La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el jueves un sitio web con su nombre que permite acceder a una gama de medicamentos con descuento, un asunto clave en el país, donde estos precios están entre los más altos del mundo.Según el presidente, las rebajas que se ofrecen en "TrumpRx" alcanzan incluso más del 80 % del precio actual. Para ello, firmó acuerdos con una decena de laboratorios farmacéuticos."A partir de esta noche, decenas de los medicamentos recetados más utilizados estarán disponibles con descuentos drásticos para todos los consumidores", dijo Trump en la Casa Blanca."Los estadounidenses han estado pagando durante mucho tiempo los precios de medicamentos más altos en cualquier parte del mundo... el pueblo estadounidense estaba, en efecto, subvencionando el costo de los medicamentos para todo el mundo", agregó.El sitio web se lanza con descuentos en más de 40 medicamentos populares. Entre ellos están los fármacos antiobesidad.Así, Ozempic, de Novo Nordisk, vería su precio reducido de 1.000 a 199 dólares, mientras que Wegovy, de Eli Lilly, podría pasar de 1.300 a 199 dólares, dijo Trump. Los precios empezarán a subir después de dos meses.La medida forma parte del impulso de Trump para abordar el enojo de los votantes por el costo de la vida de cara a las elecciones de medio término de noviembre, en las que sus copartidarios republicanos corren el riesgo de perder el control del Congreso.
La Lotería de Bogotá volvió a ser protagonista entre los juegos de azar en Colombia tras la realización de su sorteo número 2832, efectuado en la noche del jueves jueves 5 de febrero de 2026.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2832El gran protagonista de la noche fue el número: 2815 de la serie 456, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premios secos de la Lotería de BogotáAdemás del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.Premio Trébol Mágico – $1.000 millones5020 – Serie: 305Premios Duendes de los Deseos – $500 millones8117 – Serie: 3658676 – Serie: 366Premios Gatos de la Fortuna – $200 millones4850 – Serie: 2496452 – Serie: 2848653 – Serie: 044Premios Alcañías de los Sueños – $50 millones2641 – Serie: 1343200 – Serie: 0574784 – Serie: 1843138 – Serie: 3023208 – Serie: 4174889 – Serie: 214Premios Herraduras Suertudas – $20 millones0960 – Serie: 4103152 – Serie: 1713521 – Serie: 3633635 – Serie: 4325076 – Serie: 4496618 – Serie: 1686972 – Serie: 4217160 – Serie: 3879049 – Serie: 0319084 – Serie: 065Premios Estrellas Fugaces – $10 millones0022 – Serie: 3866835 – Serie: 3366000 – Serie: 2494276 – Serie: 3272964 – Serie: 2342155 – Serie: 1870558 – Serie: 0610170 – Serie: 0997129 – Serie: 2796177 – Serie: 3114906 – Serie: 2063159 – Serie: 4082422 – Serie: 1571280 – Serie: 3680170 – Serie: 2568583 – Serie: 1116267 – Serie: 4305032 – Serie: 0733389 – Serie: 1932558 – Serie: 3911588 – Serie: 3240258 – Serie: 4099645 – Serie: 4426354 – Serie: 2115682 – Serie: 3663698 – Serie: 4412603 – Serie: 2751895 – Serie: 2750468 – Serie: 2569890 – Serie: 315Sorteo en vivo Lotería de BogotáEste sorteo destacó por su atractivo plan de premios y por la presencia de ganadores en varios departamentos, un factor que sigue fortaleciendo la confianza y el interés de los jugadores. Con más de un siglo de historia, la Lotería de Bogotá continúa consolidándose como una de las favoritas entre quienes buscan probar su suerte semana a semana.Además del componente económico, este juego mantiene un fuerte valor simbólico y social, ya que parte de sus recursos se destinan al fortalecimiento del sistema de salud, lo que refuerza su relevancia dentro del panorama de las loterías en Colombia.¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?La Lotería de Bogotá recuerda a todos los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos por la entidad. Este proceso permite garantizar transparencia, seguridad y el pago oportuno, evitando fraudes o intermediarios no autorizados.Premios menores (hasta seis salarios mínimos)Los premios de menor cuantía pueden reclamarse de manera ágil mediante las siguientes opciones:Directamente con el lotero donde se adquirió el billete.En puntos de venta autorizados por la Lotería de Bogotá.Premios mayoresEn el caso de premios de mayor valor, el trámite debe hacerse de forma presencial en las oficinas autorizadas: Sede principal: Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridosPara reclamar cualquier premio, el ganador deberá presentar:Billete original debidamente firmado.Fotocopia de la cédula de ciudadanía.Certificación bancaria vigente.Formulario de identificación de ganadores, correctamente diligenciado.Como recomendación final, la entidad insiste en verificar siempre los resultados de la Lotería de Bogotá en sus canales oficiales antes de iniciar el proceso de cobro. Esto ayuda a evitar errores, retrasos o inconvenientes y garantiza que el trámite se realice conforme a la normativa vigente, brindando una experiencia segura y confiable a todos los ganadores.
EE.UU. realizó este jueves un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión "Lanza del Sur".El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada Operación Lanza del Sur, que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.
Consternación y rechazo ha generado en Barrancabermeja, Santander, el violento asesinato de la líder social Nancy Janeth Valderrama, de 58 años, y su hijo Kevin Andrés Strauss, de 32, ocurrido en las últimas horas en el sector Centenario del puerto petrolero.De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, las víctimas se encontraban descansando en su vivienda cuando varios hombres fuertemente armados irrumpieron de manera violenta en el inmueble y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra, causándoles la muerte en el lugar.Nancy Janeth Valderrama era ampliamente reconocida en la ciudad por su liderazgo social y trabajo comunitario, lo que ha generado mayor preocupación entre los habitantes del municipio y organizaciones sociales, que exigen celeridad en las investigaciones y garantías de seguridad.El secretario de Seguridad de Barrancabermeja, Eduardo Ramírez, confirmó que las autoridades adelantan las labores investigativas para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables. Además, anunció que se ofrece una recompensa de $15 millones a quienes suministren información que permita identificar y capturar a los autores del doble homicidio.Con este crimen, ya son 18 las personas asesinadas de manera violenta en lo corrido del año en Barrancabermeja, una cifra que mantiene en alerta a las autoridades y evidencia la compleja situación de orden público que enfrenta el municipio.
Desde la madrugada de este viernes continúa la operación de búsqueda de los seis mineros que permanecen atrapados tras una explosión en una mina de carbón en zona rural de Guachetá, norte de Cundinamarca.El gobernador Jorge Emilio Rey informó en entrevista con Mañanas Blu que más de 60 personas participan en las labores de rescate, una tarea complicada por las difíciles condiciones subterráneas y la acumulación de gases explosivos.El mandatario sostuvo que las labores son lentas y riesgosas debido a que “hay acumulación de gases, lo que hace que la tarea de búsqueda se dificulte”, además de la profundidad del socavón, estimada en 170 metros bajo tierra.“Los milagros existen”Consultado sobre la posibilidad de encontrar con vida a los mineros, Rey se mostró prudente, aunque apeló a la esperanza. “Cada minuto que avanza hace más difícil pensar que estén vivos. Sin embargo, hasta que no se tenga contacto visual no se podrá determinar la situación con certeza. Los milagros existen, ojalá en este caso se apliquen”, expresó.El gobernador detalló que los equipos de rescate intentan habilitar un sistema de ventilación para introducir aire al socavón y estabilizar la atmósfera interna. “Se está haciendo un trabajo con ventilación, esperando llegar al punto para establecer una línea de conducción de oxígeno. Pero los trabajos son muy complejos por el material y la cantidad de gases acumulados”, indicó.Explosión por acumulación de gasesSegún las primeras indagaciones, el siniestro se produjo por una explosión de gas metano, una de las principales causas de accidentes en minería subterránea. “La explosión compromete la capacidad estructural de la boca de la mina. Cae material y tapona el sitio de salida, dejando a los trabajadores atrapados”, explicó Rey.El gobernador confirmó que la mina donde ocurrió la emergencia no contaba con autorización vigente. “Presuntamente tenía órdenes de cierre por parte de la CAR y de la Agencia Nacional Minera, lo que indicaría que no cumplía con todos los requisitos. Es información preliminar, pero todo apunta a que efectivamente no estaba en condiciones legales de funcionamiento”, afirmó.¿Por qué seguía operando pese a las órdenes de cierre?El mandatario lamentó que, a pesar de las restricciones, los trabajos en minas clausuradas continúan siendo una realidad recurrente. “Las alcaldías cumplen con la orden de cierre, informan a la Fiscalía y a la CAR, pero no pueden tener un funcionario de manera permanente vigilando que esas minas no vuelvan a abrir. Desafortunadamente, muchos mineros artesanales rompen los sellos y reanudan sus actividades”, señaló.Rey enfatizó que estas prácticas ponen en riesgo la vida de los trabajadores. “Son minas que no tienen seguridad industrial ni los mínimos estándares de protección. La gente busca ingresos y termina enfrentando situaciones lamentables y complejas”, advirtió.Control territorial y condiciones precariasLa mina siniestrada estaría ubicada en los límites con Ráquira (Boyacá), una zona de difícil acceso donde proliferan pequeñas explotaciones de carbón. Según el gobernador, allí “trabajaban menos de diez mineros de manera permanente”, lo que refuerza el carácter artesanal e informal de la actividad.“El sitio está bastante retirado del casco urbano de Guachetá, lo que hace muy compleja la supervisión. A pesar de los cierres ordenados, son explotaciones pequeñas que vuelven a activarse sin control”, explicó Rey.Minería ilegal: un problema persistenteEl accidente en Guachetá revive la discusión sobre la minería ilegal e informal en Cundinamarca y Boyacá, una problemática que ha cobrado la vida de decenas de trabajadores en los últimos años. Los socavones sin ventilación adecuada, la acumulación de metano y la falta de equipos de rescate inmediato son los principales factores de riesgo en este tipo de explotaciones.Mientras avanzan las labores contrarreloj, las autoridades locales mantienen la esperanza de hallar con vida a los seis mineros. “Hay que seguir buscando. Cada minuto que pasa nos hace pensar que todavía están ahí, esperando ser rescatados”, concluyó el gobernador Rey.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
Medicina Legal logró identificar a dos víctimas de desaparición forzada cuyos cuerpos fueron hallados durante la intervención en La Escombrera, de la Comuna 13, en Medellín. Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28 años que eran del corregimiento de San Cristóbal."Ninguna de las dos víctimas tenía antecedentes penales, investigaciones, condenas ni registros en archivos de inteligencia. La verdad judicial, construida a partir de evidencia, testimonios y análisis forenses, confirma que La Escombrera fue un sitio destinado a la desaparición forzada en Colombia", señala la JEP.La joven de 20 años salió de su casa el 30 de julio de 2002 e iba a asistir a una reunión. Esa noche paramilitares del Bloque Cacique Nutibara entraron al lugar y se la llevaron. Un día después le permitieron llamar a su madre para informarle que había recibido órdenes de desplazarse, sin embargo, no se volvió a tener información de ella."La evidencia recabada por la JEP, en el marco del trámite judicial, indica que el crimen ocurrió ocho días después de la desaparición de un reconocido líder comunal del sector. Al parecer la joven habría sido trasladada viva desde el corregimiento de San Cristóbal, donde operaba abiertamente una base paramilitar, hasta La Escombrera, donde funcionaba otra. Allí fue asesinada y enterrada", agregan desde la JEP.En el caso del hombre de 28 años vivía con sus padres y generaba algunos ingresos para el hogar como vendedor, el 13 de octubre de 2002, en horas de la mañana, salió de su casa ubicada en el barrio Belencito, y desde ese día su familia no volvió a tener noticias sobre él."La víctima estaba en condición de discapacidad física y mental, padecía epilepsia y se desplazaba con dificultad, lo que lo hacía particularmente vulnerable", explican desde la JEP.
La Corte IDH determinó que hay al menos 6.000 integrantes y simpatizantes del partido de izquierda Unión Patriótica que fueron asesinados, desaparecidos o exiliados y amenazados, entre otros delitos que se presentaron. En el mismo sentido se le ordenó al Estado colombiano investigar los hechos, reconocerlos públicamente, proteger a las víctimas y sus familiares y avanzar con las indemnizaciones, entre otras medidas.Las víctimas, dos años después, consideran que la reparación aún está en deuda. Incluso hay personas que murieron durante este tiempo sin ver materializado su derecho a la reparación."Se hace necesario que después de 30 años de haber vivido el padecimiento, la desaparición, el desplazamiento, asesinato y amenazas el Estado realmente genere el espacio y que eviten la revictimización y que nos permitan gozar de esos derechos que se llaman reparación integral para las víctimas", aseguró Andrea Forero Dueñas, víctima e hija de Teófilo Forero.Las víctimas le hacen un llamado a todas las instituciones y entidades que tienen responsabilidad en la reparación de las víctimas; a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que haga el seguimiento a la implementación de las medidas ordenadas, también a la Unidad de Víctimas para que avance con las indemnizaciones. Es importante recordar que el acto de reconocimiento público por este caso lo iba a encabezar el presidente Gustavo Petro, pero por razones de salud no pudo asistir y aún no se ha realizado."El avance es limitado e insuficiente, es limitado porque estas medidas no se han implementado, entonces eso es como si la sentencia estuviera de alguna manera solo en un texto y no en la materialización de la vida de las víctimas. Hemos hecho unos foros en las universidades que fueron promovidos por las coordinaciones de víctimas y apoyados en términos logísticos por las universidades y en términos de organización y presupuesto por parte del Estado, y eso es muy importante, pero en el resto de medidas no hay ningún avance", agrega Luz Marina Monzón abogada y codirectora de la Corporación Reiniciar.
La JEP ordenó compulsar copias a Justicia y Paz para que investigue si el exparamilitar Rodrigo Pérez Alzate, conocido como Julián Bolívar, incumplió con sus compromisos frente a esta jurisdicción tras la desmovilización. La decisión se tomó después de que la JEP absolvió al defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo por el homicidio de David Núñez Cala, quien fue candidato a la alcaldía de Barrancabermeja, Santander y fue asesinado el 5 de abril de 1991."‘Julián Bolívar’ habría expresado interés en que se hicieran incriminaciones contra Rabelo Crespo y, presuntamente, habría ordenado que se utilizaran unas fotos compradas a un periodista para ese efecto. Todo esto en un contexto en el que el señor Rabelo estaba haciendo activas denuncias por la relación entre personajes políticos y miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Barrancabermeja", explicó la JEP.Es importante recordar que Julián Bolívar fue designado recientemente como gestor de paz por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, al igual que otros 17 exjefes paramilitares entre los que se encuentran Salvatore Mancuso, Jorge 40 y Hernán Giraldo."Como parte de los elementos que tuvo en cuenta la Sección para esta decisión, además de la versión Rabelo Crespo en el trámite de revisión transicional, están la toma de testimonio a 19 testigos, los cuales constituyen pruebas testimoniales; a su vez, se tuvieron en cuenta: un informe del Grupo de Análisis de Información (GRAI) de la JEP sobre el Bloque Oriental y el Frente 24 de las extintas Farc-EP, cinco informes de la Unidad de Investigación y Acusación y más de 30 pruebas documentales", agregan desde la JEP.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) renunció a la persecución penal de 16 miembros de la fuerza pública, entre activos y retirados, que no fueron seleccionados como máximos responsables en casos de falsos positivos que se registraron entre 2005 y 2006 en Meta y Santander."La renuncia a la persecución penal es un mecanismo que implica que no se ejerce la acción penal o no se continúa con ella en la justicia ordinaria, ni en la transicional. Aplicar este beneficio a los comparecientes, que no ostenten la más alta responsabilidad en relación con estos graves crímenes, les permite rehacer de manera efectiva su vida en sociedad, al tiempo que contribuyen a la restauración del daño causado", señaló la JEP.De esta manera, se resuelve de forma definitiva la situación jurídica de los comparecientes que aportaron verdad plena y reconocieron su responsabilidad en los hechos."La magistratura encontró que, durante el trámite judicial ante la JEP, los comparecientes reconocieron su participación en la planeación, ejecución y encubrimiento de tres hechos en los que cinco personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) fueron asesinadas y, en algunos casos, desaparecidas en Puerto Concordia (Meta) y Lebrija (Santander); además, detallaron los roles específicos que desempeñaron en cada uno de los crímenes. A juicio de la magistratura, estos aportes permitieron reconstruir lo ocurrido con un nivel de detalle que supera ampliamente lo alcanzado por la justicia ordinaria" agregaron desde la JEP.Con esto se busca que se les eliminen los antecedentes penales a estos 16 comparecientes, tampoco se podrán iniciar nuevos procesos por las conductas ya resueltas.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo emitió la alerta temprana 001 de 2026 para los municipios de Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, tras identificar un riesgo alto por “graves violaciones de los derechos fundamentales a la vida, integridad y movilidad e infracciones al derecho internacional humanitario”.Según la entidad, el deterioro de la seguridad se debe a las pretensiones de consolidación territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y a la expansión del Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como Clan del Golfo.En el caso del ELN, la alerta señala la actuación de su Frente Manuel Hernández 'El Boche' en Mistrató y Pueblo Rico, mientras que el EGC estaría incursionando en los tres municipios a través de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle.La Defensoría explica que la presencia simultánea de estos actores armados ilegales responde al interés por controlar corredores estratégicos que comunican a Risaralda con Chocó, Antioquia, Caldas y Valle del Cauca, zonas clave para el fortalecimiento de sus estructuras y para el dominio de economías ilícitas, especialmente aquellas asociadas a actividades mineras en la región.El informe advierte que esta competencia territorial podría intensificar la violencia en el corto plazo y afectar de manera particular a niñas, niños, adolescentes y jóvenes en riesgo de reclutamiento forzado; a lideresas y líderes sociales; a mujeres; autoridades locales; comunidades campesinas y pueblos étnicos, entre ellos los indígenas Embera Chami y Embera Katío. También se señala un riesgo específico para los firmantes del Acuerdo de Paz que permanecen en estos territorios.La entidad identificó afectaciones en más de 50 veredas, barrios urbanos, resguardos indígenas y consejos comunitarios de los tres municipios. En estas zonas, los grupos armados imponen normas de conducta, profieren amenazas y han provocado desplazamientos forzados y confinamientos.La Defensoría también alertó sobre el incremento de homicidios. En 2023 se registraron 15 homicidios y en 2024 otros 14 en Belén de Umbría, Mistrató y Pueblo Rico, mientras que en 2025 la cifra ascendió a 39 casos, lo que representa un incremento del 34,48 % frente al total de los dos años anteriores.Ante este panorama, la Defensoría hizo un llamado urgente para que las autoridades del orden nacional, departamental y municipal implementen los deberes de reacción rapida bajo la perspectiva de derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla emitió sentencia condenatoria contra el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez por su responsabilidad en 117 hechos delictivos cometidos contra la población indígena wayúu y otras comunidades del departamento de La Guajira.De acuerdo con la decisión judicial, los crímenes fueron ejecutados entre los años 2002 y 2006 por integrantes del autodenominado Frente Contrainsurgencia Wayúu, una estructura armada adscrita al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que actuó siguiendo los lineamientos definidos por sus máximos cabecillas, entre ellos Mancuso. Durante ese periodo, el grupo ilegal perpetró homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, hechos de violencia basada en género y otras graves conductas ilícitas contra la población civil.La sentencia atribuyó de manera específica la incursión armada a la ranchería Manaki, ubicada en el municipio de Uribia, ocurrida el 10 de octubre de 2003. En ese hecho, varios indígenas wayúu fueron golpeados y sometidos a maltratos durante aproximadamente cuatro horas. Además, los hombres armados destruyeron y se apropiaron de bienes simbólicos de la cultura wayúu, como chinchorros, mochilas, sombreros y mantas bordadas, elementos que constituían el sustento económico y cultural de las familias afectadas.Asimismo, el tribunal estableció la responsabilidad del Frente Contrainsurgencia Wayúu en el homicidio de dos indígenas ocurrido el 17 de marzo de 2002 en la ranchería Kepischon, también en jurisdicción de Uribia. Estos hechos, junto con otros documentados en el proceso, evidenciaron un patrón de violencia sistemática contra comunidades indígenas en distintas zonas del departamento.Según lo probado en el proceso, el Frente Contrainsurgencia Wayúu fue creado en marzo de 2002 y, en sus inicios, contó con aproximadamente 150 integrantes. Esta estructura permitió a las AUC ampliar su presencia y accionar armado hacia sectores de La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta, con el objetivo de consolidar el control territorial.En su decisión, la Sala de Justicia y Paz reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas wayúu asentadas en las regiones de Carraipia, Majayura y Malaki, en el municipio de Uribia, así como a la comunidad de Matitas, en Riohacha. El tribunal concluyó que estas poblaciones fueron afectadas de manera directa y reiterada por el accionar del grupo paramilitar.Por estos hechos, Salvatore Mancuso Gómez fue condenado a una pena de 40 años de prisión, al pago de una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo. No obstante, en aplicación de los beneficios previstos en la Ley 975 de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz, la sentencia contempla una pena alternativa de ocho años de prisión, condicionada al cumplimiento de las obligaciones de verdad, reparación y no repetición establecidas en el fallo.