En dialogo con Blu Radio, Scott Campbell, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, fue claro en que, aunque existen múltiples negociaciones con grupos armados en el marco de la llamada “Paz Total”, no se observan reducciones concretas en las principales violaciones.“En la mayoría de casos de situaciones porque hay múltiples negociaciones, no hemos visto reducciones concretas en términos de reclutamiento de los niños, asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, desplazamiento, confinamiento y con mucho impacto el confinamiento”, aseguró Campbell.Según la verificación de la ONU, en 2025 se registraron 53 masacres que dejaron 174 víctimas, así como el asesinato de 99 personas defensoras de derechos humanos por causas vinculadas a su liderazgo y trabajo comunitario. Para el organismo, estos indicadores evidencian que la violencia se está reconfigurando en varias regiones del país.El confinamiento, explicó, implica que comunidades enteras no pueden salir de sus casas para trabajar, estudiar o acceder a alimentos, lo que profundiza la crisis humanitaria en los territorios.Uno de los puntos más críticos señalados por el Alto Comisionado es el reclutamiento de niños y niñas, especialmente a través de redes sociales. La ONU ha documentado cómo grupos armados utilizan plataformas digitales para atraer menores con promesas económicas y falsas oportunidades.Ante esta situación, Campbell hizo un llamado directo a las empresas tecnológicas para asumir mayor responsabilidad.“No estamos diciendo que es fácil borrar todas las cuentas y eliminar el problema. Pero urgimos a las empresas de invertir los recursos necesarios. Porque el impacto sobre la niñez de Colombia, la familia es el futuro de Colombia. Es como los grupos armados están robando Colombia de su futuro. A través del reclutamiento forzado. Las empresas pueden y deben hacer más”, afirmó.La Oficina concluyó que, frente a este escenario, se requieren medidas más firmes y efectivas para proteger a la niñez, a las personas defensoras de derechos humanos y a las comunidades que permanecen bajo presión de grupos armados en distintas regiones del país.El Alto Comisionado también se refirió al proceso electoral, e hizo un llamado a reforzar la seguridad de candidatos y líderes políticos ante el aumento de amenazas y hechos de violencia.“Medidas para la protección colectiva de comunidades en riesgo por facilitar una participación efectiva. Y seguramente el último mensaje es que el Gobierno y otros tienen una oportunidad para fortalecer mensajes públicos para calmar la situación. Si puedo decir, para reducir los discursos de odio, la polarización, la estigmatización que está en las redes sociales”.El último informe advierte que en 2025 se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas contra lideresas y líderes políticos, incluidos concejales y funcionarios municipales. Para la ONU, garantizar la seguridad en este periodo no es solo una cuestión de orden público, sino una condición esencial para proteger el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos.En ese sentido, Campbell subrayó que el proceso electoral representa una oportunidad decisiva para fortalecer la democracia y evitar un retroceso mayor en materia de derechos humanos.
El mensaje fue expresado por monseñor Héctor Fabio Henao, obispo delegado para las relaciones Iglesia-Estado, quien insistió en que el país necesita “hacer unos ejercicios muy concretos” para garantizar que las elecciones sean libres.“El país necesita, indudablemente, hacer unos ejercicios muy concretos para proteger que las elecciones sean libres, que la gente pueda votar de manera informada”, afirmó.En esa línea, subrayó que los ciudadanos deben contar con “los elementos suficientes para votar” y que el debate democrático debe darse sin poner en riesgo la vida.Uno de sus mensajes centrales fue el rechazo al uso del miedo como herramienta política. “El miedo no puede ser el condicionamiento para votar, el miedo no puede ser el elemento que domine las elecciones en un momento tan histórico como este”, enfatizó.Para monseñor Henao, Colombia atraviesa “un momento muy clave de la vida del país”, lo que exige no solo garantías materiales y de seguridad, sino también una transformación en la manera como se construye el debate público.“Hay que hacer un ayuno del lenguaje del odio, hay que hacer un ayuno del lenguaje que humille, que excluya y que estigmatice”, sostuvo. Según explicó, si se quieren elecciones libres y manejadas de manera responsable y ética, es necesario renunciar a los discursos que descalifican completamente al otro y que no aportan a la democracia.El obispo concluyó que el país necesita un lenguaje “propositivo y generador de democracia, diálogo y encuentro”, como base para que el proceso electoral no solo sea formalmente válido, sino también legítimo y libre de presiones.
La Defensoría del Pueblo alertó que, de acuerdo con los registros de la Fiscalía General de la Nación, durante 2025 se reportaron 118 feminicidios y 333 tentativas, además de 28 transfeminicidios.En términos de tasas por cada 100.000 mujeres, Caquetá, Amazonas y Casanare encabezan los indicadores más altos del país, seguidos por San Andrés, lo que muestra una concentración en regiones de la Amazonía y zonas de frontera.En lo corrido de enero de 2026 ya se han registrado 2 feminicidios y 26 tentativas.Violencia sexual: niñas y adolescentes, las principales víctimasLa Defensoría subraya que los delitos sexuales continúan siendo uno de los delitos con mayor volumen de casos. En 2025 se registraron 15.729 hechos contra mujeres, de los cuales 8.644 corresponden a niñas y adolescentes, es decir, más de la mitad de las víctimas.Las tasas más elevadas se concentran en Vaupés, Guaviare, Guainía y Amazonas. En enero de 2026 ya se contabilizan 963 casos, 453 de ellos contra menores.Trata de personas en territorios de fronteraEn 2025, 193 mujeres fueron víctimas de trata de personas; 95 eran mayores de edad y 41 niñas o adolescentes. Las tasas más altas se registran en Norte de Santander y San Andrés, seguidos por Meta y Bogotá.Explotación sexual infantil y violencia intrafamiliarLa explotación sexual de niñas y adolescentes suma 151 casos en 2025. Guaviare, Vichada, Amazonas y Antioquia presentan las mayores tasas.Por su parte, la violencia intrafamiliar continúa siendo una de las expresiones más recurrentes de agresión contra las mujeres, con 14.860 casos registrados en 2025. Los departamentos con tasas más elevadas son Vaupés, Boyacá, Guaviare y Guainía.“Las cifras de violencias basadas en género durante 2025 y enero de 2026 evidencian que los feminicidios, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la explotación sexual de niñas y adolescentes y la trata de personas siguen siendo una realidad persistente que exige una acción urgente e integral”, aseguró la Defensoría del Pueblo.Finalmente, la entidad insistió en que “la garantía y protección de los derechos de las mujeres es una responsabilidad ineludible del Estado colombiano”.
Las consecuencias de los enfrentamientos armados entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc en zona rural de Tibú, siguen impactando la vida cotidiana de cientos de familias.El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó asistencia humanitaria a más de 770 personas que resultaron afectadas por recientes hechos de violencia en tres comunidades del municipio.“Recientemente la población civil se vio afectada por confrontaciones y otros riesgos. Muchas personas tuvieron que desplazarse, mientras otras se quedaron confinadas en sus casas, impedidas de acceder a sus alimentos y a la pesca”, subrayó Georgia Kramer, delegada del CIRC.La ayuda consistió en kits de higiene y alimentación, priorizados tras una evaluación realizada por un equipo de la organización. Según el CICR, la visita permitió identificar las afectaciones que enfrentan las comunidades, entre ellas desplazamientos forzados, confinamientos y limitaciones para movilizarse dentro y fuera de sus veredas.“Estos elementos que han sido bien recibidos por la comunidad en un momento en el que tienen muchas dificultades para poder acceder a sus medios de ingresos y obviamente para el consumo de alimentos”, aseguró Oswaldo Mancilla, responsable de seguridad económica de la subdelegación del CICR en Cúcuta.La organización señaló que durante el diálogo con líderes comunitarios y habitantes de la zona, se evidenció que varias familias tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas, mientras otras permanecieron confinadas por temor a nuevos enfrentamientos.Esta situación no solo restringió su movilidad, sino que también les impidió acceder a sus cultivos, trabajos y fuentes de ingreso, aumentando la dificultad para conseguir alimentos y productos básicos.Con base en lo anterior, el CICR concentró su respuesta en las comunidades con mayores niveles de afectación y urgencia.“La comunidad no cuenta hoy en día con trabajos, se han puesto los trabajos escasos y muchos hogares no cuentan con los alimentos necesarios para los niños ya que la comunidad cuenta con una gran cantidad de niños”, señaló una de las personas beneficiarias, al referirse a la inestabilidad económica que atraviesan tras los hechos de violencia.Otro de los beneficiarios insistió en que la prioridad sigue siendo garantizar condiciones para el retorno de quienes salieron desplazados.“Lo que necesitamos es alimentos que aún no tenemos por la situación que vivimos de esta guerra que estamos viviendo dentro de nuestro Catatumbo. Pues nosotros queremos que nuestras comunidades desplazadas, nuestros habitantes desplazados vuelvan a nuestro territorio para que estemos todos unidos ya que esto está quedando totalmente solo”.
El presidente venezolano depuesto, Nicolás Maduro, pidió este jueves a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le haya negado la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela que reclamó ayer.La OFAC "se ha negado a reconsiderar su posición y no otorgará una licencia que permita al Gobierno de Venezuela financiar la defensa, interfiriendo así con el derecho del Sr. Maduro a contratar el abogado de su elección", con lo cual solicita al tribunal "que desestime la cuarta acusación sustitutiva en su contra", indican los argumentos de la moción en la plataforma judicial.La documentación incluye una declaración jurada de Maduro en la que afirma que quiere seguir siendo representado por Pollack, tiene derecho a que el Gobierno venezolano pague su defensa legal y no puede pagar su propia defensa, por lo que presentará pruebas si se le requieren. El abogado manifestó que si no se desestima el caso, pedirá autorización para retirarse.
Este jueves el gobierno ecuatoriano anunció el aumento de la 'tasa de seguridad' a productos colombianos desde el primero de marzo lo que implica que los aranceles pasarán del 30% al 50%.El anuncio se da en medio de una tensión comercial y diplomática que se ha extendido por semanas. Todo inició con el anuncio a finales de enero de una tasa de seguridad de Ecuador a Colombia del 30% para la importación de sus productos en protesta por la falta de seguridad de sus fronteras. En respuesta Colombia decretó desde el 20 de febrero aranceles recíprocos del 30% a unos 73 productos ecuatorianos.Blu Radio habló sobre esta conyuntura con el presidente de Camecol (Cámara Ecuatoriano Colombiana de Industria y Comercio) sobre esta coyuntura.¿Cómo interpretar el anuncio?Es algo que obviamente nosotros no estábamos esperando desde el punto de vista, no del arancel, porque el arancel ya está vigente desde el primero de febrero. Lo que no estábamos esperando y lastimosamente sucedió es que se vea incrementado del 30 al 50%. Es decir, la afectación en la que estamos viviendo ahora por este arancel no hace más que profundizar el hueco o el abismo o el detalle o el espacio entre Ecuador y Colombia.Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que existen muchos sectores que yo no puedo mandar ahorita el detalle en proporción a su afectación, que obviamente ya estaban evaluando la continuidad de su operación o la continuidad de esta importación de productos desde Colombia, tomando en cuenta que al subir un arancel del 30% prácticamente ya se encontraban fuera de mercado y por ende sus líneas de operación cerradas. Ahora al incrementar esos aranceles a 50% lo único que se ha hecho es ratificar lo sucedido.Algunos probablemente ya ni siquiera les afecte más porque afectados del todo ya estaban.¿Es este el fin de la relación comercial entre Ecuador y Colombia?Una relación comercial entre Ecuador y Colombia es natural y va a seguir persistiendo. Lo que básicamente estamos esperando ahora es que a medida que esto sigue apretándose, llamémosle así el término, esperemos que lo siguiente que suceda ahora es que realmente el Ecuador se siente a conversar con Colombia, con Ecuador.Principalmente que se pueda llegar a un planteamiento en el cual sobre la base de los requerimientos de Ecuador, requerimientos de seguridad que son inminentes, el gobierno colombiano también pueda plantear sobre la mesa en blanco y negro cuáles son las alternativas y los cumplimientos en relación a los requerimientos de Ecuador. Yo estoy convencido de que son válidos.Que Colombia se siente y se comprometa realmente a cumplirlos, pero no a decir los voy a cumplir nada más, sino que con un calendario, con un schedule, con una agenda, realmente se pueda definir qué es y en qué fecha y con qué recursos van a cumplir los temas requeridos por el Ecuador.¿Quién pierde más aquí, Ecuador o Colombia?No lo veamos así, mi querida amiga, no es un tema de quien pierde más. Aquí yo le corto un pie, usted me corta una mano. Aquí el daño que se está generando entre las dos economías, entre los dos mercados.Lo que sé es que los defectos multiplicadores que son geométricos más que aritméticos son el hecho de que a lo mejor yo compro los 1.000 millones solamente y ustedes me compran 2.000. Estos 1.000 millones lo que sustancialmente ocasionan es nuevas fuentes de trabajo, productos, porque nosotros de Ecuador compramos del 60% de las compras que hacemos a Colombia es materia prima. Esta materia prima nos sirve para generar producto determinado, el mismo que tiene un nivel X de trabajos, tiene un nivel X de pago de impuestos, un nivel diferenciador en el movimiento de la economía. O sea, los dos mercados perdemos.Si quiere verle por montos de transaccionalidad, podría pensarse equivocamente, solamente por proporcionalidad, que el que más vende más pierde, porque va a dejar de vender en teoría, y el que menos compra menos pierde. Pero la verdad, nosotros no lo estamos viendo así. Yo he tenido conversaciones también con nuestro contraparte en Colombia y obviamente se encuentran afectados. Yo podría utilizar hasta el término, atribuyéndomelo a mí, hasta un tanto molestos, sorprendidos, como usted quiera llamarles, pues la afectación es real y eso es lo más grave de todo.
En medio del avance de la obra de la primera línea del metro de Bogotá, TransMilenio anunció la apertura de una estación que, desde hace tiempo, los usuarios esperaban ver en operación en la localidad de Chapinero tras varios meses de espera.Y es que, a partir del 28 de febrero, se dará apertura a la estación temporal de Av. 39 sobre la Caracas, pero solamente del vagón 1. Sin embargo, una noticia que esperaban miles de usuarios que se movilizan a diario por este punto de la capital del país. Pronto se dará apertura al vagón 2 y 3, como parte del avance de la obra en la zona, esto mientras se termina de ajustar la estación final de Av. 39 en el sector, tal como sucedió durante varios meses en la calle 26.Esta sería la sexta estación temporal sobre el corredor de la avenida Caracas, sumándose a Marly, Calle 57, Calle 34, Calle 22 y Avenida Jiménez.Estas son las rutas que estarán disponiblesRuta 6Ruta 8Ruta A60 / F60Ruta B74 / J74Avanzan las obras del metro en BogotáA inicios de febrero de 2026, el Distrito confirmó un avance del 72 % en la obra con 10.650 metros de construcción. La Alcaldía se ha visto optimista sobre el avance de este proyecto, además de la ilusión de dejar los papeles listos para la segunda línea en esta administración para que pueda ser ejecutada más adelante.“Este es un proyecto que sigue avanzando con el ritmo que esperamos para cumplir la meta de tener, durante el primer semestre de 2026, las primeras pruebas de trenes en el viaducto”, aseguró el alcalde de Bogotá. Incluso, ya hay seis trenes en circulación de pruebas para tener todo el listo el día en que se haga apertura oficial a este medio de transporte que beneficiará a millones de ciudadanos.
Las autoridades capturaron a una mujer armada en un evento de campaña de la candidata Paloma Valencia con el expresidente Álvaro Uribe en Honda, Tolima.La denuncia la hizo el Centro Democrático y pidió a las autoridades aclarar la situación. “Solicitamos a las autoridades competentes adelantar de manera inmediata una investigación rigurosa que permita esclarecer los motivos por los cuales esta persona armada hacía presencia en el lugar”, señala el Centro Democrático.Posteriormente, el Inpec, en un comunicado, confirmó que esta mujer pertenece a la institución.“Nos permitimos informar a la opinión pública que rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la mañana de hoy durante un evento político donde se encontraban unos precandidatos presidenciales y el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, realizado en el Parque José León Armero del municipio de Honda, ubicado en el departamento del Tolima, en el cual fue capturada una persona por hechos irregulares de seguridad que manifestó ser funcionaria de la entidad, cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”, señaló el Inpec.Además la institución anunció que tomará las medidas correspondientes en el caso.“La persona involucrada se encuentra a disposición de la autoridad competente, y el Inpec brindará toda la colaboración requerida para el esclarecimiento de los hechos. De manera paralela, se activarán los procedimientos administrativos y disciplinarios a que haya lugar, conforme a la normatividad vigente, respetando el debido proceso”, dice el comunicado del Inpec.
La tensión comercial entre Colombia y Ecuador creció este 26 de febrero luego de que el Gobierno Noboa anunciara un incremento en los aranceles a Colombia del 30 % al 50 %. En el marco de esta difícil coyuntura comercial, el sector empresarial de Colombia y Ecuador encendió las alarmas frente a la escalada de medidas comerciales adoptadas en el marco de la relación bilateral y pidió priorizar el diálogo para evitar mayores afectaciones económicas.La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) manifestaron su “profunda preocupación” por las decisiones adoptadas recientemente, al considerar que ya se están reflejando efectos en los flujos comerciales y en distintos sectores productivos.Si bien reconocieron que la seguridad en las zonas de frontera es un tema relevante que requiere cooperación constante entre los Estados, insistieron en que la estabilidad económica y la integración productiva deben preservarse como pilares fundamentales para el bienestar de ambos países.Los gremios advirtieron que incrementos arancelarios adicionales podrían agravar la situación, con impactos directos sobre el empleo, la producción, el comercio, la inversión y el funcionamiento de las cadenas regionales de valor, además de afectar a consumidores y economías locales.“Este tipo de medidas no ataca el problema de fondo, sino que abre otros problemas con grandes consecuencias, hacemos un llamado a privilegiar el diálogo técnico e institucional como mecanismo para encauzar la coyuntura”, señalaron en el comunicado.En esa misma línea, se ofrecieron como un estilo de "garantes" para contribuir desde el ámbito técnico y productivo a la construcción de soluciones que beneficien a ambos países y preserven una relación comercial que calificaron como histórica, estratégica y mutuamente beneficiosa.Comunidad Andina hace un llamado al diálogoLa preocupación también fue compartida por los órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración, que emitieron un comunicado conjunto alertando que las medidas adoptadas por Colombia y Ecuador afectan seriamente el proceso de integración regional.En el documento, hicieron un llamado urgente a los presidentes de ambos países para alcanzar un entendimiento negociado y mutuamente satisfactorio en el marco de la Comunidad Andina y de los compromisos internacionales vigentes.Además, resaltaron la importancia de mantener la coordinación binacional para enfrentar desafíos comunes como la delincuencia organizada transnacional, sin que ello implique debilitar el proceso de integración ni el tejido socioeconómico de la región.Con este pronunciamiento, el sector empresarial y las organizaciones andinas buscan frenar una escalada que podría profundizar tensiones comerciales y afectar la estabilidad económica en ambos lados de la frontera.
En un operativo adelantado en zona rural de Ituango, tropas del Ejército lograron el sometimiento voluntario a la justicia de tres presuntos integrantes de la Subestructura 18 de las disidencias de las Farc y la recuperación de una menor de edad que habría sido reclutada por esa organización ilegal.La acción se desarrolló en el corregimiento Santa Rita, donde unidades del Batallón de Infantería N.° 10 Coronel Atanasio Girardot, adscrito a la Cuarta Brigada, ejecutaron la operación con apoyo de la Policía Nacional de Colombia, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el CTI de la Fiscalía General de la Nación. El despliegue permitió extraer con vida a los desmovilizados y garantizar la protección de la adolescente de 14 años.Según información oficial, los hombres harían parte de la comisión armada de seguridad de alias 'Ramiro', señalado cabecilla principal de la estructura ilegal. Uno de los sometidos relató que llevaba cerca de cuatro años en el grupo, luego de haber sido reclutado de forma forzada cuando era menor de edad.Durante el procedimiento, los desmovilizados entregaron una pistola, 51 cartuchos y dos radios de comunicación, material que quedó en manos de las autoridades para su judicialización. La menor, por su parte, fue puesta bajo rutas de protección para restablecer sus derechos.El Ejército señaló que este resultado evidencia el impacto de la ofensiva militar sostenida en el norte antioqueño, que ha debilitado las estructuras armadas ilegales y abierto espacios para que integrantes abandonen las armas. Las autoridades destacaron que estas acciones también permiten obtener información estratégica para futuras operaciones contra grupos residuales
Con el inicio de la Cuaresma, la Conferencia Episcopal de Colombia, a través del Secretariado Nacional de Pastoral Social–Cáritas Colombiana, lanzó la Campaña de Comunicación Cristiana de Bienes 2026, una iniciativa que se desarrollará en todo el país y que este año prioriza la atención a departamentos como Córdoba, Sucre y la región del Urabá, donde las lluvias han generado graves afectaciones."Para que, más allá de nuestras diferencias, pongamos en el corazón de nuestra preocupación a todos nuestros hermanos y hermanas que están experimentando un sufrimiento muy grande, y que no es de poco tiempo, sino que va a requerir un esfuerzo muy grande para ayudar también a todos los procesos de reconstrucción de viviendas, de caminos, de escuelas”, aseguró Monseñor Francisco Javier Múnera, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia.Según explicó la Iglesia, los recursos recaudados fortalecerán el Servicio Nacional de Emergencias de Cáritas Colombiana, que durante 2025 respondió a 25 emergencias. En ese periodo atendieron a más de 12.000 personas, correspondientes a 3.336 familias, mediante la entrega de kits de alimentos, higiene, elementos de noche, cocina y apoyo para bebés, con una inversión cercana a los 832 millones de pesos.Según el balance entregado, en lo corrido de 2026, la organización ya ha destinado 228 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas en municipios como Montelíbano, Apartadó, Riohacha, Guapi e Istmina, en un contexto que, según advirtieron los obispos, requerirá esfuerzos sostenidos para la reconstrucción de viviendas, infraestructura comunitaria y medios de vida.La Iglesia hizo un llamado a los colombianos a sumarse a la campaña a través de las parroquias del país o mediante donaciones al fondo nacional de emergencias, con el fin de “convertir la fe en acción concreta, estructurada y transparente, para que la caridad se traduzca en esperanza real para miles de familias que hoy enfrentan la adversidad”.
En Colombia, más de 9 millones de ciudadanos han sido obligados a abandonar sus hogares como consecuencia del conflicto armado, el control territorial de grupos ilegales y las disputas por economías ilícitas, un fenómeno que durante décadas ha profundizado la pobreza, la exclusión y la desigualdad en amplias regiones del país.En este contexto, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad para las Víctimas y Prosperidad Social, presentó el CONPES 4180, una nueva política pública que proyecta una inversión de 10,1 billones de pesos, que busca establecer soluciones duraderas para las víctimas de desplazamiento forzado. El documento, aprobado el 30 de diciembre de 2025, traza una hoja de ruta con 66 acciones orientadas a facilitar la estabilización socioeconómica de esta población.De acuerdo con el DNP, el objetivo es coordinar una respuesta institucional que permita superar las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan millones de víctimas. “Es un documento que coordina acciones, 66 acciones intersistémicas, intersectoriales, con un presupuesto indicativo de 10 billones de pesos”, explicó la directora de la entidad, Natalia Irene Molina.La meta es que al menos el 75 % de las víctimas logre superar su situación de vulnerabilidad mediante el acceso a empleo, generación de ingresos e integración social, ya sea a través del retorno a sus territorios, la reubicación o su permanencia en las comunidades donde reconstruyeron sus vidas.Desde la Mesa Nacional de Víctimas, Odorico Guerra Salgado, coordinador del eje temático de desplazamiento forzado, advirtió que el principal desafío será que las medidas anunciadas se traduzcan en acciones concretas en los territorios.“Nosotros primero que todo esperamos que haya una verdadera voluntad política por parte de las instituciones del gobierno nacional para que esa implementación del CONPES de soluciones duraderas sea exitosa en los territorios y que ojalá no sea una ni dos, sino todas las 66 acciones que están contenidas en el CONPES 4180 se puedan hacer realidad”, señaló.Giovanni Lepri, representante en Colombia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), aseguró que la política representa un avance, aunque sus resultados se verán con el tiempo. “El CONPES para nosotros es un punto de partida, no es un punto de llegada, pero es un punto de partida muy relevante porque es la primera vez que hay una política pública estructurada alrededor de buscar soluciones”, afirmó.Lepri también advirtió que muchas víctimas han vivido durante años en condiciones de vulnerabilidad, especialmente en entornos urbanos, donde la integración social y el acceso efectivo a derechos siguen siendo un desafío.“Hay personas que llevan una situación de vulnerabilidad causada por el desplazamiento desde hace muchos años, entonces ya por ejemplo vemos que el 70 % más de la población desplazada quiere quedarse en áreas urbanas, (…) lo que van a hacer van a ser ciudadanos de las ciudades que ya los han recibido hace muchos años, pero le ha faltado esta parte de regularización y de un acceso a derechos de coste efectivo de sus derechos”, explicó.El documento contempla la articulación de 24 entidades del orden nacional y territorial, responsables de ejecutar las acciones previstas. No obstante, el propio Departamento Nacional de Planeación reconoció que los recursos dependerán de la disponibilidad fiscal y de las decisiones presupuestales de cada entidad.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le pidió a la Corte Constitucional declarar inconstitucional el Decreto 1390 de 2025, mediante el cual el Gobierno declaró el estado de emergencia económica y social en todo el país.No obstante, solicitó que la Corte “declare la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”.En un documento enviado al magistrado Carlos Camargo Assis, la defensora examinó tres de las causas que el Gobierno presentó como fundamento de la emergencia: el cumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y la financiación del sistema de salud; el deterioro de la seguridad territorial y los riesgos para líderes sociales, defensores de derechos humanos y candidatos electorales; y el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del conflicto armado.Crisis en salud y financiación de la UPCEn materia de salud, la Defensoría recuerda que desde 2016 se estableció como estándar mínimo que la UPC del régimen subsidiado no sea inferior al 95 % de la del régimen contributivo. La persistencia en los incumplimientos ha generado incluso incidentes de desacato.Según cifras recopiladas por la entidad, en 2025 la Adres destinó $88,4 billones a la UPC, lo que representa el 88 % de los recursos del sistema. Para 2026 se proyectan $101 billones, un incremento del 14,3 %.“No obstante, las EPS reportaron una siniestralidad del 109,5 %, que implicó un déficit presupuestal estimado de $5,95 billones, sin incluir los $5,2 billones adicionales correspondientes a gastos administrativos”, señala el documento.La Defensoría advierte que “la evidencia disponible indica que el ajuste proyectado de la UPC para 2026 corrige solo parcialmente el problema, pues subsisten déficits estructurales acumulados de vigencias anteriores. De hecho, el requerimiento fiscal de 3,3 billones que indica el Gobierno en el Decreto 1390 puede incrementarse si se consideran las deudas acumuladas del sistema, estimadas entre $10 y $30 billones, respecto de las cuales no existe consenso”.La entidad también señala que el desfinanciamiento ha impactado directamente el acceso a medicamentos y servicios. “En definitiva, el panorama descrito permite concluir que la desfinanciación de la UPC configura una situación de gravedad e inminencia que exige una respuesta urgente del Estado orientada a asegurar la búsqueda de fuentes adicionales de recursos que facilite la estabilidad de los pagos en la cadena de atención y la protección efectiva de las personas, especialmente las más vulnerables”.Las cifras respaldan esa advertencia. Las quejas por fallas en la prestación del servicio aumentaron 78 % entre 2023 y 2025. Solo en 2025 se registraron más de 46.000 reclamaciones. También crecieron las tutelas y los reclamos ante la Superintendencia de Salud, con cerca de 685.000 quejas por medicamentos. Además, el gasto de bolsillo de los hogares alcanzó su nivel más alto en años, llegando en algunos departamentos hasta el 30 % de los ingresos familiares.Sin embargo, pese a reconocer la gravedad de la situación, la Defensoría argumentó que “ninguna de estas causas cumple el presupuesto fáctico de sobreviniencia” y que el Gobierno “no demostró la insuficiencia de los mecanismos ordinarios”, entre ellos la “reasignación del presupuesto flexible” y las “operaciones de crédito público”.Seguridad y orden públicoEl segundo argumento del Gobierno fue el deterioro del orden público, los ataques con drones en departamentos como Cauca, Cesar y Norte de Santander, y el aumento del riesgo para líderes sociales y candidatos en el contexto electoral.La Defensoría señala que solo en 2025 se documentaron 177 homicidios de personas defensoras de derechos humanos. También aumentaron las amenazas contra actores políticos.Sin embargo, la entidad sostiene que la violencia contra líderes sociales ha sido advertida durante años a través del Sistema de Alertas Tempranas. Incluso el uso de drones con explosivos ya había sido documentado antes de la declaratoria de emergencia.“Si bien los riesgos para la población líder y defensora de derechos humanos, así como para los y las candidatas son graves, el Decreto no identifica un riesgo efectivo capaz de materializarse en un daño concreto e inminente”.Además, recuerda que el Congreso ya había aprobado aumentos presupuestales para el sector defensa y para la Unidad Nacional de Protección.Reparación a víctimasEl tercer punto analizado fue el atraso en el pago de indemnizaciones a víctimas del desplazamiento forzado.Según el documento, “el gobierno había pagado indemnizaciones a un total de 1.769.413 víctimas”, cifra que “corresponde únicamente al 19% de las 9.226.775 personas susceptibles de recibir la medida”.Pero la Defensoría insiste en que tampoco se trata de un problema reciente. Desde la expedición de la Ley de Víctimas en 2011 se advertía que la financiación sería insuficiente frente al universo real de afectados.“En 2022, la entonces directora de la Unidad para las Víctimas indicó que, de no adoptar medidas adicionales, tardaríamos más de 60 años en reparar a todas las víctimas registradas hasta ese momento.32 Esto evidencia que el problema de los pagos atrasados por concepto de reparación no es nuevo y que obedece a un problema estructural advertido por el gobierno desde tiempo atrás”.Inconstitucionalidad con efectos diferidosCon base en todo este análisis, la Defensoría concluye que el Decreto es inconstitucional porque no se cumplieron los requisitos para declarar un estado de excepción.No obstante, hace una precisión clave sobre la salud. Advierte que “la falta de liquidez financiera en el sistema de salud demanda medidas inmediatas y certeras para conjurar el progresivo agravamiento de los problemas de acceso equitativo a medicamentos, tratamientos y procedimientos incluidos en el PBS”. Y agrega que “ante la duda, la solución debe contemplar todas las medidas posibles para conjurar la extensión de la crisis”.Por eso insiste en que la Corte declare la inconstitucionalidad, pero con efectos diferidos en lo relacionado con las medidas tributarias.“Declarar la inconstitucionalidad del Decreto 1390 de 2025, modulando sus efectos para que sean diferidos únicamente en lo que respecta a la vigencia de las medidas destinadas a conjurar la crisis en el sector salud”, y “preservar las medidas tributarias adoptadas en el Decreto 1474 de 2025 por el término de la vigencia fiscal de 2026”, con destinación específica al sistema de salud.También pide que la Procuraduría, la Contraloría y la Sala Especial de Seguimiento ejerzan vigilancia estricta sobre esos recursos, y exhorta al Gobierno y al Congreso a tramitar una ley de financiamiento que estabilice estructuralmente el sistema.
Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El presidente Juan Manuel Santos viajó a San José del Guaviare, en compañía de algunos delegados de las Farc, para oficializar los convenios con 500 familias para la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El primer mandatario reconoció que el Gobierno ha fracasado en la fumigación y erradicación forzosa de cultivos ilícitos.“Hemos podido superar muchas dificultades, muchos enemigos, porque así como dicen de las brujas que no cree en ellas, pero que las hay las hay, también hay enemigos de la paz que no quieren la paz”, advirtió. A pesar de los obstáculos en la implementación del acuerdo de paz, Santos dijo que el proceso no tiene vuelta atrás y que el Gobierno no se dejará debilitar. "Al final de este año cualquier persona que se atreva a decir que va a hacer trizas los acuerdos de paz se convierte en un hazme reír, haciendo el ridículo, porque este proceso va a ser irreversible, la paz no tiene marcha atrás", aseguró.Por su parte, las Farc insistieron en que cumplirán sus compromisos. “Estamos demasiado cerca y no podemos nosotros, en este momento, no poner el hombro para que este proceso llegue a su conclusión. Estamos trabajando fuerte para tratar de cerrar el proceso de la dejación”, señaló el delegado Iván Márquez. Márquez les hizo un llamado a los pequeños cultivadores para no dejarse engañar por "cantos de sirena". "A 30 minutos de aquí hay un grupo de la mal llamada disidencia que los invita a ustedes a proseguir con la extensión de los cultivos, no, aquí hay una solución, se está consultando con ustedes", señaló.
A través de un decreto presidencial, el Gobierno le dio a las Farc un nuevo plazo para entregar el inventario de sus bienes y activos que serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado. El plazo coincidirá con la fecha de terminación de la existencia jurídica de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, es decir dos meses. La lista será entregada a la Misión de las Naciones Unidas y al Mecanismo de Monitoreo y Verificación quienes deberán remitirla al Gobierno Nacional para que cree un patrimonio autónomo que recepcione los recursos y bienes. "En contrato fiduciario se indicará los términos de administración del mismo, el destino que habrá de dársele al patrimonio a su cargo y los criterios que deberá tener en cuenta para monetizar los bienes y acciones que reciba. El Fondo referido será gobernado por un Consejo Fiduciario cuya administración será decidida y constituida por el Gobierno nacional, por recomendación de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final, CSIVI", dice el decreto número 903 de 2017. El decreto faculta al Gobierno Nacional para reglamentar el mecanismo y los términos para permitir la transferencia de los bienes al patrimonio autónomo. Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias: -La Fuerza Pública hará presencia en las zonas veredales después que las Farc cumplan con el desarme y así garantizar la seguridad para la reincorporación de los guerrilleros a la vida civil. -Fabio Andres Salamanca Danderino, responsable conducir en estado de embriaguez y haber causado la muerte de 2 mujeres y dejar en silla de ruedas a un taxista, solicitó la libertad condicional. -El ELN dejó en libertad a un comerciante y ganadero del Valle del Cauca; las autoridades creen que su familia habría pagado por su libertad. -Revelan el reporte policial sobre el incidente de la detención de Tiger Woods. No estaba borracho por alcohol. Su organismo reaccionó mal a unos medicamentos recetados. -Ya se conocen los primeros dos equipos clasificados a los cuartos de final en el Mundial de fútbol sub 20 que se disputa en Corea del Sur. -La Alcaldía de Soacha firmó un contrato para la restauración de los semáforos de la autopista sur, la Ani se comprometió a reparar toda la red semafórica que completaba un año fuera de servicio. -Fueron detenidos dos menores de edad atracando en la localidad de Kennedy con armas de fuego. Más de 4000 mil niños han sido detenidos en lo corrido del año en medio de asaltos.
“Es más que racional que se haya ampliado 20 días más el cronograma para la dejación de armas y no hay razón para la desesperación, la angustia y la mala actitud de algunos sectores”, aseguró la representante del movimiento, Imelda Daza. Dijo que si el Gobierno no ha podido cumplir con el cronograma al que se comprometió para adecuar las zonas e incluso poner un contenedor en cada zona, la fecha es justa y necesaria: "Ninguna zona veredales está terminada completamente, tenemos reporte de alrededor de 2 que no tienen contenedores para depositar las armas. Hay que tener compresión con esto. Ahora hay 2 meses más para que los guerrilleros puedan determinar qué van a hacer, si van a estudiar, a trabajar, lo cual toma tiempo”. Aseguró que los primeros interesados en dejar las armas son las Farc, que han demostrado que su voluntad de cese al fuego es inquebrantable. "Los guerrilleros no quieren seguir presos en las zonas veredales, están allí con dos anillos de seguridad. Quieren tener la libertad de moverse y de hacer política sin armas. Los primeros interesados en deshacerse de las armas son ellos. No presionemos, es mi pedido a la ciudadanía, tener confianza en el proceso que no se va a echar para atrás a pesar del revés que se sufrió con la sentencia de la Corte Constitucional".
Luego de dos semanas de reuniones, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final entregó la hoja de ruta con los compromisos de Gobierno y Farc para garantizar el cumplimiento del acuerdo final de paz. La Comisión informó que, a partir del 1 de junio, y hasta el 20 de junio, todos integrantes de las Farc, incluyendo las milicias, habrán cumplido con la dejación de armas y el tránsito a la legalidad a excepción de quienes deban realizar tareas de identificación de caletas y extracción del armamento. "Se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de las FARC, plan que será ejecutado por parte de las FARC y las Naciones Unidas, que deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 1 de junio de 2017 (1 de septiembre)", dice un comunicado del CSIVI. La ONU hará el control, monitoreo y verificación de los contenedores y a más tardar el 1 de agosto los extraerá de las zonas veredales y certificará el cumplimiento del proceso de dejación de armas. Además, las zonas veredales se convertirán el 1 de agosto de este año en espacios territoriales de capacitación y reincorporación de las Farc. Estos son los compromisos de Gobierno y Farc: "Compromisos de las Farc: Sin perjuicio del cumplimiento de los demás compromisos asumidos en el Acuerdo Final, las FARC EP se comprometen a: 1. Cumplimiento del D +180: • A partir del 1 de junio y hasta el 20 de junio, la totalidad de los integrantes de las FARC-EP, incluyendo las milicias, habrán hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad, salvo aquellos que deban realizar tareas de identificación de caletas, extracción de armamento y seguridad de los campamentos existentes en las ZVTN. Las Naciones Unidas recibirán el armamento, lo depositarán en los contenedores y certificarán la dejación de armas de cada uno de los integrantes de las FARC-EP. Luego de suscribir el Acta de Compromiso, los integrantes de las FARC-EP recibirán la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz- OACP que les permite hacer el tránsito a la legalidad. Este procedimiento deberá realizarse entre el 5 y el 20 de junio de 2017. • Antes de finalizar la existencia de las ZVTN, Naciones Unidas procederá a la extracción de todas las armas almacenadas. La ONU tendrá el control, monitoreo y verificación de los contenedores. A más tardar el 1 de agosto, Naciones Unidas extraerá los contenedores de las ZVTN y certificará el cumplimiento del proceso de dejación de armas de las FARC-EP. • Se acordó un plan detallado para la extracción del armamento y destrucción del material inestable (explosivos) existente en las caletas de las FARC-EP, plan que será ejecutado por parte de las FARC- EP y las Naciones Unidas, que deberá cumplirse en los tres (3) meses siguientes al día 1 de junio de 2017. El plan incluye toda la información necesaria para la ubicación de las caletas por parte de las Naciones Unidas y el cronograma para la extracción. Las Naciones Unidas, en coordinación con las FARC EP, podrán solicitar el apoyo de seguridad o cualquier otro que requieran a la Policía Nacional y a las Fuerzas Militares. Las caletas que no hayan sido desmanteladas quedarán a disposición del Gobierno Nacional, que contará con la colaboración de ex integrantes de las FARC-EP que trabajarán con el Gobierno Nacional en la ubicación y desmantelamiento de dichas caletas. • Antes del 1 de agosto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordarán la construcción de los 3 monumentos indicados en el Acuerdo Final. III. Compromisos del Gobierno Nacional: Sin perjuicio del cumplimiento de los demás compromisos asumidos en el Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se compromete a : 1. Seguridad jurídica: • El Gobierno Nacional tomará todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación de la amnistía o la libertad condicional, antes de finalizar el proceso de dejación de armas, a todos los miembros de las FARC-EP acreditados en los listados de la OACP que aún permanezcan en situación de privación de libertad. • Se suspenderán las órdenes de captura de cada uno de los integrantes de las FARC-EP luego de que hayan hecho dejación de armas y tránsito a la legalidad, hasta tanto su situación jurídica haya sido resuelta con la aplicación de la amnistía o en la JEP. • Se expedirá una resolución presidencial en los términos de la Ley 1820 para aplicar la amnistía a todos los integrantes de la FARC-EP acreditados por la OACP que no se encuentren en las cárceles. 2. Seguridad física: • Se expedirán en las próximas horas los decretos ley relacionados con: - El Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política. - La Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía que contempla el numeral 74 de la JEP. • Se pondrá en marcha el Cuerpo Élite de Policía, en los términos del Acuerdo Final, a más tardar el 15 de junio de 2017, que actuará de forma prioritaria contra las organizaciones criminales que actúan en los territorios donde hacían presencia las FARC- EP. • Se pondrán en marcha los planes piloto de desmantelamiento de bandas criminales en Buenaventura y Tumaco a más tardar el 15 de junio de 2017. • Se iniciará la semana del 5 de junio el entrenamiento por parte de la Unidad Nacional de Protección de los miembros de las FARC-EP designados que hayan dejado las armas ante Naciones Unidas y hayan sido acreditados por parte de la OACP. 3. Seguridad Socio-económica: • Una vez surtido el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, los integrantes de las FARC-EP recibirán los apoyos para su reincorporación en los términos del Acuerdo Final (renta básica mensual equivalente a 90% del SMMLV durante 24 meses, asignación única de normalización, proyectos productivos, de vivienda, etc.) • Se expedirán en las próximas horas los Decretos Ley de reincorporación económica y social y de reforma de la Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas. • Se establecerá un grupo de trabajo para estructurar y recomendar, dentro de los siguientes 60 días, proyectos productivos viables a ser implementados por ECOMUN u otras organizaciones. Los recursos para implementar dichos proyectos serán entregados dentro de los 30 días siguientes a su viabilización por parte del CNR. • Se concluirá la implementación de los proyectos piloto del Ministerio de Agricultura en las Zonas Veredales antes de la finalización de estas. IV. Verificación y acompañamiento internacional • Antes del 30 de junio de 2017 se deberá activar el componente de verificación internacional en todos sus aspectos, lo que supone: - El Gobierno Nacional y las FARC- EP solicitarán al Secretario General y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se anticipe la tarea de verificación del mandato de la segunda misión de Naciones Unidas, de ser posible, antes del 10 de julio. - Inicio de la actividad de verificación de los notables, activación de la secretaría técnica y del apoyo técnico por parte del Instituto Kroc antes del 30 de junio. • Igualmente se activará en todos sus componentes el acompañamiento internacional. • La primera misión de Naciones Unidas continuará hasta el final de su mandato. Los países garantes, Cuba y Noruega, continuarán acompañando la CISIVI, al menos, hasta el final del proceso de dejación de armas. Ambas partes agradecen la tarea realizada por los países garantes en el proceso de paz, su dedicación y les expresan su más alta consideración."
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.