El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El panorama automotriz en Colombia atraviesa un fenómeno de contrastes. Mientras el mercado general busca estabilidad, el segmento de vehículos de lujo y alto desempeño acelera con fuerza. Según cifras de Andemos, durante el primer semestre de 2025 se comercializaron 3.780 unidades de alta gama, lo que representa un sólido incremento del 16,6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, este crecimiento del doble dígito ha dejado al descubierto una carencia crítica: la falta de profesionales capacitados para atender estas sofisticadas máquinas.En este escenario, la compañía LM3 Performance, ubicada en Zipaquirá, se ha erigido no solo como un centro de mantenimiento especializado, sino como una academia estratégica para el sector. Fundada hace más de una década por Jhon Alexander Vargas Vargas y el piloto Santiago Lozano Mesa, la firma ha logrado fusionar el rigor del automovilismo deportivo con la gestión empresarial, registrando un crecimiento cercano al 60% en el último año.La brecha técnica en el mercado premiumA pesar de que cada vez circulan más vehículos de marcas exclusivas como Ferrari o McLaren por las vías nacionales, el número de talleres que cumplen con los estándares de ética y precisión necesarios es limitado. Para Jhon Alexander Vargas, socio fundador de la empresa, el problema radica en la especificidad del conocimiento requerido.“Este es un mercado muy especializado y hay muy poca gente realmente preparada. No es solo saber mecánica, es entender el vehículo, la tecnología, los materiales y la responsabilidad que implica trabajar con carros de alto valor”, afirma Vargas. Actualmente, LM3 Performance atiende un promedio mensual de entre 60 y 70 vehículos, recibiendo clientes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cúcuta y Tunja. Esta demanda nacional subraya la necesidad de descentralizar y profesionalizar el servicio técnico en el país.Formación: El motor del cambioAnte la escasez de mano de obra calificada, la empresa ha decidido asumir un rol pedagógico. No se limitan a reparar motores; están formando a la próxima generación de técnicos. Al generar 10 empleos directos y 20 indirectos, la compañía abre sus puertas a jóvenes entusiastas que buscan aprender bajo estándares de lujo.“La demanda existe y sigue creciendo, pero no hay suficientes personas formadas para trabajar en este nivel. Por eso nuestro interés no es solo crecer como empresa, sino enseñar y compartir el conocimiento”, explica Vargas.Esta visión educativa se extiende también a los propietarios de los vehículos. Santiago Lozano, piloto con trayectoria internacional y cofundador, enfatiza que la potencia requiere responsabilidad.“A partir de los 300 caballos de fuerza ya es necesario saber manejarlos”, asegura Lozano.Bajo esta premisa, la empresa promueve la conducción responsable y el entendimiento de los límites técnicos para reducir riesgos en las vías públicas.La apuesta final de la compañía trasciende los fierros y la potencia. Según sus fundadores, la clave para profesionalizar el mercado radica en la transparencia y la experiencia del cliente. “El cliente debe sentirse cómodo, informado y seguro. Siempre hablamos con la verdad y buscamos la mejor solución posible según su realidad”, concluye Vargas.
El operador de telefonía móvil Millicom adquirió este miércoles mediante una OPA el 67,5 % de las acciones ordinarias de Colombia Telecomunicaciones (Movistar), de propiedad de Telefónica Hispanoamérica, como parte de un negocio que le permitirá tomar el control de la compañía, informó la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).De esta forma Millicom, con sede en Luxemburgo, adquiere 2.301.779.819 títulos de propiedad del grupo español en Colombia Telecomunicaciones, también denominada Coltel, reveló la BVC en un boletín informativo para sociedades comisionistas de bolsa.Esta operación hace parte de un acuerdo previo de compraventa con Millicom anunciado el 13 de marzo de 2025 por Telefónica Hispanoamérica pero faltaba materializarla.La OPA fue presentada el pasado 20 de enero por una cantidad mínima de 1.864.694.494 acciones ordinarias, "que representan el 54,68 % de las acciones suscritas, pagadas y en circulación de la sociedad", y máxima de 2.330.868.118, correspondientes al 68,35 %.En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Movistar y Tigo, controlada por Millicom, porque ofrece "beneficios potenciales" para los usuarios y el mercado colombiano, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de la compañía mexicana Claro.Dicha aprobación era necesaria para facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica, filial de la española Telefónica, en Colombia Telecomunicaciones por 400 millones de dólares, según el acuerdo de marzo de 2025.El 32,5 % restante de las acciones de Coltel pertenecen al Gobierno colombiano, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la venta de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en la compañía.El Estado colombiano espera recaudar más de 850.000 millones de pesos (unos 233 millones de dólares) con esa operación.Según dijo la compañía española cuando anunció el acuerdo con Millicom para la venta de sus activos en Colombia, esa operación "está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica".Como parte de esa política, Telefónica Hispanoamérica llegó el año pasado a acuerdos para vender sus filiales en Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay porque el Grupo Telefónica decidió centrar sus operaciones en España, Alemania, Reino Unido y Brasil.
Este jueves 5 de febrero de 2026, la capital colombiana se transforma. Bajo el lema ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, la administración distrital adelanta una nueva jornada del Día sin Carro y sin Moto, una iniciativa que busca reducir la huella de carbono, mejorar la calidad del aire y fomentar medios de transporte alternativos entre los ciudadanos.La jornada, que se extiende desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., no es un evento fortuito. Se trata de la versión número 28 de una medida que ya es tradición y mandato legal. Su origen se remonta a la Consulta Popular del 29 de octubre de 2000, cuando los bogotanos votaron mayoritariamente a favor de institucionalizar este día el primer jueves de febrero de cada año.¿Quiénes no pueden circular?La restricción es estricta para el parque automotor particular. No podrán transitar:Carros y motos particulares.Vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario (el día se repondrá al final del periodo adquirido).Vehículos de medios de comunicación con placas amarillas.Automóviles de enseñanza automotriz (academias de conducción).Vehículos híbridos o a gas (una de las restricciones más importantes a tener en cuenta este año).Taxis y transporte especial con placas terminadas en 7 y 8.Es fundamental recordar que el transporte de carga mantendrá su restricción habitual, regida por el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025.Sí podrán circularTransporte público.Motocicletas vinculadas a empresas, plataformas tecnológicas y/o establecimientos de comercio, que prestan el servicio de mensajería y/o domicilioTransporte para personas con discapacidad.Vehículos de emergencia.Transporte escolar.Vehículos con capacidad de más de 10 pasajeros.Servicio públicos domiciliarios.Destinado al control de tráfico.Caravana presidencial.Vehículos Militares, de Policía Nacional, de Organismos de Seguridad del Estado y CTI seccional Bogotá.Vehículos diplomáticos o consular.Motocicletas de vigilancia y seguridad privada.Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección.Vehículos eléctricos o cero emisiones, incluyendo motocicletas.Carrozas fúnebres.Vehículos destinados para el control operacional y mantenimiento del SITP.Control de emisiones y vertimientos, incluyendo motocicletas.Transporte de valores.Excepciones: ¿Quiénes tienen vía libre?Para garantizar el funcionamiento de la ciudad, ciertos sectores están exentos de la medida. Entre ellos se encuentran el transporte público en su totalidad, vehículos eléctricos o cero emisiones, rutas escolares, vehículos de emergencia, servicios públicos domiciliarios y transporte para personas con discapacidad.Asimismo, se permite la circulación de motocicletas vinculadas a empresas de mensajería o plataformas de domicilios, siempre que estén debidamente acreditadas, y vehículos de seguridad (UNP, Fuerzas Militares y Policía).Operación de TransMilenio y transporte masivoPara absorber la demanda de millones de viajes que hoy no se realizarán en vehículo privado, el sistema de transporte masivo operará al 100% de su capacidad. La ciudad dispone de 10.482 buses entre rutas troncales, TransMiZonal (SITP), alimentadores y duales. Además, el TransMiCable en Ciudad Bolívar contará con sus 163 cabinas operativas.María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio, destacó el compromiso del sistema:“Para esta jornada tendremos disponible toda nuestra capacidad operativa para responder a la demanda de los ciudadanos, con refuerzos en todo el Sistema y un monitoreo permanente desde el Centro de Control. Invitamos a los usuarios a planear sus viajes con anticipación, hacer uso de la TransMiApp para planear sus viajes y mantenerse informados a través de nuestros canales oficiales”.Sanciones y recomendacionesNo cumplir con la restricción no solo afecta la movilidad colectiva, sino también el bolsillo. La multa por transitar durante el Día sin Carro y sin Moto asciende a 633.000 pesos, sumado a la inmovilización inmediata del vehículo, lo que incrementa significativamente el costo por los servicios de grúa y patios.Para quienes opten por la bicicleta —el medio de transporte estrella de la jornada—, la Secretaría de Movilidad recomienda el uso estricto del casco, hacerse visible con luces blanca (delantera) y roja (trasera) y respetar las señales de tránsito. "La vida es la prioridad en las vías", recuerdan las autoridades, instando a los conductores de vehículos exentos a proteger siempre al actor vial más vulnerable: el peatón y el ciclista.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló este miércoles por primera vez desde que la semana pasada se hicieron públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Jeffrey Epstein para reconocer que fue "un insensato" al mantener contacto con el pederasta fallecido.Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamenta "cada minuto" que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaran más detalles de una relación ya conocida.El multimillonario insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran "falsas".En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.Gates ha negado todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes."El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global", afirmó. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él".Las declaraciones de Gates llegan un día después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía que "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, declaró sentirse invadida por una "tristeza inmensa" tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar "feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio".Desde que el Departamento de Justicia liberara esta tanda de archivos, han sido muchas las personas conocidas afectadas por aparecer en los documentos y que han tenido que dar explicaciones sobre su relación con el pederasta fallecido.
La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4834 la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 9.000 millones de pesos.Premio Mayor de la Lotería del ValleEl número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el 2880 de la serie 050. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!Los premios de esta lotería se pueden reclamar en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador. Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas ubicadas en Calle 9 # 4-50 en Cali, para realizar el trámite de cobro de manera segura y conforme a los requisitos establecidos.Ganadores de los secos de la Lotería del ValleA continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.Premio de $500.000.000Número: 3570 – Serie: 135Premio de $100.000.000Número: 3438 – Serie: 272Número: 2188 – Serie: 288Premio de $60.000.000Número: 7660 – Serie: 058Número: 6116 – Serie: 081Número: 4708 – Serie: 098Premio de $40.000.000Número: 4992 – Serie: 000Premio de $30.000.000Número: 7246 – Serie: 032Número: 2977 – Serie: 035Número: 8187 – Serie: 004Número: 8853 – Serie: 248Número: 9536 – Serie: 003Número: 0985 – Serie: 238Número: 9201 – Serie: 252Número: 0383 – Serie: 260Número: 7271 – Serie: 086Número: 8652 – Serie: 281Número: 2735 – Serie: 154Número: 2469 – Serie: 050Número: 2161 – Serie: 060Número: 3755 – Serie: 142Número: 8042 – Serie: 076Número: 3648 – Serie: 036Número: 6153 – Serie: 133Número: 0195 – Serie: 071Número: 4318 – Serie: 098Número: 0362 – Serie: 250Número: 4740 – Serie: 271Número: 1983 – Serie: 295Número: 1457 – Serie: 036Número: 5724 – Serie: 176Número: 5858 – Serie: 309A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4834 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.Recuerde que si es el ganador el desembolso de los premios en efectivo de la lotería se realiza en un plazo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador. Por ello, es importante diligenciar correctamente la documentación requerida.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m., utilizando un sistema de baloteras electro neumático que garantiza transparencia y seguridad. La transmisión se realiza en vivo a través de Telepacífico, permitiendo a los jugadores verificar en directo el sorteo.La validación de billetes premiados de la Lotería inicia con la verificación del premio según el listado oficial y el respaldo presupuestal. El ganador debe firmar el billete con número de cédula y huella, y entregar copias del billete, cédula y certificación bancaria.El billete se revisa con las seguridades mínimas y la tira de control, y se solicita al proveedor impresor la certificación de autenticidad para premios mayores a $20 millones. Tras confirmar la autenticidad, se emite la resolución de pago y se envía a la dirección financiera para realizar el desembolso al ganador.
Colombia concretó un acuerdo con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para realizar una investigación sobre los usos industriales de la hoja de coca. La iniciativa se trabajó durante una reunión entre la canciller, Laura Sarabia, y el director General del OIEA, Rafael Grossi. El encuentro se dio en Austria, donde se desarrolla el 68 período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas."Esto permitirá abrir nuevas oportunidades para el desarrollo alternativo, incluyendo mejorar el rendimiento de agro insumos y biofertilizantes, así como evaluar las condiciones ambientales de los territorios que padecen impactos ambientales adversos por los problemas asociados a los cultivos ilícitos", explicó la canciller.En este momento Colombia busca actualizar su marco regulatorio para el uso seguro y pacífico de tecnologías nucleares, en sectores como la salud, agricultura, industria, comercio y medioambiente."La jefe diplomática hizo un recorrido por el Organismo Internacional de Energía Atómica en Viena donde conoció sobre las aplicaciones de las tecnologías nucleares aplicadas a la hoja de coca a través de, por ejemplo, realizar mediciones para determinar que no haya presencia de alcaloides tóxicos en la harina de hoja de coca o fertilizantes derivados de la misma", señaló la Cancillería.
En este momento el proceso de paz con el ELN se encuentra suspendido tras varias acciones terroristas que se presentaron por parte de ese grupo, especialmente en Arauca y Norte de Santander.Sin embargo, la delegación de diálogos del Gobierno en negociaciones con esa guerrilla convocó a varios sectores de la sociedad civil a un congreso por la paz el próximo 5 de abril.“La Delegación del Gobierno Nacional en la Mesa de Diálogos para la Paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) convoca el 5 de abril a las plataformas, redes de paz, organizaciones humanitarias y de derechos humanos, así como a iniciativas de paz de los territorios, comunidad internacional, Iglesia e iglesias a un espacio de escucha y reflexión sobre el momento actual y pensar posibles acciones”, señala la delegación del Gobierno.El proceso de paz con el ELN empezó en noviembre del 2022 pero fue suspendido por parte del presidente Gustavo Petro desde el pasado mes de septiembre.“A pesar de la suspensión de la Mesa de Diálogos con el ELN, la Delegación insiste en que la paz no solo debe buscarse en las mesas de diálogo con los actores armados, sino también en las comunidades, las organizaciones sociales, los liderazgos territoriales y la sociedad civil en su conjunto. Este Congreso responde a la necesidad urgente de escuchar las voces de aquellos que, en diversas regiones del país, siguen apostando por la paz a pesar de las adversidades”, señala el Gobierno.
En las últimas horas la Unidad de Víctimas adelantó un diálogo con representantes de la comunidad indígena Emberá, quienes se encuentran albergados en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida, ubicada en Funza, Cundinamarca. Según la entidad, aproximadamente 900 indígenas, entre mujeres, hombres, niños y adultos mayores, manifestaron su intención de retornar a los territorios en Chocó y Risaralda."Para ello, la comunidad participó en diversas actividades lúdicas centradas en la identidad cultural, la autonomía de gobierno propio y el derecho fundamental al territorio, con el fin de empoderar a la comunidad para tomar decisiones informadas sobre su retorno. Esta actividad forma parte de los ejercicios de alistamiento para regresar a su territorio ancestral a finales de abril de este año", señala la Unidad de Víctimas.Es importante recordar que el pasado mes de septiembre empezó el retorno de otros grupos de indígenas, quienes se encontraban asentados en el Parque Nacional, en Bogotá. El proceso de retorno, que se espera se de en el mes de abril, busca garantizar todos los derechos de las comunidades en su territorio."El proceso de retorno cuenta con la colaboración de varias entidades que han apoyado el trabajo de la Unidad para las Víctimas, entre las que se encuentran la alcaldía de Bogotá y la Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación del Distrito", agregó la Unidad de Víctimas.
La sala de definición de situaciones jurídicas de la JEP le otorgó la renuncia a la persecución penal a 7 comparecientes que hicieron parte de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR), con sede en Cúcuta, Norte de Santander.Estas personas están involucradas en unos casos de falsos positivos ocurridos el 22 de julio de 2008, en el municipio de Durania.Los militares asesinaron al menor de edad Johan Manuel Guzmán Uzquiano, a la joven Leydi Katherine Gelves Martínez y a los jóvenes Hugo Armando Garzón Alvarado y Nelson Darío Vargas Parra, para presentarlos falsamente como bajas en combate.Las siete personas aportaron verdad y reconocieron, su responsabilidad en los hechos, además, participaron en una audiencia en la que estuvieron los familiares de algunas de las víctimas.Después de evaluar cada caso, la JEP decidió concederle la renuncia a la persecución penal a estas personas, es importante recordar que este beneficio aplica para quienes no son seleccionados como máximos responsables, por no haber tenido una participación determinante en dichos crímenes.La justicia transicional explica, además, que la versión entregada en una primera medida sobre los hechos fue falsa, pues el enfrentamiento nunca ocurrió y las muertes de las víctimas fueron encubiertas de forma planificada, pues se simuló un combate con el fin de obtener resultados operacionales falsos.“Johan Manuel Guzmán Uzquiano, nació el 29 de agosto de 1990 en Cúcuta, tenía 17 años. Se desempeñaba como mecánico de motos y, recientemente, había trabajado cargando piedra y arena para un contratista local en el municipio de Villa del Rosario. En 2007 había finalizado el bachillerato técnico en mecánica y vivía con sus padres y su hermano en el barrio La Unión. Por su parte, Hugo Armando Garzón Alvarado, de 22 años, nació en Barranquilla y residía en el barrio Ospina Pérez de Cúcuta. Se dedicaba a oficios varios y el día de los hechos había salido a repartir volantes publicitarios. Había prestado servicio militar y trabajado como oficinista en una empresa de transporte" se lee en la resolución de la JEP.Para ejecutar el crimen dos civiles transportaron a las víctimas en un vehículo junto con armas de fuego y granadas que serían usadas por los miembros de la AFEUR para simular los hechos."Es notorio que la verdad que se ha decantado ante la JEP, fue construida con los aportes hechos por los comparecientes en cumplimiento del régimen de condicionalidad al que se encuentran sometidos, supera lo establecido en su momento por la justicia ordinaria, pues además de que se conoce en forma detallada las circunstancias que rodearon el hecho delictivo a de la referencia, ello hace que en el proceso transicional se fortalezca la calificación jurídica aplicada, porque se cuenta con reconocimientos de responsabilidad por los comparecientes sobre quienes recae este pronunciamiento", añade la JEP.La renuncia a la persecución penal permite que los comparecientes resuelven la situación jurídica de forma definitiva a aquellos comparecientes que cumplan con sus compromisos y se eliminan los antecedentes penales por estos procesos."En la audiencia de ajuste al régimen de condicionalidad de 7 de noviembre de 2024, así como en la audiencia territorial de seguimiento al régimen de condicionalidad, aporte a la verdad y reconocimiento público de responsabilidad y medidas de satisfacción, realizada los días 28 y 29 de noviembre de 2024, los comparecientes SV (R) Oscar Arley Mosquera Prada, SLP (R) Yair Aurelio Osorio Rangel, SLP (R) Carlos Anildo Antolínez Calderón, TC (R) Fabian Andrés Aristizábal Zapata, SLP (R) Juan Gabriel Calderón Villamizar y SLP (R) Luis Gabriel Reyes Martínez reconocieron su participación en los hechos y pidieron perdón a las víctimas, realizándose por consiguiente, un acto de redignificación diseñado con la participación activa de las víctimas con el que se honró la memoria de sus seres queridos", indica la JEP.A estaspersonas, y tras varias audiencias, se les concedió el beneficio de la renuncia a la persecución penal, al igual que a José Nelson Capera, quien también ha participado en el proceso, la resolución fue firmada por los magistrados de Sala de Definición de Situaciones Jurídicas Mauricio García y Pedro Elías Díaz, además, se le comunicó a las autoridades correspondientes para que se adelantes los trámites respectivos, pues, por ejemplo, los comparecientes retirados de la fuerza pública objeto de ladecisión, no podrán ser reincorporados como miembros activos.
El Foro Internacional de Paz que realizó la Alta Consejería para la Paz de Santa Marta, fue el escenario en el que Óscar Mauricio Silva, delegado del Gobierno nacional, anunció que se iniciarán los acercamientos para iniciar las conversaciones con el grupo paramilitar Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).Ante los más de 5.000 campesinos asistentes a este evento, Silva aseguró que “el Gobierno nacional me ha autorizado de anunciar aquí, ante las comunidades, es que el proceso de paz con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, expresó.De inmediato la euforia de los asistentes no se hizo esperar, a lo que Óscar Silva agregó que “es un proceso que vamos a comenzar inmediatamente, vamos a sentarnos a hablar con el grupo, con la alcaldía, con las comunidades, con todos los que tengamos que a hablar para lograr la paz”.A su turno, Jennifer Del Toro, Alta Consejera para La Paz del Distrito, “este proceso nos permitirá el fortalecimiento de economías lícitas que se concreta en el diseño de un nuevo modelo ecoturismo de talla mundial y agricultura sostenible que genera bienestar a las comunidades. La superación de situación de vulnerabilidad de las víctimas del conflicto armado, salud, educación y bienestar social y trabajar en la justicia restaurativa como alternativa real para la construcción de paz”, puntualizó.La Alcaldía Distrital también informó que para el próximo miércoles está agendada la reunión entre los líderes de la Sierra Nevada de Santa Marta, delegados del Gobierno Nacional y demás actores de este proceso, para establecer una hoja de ruta que permita determinar un cronograma de este histórico proceso. Las comunidades la Sierra esperan que este sea el inicio de la paz en este territorio que históricamente ha sido golpeado por la violencia y el olvido del estado.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.