El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El cofundador de Microsoft, Bill Gates, habló este miércoles por primera vez desde que la semana pasada se hicieron públicos tres millones de páginas adicionales relacionadas con Jeffrey Epstein para reconocer que fue "un insensato" al mantener contacto con el pederasta fallecido.Gates, que concedió una entrevista a Nine News Australia, negó haber cometido alguna irregularidad y aseguró que lamenta "cada minuto" que pasó con Epstein, después de que los nuevos documentos revelaran más detalles de una relación ya conocida.El multimillonario insistió en que fue una "insensatez" haber pasado tiempo con el agresor sexual y que las afirmaciones que Epstein hizo sobre él en los documentos eran "falsas".En 2013 Epstein se habría enviado a sí mismo unos correos electrónicos en los que daba a entender que Gates estaba teniendo una aventura extramatrimonial y buscando antibióticos para tratarse una enfermedad de transmisión sexual y añadirle esos medicamentos a su entonces esposa, Melinda, sin que se diera cuenta.Gates ha negado todas las acusaciones. "Al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo. Ese correo nunca se envió, es falso. Así que no sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", dijo.El cofundador de Microsoft declaró que conoció a Epstein en 2011 y que cenaron juntos en varias ocasiones, pero negó haber visitado su isla privada en las Islas Vírgenes."El objetivo siempre fue que, como él conocía a mucha gente muy rica, decía que podía conseguir que donaran dinero para la salud global", afirmó. "En retrospectiva, fue un callejón sin salida, y lo he dicho muchas veces, pero lo repito: fui un ingenuo al pasar tiempo con él".Las declaraciones de Gates llegan un día después de que su exesposa Melinda French Gates dijera que su exmarido tenía que "cuestiones que explicar sobre sus vínculos" con Epstein.La filántropa, que se divorció de Gates en 2021, declaró sentirse invadida por una "tristeza inmensa" tras la publicación de los nuevos documentos y aseguró estar "feliz de haberse alejado de todo ese asunto turbio".Desde que el Departamento de Justicia liberara esta tanda de archivos, han sido muchas las personas conocidas afectadas por aparecer en los documentos y que han tenido que dar explicaciones sobre su relación con el pederasta fallecido.
La Lotería del Valle realizó su sorteo número 4834 la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 9.000 millones de pesos.Premio Mayor de la Lotería del ValleEl número ganador del premio mayor de la Lotería del Valle de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el 2880 de la serie 050. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $9.000 millones!Los premios de esta lotería se pueden reclamar en el punto autorizado o con el lotero que realizó la venta del billete ganador. Para premios superiores a $20 millones, el ganador debe acercarse a las oficinas ubicadas en Calle 9 # 4-50 en Cali, para realizar el trámite de cobro de manera segura y conforme a los requisitos establecidos.Ganadores de los secos de la Lotería del ValleA continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.Premio de $500.000.000Número: 3570 – Serie: 135Premio de $100.000.000Número: 3438 – Serie: 272Número: 2188 – Serie: 288Premio de $60.000.000Número: 7660 – Serie: 058Número: 6116 – Serie: 081Número: 4708 – Serie: 098Premio de $40.000.000Número: 4992 – Serie: 000Premio de $30.000.000Número: 7246 – Serie: 032Número: 2977 – Serie: 035Número: 8187 – Serie: 004Número: 8853 – Serie: 248Número: 9536 – Serie: 003Número: 0985 – Serie: 238Número: 9201 – Serie: 252Número: 0383 – Serie: 260Número: 7271 – Serie: 086Número: 8652 – Serie: 281Número: 2735 – Serie: 154Número: 2469 – Serie: 050Número: 2161 – Serie: 060Número: 3755 – Serie: 142Número: 8042 – Serie: 076Número: 3648 – Serie: 036Número: 6153 – Serie: 133Número: 0195 – Serie: 071Número: 4318 – Serie: 098Número: 0362 – Serie: 250Número: 4740 – Serie: 271Número: 1983 – Serie: 295Número: 1457 – Serie: 036Número: 5724 – Serie: 176Número: 5858 – Serie: 309A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4834 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.Recuerde que si es el ganador el desembolso de los premios en efectivo de la lotería se realiza en un plazo de 30 días hábiles, consignando el valor ganado en la cuenta de ahorros del ganador. Por ello, es importante diligenciar correctamente la documentación requerida.¿A qué hora juega la Lotería del Valle?El sorteo de la Lotería del Valle se realiza todos los miércoles a las 10:30 p.m., utilizando un sistema de baloteras electro neumático que garantiza transparencia y seguridad. La transmisión se realiza en vivo a través de Telepacífico, permitiendo a los jugadores verificar en directo el sorteo.La validación de billetes premiados de la Lotería inicia con la verificación del premio según el listado oficial y el respaldo presupuestal. El ganador debe firmar el billete con número de cédula y huella, y entregar copias del billete, cédula y certificación bancaria.El billete se revisa con las seguridades mínimas y la tira de control, y se solicita al proveedor impresor la certificación de autenticidad para premios mayores a $20 millones. Tras confirmar la autenticidad, se emite la resolución de pago y se envía a la dirección financiera para realizar el desembolso al ganador.
El presidente chino, Xi Jinping, y su par de EE.UU., Donald Trump, mantuvieron este miércoles una conversación teléfonica, según informó la Cancillería china, mientras se planea la posible visita del líder estadounidense a China en abril, después de que ambos alcanzaran una tregua comercial el pasado noviembre.Xi y Trump hablaron este miércoles por la noche de China, según informó la Cancillería en un escueto mensaje, en el que no indicó por el momento los asuntos de los que hablaron los líderes de las mayores potencias mundiales.La llamada se produce el mismo día en el que Xi mantuvo una videoconferencia con el presidente ruso, Vladímir Putin, de la que Pekín informó horas antes y durante la que abordaron la cooperación estratégica entre sus países poco antes de que expire el START III el 5 de febrero, el último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU.Tanto Rusia como China han llamado al presidente de EE.UU. a prolongar durante un año el cumplimiento de los límites contemplados por el START III, en línea con la propuesta de Putin.Según el Kremlin, ambos líderes abordaron, entre otros temas, la cooperación con Venezuela y Cuba y la situación en torno a Irán.Por su parte, Trump y Xi hablaron en principio por última vez el 25 de noviembre, semanas después de verse en Busan (Corea del Sur), cuando acordaron una tregua de un año de su pulso comercial, por la que se rebajaron y suspendieron aranceles, se levantaron restricciones a tierras raras por parte de China y se abogó por cooperar en el tráfico de fentanilo, entre otras medidas.Entonces Trump dijo que viajaría a China este próximo abril, si bien las fechas definitivas del viaje no han sido aún anunciadas.Desde su encuentro, las tensiones entre las potencias han continuado, por asuntos como las actuaciones de Trump con respecto a Venezuela, Cuba, Irán o Groenlandia, países en los que Pekín tiene importantes intereses, así como por el Canal de Panamá o Taiwán.Asimismo, la llamada tiene lugar en un contexto marcado por las negociaciones en torno a las cadenas de suministro y el comercio, después de que Washington convocara esta semana a socios internacionales a una reunión ministerial sobre minerales críticos con el objetivo de reducir su dependencia de China.
La presidenta encargada de Venezuela Delcy Rodríguez se reunió el miércoles con directivos de la española Repsol y la francesa Maurel & Prom, que operan en el país bajo restricciones por las sanciones de Estados Unidos, informó la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).Venezuela aprobó bajo presión de Estados Unidos una reforma petrolera que abre las puertas a la inversión extranjera, mientras que el presidente estadounidense Donald Trump afirma que administra la comercialización de crudo venezolano.El petróleo venezolano está embargado por Estados Unidos desde 2019 pero, tras la aprobación de la reforma, el Tesoro estadounidense ha emitido licencias que flexibilizan las sanciones.Las reuniones se concretaron "en aras de seguir afianzando la soberanía energética" y con el objetivo de "consolidar alianzas estratégicas" que potencien la producción, según publicaciones de Pdvsa en Telegram.Rodríguez, que asumió el poder tras la caída el 3 de enero del mandatario Nicolás Maduro en una incursión de fuerzas estadounidenses, no hizo declaraciones sobre la reunión, en la que también participó el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón.Repsol y Maurel & Prom operan desde hace años en Venezuela a través de "empresas mixtas", un modelo de propiedad compartida donde el Estado venezolano es accionista mayoritario.Venezuela posee las reservas petroleras más grandes del mundo. En 2025 llegó a producir 1,2 millones de barriles diarios, un hito frente a los 300.000 barriles extraídos en 2020, pero todavía lejos de los 3 millones alcanzados en su pico histórico a inicios de siglo.La ley es una reforma a un texto de 2006 y ofrece más garantías a los privados, cede el control estatal de la exploración, y menos impuestos. Analistas estiman que la producción incremente progresivamente bajo este nuevo marco jurídico.
Cuatro miembros de una familia han fallecido intoxicados por monóxido de carbono en su vivienda de Porcari, en la provincia italiana de Lucca (centro), mientras que un quinto familiar permanece hospitalizado en estado grave, informan este jueves medios italianos.Las víctimas son un hombre de 48 años, su esposa de 43 y sus dos hijos, de 22 y 15 años, todos de origen albanés. Sus cuerpos fueron hallados por los bomberos tras una intervención conjunta con los servicios sanitarios y los carabineros en una casa de la localidad de Rughi, poco después de las 22.00 horas (11.00 GMT) del miércoles.El quinto afectado, hermano del padre fallecido, intentó auxiliar a la familia y logró alertar a los servicios de emergencias antes de perder el conocimiento. Actualmente se encuentra ingresado en el hospital de Cisanello, en Pisa (centro), con un pronóstico reservado.Las primeras indagaciones señalan que la causa de la intoxicación fue una fuga accidental de monóxido de carbono, que habría sido generada por un fallo en el sistema de calefacción de la vivienda.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha protegido 80 sitios de interés forense y ha identificado a 152 víctimas de desaparición forzada. Estas acciones se han adelantado en diferentes departamentos del país; sin embargo, la situación de violencia que se vive en algunas regiones también incide en el proceso de recuperación de cuerpos."La situación de orden público en Colombia es muy compleja, y hay lugares en los que la JEP quisiera actuar de forma más rápida y expedita. Por ejemplo, el Cauca es una zona muy conflictiva, y tenemos una serie de medidas cautelares allá en municipios como Miranda y Corinto", señaló el magistrado Raúl Eduardo Sánchez.Sánchez también explicó que en la zona de frontera con Venezuela, tanto en Arauca como en Norte de Santander, existen algunas dificultades para lograr el acceso a los puntos de interés forense."La zona de frontera en Norte de Santander también es muy compleja por el tema de seguridad. Allá se ha hecho presencia del propio magistrado relator, y ha tenido que acudir con acompañamiento del Ejército. Entonces, esas zonas son muy complejas. Insisto en que uno, como juez, y la JEP en general, quisiera poder actuar de una forma mucho más segura para darle un alivio a las víctimas", agregó Sánchez.En total, tras las medidas cautelares de la JEP, se han exhumado 1.713 cuerpos. De ellos, 152 han sido identificados y 97 entregados a sus familias.
Tras la captura de alias 'Araña', integrante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo disidente de la Segunda Marquetalia, en medio de los diálogos que sostenía con el Gobierno nacional por parte del CTI de la Fiscalía en un hotel en Bogotá, la molestia en el Gobierno nacional la expresó el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, quien dijo que era "una posible trampa" dicha detención."Esto puede constituir un nuevo elemento de trampa hecho por ustedes", dice Otty Patiño, Alto Comisionado para la Paz a los agentes del CTI que detuvieron a Andrés Rojas, alias 'Araña', en el occidente de Bogotá. Asimismo, dijo que ellos se han retirado de la mesa de diálogos es porque han sido "entrampados" y aseguró que "hacen una trampa contra el proceso de paz" que se viene desarrollando con la Segunda Marquetalia.De acuerdo con los miembros del CTI de la Fiscalía, que llegaron hasta el hotel, 'Araña' tenía una una circular roja de la Interpol por lo tanto debía ser capturado por parte de las autoridades. Por otro lado, los miembros de la Segunda Marquetalia calificaron esta acción como "dudosa" y reiteraron que sus órdenes de captura fueron retiradas para participar en la mesa de diálogos con el Gobierno nacional. Este era el tercer ciclo de diálogos de paz entre la Segunda Marquetalia y el Gobierno nacional, los cuales comenzaron en junio de 2024 en Caracas, Venezuela y, al igual que otros proceso, el Gobierno levantó órdenes de captura para avanzar en las negociaciones entre las partes.
A través de sus redes sociales, el presidente Gustavo Petro se despachó contra el ELN, que ha sido el causante de la crisis humanitaria que se vive en el Catatumbo. El mandatario aseguró que ese grupo guerrillero se dedicó al tráfico de cocaína, manchando su bandera y esclavizando a los campesinos de la región.“Puede Antonio García atacarme lo que quiera e intentar matarme si lo desea; muchos revolucionarios han muerto bajo balas del ELN. Pero la historia es la historia y no perdona. La nueva generación del ELN decidió manchar la bandera del ELN con cocaína y ya no la entiende, no sabe qué significa”, dijo Petro en su cuenta de X.En medio de su publicación, el jefe de Estado aseguró que el grupo criminal, asociado a los “peores traquetos”, ha asesinado al campesino, le ha quitado sus tierras y lo ha desplazado de su hogar. Según el mandatario, el ELN ha comprado a la guardia venezolana con el fin de esclavizar al pueblo.“Su tráfico, el que hace la EFER clandestina hasta del mismo ELN, ha destruido el pueblo de Haití, que nos dio la libertad, esclaviza al pueblo venezolano, que dicen ustedes defender, pero que cada vez se pone más en su contra y esclaviza y asesina al pueblo colombiano del Catatumbo”, continuó Petro.Como último mensaje, el presidente asegura que Antonio García, líder del ELN, saboteó la paz y mató el propósito revolucionario del grupo guerrillero. “Su fé en el amor eficaz, trajo odio y muerte (...), traicionó al campesinado que lo apoyó y que ahora, usted permite que asesinen”, finalizó.
La reciente decisión de la Corte Constitucional ha generado un importante debate en torno a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En su sentencia C-036 de 2025, el alto tribunal estableció que los acuerdos parciales, alcanzados en el marco de una política de paz total son válidos y pueden ser implementados, siempre y cuando se sigan los procedimientos legales y constitucionales adecuados.La Ley 2272 de 2022 permitía que los acuerdos humanitarios suscritos en las mesas de diálogo se integraran directamente al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que según el alto tribunal violaba los principios de supremacía constitucional y separación de poderes, ya que otorgaba a los negociadores de paz un poder excesivo para modificar el ordenamiento jurídico sin la intervención del Congreso.Los artículos 93 y 94 de la Constitución Política fueron tenidos en cuenta en la decisión pues, el primero establece que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso prevalecen sobre el orden interno y el 94 dispone que los derechos y garantías de la Constitución y los convenios internacionales no niegan otros derechos inherentes a la persona humana.Por esta razón, el abogado Germán Calderón España explicó que los acuerdos de paz ostentan una naturaleza política que refleja en la voluntad de las partes en la mesa de diálogo para dar por terminado un conflicto y lograr la paz. "De tal manera que ha sido enfática la Corte Constitucional en establecer que, si el legislador contempla en una ley que esas normas o esos acuerdos de paz son normas de Derecho Internacional Humanitario, está violando la Constitución y principios de rango muy elevado en el contexto constitucional”, detalló el abogado.La decisión del alto tribunal reafirma la necesidad de un control democrático y legislativo en la implementación de los acuerdos de paz.Por último, la Corte recordó que la paz es un objetivo esencial del Estado colombiano y que todas las autoridades, no solo el presidente, deben trabajar conjuntamente para alcanzarla.
Medicina Legal logró identificar a dos víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos fueron hallados durante la intervención en La Escombrera, de la Comuna 13, en Medellín. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28 años que eran del corregimiento de San Cristóbal."Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirma que La Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia", señala la JEP.La joven de 20 años salió de su casa el 30 de julio de 2002 e iba a asistir a una reunión. Esa noche paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entraron al lugar y se la llevaron. Un día después le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse, sin embargo, no se volvió a tener información de ella."La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada", agregan desde la JEP.En el caso del hombre de 28 años vivía con sus padres y generaba algunos ingresos para el hogar como vendedor, el 13 de octubre de 2002, en horas de la mañana, salió de su casa ubicada en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre él."La víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable", explican desde la JEP.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.