permanece vinculado al proceso.El nombre del general también ha surgido en investigaciones por presuntos vínculos con disidencias de las Farc, específicamente con la estructura de alias Calarcá, según comunicaciones y documentos recopilados por las autoridades. La nueva citación busca esclarecer su responsabilidad en los falsos positivos ocurridos durante su periodo como oficial de operaciones del Batallón de Artillería N.° 4 Jorge Eduardo Sánchez.La fecha exacta para la nueva versión voluntaria aún está en evaluación, y la JEP insiste en que todos los involucrados en crímenes del conflicto deben someterse a esta justicia para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
La situación de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta sigue siendo crítica, según Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Durante su visita del 1 al 4 de diciembre, Campbell pudo constatar altos riesgos para los pueblos indígenas Arhuaco, Wiwa, Kankuamo, Kogui, Ette Naka y Wayuu, así como para comunidades afrodescendientes y campesinas.La alerta de derechos humanos en la Sierra Nevada de Santa Marta se debe a la expansión de grupos armados como el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra. Sus operativos incrementan la violencia, el desplazamiento forzado y los riesgos para líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos. Estas organizaciones no estatales ejercen control territorial, imponen restricciones a la movilidad y amenazan a quienes defienden derechos humanos, ambientales y colectivos, generando un clima de miedo e inseguridad en toda la región.El representante de la ONU denunció asesinatos recientes y atentados contra defensores de derechos humanos. Entre ellos, la muerte de Elizabeth Mojica, profesora y defensora de mujeres, niñas y niños, el 30 de noviembre, y el atentado contra Misael Socarrás, líder ambiental de la comunidad Wayuu, ocurrido el 12 de diciembre. Campbell instó al Estado a investigar, sancionar a los responsables y reforzar la protección de la población civil.Según la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, en 2025 se han documentado cuatro masacres y ocho homicidios de defensores en municipios de Cesar, La Guajira y Magdalena. “La población sufre y teme por su vida ante la acción de grupos armados no estatales y la falta de protección estatal”, indicó Campbell.El representante advirtió sobre las graves violencias contra mujeres indígenas, incluyendo violencia sexual y de género, y urgió la creación de Casas de la Mujer en Cesar, Magdalena y La Guajira, con recursos suficientes para atender a las víctimas. También enfatizó la necesidad de proteger a la niñez del reclutamiento forzado por grupos armados, recordando que se trata de un crimen de guerra.Campbell destacó la labor del programa Futuro Colombia de la Fiscalía General y recomendó su fortalecimiento y expansión a los tres departamentos de la Sierra Nevada. Asimismo, hizo un llamado a respetar los derechos ambientales y territoriales de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y a garantizar la consulta previa, libre e informada.El representante de la ONU reiteró la urgencia de implementar integralmente la Alerta Temprana 020 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 2 de diciembre, que identifica factores de riesgo y emite recomendaciones para prevenir violaciones de derechos humanos.Durante su misión, Campbell se reunió con autoridades civiles y militares, líderes ambientales, mujeres indígenas, representantes de consejos comunitarios afrodescendientes y organizaciones de derechos humanos. La misión contó con el acompañamiento de las embajadas de Canadá, Irlanda y Países Bajos.ONU Derechos Humanos reafirma su compromiso de acompañar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta, documentar violaciones, brindar asesoría técnica y exigir al Estado mayores garantías de protección para la vida y los derechos de estas poblaciones.
A esta hora el presidente Gustavo Petro tiene en sus manos la decisión sobre el futuro de la mesa de negociación de paz entre el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo, proceso que atraviesa su momento más crítico tras la reciente inclusión de ese grupo armado en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.El jefe de la delegación gubernamental, Álvaro Jiménez, se encuentra a la espera de una comunicación y una reunión directa con el mandatario para definir si las conversaciones continúan o si se abre un nuevo escenario de revisión frente al impacto jurídico y político que tiene esta designación internacional.Las negociaciones entre el Gobierno y el Clan del Golfo —también conocido como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia— se adelantan desde septiembre de 2025 en Doha, Catar, con acompañamiento de representantes internacionales y organismos humanitarios. En el más reciente ciclo, concluido el 5 de diciembre, las partes habían logrado acuerdos preliminares sobre las zonas de ubicación temporal, donde se ubicarían los integrantes de la organización como parte de un eventual proceso de desarme y sometimiento colectivo.Sin embargo, la decisión de Estados Unidos de incluir al Clan del Golfo y a varios de sus líderes en la Lista Clinton, bajo señalamientos de narcotráfico y lavado de activos, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proceso, e incluso podría afectar los alivios jurídicos otorgados a los miembros que actúan como negociadores en el exterior.Actualmente, varios de esos representantes se encuentran en los Emiratos Árabes Unidos, con órdenes de captura suspendidas temporalmente, en virtud del acuerdo humanitario que permitió su participación en los diálogos. Ahora, la Casa de Nariño evalúa los alcances legales y diplomáticos de la medida norteamericana y los efectos que podría tener sobre los compromisos adquiridos en la mesa.La comunidad internacional y los acompañantes del proceso han insistido en la necesidad de mantener abiertos los canales de diálogo, advirtiendo que una ruptura abrupta podría agravar la crisis humanitaria en regiones donde el Clan del Golfo mantiene control territorial.El país está a la expectativa de la decisión que adopte el presidente Petro en las próximas horas, decisión que podría marcar el rumbo del proceso de paz más complejo que enfrenta actualmente su gobierno.
Rosalía lanzó este lunes por sorpresa el videoclip de 'La perla', uno de los temas más destacados de su celebrado disco 'Lux', convertida en una maestra de esgrima que da su estocada al "terrorista emocional" al que va dirigida la canción.Se trata solo de una de las encarnaciones que presenta la catalana en esta producción, siempre protegida frente a los estoques, ya sea de blanco y blandiendo un florete con la equipación de este deporte olímpico, o con un traje a prueba de mordeduras de perro o con las protecciones de un jugador de hockey sobre hielo.En un momento más urbano, aparece liberada mientras conduce un coche deportivo y pasea por las calles, dejando asomar un curioso tanga con apliques de metal, que recuerda bien a una caja fuerte con la imagen de un corazón en el centro, bien a los icónicos cinturones de los campeones de lucha.El videoclip ha sido dirigido por Stillz, con quien la artista catalana ya había colaborado previamente para poner imágenes a temas como 'Tuya', 'Vampiros' o 'Candy' y que además ha sido responsable de otras producciones emblemáticas como 'La noche de anoche' con Bad Bunny o 'That's What I Want' de Lil Nas X.Ha sido estrenado con un pequeño aviso en sus redes sociales tres horas antes de su lanzamiento y en el vídeo no aparecen los cointérpretes del tema, la formación estadounidense Yahritza Y Su Esencia, un trío de hermanos conocidos por su acercamiento a la música regional mexicana y que cuenta con la voz de Yahritza Martínez al frente.'La perla' es el tema que mantiene desde hace semanas el número 1 en España, con calificación de disco de platino, y el único que permanece entre los diez primeros junto con 'Reliquia', que aparece en novena posición y de momento permanece sin vídeo.'Lux' alcanzó el número 1 en la Lista Global de Álbumes de Spotify, y doce de las quince canciones del disco se posicionaron en la lista de las 50 canciones más escuchadas en todo el mundo de la plataforma.
Fiesta en Barranquilla gracias al Junior tras conquistar la undécima estrella de su historia en la noche de este martes, 16 de diciembre de 2025. El cuadro tiburón se impuso en un contundente 4-0 en el global en la gran final frente al Deportes Tolima y aseguró su cupo a la Copa Libertadores 2026.Las calles de la capital del Atlántico no descansarán en esta madrugada por la celebración, además que el cuadro tiburón comenzó a recibir diversos mensajes de felicitaciones por parte de celebridades y la que más llamó la atención fue la del presidente Gustavo Petro, que, a través de la cuenta de X del ministro del Interior, Armando Benedetti, le dejó su mensaje al equipo y a la hinchada rojiblanca."Felicitaciones, otra vez. Ojalá el Junior sea de su hinchada, pero demuestran calidad. Nos interesa mucho como caribeño que el Junior gane. En esa medida, felicito a todo el equipo, a sus jugadores que son los verdaderos constructores de este triunfo, a todos y sus familias les deseo una feliz Navidad", expresó el presidente Petro, a través de la cuenta del ministro.Este triunfo del Junior encendió la fiesta en el Caribe y el mensaje del presidente generó todo tipo de comentarios. Lo cierto es que gracias a este título, la mala racha de Alfredo Arias en Colombia llegó a su fin y podría ser el inicio de una senda ganadora al mando del conjunto tiburón.Ahora, los rojiblancos deberán pensar en un 2026 atípico en donde disputarán la Copa Libertadores en Cartagena y la Liga BetPlay en el Romelio Martínez por las obras que comenzarán en el Metropolitano de Barranquilla para la adecuación del escenario para la final de la Copa Sudamericana.Los hinchas esperan que este título dé inicio a una racha ganadora para el equipo que, incluso, les permita soñar en la Copa Libertadores.
Los cantantes colombianos de música urbana Maluma y Kapo se unieron a artistas emergentes como Hamilton, Zaider y Maisak para lanzar 'Flaka', una canción que fusiona afrobeats con el estilo urbano latino y ritmos caribeños, informó este lunes su equipo de prensa.La letra es una narrativa que recurre a expresiones del habla cotidiana colombiana y menciona lugares como Cartagena y Santa Marta, en un intento por reflejar una identidad musical compartida entre Medellín, Cali y la región Caribe.La diversidad de voces es uno de los ejes de la canción: Maluma aporta su perfil internacional, mientras que Kapo, Hamilton y Zaider representan distintas vertientes del afrocaribe y el urbano regional; por su parte, Maisak se suma como una de las voces emergentes con mayor presencia en la nueva ola del género.En plataformas digitales y redes sociales, los seguidores han descrito la pieza como 'el +57 del afrobeats' por su carácter marcadamente local y su proyección global, según un comunicado.El tema llegó acompañado de un videoclip cuya estética está marcada por la penumbra y las sombras, algo que ya es costumbre en el subgénero del afrobeat colombiano, el cual ha ganado espacio dentro del mercado urbano latino en los últimos años.
En la sede del Concejo de Bogotá en la localidad de Teusaquillo, el cantautor y productor colombiano Gusi fue condecorado con la Orden Civil al Mérito José Acevedo y Gómez, en el grado Cruz de Oro, en reconocimiento a su trayectoria artística, su destacada contribución cultural y su vínculo profundo con la ciudad que ha marcado su vida personal y profesional.“Bogotá es la ciudad donde crecí y me formé como persona y como músico. Aquí nacieron mis primeros sueños y mis primeros conciertos, y aquí construí el camino que me ha llevado a los escenarios de Colombia y del mundo. Es una ciudad multicultural, creativa y profundamente ligada a mi origen, al que siempre regreso”, expresó el artista.Fue entregada por parte de Samir José, el presidente del Concejo de Bogotá, en donde felicitó al artista por su trabajo en la sociedad y su carrera como artista.Asimismo, es reconocido por su impacto directo en la industria cultural y creativa, al generar empleo y dinamizar el sector musical a través de conciertos, giras y producciones que involucran a músicos, técnicos, productores, realizadores audiovisuales, diseñadores y equipos logísticos. Sus proyectos han contribuido a posicionar a Colombia como un país exportador de talento, fortaleciendo la cadena de valor de la música nacional.
Unos 18 petroleros bajo sanciones de Washington, completamente cargados de petróleo, se encuentran en aguas venezolanas y están siendo monitoreados por Estados Unidos, indicó este miércoles el digital Axios.Ocho de esos navíos están clasificados como buques de carga de gran tamaño, similares al Skipper, que fue incautado por Washington la semana pasada.Axios recalcó que el Gobierno de Donald Trump planea decomisar esos petroleros si llegan a adentrarse en aguas internacionales.El líder republicano estadounidense ordenó el martes "el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", en lo que supone un paso más en la escalada de presión de Washington sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolas Maduro.En su mensaje en su red social, Truth Social, Trump advirtió que Venezuela "está rodeada" por "la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica" y subrayó que la conmoción será como nunca antes hasta que "devuelvan todo el petróleo, las tierras y otros activos que robaron previamente" a Estados Unidos.La semana pasada, el Comando Sur de Estados Unidos, que desde septiembre ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico Oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país y fue interceptado por fuerzas estadounidenses en el Caribe bajo una orden judicial.Para Venezuela, el anuncio de Trump del martes se trató de una "grotesca amenaza". La Administración de Maduro consideró en un comunicado que el Ejecutivo estadounidense "pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval" con el objetivo de "robarse las riquezas" venezolanas.
El Consejo Comunitario de las Comunidades Negras Cerro Teta, en el municipio de Buenos Aires, Cauca, emitió una alerta comunitaria denunciando hostigamientos y detonaciones de artefactos explosivos que se registraron desde las 6:00 de la mañana en la cabecera municipal, en inmediaciones de la Estación de Policía, el Banco Agrario, la Casa de Justicia, la Alcaldía Municipal y viviendas cercanas.Los hechos han generado temor, confinamiento y riesgo para decenas de familias del territorio ancestral, quienes se encuentran atrapadas en medio del fuego cruzado.De acuerdo con la comunidad, esta situación constituye una grave violación a los derechos humanos y étnico-territoriales, pues afecta la integridad física y emocional de las familias, limita su libre circulación y amenaza directamente su permanencia en el territorio. “La vida no es posible sin el territorio”, reiteró el Consejo Comunitario en su pronunciamiento.Ante la gravedad de los hechos, la defensora del Pueblo, Iris Marín, expresó su respaldo a la denuncia de la comunidad y anunció que la entidad ya activó las rutas de verificación, prevención y atención humanitaria en la zona, en articulación con las autoridades locales y organismos internacionales de derechos humanos. Marín enfatizó que la Defensoría está “verificando en terreno y exigiendo respeto por la vida, la dignidad y la autonomía de las comunidades afrodescendientes del norte del Cauca”.La institución hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, las autoridades departamentales y los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas que garanticen la protección de la población civil y eviten nuevos hechos de violencia.Esta nueva emergencia se suma al creciente clima de inseguridad que enfrentan los territorios étnicos en el suroccidente del país, donde persisten enfrentamientos entre grupos armados ilegales por el control territorial y las economías ilícitas.
Los habitantes del corregimiento de Pachelly, en la zona rural de Tibú, fueron despertados en la madrugada de este martes por el estruendo de las botas y los gritos de victoria de un grupo de disidentes del frente 33 de las Farc. Los hombres armados ingresaron hasta el centro del caserío, exhibiendo su poderío bélico y lanzando arengas alusivas a la antigua guerrilla.En varios videos grabados y difundidos por los mismos insurgentes, se escucha cómo los hombres reportan a su comandante, alias ‘Richard Suárez’, el cumplimiento de una supuesta misión.“Lo logramos, comandante. Lo prometido es deuda, camarada”, se oye decir a uno de ellos mientras recorren las calles del corregimiento. Las imágenes muestran a los disidentes sentados en las escaleras del parque principal, tomando gaseosa y burlándose del ambiente navideño del pueblo.“Vea, camarada, cómo se ve bonito Pachelly ahora, decorado en las navidades”, dice uno de los guerrilleros con tono sarcástico, en lo que parecería ser un mensaje dirigido al jefe de la estructura Jorge Briceño.Durante la incursión, los hombres mantuvieron comunicación radial con otros grupos ubicados en zonas altas del corregimiento. En esos audios se les escucha ordenar a los llamados “dronistas” —encargados de operar drones con explosivos— permanecer en alerta ante cualquier eventualidad.Según denuncias difundidas por redes sociales, un habitante del corregimiento habría sido asesinado durante la toma, presuntamente por ser colaborador del ELN. Pachelly es una de las zonas más disputadas del Catatumbo entre las disidencias del frente 33 de las Farc y el ELN, que se enfrentan por el control territorial y las rentas ilegales.
El primer paro se registró en febrero de 2025 en el Chocó, con confinamientos y desplazamientos masivos. En mayo, el grupo insurgente volvió a imponer restricciones en el mismo departamento, mientras que en julio declaró un nuevo paro armado de 48 horas. El más reciente, de alcance nacional, fue anunciado para diciembre y se extendió durante 72 horas, afectando la movilidad y la economía en varias regiones del país.Estos hechos se dan en un contexto en el que el ELN ha sostenido al menos cinco intentos de negociación con diferentes gobiernos colombianos, sin lograr consolidar un acuerdo de paz. Los primeros contactos se remontan al mandato de Alfonso López Michelsen en los años 70; luego vinieron los diálogos de Caracas y Tlaxcala (1991-1992) con César Gaviria; los acercamientos exploratorios de los años 2000; las mesas formales de Quito y La Habana (2017-2019) bajo Juan Manuel Santos; y el más reciente proceso, impulsado por Gustavo Petro desde 2022, que se suspendió en enero de 2025.Para Carlos Arturo Velandia, exmiembro del ELN y actual gestor de paz, la constante frustración de los procesos responde a la línea política interna del grupo armado, que hoy privilegia la confrontación sobre el diálogo.“El ELN no tiene hoy por hoy una estrategia de paz, sino más bien una estrategia de confrontación frontal. No considera a este gobierno de izquierda como progresista ni como un aliado, sino como cualquier otro gobierno de la historia republicana. Eso explica su actual comportamiento, incluido el llamado paro armado, que termina afectando a la población civil y los derechos de los ciudadanos”, explicó Velandia.El excombatiente recordó que el ELN ha estado involucrado en procesos de diálogo “desde el gobierno de César Gaviria Trujillo” y que incluso con la actual administración mantuvo conversaciones hasta agosto de 2024, antes de levantarse de la mesa en enero de este año.“El Gobierno ha mantenido su voluntad de diálogo, pero hoy no hay tiempo ni voluntad por parte del ELN para reiniciar un proceso. El Estado debe cumplir su deber constitucional de proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos”, concluyó.Con cuatro paros armados solo en 2025 y más de cinco procesos de paz frustrados en su historia, el ELN se mantiene como el último grupo guerrillero de origen político activo en Colombia, aunque cada vez más definido por el control territorial y las rentas ilegales que por su ideario insurgente.
Más de 3.000 personas permanecen confinadas en el sur del país, mientras se reportan ataques, bloqueos y amenazas en 12 departamentos. La Defensoría alertó sobre graves afectaciones a los derechos humanos y pidió a los grupos armados cesar las acciones que ponen en riesgo a la población civil.Desde el 9 de diciembre, los grupos armados ilegales han ejecutado una serie de acciones coordinadas en distintas regiones del país, afectando la movilidad, el transporte, la economía local y la seguridad de miles de colombianos.El paro decretado por las disidencias de Iván Mordisco continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguízamo, en Putumayo, donde las comunidades de La Tagua, El Mecaya, Yurilla, Sencella, Umancia y Guaquira permanecen confinadas. Según los reportes de la Defensoría, unas 3.000 personas están bajo restricciones de movimiento. En Caquetá y Amazonas, los bloqueos en los ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza mantienen aisladas comunidades indígenas del Consejo Regional del Medio Amazonas (CRIMA).El ELN, por su parte, ha ejecutado acciones armadas en al menos 12 departamentos. En Antioquia, se registraron explosiones, la incineración de un bus y cierres viales en municipios como Valdivia y Salgar. En Arauca, un ataque con tatucos bomba al Batallón de Puerto Jordán dejó daños materiales y obligó a suspender el transporte público.En el Cauca, las autoridades confirmaron cinco acciones violentas, entre ellas la instalación de cilindros explosivos en la vía Panamericana y el despliegue de banderas y grafitis del grupo armado. En Cesar, se reportó la quema de maquinaria amarilla en una zona de reincorporación, y en Chocó, el transporte fluvial y terrestre fue suspendido totalmente.La Guajira, el Magdalena Medio, Nariño y Norte de Santander también han registrado ataques, cierres viales y amenazas a transportadores. En La Lizama (Santander), un ataque con explosivos al peaje dejó una funcionaria herida.La Defensoría del Pueblo reiteró que estos llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil. El organismo pidió al ELN y a las disidencias de Iván Mordisco abstenerse de continuar con estas acciones y solicitó a las autoridades reforzar la protección en los territorios más afectados.Los “paros armados” del ELN y las disidencias dejan a miles de familias en riesgo y reflejan la persistencia del conflicto en regiones históricamente golpeadas por la violencia. La Defensoría del Pueblo insiste en que la paz no puede construirse desde el miedo ni la intimidación, sino con garantías de vida, libertad y dignidad para la población civil.
El pasado 12 de diciembre, el ELN anunció un paro armado de 72 horas que inició el 14 de diciembre y se extenderá hasta el 17 del mismo mes a las 6:00 a. m., afectando gran parte del territorio nacional. Esta medida, definida por la guerrilla como una protesta contra lo que califica de “plan contrainsurgente” y agresión norteamericana, obliga a la población a restringir su movilidad, suspender actividades comerciales y desalentar el transporte entre regiones.El llamado al paro armado ha generado alarma en distintas zonas del país, incluidas ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cúcuta, donde el Frente de Guerra Urbano del ELN emitió advertencias a la ciudadanía y a empresas de transporte para que acaten la orden de cese de actividades.El efecto de este tipo de acciones ha sido ampliamente criticado por la Defensoría del Pueblo, que advierte que los paros armados pueden agravar la limitación de acceso a servicios esenciales, provocar desabastecimiento y profundizar escenarios de violencia y confinamiento forzado para las comunidades civiles.El Gobierno Nacional ha respondido con un despliegue de seguridad reforzado en puntos críticos, mientras las autoridades llaman a la población a no ceder ante la intimidación y a mantener su vida cotidiana dentro de lo posible.Este anuncio se da en un contexto de escalada de la violencia en varias regiones de Colombia durante 2025. Por ejemplo, en la región del Catatumbo, al noreste del país, se han registrado combates entre el ELN y disidencias de las Farc-EP desde enero, que han generado desplazamientos masivos, secuestros y decenas de víctimas mortales.Además, hace pocas semanas se presentaron ataques simultáneos en distintos municipios durante las festividades, con explosivos y acciones que dejaron heridos y muertos, en un contexto en el que distintos grupos armados buscan controlar territorios y economías ilegales.El presidente de Colombia también ha rechazado el paro armado, haciendo un llamado a la calma y exhortando a los ciudadanos a celebrar la temporada navideña sin miedo ante las amenazas de la guerrilla.La Delegación del Gobierno, en el comunicado difundido este lunes, enfatiza que este tipo de medidas no contribuyen al diálogo ni a la tranquilidad de la población, e insiste en la necesidad de gestos de desescalada, como la liberación de personas retenidas por la organización armada, para recuperar la confianza en las conversaciones de paz.
La Defensoría del Pueblo de Colombia rechazó este miércoles el "paro armado" de 22 días en los departamentos del Caquetá (sur) y Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, decretado por un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.En los paros armados, este grupo armado ilegal suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos; la movilidad de las personas, e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones."Estas amenazas afectan derechos fundamentales, profundizan el miedo en las comunidades e infringen gravemente el Derecho Internacional Humanitario. Nada justifica someter a la población civil con intimidaciones o presiones", dijo la Defensoría del Pueblo en su cuenta de X.Según ese organismo, el "paro armado" lo ordenó el frente Carolina Ramírez en los departamentos de Caquetá y Putumayo entre el 9 y el 30 de diciembre.Ante la situación, la Defensoría dijo que activó sus sistemas de alerta para acompañar a las comunidades y verificar posibles afectaciones.Igualmente instó a las autoridades a garantizar la seguridad y movilidad, con especial atención a niños, niñas, adolescentes, personas mayores y comunidades étnicas."La ciudadanía no puede ser rehén de grupos armados. La dignidad y la vida están por encima de cualquier pretensión de control territorial", concluyó la Defensoría.Control territorialHace una semana Human Rights Watch (HRW) alertó que los grupos armados que operan en el departamento colombiano del Putumayo, fronterizo con Perú y Ecuador, están utilizando las negociaciones de paz con el Gobierno para reforzar su control sobre la población civil y han cometido graves abusos contra comunidades indígenas.Pese a que algunas mesas de diálogo han llegado a acuerdos para destruir armas y sustituir los cultivos de coca, varias disidencias de las extintas FARC, como Comandos de la Frontera y los frentes Raúl Reyes y Carolina Ramírez, siguen estableciendo control territorial y cometiendo abusos contra los habitantes de la zona.Putumayo es un lugar estratégico para la producción y el tráfico de drogas y es el departamento que tiene la segunda mayor producción de coca, solo superado por el departamento vecino de Nariño.Actualmente, dos de los tres grupos armados presentes en Putumayo están en negociaciones de paz con el Gobierno. Por un lado, los Comandos de la Frontera, parte de una coalición conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), que opera a lo largo de la frontera con Ecuador.Por otro lado, el Frente Raúl Reyes, que forma parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y tiene fuerte presencia en el norte de Putumayo, en la frontera con los departamentos de Caquetá y Cauca.Mientras tanto, el Frente Carolina Ramírez, que opera al oriente de Putumayo, estuvo en diálogos de paz con el Gobierno entre noviembre de 2023 y abril de 2024, pero actualmente no forma parte de las negociaciones.
En el Día Internacional de los Derechos Humanos, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reveló que 128 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados por grupos armados en Colombia entre enero y noviembre de 2025. Entre las víctimas, 44 eran indígenas y 7 afrodescendientes, una muestra del impacto que esta práctica tiene sobre comunidades rurales históricamente olvidadas.Los principales responsables son las disidencias de las Farc, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las estructuras del Clan del Golfo, que se han expandido territorialmente en departamentos como Meta, Guaviare, Arauca, Cauca, Nariño y el Bajo Cauca antioqueño.Según el informe, estas organizaciones utilizan violencia, amenazas y engaños para captar menores: promesas de dinero, pertenencia o poder, y hasta reclutamiento a través de redes sociales.La ONU advirtió que el fenómeno no solo rompe infancias, sino también destruye el tejido social de pueblos indígenas y afrodescendientes sometidos a control armado. En muchas regiones, los ilegales imponen normas, castigan a la población y reemplazan al Estado, consolidando un dominio que mezcla narcotráfico, extorsión y reclutamiento.El organismo alertó que la expansión de estos grupos refleja la ausencia estatal y el fracaso de las políticas de seguridad. Además, recordó que el reclutamiento de menores es un crimen de guerra que no prescribe y exige una respuesta urgente del Estado colombiano para proteger a la niñez y garantizar justicia.
De acuerdo con la investigación de la JEP, Benito Osorio Villadiego, gerente del Fondo Ganadero de Córdoba durante el periodo analizado, fue quien ejecutó las decisiones de la junta directiva orientadas a transformar el propósito del Fondo: de una entidad de fomento ganadero a un mecanismo de adquisición y control territorial.La junta, integrada por Osorio, Benito Molina Velarde, Luis Gonzalo Gallo Restrepo y Jaime García Exbrayat, aprobó un plan para comprar masivamente predios rurales a precios irrisorios, muy por debajo del valor comercial, bajo el argumento de que se trataba de tierras “baratas” y “sin desarrollo productivo”.En ese proceso, Benito Osorio presentó ante la junta a Sor Teresa Gómez, representante de la familia Castaño Gil, como delegada para coordinar la estrategia de compra de tierras. Gómez —vinculada directamente con el paramilitarismo— se convirtió en la pieza clave que conectó al Fondo con los grupos armados ilegales que desalojaron violentamente a comunidades en Urabá y el Bajo Cauca.La investigación judicial reveló que los directivos del Fondo modificaron la razón social de la entidad, pasando de su función de apoyo a los ganaderos a operar como una empresa de expansión territorial que aprovechaba los desplazamientos masivos provocados por la guerra.El encargado de negociar los predios fue Carmelo Esquivia Guzmán, asesor jurídico del Fondo, quien coordinó la legalización y titulación de terrenos —muchos de ellos baldíos o sin registro formal— a nombre de la entidad. Para ello contó con el apoyo de notarios y funcionarios locales, algunos posteriormente condenados por su participación en estos hechos.Según la JEP, los exdirectivos diseñaron un modelo de negocio basado en la violencia, que se sustentó en el terror generado por masacres, asesinatos y desplazamientos ocurridos desde comienzos de los años noventa. Entre 1996 y 1998, una vez consolidado el control paramilitar en la zona, comenzaron las compras sistemáticas de tierras en la región conocida como Tulapas, que abarca municipios como Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.En total, la justicia ordinaria ha identificado al menos 105 predios adquiridos irregularmente por el Fondo Ganadero, aunque las medidas cautelares de la JEP y los registros de la Unidad de Restitución de Tierras indican que el número podría ser mucho mayor.El proceso de apropiación de tierras cambió el paisaje y la estructura social de la región, reemplazando comunidades campesinas por proyectos ganaderos y agroindustriales. Lo que antes era una zona boscosa y de protección ambiental se transformó en extensos hatos y potreros controlados por actores vinculados al Fondo.La JEP concluyó que la actuación de estos directivos no fue accidental ni aislada, sino parte de una asociación criminal que se valió del desplazamiento forzado y del dominio paramilitar para legalizar el despojo y obtener beneficios económicos. Este caso, dentro del Caso 04, ilustra cómo sectores empresariales y civiles fueron determinantes en la consolidación de un modelo de violencia y despojo en el país.
En el departamento del Guaviare se mantiene un bloqueo sobre la vía que comunica con el Meta, protagonizado por cerca de 400 personas, entre ellas campesinos e integrantes de comunidades indígenas Nukak. Aunque el hecho se ha presentado como una protesta social, informes de inteligencia señalan que detrás de la movilización estarían estructuras armadas ilegales asociadas a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias 'Iván Mordisco', que estarían presionando a la población civil para mantener el cierre de la vía.Según las autoridades, el objetivo de los grupos armados sería obligar al retiro de una base militar ubicada en el cerro Macusito, entre los municipios de El Retorno y San José del Guaviare, una posición estratégica que interfiere con los corredores utilizados para el narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.Habitantes de la zona han denunciado amenazas, panfletos intimidatorios y disparos cerca de viviendas, así como la presencia de hombres armados que obligan a las familias a participar en el bloqueo. En algunos casos, los grupos han exigido que varios miembros por hogar estén presentes en la protesta.La vía permanece parcialmente bloqueada, afectando el transporte de personas, alimentos y mercancías hacia el interior del país. Mientras tanto, las autoridades investigan la participación de estructuras criminales detrás del bloqueo y analizan medidas judiciales para restablecer la movilidad y la seguridad en la región.
En un encuentro programado para el viernes 26 de julio, en las que se habló del hecho que se presentó con la caravana de traslado de varios miembros del Estado Mayor Central con órdenes de captura, se llegó a la conclusión de convocar a una mesa de diálogos en Bogotá. De acuerdo con el comunicado, se tiene previsto que se convoque para los días 7 y 8 de agosto, pero no especifican el lugar.Dentro del comunicado, se especifica que la Comisión Jurídica Mixta hará seguimiento a la situación jurídica y de reclusión de los integrantes de la delegación a la mesa por parte del Estado Mayor de los Bloques J.S. Briceño, Magdalena Medio y del Frente Raúl Reyes, que continúan detenidos y a los procesos iniciados por disposición de la Fiscalía General de la Nación ante irregularidades identificadas.“Las delegaciones reiteraron el compromiso con los objetivos de paz, con el estricto seguimiento a los acuerdos y protocolos, incluidos en particular a los de seguridad”, confirmó el comunicado.Así mismo, confirman que se reprogramarán las actividades acordadas en el ciclo 5 que finalizó el 16 de julio con el fin de atender los compromisos con autoridades territoriales, nacionales y con los integrantes de las Comisiones y mesas Interinstitucionales.
Uno de los procesos de paz que se llevan a cabo es con las disidencias de las Farc, autodenominadas Estado Mayor Central. El jefe negociador del Gobierno Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno en este proceso, nos acompaña en esta entrevista para hablar sobre la situación actual y las consecuencias de incumplir los acuerdos de paz. En relación con lo sucedido en Antioquia, donde siete integrantes del Estado Mayor Central (EMC), fueron capturados, al ser interceptados en una sorpresiva operación militar cuando se movilizaban en vehículos oficiales."Las personas que fueron identificadas por irregularidades están en proceso de audiencia por la Fiscalía y por supuesto habrá el proceso correspondiente, los cargos judiciales no se suspenden, ni los procesos antiguos ni los nuevos”, explicó.González Posso reconoció que hubo fallas en los controles y que esto ha causado confusión y falta de confianza en el proceso de paz. Se están evaluando responsabilidades y buscando corregir los errores cometidos, según dijo. En cuanto a la suspensión de las órdenes de captura de los miembros de las disidencias que están en la mesa de negociación, se aclara que estos casos están en proceso judicial y no se suspenden los cargos ni los procesos. Entre los ocupantes estaba Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', jefe del Bloque Magdalena Medio y uno de los negociadores del EMC con el Gobierno, que tenía salvoconducto vigente para dichas negociaciones, pero también jefes guerrilleros sobre los que pesan órdenes de captura, y a quienes se les ha pedido salvoconduto pero todavía no les ha sido concedido.El ministro de Defensa, Iván Velásquez, detalló que entre los detenidos está Édgar de Jesús Orrego Arango, alias 'Firu' o 'Leo', que tenía orden de captura por varios delitos.Escuche aquí la entrevista:
La Unidad Nacional de Protección (UNP) emitió un comunicado para esclarecer los hechos relacionados con el retén militar en la vía Medellín-Anorí (Puente Gabino), donde se detuvo una caravana de vehículos que, al parecer, transportaban disidentes de las Farc sin salvoconducto.Según detalla la entidad, hacia las 9:00 de la mañana, el director de la UNP fue informado sobre el retén que interceptó a un esquema colectivo de protección en dicha carretera. De inmediato, solicitó que la caravana fuera llevada a un centro policial para una inspección exhaustiva. Además, confirmaron que estos esquemas de protección forman parte de la implementación de las negociaciones de paz entre el Gobierno y grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un sector del Estado Mayor Central (EMC) de las Farc. Estos esquemas incluyen a personas designadas por la Oficina del consejero comisionado de Paz, entre ellos Carlos Eduardo García Tellez, alias 'Andrey', y Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá'.Asimismo, la UNP aclaró que sus vehículos tienen prohibido transportar personas con órdenes de captura, combatientes, ni visitar zonas de conflicto o apoyar actividades logísticas ilegales. Aunque se presume, que dentro de las camionetas está alias 'Firu', quien tiene orden de caputra vigente."Por razones de seguridad los vehículos no deben ser forzados a ser abiertos en carretera y por ello deben ser conducidos a infraestructuras seguras y vigiladas por la autoridad", resaltó la UNP.Según fuentes de Blu Radio, esta caravana incluía cuatro vehículos Mitsubishi y dos Toyota de alta gama, acompañados por vehículos de la UNP. Se sospecha que en estos vehículos viajaban disidentes conocidos como alias 'Ramiro', alias 'Firu', alias 'Andrey' y alias 'Calarcá', que se niegan a salir de los vehículos.El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que entre los detenidos se cree que está Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', comandante del Bloque Magdalena Medio y negociador del EMC con el Gobierno. Cabe recordar que en febrero pasado, la Fiscalía levantó la orden de captura contra 'Calarcá' para facilitar su participación en el proceso de paz.
El Ejército interceptó una caravana en el departamento de Antioquia este martes, en la que presuntamente viajaban altos mandos del Estado Mayor Central (EMC), principal disidencia de las Farc que actualmente negocia la paz con el Gobierno.Detalles del operativoEl gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que estas personas se desplazaban en "tres vehículos de alta gama" cerca del pueblo de Porcesito, en la carretera que conecta Medellín con la localidad de Amalfi. "Son presuntamente integrantes del Bloque Magdalena Medio de las disidencias de las Farc", declaró Rendón.Entre los detenidos se encontraba Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', comandante del Bloque Magdalena Medio y uno de los negociadores del EMC con el Gobierno. En febrero pasado, la Fiscalía levantó la orden de captura contra 'Calarcá' para facilitar su participación en el proceso de paz.Ya se complica la situación por presencia de disidentes de Farc en carros de la Unidad Nacional de Protección. Los conductores de los vehículos se niegan a llevarlos para ser inspeccionados en un batallón en Bello, Antioquia. Se presume que en uno de los vehículos está alias “Firu”, sanguinario cabecilla de las disidencias que no tiene salvoconducto.Esta es la orden de captura contra el cabecilla del EMC Edgar Orrego Arango, alias “Firu”, quien no tiene salvoconducto y que estaría en uno de los vehículos de la UNP que se niegan a cumplir instrucción de autoridades para ser inspeccionados en un batallón de Antioquia. A este peligroso cabecilla de la disidencias de las lo buscan por ocho delitos, entre ellos homicidio agravado y terrorismo.Declaraciones oficialesEl gobernador Rendón expresó su preocupación: "Se cree que algunos de ellos tienen órdenes de captura vigentes y que están participando en la mesa de negociación". Los detenidos se negaron a salir de los vehículos, y hasta el momento, no hay información clara sobre las acciones que se tomarán con ellos.Contexto del proceso de pazLa semana pasada, el Gobierno colombiano anunció la terminación del cese al fuego bilateral con el Estado Mayor Central debido a sus continuos ataques contra la población civil y la Policía en el suroeste del país. No obstante, mantuvo el cese al fuego por tres meses con otras tres facciones del EMC, incluido el Bloque Magdalena Medio.Desde el año pasado, el EMC ha estado en conversaciones de paz, aunque estos diálogos han sido obstaculizados por los frecuentes ataques en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle del Cauca. En abril, el Gobierno suspendió los contactos con la facción liderada por alias 'Iván Mordisco', terminando el cese al fuego vigente desde principios de año, pero continuó con los otros tres grupos.ImplicacionesLa detención de estos jefes disidentes, especialmente de alias 'Firu', plantea preguntas sobre el futuro del proceso de paz y la capacidad del Gobierno para mantener la estabilidad y la confianza en las negociaciones. La comunidad sigue de cerca los desarrollos de este caso, mientras el país espera una resolución que pueda llevar a una paz duradera.
La Federación Colombiana de Víctimas de las Farc le pidió a la JEP abrir un incidente de incumplimiento a quienes integraron el último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, entre ellos, a Rodrigo Londoño y los senadores Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo. Según la organización representante de víctimas, ellos habrían ocultado información, presuntamente, sobre algunos bienes que tenían las Farc y que estarían avaluados en más de 100.000 millones de pesos."El 15 de agosto de 2017, cuando dejaron las armas, las Farc-EP le entregaron a la Misión de Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación un inventario de sus bienes. Esa lista luego fue entregada al Gobierno Nacional. En el inventario están contemplados 722 bienes inmuebles, $12.000 millones en efectivo, USD 450.000, alrededor de 440.000 gramos de oro, 24.000 semovientes o cabezas de ganado, 50.000 elementos que corresponden a muebles y enseres, además de vehículos y joyas. En suma, todo lo que según el secretariado de las Farc estos fueron los bienes que obtuvo la guerrilla durante el conflicto en el que se alzó en armas contra el Estado, y se estimó que el valor total rondaría el billón de pesos. Sin embargo, el Gobierno ha dicho que de eso solo es monetizable efectivamente medio billón de pesos ($500.000 millones), pues entre lo incluido por las Farc hay cosas que no se pueden comercializar", señala el documento radicado por Fevcol ante la JEP.Posteriormente, citan un auto de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la jurisdicción que indagaba sobre los bienes que tuvieron las extintas Farc, según señala el documento presentado por la organización Fevcol, allí se le pedía información a Pastor Alape y Londoño sobre el tema y en el caso de Alape habría una falta de correspondencia entre su versión y la de los firmantes de paz.Además, explica el documento de la organización que en la Fiscalía también cursa una investigación sobre el tema y en ese caso también se habrían presentado algunas inconsistencias frente a los bienes de las extintas Farc, citan especialmente un caso en el Valle del Cauca."El secretariado de las FARC-EP omitió dar información respecto a estos bienes, que la investigación penal con las pruebas practicadas, ha determinado que son bienes de las Farc en cabeza de testaferros suyos, pero que, el Secretariado de las FARC-EP, a través de Pablo Catatumbo, ha sido la verdadera dueña y determinadora del uso, goce y disposición de ellos bienes identificados en el expediente de la referencia radicado 13688, cuyo valor ha sido estimado en más de $100.000.000.000", detalla Fevcol.Además, aseguran que uno de los fiscales que ha llevado este caso estaría recibiendo amenazas desde el año 2022. Ante esto le piden a la JEP evaluar una posible sanción pues advierten que si esto estuviera sucediendo el antiguo secretariado de las Farc habría incumplido el compromiso de aportar verdad plena, algo que podría llevarlos, incluso, a una expulsión."La omisión de información respecto a los bienes de las FARC-EP que están identificados en el expediente con radicado 13688 de 2015, que actualmente se encuentra a cargo del Fiscal 72 Especializado, doctor Simón Joaquín Rodríguez Wilches, avaluados en más de $100.000.000.000, constituye un evidente incumplimiento al deber de aporte a la verdad, al régimen de condicionalidad y transgrede el principio transversal de la centralidad de las víctimas del sistema penal transicional de la JEP", dicen los abogados de las víctimas.
Las disidencias de las Farc que se encuentran en proceso de paz y cese al fuego bilateral con el Gobierno amenazaron a los firmantes del acuerdo de paz del año 2016, que se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, de Miravalle, en el Caquetá.En esa zona, se encuentran 100 personas y anunciaron que debían salir desplazadas por las amenazas.En las últimas horas, el Gobierno confirmó que el traslado de los excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc se hará el próximo 20 de agosto.“Los firmantes de paz serán reubicados de manera temporal durante 12 meses en un predio arrendado mientras se logra la compra del predio definitivo por parte de la Agencia Nacional de Tierras cuya adecuación estará en manos de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización” señalan desde la ARN.