El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos de Paz, Armando Novoa, ratifico la petición hecha en el Putumayo el pasado 23 de enero sobre la necesidad de que haya una destrucción comunitaria de laboratorios para el procesamiento de cocaína en Nariño y Putumayo.En Tumaco, Nariño, Novoa en diálogo con Blu Radio aseguró que esta sería una demostración real por parte de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, disidencia de alias 'Walter Mendoza', de su compromiso por acabar la economía ilegal en esta región y una forma de avanzar en las negociaciones.Dijo que esta propuesta no tiene nada que ver con la reunión entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca en donde se llegaron a algunos acuerdos, sino que ha sido un trabajo desde antes del viaje del mandatario en donde tienen la meta de sustitución de 30.000 hectáreas dedicadas a la producción de coca en Nariño y Putumayo.“Sería un hecho indeseable y quedaría gravemente lesionada la política de paz total del Gobierno en el sur de Colombia”, aseveró de lo que sería no lograr con este plan en esta zona del país.Pero sí mencionó que tras esta reunión hay nuevos retos que se deben asumir de manera inmediata por parte de las mesas de diálogos de paz, en especial con las disidencias de las Farc. Novoa fue enfático en que la petición del presidente ha sido materializar la sustitución de cultivos en comunidad, de las cuales 15.000 deben ser de Putumayo y otras 15.000 de Nariño, que esperan lograrlo antes de que termine marzo.Aseguró que, tras una reunión extraordinaria en el resguardo indígena de Inda Sabaleta y en la zona urbana de Tumaco, quedó ratificado el compromiso de las disidencias de vincularse de manera activa al proceso de sustitución y erradicación de cultivos de coca. También se creó un movimiento popular de campesinos, resguardos indígenas, comunidades étnicas, entre otros, en favor de la erradicación.Entre diciembre de 2025 y enero de 2026, más de 10.000 personas del Putumayo se han inscrito al programa RenHacemos en la región, según Novoa, demostrando así el “compromiso” de las comunidades para poder acabar con la economía ilegal.Por otro lado, Novoa manifestó que tiene la esperanza de que el nuevo ministro de Justicia entienda el tamaño y el reto que hay por delante, en especial por un proyecto del ministro anterior que, según él, afectó en este proceso y que esperan entre en discusión después del 15 marzo, fecha en que habrán pasado las elecciones al Congreso.Esta es el acta de diálogos de paz
Un hecho de sangre sacudió la tranquilidad del barrio Monterredondo, en el suroccidente de Bucaramanga, la tarde de este jueves, 12 de febrero. Sergio Andrés Suárez Ortiz, propietario de un supermercado, fue asesinado a tiros por delincuentes que irrumpieron en su establecimiento con el objetivo de despojarlo de una joya personal.El suceso ocurrió en horas de la tarde frente al conjunto residencial Torres de Monterredondo. Según los primeros informes oficiales, dos sujetos llegaron al lugar a bordo de una motocicleta e ingresaron al local simulando ser clientes. Una vez dentro, uno de los asaltantes desenfundó un arma de fuego y confrontó a Suárez Ortiz, exigiéndole una cadena de oro que portaba. Ante la aparente resistencia de la víctima, el delincuente accionó el arma a quemarropa, dejándolo gravemente herido mientras los atacantes huían con rumbo desconocido.Pese a que el comerciante fue trasladado de urgencia a la Clínica Chicamocha, el personal médico confirmó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad del impacto. La tragedia generó un profundo rechazo entre los habitantes de la zona, quienes alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones.Ante la gravedad del crimen, el alcalde de Bucaramanga, Cristian Fernando Portilla, condenó categóricamente el asesinato y ordenó a la Policía Nacional activar de inmediato todos los protocolos de inteligencia y búsqueda. El mandatario instruyó un despliegue tecnológico y operativo en esa zona de la ciudad para capturar a los responsables. “No permitiremos que hechos criminales atenten contra la seguridad y la tranquilidad de los ciudadanos”, enfatizó la administración municipal.Por su parte, el secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto Fratally, anunció que se ofrece una recompensa de hasta diez millones de pesos por información veraz que conduzca a la judicialización de los autores materiales de este crimen. Mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza las labores de criminalística y análisis de cámaras de seguridad, la Alcaldía hizo un llamado a la comunidad para colaborar con las autoridades bajo absoluta reserva, reafirmando una política de tolerancia cero frente al homicidio.
Investigadores de la desaparición de Nancy Guthrie, la madre de la periodista de la NBC Savannah Guthrie, evalúan este jueves un video de una cámara de seguridad de una vivienda del vecindario de la víctima, que muestra a un hombre tratando de escalar un muro, según informó Los Angeles Times.El nuevo video está entre las centenares de pistas que las autoridades evalúan en la carrera contra el reloj para hallar con vida a la mujer de 84 años de edad, vista por última vez el 31 de enero en su hogar al norte de Tucson (Arizona).El video, grabado la madrugada del 1 de febrero, muestra a un hombre calvo con una chaqueta gris y una mochila similar a la que llevaba el hombre enmascarado, que fue captado por la cámara de la puerta de Guthrie antes de su supuesto secuestro, según fuentes citadas por el rotativo angelino.Las autoridades también están revisando otro video de seguridad que muestra a una persona con una gorra de béisbol y una mochila negra tirando de la manija de la puerta de un auto frente a una casa en el vecindario la mañana del 1 de febrero.Las fuentes citadas por el periódico explicaron que las imágenes hacen parte de las pistas que se analizan para dar con el paradero de la madre de la periodista.El jefe del Departamento del Alguacil del condado Pima, Chris Nanos, ha pedido a los vecinos de la mujer que proporcionen cualquier video que haya podido captar personas o cosas extrañas antes y después de la desaparición de la mujer.Las autoridades han intensificado sus recorridos por las colinas de Catalina Foothills, el vecindario desértico en el norte de Tucson en el que residía la mujer, donde se encontraron unos guantes.Las imágenes recuperadas de la cámara del timbre de la casa de Guthrie la noche de su desaparición muestran a una persona enmascarada con guantes de boxeo.Este jueves se cumplen doce días de la intensa búsqueda. La familia reportó la desaparición después de que la mujer no fue a la iglesia el domingo por la mañana, como acostumbraba a hacerlo.Savannah Guthrie publicó hoy un emotivo video en Instagram que la muestra a ella y su hermana de niñas, con su madre. "Nunca nos rendiremos", escribió la periodista en el caso que ha acaparado el interés nacional.
La Alcaldía de Bogotá permitirá el uso temporal de 21 predios ya adquiridos y demolidos en el corredor de la Carrera Séptima, entre las calles 24 y 99, mientras avanzan los diseños y el proceso para iniciar las obras definitivas del proyecto. La medida, liderada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), busca evitar la ocupación ilegal de los lotes, mejorar el entorno urbano y generar recursos para el espacio público de la ciudad.Según explicó el director del IDU, Orlando Molano, mientras se cumple ese cronograma la entidad abrió una invitación pública para el aprovechamiento económico de los predios. “Tenemos abierta una invitación pública para 21 predios, agrupados en 14 lotes, para que se pueda hacer aprovechamiento económico. Es una subasta al alza, abierta para todos”, afirmó. De acuerdo con el director, en estos espacios se podrán desarrollar actividades comerciales y de servicios acordes con el uso del suelo, como restaurantes, cafés y otras iniciativas que ayuden a dinamizar la zona y a fortalecer la seguridad.Molano explicó que esta decisión es el resultado de un trabajo técnico y normativo que tomó cerca de dos años. “Trabajamos durante estos dos años para que, por primera vez, el Instituto de Desarrollo Urbano tuviera la posibilidad de hacer aprovechamiento económico de estos lotes mientras inicia este proyecto”, señaló. El funcionario precisó que el corredor estará este año y parte del próximo en etapa de armonización de diseños, con el objetivo de licitar las obras a finales de 2027.El proceso se realizará a través del Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y permitirá presentar ofertas por un periodo inicial de tres años, prorrogables hasta que se requieran los predios para la etapa de construcción del proyecto del corredor de la Carrera Séptima. La selección se hará mediante subasta al alza, con un precio base definido a partir de un avalúo de renta. Podrán participar personas naturales o jurídicas, de forma individual o asociada, siempre que las actividades estén permitidas por el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).El director del IDU aseguró que los recursos obtenidos no se destinarán al proyecto vial, sino al mantenimiento y adecuación del espacio público en la ciudad. “Los recursos que recojamos de estas actividades van a ser usados para el mejoramiento del espacio público en Bogotá. Es un gana-gana: mejoramos el espacio mientras arranca la obra, obtenemos recursos y, sobre todo, fortalecemos la seguridad de los entornos”, concluyó Molano.
Tras varias horas de operativos conjuntos entre el Ejército y la Policía en Tuluá, en el centro del Valle del Cauca, las autoridades entregaron el balance de la intervención que dejó resultados en materia de seguridad.Entre las capturas más relevantes figuran alias ‘La Gorda’, señalada cabecilla del frente 57, y alias ‘Pipo’, presunto sicario del grupo delincuencial ‘Los de la G’, con presencia en Tuluá, Andalucía y Bugalagrande."En el corregimiento de La Marina, en zona rural, fue capturada alias ‘La Gorda’, sindicada de ser cabecilla del Frente 57 de Iván Mordisco. Durante el operativo se incautaron elementos de uso militar, material extorsivo y una agenda con información de víctimas. La detenida sería responsable de fortalecer las finanzas del grupo mediante extorsiones, secuestros y de coordinar actividades delictivas en la región", dijo Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca.Durante los procedimientos, las autoridades incautaron seis armas de fuego, cerca de tres toneladas de marihuana y 49 teléfonos celulares que, según las investigaciones, eran utilizados para coordinar actividades ilegales. Además, fueron recuperadas siete motocicletas y seis vehículos reportados como hurtados."Nosotros acá tenemos actores delincuenciales desde la cárcel y por eso también llegamos hasta allá. Allí les quitamos celulares, porque a través de llamadas extorsionan a la comunidad y les exigen dinero. Les pedimos a los ciudadanos seguir denunciando para poder capturar a los responsables, pero también vamos a marcar carros y motos para reducir el hurto y la comercialización de vehículos robados", expresó la general Sandra Liliana Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.En esta, que es la tercera megatoma adelantada en el Valle del Cauca como medida de choque contra la criminalidad, participaron cerca de 400 uniformados de la fuerza pública. La operación contó además con apoyo aéreo del Comando Aéreo de Combate No. 7 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
El 18 de octubre del 1998 Integrantes del frente 'José Antonio Galán' del ELN dinamitaron un oleoducto en el corregimiento de Machuca, del municipio de Segovia Antioquia. Dos mil habitantes estaban durmiendo cuando las llamas se extendieron por al menos 50 casas que quedaron completamente calcinadas. "Yo pensaba que era el fin del mundo, nunca pensé que eso fuera por manos de otras personas, tuvimos muchos percances en el transporte y duré 10 días en coma en el hospital Las Vegas, en Medellín, estuve 3 meses hospitalizada, perdí mi hijo de 7 años y tengo otro que en ese tiempo tenía 3 añitos y está lesionado”, señaló Mery Estrada.Los habitantes de Machuca quedaron atrapados entre las llamas pues el único puente que conectaba con la población fue destruido por los mismos guerrilleros. 84 personas fallecieron y otras resultaron heridas y 25 años después las víctimas siguen esperando la reparación.“Hoy cumplimos 25 años de esa tragedia y todo ha sido pañitos de agua tibia, ha habido mucho contratiempo, volvemos al comienzo, lo de la reparación está más bien suave como se dice, no veo la reparación por ninguna parte”, explicó Estrada.En este momento el ELN está en un proceso de paz con el Gobierno nacional, las víctimas de Machuca han pedido que las tengan en cuenta para poder avanzar hacia la reconciliación.“Yo no soy Dios para perdonar, para mí bastaría con que no volvieran a cometer lo que hicieron con otras personas, fuera más que suficiente, pero para que pueda haber un perdón debe haber una reparación también”, aseguró Estrada.
Fue el 1 de enero de 2023 cuando comenzó un cese al fuego bilateral entre el Gobierno nacional y las Autodefensas de Sierra Nevada, que ahora está manifestando su deseo de ser parte de la paz total luego de que el propio alto comisionado de la Paz, Danilo Rueda, aseguró que con este grupo se estaba avanzando en la fase exploratoria para lograr la instalación de una mesa de diálogos.Alias 'Camilo' es el vocero de las autodefensas y en diálogo con Blu Radio se refirió a las dificultades que han tenido para lograr la instalación de una mesa para los diálogos de paz."No se ha visto bastante interés por parte del Gobierno nacional en comparación como se está haciendo con otros grupos. Todas las unidades de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra siguen aún resguardadas en acuartelamiento de primer grado a esperanzas de una respuesta positiva para avanzar en temas de paz con el Gobierno nacional, ha faltado compromiso por parte del Estado colombiano para avanzar en temas de paz, nos ha faltado lo más importante que es la prolongación al cese bilateral y la instalación de la mesa como tal", señaló 'Camilo'.Asimismo, consideran que los inconvenientes para el inicio vendrían por parte del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa: "Hay que reiterar que no ha habido voluntad de paz del señor fiscal Francisco Barbosa para dar la suspensión de órdenes de captura y hacer la instalación de la mesa que es lo que se quiere y lo más importante el prolongamiento automático al cese al fuego bilateral", señaló 'Camilo'.Este grupo espera que la mesa de diálogos se instale en la Sierra Nevada de Santa Marta y que el día que inicien los diálogos empiece el cese al fuego bilateral, pues aseguran que tienen interés en hacer parte de la paz total. Recientemente se han registrado enfrentamientos entre este grupo y el Clan del Golfo, 'Camilo' aseguró que están dispuestos a pactar una tregua: "Nosotros como Autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta hacemos un llamado a este grupo, el Clan del Golfo, a manejar la cordura y a que se comprometan más con este proceso de paz, hasta incluso hacer una tregua", explicó a Blu Radio.Esto dice el Gobierno nacionalBlu Radio buscó la posición del Gobierno frente a los planteamientos que han hecho las Autodefensas de la Sierra Nevada sobre este proceso de diálogo. El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguró que la fase exploratoria con este grupo sigue en marcha y que el Gobierno ha hecho una propuesta a las autodefensas para llegar a un acuerdo especial basado en el Derecho Internacional Humanitario propuesta que se encuentra en un análisis jurídico para poder darle viabilidad."Venimos avanzando en el centro de la construcción de la paz que son los procesos organizativos, los pueblos originarios de la Sierra Nevada y estamos en la conformación de un equipo permanente de trabajo, todo este proceso se desarrolla sin que tengamos un marco jurídico que haya pasado por discusión en el congreso y que sea examinado por la Corte Constitucional, por eso digamos que estos escenarios de fase dialógica con las Autodefensas de la Sierra Nevada tendrán asuntos muy específicos que abordar con independencia de la existencia de ese marco jurídico", explicó Rueda.Le puede interesar
Desde este lunes, 16 de octubre, y hasta el próximo 16 de enero del 2024, el Gobierno nacional llevará a cabo el cese al fuego bilateral y nacional con las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’.Para hablar sobre las garantías y la agenda con la que cuenta esta decisión, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, el jefe negociador del Gobierno para este proceso, Camilo González Posso.“En lo que concierne a esta organización, el compromiso es en la no interferencia en las elecciones así y de modo que yo creo que por lo que hemos percibido en las conversaciones y las palabras expresadas podemos esperar una unas elecciones tranquilas en lo que a esto se refiere”, inició explicando el delegado sobre las garantías en los próximos comicios.Posso también se refirió a la incógnita sobre si este cese el fuego por tres meses sí implica una verdadera voluntad de paz de las disidencias y no como una gabela de tiempo para fortalecerse.“Hace ocho días o un poquito más cuando se tenía previsto iniciar todo ese cese el fuego bilateral, se decidió aplazar una semana, pero entretanto hacer una experiencia de suspensión de órdenes de suspensión de acciones ofensivas en forma paralela y cada parte decía 'me comprometo no atacar, no como una firma de un acuerdo bilateral y todo esto pues buscando una generación de confianza'”, puntualizó Posso.Asimismo, en relación con la agenda que se desarrollará en medio de estos diálogos, el jefe negociador explicó que se definieron dos niveles sobre este proceso.“Desde un primer nivel es acciones de aplicación inmediata. Ahí tenemos una agenda muy precisa en temas humanitarios de aplicación del derecho internacional humanitario y medidas tienen que ver con la población”, detalló.En segundo lugar, un acuerdo final para “hacer intervenciones en los territorios”, lo que implica “hacer transformaciones, acuerdos parciales para transformaciones territoriales. a trabajar inicialmente en experiencia en el Cauca, y que eso niegue actividades en otras regiones, pero allí para buscar una participación masiva de las comunidades en una reconversión de economía buscando caminos hacia la superación de economía física”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Los decretos para la instalación de la mesa de diálogos de paz entre el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc-EP, grupo liderado por ‘Iván Mordisco’ para iniciar los diálogos de paz, ya están listos.Los documentos fueron dados a conocer en el club en Barquito, en Tibú, Norte de Santander, donde se reunieron las partes de manera privada por un espacio de tres horas este lunes para la instalación de la mesa de diálogos en la que llegaron algunos lideres comunales.Al término del encuentro y en dialogo con Blu Radio, el propio jefe de la mesa de diálogos, Camilo Gonzales Posso, indicó que ya se instalaría la mesa e iniciaría el proceso.“Ya, en este momento, estamos desplazándonos al sitio de la ceremonia y en cosa de minutos vamos a iniciar el proceso de instalación de la mesa”, indico González Poso.Asimismo, confirmó que el decreto tendrá inicialmente una vigencia hasta el 16 de enero de 2024 con posibilidades de ampliarse.“Sí, vamos hasta enero 16 del año entrante (2024) y allí se evaluará para eventualmente hacer una prolongación después de enero para el año 2024”, agrego el jefe negociador.El documento, que será publicado este lunes, tiene la firma del ministro de Defensa, Iván Velásquez; el mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, entre otros y en este queda claro cuáles son las condiciones del cese al fuego para avanzar en la política de paz total.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.