El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Un video captado por cámaras de seguridad del sector se convirtió en una pieza clave para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 4 de febrero en el barrio Chapinero de Bogotá, que dejó como saldo una mujer fallecida, dos menores heridos y un motociclista gravemente lesionado.De acuerdo con información entregada por las autoridades, la víctima mortal era una mujer de 58 años que caminaba por la avenida Mutis con carrera 17 acompañada de sus dos nietos, de 6 y 11 años, cuando fue arrollada por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la mujer murió en el lugar de los hechos.Los dos menores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Así lo confirmó el coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, quien señaló que “afortunadamente, las heridas de los niños no son de gravedad”.En el mismo accidente también se vio involucrado un motociclista, quien fue embestido por el mismo automotor segundos antes de que este arrollara a la peatona. El hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, donde recibe atención especializada.Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, mientras varios vehículos esperaban el cambio del semáforo, una camioneta aparece circulando a gran velocidad, embiste primero al motociclista y luego impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban la vía. Posteriormente, el vehículo terminó chocando contra un establecimiento comercial, causando daños materiales considerables.Este es el video del momento exactoSegún las primeras hipótesis, el conductor habría excedido el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era manejado por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19. Ambos fueron requeridos por las autoridades en el lugar de los hechos.“El conductor fue trasladado a la URI para practicarle la prueba de embriaguez y adelantar todo el proceso de judicialización, con el fin de poner la documentación en manos de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Silva.
El Gobierno nacional anunció un refuerzo en los controles para verificar que la rebaja de 500 pesos por galón en el precio de la gasolina se refleje de manera completa en todo el país, tras identificar que en 25 ciudades la disminución no se ha aplicado como fue ordenado.De acuerdo con el seguimiento del Ministerio de Minas y Energía, en esas ciudades la reducción promedio ha sido de apenas 300 pesos por galón, lo que evidencia un traslado parcial del ajuste al consumidor. Además, según el Gobierno, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existirían razones económicas para retrasar la reducción total, por lo que el precio debería reflejar de inmediato los 500 pesos menos por galón.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que la reducción en el precio de la gasolina es una decisión obligatoria y que su objetivo es aliviar el gasto de los hogares. Por ello, insistió en que todos los agentes del mercado deben cumplir la medida sin excepciones.“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente”, afirmó.Por su parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció operativos de verificación en los territorios donde se han detectado rezagos o se han recibido denuncias ciudadanas. La SIC revisará especialmente los argumentos relacionados con inventarios y advirtió que cualquier aplicación gradual de la rebaja solo puede ser temporal.Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten irregularidades y contribuyan al control social, con el fin de garantizar que la rebaja se aplique de manera efectiva en todas las estaciones de servicio del país.
En conversación con Blu Radio la ministra de relaciones exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró que ya hay negociaciones en curso con Ecuador para evitar los aranceles de 30% anunciados por parte y parte. La canciller explicó que Colombia hizo una propuesta a ese país relacionada con seguridad y otras medidas anunciadas y están a la espera de una nueva reunión este fin de semana.“Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente, los ministerios, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas. Estamos buscando alternativas desde Minminas. Por otra parte, frente a la venta de energía a determinado precio, es difícil porque eso es variable. Sin embargo, sí hay que buscar alternativas. Los otros aspectos son en materia de seguridad y no son complejos porque nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”.La canciller también aseguró que Colombia está dispuesta a retirar la medida anunciada para un grupo de productos provenientes de Ecuador si ese país hace lo mismo. Cabe mencionar que esta guerra arancelaria, como la calificó ayer el presidente Gustavo Petro, comenzó luego de que su homólogo Daniel Noboa tomara la decisión de gravar importaciones de Colombia, argumentando que había poca cooperación en las fronteras para combatir el crimen organizado.Desde ese momento el Gobierno ha intentado tener comunicación entre jefes de Estado; sin embargo, por parte del vecino país no ha habido respuesta y por eso una de las peticiones durante la reunión con Trump fue que haya mediación del Gobierno de EE. UU. para superar este problema diplomático.
Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.Aunque inicialmente la información circuló de manera extraoficial, prestigiosos medios como The New York Times y la agencia Reuters han validado el suceso, citando a múltiples fuentes que aseguran que Saab fue retenido en compañía de Raúl Gorrín, directivo del canal Globovisión.Confirmación internacional y hermetismo en CaracasSegún los reportes, la detención se habría producido en la capital venezolana durante la madrugada entre el martes y el jueves de esta semana. The New York Times fundamenta su información en el testimonio de cinco venezolanos y un oficial estadounidense, quienes indican que las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos estaban al tanto del operativo. A pesar de que el abogado de Saab, Luigi Yuliano, ha desmentido la noticia, la coincidencia entre diversas agencias de noticias refuerza la veracidad del hecho.Por su parte, el periodista Roberto Deniz, director del medio independiente Armando Info, confirmó en Mañanas Blu, que sus fuentes también ratifican que Saab ha estado detenido en Caracas. No obstante, Deniz advirtió sobre la "opacidad tremenda" con la que se maneja la información dentro del país, donde figuras clave como Jorge Rodríguez han evitado dar declaraciones claras al respecto.La situación representa un reto comunicativo complejo para el Palacio de Miraflores. Tras haber sido extraditado a Estados Unidos en el pasado y posteriormente devuelto a Venezuela tras un canje bajo la administración de Joe Biden, Saab fue elevado al estatus de "héroe de la revolución" y diplomático.Roberto Deniz explica que es un "sapo difícil de tragar" para el régimen, ya que ahora tendrían que justificar por qué están deteniendo a la misma figura que defendieron internacionalmente. Además, el periodista sugiere que existen tensiones internas dentro del chavismo, con figuras como Delcy Rodríguez tratando de amalgamar fuerzas frente a las negociaciones con Estados Unidos.Escuche aquí la entrevista:
La alerta temprana 003 de 2026, se emitió para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar, donde se ha intensificado la presencia y confrontación de grupos armados ilegales por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para la movilidad de economías ilícitas.Según la Defensoría, esta zona del sur de Bolívar es clave para actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, lo que ha generado una presión creciente sobre las comunidades, reflejada en restricciones a la movilidad, miedo y regulación armada.El escenario se ha agravado tras la suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN, lo que derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas, mientras que el Clan del Golfo ha expandido su presencia hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras. A esto se suma la actuación de disidencias de las extintas Farc, aumentando el riesgo de enfrentamientos y represalias contra la población civil.“Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles”, aseguran en un comunicado.En Montecristo se registraron dos accidentes con minas antipersonal en 2025 que dejaron víctimas mortales y personas heridas, además de ataques con drones que impactaron espacios comunitarios y viviendas rurales.La entidad también alertó sobre confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias en comunidades rurales de Montecristo, así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, incluyendo presión a civiles para evacuar heridos o trasladar cuerpos tras los combates. A ello se suman homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, con víctimas civiles, incluso menores de edad.Otro de los riesgos es el fortalecimiento del control social impuesto por los actores armados, que incluye amenazas a líderes comunitarios y servidores públicos, estigmatización, instrumentalización de juntas de acción comunal e imposición de normas de comportamiento bajo coerción.El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento, a violencias basadas en género y a la interrupción del servicio educativo por desplazamientos y amenazas contra docentes.Ante este panorama, la Defensoría solicitó la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de coordinar acciones de protección, prevenir ataques con drones y fortalecer las medidas de atención humanitaria, especialmente para población infantil y comunidades confinadas.
En medio de la emergencia en Catatumbo, algunas personas han logrado escapar a través de caravanas terrestres, motorizadas y fluviales, mientras otras permanecen en condiciones de extrema vulnerabilidad. Firmantes del Acuerdo de Paz, líderes sociales, niños y niñas son especialmente propensos a secuestros o ataques, indicó la Defensoría del Pueblo.Extracciones y Rescates435 personas han sido evacuadas en vuelos humanitarios.En Tibú, 200 personas de especial protección fueron evacuadas con apoyo del Ejército Nacional.Impacto en Firmantes de PazLa violencia también afecta a quienes han apostado por la reconciliación:6 firmantes asesinados, 7 desaparecidos (2 liberados) y 102 desplazados.En Ocaña, los firmantes solicitan refugio debido a los altos riesgos que enfrentan.Homicidios y Levantamientos de CuerposEl Gobernador de Norte de Santander reporta 80 asesinatos, mientras que la Defensoría confirma al menos 60 víctimas. Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, de los cuales 34 han sido entregados a sus familias.Desplazamiento de la Comunidad YukpaLa situación también afecta a comunidades indígenas. En San Pablo, Tibú y Cúcuta, 631 personas Yukpa han sido desplazadas. El Resguardo Catalaura recibió varias familias, entregándoles 1.5 toneladas de alimentos, aunque las necesidades humanitarias siguen siendo urgentes.Vulnerabilidades de Mujeres y NNAEn Cúcuta se han reportado casos de trata de personas vinculados a Tibú, activándose rutas de protección para dos víctimas. La situación de niños, niñas y adolescentes (NNA) también es crítica:1.500-1.800 NNA en riesgo en Cúcuta.1.000 en Ocaña.600 en Tibú.Acciones Humanitarias y NecesidadesPara mitigar la crisis, se han desplegado esfuerzos humanitarios:25 toneladas de ayuda entregadas en Ocaña.1 tonelada vía aérea enviada a Tibú.Sin embargo, persisten problemas como la falta de alimentos, insumos de higiene y colchones, así como riesgos de seguridad en los albergues.Un número indeterminado de personas ha cruzado la frontera buscando refugio en Venezuela, lo que complica aún más la crisis regional.La situación en el Catatumbo requiere una respuesta inmediata y coordinada para garantizar seguridad, caracterizar a las víctimas, mejorar las condiciones en los albergues y proteger a líderes, lideresas, alcaldes y personeros. La atención humanitaria y el compromiso con soluciones duraderas son indispensables para estabilizar a las comunidades afectadas.
El número de desplazados por la violencia guerrillera en la región colombiana del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander (noreste), ascendió este martes a 32.000 tras seis días de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y una disidencia de las antiguas FARC.Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.
El presidente del Partido Comunes y quien fue el último comandante de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, se pronunció sobre la situación de orden público en el Catatumbo y aseguró que la paz pasa por momentos difíciles."La política gubernamental de la paz total fue una oferta generosa y bien intencionada. Sin embargo, no hay política de paz del gobierno que pueda ser exitosa si no hay voluntad real de la contraparte por desmontar su aparato de guerra. Desafortunadamente lo que sucede en el Catatumbo es reflejo de la violencia que persiste en varias regiones del país. Los grupos armados, desprovistos de cualquier ideario político, han hecho de su codicia económica el motor de su actividad militar", señaló Londoño.Es importante recordar que al menos 102 firmantes del acuerdo han sido desplazados en el Catatumbo en los últimos días y Londoño asegura que 8 más han sido asesinados.Sin embargo, el presidente del Partido Comunes también se refirió a la decisión de la JEP en la que niegan la posibilidad de emitir una única resolución de conclusiones para los excomandantes de la extinta guerrilla.“El incumplimiento del Estado agudiza la inseguridad física y jurídica de los firmantes. Más de 450 vidas de firmantes fueron arrebatas, al menos 8 en el Catatumbo. Al tiempo la JEP anuncia que incumplirá el Acuerdo negándose a emitir una única resolución de conclusiones. En esta coyuntura, se hacen especialmente graves los rezagos del Estado colombiano en el proceso de implementación del acuerdo de paz. El informe del Representante Especial del secretario general de la ONU lo ha señalado y debe ser atendido rigurosamente por el Gobierno”, señaló Londoño.
Desde la Agencia para la Reincorporación y Normalización, ARN, entregaron un balance sobre las afectaciones para los firmantes de paz debido al conflicto en el Catatumbo.En total, en diferentes municipios de esa zona del país viven 464 personas que adelantan su proceso de reincorporación, 102 fueron desplazadas por la violencia de los últimos días y once más fueron secuestrados y en este momento están desaparecidos.“La Agencia para la Reincorporación ha gestionado un albergue humanitario para los firmantes de paz en donde se está acogiendo a los firmantes que llegan con sus familias”, dijo la directora de la ARN, Alejandra Miller.En el Catatumbo, hay un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, ETCR, a donde también han llegado algunas personas afectadas por la violencia.“Estamos trabajando también en una ayuda humanitaria para el ETCR de Caño Indio, en donde gracias a que se ha constituido en un albergue humanitario están apoyando a muchas veredas alrededor y tenemos ya 718 personas, más de 200 menores de 15 años deben ser atendidos de manera urgente”, agregó Miller.
La Iglesia católica se pronunció sobre la compleja situación de orden público que se vive en el Catatumbo. Más de 18.000 personas han sido desplazadas y más de 60 han sido asesinadas, principalmente por las acciones delincuenciales del ELN.Ante esta situación, la Conferencia Episcopal de Colombia pidió un cese de hostilidades entre los grupos armados de esa zona del país.“La Conferencia Episcopal de Colombia (CEC) expresa su profundo dolor y rechazo por la grave crisis humanitaria que viven las comunidades de la región del Catatumbo; llama al cese de hostilidades entre los actores armados; y renueva su compromiso con las víctimas y la construcción de paz. Además, convoca a una jornada de oración que se llevará a cabo el próximo domingo 26 de enero en todos los templos del país”, señala la Iglesia católica.La Iglesia también manifestó su voluntad para apoyar las labores humanitarias en la zona.“Las actuales confrontaciones armadas que cobran la vida de decenas de personas de nuestra población y que obligan al desplazamiento de numerosas familias y comunidades, no solo vulneran los derechos humanos fundamentales, sino que agudizan el sufrimiento de niños, mujeres y personas en estado de indefensión, desgarrando el tejido social y humano, y abriendo nuevas heridas a la nación. Como Iglesia católica estamos cerca de quienes sufren, oramos por quienes han fallecido y expresamos toda nuestra solidaridad con las víctimas de esta violencia absurda”, agregan desde la Conferencia Epíscopal.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.