El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El anuncio del Gobierno nacional de reducir en $500 el precio del galón de gasolina a partir del 1 de febrero volvió a poner sobre la mesa una discusión que mezcla economía, técnica y coyuntura electoral. Aunque el Ministerio de Hacienda justificó la medida por la caída del dólar y la baja en el precio internacional del petróleo, expertos y sectores políticos cuestionan si se trata de un ajuste real o de una decisión con claro trasfondo electoral, justo cuando faltan pocas semanas para las elecciones al Congreso y otras más para las presidenciales.¿Por qué el Gobierno bajó el precio de la gasolina ahora?Desde el Ejecutivo se ha señalado que la reducción responde a un mejor entorno macroeconómico: una tasa de cambio cercana a los $3.700 y un comportamiento más favorable del crudo en los mercados internacionales. Bajo ese argumento, la rebaja sería una corrección parcial del precio final que pagan los consumidores.Sin embargo, el anuncio generó escepticismo inmediato. Durante más de tres años, el precio de la gasolina subió de forma sostenida, con el argumento del déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Por eso, para varios analistas, resulta llamativo que el margen de maniobra fiscal aparezca justo en plena antesala electoral.¿Reducir gasolina $500 es suficiente o es solo simbólico?Uno de los cuestionamientos más fuertes proviene del plano técnico. Según cifras presentadas dentro de una Acción Popular que cursa actualmente en tribunales, el sobrecosto que estarían pagando los colombianos no se mide en cientos, sino en miles de pesos.El abogado y analista David Cote, impulsor de la demanda colectiva, sostiene que el precio actual del galón tendría un sobrecosto de $3.249, si se aplicara correctamente la fórmula de paridad internacional. Desde esa óptica, la rebaja anunciada sería apenas una fracción mínima de lo que permitirían las condiciones reales del mercado.“Reducir $500 no es un alivio estructural. Es devolver monedas cuando, según los cálculos técnicos, la caída del dólar y del petróleo permitiría una reducción inmediata superior a los $2.500”, ha señalado el jurista, quien insiste en que el ajuste no corresponde al valor real del combustible.Elecciones, gasolina y populismo: ¿casualidad o estrategia?La coincidencia temporal es uno de los aspectos que más alimenta el debate. Las elecciones legislativas y de Presidencia están cada vez más cerca y el precio de la gasolina es uno de los temas que impacta directamente el bolsillo de millones de colombianos, incluidos transportadores, comerciantes y ciudadanos de a pie.Para críticos de la medida, la rebaja luce como un ajuste “cosmético” que busca generar un efecto político inmediato, luego de años de incrementos constantes. La narrativa oficial, dicen, cambia justo cuando el costo electoral de mantener precios altos se vuelve más evidente.Desde esta lectura, la decisión no respondería a una política fiscal estructural, sino a un cálculo político: aliviar parcialmente la presión social sin corregir de fondo la fórmula de precios.Más allá del debate público, el caso también se juega en los estrados judiciales. La Acción Popular interpuesta busca que el Estado ajuste técnicamente la fórmula tarifaria, de manera que los colombianos paguen exactamente el valor que corresponde al precio internacional, sin sobrecostos ni subsidios encubiertos.La demanda no apunta a gestos voluntarios del Gobierno, sino a una obligación legal de transparencia y rigor técnico en la fijación del precio de los combustibles.
Un juez envió a la cárcel al cantante de cumbias Saúl Duarte Naranjo, de 46 años, tras ser judicializado por el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, luego de ser señalado de agredir brutalmente a su pareja sentimental en hechos ocurridos en Bucaramanga.De acuerdo con las investigaciones, el hombre habría golpeado en repetidas ocasiones a Natalia Alexandra Pérez Navarro, de 39 años, y durante el más reciente ataque la hirió con un arma cortopunzante, causándole una lesión profunda que, según el reporte médico, pudo haberle costado la vida. El caso también es investigado como violencia intrafamiliar.La Fiscalía estableció que la víctima habría sido sometida a un ciclo constante de violencia física, psicológica y económica durante los cuatro años de convivencia con el hoy procesado, situación que fue determinante para la imputación de los cargos.La captura de Duarte Naranjo se realizó en vía pública, en el occidente de Bucaramanga, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado 13 Penal Municipal con función de control de garantías de Floridablanca. El hombre es conocido en el ámbito musical con el alias de “Saúl Cumbias”, por su actividad como cantante y compositor.Para la judicialización, se documentaron al menos dos ataques previos uno en agosto de 2025 en el barrio La Cumbre de Floridablanca, cuando Naranjo revisó el celular de su pareja y la agredió por celos, causándole una herida en el pecho; y otro en enero de 2026 en el barrio Campo Hermoso de Bucaramanga.Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que el cantante ya contaba con denuncias previas por maltrato a mujeres, las cuales fortalecen el expediente en su contra.Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un teléfono celular que será analizado como posible elemento probatorio dentro del proceso judicial. El caso continúa en etapa de investigación mientras el imputado permanece privado de la libertad.
En entrevista con Mañanas Blu, el precandidato presidencial Roy Barreras reafirmó que participará en la consulta de marzo, a pesar de la decisión del Pacto Histórico de no concurrir a este mecanismo. Con tono desafiante, el exsenador aseguró que no abandonará el escenario político ni permitirá que la derecha defina sola el rumbo de las elecciones.“Claro que existe el derecho democrático de los colombianos, entre otros quien le habla, de poder ir a las urnas a ofrecerle al país una opción estable, un cambio seguro, sin miedo, sin odio, sin fracturas”, manifestó Barreras. La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de impedir la realización de una consulta conjunta con Iván Cepeda, inicialmente prevista entre sectores de izquierda y centro-izquierda, alteró los planes del Frente Amplio. Sin embargo, Barreras sostuvo que aún hay “un resultado electoral pendiente” y que su consulta “debe continuar” como expresión del liberalismo socialdemócrata y el progresismo moderado.Fracturas dentro del Pacto HistóricoEl distanciamiento entre Barreras y algunos sectores del Pacto Histórico, encabezado por el senador Iván Cepeda y figuras cercanas al petrismo, se hizo evidente tras los anuncios de no participación en las consultas. “Lamento que las notificaciones que se nos han hecho desde los compañeros del Pacto hayan sido por los medios de comunicación. A nosotros se nos comunica que tenemos que declinar, que renunciemos a una vida política”, reprochó.El exsenador defendió su trayectoria dentro de la coalición, recordando su papel en la construcción de los acuerdos de paz y en la aprobación de leyes clave para las víctimas del conflicto. “Hace 15 años presenté el Marco para la Paz, hace 17 la Ley de Víctimas, y más de una década después hicimos realidad el acuerdo de paz. Aquí hay un acumulado en defensa de la vida y de la democracia desde el liberalismo socialdemócrata”, enfatizó.Pese a los desencuentros, negó una ruptura definitiva con el petrismo: “Los puentes no están rotos, lo que ha hecho falta es una conversación. Yo tengo afecto profundo por cada uno de los compañeros. Soy fundador del Pacto, las reuniones se han hecho en mi casa”.Un llamado a no dejar “la cancha libre”Barreras insistió en que su propósito sigue siendo fortalecer una alternativa progresista que compita en igualdad de condiciones frente a las fuerzas conservadoras. “No voy a dejarle la cancha vacía al tarjetón de la consulta uribista. Yo no voy a perder por W ni a dejar que nos derrote la derecha por salir en desbandada”, afirmó con contundencia.El líder del Frente Amplio confirmó que inscribirá su consulta ante la Registraduría, incluso si otros precandidatos se abstienen. Aunque evitó revelar los nombres de quienes podrían acompañarlo, dejó entrever la posibilidad de sumar figuras reconocidas de tendencia liberal o de centroizquierda. “Después de conversar con quienes han mostrado su interés, podremos informarlo”, indicó, sin descartar eventuales acuerdos con el canciller Luis Gilberto Murillo.Barreras concluyó reiterando que su meta será competir con argumentos y mantener vivas las banderas de la paz, la inclusión y la democracia. De lograrlo, aseguró, buscará construir una coalición amplia para la elección presidencial: “El 9 de marzo, después de ganarle a la consulta de la derecha, nos sentaremos a hacer un acuerdo político para llegar juntos a la primera vuelta. No tenga ninguna duda”.
El Ejército Nacional anunció el fortalecimiento de las operaciones de seguridad en varios puntos estratégicos de Santander, debido a la presencia y convergencia de distintos grupos armados organizados que buscan expandir su influencia en el departamento.Así lo confirmó el coronel Gerson Molina, comandante de la Quinta Brigada, quien explicó que dentro del esquema operacional se han priorizado varias zonas, con un esfuerzo principal en el norte de Santander y el sur del departamento del Cesar. En este sector, según el oficial, se registra la presencia simultánea de estructuras como el ELN, el frente Camilo Torres, los Conquistadores de la Sierra y el Clan del Golfo, lo que ha obligado a intensificar las tareas de control y bloqueo para evitar su ingreso o expansión hacia territorio santandereano.De manera paralela, en el costado occidental del departamento, especialmente en Barrancabermeja y Puerto Wilches, las tropas adelantan operaciones coordinadas contra las estructuras del Clan del Golfo, que apuntan a contrarrestar la actividad de grupos delincuenciales dedicados, principalmente, al microtráfico en Barrancabermeja, donde ya se han obtenido resultados operacionales, de acuerdo con las autoridades.El tercer frente de acción se concentra en el sur de Santander, en el marco de la Operación Campaña Nº 5, que se desarrolla de forma articulada con la Policía Nacional. Allí, el objetivo es afectar las redes de apoyo de los grupos armados organizados que operan en el corredor de movilidad que conecta a Boyacá, Santander y Norte de Santander, una ruta estratégica para estas estructuras ilegales.Las autoridades militares reiteraron que estas operaciones buscan fortalecer la seguridad, proteger a la población civil y cerrar el paso a la expansión de los grupos armados ilegales en el departamento.
La Lotería de Manizales realizó su sorteo número 4941 la noche del miércoles 4 de febrero de 2026, ofreciendo a sus apostadores la oportunidad de ganar premios millonarios. En esta edición, el premio mayor es de 2.600 millones de pesos.Premio Mayor de la Lotería de ManizalesEl número ganador del premio mayor de la Lotería de Manizales de este miércoles 4 de febrero de 2026 es el 3630 de la serie 221. ¡Felicitaciones al nuevo ganador de los $2.600 millones!Recuerda que para ganarla hay que comprarla. El billete de la lotería tiene un valor de $12.000, y también puedes adquirir una fracción por solo $3.000, participando por grandes premios mientras apoyas la salud y el desarrollo de la región.Ganadores de los secos de la Lotería de ManizalesA continuación le contamos todos los secos que cayeron de la lotería para que revise bien su billete y compruebe si fue el feliz ganador de alguno de ellos.2 Secos de $300 MillonesNúmero: 0023 – Serie: 090Número: 2101 – Serie: 1073 Secos de $200 MillonesNúmero: 1356 – Serie: 346Número: 9474 – Serie: 289Número: 9894 – Serie: 3215 Secos de $100 MillonesNúmero: 2346 – Serie: 237Número: 2856 – Serie: 145Número: 6143 – Serie: 153Número: 9283 – Serie: 188Número: 3792 – Serie: 32710 Secos de $80 MillonesNúmero: 4384 – Serie: 316Número: 8206 – Serie: 273Número: 4740 – Serie: 102Número: 6434 – Serie: 040Número: 8265 – Serie: 145Número: 5408 – Serie: 057Número: 1179 – Serie: 163Número: 7770 – Serie: 216Número: 2949 – Serie: 325Número: 3934 – Serie: 00510 Secos de $60 MillonesNúmero: 0260 – Serie: 040Número: 9962 – Serie: 013Número: 7096 – Serie: 115Número: 4663 – Serie: 234Número: 7864 – Serie: 140Número: 0270 – Serie: 271Número: 3592 – Serie: 292Número: 8121 – Serie: 101Número: 3577 – Serie: 285Número: 7961 – Serie: 07910 Secos de $50 MillonesNúmero: 9904 – Serie: 202Número: 6380 – Serie: 057Número: 6842 – Serie: 141Número: 0588 – Serie: 161Número: 4378 – Serie: 299Número: 8095 – Serie: 017Número: 3828 – Serie: 167Número: 2313 – Serie: 312Número: 4470 – Serie: 053Número: 4217 – Serie: 05110 Secos de $40 MillonesNúmero: 3473 – Serie: 248Número: 7786 – Serie: 242Número: 9153 – Serie: 290Número: 3613 – Serie: 171Número: 6580 – Serie: 182Número: 2068 – Serie: 133Número: 8480 – Serie: 348Número: 4118 – Serie: 085Número: 7220 – Serie: 084A continuación, compartimos la imagen oficial del resultado del sorteo 4941 de la lotería. Le recomendamos verificar cuidadosamente su billete comparándolo con esta imagen oficial para confirmar si fue uno de los afortunados ganadores.Esta lotería juega todos los miércoles a las 10:30 p.m. o 11:00 p.m. Si el miércoles es festivo, el sorteo se realizará el martes o jueves, dependiendo de la elección del sorteo.¿Cómo reclamar los premios?Reclamar los premios de la lotería es un proceso que varía según el monto del premio. Es fundamental tener en cuenta los siguientes puntos generales:Tiene un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar tu premio. Si no lo hace dentro de este período, el derecho a cobrarlo prescribe.Documentos esenciales para cualquier premio:Billete original en perfecto estado: El billete debe estar sin tachaduras, manchas, dobleces excesivos o enmendaduras que puedan dificultar su validación.Cédula de ciudadanía original: Es tu documento de identificación.Copia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%.Certificado del Registro Único Tributario (RUT): Este documento es necesario, especialmente para premios grandes, ya que los premios de lotería están sujetos a retenciones de impuestos.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La JEP ordenó compulsar copias a Justicia y Paz para que investigue si el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, incumplió con sus compromisos frente a esta jurisdicción tras la desmovilización. La decisión se tomó después de que la JEP absolvió al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo por el homicidio de David Núñez Cala, quien fue candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, Santander y fue asesinado el 5 de abril de 1991."‘Julián Bolívar’ habría expresado interés en que se hicieran incriminaciones contra Rabelo Crespo y, presuntamente, habría ordenado que se utilizaran unas fotos compradas a un periodista para ese efecto. Todo esto en un contexto en el que el señor Rabelo estaba haciendo activas denuncias por la relación entre personajes políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Barrancabermeja", explicó la JEP.Es importante recordar que Julián Bolívar fue designado recientemente como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que otros 17 exjefes paramilitares entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Hernán Giraldo."Como parte de los elementos que tuvo en cuenta la Sección para esta decisión, además de la versión Rabelo Crespo en el trámite de revisión transicional, están la toma de testimonio a 19 testigos, los cuales constituyen pruebas testimoniales; a su vez, se tuvieron en cuenta: un informe del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP sobre el Bloque Oriental y el Frente 24 de las extintas Farc-EP, cinco informes de la Unidad de Investigación y Acusación y más de 30 pruebas documentales", agregan desde la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) renunció a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública, entre activos y retirados, que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de falsos positivos que se registraron entre 2005 y 2006 en Meta y Santander."La renuncia a la persecución penal es un mecanismo que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado", señaló la JEP.De esta manera, se resuelve de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en los hechos."La magistratura encontró que, durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas en Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander); además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes. A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria" agregaron desde la JEP.Con esto se busca que se les eliminen los antecedentes penales a estos 16 comparecientes, tampoco se podrán iniciar nuevos procesos por las conductas ya resueltas.
Desde hace más de 20 años, las familias buscadoras de las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín han insistido en que en la Escombrera hay estructuras óseas de personas que fueron desaparecidas en el marco del conflicto armado.La Escombrera es una montaña artificial que se fue formando con los residuos que fueron arrojados en ese lugar, pero recientemente la JEP confirmó que allí fueron asesinados y desaparecidos habitantes de la Comuna 13.María Auxilio Arenas es integrante del colectivo Mujeres Caminando Por la Verdad y sobre el caso de su esposo aseguro: “Al que salía de la casa muchos no regresaban y eso le pasó a mi esposo, salió de la casa, bajó a la iglesia de El Salado y nunca más regresó”.La JEP explicó que la Comuna 13 fue un territorio en disputa entre grupos armados desde 2001 y hasta 2004, en ese mismo periodo se realizaron 34 operaciones militares en esa zona de Medellín.“La tierra empezó a hablar y estamos demostrando que no estábamos locas. Uno siente alegría y a la vez tristeza, la alegría de saber que estamos callando la boca a toda esta gente y al Gobierno de Álvaro Uribe que decía que allá no había nadie, incluso todavía lo sigue negando, ve los hechos y sigue negando. Uno siente mucha alegría porque así no sea el de uno, es el de cualquier madre que está buscando a su desaparecido”, agregó María Auxilio.Las familias buscadoras piden que la Escombrera sea cerrada y que se convierta en un espacio de memoria. Ellas han hecho parte activa de la intervención y van todos los días a hacer veeduría. Los primeros hallazgos en esa zona de Medellín se dieron el pasado mes de diciembre y desde entonces se han logrado remover más de 37.000 m3 de tierra y escombros, equivalentes a 2.278 volquetadas de material.“La JEP no tiene víctimas de primera y segunda categoría, las víctimas de todos los actores del conflicto armado son igualmente importantes. Decir igualmente que la verdad va a seguir siendo desenterrada”, dijo en ese momento el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.Escuche el informe completo aquí:
El director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, reveló que fuentes diplomáticas cubanas confirmaron a Blu Radio que actualmente no hay presencia de ningún cabecilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en territorio cubano.Esta declaración llega en medio de un contexto de tensiones y reacciones internacionales tras la reactivación de 31 órdenes de captura contra los líderes de este grupo armado ilegal en Colombia.Las fuentes diplomáticas destacaron que esta situación marca un cambio significativo desde el gobierno de Iván Duque, cuando Colombia solicitó a Estados Unidos que volviera a incluir a Cuba en la lista de países que apoyan y patrocinan organizaciones terroristas. Como respuesta a esta presión, el gobierno cubano ha decidido no permitir una presencia permanente de miembros de grupos armados ilegales colombianos en su territorio.Según explican estas fuentes, los ingresos de integrantes del ELN a Cuba han sido únicamente puntuales y temporales, siempre bajo la supervisión y autorización del gobierno colombiano, específicamente del presidente Gustavo Petro.Estos ingresos ocurren principalmente durante períodos de negociaciones de paz, las cuales, cabe mencionar, están suspendidas desde agosto del año pasado y no han tenido encuentros bilaterales en varias semanas.Una vez concluidas las gestiones negociadoras, los integrantes del ELN son instruidos a abandonar la isla de Cuba en el mismo vuelo que los llevó. Este protocolo, según las fuentes, refleja un compromiso por parte de Cuba de no albergar a miembros de organizaciones consideradas terroristas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el ELN.Este tema adquiere especial relevancia para Cuba en un momento en que, recientemente, el Gobierno saliente de Estados Unidos bajo la administración de Joe Biden retiró a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo. Sin embargo, pocas horas después, una de las primeras órdenes ejecutivas del nuevo presidente de EE.UU., Donald Trump, reincorporó a Cuba en ese mismo listado, lo cual podría tener repercusiones económicas negativas para la isla.Escuche el informe completo aquí:
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.