En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
La Lotería de Boyacá de este sábado 28 de febrero de 2026 ya celebró su sorteo número 4613, liderado por el gobierno del departamento de Boyacá, generando más recursos para la salud de los boyacenses y de los colombianos. El número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacáde este sábado 28 de febrero de 2026 es el: 6594 de la serie 432. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $15.000 millones!Secos de la Lotería de BoyacáA continuación, se presentan todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos:Seco de $1.000 millones:Número 6763 – Serie 364Seco de $400 millones:Número 6742 – Serie 037Seco de $300 millones:Número 2606 – Serie 193Seco de $100 millones:Número 4661 – Serie 262Secos de $50 millones:Número 6711 – Serie 363Número 6899 – Serie 109Número 9869 – Serie 249Número 5264 – Serie 357Secos de $20 millones:Número 4759 – Serie 380Número 5054 – Serie 258Número 0387 – Serie 066Número 4252 – Serie 127Número 7736 – Serie 336Número 9231 – Serie 372Número 5199 – Serie 182Número 8565 – Serie 087Número 9059 – Serie 428Número 3062 – Serie 435Número 4996 – Serie 063Número 5861 – Serie 388Número 1552 – Serie 020Número 4676 – Serie 294Número 4609 – Serie 349Secos de $10 millones:Número 0176 – Serie 268Número 0434 – Serie 001Número 0576 – Serie 295Número 0691 – Serie 393Número 1004 – Serie 177Número 2057 – Serie 008Número 2071 – Serie 421Número 2276 – Serie 234Número 2407 – Serie 282Número 2449 – Serie 445Número 2555 – Serie 343Número 2612 – Serie 216Número 2801 – Serie 171Número 2950 – Serie 430Número 3069 – Serie 410Número 3434 – Serie 281Número 3448 – Serie 002Número 3662 – Serie 391Número 3847 – Serie 380Número 4261 – Serie 091Número 4887 – Serie 321Número 5502 – Serie 219Número 6934 – Serie 043Número 7052 – Serie 274Número 7324 – Serie 185Número 7757 – Serie 122Número 8017 – Serie 018Número 8120 – Serie 092Número 8982 – Serie 352Número 9090 – Serie 144Número 9296 – Serie 388Número 9303 – Serie 246Número 9336 – Serie 111Número 9642 – Serie 364Número 9713 – Serie 146Número 9955 – Serie 263Reconfirme en la siguiente imagen, publicada por la Lotería de Boyacá, si su número está entre los ganadores.Qué hago si gano la Lotería de BoyacáSi una persona resulta ganadora del premio mayor o de un premio superior a 10 millones de pesos, el pago se realiza exclusivamente en las instalaciones de la Lotería de Boyacá, ubicadas en la calle 19 N.º 9-35, piso 3, en Tunja (Boyacá).En caso de que el ganador viva fuera de Tunja, puede dirigirse primero a una oficina de distribución o a un punto de venta autorizado, donde recibirá orientación sobre el procedimiento para reclamar el dinero.Cuando el premio es inferior a 10.000.000 de pesos, el cobro puede realizarse en puntos de venta autorizados, oficinas de distribución o a través de los canales oficiales habilitados por la lotería.¿Cómo jugar la Lotería de Boyacá?Participar en la Lotería de Boyacá es un proceso sencillo y accesible. Los interesados pueden jugar de dos formas:Tradicional, mediante la compra de un billete físico.En línea, a través de los canales autorizados.El jugador puede adquirir un billete completo o una fracción (por lo general, cada billete se divide en cuatro fracciones). La compra se puede realizar en:Vendedores autorizados, debidamente identificados en las calles.Puntos de venta oficiales, como corresponsales bancarios (por ejemplo, Bancolombia), puntos de chance como Paga Todo, Gana o Giramos, además de máquinas LottiRed y Sipaga, entre otros establecimientos autorizados.Cada billete cuenta con un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos, datos fundamentales para verificar si fue ganador. Antes de pagar, se recomienda comprobar que el billete no tenga tachaduras ni enmendaduras y que la fecha del sorteo sea la correcta.
La Lotería del Cauca realizó su sorteo número 2600 la noche de hoy sábado, brindando a miles de apostadores la posibilidad de convertirse en millonarios. El número ganador del premio mayor de la Lotería del Caucade este sábado es el 7695 de la serie 096. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $8.000 millones!Ganadores de los secos de la Lotería del CaucaA continuación, se detallan los números ganadores de los premios secos del sorteo 2600. Se recomienda revisar cuidadosamente cada billete para confirmar si se encuentra entre los afortunados:Seco $300 millones:Número 2603 – Serie 127Seco $200 millones:Número 0525 – Serie 1242 secos de $100 millones:Número 0144 – Serie 281Número 8473 – Serie 1043 secos de $50 millones:Número 8600 – Serie 006Número 4422 – Serie 085Número 4014 – Serie 22929 secos de $10 millones:Número 2750 – Serie 259Número 2911 – Serie 204Número 4217 – Serie 183Número 1510 – Serie 213Número 9098 – Serie 228Número 1676 – Serie 110Número 9223 – Serie 210Número 7018 – Serie 260Número 9542 – Serie 006Número 7164 – Serie 244Número 7692 – Serie 215Número 4602 – Serie 236Número 9683 – Serie 230Número 5274 – Serie 267Número 9355 – Serie 066Número 2126 – Serie 178Número 6541 – Serie 168Número 7784 – Serie 229Número 9258 – Serie 038Número 6051 – Serie 301Número 1643 – Serie 174Número 3286 – Serie 052Número 8604 – Serie 224Número 8374 – Serie 182Número 1429 – Serie 216Número 7836 – Serie 163Número 4294 – Serie 295Número 3647 – Serie 276Número 1742 – Serie 263Confirme en la siguiente imagen oficial de la Lotería del Cauca, si su número está entre los ganadores del sorteo de hoy.
El Extra de Colombia (Sorteo Extraordinario de Colombia), realizó este sábado 28 de febrero de 2026 su Gran Sorteo Extraordinario. El gran ganador fue 0013 de la serie 385, acreedor al premio mayor de $15.000 millones de pesos.El Premio Mayor y AproximacionesEl número favorecido para el Premio Extramillonario fue el 0013 de la serie 385. Asimismo, la organización reportó el resultado del "Mayor Invertido", el cual correspondió al número 3100 de la misma serie (385), otorgando un incentivo de 78 millones de pesos para aquellos que acertaron bajo esta modalidad.Además del premio mayor, el sorteo realizó la entrega de importantes premios secos, distribuidos de la siguiente manera:1 Premio Seco de $1.000 millones: Número 5055, Serie 037.1 Premio Seco de $500 millones: Número 7217, Serie 538.1 Premio Seco de $300 millones: Número 7166, Serie 346.1 Premio Seco de $200 millones: Número 6388, Serie 037.1 Premio Seco de $100 millones: Número 9141, Serie 523.Incentivos adicionales y Premios MenoresLa jornada no se limitó a los grandes secos. Se sortearon 10 premios de 20 millones de pesos cada uno y otros 10 premios de 10 millones de pesos. Entre los números destacados en estas categorías se encuentran el 5893 (serie 329), el 9049 (serie 267) y el 4632 (serie 373).En la categoría de Lanzamientos Incentivos Adicionales, los resultados fueron:Bono Casa ($160 millones): 5425 - Serie 273.Bono Carro ($70 millones): 6553 - Serie 147.Bono Viaje de tus Sueños ($40 millones): 6194 - Serie 254.Bono Moto ($30 millones): 7665 - Serie 224.Video sorteo Extra de Colombia hoy
Los sorteos de juegos de azar en Colombia del sábado 28 de febrero de 2026 dejó miles de ganadores en todo el territorio nacional. Los sorteos de la Lotería de Boyacá, Lotería del Cauca, el sorteo extraordinario y Baloto Revancha entregaron premios multimillonarios y estos son los resultados.Lotería de Boyacá hoy: Sorteo 4613La Lotería de Boyacá, conocida por tener uno de los planes de premios más robustos del país, realizó su sorteo número 4613. El Premio Mayor, que asciende a los $15.000 millones de pesos, fue para el número 6594 de la serie 432.Además del premio principal, la entidad reportó los siguientes resultados para sus premios secos de mayor valor:Premio Fortuna ($1.000 millones): 6763, serie 364.Premio Alegría ($400 millones): 6742, serie 037.Premio Ilusión ($300 millones): 2606, serie 193.Premio Esperanza ($100 millones): 4661, serie 262.Lotería del Cauca hoy: sorteo 2600Por su parte, la Lotería del Cauca celebró su sorteo 2600, una cifra redonda que atrajo a un gran número de compradores. El Premio Mayor de $8.000 millones de pesos favoreció al número 7695 de la serie 096.La estructura de premios de esta lotería también destacó por sus premios secos:Seco de $300 millones: 2603, serie 127.Seco de $200 millones: 0525, serie 124.Secos de $100 millones: Números 0144 (serie 281) y 8473 (serie 104).Sorteo Extraordinario de Colombia: Sorteo 2248El Extra de Colombia, que juega periódicamente con una bolsa de premios ampliada, realizó el sorteo 2248. El Premio Extramillonario de $15.000 millones de pesos fue para el número 0013 de la serie 385.Este sorteo se caracteriza por incluir incentivos adicionales como vehículos y viviendas. En esta ocasión, los resultados destacados fueron:Bono Casa ($160 millones): 5425, serie 273.Bono Carro ($70 millones): 6553, serie 147.Premio Seco ($1.000 millones): 5055, serie 037.Baloto y Revancha: Sorteo 2624Finalmente, el juego de Baloto reportó su sorteo 2624. Aunque el acumulado principal no fue entregado en su totalidad, miles de personas obtuvieron premios menores por aciertos en las balotas y la superbalota.Baloto: Los números ganadores fueron 07, 11, 15, 19, 41 con la Superbalota 09. El nuevo acumulado para el próximo lunes 2 de marzo será de $24.800 millones.Revancha: Los números fueron 03, 04, 19, 25, 42 con la Superbalota 15. El acumulado asciende ahora a $16.900 millones.Es importante recordar a todos los ganadores que, de acuerdo con la normativa vigente en Colombia, los premios de lotería están sujetos al impuesto por Ganancias Ocasionales, el cual corresponde al 20% del valor total del premio, más los descuentos de ley aplicables por transferencias financieras. Los beneficiarios tienen un plazo de hasta un año para reclamar sus premios presentando el billete original en perfecto estado y su documento de identidad.
El sorteo 2624 del Baloto y Revancha dejó miles de ganadores en premios secundarios, pero ningún acertante del premio mayor, por lo que los acumulados siguen creciendo para el próximo juego del lunes 2 de febrero.Resultado BalotoEl sorteo 2624 del Baloto se realizó la noche del sábado 28 de febrero de 2026, autorizado por Coljuegos y transmitido por Canal 1, como es habitual en este juego de azar nacional. La combinación ganadora estuvo conformada por los números 07 -11 15 19 -41 y la Superbalota 09, tal como registra el histórico oficial del juego para esa fecha.Revancha: números y acumuladoLos números ganadores de Revancha fueron 04 - 03 - 19 - 25 -42 y la Superbalota 15, de acuerdo con el registro oficial del juego y los portales especializados en resultados de loterías. Al igual que en el Baloto tradicional, en Revancha no se presentó ningún acertante de los cinco números más la Súper Balota.Sobre el funcionamiento y el impacto socialOperado actualmente por el Operador Nacional de Juegos (ONJ) y regulado por Coljuegos, Baloto destina una parte significativa de sus ingresos por derechos de explotación al sistema de salud de los colombianos. Históricamente, este juego ha entregado billones de pesos en premios y ha transferido recursos vitales para el sector público.Los jugadores que resulten ganadores de premios menores a 182 UVT pueden reclamar sus incentivos en los puntos de venta autorizados de las redes Su Red y SuperGIROS. Para premios mayores, el trámite debe realizarse directamente ante la entidad fiduciaria con el tiquete original y documento de identidad.
A través de una carta que contiene 5 argumentos, la presidenta de la Federación Nacional de Departamentos Dilian Francisca Toro y el director ejecutivo Amylkar Acosta le hicieron llamado al Gobierno Nacional y a la guerrilla de las Farc para que se consolide un nuevo acuerdo de paz definitivo, como se hace explícito en el tercer punto de esta carta afirmando lo siguiente: “Haciendo eco al clamor de los gobernadores, que lo es también el de las inmensas movilizaciones estudiantiles y ciudadanas, la Federación Nacional de Departamentos, hace un vehemente llamado al Gobierno Nacional y las Farc, para que, con fundamento en lo hasta ahora avanzado, se consolide YA un nuevo y definitivo acuerdo, que obviamente, debe recoger, hasta donde más sea posible la decisión popular expresada en el plebiscito.” Por otra parte, se envía un fuerte mensaje a las Farc para que mantengan su fortaleza, continúen con la construcción de paz y contribuyan de manera real con la implementación del acuerdo final al que se llegue entre las partes. “Farc mantengan y fortalezcan una actitud propositiva frente a los resultados del plebiscito y la necesidad de modificar el acuerdo suscrito el 26 de septiembre en Cartagena y en particular el cumplimiento de su compromiso de contribuir real y efectivamente a la implementación de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en favor de las víctimas” Finalmente, la Federación Nacional de Departamentos asegura que extender la incertidumbre ante un nuevo acuerdo puede poner en riesgo el cese al fuego bilateral del fuego o puede llevar a que se pierda en su totalidad el proceso de paz por el que se ha trabajado por más de 4 años.
A propósito de la nueva etapa en que entra el proceso de paz esta semana con el viaje de los negociadores a La Habana con el consolidado de propuestas de la oposición para discutirlas con las Farc, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que una vez se logre el nuevo acuerdo, el dinero para el mecanismo de refrendación que elija el presidente Santos se dispondrá con prioridad. “No nos vamos a adelantar a ninguna decisión de ese nivel, son decisiones que habrá que tomar en ese momento, pero lo cierto es que estas son prioridades para Colombia, el país necesita ante todo tener una absoluta claridad en materia de paz; de manera que estamos listos a enfrentar el mecanismo de refrendación que el señor presidente escoja”, afirmó el jefe de la cartera económica. Cabe señalar que el costo del plebiscito del pasado 2 octubre, luego de un acuerdo que logró el Ministerio de Hacienda con la Registraduría Nacional bajó de los $350.000 millones a $280.000 millones de pesos.
Yolanda Pinto de Gaviria, viuda del gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria, asesinado por las Farc en un intento fallido de rescate en mayo de 2003, aseguró que es necesario lograr un acuerdo de paz y una renegociación con los líderes del NO lo más pronto posible. “Debe ser antes de una do dos semanas, que sea pronto que se ponga fin a este proceso con los del NO y que vemos un acuerdo nuevo que podamos someter a refrendación por medio de los tres mecanismos que propone el gobierno”, dijo uno de los ´símbolos de las víctimas de las Farc en el conflicto. Pinto señaló que aunque respeta los resultado de plebiscito, “el acuerdo es con las Farc y no con los señores del NO” y que ya ha pasado el tiempo suficiente para atender las propuestas que han hecho desde la oposición a lo acordado con la guerrilla. “Llego el momento de tomar un camino; si bien es cierto los demócratas debemos respetar los resultados de la democracia, también es cierto que llevamos más de un mes escuchando a los líderes del NO”, dijo. “Los delegados se han sentado durante más de un mes a trabajar con ellos, han escuchado su propuestas, más de 400 propuestas, y creo que es el momento que el Gobierno y el presidente tomen una decisión en el sentido de que necesitamos un acuerdo de Gobierno nuevo ya. “Es ahora o nunca, es el momento que tenemos los colombianos para que las Farc desaparezcan como grupo armado, para que dejen de asesinar, de secuestrar, no podemos desechar este momento”, agregó Pinto. Frente al mecanismo idóneo para refrendar un nuevo acuerdo, Pinto aseguró que es desde el Congreso que se debe adelantar este proceso, pues, según ella, allí están concentradas y representadas todas las corrientes políticas de la sociedad. “El Congreso tiene toda la facultad para aprobar la renegociación; en el Congreso están representadas todas las expresiones políticas y sociales de este país y creo que es el camino más expedito y que reúne las distintas vertientes de la política y la sociedad colombiana”, señaló. Para terminar, envió un mensaje a quienes aún no entienden su actitud frente a las Farc, y señaló que si hubiese dado cabida al odio, su “vida se iba a transformar en un infierno”. “Ellos no saben lo que duele a una mujer que le asesinen a su esposo, que le asesinen a su hijo y además han permitido que el odio entre a sus corazones (…) Tengo el dolor intacto, pero entendí desde que lo mataron que si el odio entraba a mi vida, ella se iba a convertir en un infierno”, concluyó.
Una reunión clave para definir el futuro del nuevo acuerdo de paz se desarrolla en la Presidencia. Se trata de un encuentro entre el presidente Juan Manuel Santos, quien ya regresó de su viaje a Reino Unido y el jefe del equipo negociador de paz, Humberto de La Calle. En el encuentro se dieron a conocer los detalles y alcances logrados durante esta semana en las reuniones que se adelantaron entre el Gobierno y los promotores del NO en el plebiscito por la Paz. Una vez el presidente Juan Manuel Santos conozca el documento que contiene 410 propuestas que están resumidas en 60 ejes temáticos, se espera que se den declaraciones y posiblemente se conozcan los tiempos para lograr un consenso del acuerdo final. De la Calle viajará a Cuba para integrarse a la mesa de conversaciones la cual ya inició el alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo, quien viajó junto a algunos asesores y el equipo de comunicaciones de la delegación de paz para ir adelantando el trabajo con los negociadores de las Farc en esta nueva etapa. Escuche en este audio más información sobre: -Con medida de aseguramiento en centro carcelario fue afectado el patrullero de la Policía Yohan Edis Jaramillo, por el Juzgado Segundo Penal de Itagüí, Antioquia, por su presunta responsabilidad en el abuso de por lo menos seis menores de edad. -En Cali las autoridades Continúan con la búsqueda del estudiante de la Universidad del Valle desaparecido desde hace una semana. El joven estudiante, se destacaba por sus altos puntajes y por liderar protestas sociales. -La empresaria que ganó el caso del "brexit" denunció que recibe amenazas constantes en internet. -Varios jugadores colombianos estarían hoy en las ligas de Europa y México, antes de unirse a la Selección Colombia para los partidos de eliminatorias. – -Las fuerzas iraquíes que participan en la ofensiva para arrebatar Mosul al grupo terrorista Estado Islámico reforzaron la seguridad y los controles en los alrededores de la ciudad, para evitar que salgan de ella combatientes radicales camuflados entre los civiles. -Decenas de miles de manifestantes pidieron nuevamente en Seúl la dimisión de la presidenta surcoreana, a raíz de un escándalo de corrupción que involucra a una confidente suya acusada de influir en asuntos de Estado y apropiarse de fondos públicos.
El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Augusto Castro, aseguró que debe garantizarse la participación de los desmovilizados de las Farc cuando se renegocien los nuevos acuerdos entre Gobierno y guerrilla en La Habana. El arzobispo de Tunja indicó que, tras hablar con los jefes de la delegación del grupo guerrillero en Cuba, le manifestaron que esa es una condición inamovible la cual se había acordado durante estos años de negociaciones. “Darle totalmente la razón a las Farc porque figúrese 50 años de lucha para llegar a participar en la política y ahora decirles que no pueden participar es una gran tomadura de pelo, es decir todo el fenómeno de la guerra surgió de la exclusión política de algunos grupos”, señaló. Sin embargo, aclaró que las partes deben despejar dudas sobre su ingreso a la política, puesto que hay uno jefes guerrilleros sindicados de delitos de lesa humanidad. “Habrá que ver y aclarar cómo va a ser esa participación en política especialmente para aquellos que sean acusados de algunos delitos especiales, delitos de lesa humanidad”, puntualizó.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".