En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
En 2025, más de 40.000 personas llegaron al estadio Nemesio Camacho El Campín para disfrutar de un evento dedicado a Dios en estilo concierto, que, como cualquier evento, cuenta con toda una parrilla de artistas y show, el cual tendrá repetición en este 2026.Conectando Corazones es la respuesta a la profunda necesidad de sanidad interior que vive nuestra sociedad, pensando en la bendición de toda la familia, por ello la edad mínima de ingreso es desde los 6 años. Este movimiento ha sido diseñado para que cada asistente logre una conexión real con Dios, en un mismo espíritu, donde miles de personas se unirán para declarar bendición sobre sus familias, demostrando que la fe es la fuerza que une a Colombia y restaura todas las heridas del alma.Esta edición se llevará a cabo el 17 y 18 de abril en Medellín y Bogotá, en donde miles de asistentes podrán tener su espacio privado.Estos son los artistasAlex Campos: El anfitrión y voz de gratitud de nuestra tierra colombiana.Tercer Cielo: Por primera vez en este gran formato en Bogotá, trayendo un mensaje de amor y restauración familiar.Barak: Elevando una atmósfera de poder donde lo sobrenatural se hace presente.Redimi2: Con la fuerza de la palabra que transforma el corazón de las nuevas generaciones.Funky: Trayendo esperanza y testimonios de vida que impactan profundamente.Miel San Marcos: Guiando a la multitud en una alabanza de júbilo y victoria absoluta.Christine D’Clario: Liderando un encuentro íntimo con el Padre, donde la adoración profunda desata sanidad y libertad sobre cada alma.
Después de cinco días de ocurrido el accidente de tránsito en la vía Armenia-Pereira en la Autopista del Café, que dejó como resultado las muertes de Nicole Vargas (19 años), exparticapante de La Vos Kids, y su compañero William Paipa (46 años), este 26 de febrero el conductor se entregó a la Fiscalía General de la Nación.Detalles de la captura y el accidenteEste hombre llegó hasta la Fiscalía acompañado de su abogado, Juan Henao, quien dio detalles de lo sucedido y del accidente que, lamentablemente, le quitó la vida a estas dos personas, entre esas la joven Nicole Vargas, el pasado 21 de febrero. "Él se encontraba conduciendo su vehículo, cuando de repente en su panorámico observó como que se había roto. Él pensó que en ese momento le habían tirado algo, pues la vía es demasiado oscura y creyó que, como hay una modalidad de hurto donde le lanzan algo a los carros y pues las personas son obligadas a parar. Él lo que hace es que se orilla revisa sí hay algo atrás, no ve; es un hombre de una edad avanzada, y continúa su marcha", dijo el abogado sobre este hecho.Aseguró que este hombre no tiene redes sociales, pues es un hombre de tercera edad y, una vez se enteró de la noticia, buscó asesoría jurídica para poder acudir ante las autoridades para "ponerse al frente" de la situación, manteniendo el respeto pos las víctimas; asimismo, confirmó que la persona entregó el presunto vehículo involucrado en la tragedia.Recompensa y llamado a la justiciaAntes de la entrega, en redes sociales el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galviz, había ofrecido una recompensa por información que permitiera la captura del responsable de la muerte de ambas víctimas. "Anuncio una recompensa: hasta 10 millones de pesos, para quien entregue información que nos permita dar con el paradero de este irrespesponsable".Entre tanto, las familias de las víctimas realizaron esta noche una velatón en Circasia, Quindío, para exigir justicia.
Metallica anunció este miércoles 'Life Burns Faster', su primera residencia en la Sphere de Las Vegas, que comenzará el 1 de octubre, informó la banda a través de sus redes sociales.La residencia constará de ocho fechas los días 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre de 2026, y los boletos se ofrecerán en dos modalidades: paquetes para dos noches consecutivas dentro del mismo fin de semana, bajo el formato 'No Repeat Weekend', en el que cada concierto contará con un espectáculo distinto; y entradas individuales para una sola noche."La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.La banda ya ha puesto en práctica anteriormente el concepto de 'No Repeat Weekend', al ofrecer un espectáculo distinto en cada una de las dos noches que presenta en una misma ciudad.Con su gira 'M72', iniciada en 2023 y que concluirá en julio de este año, Metallica, fundada en 1981 en Los Ángeles, ha ofrecido dos conciertos por ciudad, con repertorios completamente diferentes en cada fecha.Lars Ulrich, cofundador y baterista de Metallica, aseguró que el concierto inaugural del recinto de Las Vegas en 2023 liderado por U2 fue una de las grandes inspiraciones para realizar el espectáculo."A los 12 segundos de la noche inaugural de Sphere con U2 en 2023, pensé: '¡Tenemos que hacerlo, es territorio completamente desconocido!'. Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra forma de interactuar con nuestros seguidores en directo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses, ¡y con muchísimas ganas de dar el siguiente paso!", apunta el comunicado.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de miles de jugadores en todo el país con su sorteo número 2835, realizado en la noche del jueves 19 de febrero de 2026. Con un atractivo plan de premios y múltiples categorías, esta edición dejó nuevos ganadores en diferentes regiones de Colombia y reafirmó su posición como una de las loterías más consultadas cada semana.Premio Mayor de $10.000 millonesEl gran ganador de la noche fue el número 5816 de la serie 073, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el protagonista del sorteo, marcando un momento especial para su afortunado poseedor y consolidando el atractivo de este tradicional juego de azar, que cada jueves genera expectativa en miles de hogares colombianos.Premios secos del sorteo 2835 de la Lotería de BogotáAdemás del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en distintas categorías, ampliando las oportunidades de ganar.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones3016 – Serie 1092 Premios Duendes de los Deseos – $500 millones6011 – Serie 1386064 – Serie 2813 Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones0341 – Serie 2664963 – Serie 3609349 – Serie 1536 Premios Alcancías de los Sueños – $50 millones2254 – Serie 0945528 – Serie 3629529 – Serie 4035258 – Serie 1219018 – Serie 3569583 – Serie 33010 Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0021 – Serie 4011244 – Serie 3585847 – Serie 2466590 – Serie 3926591 – Serie 4206662 – Serie 2558278 – Serie 1718419 – Serie 4468436 – Serie 1858954 – Serie 04430 Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0228 – Serie 2288000 – Serie 0676535 – Serie 0246005 – Serie 1734554 – Serie 0903608 – Serie 3131963 – Serie 3320354 – Serie 0518260 – Serie 0237456 – Serie 2186217 – Serie 0394951 – Serie 0553658 – Serie 1102275 – Serie 1560522 – Serie 0929072 – Serie 4327566 – Serie 1586386 – Serie 4514980 – Serie 4173937 – Serie 3152619 – Serie 1340890 – Serie 2339414 – Serie 4057942 – Serie 3766426 – Serie 2255960 – Serie 4594427 – Serie 2983168 – Serie 3381841 – Serie 1289460 – Serie 087Una tradición que respalda la salud en ColombiaCon más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá se mantiene como uno de los juegos de azar más tradicionales del país. Su plan de premios, la transmisión en vivo de los sorteos y la constante aparición de ganadores en distintos departamentos fortalecen la confianza de los jugadores semana tras semana.Además, parte de los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento del sistema de salud en Colombia, lo que refuerza su impacto social y su relevancia dentro del panorama de las loterías nacionales.Los resultados publicados corresponden a los números oficiales del sorteo 2835 del 26 de febrero de 2026. Se recomienda a los jugadores verificar sus billetes con los canales oficiales para confirmar cualquier premio.
En desarrollo de operaciones militares contra el narcotráfico, el Ejército Nacional de Colombia confirmó la destrucción de dos laboratorios para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en los departamentos de Norte de Santander y Cesar, en acciones coordinadas con la Policía Nacional de Colombia.En la vereda Campo Alicia, municipio de El Zulia, tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.° 30, orgánico de la Brigada 30, ubicaron y destruyeron un laboratorio compuesto por tres construcciones al servicio de las economías ilícitas, con posibles nexos con el frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN.Durante la operación, adelantada con apoyo de la SIJIN de la Dirección de Antinarcóticos, fueron incautados 845 kilogramos de clorhidrato de cocaína en estado sólido, 395 galones en suspensión y más de 3.356 galones de insumos líquidos, entre ellos acetato de N-Propilo, ácido clorhídrico y gasolina. También se hallaron 255 kilogramos de sustancias químicas sólidas como soda cáustica, carbón activado y metabisulfito.Según las autoridades, este resultado representa una afectación al músculo financiero del narcotráfico estimada en más de 6.555 millones de pesos.En una segunda acción militar, tropas de la Quinta Brigada, unidad orgánica de la Segunda División, ubicaron y destruyeron un laboratorio en la vereda La Estación, municipio de Gamarra, que pertenecería al frente Camilo Torres del ELN.De acuerdo con información de inteligencia, esta infraestructura tenía una producción mensual aproximada de una tonelada de clorhidrato de cocaína. En el lugar fueron hallados 307 kilogramos del alcaloide, 1.039 galones de insumos líquidos, 345 kilogramos de insumos sólidos, además de hornos microondas, grameras, tanques y otros elementos empleados para el procesamiento.Las autoridades estimaron que esta operación generó una afectación económica superior a los 1.600 millones de pesos y evitó la comercialización de aproximadamente 700.000 dosis de cocaína en mercados ilegales. El material y las infraestructuras fueron destruidos de manera controlada, mientras que los actos urgentes y procedimientos judiciales quedaron a cargo de la Policía Judicial de la Dirección de Antinarcóticos.El Ejército Nacional informó que continuará desarrollando operaciones contundentes contra las estructuras criminales que financian sus actividades a través del narcotráfico en el oriente del país.
El jefe negociador en el proceso de paz con el ELN, Juan Camilo Restrepo, le dijo a esa guerrilla que el Gobierno no aceptará presiones, que se vienen realizando con acciones terroristas, para iniciar de forma anticipada un cese bilateral al fuego. Restrepo hizo un llamado al ELN para que comprenda que “todo secuestro y todo atentado a los derechos humanos de civiles en vez de acercar la mesa a la negociación de un cese al fuego lo que va hacer es alejarlo”. Cabe señalar que las palabras de Restrepo se dieron en medio de la Convención Nacional Conservadora. “Ni las fuerzas legítimas, las Fuerzas Armadas de Colombia, dejarán de ejercer a plenitud su responsabilidad para estar presentes en cualquier parte del territorio nacional, sin que ninguno le sea vedado”, añadió el exministro. Por otro lado, invitó al Partido Conservador para que “se vincule con entusiasmo patriótico a la gran empresa de la paz que empieza a florecer en Colombia”. “Nuestro partido, por su historia, por su talante, y por su importancia, no puede quedarse en la orilla de la carretera de la paz”, puntualizó Restrepo. Estas fueron las palabras de Juan Camilo Restrepo: ¡Qué bueno estar en esta Convención, la convención de mi Partido Conservador! El Partido Conservador, sus líderes, sus reflexiones, sus decisiones y su propuesta de país tendrán que estar a la altura del tamaño de este determinante momento. Colombia, se merece que los Partidos Políticos se comprometan y proyecten soluciones modernas, transformadoras que interpreten a la ciudadanía. El momento nos exige redefinir el concepto de “grandeza” , expulsar el de mezquindad y emprender una nueva etapa para la nación. Comenzamos a ver que las aspiraciones de paz y reconciliación, que tan esquivas le habían sido a los colombianos en las últimas décadas, pueden hacerse ahora realidad. Quiero dirigirles a ustedes algunas palabras sobre dos capítulos de los procesos de paz que están en marcha en Colombia: El de los acuerdos revisados de paz con las Farc, que se firmaron en el Teatro Colón el jueves de esta semana. Y con un poco más de detalle, quiero referirme al proceso de negociación pública con el ELN que está próximo a comenzar, y para el cual, por invitación del Presidente Santos, he sido designado jefe del equipo negociador del Gobierno Nacional. La confluencia de estos dos procesos- el uno que en su fase de negociación ha concluido, y el otro que apenas comienza- habrán de conformar lo que se ha denominado "La Paz Completa". Es la paz obtenida por la vía de la negociación con los dos grupos subversivos más importantes que existen en Colombia, desde hace mas de 50 años. Si esta "paz completa" tenemos la lucidez de alcanzarla, el país de los años venideros no será ciertamente el mismo que hemos tenido en las décadas anteriores; Será una Colombia donde el uso de las armas ha desaparecido del quehacer político; y donde los conflictos - que seguirán existiendo en la Colombia del futuro- podremos solucionarlos no a bala, sino por las vías democráticas. Eso nos permitirá también concentrarnos en combatir la delincuencia común y criminal, y la corrupción. El Partido Conservador no debe, no puede, estar ausente de ese formidable desafío histórico de la construcción de una Colombia en paz, donde la política no convoque a las armas y se haga con la razón y la sana emulación democrática. Independientemente de la discusión y de las discrepancias con relación al Acuerdo revisado con las Farc que se firmó el pasado jueves en el Teatro Colón de Bogotá, quiero resaltar ante ustedes los formidables retos que su implementación plantea para los años venideros. De esos desafíos para llevar a la práctica los acuerdos (y me estoy refiriendo a los puntos en que hubo consenso entre los partidarios del Si y del No , y cuyo lapso de ejecución se extenderá en los próximos diez o quince años a partir de ahora), no puede estar ausente el Partido Conservador. Sus parlamentarios, sus autoridades regionales, sus directorios, sus juventudes, todos los estamentos conservadores deben tener un “qué decir y qué hacer” en la construcción gigantesca que implica la puesta en marcha de los acuerdos de paz. El reto para nuestro futuro es la puesta en marcha de tales acuerdos. Pongamos un ejemplo entre muchos: La aplicación de la "transformación rural con enfoque territorial" que quedó plasmada en el punto número uno del acuerdo revisado de la Habana, sobre el cual - repitámoslo una vez mas terminó habiendo consenso entre los partidarios del Si y del No - requerirá mas de una década para llevarlo a la práctica. Sería inexcusable que un Partido, con tan claras raíces históricas en el campo, no se involucrara a fondo y patrióticamente en una buena implementación de este asunto crucial. Que la transformación agraria con enfoque territorial allí prevista se adelante, en la práctica, como está dicho en el acuerdo, con puntilloso respeto a la propiedad privada y a los títulos de los empresarios del campo sobre sus tierras bien habidas ; Que convivan virtuosamente la pequeña, la mediana, la gran propiedad y la agroindustria, como quedó también previsto, dentro de unas estructuras agrarias donde converjan equidad y productividad ; Que efectivamente se puedan formalizar- titulándolas- en los próximos años, siete millones de hectáreas; Que haya una mejor provisión de bienes públicos para el Agro de los que puedan beneficiarse todos y no unos pocos a través de subsidios arbitrarios; Que la inversión pública en el ámbito rural no se disperse estérilmente como quien dispara una escopeta de regadera, sino que efectivamente mejore las condiciones de vida del mundo rural más afectado por la pobreza y la marginalidad, a base de inversiones territoriales focalizadas; En fin, para que al cabo del periodo conocido como el pos conflicto las condiciones de vida y de movilidad social ( hoy tan aterradoramente desbalanceadas en contra de la familia campesina) pueda encontrar una convergencia con las condiciones que se experimentan en las zonas urbanas. Porque finalmente avanzar hacia esa convergencia, es de lo que se trata. En ninguno de estos empeños puede quedarse a la zaga o indiferente el Partido Conservador. Seria darle la espalda a la historia un partido que, como el nuestro, siempre ha tenido muy en claro que parte importante de sus raíces políticas se hunden en los municipios rurales de Colombia. De allí, pues, la invitación para que estén muy presentes, muy actuantes, muy atentos y muy propositivos en la implementación de los acuerdos de paz que se han firmado recientemente; en la implementación de capítulos como el agrario. Lo he citado como ejemplo pero, desde luego, no es el único de aquellos temas sobre los cuales hubo acuerdos entre el Si y el No repitámoslo una vez mas -,y con cuya implementación se va a construir las bases sostenibles de una paz duradera en el país. El conservatismo no puede estar ausente. Estos acuerdos, apenas han echado los cimientos de una gran edificación. Ahora viene, con la implementación de los mismos, quizás lo mas difícil: la construcción del edificio completo de la paz. Construir un dificio sólido, antisímico contra los terremotos de la intolerancia, moderno, justo, y productivo, que albergará la paz de colombia. ELN Ahora permítanme que comparta con ustedes algunas ideas sobre el el proceso que apenas comienza: el del ELN. Y cuya culminación - que a ninguno de ustedes escapa es difícil, acaso mucho más que la negociación que durante cerca de cinco años se sostuvo con las Farc - Nos permitirá decir así que Colombia ha alcanzado la PAZ COMPLETA. Las ideas que quiero compartir con la convención de mi Partido, con franqueza y transparencia, de la misma manera que espero hacerlo en los días venideros con los otros partidos políticos, son ciertas premisas con las cuales el gobierno aborda esta búsqueda de la paz negociada con el segundo grupo guerrillero del país, el ELN. 1- El gobierno entiende que el ELN no es un apéndice de las Farc. Que es un grupo subversivo autónomo, y que por lo tanto la negociación que con ellos se emprende (esperamos que la mesa de negociación en Quito podamos inaugurarla pronto), tiene peculiaridades específicas que no se dieron a lo largo de las negociaciones de la Habana. 2- Es probable que al final del proceso algunos capítulos de lo que ha quedado negociado con las Farc puedan ser aplicados analógicamente a los acuerdos a que se llegue con el ELN. Pero en una primera instancia, la Agenda que se abordará con el ELN es autónoma, tal como quedo recogida en la carta de navegación que con ellos acordó el Gobierno, luego de mas de dos años de negociaciones confidenciales, en marzo de este año. 3- Los dos puntos específicos con el ELN - que no hicieron parte de la agenda inicial la cual se acordó con las Farc, y que, cómo ustedes recordarán, estuvo acotada por seis puntos muy específicos- Son: El tema de la participación de la sociedad civil como proveedora de insumos que nutrirán la mesa de negociaciones; Y, los avances en una comisión especial que habrá de deliberar simultáneamente con la mesa principal. Se ocupará de temas humanitarios y del respeto de los Derechos Humanos. 4- El gobierno comparte la idea de que la sociedad civil converse y delibere para que de allí salgan insumos a ser estudiados por la mesa de negociación propiamente dicha. La Participación hace parte del contexto de la cada vez mayor importancia que adquiere la ciudadanía en el mundo contemporáneo. Colombia no es una excepción. Ahora bien, dicho lo anterior, quiero señalar con toda precisión tres premisas que el gobierno considera indispensables para que este diálogo de la sociedad civil sea fértil, y pueda cumplir adecuadamente el propósito que lo anima, a saber: nutrir de iniciativas modernizantes y transformadoras a la mesa de negociación. - Primera. La participación de la sociedad civil debe organizarse de tal manera que resulte efectiva. Que se diseñen uno o varios mecanismos ordenados, con procesos y objetivos claros. En todo caso, no tumultuaria. - Segunda. Los insumos o recomendaciones que de la sociedad civil fluyan hacia la mesa de negociación no serán en ningún caso de carácter vinculante para ésta. - Tercero. Para que las recomendaciones que surjan de la participación ciudadana a la mesa sean representativas verdaderamente del concepto tan amplio que implica el término “ Sociedad Civil” , deben ser escuchados y aportar sus propuestas todos los estamentos de dicha sociedad: Campesinos, obreros, mineros, sindicalistas, víctimas, estudiantes, iglesias, partidos políticos, empresarios, académicos, artistas e intelectuales. El modelo organizativo de cómo funcionaría esa expresión de la sociedad civil, es desde luego un reto gigantesco; pero el Gobierno está dispuesto a asumirlo, intentando llegar a unos consensos de construcción de la paz con el ELN y el fin del conflicto con esta organización. - Cuarta. A diferencia de lo que sucedió en el caso de las Farc, estas conversaciones se inician sin que el ELN haya renunciado públicamente a prácticas como las del secuestro y a otras vulneraciones de civiles inocentes no envueltos en la contienda propiamente militar. O sea, iniciamos las negociaciones en el fragor del combate. No hay por el momento un cese al fuego acordado. El gobierno hace un llamado al ELN para que comprenda que todo secuestro, todo atentado a los derechos humanos de civiles no envueltos en la contienda; todo atentado a la infraestructura del país, durante la negociación que esperamos se iniciará próximamente, en vez de acercar la mesa a la negociación de un cese al fuego lo que va hacer es alejarlo. La mesa de negociación no se va a dejar presionar para negociar un cese al fuego prematuro por una escalada terrorista; ni las fuerzas legitimas, las Fuerzas Armadas de Colombia, dejarán de ejercer a plenitud su responsabilidad para estar presentes en cualquier parte del territorio nacional, sin que ninguno le sea vedado. Preocupa también inmensamente la reciente oleada de asesinatos contra líderes sociales. El país no puede permanecer impávido frente a este grave fenómeno. Es de esperar que la fiscalía y las autoridades judiciales emprendan rápida y rotundamente lo necesario para desenmascarar y castigar a los autores materiales e intelectuales de estos asesinatos. Que, de continuar, podrían comprometer gravemente los procesos de paz del país. Quinta. Esta negociación se adelantará con transparencia y de cara al país. Salvo temas que por necesidad deban ser confidenciales, se informará regularmente del contenido de las negociaciones y de los acuerdos a que se vaya llegando. El principio de que "nada está negociado hasta que el todo esté negociado" NO se aplicará en esta ocasión. Y como queda dicho, la información será lo más oportuna y clara posible al país, incluidos los partidos políticos, como por supuesto sucederá con el Partido Conservador acá presente. Señores convencionistas: Invito al Partido Conservador para que se vincule con entusiasmo patriótico a la gran empresa de la paz que empieza a florecer en Colombia.Nuestro partido, por su historia, por su talante, y por su importancia, no puede quedarse en la orilla de la carretera de la paz. Esta es una invitación a participar muy activamente en la implementación de los acuerdos a que se ha llegado con las Farc ; y también -como parte fundamental de la sociedad civil colombiana- en los encuentros que en desarrollo de la agenda acordada con el ELN se concreten. Participemos en organizar el futuro, para que ésta sociedad civil, de la cual hace parte el Partido Conservador, hable y proponga temas a la mesa. Para que, sin carácter vinculante, a través esa mesa, se pueda recibir insumos que, sin vulnerar los valores democráticos y los derechos fundamentales de nuestra organización constitucional, permitan aportar iniciativas modernizantes y transformadoras de la sociedad colombiana. Señores convencionistas del Partido Conservador: Hace un poco más de un siglo Colombia salía de una guerra terrible que lo había destrozado económica y espiritualmente: la Guerra de los Mil Días. Se veía la necesidad apremiante en aquel entonces de cerrar heridas y de comenzar el posconflicto para reconstruir con grandeza el país destruido luego de aquella terrible conflagración. En aquel escenario ,el jefe de la rebelión que se había alzado contra el gobierno legítimo de entonces, el gallardo general antioqueño Rafael Uribe Uribe, dijo con generosidad y grandeza: "Ha llegado el momento en que nos DESPIDAMOS COMO COMBATIENTES Y NOS SALUDEMOS COMO CIUDADANOS ". El eco de su llamado sigue teniendo inmensa actualidad en la Colombia en que vivimos.
A través de un comunicado, las Farc manifestaron sus intenciones para que al pueblo colombiano “no le queden dudas sobre la unilateralidad de cambios en el acuerdo”. “Las Farc nunca han compartido la posición del Gobierno de regular unilateralmente determinados aspectos referidos al marco legal aplicable a los agentes del Estado; no obstante, en esta ocasión hemos aceptado algunas modificaciones por tratarse de una posición que el Gobierno ha presentado como innegociable”, dice uno de los apartes del comunicado. Sumado a lo anterior, dejaron ver su oposición a cambios efectuados y anunciaron su predisposición a trabajar para corregir “las consecuencias negativas que sin duda se están derivando de ello”. Este es el comunicado: Constancia de las FARC respecto a las definiciones y responsabilidades de los Agentes del Estado en la JEP A la vista de los cambios efectuados por el Gobierno Nacional en el apartado referido a la Jurisdicción Especial para la Paz del Acuerdo Final en lo que concierne a las responsabilidades de los Agentes del Estado, la Delegación de Paz de las FARC-EP hace constar que: 1. En el numeral 15 de la JEP se establece que esta jurisdicción tiene carácter “inescindible” y se aplicará de manera simultánea e integral a todos los participantes en el conflicto. 2. El numeral 32 de la JEP consigna que esta, de forma diferenciada pero siempre otorgando un tratamiento “equitativo, equilibrado, simultáneo y simétrico”, se aplicará respecto a los agentes del Estado que pudieran haber incurrido en responsabilidades relacionadas con el conflicto armado y con ocasión de este. 3. Las FARC-EP nunca han compartido la posición del Gobierno de regular unilateralmente determinados aspectos referidos al marco legal aplicable a los Agentes del Estado; no obstante, en esta ocasión hemos aceptado algunas modificaciones por tratarse de una posición que el Gobierno ha presentado como innegociable. 4. En todo caso, es nuestro criterio que dicha regulación unilateral debe respetar los principios incluidos en la JEP que ya se indicaron. El numeral 15 de la JEP establece que esta Jurisdicción ejercerá sus competencias, aunque cualquier norma del Estado dictada con posterioridad a lo acordado pretendiera dejar sin efecto alguno, los contenidos o principios de la misma. 5. En consecuencia, sobre los cambios o “ajustes” realizados unilateralmente por el Gobierno, a pesar de lo que ya se había consensuado a fecha 12 de noviembre, hemos manifestado al Gobierno nuestro desacuerdo por lo siguiente: a. Respecto a la introducción en el numeral 32 del término “indebido”, cualquier enriquecimiento personal a consecuencia de conductas competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz es presuntamente ilícito o indebido y no debe ser competencia de la justicia transicional sino de la justicia ordinaria, por lo que resulta innecesario añadir la palabra “indebido” en el numeral 32. Dicho añadido, no debería dar lugar a interpretar que puede existir “enriquecimiento personal” de servidores públicos, a consecuencia del conflicto, que resultara legítimo o conforme a las leyes. b. Respecto a la eliminación en el numeral 40, de lo siguiente: “o como parte de un plan o política”, opinamos que dicha variación unilateral era innecesaria, por no alterar ni restringir la definición de “grave crimen de guerra”. No cabe duda que toda infracción del DIH cometida de forma “sistemática”, lo ha sido en aplicación de un plan pre-establecido. c. Respecto a la eliminación del último párrafo del numeral 44, que concretaba y aclaraba dudas sobre lo relativo al “control efectivo” de las conductas de los subalternos por los superiores jerárquicos, en relación a la responsabilidad por cadena de mando, creemos que dicha eliminación será motivo de preocupación por parte de las víctimas -que están en el centro de los acuerdos-, y también de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional respecto a la regulación de la responsabilidad de la cadena de mando de las estructuras jerárquicas del Estado. Algo que no habría ocurrido de introducirse una mención a lo establecido en el derecho internacional o al menos de mantenerse la mención anterior al Estatuto de Roma. Por ello, las FARC-EP no han permitido que el referenciado texto del numeral 44 de la JEP sea eliminado también en el numeral 59 respecto a la definición de responsabilidad por cadena de mando aplicable a los integrantes de nuestra organización. Creemos que el derecho internacional – en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica, lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares. 6. Aunque hemos estado en contra de los cambios efectuados unilateralmente por el Gobierno en el Acuerdo de Jurisdicción Especial para la Paz, consideramos que esta actuación de última hora no podía ser motivo para retrasar aún más la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, Acuerdo que traerá definitivamente la paz a nuestra patria. Esperamos que no quede ninguna duda sobre la unilateralidad de los cambios efectuados y nuestra oposición a los mismos y anunciamos nuestra predisposición a trabajar para corregir las consecuencias negativas que sin duda se están derivando de ello. Por ello, las FARC-EP no han permitido que el referenciado texto del numeral 44 de la JEP sea eliminado también en el numeral 59 respecto a la definición de responsabilidad por cadena de mando aplicable a los integrantes de nuestra organización. Creemos que el derecho internacional – en el que se incluye tanto el Estatuto de Roma como la jurisprudencia de otros tribunales internacionales- regula de forma precisa y con la necesaria seguridad jurídica, lo relativo a la responsabilidad por cadena de mando, tanto en organizaciones regulares como en organizaciones irregulares.
La próxima semana deberá empezar a cumplirse, en el Congreso de la República, la refrendación del nuevo Acuerdo de Paz con las Farc, para que una vez este proceso finalice, comience el cronograma de 180 días para que esa organización deje de ser un grupo armado y sea un movimiento político, terminando así más de 50 años de conflicto. Así lo manifestó este viernes el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, durante su intervención en la ceremonia de celebración de los 56 años de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares (Acore), que se llevó a cabo en la escuela militar de cadetes ‘José María Córdova’. “Ayer se firmó el nuevo Acuerdo que jurídicamente existe por sí mismo y que será refrendado por el Congreso en decisión el Presidente de la República, acorde con nuestra Constitución y las leyes, en una rama del poder público, legítima, actuante e independiente y que tiene toda la capacidad política para dar legitimidad a los nuevos acuerdos”, dijo Villegas. Explicó que probablemente la refrendación tomará la primera semana de diciembre, tiempo en el que habrá debates e información sobre el contenido del nuevo Acuerdo y sobre los elementos que se ajustaron e incorporaron en ese articulado, pedidos por voces de la sociedad. “Estos ajustes y mejoras fueron oídos y luego recogidos en un 85 por ciento”, apuntó el ministro de Defensa. Una vez hecho ese ejercicio político en la Cámara de Representantes y en el Senado, agregó el ministro Villegas, “es el día que permite decir que al día siguiente estaremos cumpliendo el cronograma de 180 días, 180 días no más para el desarme, la desmovilización y la reincorporación de las Farc”. Manifestó que, en diciembre, cinco días después del llamado ‘Día D’, las Farc comenzarán a desplazarse de los sitios de preagrupamiento en los que están hoy hacia las Zonas Veredales de Transición a la Normalidad, proceso que debe tardar 30 días. “Allí deberemos, desde el Gobierno nacional, haber empezado ya a tramitar los actos legislativos y las leyes de implementación, entre ellas las medidas por las cuales nuestros hombres, miembros de las Fuerzas Armadas sub judice, deben empezar a gozar de la justicia transicional e irse para sus casas por pena cumplida”, agregó Villegas, quien admitió ante los oficiales en retiro que ese era su anhelo para este fin de año, pero que por causa mayor no se pudo. Sin embargo, manifestó, confía en la capacidad del Gobierno para trabajar a máxima velocidad con el fin de aplicar las medidas previas de libertad transicional, de libertad condicionada, para poder así ayudar a la reconciliación. Al día 150, explicó el Ministro de Defensa, las Farc dejarán de ser un grupo armado y 30 días después –el día 180– la Organización de las Naciones Unidas (ONU) deberá haber retirado de las zonas veredales las armas, para así hacer el tránsito de grupo armado a movimiento político en las Farc. “Ese día lo debe anhelar la Nación. Lo debe querer, porque es el día en que dejamos de tener un conflicto armado que nos ha costado vidas y una organización armada que nos ha puesto en peligro y entonces la Fuerza Pública será quien tenga el monopolio del uso de las armas –subrayó Villegas–. Solo en ellas estarán las armas de esta nación”. De otra parte el Ministro de Defensa destacó también el compromiso de la reserva activa con la institucionalidad del país y la disposición y voluntad permanente de las Fuerzas Armadas y de las Farc con el proceso de paz y el mantenimiento bilateral del cese al fuego y de hostilidades. “Gracias a esa buena disposición de nuestras Fuerzas y la comprensión del momento se ha logrado preservar un cese al fuego y de hostilidades bilateral y a partir de ayer definitivo, que nos permita hacer tangible esa paz”, concluyó. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias -El presidente Santos reiteró que la Reforma tributaria no afectará a ninguna concesión de infraestructura en el país. -1 persona muerta y 2 más heridas dejó un tiroteo que se presentó en el suroccidente de Barranquilla. -Tras la decisión de la Dimayor de mantener el cierre de la tribuna sur del estadio Pascual guerrero de Cali para el encuentro entre el América y el Deportes Quindío por el ascenso, la Alcaldía estudia la posibilidad de instalar pantallas gigantes para que los hinchas que se quedaron con la boleta comprada no se pierdan el partido. -El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro dijo que el caso de los narco sobrinos es un ataque del imperialismo. -El promotor de boxeo, Bob Arum, hace historia con su empresa Top Rank organizando la pelea número 2000, que tendrá lugar mañana en Las Vegas, Nevada. -A esta hora sigue cerrado el Aeropuerto El Dorado de Bogotá tras las fuertes lluvias que se presentaron a lo largo de la tarde en la ciudad. -La Gobernación de Cundinamarca anunció que invertirá cerca de 450 mil millones de pesos para apoyar la recuperación del Río Bogotá.
Los terrenos están ubicados en el municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá, al igual que otros dos predios que fueron adjudicados de manera ilegal por funcionarios del Incoder, hoy en liquidación, a presuntos testaferros de las Farc. Los exfuncionarios están siendo investigados. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Miguel Samper Strouss, dijo que la entidad a su cargo de forma articulada con la Fiscalía, comienza a labrar la nueva historia de la tierra en Colombia. 'El despojo de tierras ha sido uno de los enemigos históricos de la paz. Venga de donde venga. El de hoy es otro paso para derrotarlo', afirmó. Samper anunció, además, que en estas tierras se incentivará la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos por medio del programa “Formalizar para Sustituir”, del que hoy hacen parte 6.400 familias. El funcionario agradeció a la Fiscalía y a la Superintendencia de Notariado y Registro los esfuerzos para la recuperación de la tierra que les pertenece a todos los colombianos. Por su parte, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, indicó que el avalúo comercial de los predios recuperados asciende a $372.000 millones.
Ricardo Téllez, alias Rodrigo Granda, le dijo a Blu Radio que el gobierno de transición mencionado por Timochenko en su discurso es solo una propuesta política y que no está incluido en el texto de paz firmado este jueves. "Nos referimos a una propuesta política que va más allá de la firma de la paz. Obviamente eso no está contemplado ahí, solo son propuestas políticas de las Farc de lo que debe ser el nuevo país que tenemos que construir entre todos", precisó Granda. Otros analistas han explicado ese gobierno de transición como una especie de Frente Nacional, en el que se alternen el poder entre los del Sí y No. Aún no hay una explicación oficial por parte de las Farc.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".