En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El pronóstico del tiempo para el fin de semana del 28 de febrero al 1 de marzo anticipa lluvias en amplias zonas del país, especialmente en las regiones Pacífica y Andina, mientras que en el Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones más secas.De acuerdo con el Comunicado Especial n.° 025 del Ideam, emitido el 27 de febrero de 2026, la mayor probabilidad de precipitaciones se concentrará en el Pacífico y en sectores del norte y occidente de la región Andina. Además, se prevén incrementos de temperatura y sensación térmica en la Orinoquía, la Amazonía y el Caribe.¿Dónde lloverá más este fin de semana?Para el sábado 28 de febrero se esperan lluvias en amplios sectores del Pacífico, la Amazonía y el occidente y norte de la región Andina. Las precipitaciones más importantes, con probabilidad de actividad eléctrica, se prevén en Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Risaralda, Caldas, Antioquia, Santander, occidente de Boyacá y Cundinamarca.También podrían presentarse lloviznas intermitentes en Amazonas, Vaupés, Caquetá, Guainía, Huila y Cesar. En el área insular, incluido el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se espera nubosidad variable con predominio de tiempo seco.Para el domingo 1 de marzo se anticipa un incremento de la nubosidad y de las lluvias en sectores del Pacífico, la región Andina y la Amazonía. Las mayores precipitaciones, acompañadas de tormentas eléctricas, se concentrarían en zonas de Chocó y Valle del Cauca.¿Cómo estará el clima en Bogotá y otras regiones?En Bogotá se mantiene la probabilidad de lluvias en horas de la tarde, especialmente en sectores del occidente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará por debajo de 10 °C y la máxima podría superar los 20 °C.En contraste, en la región Caribe y la Orinoquía predominarán condiciones mayormente secas durante el domingo, aunque con aumento de temperaturas. Las autoridades recomiendan estar atentos al estado de las vías en zonas con alerta por deslizamientos y tomar medidas preventivas ante posibles tormentas eléctricas y vientos fuertes.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que el país norteamericano inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, con la misión de destruir la industria de misiles y la Marina de la república islámica.En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es “reducir a nada” la marina iraní y eliminar las amenazas inminentes que, según Trump, son causadas por Irán.“Vamos a destruir sus misiles. Vamos a reducir a la nada su Marina”, dijo el mandatario, quien vestía una gorra blanca con las siglas USA y hablaba detrás de un atril con el sello presidencial estadounidense.Por su parte, de acuerdo con lo revelado por EFE, el Ejército de Israel preparó durante “muchas semanas” la operación contra Irán, que, según advirtieron, durará el tiempo “necesario”, conforme a lo señalado por las fuerzas armadas en una comparecencia ante la prensa.“Es una operación que se ha estado planeando durante muchas semanas. Se basa en la cooperación y los mecanismos que se han desarrollado y utilizado en los últimos dos años y medio”, aseveró.El alto mando militar no se pronunció sobre si el líder supremo iraní, Ali Jamenei, era uno de los objetivos de los ataques lanzados, pero afirmó que por ahora los blancos son de “alto nivel, personas implicadas en el plan para destruir a Israel”.Así fueron los ataques contra IránEn las imágenes publicadas por Fox News se observa el momento de los bombardeos contra Irán, así como las explosiones y columnas de humo provocadas por los ataques.De acuerdo con el medio internacional, la ofensiva conjunta de Israel y Estados Unidos incrementa la ya compleja situación militar en Medio Oriente.Trump afirma que llegará la “libertad” a IránEn un mensaje directo, el presidente de Estados Unidos aseguró que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.“Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo, para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones”, añadió.Además, recomendó que por el momento “permanezcan a resguardo. No salgan de sus casas. Es muy peligroso salir. Van a caer bombas por todas partes”.Trump envió también un mensaje claro e invitó a deponer las armas si lo que buscan es “inmunidad”. De lo contrario, aseguró que deberán afrontar una “muerte segura”.Así mismo, afirmó que Teherán habría rechazado “todas las oportunidades” de renunciar a la bomba atómica, intentaba reconstruir el programa nuclear y tenía planes de “desarrollar misiles de largo alcance”, los cuales serían susceptibles de alcanzar territorio estadounidense.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, condenó este sábado tanto los ataques de Estados Unidos e Israel en todo el territorio iraní como las represalias de Irán y señaló que "en cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto"."Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano", advirtió en un mensaje en su cuenta oficial en X.El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas hizo un llamamiento a la contención para evitar mayores daños a la población e imploró a todas las partes "actuar con sensatez, reducir la escalada y regresar a la mesa de negociación, donde apenas unas horas antes buscaban activamente una solución"."Esta es la única forma de resolver de manera duradera las profundas diferencias que existen", subrayó el alto comisionado austríaco.No hacerlo, advirtió, entraña el riesgo de "un conflicto aún más amplio, que inevitablemente provocará más muertes civiles absurdas y destrucción a una escala potencialmente inimaginable, no solo en Irán, sino en toda la región de Oriente Medio".Türk recordó asimismo que el derecho internacional considera primordial la protección de los civiles en conflictos armados."Todos y cada uno de los actores implicados deben garantizar el cumplimiento de estas normas, y su violación debe conllevar la rendición de cuentas de los responsables", advirtió.
El Ejército israelí aseguró que sus aviones han frustrado este sábado el lanzamiento de misiles hacia territorio israelí desde el oeste de Irán, en un comunicado que acompañan con imágenes del ataque.En la nota, indican que están operando "para eliminar las amenazas dirigidas al Estado de Israel y han desmantelado lanzaderas que estaban listas para disparar misiles hacia el Estado de Israel".A primera hora de esta mañana, Israel y Estados Unidos comenzaron sus ataques contra el país persa y se reportaron explosiones en Teherán y otras urbes, como Tabriz (noroeste) e Isfahán (centro).El objetivo de la operación israelí es "degradar las capacidades del régimen iraní" y eliminar las "amenazas existenciales" que plantea Irán para Israel, atacando, entre otros, a personas de «alto nivel» implicadas "en el plan para destruir a Israel", según informó un oficial del Ejército de Israel a la prensa extranjera.En respuesta, Irán ha lanzado misiles y drones contra bases militares estadounidenses situadas en Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos, y centros militares en territorio israelí, según informó la Guardia Revolucionaria.Hasta el momento, el Ejército israelí ha informado de seis oleadas de misiles lanzadas a su territorio, y los servicios de emergencias han reportado un herido leve por el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Haifa (norte), ciudad que fue objetivo de múltiples ataques en la llamada guerra de los doce días del pasado junio, al albergar infraestructuras críticas y una refinería.EFE no ha podido verificar de forma independiente el alcance de los posibles impactos, y la censura militar israelí exige a los medios evitar la publicación de los lugares concretos donde impactan los misiles.
El reciente ataque que acabó con la vida de una madre y sus dos hijos en zona rural del municipio de Segovia sigue aumentando la crisis humanitaria en el Nordeste antioqueño luego de que se confirmara que ya son 270 personas correspondientes a 125 familias que han decidido desplazarse por el temor y la zozobra.Habitantes de veredas como Arenales, Jaguas o San José del Pescado salieron corriendo de sus viviendas por miedo a que sufran el mismo destino de la familia, donde dos de sus integrantes eran líderes comunitarios: uno se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal y otro integraba el Comité de Conciliación.Laura Tapias, familiar de las personas asesinadas, aseguró que fueron momentos de mucha angustia y de temor porque todo ocurrió mientras madre e hijos estaban en su vivienda. Esta situación que los ha llenado de tristeza, incluso, los obligó a salir del territorio por temor a nuevas acciones armadas."Estaban en su casa descansando y un momento a otro llegaron un don y les explotaron la casa. Y personas muy honestas, o sea, ellos no se metían con nadie, ellos, en su finquita que por sí era muy lejos de la sociedad, solo su finquita y sus animalitos", narró la mujer a Blu Radio.Hay que recordar que versiones preliminares indican que el ataque habría sido perpetrado por el Frente 4 de las disidencias y que a pesar del anuncio de la llegada de refuerzo en el Ejército Nacional, la Gobernación de Antioquia aseguró que las autoridades no han hecho presencia en la zona, provocando incertidumbre entre las comunidades.Sin embargo, no es la única preocupación que hay luego de lo ocurrido en Segovia, ya que Tapias aseguró que no saben de la salud del hombre de 50 años que resultó gravemente herido como indicó Gustavo Hernández, coordinador médico del Hospital San Juan de Dios."Ingresa un paciente con múltiples heridas en abdomen y ambos miembros inferiores. Fue estabilizado y, dada la gravedad de las heridas, fue remitido de forma inmediata a un hospital de la ciudad de Medellín", indicó.A la espera de que se conozca el estado de salud de la cuarta persona involucrada en este ataque, autoridades locales aguardan para que la Fuerza Pública llegue con rapidez a esta zona del Nordeste antioqueño para poder llevarle tranquilidad a los 270 desplazados que hay luego del ataque con dron.
El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, manifestó que el Gobierno nunca se comprometió con el Centro Democrático a dejar abierto el nuevo acuerdo con las Farc. “No es posible mantener abierto y un texto permanente. Aquí en estas reuniones nunca se les dijo a los voceros del NO que se iba a mantener este diálogo de manera indefinida”, expresó el funcionario. Cristo dijo que el Gobierno está listo para reunirse con el Centro Democrático y analizar las modificaciones que se le hicieron al nuevo acuerdo de paz, incluyendo la mayoría de las propuestas de los líderes del NO. "Con urgencia está pidiendo la reunión el Gobierno desde el domingo. Me alegra mucho que el Centro Democrático haya recogido ese sentido de urgencia. Desde el domingo he estado en comunicación con Carlos Holmes Trujillo e Iván Duque pidiéndoles la posibilidad de sentarnos. Llevábamos 4 días esperando esta reunión", explicó. El jefe de la cartera política señaló que la negociación directa con las Farc se agotó. Entretanto, el Senado aplazó para el próximo miércoles el cónclave para analizar el mecanismo de refrendación, por solicitud del Centro Democrático, ya que esperará las conclusiones de la posible reunión entre el uribismo y el Gobierno. Promotores del NO, a la expectativa por reunión con el Gobierno Los voceros del NO se declararon a la expectativa de la reunión que tendrían con Humberto de la Calle en las próximas horas para hablar de las inquietudes del nuevo acuerdo de paz. Esto según lo acordado entre el presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe el pasado sábado, en Rionegro. Según dijo el expresidente Álvaro Uribe, el Gobierno se comprometió a hablar con los promotores del No luego de concertar las propuestas con las Farc en La Habana. Les preocupa que dicho encuentro no suceda. "Estamos esperando, apenas los voceros del NO hayamos concluido este examen, se cumpla la reunión que habría con Humberto de la Calle, según me dijo el presidente. Y que esa reunión nos permita expresar conclusiones. (...) me preocupa que ahora el Gobierno hable de cierre, que el nuevo acuerdo está cerrado, porque insistimos que haya un acuerdo nacional que incluya la justicia", agregó Uribe. La reunión continúa en el Club de Ejecutivos, en el centro de Bogotá, sin la presencia del expresidente Álvaro Uribe, quien se encuentra en el cónclave que adelanta el Senado de la República.
El Gobierno Nacional insiste en que la liberación de Odín Sánchez debe quedar lista antes de que se inicien los diálogos de paz con el ELN. El jefe negociador del gobierno con el ELN, Juan Camilo Restrepo, dijo que la condición para iniciar las conversaciones públicas en Quito es la liberación del excongresista Odín Sanchez Montes de Oca. Restrepo precisó que el nombramiento de los gestores de paz que exige el ELN también están condicionadas a la liberación de Odín. Dijo que en este momento hay una mesa técnica en Quito trabajando en el tema. Cabe recordar que la mesa de instalación de los diálogos del ELN se canceló el pasado 27 de octubre en Quito luego que el ELN no cumpliera con la liberación de Odín Sánchez quien se encuentra en poder de esa guerrilla desde el abril pasado cuando se intercambió con su hermano Patrocinio Sánchez. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, anunció que en febrero del próximo año entrará en funcionamiento la tercera fase de la televisión digital terrestre, contratada por la RTVC en un 87 por ciento. -En Cali un grupo de taxistas decidió adelantar acciones violentas en contra de los vehículos Uber. En menos de 24 horas han registrados dos casos de agresión contra conductores que utilizan esta plataforma. -El secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, admitió en una entrevista con la agencia española EFE su preocupación por la posición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre temas clave para Latinoamérica y apuntó que la región se mantiene en "observación" ante el nuevo mandatario. -La Alcaldía de Bogotá asegura que las fases 2 y tres de Transmilenio le ahorrarán a los usuarios hasta 100 mil pesos mensuales. -Dos menores de edad Indígenas del municipio de Puerto Gaitán al sur del Meta, murieron luego de ser arrollados por un camión.
En un encuentro nacional de mujeres de diferentes sectores sociales el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, invitó a los colombianos a seguir movilizándose por la paz. "Tenemos que echar para adelante, comenzar a implementar este acuerdo y garantizar la desaparición de las Farc como movimiento armado. También estamos trabajando en el tema con el ELN a ver si finalmente podemos consolidar un país en paz", dijo. El jefe de la cartera política aseguró que el Gobierno tiene la voluntad para reunirse con los líderes que promovieron el NO. "Desde el domingo anterior invitamos pública y privadamente a voceros del Centro Democrático a nueva reunión. Estamos listos cuando ellos consideren", señaló. Para Cristo el resultado del Plebiscito demostró que hay muchos colombianos que "no están preparados para el perdón y la reconciliación". "Pareciera que todavía no estamos preparados para un país sin conflicto, en paz y reconciliado. Pero no por eso debemos bajar la guardia", dijo.
El presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado al Centro Democrático y los sectores del No a buscan el común denominador para concretar la paz en Colombia. “Es un acuerdo más profundos y que aclara las objeciones del NO”. Espero que este ejercicio nos permita reunirnos en torno a la paz”, dijo Santos dijo que ya se cerraron las negociaciones para el nuevo acuerdo con las Farc y que lo que viene ahora es buscar el consenso con todos los sectores políticos para buscar el mecanismo de refrendación de lo pactado nuevamente con el grupo guerrillero en La Habana. “Hemos continuado el proceso con los del NO y el Gobierno está con los textos indicados para mostrar los puntos. Puntos que fueron atendidos con toda lealtad”, expresó. El mandatario precisó que hay motivos más que suficientes para lograr la unión y reducir la polarización: "Hago llamado para encontrar ese común”.
En entrevista con BLU Radio el legislador manifestó que por la “vía que quieran” lo más importante ahora es terminar con la una “guerra fratricida”. “Cualquiera que sea la refrendación estamos listos para hacerla”, dijo. De otro lado, el senador del Partido de la U insistió en que el acuerdo es definitivo y que por lo tanto no está sujeto a modificaciones.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".