Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Una discusión por celos y consumo de licor terminó en tragedia en el centro de Bogotá. María Rubiano, hoy condenada a 34 años de prisión, relatóen entrevista con el podcast Condcuta Delictiva que el hecho ocurrió ocho días después de que su entonces pareja, con quien llevaba apenas dos meses de relación, agrediera a su hijo de 12 años en medio de una pelea. “Ese tipo no tenía por qué haberme tocado a mi hijo”, aseguró la mujer, al recordar el episodio que marcó el inicio del desenlace fatal.Según su testimonio, la primera confrontación se produjo cuando ella intentó terminar la relación. El hombre, en estado de embriaguez, llegó hasta la vivienda y la atacó físicamente. “Él me cogió el pelo”, afirmó. En medio del altercado, el menor intervino para defenderla, pero también resultó herido con un arma cortopunzante. “Cuando yo vi a mi hijo herido, ahí fue cuando yo me llené de mucha rabia”, dijo. Aunque en ese momento no acudió a las autoridades, sostuvo que tomó la decisión de “arreglar ese problema” por su cuenta.Ocho días después, el encuentro definitivo se dio en la Plaza España, en pleno centro de la ciudad. María contó que ese día había salido a trabajar y que ambos habían consumido alcohol. Al verlo, el hombre se acercó nuevamente para exigirle que retomaran la relación. “No me agreda porque yo no respondo y no le quiero hacer daño”, afirmó que le advirtió. Sin embargo, la discusión escaló frente a comerciantes y transeúntes. “Yo estaba en mis tragos y él también. Me trataba mal y yo callada. Un momento a otro ya no me aguanté más”, relató.En medio del forcejeo, la mujer sacó un arma blanca que, según dijo, solía cargar por seguridad. “Le mandé el chuzón así, pero se me pasó como una sombra negra por los ojos”, expresó. Instantes después, el hombre se llevó la mano al pecho y le dijo: “María…”, antes de desplomarse. “Yo del susto cerré la navaja y salí a correr”, contó. Fue capturada minutos más tarde por la Policía, luego de que varios testigos señalaran su huida. “Yo misma me entregué”, aseguró.Tras la detención, fue trasladada a un centro judicial y posteriormente a la cárcel El Buen Pastor. “Cuando lo vi con una sábana blanca, ahí supe lo que había pasado”, dijo entre lágrimas. Aunque inicialmente obtuvo detención domiciliaria, años después fue recapturada y hoy paga la condena impuesta por el homicidio. “Yo estoy pagando por lo que hice. Por mi hijo doy la vida, pero fue un error”, concluyó.
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
El entrenador del Benfica José Mourinho desmitio los rumores sobre un eventual regreso al banquillo del Real Madrid en la previa del partido de ida del playoff de acceso a los octavos de final de la Liga de Campeones entre los dos equipos.El veterano técnico portugués (63 años), que ya dirigió al Madrid entre 2010 y 2013, tiene una cláusula en su contrato con el Benfica que le permitiría dejar el club, lo que ha alimentado en las últimas semanas los rumores de un posible regreso a Madrid para la próxima temporada.Mou admitió que le une una gran amistad con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero al ser preguntado si podía desmentir un acercamiento con el dirigente en vistas a un regreso al club blanco, contestó: "Sí, se puede".El técnico precisó que la cláusula en su contrato que le permitiría dejar el Benfica se incluyó porque cuando fichó a mediados de septiembre pasado, el club portugués estaba en periodo de elecciones a la presidencia de la entidad y para tener libertado en el caso de que el nuevo mandatario fuera otro que Rui Costa, que fue quién lo fichó.Mourinho recordó su etapa en el banquillo merengue: "Le di todo al Real Madrid, todo lo que tenía; hice cosas buenas, hice cosas malas, pero di absolutamente todo"."Están heridos""Cuando alguien deja un club con ese tipo de sentimientos, creo que siempre existe una conexión... Los aficionados piensan bien de mí, y eso es fantástico, pero con esto no quiero fomentar historias que no existen (...) No hay nada con el Real Madrid", añadió.Esto rumores también fueron alimentados por la crisis por la que atravesó el Real Madrid, que en enero cesó a Xabi Alonso como entrenador y nombró a Álvaro Arbeloa."Me gustaría muchísimo eliminar al Real Madrid, pero me gustaría que Álvaro ganara LaLiga y que se quedara en el Madrid muchos años. Creo que es un entrenador con mucha capacidad y un chico que lleva el Madrid dentro, y con la personalidad para entrenar al Madrid", declaró The Special One.Mourinho dijo que espera un partido diferente al que ambos equipos disputaron en la última jornada de la fase liguilla de la Champions y que el Benfica ganó por 4-2, con un gol en el descuento del portero Anatoliy Trubin."Están heridos. Y un rey herido es peligroso. Jugaremos el partido de ida con la cabeza, con ambición y confianza. Sabemos lo que le hicimos a los reyes de la Champions League... ¡pero esta vez Trubin no ayudará en ataque!", bromeó.
El técnico de Millonarios FC, Fabián Bustos, se pronunció sobre la lesión de Radamel Falcao y envió un mensaje de cautela a la afición. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador argentino explicó el estado físico del delantero tras su salida por molestias. La preocupación existe, pero el cuerpo técnico espera un diagnóstico favorable.“Los dos han tenido algunas pruebas médicas, seguirán otras para tener más claridad, pero por suerte parecen no ser lesiones tan grandes”, afirmó Bustos. Sobre Falcao, detalló que “sintió como una pequeña distensión” al cierre del primer tiempo. En el caso de Rodrigo Contreras, indicó que el jugador “se siente mucho mejor”, aunque están a la espera de la resonancia.El DT fue prudente al referirse a los tiempos de recuperación del histórico goleador de la Selección Colombia. “Lo de Falcao por supuesto que preocupa, aunque no todas las lesiones son iguales”, señaló. Y agregó con moderado optimismo: “No creo que lleve más de 15 y 20 días. Ojalá sea solo una sensación y lo podamos tener lo más rápido posible”.Bustos analiza el desgaste y el calendarioBustos relacionó las molestias físicas con la seguidilla de compromisos recientes. “Es un poco también la cantidad de minutos y, a lo mejor, los partidos seguidos (3 en 7 días). Con viajes en medio, canchas pesadas…”, explicó el entrenador. Para el técnico de Millonarios, la carga competitiva pudo influir más que el estado del terreno de juego.Sobre El Campín, comentó que “creo que hoy está mejorando, se está notando el esfuerzo de la gente y con el pasar de los días seguramente seguirá mejorando”. En ese sentido, descartó que la cancha haya sido el factor determinante. “No creo que sea tanto por la cancha, sí más por la cantidad de partidos”, puntualizó.Refuerzos y objetivos en MillonariosEn materia de refuerzos, Bustos reveló que la dirigencia analiza una alternativa ofensiva o un mediocampista. “El cupo está buscando la dirigencia y el área deportiva una alternativa ofensiva o algún jugador en la mitad de la cancha que nos pueda dar algo de lo que no tenemos tanta variedad”, explicó. También dejó claro que buscan “alguien que venga a marcar diferencia”.El entrenador argentino, quien afirmó que “siempre dije que me gusta dirigir en Colombia, muy contento de estar acá”, se mostró ambicioso con el proyecto. Reconoció que “el año pasado no fue bueno para un equipo grande y con obligaciones”, pero destacó que “el plantel se ha mejorado mucho”.
Antioquia cuenta con la primera oficina descentralizada del Consejo Nacional Electoral para la acreditación digital de testigos para la elecciones del 2026. Este es el primer centro de servicios de esta índole en el país.El ocho de marzo de este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Colombia en las que se elegirán a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, y el CNE descentraliza sus servicios con el primer Punto de Atención en Antioquia.Este primer y por ahora único Punto de Atención Departamental, operará como centro piloto, apostándole a la innovación tecnológica de cara a las elecciones de este año, poniendo a disposición de la ciudadanía y las agrupaciones políticas en la capital antioqueña, la capacitación sobre la plataforma de acreditación digital de testigos para 2026.La oficina busca optimizar la transparencia y brindar asistencia técnica directa a partidos y observadores en el departamento. El nuevo centro de servicios está ubicado en el barrio Laureles, específicamente en la Transversal 39B # 73 y funcionará durante todo el calendario electoral de este año.Su objetivo es brindar asesoría técnica para el proceso electoral, acreditación y orientación para testigos, observadores y auditores nacionales e internacionales y formación en la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación 2026 optimizando la verificación de identidad en las más de 15.000 mesas de votación.Adicionalmente el CNE presentará este martes 17 de febrero la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica diseñada para robustecer los controles, optimizar la verificación de los procesos y consolidar garantías efectivas para todas las organizaciones políticas en el marco de las elecciones de 2026.La socialización será en el Hotel Marriott de Medellín, y tendrá un componente técnico y pedagógico dirigido a las agrupaciones políticas y a la Fuerza Pública. Esto con el propósito de explicar el funcionamiento del nuevo aplicativo y los protocolos de validación, ya que el sistema incorporará identificación digital mediante códigos QR que serán verificados antes del ingreso a los puestos de votación.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró este viernes que el Gobierno ha logrado reducir en un 41 % los homicidios contra los desmovilizados de las extintas FARC y en un 50 % las desapariciones forzadas.Así lo expresó Velásquez en la Corte Constitucional en una audiencia de seguimiento del subcomponente de reincorporación y seguridad para la población que firmó el acuerdo de paz en 2016."Desde la firma del Acuerdo de Paz se han presentado 358 homicidios en contra de personas en proceso de reincorporación y durante el actual período presidencial se han presentado 39 afectaciones en contra de esta población", dijo el ministro Velásquez.Desglosó que de esas afectaciones 24 fueron homicidios, 13 tentativas de homicidio y dos desapariciones forzadas y que "para el mismo periodo del año anterior se presentaron 55 afectaciones".Por otro lado, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que dentro de la política del Gobierno hay especial atención para las personas que dejaron las armas.Incluso, explicó, se mantiene el Comando Conjunto Estratégico de Transición, conformado por 1.333 efectivos del Ejército que protegen a los desmovilizados que viven en los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).Además, la Policía también se hace presente desarrollando acciones de prevención y atención.Velásquez explicó que los ETCR tenían una duración de 12 años, hasta agosto de 2019, pero que pese a que estos espacios perdieron vigencia jurídica se han sostenido los dispositivos de seguridad porque así lo contempla el plan de campaña Ayacucho 2023-2026, la estrategia militar que acompaña la intención política de la "paz total".La llamada política de "paz total" es la principal bandera del gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien pretende vincular a varios grupos armados que operan en el país para iniciar negociaciones de paz, aunque por el momento el ELN es el único con el que se ha iniciado un diálogo formal.Igualmente, Velásquez dijo que dentro de la seguridad, que incluye elementos y condiciones para el desarrollo humano y el respeto por los derechos humanos, fueron capacitados 1.913 miembros de las Fuerzas Militares a través de cursos virtuales de prevención temprana, gestión del riesgo y superación de la estigmatización de la población en proceso de reincorporación.Le puede interesar: Lo más relevante de esta semana en el FPC
La Comisión de la Verdad, que presentó su informe final sobre el conflicto colombiano el año pasado, entregó este viernes todo el material que le sirvió de base, que consiste en 2.422 cajas, que equivalen a 300 metros lineales de documentos en papel y 140 terabytes de información."Este archivo debe ser un libro abierto a la sociedad para conocer la verdad de lo que nos ha pasado en el país en los últimos 60 años, además de constituir una herramienta para la defensa y protección de los derechos humanos", explicó la Comisión de la Verdad.El material contiene casi 16.000 testimonios de víctimas, familiares y actores del conflicto, 1.679 documentos entre casos e informes que organizaciones y otras entidades entregaron a la Comisión y casi 600 fuentes externas que este organismo usó para investigar los hechos cometidos durante el conflicto armado y elaborar el informe en cinco años de trabajo.Con esta entrega, el que fue presidente de la Comisión, el sacerdote Francisco de Roux, consideró "liquidada la Comisión de la Verdad"."Durante 1.200 días estuvimos buscando la verdad del ser humano y de la vida llevados por las preguntas sobre el esclarecimiento de la verdad en el conflicto", manifestó.De Roux defendió las conclusiones y recomendaciones publicadas hace un año alegando que son preceptos que llevan a una disyuntiva: "si hacemos esto, hay futuro; si no lo hacemos, estamos condenados a seguir en la tragedia humana que es Colombia ante los ojos del mundo".Esta documentación física y electrónica fue entregada al Archivo General de la Nación en un acto en el que participaron el presidente de Colombia, Gustavo Petro, representantes de la comunidad internacional y otras instituciones surgidas del acuerdo de paz con las FARC, como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).GOBERNADOS POR CRIMINALESPetro, por su parte, dijo que "la lucha por la verdad aparece como una prioridad" y lamentó que documentos como el informe final y lo que revela, que son temas "que tienen que ver con la construcción de la nación colombiana, es decir, con el largo plazo, terminan aisladas de la opinión pública de la sociedad inmediata".En ese sentido, recordó lo revelado por el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso la pasada semana en cuatro días de audiencias únicas ante la JEP, que está sopesando si incluirle en su sistema de justicia transicional."Confesó que secciones del Estado ordenaron el asesinato, protegían a los criminales, que indudablemente existía un sistema de protección judicial al gran crimen porque viene del gran poder, nombró las personas, le puso nombres propios", recordó el presidente, quien lamentó que a pesar de la gravedad de lo revelado no hubo movilizaciones."Millones de personas no sintieron sensibilidad ante el hecho de que han sido gobernados por grandes criminales", lamentó, y aseguró que la gente no salió a protestar a la calle "porque la sociedad ha sido insensibilizada a la verdad", en "otra forma técnica del relato mediático para que la sociedad pueda seguir siendo gobernada por el crimen".Según Petro, "el crimen, además, tiene un propósito: No es que hayan querido matar al pueblo por matarlo, sino para aterrorizarlo de tal manera que deje de robar el Estado. La otra cara del genocidio es el negocio", afirmó.Esta entrega, y el cierre final de la Comisión de la Verdad, sucede en un momento, según el padre De Roux, "muy difícil" porque "estamos en el filo de volvernos hacia atrás o dar un salto hacia el país basado en la verdad y no la repetición (...) y así proteger la vida", añadió.Le puede interesar
En los últimos meses se han registrado amenazas en contra de excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc que se encuentran en diferentes Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, AETCR, del país. Esto ha llevado a que los firmantes de paz en Mesetas, Meta, anunciaran hace unos meses que se desplazarán de manera forzada. En Remedios, Antioquia, también saldrán los excombatientes por falta de garantías y, en las últimas horas, los firmantes que se encuentran en Vista Hermosa, Meta, aseguraron que saldrán del territorio el 31 de mayo.Desde el Partido Comunes, el cual fue creado tras la firma del acuerdo de paz, se refirieron a la situación de este Espacio Territorial en Vista Hermosa.“Hemos tenido dos asesinados la semana pasada de personas pertenecientes a ese espacio territorial, muy cerca de ese espacio, pero, además, recurrentes amenazas a seis integrantes de la dirección de ese espacio territorial diciéndoles que habrá un muerto día de por medio”, señaló Manuela Marín, delegada del Partido Comunes para la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del acuerdo de paz.Por su parte Pastor Alape, delegado del partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, aseguró que la situación de seguridad es difícil para los excombatientes en diferentes zonas del país.“Hay unos hechos graves en Cauca y Antioquia, donde los firmantes no pueden estar, y en el Sur de Bolívar. Entonces todo el territorio de la reincorporación hoy está amenazado”, señaló Alape.Por su parte, el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, señaló que se ha exigido a los grupos un cese de amenazas a los firmantes de paz.“Lo que podemos afirmar es que el Gobierno, como ha sucedido siempre, ofrece las garantías para lograr una estabilidad dentro de los territorios, si las personas se desplazan se hará la atención respectiva”, señaló Rueda sobre el caso de Vista Hermosa.Le puede interesar:
Los ataques contra la fuerza pública disminuyeron un 48 % en los primeros cuatro meses de este año, tiempo en el cual estuvo vigente el cese el fuego bilateral con grupos armados ilegales, según recoge un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).De acuerdo con cifras del mecanismo de monitoreo de riesgos del Sistema Integral para la Paz, entre el primero de enero y el 30 de abril de este año se registraron 24 incidentes entre grupos ilegales y la fuerza pública, en tanto que en ese mismo lapso de 2022 hubo 44 casos y 64 en el 2021.El documento explica que bajaron las emboscadas, enfrentamientos y hostigamientos por parte del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las AUC de la Sierra Nevada.Por otro lado, el informe destaca que en el primer trimestre de 2023 hubo incidentes entre la fuerza pública y el EMC en 10 municipios de 2 departamentos, mientras que en 2022 estas acciones se dieron en 27 municipios y 9 departamentos. En ese orden de ideas, se redujo en un 63 % el alcance geográfico de estos hechos.El Estado Mayor Central es liderado por alias 'Iván Mordisco', que nunca firmó el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno.Entre tanto, según el informe de la JEP, el cese al fuego lo incumplieron la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño, Frente 36, Frente 41, Frente 4 y el Frente 37.Por otro lado, para el primer trimestre de 2022 los incidentes armados atribuidos al Clan del Golfo se concentraron en 15 municipios y 7 departamentos, mientras que en 2023 se registraron en 8 municipios y 4 departamentos, evidenciando una disminución del 49 %.El documento indicó también que no se han registrado hechos que indiquen un posible incumplimiento del cese al fuego en lo relacionado con incidentes armados por parte de la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.La Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, sí firmó la paz y tres años después se retiró alegando incumplimientos del Gobierno a lo pactado con las FARC en 2016.TAMBIÉN BAJA CIFRA DE MUERTOSLas cifras del mecanismo de monitoreo también indican que hubo una disminución en la cifra de muertes y heridos de miembros de la fuerza pública desde el 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz, entre los meses de enero y abril de cada año.Mientras en los cuatro primeros meses del 2023 no hubo registro de miembros de la fuerza pública heridos, en el 2022 se documentaron 14 casos; 18 en el 2019, 5 en el 2021.En cuanto a muertes de miembros de la fuerza pública, se reportó que en el 2023 hubo 2 casos frente a los 12 del 2022; 5 en el 2019; 5 en el 2017; 4 en el 2018; 4 en el 2021, y 2 en el 2020.El informe se conoce en momentos en que el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender de forma parcial el cese el fuego bilateral con el EMC, luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez.La medida se hizo efectiva en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, a lo que esa disidencia respondió diciendo que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".Le puede interesar
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.