El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El fabricante alemán BMW inició una nueva llamada a revisión que involucra a cientos de miles de carros en todo el mundo debido a un posible riesgo de incendio asociado al sistema de arranque del motor. La información fue confirmada por un portavoz de la compañía a la agencia AFP, luego de que la revista especializada alemana Kfz-Betrieb anticipara detalles de la medida.Según explicó el fabricante, controles internos y quejas de clientes permitieron identificar que, en ciertos vehículos, el sistema de arranque puede presentar defectos que, en el peor de los escenarios, podrían derivar en un incendio durante el funcionamiento.Aunque la publicación alemana indicó que 575.000 unidades estarían afectadas a nivel global, BMW evitó confirmar esa cifra exacta y señaló únicamente que se trata de un volumen “de seis dígitos”.¿Qué carros BMW tienen riesgo de incendio?En total, la campaña involucra 16 modelos equipados con un relé de arranque específico y producidos entre julio de 2020 y julio de 2022. Los vehículos se identifican mediante el número de identificación VIN, debido a que los periodos de producción no pueden definirse con precisión por variaciones logísticas en la cadena de suministro.Los modelos afectados son:Serie 2 Coupé (G42)Serie 3 Sedán (G20)Serie 3 Touring (G21)Serie 3 batalla larga (G28)Serie 4 Coupé (G22)Serie 4 Convertible (G23)Serie 4 Gran Coupé (G26)Serie 5 Sedán (G30)Serie 5 Touring (G31)Serie 6 Gran Turismo (G32)Serie 7 Sedán (G11, G12)X3 (G01)X4 (G02)X5 (G05)X6 (G06)Z4 (G29), incluido el Toyota Supra, que comparte configuración mecánicaCuál es el problema detectadoDe acuerdo con el portavoz citado por Kfz-Betrieb, los vehículos pueden experimentar mayor desgaste en el solenoide de arranque tras un número elevado de ciclos de encendido.Ese desgaste podría generar abrasión metálica en el interruptor del solenoide, lo que eventualmente podría provocar un cortocircuito y sobrecalentamiento local en el motor de arranque. En escenarios extremos, la compañía reconoce que no puede descartarse un incendio durante el funcionamiento del vehículo.Como medida preventiva, BMW recomendó a los propietarios no dejar el vehículo sin supervisión con el motor en marcha después del arranque, especialmente en casos donde se utilice arranque remoto.Reparaciones y tiempos estimadosLa solución técnica consiste en el reemplazo del motor de arranque en todos los vehículos potencialmente afectados. En algunos casos también se cambiará la batería y se realizará una adaptación electrónica al nuevo componente.Según la información divulgada, la reparación puede tardar hasta dos horas por unidad.BMW indicó que 28.582 vehículos estarían afectados en el mercado alemán, mientras que la cifra global se ubicaría en cientos de miles de unidades. Por lo que hay que esperar que el fabricante indique cuáles otros países están también involucrados en el llamado a revisión.Los números de campaña correspondientes a esta nueva retirada son:0012650600001266060000126706000012680600La compañía aclaró que esta acción no debe confundirse con otra campaña ejecutada el otoño pasado bajo códigos distintos, la cual, según la Autoridad Federal de Transporte Motorizado de Alemania, afectó aproximadamente 1,15 millones de vehículos BMW en todo el mundo.
Protestas en Chocó tienen bloqueada la vía Medellín - Quibdó. Mientras una comunidad indígena cerró la vía de carácter nacional por la tardanza en la atención médica de un joven que sufrió un accidente, el Comité Cívico iniciará un cese de actividades de 24 horas por disgustos con el Gobierno nacional.El departamento de Chocó se despierta con un complejo panorama de movilidad luego de que la comunidad indígena de El Dieciocho, decidiera cerrar la vía Medellín - Quibdó, como protesta ante la demorada atención médica al joven Elmer Estévez, quien sufrió un accidente de tránsito hace algunos días.Lo que mencionan los indígenas es que ya ha pasado una semana desde el siniestro y aún la Nueva EPS no ha ordenado el traslado ni asignado una cama para atención especializada al hombre que, al parecer, permanece con un estado de salud crítico, por lo que requeriría servicios médicos urgentes que aún no se han podido garantizar.Explican desde El Dieciocho que en este momento todo el tratamiento depende de la Nueva EPS y que ante la nula respuesta cerraron la vía de carácter nacional, medida que no tiene paso provisional y que será de manera indefinida hasta que el joven sea trasladado hasta un hospital de mayor complejidad.Pero no es la única situación que afecta al departamento, ya que sobre las 9:00 de la mañana hará una marcha en Quibdó, programada por el Comité Cívico de Chocó que tendrá un paro de 24 horas luego de que el Gobierno nacional no diera claridad sobre los recursos que necesita la región para algunos proyectos viales.Ante la problemática la gobernadora de Chocó, Nubia Córdoba, explicó que el paro no está definido, que se acordó un cronograma de mesas de trabajo y que el próximo 20 de febrero se reactivará la Mesa Permanente de Concertación para poder cumplir con compromisos adquiridos con anterioridad.Por ahora, los ojos de las autoridades departamentales están en la vía Medellín - Quibdó, en donde se espera que se abra el paso muy pronto para no afectar a miles de personas, mientras que en Quibdó habrá acompañamiento de la movilización cívica para evitar alteraciones al orden público.
La Contraloría encendió las alarmas tras evidencias de que el Gobierno nacional realizó un elevado número de contratos previo a la entrada en vigencia de la ley de garantias. Según el informe de la DIARI, entre el 1 y 30 de enero del 202 se suscribieron 521.269 contratos por un valor de 32,88 billones de pesos. Sin embargo, el ente de control señaló que el 45% de la contratación total se comprometió en la ultima semana de enero cuando se adjudicaron 14,8 billones de pesos y que el pico, es decir el día con más movimiento, fue el 30 de enero con contrataciones por 5,7 billones de pesos.“En comparación con el mismo periodo de 2022, también previo a la aplicación de la Ley de Garantías, la contratación directa aumentó 5,2 % en número de contratos y 30,4 % en valor. En enero de 2022 se habían celebrado 495.527 contratos por $25,22 billones, cifras inferiores a las registradas este año”, señaló la Contraloría.De acuerdo con la Contraloría, las entidades con mayor contratación directa fueron en el SENA, con 1,72 billones; el ICBF von 1,26 billones y la Aeronautica Civil con 0,76 billones de pesos. En el ámbito territorial lideran Barranquilla, con $1,33 billones; Medellín, con $0,88 billones; y Cali, con $0,54 billones.La modalidad de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS) concentró la mayor parte de la contratación. En el consolidado nacional y territorial, se firmaron 501.423 contratos OPS por $22,34 billones, equivalentes al 96,2 % del total de contratos y al 67,9 % del valor adjudicado en el mes. Solo en el orden nacional, los contratos OPS pasaron de 103.563 en enero de 2022 a 160.616 en enero de 2026, lo que representa un aumento de 64,48 %. En términos de valor, el crecimiento fue de 75,14 %, al pasar de $5,4 billones a $9,5 billones.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en Mañanas Blu los pormenores del doble homicidio ocurrido este miércoles 11 de febrero de 2026, hacia las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima. El crimen, calificado como un sicariato de alta precisión, dejó conmocionada a la ciudad y resalta la vulnerabilidad incluso en zonas de alta seguridad.Detalles del ataque sicarialEl empresario José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido líder del sector arrocero y propietario de la marca Arroz Sonora con operaciones en Tolima y Casanare, salía de un gimnasio Bodytech junto a su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando fueron abordados por el sicario."Como usted lo manifestó, a las 3:42 de la tarde se presenta el hecho sicarial en el cual se evidencia una planeación, una articulación milimétrica para generar este lamentable hecho", explicó el general Cristancho. El atacante, descrito como un "sicario de corbata" por su traje formal —algo inusual en este tipo de crímenes—, esperó al menos 15-20 minutos en las escaleras de acceso al parqueadero, caracterizado para mimetizarse en la zona financiera y residencial de altos ejecutivos.Disparó por la espalda a menos de un metro de distancia, impactando casi en la nuca a Aponte y también al escolta, antes de huir corriendo hacia una motocicleta estacionada en una bomba de gasolina cercana, donde un cómplice lo esperaba para escapar hacia el sur. "Se evidencia que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", precisó el oficial.Planeación y conocimiento de rutinasLa meticulosidad del crimen apunta a una inteligencia previa exhaustiva. "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte. Es decir, que es un sicariato totalmente planeado, no son sicarios o no es una organización que improvisa", afirmó el comandante.El sicario llegó dos minutos antes de las víctimas, en una zona con puestos fijos de policía para protección de dignatarios y altos funcionarios residentes. Aponte contaba ese día con un solo escolta privado —normalmente tenía dos, pero el otro acompañaba a su esposa—, proveniente de una empresa particular, no de la Unidad Nacional de Protección. La familia no reportó amenazas previas, extorsiones ni mensajes de alerta al momento de la entrevista.Fallas en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos el cuadrante o la patrulla de vigilancia haya pasado 10 minutos antes", relató Cristancho, quien activó radios para movilizar unidades sin descripciones precisas del atacante o la moto.Un obstáculo clave fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando hasta 10 minutos la obtención de imágenes cruciales. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen", denunció el general, llamando a reflexionar sobre cambios normativos para agilizar estos procesos en emergencias.El general Cristancho, quien asumió el mando en febrero de 2025 con refuerzos de 500 policías, enfatiza la necesidad de mayor colaboración ciudadana: "Las personas no nos dan características inmediatas, seguramente vamos a poder actuar". Este asesinato, en una zona con esquemas de seguridad para VIP, subraya el impacto económico y social, afectando al sector agroindustrial —Aponte era tercera generación en arroz y ganadería, con fincas como La Angostura y La Alcancía— y programas sociales vía la Fundación Gustavo Aponte Rojas.Avances en la investigaciónLa Policía Judicial, inteligencia y capacidades técnicas ya recolectan evidencias de múltiples cámaras. "Ya tenemos varias cámaras, ya estamos recolectando elementos técnicos también para la investigación [...] Seguramente con todo lo que hemos evidenciado hasta el momento, y vamos a poder dar un resultado", aseguró Cristancho, sin pistas públicas aún pero con énfasis en capturar autores materiales e intelectuales.
Autoridades confirman que fue abatido alias ‘Venezuela', delincuente de las disidencias de alias 'Calarcá', vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en Amalfi. Este hombre también es señalado responsable de asesinar a dos subintendentes hace apenas cuatro días en Anorí.En un operativo adelantado por la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional fue abatido alias ‘Venezuela', presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. El procedimiento se hizo en Anorí, Antioquia, en donde el hombre centraba su accionar criminal.Alias ‘Venezuela' está vinculado al ataque con explosivos a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en donde lastimosamente fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi. Además, este delincuente está detrás del homicidio de dos subintendentes el pasado 8 de febrero en esta misma zona del Nordeste antioqueño.Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del ataque con drones cargados de explosivos, donde además estaría alias Chejo, cabecilla del frente 36.Sobre alias Venezuela de las disidencias de alias 'Calarcá' también es responsabilizado de una acción terrorista reportada en septiembre de 2025 donde fue asesinado un subintendente y tres soldados profesionales resultaron gravemente heridos.Según la información que ha dado a conocer el Ejército Nacional, alias 'Venezuela' tiene más de 15 años vinculado a grupos al margen de la ley y era buscado por las autoridades por delitos como concierto para delinquir o terrorismo. Asimismo, es el responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en veredas como Santa Inés, Concha Media o El Carmín, así como tendría injerencia en extorsión a mineros y comerciantes.Por su parte, alias ‘Venezuela' estaría detrás de acciones criminales contra el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, esto con el fin de fortalecer el control territorial de las disidencias en esta subregión del departamento que se ha visto fuertemente golpeada por el actuar criminal del este delincuente abatido recientemente.Informaron desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que en el operativo también fue capturado alias 'Ángel', integrante de redes de apoyo del Frente 36, y de logró la incautación de una pistola, teléfonos celulares y material de intendencia.
Crece la preocupación para la Defensoría del Pueblo por el crecimiento de la violencia en algunas regiones del país, como es el caso de Norte de Santander, específicamente en el municipio de Playa de Belén, pues su alcalde, Ider Álvarez García, García, abandonó el territorio en las últimas horas junto a su familia y se fue del país por amenazas."Es lamentable que ante las reiteradas amenazas por parte de grupos armados ilegales que delinquen en la zona, el alcalde haya renunciado a su cargo y salido del país”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Y es que a través de un comunicado, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado a las autoridades aseguran que "hay la imperiosa necesidad de proteger y garantizar la labor que cumplen los funcionarios públicos y brindar las condiciones de seguridad para las elecciones locales que se aproximan", más con este tipo de hechos de violencia.Además, la Defensoría del Pueblo alertó que este no es el único caso de que un alcalde abandona su municipio al no poder ejercer sus funciones en los territorios debido a la presencia y amenazas de los distintos grupos, en departamentos como Chocó, Caquetá y Norte de Santander."Además del alcalde de Playa de Belén, han tenido que salir de sus territorios por amenazas contra su vida e integridad los alcaldes de Tibú, en Norte de Santander; Bagadó, Sipí, Lloró y San José del Palmar en Chocó y el de Cartagena del Chairá en Caquetá", señaló la Defensoría.Asimismo, la Defensoría del Pueblo le pidió a las autoridades tomar medidas para proteger a todos los mandatarios que han recibido amenazas o están en riesgo, teniendo en cuenta las elecciones regionales que se aproximan en el mes de octubre.“Debemos poner la lupa sobre estos hechos, pues estamos en un momento definitivo en el que tenemos que impedir que actores armados ilegales tomen el control y sigan amenazando a los mandatarios locales, por el contrario de deben dar todas las medidas para que ejerzan su labor sin ningún temor", puntualizó.Le puede interesar
Este viernes, 4 de agosto, se instaló oficialmente el mecanismo de monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral, nacional y temporal pactado entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN durante el tercer ciclo de diálogos, en La Habana, Cuba.El mecanismo lo componen la ONU, la Iglesia, delegados de la guerrilla y el Gobierno que se encargarán de verificar los presuntos incumplimientos a lo pactado, pues por seis meses no se podrán presentar acciones ofensivas entre fuerza pública y el grupo armado."La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia saluda el esfuerzo de las partes y hace eco de la declaración del secretario general, António Guterres, en la cual resalta que, si las partes se adhieren de buena fe al cese al fuego y con un compromiso claro de aliviar el sufrimiento de los civiles, podrán reducir significativamente la violencia y aumentar la confianza en la mesa de negociaciones de paz", destacó la misión en Colombia de Naciones Unidas.En horas recientes, también en Bogotá, se hizo un evento para formalizar el inicio del cese al fuego bilateral, con la asistencia de más de 3.000 personas entre empresarios, políticos, militares, policías, comunidades y ministros, e incluso estuvo el presidente Gustavo Petro."El inicio del cese al fuego nacional, bilateral y temporal constituye un paso fundamental para consolidar los esfuerzos en busca de la paz en Colombia", señaló la Misión de Verificación de la ONU tras la instalación formal del mecanismo de monitoreo.
Este jueves, 3 de agosto, empezó el cese al fuego bilateral y temporal entre el Gobierno nacional y el ELN que, en principio, será por seis meses, pero la idea es poder ampliarlo y cuenta además con un mecanismo de monitoreo y verificación por parte de la Iglesia católica, la ONU y algunas organizaciones de la sociedad civil; sin embargo, la ONG Save The Children advierte que no queda prohibido el reclutamiento de menores de edad."Son preocupantes las condiciones que se establecieron para iniciar los diálogos de paz. En lo que se refiere al proceso con el ELN, se autoriza el reclutamiento de niñas y niños mayores de 15 años, al señalar que el cese al fuego bilateral, nacional y temporal aprobado por el Gobierno nacional desde el 3 de agosto de 2023 hasta el 29 de enero de 2024 se regirá por el Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra", señala la ONG en un comunicado.Es por esto que, desde Save The Children le piden al Gobierno tener en cuenta los derechos de los niños, asegurando que la protección de los menores no debe ser negociable, pues debe ser el punto de partida de los diálogos, ya que consideran que el alto a la guerra también debe ser con la niñez."El artículo 2 del decreto 1117 de 2023 puede interpretarse como una herramienta que legitima el reclutamiento de menores de edad por parte de este grupo armado en vez de velar por la garantía de los derechos de la niñez como sujetos de especial protección. Desde Save the Children Colombia rechazamos este hecho y cualquier acto que ponga en riesgo la vida y los derechos de niños y niñas que habitan todo el territorio nacional", expresan en el comunicado.
Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, alias 'Simón Trinidad', le envió una carta al canciller Álvaro Leyva en la cual reitera su compromiso y disposición para comparecer ante la JEP. 'Trinidad' fue capturado en Ecuador en 2004 y extraditado a los Estados Unidos, país en donde cumple una condena de 60 años de prisión. El exjefe del Bloque Caribe de la extinta guerrilla de las Farc se sometió en el año 2017 ante esta jurisdicción, pero no ha podido comparecer.'Trinidad' le pidió al canciller Álvaro Leyva realizar las acciones necesarias ante la justicia norteamericana para que el exjefe guerrillero pueda presentarse ante la JEP, pero, además, para que pueda participar en el proceso de paz desde Colombia.El canciller respondió en las últimas horas que se están moviendo los canales para lograr esta solicitud.“Se piensa que sería un aporte a la paz el hecho de que se pudiera lograr su venida, entre otras cosas porque tiene derecho al acceso a la JEP. De tal forma que se están moviendo canales para ver si se puede permitir que realmente sea un aporte más a la paz. Pero son situaciones difíciles que están por definirse y atenderse, señaló Leyva.Le puede interesar
Se confirmaron el pasado sábado, 15 julio, los nueve puntos fundamentales con los que se monitoreará, a partir de este 3 de agosto, el cese al fuego bilateral, nacional y temporal que por seis meses establecieron el Gobierno nacional y el ELN.Los puntos serán la hoja de ruta con la que las partes, tanto esta guerrilla y el Estado, sabrán en qué momento se incumplen sus compromisos del cese al fuego.“Son nueve protocolos que desarrollan el cese al fuego o, mejor, el mecanismo de verificación del cese al fuego y cómo va a ser el acompañamiento de la veeduría social, el rol de la iglesia y algunas medidas de seguridad para quienes participan en esos procesos de verificación", manifestó el senador de la República y negociador del Gobierno, Iván Cepeda.Por otra parte, el congresista agregó que existen acuerdos que son fundamentales para el Comité Nacional de Participación diseñe el modelo para que la sociedad intervenga en este proceso de paz.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEstos puntos del cese al fuego, que finalizará el 3 de febrero de 2024, son los siguientes:1. Papel de la Iglesia.2. Monitoreo y verificación.3. Prórroga y suspensión del cese al fuego.4. Seguridad y Protección.5. Veeduría.6. Pedagogía.7. Seguridad al ELN.8. Comunicación.9. Rol de la mesa."Por una parte, hay una pedagogía interna que tiene que ver con el trabajo que adelantan el ELN con sus frentes de guerra, sus distintas instancias; y, por otra, una explicación detallada y pormenorizada de todo este proceso al interior de la fuerza pública", explicó Cepeda."Pero también hay un trabajo permanente de difusión y de explicación a la opinión pública para que se entienda bien el sentido y la esencia de este proceso", agregó.Estos puntos serán verificados desde nueve oficinas regionales y locales, las cuales serán fundamentales en el seguimiento."El 3 de agosto ya debe estar culminado el proceso de preparación y alistamiento. Hemos determinado nueve regiones, pero también una serie de municipios en los que va operar el mecanismo para poder desplegarse y lograr no solamente la verificación; sino también lograr establecer un mecanismo de comunicación eficaz entre las partes, para que puedan evitarse eventuales enfrentamientos”, destacó Cepeda.Además de eso, se tiene previsto que para esa fecha se tiene convenido instalar en Bogotá el Comité Nacional de Participación, con el que se buscará que las poblaciones afectadas puedan tener una mayor participación en la mesa de diálogos de paz.“Agregaría a toda esta información que para el 3 de agosto está previsto el acto de instalación del Comité Nacional de Participación fecha en la que igualmente comienza a operar el cese al fuego de manera plena”, manifestó Cepeda.En los protocolos también se establece cómo se podrían romper dichos acuerdos del cese al fuego por parte de algún tipo de incumplimiento entre las partes.Le puede interesar:
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.