El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La Lotería de Medellín anunció los resultados oficiales del sorteo 4822, realizado el viernes 13 de febrero de 2026, una jornada que despertó gran expectativa entre miles de apostadores en todo el país. El atractivo plan de premios y la trayectoria de este tradicional juego de azar volvieron a convertir la noche en uno de los eventos más seguidos del panorama lotero nacional.Premio Mayor de $16.000 millones – Sorteo 4822El gran ganador de la jornada fue el número 4547 de la serie 178, que se llevó el Premio Mayor de $16.000 millones, una de las bolsas más altas del mercado de loterías en Colombia durante el inicio de 2026.Premios secos destacados del sorteo 4822Además del premio principal, el sorteo se caracterizó por una amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en Medellín, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.2 Secos de $1.000 millones4524 – Serie 2985198 – Serie 3132 Secos de $700 millones1743 – Serie 3586354 – Serie 1372 Secos de $500 millones4138 – Serie 4948978 – Serie 1076 Secos de $100 millones0961 – Serie 1581924 – Serie 3574036 – Serie 1134246 – Serie 0515651 – Serie 0468413 – Serie 1437 Secos de $50 millones1361 – Serie 4621563 – Serie 2523337 – Serie 4715537 – Serie 3315614 – Serie 4318235 – Serie 4278850 – Serie 06510 Secos de $20 millones1336 – Serie 4842065 – Serie 4742605 – Serie 4482639 – Serie 0626437 – Serie 1826526 – Serie 2157201 – Serie 1007836 – Serie 4948510 – Serie 1718738 – Serie 36915 Secos de $10 millones0888 – Serie 0350888 – Serie 3381753 – Serie 2642743 – Serie 4093422 – Serie 4356644 – Serie 3566797 – Serie 1396799 – Serie 1546872 – Serie 2046900 – Serie 0237848 – Serie 4609410 – Serie 3529645 – Serie 1659813 – Serie 3449881 – Serie 108Si su número apareció en el listado anterior, verifiquélo en la siguiente imagen oficial, publicada por la Lotería de Medellín.Un sorteo que mantiene la confianza nacionalCada edición de la Lotería de Medellín capta la atención a nivel nacional, no solo por el valor de sus premios, sino también por la credibilidad y transparencia que ha construido a lo largo de los años. En el sorteo 4822, jugadores de diferentes regiones siguieron atentamente la transmisión con la ilusión de convertirse en los nuevos millonarios del país.Más allá de la emoción, la entidad continúa destacándose por su compromiso social: los recursos recaudados se destinan al fortalecimiento de la salud pública en Colombia, un aspecto que ha consolidado su reconocimiento institucional.¿Dónde consultar los resultados oficiales?Los resultados oficiales del sorteo 4822 pueden verificarse a través de la transmisión publicada en el canal oficial de YouTube y en las plataformas institucionales de la Lotería de Medellín.Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación, garantizando así la validación correcta del billete y la serie correspondiente.
En la noche del viernes 13 de febrero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 485 de MiLoto, el cual arrojó una cifra total de 10.303 ganadores en las diferentes categorías de premiación, consolidando una bolsa total entregada de $95.158.950.Los números de la suerte de MiLoto y el balance de ganadoresLa combinación ganadora para este sorteo estuvo compuesta por los números 07, 15, 16, 26 y 35. Según el reporte oficial de la entidad, el premio mayor, correspondiente a los 5 aciertos, no cayó. Al no registrarse un ganador con la totalidad de los números, el acumulado que se encontraba en $350 millones ha experimentado un incremento, situándose ahora en una cifra de $400 millones de pesos para el próximo sorteo.A pesar de que el botín principal quedó vacante, miles de ciudadanos lograron obtener retribuciones económicas por sus aciertos parciales:4 aciertos: Se registraron 17 ganadores. Cada uno recibirá un premio de $1.214.350, sumando un total de $20.643.950 entregados en esta categoría.3 aciertos: Un total de 755 personas lograron esta combinación, adjudicándose un premio individual de $48.200.2 aciertos: Esta fue la categoría con mayor volumen de beneficiarios, con 9.531 ganadores que recibirán $4.000 cada uno, lo que suele representar el reintegro de la apuesta o una base para futuros juegos.Contexto de MiLoto en el mercado colombianoMiLoto se ha posicionado como una alternativa ágil dentro del portafolio de juegos operados por Operador Nacional de Juegos (ONJ), la misma entidad encargada de Baloto. A diferencia del sorteo tradicional de Baloto, MiLoto se caracteriza por una mecánica de selección de 5 números del 1 al 39, lo que estadísticamente ofrece mayores probabilidades de ganar el premio mayor frente a otros juegos de azar de mayor escala.El crecimiento del acumulado a $400 millones representa un hito atractivo para los apostadores habituales y nuevos usuarios. Este tipo de juegos contribuye significativamente a la economía del país, dado que un porcentaje de las ventas se destina por ley a las transferencias para la salud de los colombianos, un pilar fundamental en la regulación de Coljuegos.Cómo participar y próximos pasosPara el próximo sorteo, los interesados pueden adquirir sus tiquetes en los más de 43.000 puntos de la red Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como a través de los canales digitales oficiales. La expectativa por el nuevo acumulado de $400 millones sugiere un incremento en el volumen de apuestas para las próximas jornadas, manteniendo la tendencia de MiLoto como un motor de esperanza y dinamismo en el sector de los juegos de suerte y azar.
La jornada de juegos de azar de este viernes 13 de febrero dejó un panorama de gran expectativa para los apostadores colombianos. Mientras que los premios mayores de las loterías regionales de Medellín, Santander y Risaralda encontraron nuevos números ganadores. Por otro lado, el acumulado de MiLoto se ubicó en $200 millones.Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4822El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 30 de enero de 2026 fue el: 4547 de la serie 178. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.Resultados de la Lotería de Santander – Sorteo 5057El gran protagonista de la noche fue el número: 3052 de la serie 165, que se quedó con el premio mayor y concentró la atención nacional.Lotería de Risaralda: premio mayorEl número del premio mayor fue el: 4197 de la serie 280. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Resultados Miloto números ganadores del sorteo del 13 de febrroDurante el sorteo de hoy, la combinación ganadora estuvo integrada por los números: 26 - 07 - 15 - 35 - 16. No obstante, ningún participante logró acertar las cinco cifras, por lo que el premio principal quedó desierto.Se recomienda a todos los jugadores verificar sus billetes físicos y comprobantes electrónicos en los puntos de venta oficiales de Paga Todo, Gana Gana o a través de las páginas web de cada entidad para confirmar sus aciertos.
La Lotería de Risaralda, una de las entidades de juegos de suerte y azar con mayor tradición en el Eje Cafetero, dio a conocer los resultados oficiales de su más reciente sorteo, realizado como es habitual el viernes en la noche. El número del premio mayor fue el: 4197 de la serie 280. Asimismo, se conocieron los resultados de los premios secos y la escalera millonaria, que también entregaron importantes sumas de dinero a los apostadores.Premios secos de la Lotería de RisaraldaPremio Especial “La Escalera Millonaria” – $60.000.000Número: 2584Serie: 154Secos PrincipalesEl Gordo de la Risaralda – $300.000.0004144 – Serie 233Ángel de la Suerte – $200.000.0006048 – Serie 127Mula Millonaria – $150.000.0006904 – Serie 148Milagro Millonario – $80.000.0006124 – Serie 254Guaca de Oro – $60.000.0002223 – Serie 0018028 – Serie 2881244 – Serie 049Cofre de Diamantes – $50.000.0003022 – Serie 2301433 – Serie 2484168 – Serie 0229748 – Serie 2411928 – Serie 253Trébol de la Fortuna – $40.000.0002862 – Serie 0760116 – Serie 2342829 – Serie 245Secos de Perla – $35.000.0006416 – Serie 2158145 – Serie 1218214 – Serie 2176656 – Serie 0149722 – Serie 239Secos Cosecha Millonaria – $30.000.0000555 – Serie 1938724 – Serie 2258144 – Serie 0095723 – Serie 0318377 – Serie 2497788 – Serie 0741179 – Serie 0970151 – Serie 1089676 – Serie 1347873 – Serie 0919403 – Serie 260A continuación, la imagen oficial de los resultados de la Lotería de Risaralda, publicada en sus redes sociales por la empresa:Sorteo en vivo de la Lotería del RisaraldaCada sorteo de la Lotería de Risaralda despierta un alto interés tanto en el departamento como en otras regiones del país. La transparencia del proceso y la divulgación de los resultados por canales oficiales refuerzan la confianza de los jugadores, que consultan los números ganadores apenas finaliza la transmisión.En esta edición, el premio mayor, que actualmente asciende a una cifra cercana a los $2.333 millones, concentró gran parte de la atención. Sin embargo, los premios secos también tuvieron un papel destacado, al ofrecer montos significativos y aumentar las probabilidades de acierto. Esto se reflejó en una amplia caída de premios durante la jornada, uno de los aspectos más valorados por los apostadores.Este nuevo sorteo reafirma a la Lotería de Risaralda como una de las loterías más importantes del país, no solo por su trayectoria, sino también por la confianza que ha construido a lo largo de los años. Sus resultados continúan siendo seguidos con atención por quienes consideran este juego como una opción tradicional, transparente y confiable dentro del panorama de las loterías en Colombia.Más allá de la emoción propia de cada sorteo, la Lotería de Risaralda mantiene un impacto social positivo en la región. Los recursos que recauda se destinan a programas sociales y de salud, contribuyendo al bienestar de la comunidad y fortaleciendo su papel dentro del sector de juegos legales en Colombia.
La Lotería de Santander realizó el sorteo número 5057 el viernes 13 de febrero de 2026 a las 11:00 p. m., con transmisión oficial a través del Canal TRO desde Bucaramanga. El número ganador del premio mayor fue: 3052 de la serie 165. Este billete se quedó con el premio principal, convirtiéndose en el gran protagonista de la noche.Premios secos Lotería de Santander 5056Además del premio mayor, el sorteo entregó una amplia lista de premios secos en diferentes categorías.Seco $700 millones0827 – Serie 0252 Secos $500 millones1099 – Serie 1225031 – Serie 1163 Secos $300 millones1257 – Serie 2581533 – Serie 2753355 – Serie 1154 Secos $200 millones0525 – Serie 1973503 – Serie 2584029 – Serie 1354243 – Serie 1167 Secos $100 millones0779 – Serie 1760891 – Serie 0671648 – Serie 0612058 – Serie 0322317 – Serie 0839620 – Serie 2399866 – Serie 0267 Secos $50 millones1147 – Serie 2211903 – Serie 2754145 – Serie 2714877 – Serie 0115293 – Serie 0709013 – Serie 2419766 – Serie 03310 Secos $20 millones2621 – Serie 1052669 – Serie 2884848 – Serie 1406548 – Serie 2956849 – Serie 0367159 – Serie 1438980 – Serie 0689061 – Serie 0069498 – Serie 1829642 – Serie 25015 Secos $10 millones1932 – Serie 2742362 – Serie 0442731 – Serie 2222748 – Serie 1005530 – Serie 2746573 – Serie 1676658 – Serie 2937001 – Serie 1097825 – Serie 2957914 – Serie 0568514 – Serie 1409291 – Serie 2979453 – Serie 1509681 – Serie 1259834 – Serie 28620 Secos $5 millones0339 – Serie 2851555 – Serie 2011891 – Serie 0701919 – Serie 2822466 – Serie 2563289 – Serie 0423766 – Serie 2363810 – Serie 0734083 – Serie 1094523 – Serie 2724748 – Serie 0794837 – Serie 3085315 – Serie 0685528 – Serie 2575533 – Serie 0905973 – Serie 3107610 – Serie 3378295 – Serie 1148756 – Serie 3188825 – Serie 327Verfique en la siguiente imagen, los resultados oficiales del sorteo de la Lotería de Santander¿Cómo reclamar los premios?Para cobrar cualquier premio es obligatorio presentar el billete original en buen estado y sin enmendaduras.Premios superiores a $3 millonesDeben reclamarse directamente en las oficinas de la Lotería de Santander en Bucaramanga, donde se realiza la validación y el pago correspondiente.Premios menoresPueden cobrarse en agencias distribuidoras autorizadas o con el lotero donde fue adquirido el billete.Descuentos de leyLos premios están sujetos a retenciones obligatorias. Para montos superiores a 48 UVT (equivalentes a $2.390.352 en 2025), se aplican:17 % de impuesto a ganadores, destinado a la Secretaría de Salud de Santander.20 % de retención en la fuente.La Lotería de Santander, con un premio mayor de hasta $6.500 millones y una amplia distribución de billetes en todo el país, continúa consolidándose como una de las loterías tradicionales con mayor respaldo y confianza entre los colombianos.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
Las delegaciones del Gobierno nacional y de la guerrilla de ELN cerraron este lunes, 4 de septiembre, el cuarto ciclo de negociaciones de paz en Caracas, con la aprobación de acciones humanitarias para dos "zonas de crisis" en las que la población atraviesa una "grave afectación" por el conflicto.En una declaración conjunta, las partes indicaron que producirán "acciones humanitarias", sin especificar cuáles, "que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios".Asimismo, con este pacto, que incluyen acciones en el plano humanitario, el Ejecutivo de Gustavo Petro y la guerrilla buscan "llevar a cabo proyectos de desarrollo social (...) para su implementación en los próximos meses".Las zonas escogidas fueron Bajo Calima y San Juan, localidades del departamento de Valle del Cauca, así como Sur de Bolívar (Bolívar) y Bajo Cauca (Antioquia), territorio en el que se registraron acciones violentas en las últimas semanas, pese al cese al fuego bilateral pactado, el cual entró en vigor el pasado 3 de agosto y se extenderá hasta febrero de 2024.Las partes podrán definir nuevas "zonas humanitarias", en caso de ser necesarias, luego de analizar las circunstancias que atraviesen estos territorios.El senador Iván Cepeda, uno de los negociadores del Ejecutivo, había adelantado que en estas zonas se pondrán en práctica asuntos ya acordados como "la participación de la sociedad en la construcción de la paz" y el cese de hostilidades, el más largo pactado entre las partes.Explicó que con este acuerdo se busca que en estos espacios haya una intervención "muy activa" de las comunidades y de empresarios, en algo que han llamado "la participación social y la construcción del gran acuerdo nacional".Las partes han cerrado esta cuarta ronda una semana después de que el ELN liberara a un soldado de 21 años de edad secuestrado el 20 de agosto en una zona rural del departamento de Arauca (este), fronterizo con Venezuela, acusado por la guerrilla de haber violado el cese al fuego bilateralEl ELN dice que el cese de hostilidades con el Gobierno colombiano ha estado "bajo fuego"El jefe negociador del ELN, Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán’, dijo este lunes en Caracas, en el acto de cierre del cuarto ciclo de diálogos de paz con el Gobierno de Colombia, que el cese de hostilidades pactado hasta febrero ha estado "bajo fuego" durante los primeros 30 días."Desafortunadamente, en este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese (...) ha estado bajo fuego. De manera muy intensa ha habido una campaña mediática de los grandes medios y empresas de comunicaciones buscando colocar obstáculos a este proceso", sostuvo.Denunció que también "ha habido ataques muy inclementes a comunidades que tratan de desarrollar una veeduría social" al cese, que entró en vigencia el pasado 3 de agosto y se mantendrá durante seis meses, el más largo acordado entre las partes."La valoración que nosotros hacemos de estos ataques, tanto de los mediáticos como de los ataques militares en el terreno, es que obedecen a sectores que están contentos con la crisis estructural que vive el país y no quieren que haya cambios hacia una democratización", prosiguió.En vista de ello, Beltrán reiteró su llamamiento "a seguir acompañando" los procesos de paz y "persistir en un camino de solución política al conflicto" entre las partes, que lleva 70 años activo."No nos dejemos enredar por las campañas de desinformación ni desalentar por los ataques. Eso (el proceso de paz) se va a sostener si y solo si hay una gran alianza social, política y económica para empujar esos cambios", subrayó.Las partes cerraron sus cuartas negociaciones con la aprobación de acciones humanitarias para dos "zonas de crisis" en las que la población atraviesa una "grave afectación" por el conflicto.En una declaración conjunta, indicaron que producirán "acciones humanitarias", sin especificar cuáles, "que impulsen el cese al fuego bilateral, nacional y temporal, promuevan la participación de las comunidades, pueblos y demás fuerzas sociales, económicas y políticas en estos territorios".Le puede interesar
Este sábado la delegación del Gobierno nacional en representación del Estado Colombiano y la del Estado Mayor Central de las Farc-EP (disidencias de 'Iván Mordisco') anunció la instalación de la Mesa de Diálogos de Paz. Un evento que se llevará a cabo en el marco de la fase preliminar de negociaciones que tiene como objetivo sentar las bases para un proceso de paz. "Las partes anunciarán la fecha, el lugar, mecanismo de funcionamiento, invitados especiales, los países y actores internacionales que, en calidad de garantes y/o acompañantes, apoyarán la Mesa de Diálogos de Paz y la implementación de acuerdos alcanzados, para lo cual se enviara una invitación formal", se lee en el comunicado compartido por la Oficia del alto comisionado para la Paz.Anunciaron además ocho misiones humanitarias de verificación en diversas regiones del país. Estas misiones tendrán como principal objetivo formular recomendaciones para la aplicación del Derecho Internacional Humanitario (DIH) basadas en una amplia escucha de la ciudadanía y las instituciones.Las regiones donde se llevarán a cabo estas misiones humanitarias de verificación incluyen los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Huila, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Sur de Bolívar. Esta iniciativa refleja el compromiso de todas las partes involucradas en escuchar las voces de la población y trabajar en conjunto para garantizar el respeto a los derechos humanos y la protección de las comunidades afectadas por décadas de conflicto.Además, se ha anunciado el inicio del funcionamiento de la mesa de diálogos de paz, un espacio crucial para el proceso de negociación. Este paso se lleva a cabo de la mano con la entrada en vigencia de decretos que buscan asegurar el respeto a la población civil y comunidades, así como la implementación de un Cese al Fuego Bilateral, Temporal de Carácter Territorial y Nacional.El cese al fuego bilateral tiene como objetivo reducir la confrontación y la violencia en las zonas afectadas por el conflicto armado, según el comunicado. Además, busca aplicar el DIH de manera efectiva y desarrollar acciones que propicien la participación activa de la sociedad en el proceso de paz. Le puede interesar:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, se refirió a la situación humanitaria que se vive en el Pacífico colombiano, pues los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas se han visto afectados por cuenta de la violencia en los territorios. Es por esto que le ha pedido al Estado redoblar los esfuerzos para enfrentar esta situación y la discriminación a la que se enfrentan las comunidades."Estos hechos suceden en territorios caracterizados por una débil presencia del Estado y elevados porcentajes de pobreza y extrema pobreza. Estos elementos redundan en vulneraciones a los derechos humanos, como el derecho a la vida, a la integridad física, al acceso a la justicia y a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La magnitud de la violencia se puede observar en la persistencia de desplazamientos forzados, masivos e individuales, y en las situaciones de confinamiento", señaló la CIDH.Los departamentos de Nariño y Chocó son los que más se están viendo afectados por los desplazamientos masivos y los confinamientos por cuenta de la violencia, pero además a la CIDH le preocupa que del 24 % de las personas desplazadas en 2022 y 2023, aproximadamente 75.000 personas, no han podido regresar."Esto sienta las bases de futuras violaciones a los derechos de estas personas; por un lado, reproduce las disputas territoriales, las cuales han alimentado tanto el conflicto armado como las situaciones de violencia, en especial contra personas con liderazgo que encabezan las reivindicaciones por la propiedad de las tierras. Por otro lado, las personas desplazadas se ven expuestas a la debilidad de la respuesta de las instituciones estatales", añadió la CIDH.Alertaron por otro lado, sobre el incrementos de casos de violencia sexual en contra de menores de edad, además de un aumento de los feminicidios y desapariciones de mujeres, además, los grupos armados siguen reclutando y utilizando niños para el conflicto armado."Los grupos armados han instalado campamentos en zonas aledañas comunidades indígenas y tribales, o cohabitando en las mismas, lo que ha implicado un fuerte incremento en el control cotidiano de estos territorios y sus habitantes provocando serios impactos sociales, así como sobre la libre autodeterminación y la seguridad. En particular, se destacan las restricciones de la movilidad en determinadas zonas y horarios impuestos por dichos grupos, así como las afectaciones a la gobernabilidad de las autoridades tradicionales, debido a la determinación de dichos grupos de incidir en las decisiones y en los mecanismos ancestrales de organización social de las comunidades", explicó la CIDH.Le puede interesar
Algunos exdirectivos del Fondo Ganadero de Córdoba han asistido asistido a diligencias en las JEP, en el marco de las investigaciones del caso 04, para esclarecer lo sucedido con el despojo de tierras en la región conocida como Tulapas, zona rural de los municipios de Turbo, Necoclí y San Pedro de Urabá.Lo que se ha comprobado es que hubo una compra masiva de tierras que incluyó el previo desplazamiento forzado de 130 familias por parte de los paramilitares, en asocio con algunas personas pertenecientes al Fondo Ganadero.En las últimas horas, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas citó a 5 exdirectivos del Fondo, en parte, para definir la situación de algunos de ellos en la JEP, pero también para que aporten más información que permita esclarecer lo sucedido en Tulapas."Se los convocará a audiencia presencial para los días 18 y 19 de septiembre del año en curso con el fin de conocer algunos aspectos sobre la situación jurídica de los predios objeto de despojo en la región de Tulapas y las actuaciones del Fondo Ganadero de Córdoba respecto de estos bienes en los procesos adelantados ante la justicia especial de restitución de tierras. Lo anterior, en el marco de reparación a las víctimas en los componentes de verdad, justicia, reparación y no repetición” señala la JEP.La relación del Fondo Ganadero con el despojo de tierrasEn audiencias con la JEP , Jaime García, exdirectivo de Fondo Ganadero, empezó refiriéndose a las relaciones políticas y de la sociedad con las autodefensas, en Córdoba; además de las relaciones de su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento.En sus declaraciones, Jaime García habló sobre reuniones en las que empezó a acompañar a su papá Rodrigo Caicedo con diferentes sectores del departamento, cuando los magistrados indagaron sobre su llega a a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge García se refirió a un encuentro que tuvo con el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso."Si usted observa las tierras que compró el Fondo Ganadero y que compró mucha gente en Urabá en esa época empresarios, narcotraficantes, que, entre otras cosas, hay cantidades de créditos otorgados por la banca para invertir en esas zonas no tenían medidas cautelares", dijo.Le puede interesar
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.