En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Este jueves el gobierno ecuatoriano anunció el aumento de la 'tasa de seguridad' a productos colombianos desde el primero de marzo lo que implica que los aranceles pasarán del 30% al 50%.El anuncio se da en medio de una tensión comercial y diplomática que se ha extendido por semanas. Todo inició con el anuncio a finales de enero de una tasa de seguridad de Ecuador a Colombia del 30% para la importación de sus productos en protesta por la falta de seguridad de sus fronteras. En respuesta Colombia decretó desde el 20 de febrero aranceles recíprocos del 30% a unos 73 productos ecuatorianos.Blu Radio habló sobre esta conyuntura con el presidente de Camecol (Cámara Ecuatoriano Colombiana de Industria y Comercio) sobre esta coyuntura.¿Cómo interpretar el anuncio?Es algo que obviamente nosotros no estábamos esperando desde el punto de vista, no del arancel, porque el arancel ya está vigente desde el primero de febrero. Lo que no estábamos esperando y lastimosamente sucedió es que se vea incrementado del 30 al 50%. Es decir, la afectación en la que estamos viviendo ahora por este arancel no hace más que profundizar el hueco o el abismo o el detalle o el espacio entre Ecuador y Colombia.Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que existen muchos sectores que yo no puedo mandar ahorita el detalle en proporción a su afectación, que obviamente ya estaban evaluando la continuidad de su operación o la continuidad de esta importación de productos desde Colombia, tomando en cuenta que al subir un arancel del 30% prácticamente ya se encontraban fuera de mercado y por ende sus líneas de operación cerradas. Ahora al incrementar esos aranceles a 50% lo único que se ha hecho es ratificar lo sucedido.Algunos probablemente ya ni siquiera les afecte más porque afectados del todo ya estaban.¿Es este el fin de la relación comercial entre Ecuador y Colombia?Una relación comercial entre Ecuador y Colombia es natural y va a seguir persistiendo. Lo que básicamente estamos esperando ahora es que a medida que esto sigue apretándose, llamémosle así el término, esperemos que lo siguiente que suceda ahora es que realmente el Ecuador se siente a conversar con Colombia, con Ecuador.Principalmente que se pueda llegar a un planteamiento en el cual sobre la base de los requerimientos de Ecuador, requerimientos de seguridad que son inminentes, el gobierno colombiano también pueda plantear sobre la mesa en blanco y negro cuáles son las alternativas y los cumplimientos en relación a los requerimientos de Ecuador. Yo estoy convencido de que son válidos.Que Colombia se siente y se comprometa realmente a cumplirlos, pero no a decir los voy a cumplir nada más, sino que con un calendario, con un schedule, con una agenda, realmente se pueda definir qué es y en qué fecha y con qué recursos van a cumplir los temas requeridos por el Ecuador.¿Quién pierde más aquí, Ecuador o Colombia?No lo veamos así, mi querida amiga, no es un tema de quien pierde más. Aquí yo le corto un pie, usted me corta una mano. Aquí el daño que se está generando entre las dos economías, entre los dos mercados.Lo que sé es que los defectos multiplicadores que son geométricos más que aritméticos son el hecho de que a lo mejor yo compro los 1.000 millones solamente y ustedes me compran 2.000. Estos 1.000 millones lo que sustancialmente ocasionan es nuevas fuentes de trabajo, productos, porque nosotros de Ecuador compramos del 60% de las compras que hacemos a Colombia es materia prima. Esta materia prima nos sirve para generar producto determinado, el mismo que tiene un nivel X de trabajos, tiene un nivel X de pago de impuestos, un nivel diferenciador en el movimiento de la economía. O sea, los dos mercados perdemos.Si quiere verle por montos de transaccionalidad, podría pensarse equivocamente, solamente por proporcionalidad, que el que más vende más pierde, porque va a dejar de vender en teoría, y el que menos compra menos pierde. Pero la verdad, nosotros no lo estamos viendo así. Yo he tenido conversaciones también con nuestro contraparte en Colombia y obviamente se encuentran afectados. Yo podría utilizar hasta el término, atribuyéndomelo a mí, hasta un tanto molestos, sorprendidos, como usted quiera llamarles, pues la afectación es real y eso es lo más grave de todo.
En medio del avance de la obra de la primera línea del metro de Bogotá, TransMilenio anunció la apertura de una estación que, desde hace tiempo, los usuarios esperaban ver en operación en la localidad de Chapinero tras varios meses de espera.Y es que, a partir del 28 de febrero, se dará apertura a la estación temporal de Av. 39 sobre la Caracas, pero solamente del vagón 1. Sin embargo, una noticia que esperaban miles de usuarios que se movilizan a diario por este punto de la capital del país. Pronto se dará apertura al vagón 2 y 3, como parte del avance de la obra en la zona, esto mientras se termina de ajustar la estación final de Av. 39 en el sector, tal como sucedió durante varios meses en la calle 26.Esta sería la sexta estación temporal sobre el corredor de la avenida Caracas, sumándose a Marly, Calle 57, Calle 34, Calle 22 y Avenida Jiménez.Estas son las rutas que estarán disponiblesRuta 6Ruta 8Ruta A60 / F60Ruta B74 / J74Avanzan las obras del metro en BogotáA inicios de febrero de 2026, el Distrito confirmó un avance del 72 % en la obra con 10.650 metros de construcción. La Alcaldía se ha visto optimista sobre el avance de este proyecto, además de la ilusión de dejar los papeles listos para la segunda línea en esta administración para que pueda ser ejecutada más adelante.“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, aseguró el alcalde de Bogotá. Incluso, ya hay seis trenes en circulación de pruebas para tener todo el listo el día en que se haga apertura oficial a este medio de transporte que beneficiará a millones de ciudadanos.
Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador creció este 26 de febrero luego de que el Gobierno Noboa anunciara un incremento en los aranceles a Colombia del 30 % al 50 %. En el marco de esta difícil coyuntura comercial, el sector empresarial de Colombia y Ecuador encendió las alarmas frente a la escalada de medidas comerciales adoptadas en el marco de la relación bilateral y pidió priorizar el diálogo para evitar mayores afectaciones económicas.La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestaron su “profunda preocupación” por las decisiones adoptadas recientemente, al considerar que ya se están reflejando efectos en los flujos comerciales y en distintos sectores productivos.Si bien reconocieron que la seguridad en las zonas de frontera es un tema relevante que requiere cooperación constante entre los Estados, insistieron en que la estabilidad económica y la integración productiva deben preservarse como pilares fundamentales para el bienestar de ambos países.Los gremios advirtieron que incrementos arancelarios adicionales podrían agravar la situación, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, además de afectar a consumidores y economías locales.“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias, hacemos un llamado a privilegiar el diálogo técnico e institucional como mecanismo para encauzar la coyuntura”, señalaron en el comunicado.En esa misma línea, se ofrecieron como un estilo de "garantes" para contribuir desde el ámbito técnico y productivo a la construcción de soluciones que beneficien a ambos países y preserven una relación comercial que calificaron como histórica, estratégica y mutuamente beneficiosa.Comunidad Andina hace un llamado al diálogoLa preocupación también fue compartida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que emitieron un comunicado conjunto alertando que las medidas adoptadas por Colombia y Ecuador afectan seriamente el proceso de integración regional.En el documento, hicieron un llamado urgente a los presidentes de ambos países para alcanzar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio en el marco de la Comunidad Andina y de los compromisos internacionales vigentes.Además, resaltaron la importancia de mantener la coordinación binacional para enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional, sin que ello implique debilitar el proceso de integración ni el tejido socioeconómico de la región.Con este pronunciamiento, el sector empresarial y las organizaciones andinas buscan frenar una escalada que podría profundizar tensiones comerciales y afectar la estabilidad económica en ambos lados de la frontera.
El plazo de 180 días para la desmovilización de la guerrilla de las Farc comienza este jueves, según dijo el presidente Juan Manuel Santos. "Mañana comienza el Día D, ¿eso qué quiere decir? Que en 5 días comienza el traslado de todos los miembros de las Farc a las zonas veredales de transición”, explicó el primer mandatario durante una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova. Santos y el máximo jefe guerrillero, Rodrigo Londoño, alias "Timochenko", firmaron la semana pasada un nuevo acuerdo que incluye modificaciones respecto al que fue rechazado en un referéndum el 2 de octubre. El presidente agregó que antes de finalizar este año, el 30 de diciembre, todos los guerrilleros deben estar en estas zonas, elegidas para la concentración de subversivos antes de su desarme. El jefe de Estado enfatizó en que este jueves el conflicto con las Farc llegará a su fin y que en el día 150, a partir de mañana, el grupo guerrillero habrá entregado la totalidad de las armas.
Con 130 votos a favor y 0 en contra, y luego de 11 horas de debate, la Cámara de Representantes refrendó el nuevo acuerdo de paz y así quedó refrendado automáticamente el texto firmado por el Gobierno y las FARC el pasado jueves, pues este martes fue refrendado por el Senado con 75 votos a favor y cero en contra. Eso no quiere decir que ya el Gobierno y las Farc puedan respirar, falta lo más tedioso y largo que es la implementación de los proyectos de ley que componen el acuerdo, como el de amnistía. Sin embargo, el primer paso ya quedó superado. “Ustedes tienen la palabra" Una hora y media tarde empezó el debate en Plenaria de la Cámara de Representantes, para refrendar el acuerdo de paz. La última cita en el legislativo para iniciar con el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana. Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, inició diciéndole a los congresistas que entrará a la Constitución lo que ellos decidan en los debates de los proyectos de ley durante la implementación. Además, habló de su preocupación frente a la fragilidad, según él, del cese al fuego bilateral. “Esta situación actual del cese del fuego es frágil y no es un invento, es una realidad y en la medida que hay un preagrupamiento de las Farc, en estas condiciones no puede durar tanto tiempo en una situación de hibernación”, agregó. Frente al cese, de La Calle entregó cifras. Dijo que 1.200 vidas se han salvado desde cuándo este comenzó. También les comentó a los representantes a la Cámara que se incorporó el mayor número posible de cambios al anterior acuerdos tras a las reuniones con los voceros del No, y que las Farc aceptaron modificaciones. “No todo se logró porque hay que recordar que esto no era una rendición militar sino un acuerdo que implica concesiones de parte y parte. Por eso se oyó, literalmente, la voz del pueblo”, explicó el jefe negociador. De La Calle también cuestionó a los líderes de diferentes movimientos sociales y políticos que han sido asesinados en los recientes días, como los de Marcha Patriótica. Según él, eso se debe a la fragilidad en la que se encuentra el país a raíz de la no implementación del acuerdo. Acto seguido, Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, también se refirió a los cambios en el nuevo tratado de paz: “sobre la mayoría de los temas, nosotros decimos que lo logramos en el 95% de esos temas, por eso nos sorprende la actitud del Centro Democrático, porque si queremos asegurar que no pase, lo que sucedió hace 10 años, cuando se desmovilizaron unas milicias y autodefensas y no había pasado un día cuando ya estaban conformadas las Bacrim”, agregó Jaramillo. Los del No y la protesta en el recinto Por el No hablaron dos de sus principales promotores, Óscar Iván Zuluaga y Alejandro Órdoñez. El excandidato uribista dijo que el Centro Democrático siempre ha tenido la voluntad de paz y que por eso presentaron sus propuestas para que fueran tenidas en cuenta. “Nosotros le propusimos al Gobierno un Acuerdo Nacional con 3 aspectos principales para ser tenidos en cuenta: identificar acuerdos, precisar desacuerdos y hacer otra refrendación”, explicó. La intervención del exprocurador Alejandro Ordóñez fue interrumpida por una manifestación de algunos congresistas como Angélica Lozano, Víctor Correa y Alirio Uribe, que portaban una pancarta que decía “Ordóñez anulado por corrupto”. Los ánimos se subieron y al representante uribista, Federico Hoyos, le tocó mediar para que pudiera continuar la presentación del Ordóñez, que fue suspendida por cinco minutos. “La corrupción es el cáncer de Colombia y el exprocurador accedió a ese cargo comprando el puesto, con corrupción, por eso anularon su elección en el Consejo de Estado, por haber llegado con el tú me eliges, yo te elijo. Por eso dijimos, ¿a costa de qué viene un señor que fue anulada su elección a hablarnos de ética?”, dijo Lozano. El debate continuó, con presentaciones de estudiantes que apoyaron el Sí y el No, un representante de las iglesias cristinas y reconocidos promotores políticos por las dos alternativas que entregó el plebiscito, como la exministra Cecilia López. ¡‘Mamados’! Al término de esas intervención, entraron los voceros de cada partido y una de las más esperadas fue la del representante a la Cámara por el Partido Conservador, David Barguil, quien durante días ha manifestado su descontento con la refrendación vía Congreso del acuerdo de paz. Y con tribuna puesta, tribuna partida. El representante insistió en otro método de refrendación donde participen los colombianos: “Busquemos todos, partidos y sectores, Gobierno y oposición, los que estuvimos con el Sí y con el No, un mecanismo adicional para que los colombianos se puedan expresar. Ese mecanismo nos debe permitir enfrentar la polarización que hoy vivimos. Los colombianos están ‘mamados’ de la peleas de los políticos y quieren vernos defendiendo los intereses de los ciudadanos y pasar la página de la confrontación”, afirmó el representante. Y es que se han conocido disputas al interior del Partido Conservador, desde cuando el gobierno dio pistas que lo quería refrendar políticamente. Barguil insistió en que debería ser vía política. Otros parlamentarios godos como Telésforo Pedraza dijo que la vía debía ser la que propuso el Congreso. Cristianos con intereses En medio de su intervención, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, recordó que el Gobierno acogió la propuesta de los líderes cristianos acerca del enfoque de género y recordó que ese concepto está en decisiones de la procuraduría de Alejandro Ordóñez. Dijo, además, que a pesar de ese cambio algunos líderes cristianos se mantuvieron en que su postura negativa, quizás, por otros intereses. “Nos pidieron precisar la definición de bloque de género, algo absolutamente esencial en la solución del conflicto en Colombia, y es que la mujer colombiana y la mujer víctima de conflicto tuviera un privilegio en acceso a los beneficios del acuerdo, y así quedó definido en el acuerdo final, para que no quedara ninguna duda que se quería meter dizque encriptado en el acuerdo, el concepto de ideología de género, que no aparecía por ningún lado y que se ratifica que no está en ninguna parte del acuerdo”, afirmó. Cuando los congresistas se preparaban para iniciar su intervención, el representante liberal, Jack Housni, propuso entrar a la votación de la proposición para la refrendación del acuerdo, pero fue negada. Al final, 110 representantes intervinieron para dejar claras sus posturas, incluyendo el Centro Democrático, que a propósito abandonó el recinto antes de iniciar la votación. Quedó, así, todo listo para leer la ponencia de la refrendación. El encargado fue el representante por el partido de La U, Hernán Penagos. Su discurso fue acompañado por luces de vela que tenían en sus manos los 130 representantes que estaban en el recinto; esto como símbolo de apoyo a las víctimas del conflicto. “Las últimas víctimas”, exclamaron algunos legisladores. Al final la votación fue de 130 votos a favor de la refrendación, contra 0 en contra. Lo que significa que el acuerdo de paz quedó refrendado para iniciar su implementación. A su salida, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el nuevo acuerdo de paz se empezará a implementar en el Congreso de la República “bien sea por fast track o por vía ordinaria dependiendo de la decisión de la Corte”. Aseguró, también, que en 150 días las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas. Ley de amnistía, próximo paso El ministro indicó que a más tardar el próximo lunes será presentado el proyecto de amnistía "para darle seguridad jurídica al proceso", y le segará el de justicia penal especializada, así como el proyecto que permitirá la transición de las Farc a partido político y la creación de la unidad de búsqueda de desaparecidos, entre otros. Todo esto en medio de la expectativa por la votación de la ponencia de la magistrada de la Corte Constitucional, María Victoria Calle, que decidirá si deja vivo o no el fast track para la rápida implementación del acuerdo de paz.
Este viernes 2 de diciembre a las 9:00 de la mañana en Quibdó se llevará a cabo una marcha por la libertad del excongresista Odín Sánchez, quien se encuentra en poder de la guerrilla del ELN desde el pasado mes de abril cuando se intercambió con su hermano Patrocinio Sánchez. Astrid Sánchez dijo a BLU Radio que es importante que tanto el Gobierno como el ELN lleguen a un acuerdo para que su ser querido y otros secuestrados puedan lograr la libertad. "Que no dilaten más para que estas personas puedan pasar su navidad con toda su familia", dijo Astrid hermana del dirigente político que pidió una paz para todos los colombianos. Cabe recordar que el Gobierno Nacional confirmó que se suspenden temporalmente las conversaciones con la guerrilla del ELN para definir la instalación de la mesa pública hasta el próximo 10 de enero de 2017 y que en el transcurso de ese tiempo sea liberado Odín Sánchez. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El alto comisionado para la paz confirmó que el jueves inicia el Día D después de la refrendación de los acuerdos de paz y agradeció el apoyo del congreso en la rapidez de esta refrendación. -El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, anunció que el viernes ya estarían terminada la revisión de propuestas e iniciativas sobre la Reforma Tributaria; el objetivo es presentar todo el articulado de la ley próximo lunes. Según el alto funcionario, hay mucho entendimiento con las partes. -Un millonario hallazgo de las autoridades en Norte de Santander; 920 millones de pesos fueron decomisados por la Policía. Los organismos de seguridad investigan a que grupo delincuencial o guerrillero pertenece el dinero.
La suspensión se da hasta el próximo 10 de enero de 2017, cuando se sabrá si se instalará la mesa pública de conversaciones. Según el comunicado de la delegación del Gobierno Nacional en los diálogos con el ELN, la decisión se tomó “tras varias semanas de trabajo en la búsqueda de soluciones a las razones por las cuales no se ha dado lugar a la instalación de la mesa formal”. “El Gobierno espera que, durante estas semanas, el ELN no sólo realice las consultas solicitadas, sino que, se produzca en el menor tiempo posible la liberación del señor Odín Sánchez para que esté al lado de su familia”, dice la misiva. Además, sobre el caso de los indultos a dos guerrilleros acordados el 6 de octubre en Caracas, explica que “serán objeto de este procedimiento deben cumplir estrictamente con las condiciones que dispone la ley vigente”. Finalmente, dice que agradece al Gobierno de Ecuador y los países garantes por el acompañamiento constante y apoyo.
Una hora y media tarde empezó el debate en Plenaria de la Cámara de Representantes para refrendar el acuerdo de paz. La última cita en el legislativo para iniciar con el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana. Humberto de La Calle, jefe negociador del Gobierno en La Habana, inició diciéndole a los congresistas que entrará a la Constitución lo que ellos decidan en los debates de las leyes durante la implementación, además, habló de su preocupación frente a la fragilidad, según él, del cese al fuego bilateral. “Esta situación actual del cese del fuego es frágil y no es un invento, es una realidad y en la medida que hay un preagrupamiento de las Farc, en estas condiciones no puede durar tanto tiempo en una situación de hibernación”, agregó. Frente al cese, de La Calle entregó cifras y dijo que 1.200 vidas se han salvado desde cuándo este comenzó. También le comentó a los representantes a la Cámara que se incorporó el mayor número posible de cambios al anterior acuerdo, tras las reuniones con los voceros del No, y agregó que las Farc aceptaron modificaciones. “No todo se logró porque hay que recordar que esto no era una rendición militar sino un acuerdo que implica concesiones de parte y parte. Por eso se oyó, literalmente, la voz del pueblo”, explicó el jefe negociador. De la Calle también cuestionó a los líderes de diferentes movimientos sociales y políticos que han sido asesinados en los recientes días, como los de Marcha Patriótica. Según él, eso se debe a la fragilidad en la que se encuentra el país a raíz de la no implementación del acuerdo. Acto seguido, Sergio Jaramillo, el alto comisionado para la paz, también se refirió a los cambios en el nuevo acuerdo. “Sobre la mayoría de los temas, nosotros decimos que lo logramos en el 95% de esos temas, por eso nos sorprende la actitud del Centro Democrático, porque si queremos asegurar que no pase lo que sucedió hace 10 años cuando se desmovilizaron unas milicias y autodefensas, y no había pasado un día cuando ya estaban conformadas las Bacrim”, agregó Jaramillo. Los del NO y la protesta en el recinto Por el NO hablaron dos de sus principales promotores, Óscar Iván Zuluaga y Alejandro Ordóñez. El excandidato uribista dijo que el Centro Democrático siempre ha tenido la voluntad de paz y que por eso presentaron sus propuestas para que fueran tenidas en cuenta. “Nosotros le propusimos al Gobierno un Acuerdo Nacional con 3 aspectos principales para ser tenidos en cuenta: identificar acuerdos, precisar desacuerdos y hacer otra refrendación”, explicó. La intervención del exprocurador Alejandro Ordóñez fue interrumpida por una manifestación de algunos congresistas como Angélica Lozano, Víctor Correa y Alirio Uribe, que portaban una pancarta que decía “Ordóñez anulado por corrupto”. Los ánimos se subieron y al representante uribista, Federico Hoyos, le tocó mediar para que pudiera continuar la presentación del Ordóñez, que fue sus pendida por cinco minutos. “La corrupción es el cáncer de Colombia y el exprocurador accedió a ese cargo comprando el puesto, con corrupción, por eso anularon su elección en el Consejo de Estado, por haber llegado con el tú me eliges, yo te elijo. Por eso dijimos, ¿a costa de qué viene un señor que fue anulada su elección a hablarnos de ética?”, dijo Lozano.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".