La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
La reunión sostenida este viernes en Quito entre las ministras de Relaciones Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, y de Colombia, Rosa Villavicencio, finalizó sin una solución a la guerra comercial en la que están inmersos ambos países, con aranceles mutuos del 30 %.De acuerdo a la Cancillería ecuatoriana, en el encuentro, el primero desde el inicio de este conflicto arancelario, se abordaron aspectos en seguridad, control fronterizo y energía, y "se acordó tratar de manera integral los temas pendientes de solución en la relación comercial bilateral", que deberán ser solventados en futuras reuniones.El encuentro, que se confirmó por parte del Gobierno ecuatoriano la mañana de este viernes, tuvo carácter "privado" y sin declaraciones a la prensa de ninguna de las partes.El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió posteriormente un comunicado en el que dio a conocer que no hubo mayores acuerdos en el asunto arancelario, pero sí en seguridad fronteriza, una de las razones esgrimidas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, para iniciar este conflicto, al acusar a Colombia de no esforzarse más en evitar que la cocaína producida en su territorio llegue a Ecuador.Así, la Cancillería ecuatoriana señaló que, de manera específica, las ministras de ambos países dialogaron sobre "reforzar las estrategias para luchar contra el crimen organizado transnacional", analizaron el estado de cooperación en materia de energía y mecanismos para hacer más ágil la colaboración judicial.La canciller colombiana Villavicencio acudió a Quito con una delegación integrada también por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y de directivos de los ministerios de Comercio, Industria y Turismo; Minas y Energía; Justicia, así como de la petrolera estatal Ecopetrol.Desde el 1 de febrero están activos aranceles del 30 % en ambos países para las importaciones del otro país, acompañados de sanciones recíprocas en materia energética.La guerra comercial fue declarada por Noboa el pasado 21 de enero, cuando anunció una "tasa de seguridad" del 30 % sobre productos colombianos bajo el pretexto de que el país vecino no estaba colaborando como es debido en la lucha contra el narcotráfico, lo que fue respondido por Colombia con un arancel idéntico a más de 50 productos ecuatorianos.Colombia también suspendió el suministro de electricidad a Ecuador, clave para mitigar las diferentes crisis energéticas que ha tenido el país en los últimos y que han llevado a racionamientos de energía con cortes programados de hasta 14 horas al día a nivel nacional.En respuesta a ello, Ecuador elevó de 3 a 30 dólares la tarifa de transporte de crudo de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol, lo que ya no hace rentable la movilización a través de oleoductos ecuatorianos de alrededor de 10.000 barriles de crudo colombiano al día que se transportaban hasta entonces.Colombia y Ecuador han sido tradicionalmente dos sólidos socios comerciales con un intercambio que en los últimos años ronda los 2.800 millones de dólares, con una balanza negativa para Ecuador de alrededor de 900 millones.
Fue declarada la calamidad pública en el municipio de Lebrija, Santander, debido a la grave emergencia ocasionada por un fuerte vendaval y la avalancha del río Lebrija, que deja 54 familias registradas como damnificadas.En la zona hacen presencia los organismos de socorro, entre ellos la Defensa Civil, Gestión del Riesgo, Ponalsar y soldados del Batallón de Ingenieros No. 5 de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, quienes adelantan labores de búsqueda de 10 personas que continúan desaparecidas, así como la evacuación de familias que perdieron sus viviendas.El alcalde del municipio, Gabriel Martínez, confirmó la activación de un punto de ayudas humanitarias, mientras que las autoridades trabajan por tierra y por aire para llegar a las zonas más afectadas, teniendo en cuenta que se registran múltiples derrumbes en varios tramos de las vías, lo que dificulta el acceso.“Ante la magnitud de esta emergencia tomamos la decisión de declarar la calamidad pública en Lebrija, para poder activar todos los recursos necesarios y atender de manera oportuna a las familias damnificadas.” señaló el mandatarioLa vereda Vanegas es la más afectada por la emergencia; sin embargo, también se reportan daños significativos en La Victoria y Santo Domingo, especialmente en vías terciarias. Actualmente, el único acceso habilitado es por el sector de Río Negro, el cual también presenta afectaciones, lo que dificulta el ingreso de ayuda humanitaria.Las familias damnificadas aseguran haberlo perdido todo y se encuentran a la espera de alimentos, ropa y elementos básicos. Actualmente se realiza la ubicación de ropa, colchonetas y espacios seguros para los afectados. En la sede B del colegio Colmercedes fue habilitado un albergue temporal para que las familias puedan pasar la noche.Las autoridades recomiendan que, en caso de no poder trasladarse al albergue, las personas busquen zonas altas y seguras, ante el riesgo de nuevas emergencias.Las donaciones de alimentos no perecederos, ropa y frazadas se están recibiendo en la Casa de la Cultura de Lebrija.
La Defensoría del Pueblo alertó por los enfrentamientos armados entre el Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias al mando de alias 'Calarcá Córdoba', y la Segunda Marquetalia, que desde finales de diciembre se registran en las veredas Linderos y La Libertad, en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, en Caquetá.La Defensoría recordó que este territorio ya había sido priorizado en una alerta temprana, y señaló que la continuidad de los enfrentamientos evidencia el deterioro en la seguridad, especialmente en un periodo en el que las familias realizan actividades agrícolas y se movilizan de manera constante por la zona.También informó que estos hechos han sido puestos en conocimiento del Ministerio del Interior en al menos tres ocasiones, mediante comunicaciones en las que se advierte la materialización de riesgos graves y se solicita la adopción de medidas urgentes de protección. No obstante, señalan que hasta el momento no se evidencian respuestas con impacto en el territorio.De acuerdo con la entidad, los enfrentamientos han puesto en riesgo la vida e integridad de la población, por la presencia de minas antipersonal y municiones sin explosionar, así como por amenazas, homicidios selectivos y el riesgo de desplazamiento forzado y confinamiento. La situación es especialmente grave para niños, niñas y adolescentes, ante el peligro de reclutamiento y utilización por parte de los grupos armados.La Defensoría hizo un llamado a los grupos armados a excluir a la población civil de las hostilidades y a abstenerse de cometer acciones que los pongan en peligro, y pidió al Estado acciones inmediatas para proteger a las comunidades y evitar que la situación humanitaria siga agravándose en esta zona del país.“Además, recuerda que en el marco de los compromisos adquiridos en el Ciclo VII de conversaciones, el Estado Mayor de Bloques y el frente hizo expresa su voluntad de desescalar las afectaciones a civiles. Para esta entidad, lo estipulado en los acuerdos debe verse reflejado en acciones permanentes e ininterrumpidas que permitan seguir abonando el camino del diálogo y ofrezcan alivio a las comunidades”, añaden.Por su parte, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA también expresó su preocupación por el aumento de la violencia en la Zona de Reserva Campesina del Río Pato y Valle de Balsillas, así como en otras zonas del departamento del Caquetá.Según la misión, los hechos registrados en los últimos días representan graves riesgos para la población civil, en especial para líderes y lideresas sociales, y para niños, niñas y adolescentes de la región.La MAPP/OEA rechazó de manera categórica estas acciones y pidió el cese inmediato de la violencia, recordando a los grupos armados su obligación de respetar la vida, la integridad y la movilidad de la población civil. Además, reiteró la necesidad de no obstaculizar la labor de quienes adelantan acciones humanitarias y de construcción de paz en los territorios.
El chance Paisita Noche se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia, especialmente en el departamento de Antioquia. Su nombre rinde homenaje a la cultura paisa, una de las identidades regionales más representativas del país, lo que ha contribuido a su arraigo y popularidad entre los apostadores. A esto se suma que sus sorteos son transmitidos por el canal Teleantioquia, un elemento clave que fortalece la percepción de transparencia y confianza en los resultados oficiales.Número ganador del chance Paisita Noche, viernes 6 de febrero de 2026Resultado chance Paisita Noche hoy: 4012 - Caballo.Número ganador: 4012Dos últimas cifras: 12Tres últimas cifras: 012Animal: CaballoDesde el año 2025, este juego incorporó una modalidad adicional conocida como la “quinta balota” o “número adicional”. Esta opción, de carácter voluntario, permite incrementar el valor del premio siempre que el jugador logre acertar todas las cifras apostadas de manera simultánea. La inclusión de esta alternativa ha despertado mayor interés entre quienes buscan premios más altos dentro del chance Paisita Noche.En cuanto a los montos de apuesta, Paisita Noche ofrece opciones accesibles para distintos presupuestos. Las jugadas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, dependiendo de la modalidad elegida. Para resultar ganador, el número seleccionado debe coincidir exactamente, de izquierda a derecha, con el resultado oficial del sorteo, según el tipo de apuesta realizada. Cada noche, miles de personas consultan los resultados del chance Paisita Noche, posicionándolo como uno de los juegos más buscados y seguidos a nivel nacional.A qué hora juega Paisita NocheEl sorteo de Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción. De lunes a sábado, el juego se lleva a cabo a las 6:00 de la tarde, mientras que los domingos y festivos el sorteo se efectúa a las 8:00 de la noche. Estos horarios se mantienen de forma constante, lo que permite a los apostadores planear sus jugadas con anticipación y consultar los resultados oficiales en el momento exacto.Cómo se juega el chanceEl chance Paisita Noche cuenta con diversas modalidades de juego, las cuales determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan con el resultado oficial:Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: se aciertan las cuatro cifras, sin importar el orden.Tres cifras directo: se deben acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.Combinado tres cifras: se aciertan las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en el orden exacto.Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra del resultado.Estas opciones permiten que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su estrategia y expectativa de premio, lo que explica el alto interés diario en los resultados del chance Paisita Noche.¿Qué se necesita para reclamar un premio de Paisita Noche?El proceso para reclamar un premio de Paisita Noche depende del valor ganado, aunque existen documentos básicos que son obligatorios en todos los casos.Documentos requeridos para cualquier premio:Tiquete original correctamente diligenciado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Requisitos adicionales según el valor del premio (en UVT):Premios menores a 48 UVT: solo se solicitan los documentos básicos.Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos fundamentales, se debe diligenciar el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.Premios iguales o superiores a 182 UVT: se requiere también una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días y a nombre de la persona que registró el tiquete. En estos casos, el pago del premio se realiza mediante transferencia bancaria, con un plazo aproximado de ocho días hábiles.Sorteo en vivo Paisita NocheÚltimos sorteos del chance Paisita NocheSorteoFechaResultadoPaisita Noche5 Febrero 20261709 - ConejoPaisita Noche4 Febrero 20260196 - DelfínPaisita Noche3 Febrero 20262744 - DelfínPaisita Noche2 Febrero 20262781 - ConejoPaisita Noche1 Febrero 20265242 - ConejoPaisita Noche31 Enero 20267504 - ToroPaisita Noche30 Enero 20263574 - ZorroPaisita Noche29 Enero 20267945 - DelfínPaisita Noche28 Enero 20260742 - CabraPaisita Noche27 Enero 20266086 - Zorro
Terminó la reunión entre los gobiernos de Colombia y Ecuador en Quito. En el encuentro las delgado hablaron sobre la seguridad, el control fronterizo, la energía y el comercio.Sin embargo, el Gobierno de Ecuador mantuvo su decisión de imponer aranceles del 30 % a las importaciones desde Colombia.“El Gobierno de Ecuador manifestó que evaluará esta solicitud en una etapa posterior, cuando se llegue a un acuerdo en relación con los demás temas tratados durante la reunión”, dice la Cancillería de Colombia.Es por eso que haciendo referencia a la seguridad nacional Colombia avanzará con la imposición de aranceles a Ecuador.“El Gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos”, señaló la Cancillería.Además, el Gobierno colombiano prepara una demanda contra Ecuador.“Hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969”, se lee en el comunicado del gobierno colombiano.Es importante recordar que el Gobierno ecuatoriano decidió imponer aranceles contra Colombia bajo el argumento de que no había una cooperación efectiva en la frontera para combatir las bandas delincuenciales.
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) reveló que entre enero y julio de 2024 se registraron ataques contra la educación en Colombia que afectaron a más de 7.500 estudiantes, docentes y otro personal de escuelas.“Según el informe de NRC, un total de 7.723 personas se vieron afectadas por ataques a la educación en el contexto del conflicto armado (7.237 estudiantes, 403 docentes, 83 personas que trabajan en la escuela) durante el periodo de enero a julio de 2024 en las áreas donde NRC tiene presencia. Los datos de NRC evidencian que más de 32.000 estudiantes, docentes y otro personal de las escuelas se han visto afectados por ataques contra la educación desde enero de 2022 hasta julio de 2024 en las áreas donde la organización tiene presencia”, señala la organización a través de un comunicado.Hay casos en los que las balas disparadas por diferentes grupos impactan en las paredes de las escuelas mientras se están desarrollando las clases; situaciones de este tipo se han registrado en 10 de los 32 departamentos del país. Es por esto que la organización ha pedido a los grupos armados respetar las instituciones educativas."La mayoría de los ataques a la educación están relacionados con el uso militar u ocupación de escuelas, y el uso de minas antipersonales, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados en las escuelas o en los caminos que conducen a ellas. NRC también recibió información de casos de reclutamiento forzado de niños y niñas en su camino a la escuela. La situación es particularmente preocupante en el departamento del Cauca, al suroccidente de Colombia. Según los datos de NRC, los ataques a la educación en este departamento se triplicaron en los primeros siete meses de 2024 en comparación con el mismo período de 2023”, advierte el Consejo Noruego para los Refugiados.Los ataques a las escuelas documentados por la organización aumentaron de 107 en los primeros siete meses de 2023 a 125 en el mismo periodo de este año."La voluntad de paz de todos los actores armados también debe medirse por la reducción de sus ataques contra la educación", dijo Giovanni Rizzo, director de país de NRC en Colombia.
Un estallido de violencia es lo que ha dejado hasta el momento la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro. A la mano tendida del gobierno, las disidencias de las Farc y el ELN han respondido con ataques terroristas que han expandido su dominio en el país y desatado una nueva ola de desplazamientos.Blu Radio constató la situación desde las regiones y evidenció que Colombia ha experimentado un notable retroceso en áreas clave como la seguridad, las condiciones humanitarias y la construcción de paz.A pesar de los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y las Fuerzas Militares, la ausencia de resultados concretos ha generado un impacto negativo, especialmente en los territorios y comunidades que aún hoy permanecen en condiciones de alta vulnerabilidad y bajo la influencia de actores armados.La falta de avances en estos frentes cruciales está perpetuando un ciclo de incertidumbre y violencia que sigue afectando a gran parte del país.En el departamento del Cauca, la desintegración de las disidencias de las Farc ha desatado una atomización de frentes guerrilleros, lo que se ha convertido en una verdadera 'guerra de narcos' donde los cabecillas se están matando entre ellos.Por su parte, el departamento de Caquetá está bajo la extorsión de las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco. Este grupo armado lleva una contabilidad detallada, conocen cuánto gana desde el lechero hasta el lanchero, y a todos les cobran. A esto se suma una guerra por el territorio con la Segunda Marquetalia.En Tolima, facciones de las disidencias de las Farc, provenientes de Huila, Cauca y Valle del Cauca, tienen sitiadas varias zonas rurales con patrullajes de hombres armados y redadas nocturnas, buscando reclutar a menores de edad para sus filas, niños y niñas que terminan siendo usados como escudos humanos.En Huila, la guerra entre disidencias de las Farc ha detonado una crisis humanitaria, y cientos de familias desplazadas por la violencia están llegando a Neiva. Ya son más de 340 las familias atendidas en el Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas.A esto se suma la campaña terrorista del ELN con atentados y ataques a la fuerza pública, buscando presionar al Gobierno para que vuelva a sentarse en la mesa de negociaciones.Desde que se levantó el cese al fuego, se han registrado 7 atentados, quema de vehículos y asesinatos en Norte de Santander, Arauca y Antioquia.En la convulsa región del Catatumbo, Norte de Santander, varias viviendas fueron vandalizadas con letreros alusivos al EPL. Este grupo, que ha tenido injerencia en esa zona de Norte de Santander, ha reaparecido con atentados y hechos que alteran el orden público.Santander y Magdalena medio se enfrentan a un ‘coctel criminal’, donde los ataques de guerrillas del ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo y bandas criminales han llevado a que los homicidios aumenten en la región, a tal punto que hay hospitales que se están quedando sin reservas de sangre porque los ataques violentos se presentan a diario.Un informe de la Fundación Ideas para la Paz reveló que en el país ha crecido la influencia territorial de los grupos armados, se mantienen los focos de disputa territorial, y se ha agudizado la confrontación entre las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ y la guerrilla del ELN.Según el reporte, con respecto al primer año, ha aumentado el desplazamiento forzado masivo (7 %), los confinamientos (71 %), los homicidios de líderes y lideresas (2 %), es el segundo año con más asesinatos desde 2015. El reclutamiento forzado se incrementó un 42 %. La reconfiguración de los grupos armados y la afectación humanitaria se presenta en zonas de disputa, en los departamentos del Cauca, Valle, Nariño y algunas zonas de Antioquia.La situación más crítica se presenta en el norte del Cauca y el sur del Valle, así como en el Cañón del Micay.La suspensión del cese al fuego con los frentes de las disidencias que operan en Cauca, Valle y Nariño, y la salida del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (BOCJA) de la negociación, detonaron una ola de violencia que se suma a las que ya han vivido estas regiones desde la firma del acuerdo de 2016.La ofensiva militar también alteró el orden público debido a la reacción de las disidencias, que controlan la movilidad, especialmente en el Cauca.El departamento de Nariño ha sido uno de los territorios más afectados por la violencia durante los dos primeros años de Petro, debido a las disputas territoriales entre grupos armados.En el segundo semestre de 2023 se registraron 39 desplazamientos forzados; fue el segundo semestre con mayor número de casos desde la firma del acuerdo de paz.
La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz está llevando a cabo un ciclo de conferencias sobre la terminación del conflicto y la construcción de paz.En las últimas horas, se realizó una de estas conferencias en la JEP. A dicho evento asistió Francisco Toloza, quien fue designado por la Segunda Marquetalia como vocero civil en los diálogos con el Gobierno.Es importante recordar que los líderes de la Segunda Marquetalia retornaron a las armas tras firmar el acuerdo de paz en 2016, y varios de sus integrantes han sido expulsados de la JEP por evidentes incumplimientos.Blu Radio consultó a la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz sobre esta situación, y desde la entidad explicaron que Toloza tiene un contrato vigente desde el 2 de marzo hasta el 2 de octubre, cuyo objetivo es “contribuir a los análisis de contexto y facilitar procesos de pedagogía de paz”.Por otro lado, también se consultó a la Oficina del Comisionado de Paz si Toloza aún es vocero civil de la Segunda Marquetalia y, hasta el momento, la designación por parte de ese grupo sigue en firme.La Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz se encarga de garantizar el cumplimiento de lo acordado durante las negociaciones en La Habana, Cuba, bajo el gobierno de Santos.Francisco Toloza es docente de la Universidad Nacional y también estuvo presente en la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno y la Segunda Marquetalia en Venezuela.
“Sí, existe desconfianza, pero para superarla hay que sentarnos a dialogar”, dijo Armando Novoa, jefe de la delegación del gobierno nacional en los diálogos de paz con la guerrilla de la Segunda Marquetalia. Novoa advirtió que esas desconfianzas no pueden ser superiores a la voluntad de paz que han manifestado ambas delegaciones.En diálogo con Blu Radio, el jefe negociador del gobierno del presidente Gustavo Petro admitió que hay impases que han impedido el cumplimiento de los pactos acordados en Caracas y confió en que estos sean rápidamente superados por las dos partes.“De parte del gobierno nacional existe el interés de continuar adelante con las conversaciones y, si hay desconfianzas, los diálogos deben servir para superarlas, porque esas desconfianzas no pueden ser superiores a la voluntad de paz que han manifestado ambas delegaciones”, advirtió Novoa.Nos preocupa las denuncias de la comunidad sobre los sobrevuelos en las regiones y la incertidumbre que hay tras la amenaza de otros grupos armados ilegales de tomar posesión de esos territorios.“No podemos detenernos en asuntos menores; debemos resolverlos porque el reto que tenemos es enorme: la gente reclama paz, la gente reclama convivencia en los territorios, y la política de paz total la seguirá defendiendo el gobierno nacional con ahínco. Eso obliga a las delegaciones a buscar soluciones a las dificultades que se presenten en la mesa”, indicó Novoa, jefe de la delegación del gobierno colombiano.“Si la Segunda Marquetalia tiene observaciones, debemos conocer cuál es su opinión para buscar salidas, y ellos también deben facilitar las cosas para que así ocurra”, aseguró el jefe negociador.Con la voluntad de las partes se pueden superar todos los obstáculos que se presenten para restablecer en el menor tiempo posible los diálogos, dijo Novoa, quien aseguró que el gobierno de Cuba ya dio su beneplácito para que, de acuerdo con la fecha que pacten el gobierno y la Segunda Marquetalia, se pueda realizar en ese país caribeño el segundo ciclo de diálogos de paz.“Necesitamos que la comunidad internacional rodee con su apoyo el avance de estas conversaciones”, aseguró Novoa.Novoa manifestó que uno de los temas más complejos en la mesa es el levantamiento de la orden de captura de Iván Márquez, jefe de la guerrilla de la Segunda Marquetalia. Sin embargo, confió en que con la voluntad de las partes se pueden encontrar y explorar fórmulas de solución para superar este aspecto, que ya fue mencionado por la delegación de la Segunda Marquetalia.Novoa afirmó que aún no se ha hablado de estos asuntos con la embajada de los Estados Unidos porque se necesita que la mesa se reinstale, funcione y envíe a la sociedad mensajes claros en la dirección correcta para crear un ambiente de opinión que facilite el establecimiento de estos diálogos institucionales.El jefe negociador del gobierno colombiano señaló que la delegación del gobierno espera que se retomen los diálogos lo más pronto posible y dijo que ojalá fuera durante la próxima semana.“Porque para bailar se necesita pareja, y en este momento, la Segunda Marquetalia tiene que dar señales de que está interesada en que podamos restablecer esos diálogos”, advirtió Novoa.“Esto no puede pasar y debemos actuar rápidamente para restablecer la confianza entre las partes y superar los miedos de las comunidades, porque el gobierno no puede llegar solo con la fuerza pública. Debemos montar proyectos y programas tempranos de conversión económica que permitan al Estado colombiano reemplazar las economías ilegales.”Aseguró que no hay temas vedados y que el gobierno está listo para reanudar los diálogos siempre y cuando la Segunda Marquetalia demuestre que quiere superar las dificultades que han originado el retraso.El gobierno nacional está empeñado en lograr que este proceso de diálogos sea eficaz, produzca resultados y cumpla con los mandatos de la Constitución y, sobre todo, con los reclamos y expectativas de la sociedad colombiana y, en particular, de las comunidades ubicadas en los territorios de influencia de la guerrilla de la Segunda Marquetalia, manifestó Novoa.
A través de operaciones de la Novena Brigada del Batallón de Artillería N9 Tenerife, el Ejército Nacional recuperó a dos menores de edad, de 13 y 15 años, que fueron reclutados forzosamente por parte de las disidencias de las Farc de la subestructura ‘Ismael Ruiz’, comandante Isaías Pardo. Este hecho se produjo en el corregimiento de San Luis, municipio de Neiva, Huila.De acuerdo con las autoridades, estos jóvenes eran utilizados por los cabecillas para cometer diversos delitos contra la fuerza pública y la población civil, infringiendo las normas del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.“Los menores fueron trasladados a la ciudad de Neiva y entregados a la Policía de Infancia y Adolescencia, institución encargada de realizar el trámite ante el ICBF para el restablecimiento de sus derechos”, afirma el comunicado del Ejército Nacional.Cabe recordar que, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en los primeros seis meses del 2024 se registraron 159 casos de reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes. De todo estos, Cauca fue el departamento más impactado con 125 casos, es decir el 78 %. Por su parte, el Ejército confirmó que, en lo corrido del año, se han rescatado seis menores de edad de los grupos criminales al margen de la Ley.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.