El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Tras cumplirse un mes de su muerte, Maluma le dio un homenaje especial a la memoria de Yeison Jiménez y fue seguir adelante con un proyecto que tenían juntos grabados para que todos los fans pudieran, una vez más, disfrutar del talento del oriundo de Manzanares.La canción se estrenó oficialmente este 12 de febrero y, rápidamente, la letra de "Con el Corazón" (nombre de la canción) se volvió viral en redes sociales por la unión de dos talentos, además del sueño cumplido de Yeison de trabajar de la mano con uno de los referentes de la música urbana y de la industria colombiana como Maluma.Así suena "Con el Corazón", nueva canción de Maluma y YeisonUna romántica popular, con tintes despechados y al mejor estilo de “Aventurero”, se perfila como la nueva apuesta musical que promete conquistar a los amantes del género regional. La canción ya logró emocionar a los seguidores de ambos artistas.El anuncio generó una ola de reacciones en redes sociales, donde los fanáticos no ocultaron su entusiasmo por esta colaboración que combina sensibilidad, fuerza interpretativa y una conexión evidente entre los cantantes. No es la primera vez que Maluma explora sonidos del regional mexicano, pues anteriormente sorprendió al público con su incursión en este estilo junto al cantante mexicano Carín León, demostrando su versatilidad y capacidad para adaptarse a nuevos géneros.Letra de "Con el Corazón", nueva canción de Maluma y YeisonOk ok okDirectamente desde Colombia con ustedes su servidorYeison Jiménez y su parcero Maluma BaBabyYa se te olvidó que cuando tú me conociste yo ya era un patánandaba borracho gastándome toda la plata en la barra del barqué andas reclamando, si así me conociste y así andoahora no vengas a estarme cambiandoParece que hubieras olvidado el hombre que te cambió la vidaqueriendo que me quede encerrado, si me conociste en la cantinavoy a pedir billete prestadopa’ gastármelo todo en tequilano me pidas que cambie el pasadoyo ya era asícabrón desde el primer díaAy ay mamacitayo ya no cambié.yo tampoconi cambiaré mi amorDíselo MalumaDímelo YeisonCon el corazón!Ah noY ahí no te quejabas, tampoco jodíasahora lo que pasa casi siempre es culpa míala verdad no entiendo, tanta hipocresíasi antes eras tú la que farreabas noche y díaY ahí no te quejabas,y ahí no me decíasvámonos pal rancho que se esta haciendo de díaantes me pedías, sirve otro tequilay dígale al mariachi que hoy vamos de amanecidaParece que hubieras olvidado del hombre que te cambio la vidaqueriendo que me quede encerrado, si me conociste en la cantinavoy a pedir billete prestadopa’ gastármelo todo en tequilano me pidas que cambiar el pasadoyo ya era asícabrón desde el primer díaMaluma Baby, Yeison JiménezDe Colombia pa’l mundo parceros.Cómo es papi?Con el Corazón!
Indignación tras conocerse un video que circula en redes sociales, en el que dos uniformados de la Policía de Cali insultan a dos mujeres, una de ellas menor de edad, quienes se movilizaban en una patineta eléctrica por un carril exclusivo del MIO. El comportamiento de los policías ha sido cuestionado por la comunidad caleña.La Policía Metropolitana de Cali, a través de un comunicado, informó que se activaron de inmediato los protocolos internos para determinar las responsabilidades de los dos uniformados que aparecen en las imágenes, las cuales se volvieron virales en las últimas horas."Se aperturó de oficio las investigaciones disciplinarias y penales conducentes a esclarecer la presunta actuación irregular por parte de los funcionarios policiales, actuaciones que se desarrollarán con celeridad y contundencia, y cuyas decisiones serán informadas en concordancia con lo dispuesto en el Estatuto Disciplinario para la Policía Nacional de Colombia", dice el comunicado.Por su parte, la Personería Distrital de Cali rechazó lo ocurrido y advirtió que hará seguimiento al proceso, al señalar que cualquier conducta de servidores públicos que implique maltrato, irrespeto o vulneración de la dignidad humana debería acarrear sanciones para los implicados."Haremos seguimiento riguroso a la investigación anunciada por la Policía Metropolitana, velando por la transparencia del proceso, las garantías del debido proceso y la adopción de las medidas correspondientes si a ello hubiere lugar. Reiteramos que ninguna circunstancia justifica actuaciones que degraden a las personas y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos", señaló Gerardo Mendoza, personero de Cali.El video también evidencia posibles infracciones por parte de las ocupantes de la patineta eléctrica, quienes habrían invadido el carril exclusivo del MIO, una conducta que en Cali puede acarrear multas cercanas a los 711.000 pesos.
Siguen avanzando las diligencias judiciales contra varios de los imputados por presunta corrupción durante la administración de Daniel Quintero en Medellín.La más reciente estuvo relacionada con la definición de medida de aseguramiento contra Juan David Palacio, exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde en una extensa jornada su abogado defensor, Andrés López, intervino por casi seis horas.El discurso de López estuvo centrado en refutar los argumentos y pruebas presentadas ya en una instancia previa por parte de la Fiscalía General durante la imputación de cargos por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en contratos suscritos entre la autoridad ambiental y el Cuerpo de Bomberos del municipio de Itagüí.El escándalo, donde se estima la apropiación de más de 2.400 millones de pesos, salpica a Palacio como máxima cabeza para ese momento de una de las entidades implicadas. López explicó que en virtud de su cargo, Palacio no tuvo ninguna relación con los seis contratos cuestionados por más de 17.000 millones de pesos y que durante la imputación de cargos no se presentó ningún elemento que diera cuenta de algún poder de decisión del exdirectivo en la adjudicación o direccionamiento de los mismos, pues su rol era de “alta gerencia”."No está acreditado que el doctor Juan David Palacio como director del AMVA fuera un ordenador del gasto. Que exista una participación en relación de estudios previos de los contratos mencionados en los hechos como por ejemplo en los bomberos. Menos aún, evaluó ofertas", explicó.En ese sentido, el abogado defensor de Palacio derivó las posibles responsabilidades en quienes sí estuvieron al frente de los procesos contractuales delgados por el entonces directivo en una conducta de confianza legítima."Tenía una confianza legítima en sus subdirectores, confiaba efectivamente que estos probablemente cumplirían las normas, acatarían los riesgos jurídicamente que estuvieran en sus funciones. Estaba convencido efectivamente que todo estaba llevado a regla, que toda la contratación se estaba cumpliendo", dijo.Frente a acusaciones de la Fiscalía sobre la orden que habría dado Palacio para eliminar información de al menos tres computadores de la entidad al finalizar su periodo en el cargo, el abogado reveló versiones juramentadas de técnicos de sistemas y la entonces asistente de dirección, que desmentirían esas atribuciones.Según los testimonios, nunca hubo por parte de Palacio tal orden ni se perdió la información extraída para entregar los equipos a la nueva administración tal cual los habían recibido. Los datos quedaron almacenados en dispositivos extraíbles y en el sistema de información de la entidad, de donde reiteró el abogado, no se pueden eliminar."Toda la información que es alojada en los equipos de cómputo de la entidad antes de la llegada del doctor Juan David Palacio al Área y posteriormente y en la actualidad es albergada y recolectada, respaldada en ese sistema de integrado de información", apuntó el abogado.De igual manera, sobre el final López referenció documentos internos del Área Metropolitana que indicarían que cámaras de seguridad cercanas a oficinas donde se almacenan archivos dejaron de funcionar por un daño técnico y no por orden del entonces director de la entidad, Juan David Palacio, como lo había señalado el ente acusador."La no operación del dispositivo obedeció a una falla técnica consistente en una quemadura en un chip, y no a una intervención de un tercero orientada a impedir su funcionamiento, a pesar de la aseveración de la cual no se tiene soporte probatorio para endilgar participación irregular de los hechos por parte del doctor Juan David Palacio", remarcó la defensa.Tras la culminación de los alegatos por parte de la defensa de Palacio, la audiencia se retomará este viernes, 13 de febrero, desde las 2:30 p.m. con las exposiciones de los apoderados de otros implicados en el caso como Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, quienes se desempeñaron como subdirectoras ambientales de la entidad en distintos periodos; y Juan Alberto Henao Cardona, tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional, le pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro priorizar que la emergencia económica decretada tras la ola invernal se concentre exclusivamente en la atención de las comunidades afectadas y la reconstrucción del territorio.Según la dirigente, la gravedad de la situación exige una respuesta rápida, firme y coordinada del Estado, pero también técnicamente sustentada y focalizada en mitigar los efectos del frente frío que golpea a estas regiones.El decreto expedido el pasado miércoles por el Ejecutivo, le da una serie de facultades al mandatario para crear impuestos que permitan recaudar el dinero pendiente. Según ha dicho el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la atención de la emergencia en el corto y largo plazo requiere de al menos $8 billones y una de las medidas sería un impuesto al patrimonio.Sin embargo, para Gutiérrez, “la emergencia no debe convertirse en un vehículo para crear nuevos impuestos, ni para adoptar medidas sin relación directa con la crisis”, sino que debe servir para ejecutar mejor los mecanismos existentes.Ante eso, presentó una serie de propuestas para que sean tenidas en cuenta: una de ellas es que, antes de expedir decretos legislativos extraordinarios, se active plenamente el esquema de gestión del riesgo contemplado en la Ley 1523 de 2012, con medidas como la declaratoria de calamidad pública o desastre que habilita el uso ágil de recursos y acudir a la contratación directa.“También pueden usarse herramientas del presupuesto ordinario: traslados, reprogramaciones, aplazamientos y priorización del gasto. El Estatuto Orgánico del Presupuesto y la Ley 819 de 2003 permiten hacer estos movimientos para responder a urgencias, cuidando la sostenibilidad fiscal”, agregó Gutiérrez.Gutiérrez insistió en esa línea en la importancia de un análisis transparente y detallado de los recursos requeridos así como no descartar apoyos económicos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.“En vez de crear nuevas cargas fiscales que afecten la competitividad, debe revisarse el uso de partidas presupuestales sin comprometer, que podrían ser jurídicamente compatibles y reorientar parte de esos recursos a la atención inmediata y conjurar los efectos de la emergencia”, dijo Gutiérrez.Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, insistió en la urgencia de atender la emergencia en todos los departamentos afectados tanto por parte del Gobierno como por el apoyo de diferentes sectores que hoy están gestionando donaciones y otro tipo de ayudas.“Para eso estamos en este momento con varias campañas de donaciones en recursos y en especie que estamos canalizando a través de los bancos de alimentos para que le puedan llegar a las personas en el territorio lo antes posible”, dijo el líder gremial.Sobre la medida de emergencia económica que podría incluir un impuesto al patrimonio, Bruce Mac Master dijo que era antitécnica.“Esto en última significa que vamos a generar impuestos también a la generación de empleo. Son impuestos que terminan afectando a los trabajadores y a las familias colombianas. Pues bien, el Estado tiene otras herramientas que debería utilizar”, dijo Bruce Mac Master coincidiendo con Natalia Gutiérrez.Por ahora, el presidente Gustavo Petro descartó la petición de los gobernadores de usar los recursos de regalías hoy sin ejecutar y su Gobierno prepara los nuevos decretos que aclararan cuáles serían los nuevos impuestos.
En la Biblioteca Virgilio Barco, quedó instalada la pieza Umbral, del artista colombiano Carlos Castro Arias, seleccionada en 2025 en el marco de la Bienal Internacional de Arte y Ciudad BOG25.El monumento está compuesto por más de 50 barras metálicas en las que fueron grabados los nombres cuerpo médico y al personal de salud que perdió la vida durante el COVID-19. Sobre la estructura descansa un bloque de bronce que, según su autor, representa la carga física y emocional que asumió el sector salud durante la crisis.“Estas barras conforman una gran cruz roja y esta cruz roja está sosteniendo un bloque de piedra de más de 3 toneladas. Entonces me parecía interesante ver cómo este esfuerzo colectivo, estas paticas individuales podían lograr soportar ese gran peso”, explicó Castro durante el acto de inauguración.De acuerdo con cifras de la Academia Nacional de Medicina, 460 integrantes del sector salud murieron en el país, 130 de ellos en Bogotá, y cerca de 100.000 resultaron contagiados.Para Wilson Cubides, director ejecutivo de la Liga Colombiana contra el Cáncer, la obra representa un reconocimiento amplio al sector. “Es un homenaje a todo el personal del sector salud que trabajó y que incluso brindó su vida por defender y por salvar vidas durante la pandemia, no solamente en contra del coronavirus, sino también contra todas las enfermedades, incluyendo el cáncer”.La entrega del monumento se realizó en un acto de memoria y gratitud impulsado por la Academia Nacional de Medicina y la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el apoyo de diversas entidades públicas y privadas.El secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo, señaló que el monumento busca convertir el espacio público en un lugar de memoria colectiva. “La pandemia fue una cicatriz, una herida profunda. Lo que hicieron los médicos fue sanar esa cicatriz y lo que hace el monumento umbral que hoy instalamos aquí en este polígono de la Biblioteca Virgilio Barco es tejer, es hacer esa costura para cicatrizar ese dolor y proyectarnos hacia el futuro y recordarnos que cuando somos capaces de trabajar en equipo, cuando nos unimos en medio de las dificultades, somos capaces de superar cualquier dificultad”, afirmó.Por su parte, el secretario de Salud, Gerson Bermont, describió la conmemoración como un acto atravesado por sentimientos encontrados. “Es una conmemoración que tiene dobles sentimientos, sentimiento de alegría de ver a todos los que lucharon durante el COVID el día de hoy. (…) y un sentimiento de tristeza porque trae muchísimos recuerdos, los que tuvimos que manejar la pandemia, los que estuvimos al frente de esto, pues nos trae sentimientos encontrados de saber lo que sufrimos en ese momento”, dijo, y agregó que el monumento también debe servir como recordatorio de la necesidad de fortalecer el sistema de salud ante futuras emergencias.Durante la ceremonia, el alcalde Carlos Fernando Galán envió un mensaje a las familias de las víctimas: “Hoy con este monumento la ciudad les dice con orgullo que no los olvidará nunca; a las familias de estos heroicos servidores, toda nuestra solidaridad y todo nuestro afecto”.
El Fondo para la Reparación a las Víctimas, que hace parte de la Unidad de Víctimas, llegó a Puerto Boyacá para realizar una inspección a los 73 inmuebles que administra en esa zona del país. La inspección se realizó ya que solo había registro de nueve bienes que tuvieran contrato de arrendamiento y había indicios de anomalías en algunos otros."Ante este panorama, rastreó qué predios estaban siendo mal utilizados y encontró cerca de 50 casos. Gracias al diálogo directo con la gente y la pedagogía desarrolladas durante la inspección, el Fondo recuperó 30 predios que se encontraban con ocupaciones irregulares y subarriendos no permitidos, entre otras actividades", señaló la entidad en un comunicado.En algunos casos se llevaron a cabo procesos de formalización de los inmuebles con los ocupantes y de esta manera se lograron oficializar contratos de arrendamiento, por otro lado también se hizo una revisión de los cánones de arrendamiento pues presentaban valores inferiores y tuvieron que ser regulados, con los recursos que se empiecen a recibir con el arriendo de estos bienes se avanzará hacia la indemnización de las víctimas del paramilitarismo."El fondo recuperó $84.134.719 millones por medio de acuerdos de pagos concertados con quienes debían arriendos de años atrás, monto que se cobrará por una única vez. De igual forma, la dependencia de la Unidad para las Víctimas proyecta que empezará a percibir una proyección de 36 millones mensuales a través de los arriendos vigentes y las nuevas formalizaciones logradas en Puerto Boyacá", señaló la Unidad de Víctimas.Le puede interesar
Hasta el momento en el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, la investigación de los falsos positivos se ha hecho priorizando algunas zonas del país, como Dabeiba, el Catatumbo, Meta, la costa Caribe y Huila, entre otros.En estas zonas del país, la JEP ha encontrado algunos patrones en las ejecuciones extrajudiciales; es decir que, por ejemplo, los casos de falsos positivos registrados en en una zona del país contaron con los mismos incentivos de los comandantes en otra región del país y por eso ahora la justicia transicional quiere investigar hasta qué punto hubo información y responsabilidad en estos casos.Para esto los magistrados que investigan estos casos llamarán a partir del próximo año a militares que hicieron parte de los comandos conjuntos y el Comando General del Ejército, entre los años 2005 y 2008.Sin embargo, también podrán ser llamados, como testigos, funcionarios del gobierno de ese entonces, según explicó la magistrada Catalina Díaz.“¿Los expresidentes Uribe y Santos, eventualmente, podrían ser llamados como testigos?”, fue la pregunta a la magistrada.“La respuesta es que sí, claro que sí, cualquier juez de la República puede llamar a personas como testigos, es importante anotar que la JEP no tiene competencia para investigarlos como presuntos responsables”, señaló la magistrada Díaz.En el mismo sentido el magistrado Óscar Parra explicó que por interés de la investigación la idea es llamar a varios militares que estuvieron en los comandos conjuntos y el Comando General, pero esto dependerá del avance de las investigaciones.Le puede interesar
El Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de la antigua guerrilla de las Farc anunciaron este sábado que llegaron a un acuerdo para instalar una mesa de negociaciones de paz."En la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz, las partes discutirán y aprobarán el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional", señaló el comunicado conjunto divulgado por las partes.El nuevo plan de trabajo incluye también la metodología y la agenda de paz que se pondrá en marcha, así como la creación de un mecanismo que se encargará de la construcción de confianza y la resolución de las tensiones entre las partes. El Gobierno anunció el miércoles a los doce integrantes de su equipo negociador que estará liderado por el exministro y reconocido investigador Camilo González Posso.En la Resolución 205 del 11 de julio de 2023 se designó a González Posso, quien fue ministro de Salud y actualmente lidera la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), como "coordinador de los representantes del Gobierno nacional".Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFGonzález Posso habló en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, sobre la hoja de ruta en lo que serán estos diálogos con la principal disidencia de las antiguas Farc encabezadas por alias ‘Iván Mordisco’ y lo que el país puede esperar con este proceso..“Lo ideal es que se avance en esta senda de buscar un acuerdo definitivo de paz, que es lo que dice la Resolución y el mandato constitucional. De manera inmediata hay tareas prácticas que nos llaman a retomar un camino ya recorrido con algunas experiencias, como el cese al fuego que inició el 1 de enero de este año y que tuvo algunos tropiezos para copiar algunos elementos y el funcionamiento del equipo en el que hay que destacar a personas que han estado vinculadas con la Policía, lo mismo que académicos y políticos”, indicó.González Posso mencionó que no es fácil un proceso de esta magnitud, que no es algo que se logre de manera automática, pero lo que sí debe haber es voluntad de las partes.“Las normas de la justicia transicional no son de impunidad… La paz es de interés de todos. Alrededor de la paz tiene que haber unidad nacional, acuerdo de todos y esfuerzo de todos”, mencionó.Finalmente, el jefe negociador del Gobierno resaltó que en algún momento se definirá si hay mecanismos de participación, pero enfatizó en que este proceso es de diálogo y una solución negociada bilateral, lo que significa que es entre las partes.“Es decir no es un Congreso de la República, no es una Asamblea Constituyente, no es una asamblea popular, no es la democracia directa llevada a un territorio, no. Se trata de partes que, por supuesto, entregan intereses, que reclaman vocería, pero no podemos decir que habrá presencia de un conjunto de la sociedad, creo que no podemos crear una imagen de que se necesita un proceso de multitudes”, profundizó.Escuche la entrevista completa acá:
Los equipos negociadores del Gobierno nacional y el ELN firmaron los protocolos y documentos técnicos que desarrollan el cese al fuego y el proceso de participación social, luego de los acuerdos a los que se llegaron en junio del 2023.En la mañana del sábado, 15 de julio, mediante un trino, la delegación ELN publicó un trino en el que aseguran que se acordaron nueve protocolos para el cumplimiento del cese al fuego. Así como el reglamento y Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación.Esta firma de los acuerdos es el resultado de los contactos que han mantenido los negociadores de ambas partes desde el pasado 20 de junio, en dos mesas paralelas, una en La Habana y otra Bogotá, para detallar los acuerdos de Cuba, firmados el 9 de junio al final del tercer ciclo de diálogos.Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznFEn el comunicado, las partes indicaron cuál es el rol de la mesa de diálogos, de la Iglesia y de los verificadores, al igual que la evaluación y pedagogía del acuerdo y la seguridad del ELN, entre otros."Adoptamos el Reglamento Operativo y Plan de Trabajo del Comité Nacional de la Participación. Además, definimos como nueva fecha de instalación del Comité el próximo 3 de agosto en Bogotá. Ese mismo día entrará en vigencia, de manera plena, el cese al fuego bilateral, nacional y temporal por 180 días", se leyó en el comunicado.Asimismo, aseguraron que el cumplimiento cabal de los compromisos asumidos en el acuerdo de cese al fuego bilateral y de participación para la construcción de la paz, es "un aporte concreto a la realización del proceso electoral que culminará con las votaciones territoriales el día 29 de octubre de 2023 y su correspondiente escrutinio”.Desde el próximo 14 de agosto y hasta el 4 de septiembre está previsto que se desarrolle el cuarto ciclo de diálogos de paz entre el ELN y el Gobierno, el cual se efectuará en Venezuela.Por su parte, la delegación del Gobierno publicó, también en Twitter, el comunicado conjunto que hace oficial los protocolos del cese al fuego bilateral.Le puede interesar:
Los equipos negociadores del Gobierno de Colombia y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) firman este viernes los 13 protocolos y documentos técnicos que desarrollan el cese al fuego y el proceso de participación social.Según informaron a EFE fuentes de la negociación, los nueve protocolos del cese al fuego nacional, bilateral y temporal ya se firmaron y en las próximas horas se van a suscribir también los cuatro documentos técnicos que articulan la participación, dos elementos clave para hacer avanzar el proceso de paz.El negociador del Gobierno colombiano Horacio Guerrero, a cargo de la mesa del cese al fuego, aseguró a EFE que el paso de esta jornada es un "avance fundamental" en la negociación, que ha avanzado como nunca antes con el ELN.Esta firma es el resultado de los contactos que han mantenido los negociadores de ambas partes desde el 20 de junio pasado en dos mesas paralelas -en La Habana y Bogotá- para detallar la letra pequeña de los acuerdos de Cuba, firmados el 9 de junio al final del tercer ciclo de diálogos.La cita en La Habana para la firma de los protocolos comenzó el pasado lunes y estaba prevista en un primer momento hasta el lunes próximo, pero los trabajos se adelantaron y pudieron concluirse este viernes, según las partes.Está previsto que el Gobierno de Colombia y el ELN emitan a lo largo del día un comunicado conjunto dando cuenta del alistamiento de los protocolos.Los protocolos son necesarios para que el próximo 3 de agosto pueda implementarse de verdad sobre el terreno el cese al fuego -incluida la misión de monitoreo y verificación- y para que eche a rodar el Comité Nacional de Participación, el organismo que debe vehicular la aportación sociedad civil al fin del conflicto.La reunión presencial en La Habana no es un ciclo de diálogos en sí mismo. Tras el tercer ciclo, que sesionó en Cuba, está previsto que la negociación se retome el 14 de agosto, con el inicio del cuarto ciclo, de nuevo en Venezuela (donde ya tuvo lugar el primero, en noviembre pasado).Entre tanto y como también se había acordado, las dos partes decretaron un cese de las acciones ofensivas vigente desde este 6 de julio, un paso previo hacia el "cese al fuego bilateral, nacional y temporal" por 180 días.La semana pasada el Comando Central (Coce) del ELN ordenó a todas sus estructuras "cesar todas las acciones militares ofensivas contra las Fuerzas Militares y de Policía en todo el territorio nacional" y el presidente colombiano, Gustavo Petro, firmó un decreto en términos similares. Le puede interesar
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.