El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos."No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación."Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo.Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos.El mismo periódico apuntó que parece ser una lancha motora Pro-Line de unos siete metros, construida en 1981 y utilizada habitualmente como un barco pesquero con una capacidad de unos diez tripulantes.El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un bloqueo petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación."La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva."Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.
La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4944 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, entregando una nueva oportunidad de ganar premios millonarios a miles de jugadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas del país.Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4944El número ganador del premio mayor fue: 8560 de la serie 213. El afortunado ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta jornada. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite participar por importantes sumas de dinero y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en la región.Resultados completos de los premios secos – sorteo 4944A continuación, el listado detallado de los premios secos para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:Gana Siempre sin SerieNúmero: 43992 secos de $300 millones4772 – Serie 072 – Villavicencio2275 – Serie 294 – Neiva3 secos de $200 millones0508 – Serie 2173830 – Serie 1307350 – Serie 0975 secos de $100 millones1728 – Serie 2239588 – Serie 1723024 – Serie 1796699 – Serie 0731118 – Serie 08010 secos de $80 millones8383 – Serie 1640156 – Serie 1086885 – Serie 3242018 – Serie 2702447 – Serie 0673893 – Serie 1595954 – Serie 2253861 – Serie 3236826 – Serie 3395914 – Serie 16110 secos de $60 millones9639 – Serie 2550192 – Serie 1513519 – Serie 1884724 – Serie 1909579 – Serie 0586617 – Serie 2076552 – Serie 3378317 – Serie 2665109 – Serie 2980440 – Serie 20210 secos de $50 millones6679 – Serie 0270227 - Serie 272 7568 - Serie 0137275 – Serie 0521405 – Serie 3397728 – Serie 0559164 – Serie 2910955 – Serie 1735744 – Serie 1853035 – Serie 30410 secos de $40 millones5722 – Serie 1451962 – Serie 1822425 – Serie 3013092 – Serie 2424453 – Serie 1077691 – Serie 3282613 – Serie 1215016 – Serie 0037350 – Serie 0748380 – Serie 241Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4944 publicada por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. Si el miércoles coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese plazo, el derecho prescribe.Documentos necesarios:Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Cédula de ciudadanía original.Copia ampliada al 150% de la cédula.Certificado del RUT (obligatorio especialmente para premios mayores, debido a las retenciones tributarias).Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que, semana tras semana, prueban su suerte con la ilusión de cambiar su historia.
La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia.La decisión se conoció luego de que el banco informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna como parte de un proceso —según explicó— necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de la actualización tecnológica de su plataforma.A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad financiera señaló que, mientras se adelantan los ajustes, los usuarios podrán realizar algunas operaciones específicas. Entre ellas, transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco mediante la aplicación Mi Bancolombia, retiros en cajeros electrónicos y pagos con tarjetas débito —físicas o virtuales— y de crédito.En compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para valores superiores, los clientes deberán insertar el chip en los datáfonos.No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos están el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE.El banco también advirtió que los movimientos con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”. Asimismo, aclaró que el saldo total reflejará la suma de la cuenta más los bolsillos; sin embargo, para pagos con débito o retiros en cajeros, el saldo disponible no incluirá esos recursos.La Superintendencia indicó que hará seguimiento a la situación e informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios, mientras recibe y gestiona las reclamaciones de los usuarios a través del canal habilitado.
El próximo 8 de marzo, junto con las elecciones al Senado y la Cámara de Representantes, Colombia celebrará tres consultas interpartidistas para definir candidaturas presidenciales de la derecha, el centro y la izquierda. De acuerdo con la más reciente encuesta de Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol, los resultados anticipan un panorama con claras ventajas en cada bloque político.Consulta de la derecha: Paloma Valencia lidera con amplia ventajaEn la denominada “Gran consulta por Colombia”, que agrupa a nueve aspirantes, la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, encabeza la intención de voto con el 41,6 %.En segundo lugar aparece Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, con el 12,2 %, seguido por el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo, quien registra 10,4 %.La medición muestra una ventaja considerable de Valencia frente a sus competidores, consolidándola como favorita para quedarse con el aval de ese sector político en la carrera presidencial.Consulta del centro: Claudia López sin rivalEn la consulta del centro solo se inscribieron dos candidatos. Según el sondeo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López concentra el 92,9 % de la intención de voto, mientras que Leonardo Huerta alcanza el 7,1 %.Las cifras reflejan un dominio prácticamente absoluto de López en este bloque, lo que la perfila como la virtual ganadora de la consulta centrista.Consulta de la izquierda: Daniel Quintero sorprendeEn la consulta del llamado “Frente por la Vida”, donde participan cinco aspirantes y de la cual el Consejo Nacional Electoral excluyó a Iván Cepeda por un tecnicismo jurídico, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle lidera con el 68,1 % de la intención de voto.El resultado representa una sorpresa política, ya que el exsenador Roy Barreras, quien ha recibido en semanas recientes importantes respaldos de dirigentes y sindicatos, obtiene el 23 % del apoyo entre los electores de izquierda.Participación y contexto electoralLa encuesta también señala que una parte significativa del electorado aún no define si solicitará el tarjetón de las consultas interpartidistas, un factor que podría incidir en los resultados finales.Las consultas del 8 de marzo serán determinantes para configurar el tablero de la primera vuelta presidencial, pues los ganadores de cada bloque se sumarán a otros candidatos que competirán directamente por la Casa de Nariño.Con estos resultados, el escenario electoral empieza a tomar forma, aunque la dinámica política de las próximas semanas podría modificar las tendencias registradas por Invamer.
"Este nuevo respaldo de la UE para nosotros es una señal de confianza que nos anima a seguir adelante en esta nueva etapa, que nos va a comprometer más en nuestro empeño, voluntad y capacidad de coordinación", indicó Santos en la ceremonia de firma del fondo. Para el presidente de Colombia, "el apoyo de la UE y sus países ha sido determinante, definitivo". "Para Colombia es maravilloso; para la región, es el último conflicto armado que termina. Ahora comienza la construcción de la paz, que va a ser difícil y dura, pero tenemos que perseverar para lograrla", concluyó. El acuerdo constitutivo de ese fondo lo firmaron el ministro de Cooperación Internacional y Desarrollo, Neven Mimica, y el director general de Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, junto a representantes de los 19 Estados miembros que contribuyen a él, en presencia de la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, y de Santos. El presidente, que llegó a Bruselas procedente de Oslo donde el sábado recogió el premio Nobel de la Paz, participó antes de la ceremonia en una sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE. Mogherini rindió en su intervención "un tributo a todos los colombianos que han luchado por la paz" y le dijo a Santos que "un acuerdo de paz no se hubiera conseguido sin usted". "Conozco de primera mano los esfuerzos que han llevado a cabo", señaló, y valoro la "gran dedicación" mostrada por los equipos negociadores del Gobierno colombiano y las Farc, así como de los representantes de la sociedad civil para lograr "un acuerdo más inclusivo". El fondo se nutre principalmente de aportaciones de la Comisión Europea, que ha ofrecido 72 millones de euros (76 millones de dólares), pero también de las contribuciones de hasta 19 Estados miembros, que por el momento han concedido 23 millones de euros (24 millones de dólares), según fuentes comunitarias. España, con una aportación de tres millones de euros (3,1 millones de dólares), participa junto a Francia, Croacia, la República Checa, Chipre, Alemania, Hungría, Italia, Irlanda, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Portugal, Suecia, el Reino Unido, Eslovaquia y Eslovenia. El fondo se centrará fundamentalmente en proyectos que fomenten el desarrollo rural. Éste será sólo una parte del apoyo financiero que la UE ha preparado para respaldar a Colombia en la nueva era sin el conflicto con la Farc. En total, la Unión ha previsto cerca de 600 millones de euros (634 millones de dólares) para ese país a través de medidas a corto y medio plazo en forma de préstamos, asistencia técnica y subvenciones.
El presidente Juan Manuel Santos donó al Museo Nobel de Estocolmo la insignia con una paloma de la paz que ha lucido durante el proceso de negociación con las Farc y el "balígrafo" con el que firmó los principales acuerdos. Santos, que visitó Suecia tras recibir hace dos días el Nobel de la Paz en Oslo por sus esfuerzos para acabar con el conflicto armado en su país, entregó esos dos objetos al primer ministro sueco, Stefan Löfven, durante una reunión entre ambos, informó la Presidencia de la República de Colombia. El "balígrafo", un bolígrafo hecho con proyectiles de fusil, fue usado por el mandatario colombiano para suscribir los acuerdos con las Farc, entre ellos el pacto firmado el mes pasado en el Teatro Colón de Bogotá, que fue aprobado días después por las dos cámaras. La insignia donada es una de las dos con ese símbolo que Santos ha lucido durante el proceso de paz y es la que llevó el pasado fin de semana en Oslo con motivo de la entrega del Nobel -la otra se la entregó al jefe de la guerrilla, Rodrigo Londoño Echeverri, en la firma en Cartagena del primer acuerdo-. Santos viajó a Estocolmo desde Oslo para mantener varias reuniones políticas dentro del programa del Nobel de la Paz, incluida una audiencia con el rey Carlos XVI Gustavo, una conferencia en un seminario en el Parlamento sueco y una entrevista con Stefan Löfven. Aunque los actos centrales del premio de la Paz -que se otorga y entrega en Noruega por deseo expreso de Alfred Nobel, creador de los centenarios galardones- se desarrollan en Oslo y no en Estocolmo, es tradición que los premiados vayan luego a la capital de Suecia para reunirse con las principales autoridades de ese país. Finalizado su programa en Estocolmo, Santos siguió viaje a Bruselas para firmar el acuerdo que creará el fondo fiduciario de la Unión Europea (UE) para el posconflicto colombiano. Desde ahí continuará viaje unas horas después a Madrid, siguiente punto de una gira europea que durará cinco días más e incluirá también Italia y El Vaticano.
Mariano Aguirre, coordinador del programa del Centro Noruego de Resolución de Conflictos calificó de sencillamente absurda la tesis de algunos sectores de que el presidente Juan Manuel Santos compró el Premio Nobel de Paz. “Eso es absurdo, no tiene ninguna base real. El Comité Nobel es un grupo de personas notables de Noruega, con una larguísima tradición, totalmente independiente del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores”, dijo. En ese sentido, Aguirre argumentó que siendo Noruega uno de los países más ricos del mundo no tiene necesidad de entrar en negocios “subterráneos” para otorgar un Nobel. “Es una jugada política, es simplemente una mentira que se lanza para ver qué efecto tiene en la sociedad colombiana”, manifestó.
"El hecho de que hayamos logrado firmar un acuerdo nos da la plena certeza de que estamos empezando a crear las condiciones para sentar las bases de una paz duradera y perdurable en una Colombia que lo está pidiendo a gritos", indica en una entrevista difundida por la cadena francesa "France 24". El representante de las Farc aseguró que su movimiento siempre ha aspirado a la paz y no va a escatimar esfuerzos para conquistarla, especialmente ahora que se han dado unas "condiciones excepcionales" para permitirlo. El acuerdo definitivo de paz entre el Gobierno y las Farc se firmó el pasado 24 de noviembre al término de cuatro años de negociaciones en La Habana y después de que un primer texto alcanzado el 26 de septiembre fuera rechazado en las urnas el 2 de octubre. "Hay unos tiempos establecidos, dinámicas legislativas y un cronograma. Confío en que ese cronograma se va a cumplir. Mientras ninguna de las partes abandone la voluntad de hacer realidad lo acordado estoy seguro de que lo conseguiremos", dijo.
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.