La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este viernes por la noche una campaña de cinco medidas contra las redes sociales en la que auguró "responsabilidades penales" para sus dueños. "Nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró.En un video de casi dos minutos difundido en su cuenta de X, Sánchez consideró que "las redes sociales, por desgracia, se han convertido en una suerte de salvaje Oeste, de Estado fallido".El presidente español dijo que hay aplicaciones que "dan refugio a actividades criminales, de pornografía, de violencia".Y en medio de su discurso se mostró un cartel que contenía el siguiente mensaje: "Los usuarios de Grok generaron tres millones de imágenes sexualizadas en X en 11 días, incluidas más de 23.000 menores"."Esta semana ha pasado un cosa inédita en nuestras democracias y es que un tecno oligarca se ha colado en el teléfono de millones de ciudadanos españoles para decirles lo que tienen que pensar", agregó Sánchez en referencia a un mensaje difundido por el fundador y consejero delegado de Telegram, Pável Dúrovel, en ese canal de comunicación telefónica criticando al Gobierno español.Las redes sociales "nos espían", "roban nuestros datos" y amplifican "el odio y la desinformción", aseguróCampaña de cinco medidas contra las redes socialesEn cuanto a las medidas que se van a tomar, Sánchez explicó: "La primera es que trabajaremos conjuntamente con el ministerio fiscal para que investigue posibles delitos cometidos en redes sociales, especialmente aquellos que afecten a menores"."La segunda es que la manipulación de algoritmos que utilice datos sin consentimiento debe ser y va a ser perseguida por la ley", continuó"La tercera es -amenazó- que esta tecno casta de las compañías tendrán responsabilidades penales si se niegan a retirar contenidos ilícitos de sus redes"."La cuarta es que vamos a crear la Primera Huella de Odio y de Polarización que nos va a permitir cuantificar y evidenciar como las plataformas digitales alimentan la división y el odio", anunció sin dar más detalles al respecto"Finalmente -concluyó- vamos a proteger a los más vulnerables al contenido tóxico limitando el acceso a los menores de 16 años". "Sabemos que esta tecno casta tiene más dinero e incluso más poder que muchos países, pero nuestra determinación es más fuerte que sus bolsillos", aseguró Sánchez."Vamos a seguir adelante pese a sus amenazas", advirtió al terminar su mensaje.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que la emergencia que atraviesa Santa Marta tras las lluvias intensas de los últimos días no puede explicarse únicamente por las condiciones climáticas, sino que pone en evidencia fallas estructurales que incrementan el riesgo para cientos de familias.“Lo que ocurre hoy en Santa Marta, que ocurre en otras partes de la costa, no es solo el resultado de lluvias intensas, ponen en evidencia condiciones estructurales de riesgo relacionadas con el ordenamiento territorial, el sistema de alcantarillado y drenaje urbano”, afirmó la defensora.De acuerdo con el censo preliminar, 410 familias resultaron afectadas, varias perdieron completamente sus viviendas, otras las tienen en condición no habitable y muchas sufrieron la pérdida total de enseres y daños severos en su entorno. La situación es especialmente crítica en barrios ubicados en zonas de alto riesgo.Además, en el corregimiento de Gaira, un deslizamiento de tierra ocasionó la muerte de una mujer y de su hijo. La Defensoría del Pueblo expresó su solidaridad con las familias y con la comunidad, y reiteró la urgencia de adoptar medidas que prioricen la protección de la vida.Estos hechos, advirtió la entidad, ponen de presente los riesgos persistentes que enfrentan las comunidades asentadas en zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos.Frente a este panorama, la Defensora hizo un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y distritales para que implementen planes de prevención estructural de manera continua y sostenida, que incluyan el fortalecimiento de la infraestructura de alcantarillado, obras de mitigación del riesgo y, cuando sea necesario, la reubicación segura de las familias asentadas en zonas de alta exposición.
Hace unos meses surgió una controversia tras la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores de eliminar el inglés como requisito para ser embajador, incluso, sindicatos de la Cancillería alzaron la voz para oponerse a esto.Blu Radio conoció un auto en donde el Consejo de Estado admite para estudio una demanda interpuesta por la Fundación para el Estado de Derecho, que pidió anular la norma con la que la Cancillería actualizó el manual de funciones de la entidad y suprimió la exigencia de conocimientos en idiomas para el cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.Los demandantes sostienen que el cambio afecta la profesionalización del servicio diplomático y vulnera principios constitucionales como la eficacia y la celeridad administrativa.Señalan que un embajador que no domine el idioma del país de destino o una lengua de uso diplomático dependerá de traductores, lo que genera barreras de comunicación, demoras y mayores costos para el Estado.La Fundación también cuestiona el trámite con el que se expidió la resolución y aseguran que el proyecto solo estuvo cinco días en consulta pública y que, pese a recibir observaciones de organizaciones y expertos, el Ministerio no introdujo ninguna modificación antes de expedir el acto definitivo.Otro de los puntos claves de la demanda es que, según los accionantes, la eliminación del requisito habría respondido a una directriz política y no a criterios técnicos.En el documento señalan que, en junio de 2025, el presidente Gustavo Petro a través de un consejo de ministros manifestó públicamente su intención de suprimir requisitos para ser embajador, con el argumento de democratizar el acceso a esos cargos.Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al Ministerio de Relaciones Exteriores y le concedió un plazo de 30 días para responder. Pero además pidió remitir todo el expediente administrativo relacionado con la expedición de la norma.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado urgente a los gobiernos del mundo para que amplíen las definiciones legales de material de abuso sexual infantil (MASI) con el fin de incluir el contenido generado o manipulado mediante IA y sancionar su creación, posesión y difusión como delito explícito, argumentando que el daño no es “ficticio” sino “abuso real”. En su declaración oficial, UNICEF subraya que las imágenes, videos o audios de menores creados mediante tecnologías de IA, conocidos como deepfakes, no solo son cada vez más frecuentes, sino que pueden ser generados sin consentimiento, sexualizando a niños incluso mediante procesos de “nudificación”, donde se altera digitalmente una imagen para que aparezca desnuda o en poses sexualizadas. “El abuso mediante deepfakes es abuso, y no hay nada ficticio sobre el daño que provoca”, advierte la agencia de la ONU, que insiste en que cuando se usa la imagen o identidad de un niño, ese menor se convierte en víctima, aunque no se identifique personalmente en la imagen. Un estudio conjunto liderado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países reveló que al menos 1,2 millones de niños y niñas reconocieron haber tenido sus imágenes manipuladas en deepfakes sexualmente explícitos durante el último año, lo que en algunos contextos equivale aproximadamente a uno de cada 25 menores. Estos resultados no solo muestran la magnitud del problema, sino también la preocupación de los propios niños, ya que, en varios lugares, hasta dos tercios de los menores encuestados expresaron temor a que sus imágenes pudieran usarse de esta manera. Además de la amenaza directa para las víctimas, UNICEF advierte que la circulación de este tipo de contenidos normaliza la explotación sexual infantil y alimenta la demanda de material abusivo, dificultando al mismo tiempo las labores de las fuerzas del orden para identificar y proteger a los menores que necesitan ayuda. La agencia insta a los países a actualizar sus marcos legales para criminalizar expresamente la creación, adquisición, posesión y difusión de contenido sexual infantil generado por IA, un vacío que en muchas jurisdicciones todavía persiste. También reclaman que los desarrolladores de IA adopten medidas de “seguridad desde el diseño” (safety by design) para prevenir que sus modelos sean usados con fines dañinos. Por su parte, las empresas tecnológicas están bajo presión para mejorar la moderación de contenidos e invertir en tecnologías de detección que permitan eliminar de inmediato este tipo de material, y no días después de una denuncia. Este enfoque responde a la necesidad de actuar antes de que el daño se propague o se consolide en plataformas digitales. Un ejemplo de reacción política es el plan anunciado por el gobierno del Reino Unido para prohibir el uso de herramientas de IA que generen imágenes de abuso sexual infantil, lo que lo convertiría en el primer país en incorporar medidas de este tipo en su legislación. Un reto que trasciende fronterasLa dificultad de rastrear y eliminar este tipo de material en un entorno digital globalizado hace que la cooperación internacional sea clave. Acuerdos previos entre INTERPOL y UNICEF para combatir la explotación y el abuso sexual de menores en línea evidencian que la colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones civiles será fundamental para enfrentar este desafío emergente. En definitiva, la alerta lanzada por UNICEF recalca que la sociedad, las leyes y la tecnología deben evolucionar de manera conjunta para proteger a la infancia frente a las nuevas amenazas digitales, porque, como afirman los expertos, “los niños no pueden esperar a que la legislación se ponga al día”.
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
Este miércoles la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP realizó una diligencia en la que entrevistaron a Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko', por casos de amenazas contra funcionarios de Norte de Santander y Santander en 2002.“Estos hechos provocaron el desplazamiento del alcalde de El Tarra, así como la renuncia colectiva de los concejales de los municipios de Ragonvalia, Gramalote, Lourdes, Arboleda, Cucutilla, entre otros municipios de Santander y Norte de Santander”, explicó la magistrada Giraldo.La diligencia se realizó en el marco de un trámite de estudio de una amnistía por el delito de terrorismo. De acuerdo a la información que tiene la justicia ordinaria, estas amenazas por parte de la extinta guerrilla de las Farc buscaban que los diputados, alcaldes, inspectores, fiscales y jueces renunciaran a sus cargos, o, de lo contrario, serían declarados objetivo militar.En esta diligencia, Londoño reconoció que “al final de 1999 inicios del 2000, cuando comienza la ofensiva paramilitar en estos departamentos, hay una directriz del secretariado en el sentido de generar ingobernabilidad en dicha región y plantearle a los alcaldes y distintas autoridades que renunciaran”.Ahora la JEP deberá estudiar la posibilidad de otorgar el beneficio a Londoño, quien fue el último comandante de la extinta guerrilla de las Farc y ahora es presidente del Partido Comunes.“¿Fue el pleno del Secretariado de las Farc-EP el que tomó la decisión?”, le preguntó la magistrada Marcela Giraldo al compareciente. “No, el pleno no porque no nos reuníamos desde el 2000. Sino por orientaciones del comandante en jefe, Manuel Marulanda”, dijo Londoño en la diligencia.
Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’, en cese al fuego por los diálogos con el Gobierno, continúan delinquiendo sobre todo en los departamentos de Caquetá, Huila y Meta. De acuerdo con información obtenida por inteligencia militar, los criminales extorsionan a la población civil a través de panfletos con el fin de obtener recursos para financiarse.Los panfletos citatorios los envía la estructura Rodrigo Cadete de las disidencias de las Farc por medio de los presidentes de juntas de acción comunal, a los habitantes de las veredas la India, Patagonia, Luz de la Esperanza, La Patagonia y el IDEM, donde les ordenan que deben hacer presencia en el caserío Bolivia del municipio de Paujil, indicando que quien los cita es alias ‘Albeiro Ramírez’, responsable de la comisión de finanzas.Los delincuentes obligan a los presidentes de junta a incurrir en delitos, ya que muchas veces deben recaudar dineros producto de la extorsión, para que más luego sean entregados a la organización criminal.Las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Calarcá’ cobran vacunas y extorsiones por litro de leche, cabeza de ganado, hectárea de tierra, venta y distribución de bebidas, por venta de fincas deben pagar 10 %, empresas e independientes e incluso a gremios como los mototaxis, a quienes les cobran 150.000 pesos mensuales.Los delincuentes detrás de las extorsiones, según se pudo establecer, son alias ‘Cancharino’ y alias ‘Urías’. Sin embargo, también cobran relevancia alias ‘Raúl’, presunto cabecilla de finanzas de la estructura Rodrigo Cadete; Jefry Estiven Corredor alias ‘Marlon Díaz’ otro cabecilla de la misma estructura y alias ‘Albeiro Ramírez’ o ‘Conejo’, responsable de generar las citaciones extorsivas a habitantes y miembros de gremios de Florencia, Puerto Rico y El Doncello, departamento de Caquetá.
Miguel Hernán Sandoval es un reconocido comerciante en el norte del Cauca. Justamente en esa zona del país se desplazaba en una carretera el pasado 15 de agosto cuando fue secuestrado.Algunas personas armadas interceptaron el vehículo y lo obligaron a bajar, posteriormente fue llevado a una zona rural del corregimiento El Ortigal, en Miranda, Cauca.Rosi Albani Pérez es coordinadora de la mesa departamental de víctimas del Cauca y aseguró que, Sandoval, es una persona que apoya mucho a las comunidades.“Es muy preocupante porque él es una persona muy importante para nuestro espacio social y comunitario por su aporte no solo como comerciante, sino como ser humano, en visitas a la biblioteca y enseñándole a los jóvenes muchas cosas buenas en el marco del buen trato hacia los demás y de cómo trabajar en una sociedad mejor”, señaló Albani.Miguel Hernán Sandoval es el propietario de la papelería El Amigo, ubicada en el parque principal del municipio de Puerto Tejada, Cauca, y este es el tercer secuestro que se registró en menos de un mes en los límites del Valle del Cauca.“Lo que le queremos decir a las personas que lo privaron de la libertad es que lo regresen a su núcleo familiar sano y salvo y que le respeten la vida, a una persona que lo ha dado todo por la comunidad. El tema económico no merece que se le prive de la libertad a una persona, lo hacen con ese fin y no es para ayudar al pueblo, si fuera para ayudar al pueblo no habría tanto secuestro”, señaló Rosi.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a 74 excomandantes y mandos medios de la desaparecida guerrilla de las Farc para que respondan por delitos graves que son amnistiables y, por ende, deben ser judicializados y sancionados.Entre los convocados están Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’; el actual senador Julián Gallo Cubillos, ‘Carlos Antonio Lozada’, quien fue comandante del Frente Urbano Antonio Nariño y miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y Milton de Jesús Toncel Redondo, más conocido como 'Joaquín Gómez', exintegrante del Estado Mayor Central del Frente 14 y comandante del Bloque Sur.También fueron llamados otros integrantes del Comando Conjunto Central, el Bloque Oriental y mandos medios del Bloque Sur, entre ellos Jaime Tapiro García, ‘Rubén Polanco’, excomandante del Frente 14 y exintegrante del Estado Mayor de la Columna Móvil Teófilo Forero, y Omaira Rojas Cabrera, Sonia, excomandante del Frente 14.¿Qué caso investiga la JEP?El proceso hace parte del caso 10, que investiga graves crímenes cometidos por la antigua guerrilla que no pueden ser amnistiables, como como homicidios, masacres, desplazamientos y desapariciones forzadas, violencia sexual, así como el uso de medios y métodos ilícitos de guerra, que no pueden recibir perdón judicial.Uno de los hechos priorizados es el atentado contra el club El Nogal cometido el 7 de febrero de 2003 en Bogotá. Si bien por este crimen ya la JEP había citado a una versión voluntaria para el 12 y 13 de agosto pasado, esta se canceló para sumar a las nuevas citaciones y hacerlas de manera concentrada.Las versiones libres se adelantarán en varias jornadas entre finales de octubre de 2024 y enero de 2025. Allí también participarán las víctimas: hasta el momento, la JEP ha recibido 1.300 solicitudes de acreditación de víctimas, de las que se han aprobado 702.
El equipo negociador del Gobierno nacional con el ELN ratificó la posición de Venezuela como garante del diálogo que se adelanta con esa guerrilla, un tema que despertaba dudas sobre el papel que juega el país vecino en esta discusión debido a la crisis política que atraviesa.El anuncio fue hecho por el senador Iván Cepeda, quien además resaltó el papel que históricamente ha tenido Venezuela como garante en los diálogos con otras guerrillas, y subrayó que las decisiones que se tomen en las relaciones bilaterales dependen del presidente Gustavo Petro y de su equipo diplomático.“La delegación del equipo negociador no será la que se pronuncie sobre la situación de política interna del país, porque agradecemos y valoramos la ayuda que Venezuela siempre ha brindado en estos procesos”, señaló el senador Cepeda.Además, resaltó que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una de las condiciones de éxito de los diálogos de paz es que los países de la región cumplan ese papel de garantes, especialmente cuando comparten fronteras terrestres, ya que el conflicto suele permear los territorios vecinos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.