El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, detalló en Mañanas Blu los pormenores del doble homicidio ocurrido este miércoles 11 de febrero de 2026, hacia las 3:42 p.m., en la esquina de la calle 85 con carrera Séptima. El crimen, calificado como un sicariato de alta precisión, dejó conmocionada a la ciudad y resalta la vulnerabilidad incluso en zonas de alta seguridad.Detalles del ataque sicarialEl empresario José Gustavo Andrés Aponte Fonnegra, reconocido líder del sector arrocero y propietario de la marca Arroz Sonora con operaciones en Tolima y Casanare, salía de un gimnasio Bodytech junto a su escolta, el intendente retirado Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, cuando fueron abordados por el sicario."Como usted lo manifestó, a las 3:42 de la tarde se presenta el hecho sicarial en el cual se evidencia una planeación, una articulación milimétrica para generar este lamentable hecho", explicó el general Cristancho. El atacante, descrito como un "sicario de corbata" por su traje formal —algo inusual en este tipo de crímenes—, esperó al menos 15-20 minutos en las escaleras de acceso al parqueadero, caracterizado para mimetizarse en la zona financiera y residencial de altos ejecutivos.Disparó por la espalda a menos de un metro de distancia, impactando casi en la nuca a Aponte y también al escolta, antes de huir corriendo hacia una motocicleta estacionada en una bomba de gasolina cercana, donde un cómplice lo esperaba para escapar hacia el sur. "Se evidencia que al señor Aponte lo estaban esperando. Este sicario lo está esperando caracterizado, digo caracterizado porque es primera vez que observamos un sicario vestido de traje de corbata", precisó el oficial.Planeación y conocimiento de rutinasLa meticulosidad del crimen apunta a una inteligencia previa exhaustiva. "Sabían las rutinas, sabían la hora, y sabían que a la hora que llegaba, a la hora que salía. Creo que tuvieron que generar una inteligencia para poder determinar cuál era la rutina del señor Aponte. Es decir, que es un sicariato totalmente planeado, no son sicarios o no es una organización que improvisa", afirmó el comandante.El sicario llegó dos minutos antes de las víctimas, en una zona con puestos fijos de policía para protección de dignatarios y altos funcionarios residentes. Aponte contaba ese día con un solo escolta privado —normalmente tenía dos, pero el otro acompañaba a su esposa—, proveniente de una empresa particular, no de la Unidad Nacional de Protección. La familia no reportó amenazas previas, extorsiones ni mensajes de alerta al momento de la entrevista.Fallas en la respuesta inmediataA pesar de la presencia policial cercana, la confusión inicial retrasó la persecución. "Cuando ocurre el hecho fue muy confuso hasta que nadie nos dio datos el cuadrante o la patrulla de vigilancia haya pasado 10 minutos antes", relató Cristancho, quien activó radios para movilizar unidades sin descripciones precisas del atacante o la moto.Un obstáculo clave fue el acceso a cámaras de seguridad: administradores de edificios y estaciones de servicio exigieron órdenes judiciales, demorando hasta 10 minutos la obtención de imágenes cruciales. "No nos dejan ver las cámaras de inmediato. Entonces tienen que llamar al uno, al otro, que ellos no tienen", denunció el general, llamando a reflexionar sobre cambios normativos para agilizar estos procesos en emergencias.El general Cristancho, quien asumió el mando en febrero de 2025 con refuerzos de 500 policías, enfatiza la necesidad de mayor colaboración ciudadana: "Las personas no nos dan características inmediatas, seguramente vamos a poder actuar". Este asesinato, en una zona con esquemas de seguridad para VIP, subraya el impacto económico y social, afectando al sector agroindustrial —Aponte era tercera generación en arroz y ganadería, con fincas como La Angostura y La Alcancía— y programas sociales vía la Fundación Gustavo Aponte Rojas.Avances en la investigaciónLa Policía Judicial, inteligencia y capacidades técnicas ya recolectan evidencias de múltiples cámaras. "Ya tenemos varias cámaras, ya estamos recolectando elementos técnicos también para la investigación [...] Seguramente con todo lo que hemos evidenciado hasta el momento, y vamos a poder dar un resultado", aseguró Cristancho, sin pistas públicas aún pero con énfasis en capturar autores materiales e intelectuales.
Autoridades confirman que fue abatido alias ‘Venezuela', delincuente de las disidencias de alias 'Calarcá', vinculado al ataque terrorista que acabó con la vida de 13 policías en Amalfi. Este hombre también es señalado responsable de asesinar a dos subintendentes hace apenas cuatro días en Anorí.En un operativo adelantado por la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional fue abatido alias ‘Venezuela', presunto cabecilla del frente 36 de las disidencias de alias 'Calarcá'. El procedimiento se hizo en Anorí, Antioquia, en donde el hombre centraba su accionar criminal.Alias ‘Venezuela' está vinculado al ataque con explosivos a un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional en donde lastimosamente fueron asesinados 13 policías en la vereda Los Trozos del municipio de Amalfi. Además, este delincuente está detrás del homicidio de dos subintendentes el pasado 8 de febrero en esta misma zona del Nordeste antioqueño.Hay que recordar que el gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita capturar a los responsables del ataque con drones cargados de explosivos, donde además estaría alias Chejo, cabecilla del frente 36.Sobre alias Venezuela de las disidencias de alias 'Calarcá' también es responsabilizado de una acción terrorista reportada en septiembre de 2025 donde fue asesinado un subintendente y tres soldados profesionales resultaron gravemente heridos.Según la información que ha dado a conocer el Ejército Nacional, alias 'Venezuela' tiene más de 15 años vinculado a grupos al margen de la ley y era buscado por las autoridades por delitos como concierto para delinquir o terrorismo. Asimismo, es el responsable del reclutamiento forzado de menores de edad en veredas como Santa Inés, Concha Media o El Carmín, así como tendría injerencia en extorsión a mineros y comerciantes.Por su parte, alias ‘Venezuela' estaría detrás de acciones criminales contra el Clan del Golfo en el Nordeste antioqueño, esto con el fin de fortalecer el control territorial de las disidencias en esta subregión del departamento que se ha visto fuertemente golpeada por el actuar criminal del este delincuente abatido recientemente.Informaron desde la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que en el operativo también fue capturado alias 'Ángel', integrante de redes de apoyo del Frente 36, y de logró la incautación de una pistola, teléfonos celulares y material de intendencia.
La automotriz sueca Volvo anunció este miércoles inversiones en Brasil por 2.500 millones de reales (unos 481 millones de dólares) entre 2026 y 2028 para el desarrollo de nuevos productos en la fábrica que posee en Curitiba y otros proyectos.Se trata de la mayor inversión anunciada por el fabricante para el país desde que comenzó a producir camiones y autobuses en la sureña ciudad de Curitiba, en 1979, informó la empresa en un comunicado.Los recursos serán destinados a la investigación y el desarrollo de nuevos productos con el objetivo de aumentar su seguridad y su descarbonización, explicó el presidente del Grupo Volvo para América Latina, Wilson Lirmann, citado en el comunicado.La inversión también se destinará a la modernización de la fábrica, la expansión de la red de concesionarias y la oferta de nuevos servicios para camiones, autobuses, equipos de construcción y motores marítimos e industriales.El ejecutivo explicó que Volvo mantuvo las inversiones pese a la coyuntura desfavorable en Brasil, ya que la expectativa para este año es una reducción de entre un 5 % y un 10 % en la venta de camiones semipesados y pesados, con lo que se mantiene la tendencia a la baja ya registrada el año pasado."Tenemos una visión a largo plazo. Independiente de la actual coyuntura, Brasil es un mercado estratégico para Volvo y por eso optamos por un nuevo ciclo de inversiones en el país", afirmó Lirmann.Además, atribuyó la caída de las ventas a los altos intereses en Brasil, ya que la tasa referencial está en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, pero el Banco Central ya anunció que iniciará en marzo un proceso gradual de reducción de los tipos.Volvo se confirmó el año pasado como líder en el mercado de camiones de más de 16 toneladas en Brasil, con la venta del 20.053 unidades, lo que equivale al 23 % del mercado, según los datos de la Federación Nacional de Distribuidores de Vehículos Automotores.El fabricante sueco también fue líder en Perú el año pasado, con la venta de 2.414 camiones (21 % del mercado), y segundo en Chile, con 1.621 unidades vendidas (19 %), según datos de la empresa.
Tras un mes del accidente que cobró la vida del cantante Yeison Jiménez en el municipio de Paipa, Boyacá, el país sigue recordando al artista de 34 años, quien falleció en el siniestro aéreo junto al capitán de la aeronave y otros cuatro integrantes de su equipo de trabajo. La tragedia enlutó a la música popular colombiana y generó múltiples reacciones entre seguidores, colegas y familiares.Durante estas semanas, los pronunciamientos públicos habían estado encabezados por su equipo de trabajo, así como por su hermana Lina Jiménez y su madre, quienes ofrecieron algunas declaraciones. Sin embargo, quien se había mantenido en completo silencio era su esposa, Sonia Restrepo, que maneja un perfil privado en redes sociales y había optado por vivir su duelo lejos de la exposición mediática.Solo hasta cumplirse el primer mes de la tragedia se conocieron las primeras palabras de Restrepo, en las que habló abiertamente del vacío que dejó el intérprete en su hogar y de lo complejo que ha sido asumir la responsabilidad de ser fortaleza para sus hijos Camila, Thaliana y Santiago, mientras enfrenta su propio dolor.En su publicación, la esposa del cantante expresó cuánto lo extraña, recordó su papel como compañero, padre y pilar del hogar, y destacó el legado humano y artístico que dejó. También compartió detalles íntimos sobre cómo sus hijos lo evocan a diario, especialmente a través de su música y de los recuerdos familiares.El mensaje de la esposa de Yeison Jiménez tras un mes de su muerte"Hoy se cumple un mes desde que partiste, y aunque el tiempo ha seguido su curso, en casa el reloj parece haberse detenido en el instante en que nos faltaste. El silencio que dejaste no se parece a nada que hayamos sentido antes; es un silencio lleno de recuerdos, de momentos maravillosos, de risas y de abrazos que aún viven en cada rincón. Todavía me sorprendo buscándote en tu lugar en la mesa, en la almohada, en cada momento en el que quisiera contarte algo. Fuiste mi compañero, mi amor, mi apoyo y mi orgullo, agradezco a Dios por cada día que nos permitió caminar juntos, por cada sueño que construimos de la mano, y por el hombre tan amoroso que fuiste hasta el último instante. Fuiste pilar, fuiste líder y fuiste el corazón de este hogar"."Tus hijos te extrañan en silencio y en palabras. (Santi ya dijo PAPÁ) Te recuerdan en cada canción que suena, en cada historia que contamos, en cada consejo tuyo que hoy se vuelve guía, en cada abrazo, en cada gesto de amor y ternura. Nos enseñaste a ser fuertes, a luchar por los sueños y a amar con el alma. Hoy tratamos de honrarte viviendo con la misma pasión con la que tú vivías… nos haces mucha falta MI POLLITO, en cada logro, en cada duda, en cada momento en el que quisiéramos correr a tus brazos y nunca soltarnos"."Sentimos un vacío inmenso, pero también un orgullo que no cabe en el pecho. Fuiste un hombre que tocó millones de corazones, que dejó huella con su voz, con su talento y, sobre todo, con su humanidad. La gente te recuerda como el artista que nos hacía cantar y sentir, nosotros te recordamos como el hombre que nos enseñó a amar, a creer y a permanecer unidos"."Un mes ha pasado, y siento que llevo un milenio sin ti. Quisiera entender que no te has ido del todo, que estás en cada gesto de amor de nuestros hijos, que estás en cada amanecer, que estás en mi alma y mi ser, y que volverás a decirme TE AMO VIDA MÍA"."Te amamos ayer, hoy y siempre. Y mientras vivamos, tu nombre, tu voz y tu amor jamás dejarán de existir. MI GRAN AMOR ETERNO".
Cuatro días después de producirse su captura en el occidente de Medellín se produjeron nuevos avances en el proceso de judicialización de una mujer y tres hombres que habrían participado en el crimen de un conductor de plataforma digital.Un juez de control de garantías ya impuso a los procesados identificados como Juan Darío Úsuga Goez, Andrés Grisales Carmona, Kevin Alexander Castro Ramírez y Valeria Isabel Deluque Niño, medida de aseguramiento en centro carcelario tras haberles imputado por parte de la Fiscalía los delitos de homicidio y hurto calificado, las dos conductas agravadas.Según reveló la Fiscalía, estas cuatro personas solicitaron un servicio de transporte desde la capital antioqueña hasta el municipio de San Jerónimo y fue durante el recorrido cuando atacaron y asesinaron con arma cortopunzante a la víctima, de 42 años de edad, para posteriormente dejar su cuerpo abandonado en jurisdicción de la vereda Piedecuesta.Minutos después los cuatro investigados fueron sorprendidos cuando se movilizaban en el vehículo hurtado por el barrio Robledo, de regreso a Medellín. En el automotor las autoridades encontraron, además del arma con el que se habría perpetrado el crimen, los documentos del conductor asesinado.Durante las audiencias concentradas los procesados no aceptaron los cargos y avanzan las acciones de la policía para capturar a una quinta persona, también implicada en el hecho y que escapó a las maniobras desplegadas por parte de la fuerza pública para interceptar a los presuntos responsables.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Los ataques contra la fuerza pública disminuyeron un 48 % en los primeros cuatro meses de este año, tiempo en el cual estuvo vigente el cese el fuego bilateral con grupos armados ilegales, según recoge un informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).De acuerdo con cifras del mecanismo de monitoreo de riesgos del Sistema Integral para la Paz, entre el primero de enero y el 30 de abril de este año se registraron 24 incidentes entre grupos ilegales y la fuerza pública, en tanto que en ese mismo lapso de 2022 hubo 44 casos y 64 en el 2021.El documento explica que bajaron las emboscadas, enfrentamientos y hostigamientos por parte del ELN, las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y las AUC de la Sierra Nevada.Por otro lado, el informe destaca que en el primer trimestre de 2023 hubo incidentes entre la fuerza pública y el EMC en 10 municipios de 2 departamentos, mientras que en 2022 estas acciones se dieron en 27 municipios y 9 departamentos. En ese orden de ideas, se redujo en un 63 % el alcance geográfico de estos hechos.El Estado Mayor Central es liderado por alias 'Iván Mordisco', que nunca firmó el acuerdo de paz de 2016 con el Gobierno.Entre tanto, según el informe de la JEP, el cese al fuego lo incumplieron la Columna Móvil Dagoberto Ramos, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Carlos Patiño, Frente 36, Frente 41, Frente 4 y el Frente 37.Por otro lado, para el primer trimestre de 2022 los incidentes armados atribuidos al Clan del Golfo se concentraron en 15 municipios y 7 departamentos, mientras que en 2023 se registraron en 8 municipios y 4 departamentos, evidenciando una disminución del 49 %.El documento indicó también que no se han registrado hechos que indiquen un posible incumplimiento del cese al fuego en lo relacionado con incidentes armados por parte de la Segunda Marquetalia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.La Segunda Marquetalia, encabezada por Iván Márquez, sí firmó la paz y tres años después se retiró alegando incumplimientos del Gobierno a lo pactado con las FARC en 2016.TAMBIÉN BAJA CIFRA DE MUERTOSLas cifras del mecanismo de monitoreo también indican que hubo una disminución en la cifra de muertes y heridos de miembros de la fuerza pública desde el 2017 tras la firma del Acuerdo de Paz, entre los meses de enero y abril de cada año.Mientras en los cuatro primeros meses del 2023 no hubo registro de miembros de la fuerza pública heridos, en el 2022 se documentaron 14 casos; 18 en el 2019, 5 en el 2021.En cuanto a muertes de miembros de la fuerza pública, se reportó que en el 2023 hubo 2 casos frente a los 12 del 2022; 5 en el 2019; 5 en el 2017; 4 en el 2018; 4 en el 2021, y 2 en el 2020.El informe se conoce en momentos en que el presidente colombiano, Gustavo Petro, decidió suspender de forma parcial el cese el fuego bilateral con el EMC, luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez.La medida se hizo efectiva en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, a lo que esa disidencia respondió diciendo que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".Le puede interesar
Este jueves se realizó una audiencia conjunta entre la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y la mesa humanitaria y de construcción de paz de Córdoba. La sesión se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Montería y el objetivo era dialogar sobre la implementación de los puntos uno y cuatro del acuerdo de paz, reforma rural y solución al problema de las Drogas ilícitas.Al encuentro llegaron líderes sociales de todo el departamento y participó también la comunidad internacional, allí se hicieron graves denuncias sobre la presencia de los grupos armados en diferentes municipios."Cada liderazgo, cuando va a salir del territorio, tiene que hacer un informe puntual desde dónde va a salir y qué funciones va a cumplir por fuera del territorio. A la llegada tiene que manifestar qué estaba haciendo, partiendo de esa situación tiene que pedir permiso para todas las funciones que ese líder va a hacer en el territorio, principalmente es a las AGC (Clan del Golfo) que predominan en el territorio ya que en cada corregimiento y vereda tienen una persona encargada de recibir informaciones", señaló un vocero de COCCAM.Por otro lado, algunos líderes señalan que, aproximadamente, desde noviembre se ha venido incrementando el accionar de los grupos armados contra algunas organizaciones y comunidades. Cuestionaron el hecho además de que algunos actores armados manifiesten su voluntad de hacer parte de la paz total, pero sigan cometiendo acciones que afectan a la población civil."En el sur de Córdoba las comunidades están desprotegidas porque allí no hay acciones del Estado y ahí lo grave es que quien está reemplazando al Estado son los actores armados. En noviembre planteamos a los grupos armados que si quieren jugarle a la paz total les planteamos unos mínimos humanitarios para desescalar el conflicto en los territorios, sacar a niños y adolescentes, pero nunca recibimos pronunciamiento de ningún actor armado que está en los territorios. Para nosotros es muy complejo que la sociedad civil esté planteando ejercicios que permitan avanzar a la paz y los actores armados nos estén desconociendo", señaló José David Ortega, vocero de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba.Le puede interesar:
En el cementerio San Martín de Aguachica, Cesar, se realizaron exhumaciones en los últimos meses teniendo en cuenta que allí podría haber, al menos, 400 cuerpos de presuntas víctimas de desaparición forzada. Estos cuerpos debían ser trasladados al cementerio central y para eso se le ordenó a la Alcaldía de Aguachica la elaboración del cronograma de labores del traslado, los cuales debían indicar la fecha en la que se realizarían las labores y señalar quiénes iban a constituir el equipo humano idóneo para desarrollar dicha actividad.En un principio y debido a los continuos incumplimientos para garantizar el traslado, la sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP ordenó el arresto por cinco días al alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva; sin embargo, también se realizó una audiencia en la que participó Manosalva y allí se volvió a indagar sobre las acciones que ha tomado su administración para garantizar la protección de los cuerpos.Después de la intervención de las víctimas, otras entidades y de la alcaldía, los magistrados de la sección consideraron que los argumentos no habían sido suficientes para los reiterativos incumplimientos y de esta manera se ordenó, durante la misma diligencia, el arresto del alcalde."Mayor le pediría que conduzca al señor alcalde y nos informe dentro de los tres días siguientes cómo se ejecutó la orden, en qué estación de policía va a ser arrestado, dónde va a cumplir con la sanción y las condiciones de detención que sean obviamente acordes a la dignidad del ser humano, puede retirarlo", le dijo el magistrado Raúl Eduardo Sánchez al mayor Hernán Pérez durante la diligencia.Le puede interesar:
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA) presentó su informe semestral, que comprende el periodo entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2022, incluyendo el marco denominado como el inicio de la paz total.En él hay un capítulo especial denominado ‘Justicia de facto’, es decir, el control social sobre la población civil y cuya dinámica es recurrente en el siguiente orden: ELN, Estado Mayor Central, AGC y Segunda Marquetalia.En regiones como Córdoba, por ejemplo, el Clan del Golfo o AGC limitó el uso de prendas de vestir de color rojo y verde oscuro; también elementos que cubran el rostro como gorras y gafas.En Cauca y Nariño, el Estado Mayor Central exigió a los ciudadanos carta de autorización firmada por el comandante del bloque o frente para ingresar a sus regiones, además de la obligatoriedad de portar carné y pruebas clínicas de enfermedades de transmisión sexual.Además, en regiones de Antioquia, Bolívar, Cauca, Córdoba, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño, Norte de Santander y Putumayo, la movilidad terrestre y fluvial está restringida entre las 6:00 p. m. y las 6:00 a. m. El Estado Mayor Central en algunas zonas ha instalado vayas fijando normas de tránsito, control de velocidad, restricción de casco y de vidrios polarizados.El informe también muestra que en el sur de Córdoba integrantes de los grupos ofrecen dinero por abusar sexualmente de las niñas; los montos varían dependiendo de si las menores de edad han tenido o no relaciones sexuales previamente.Y en el Catatumbo, las personas consumidoras de sustancias ilícitas son obligadas a realizar trabajos de resocialización, lo que implica trabajos forzados no remunerados durante semanas o meses. Para ser liberadas deben comprometerse a no recaer, bajo la amenaza de desplazamiento forzado u homicidio.Lo más paradójico, según el documento, es que las entidades del Estado deben solicitar permiso a los comandantes de frentes para ingresar a las zonas, registrarse y permitir que sus elementos de trabajo con información confidencial sean requisados.En este informe la MAPP/OEA insta a los grupos armados ilegales a sumarse con determinación a la paz total en Colombia y entrega 24 recomendaciones dirigidas a 18 entidades de orden nacional para que se profundice el diálogo con ciudadanía.Le puede interesar:
Varios organismos internacionales, entre ellos la Embajada de la Unión Europea (UE) en Bogotá y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, pidieron este miércoles al Gobierno y al Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC "mantenerse en la búsqueda negociada de la paz".Así lo manifestaron luego de que el lunes el Gobierno suspendiera el cese al fuego con ese grupo por el asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez."Instamos a las partes a mantenerse en la búsqueda negociada de la paz, a pesar de los desafíos que se presentan, y valoramos toda expresión de compromiso en este sentido", dijeron los organismos en un comunicado conjunto.Por ello instaron a reconocer "este momento como una oportunidad para tomar acciones que permitan afianzar el cese al fuego en beneficio de la población en los territorios; fortalecer el funcionamiento de su Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación, incluyendo las garantías para su presencia en el territorio para verificar hechos, y establecer la mesa de diálogo".El documento también fue firmado por la Comisión de Conciliación Nacional de la Conferencia Episcopal de Colombia y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia (Mapp/OEA), así como por las embajadas de Irlanda y Noruega en Bogotá.CRIMEN ATROZEl asesinato de los cuatro menores indígenas por parte del Frente Carolina Ramírez, que motivó la suspensión del cese el fuego bilateral con el EMC, fue perpetrado en Putumayo, departamento limítrofe con Ecuador."Los cuatro jóvenes que habían intentado escapar de la situación de reclutamiento", fueron asesinados "con arma de fuego", indicó la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac).Su fuga de las filas guerrilleras ocurrió el "el día 17 de mayo del 2023 en horas de la tarde", y los cuerpos de "estos jóvenes fueron encontrados en la comunidad El Estrecho", señaló la organización indígena.El múltiple crimen fue condenado el fin de semana por Petro, quien lo definió como "una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario", y se discutió en un consejo de seguridad celebrado este domingo.ASESINATO DEPLORABLELos organismos internacionales deploraron "el asesinato de los jóvenes pertenecientes al pueblo indígena murui–muina, en el departamento de Putumayo"."El respeto a la vida y la integridad de la población civil no es negociable y está por encima de cualquier controversia. Urge que se apliquen las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario y que se respeten los derechos humanos. También es un imperativo mantener en el centro de este proceso de paz la protección de las comunidades, la voz de las víctimas y la búsqueda de la no repetición", agregaron.Por ello ratificaron su disposición para "apoyar y facilitar las vías que permitan reencauzar el proceso para reducir la violencia y proteger las comunidades en los territorios más afectados"."Reafirmamos que, a pesar de los obstáculos y dificultades propias de todo camino que anhela superar la violencia, hoy más que nunca es imperativo mantener y fortalecer las puertas del diálogo y del entendimiento en favor de la paz", concluyeron.Le puede interesar
Nuevamente y tras la decisión del Gobierno nacional de suspender el cese al fuego bilateral con las disidencias de 'Iván Mordisco', el general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, convocó este martes a un "QSO", la reunión en la que habló con todos los comandantes del país para actualizar el panorama.Allí lo escucharon las tropas y socializó los lineamientos que deben seguir en cuanto a la reactivación de operaciones ofensivas contra el grupo ilegal, en especial en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.En la conversación, el general Giraldo instó a sus pares a mantener el liderazgo que se ha visto durante estos últimos meses, insistiendo en que por parte de la Fuerza Pública, no se ha incumplido en ningún momento los decretos de ceses."Hoy como nunca el país exige de cada comandante desplegado en el territorio nacional, sin importar su jerarquía o responsabilidad, que demuestre en su ejercicio del mando y liderazgo: madurez, integridad y que hagan valer las competencias técnicas, tácticas y estratégicas que han ido adquiriendo y apropiando", dijo Giraldo.Sin embargo, también los alertó por las posibles retaliaciones que estén planeando las disidencias: "Por esto es fundamental que todas las unidades militares estén en absoluta alerta, pues se prevé una escalada de ataques a algunas de nuestras unidades; no podemos dar la oportunidad a los delincuentes de generar golpes a la infraestructura crítica del Estado y propiedad privada, como tampoco permitir golpes de opinión al perpetrar ataques contra la población civil y mucho menos contra nuestra unidades militares", aseveró Giraldo.Ante ello, en medio de la conversación, entregó una serie de recomendaciones que buscan que cada comandante y tropa siga al pie de la letra los estipulado en la normatividad y en los decretos del Gobierno nacional sin afectar las operaciones.Una de esas tareas es articular de mejor manera las labores de inteligencia para anticipar cualquier alteración al orden público."Se deberá rediseñar y/o ajustar el dispositivo operacional de las Unidades bajo el enfoque estratégico del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho, para el despliegue de operaciones ofensivas en contra del Estado Mayor Central FARC-EP en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo", pidió el general.Y en medio de esto, se mantendrá la ejecución de órdenes de captura e investigaciones vigentes, en especial contra cabecillas."En relación con el aspecto operacional, es un momento crucial para que las Fuerzas Militares afecten a los cabecillas de estos grupos en dichos departamentos (Objetivos Militares de alta retribución)", dice el documento.En las instrucciones se incluye además trabajar más de la mano con los alcaldes y alertar de inmediato cualquier hecho que involucre a menores de edad, para esto es necesario convocar continuamente a consejos de seguridad en los que se revisen las medidas que buscan proteger a la población civil.El general, al cierre, manifestó el compromiso de todas las Fuerzas Militares para seguir acatando los ceses al fuego bilateral que sigan vigentes y pidió a las tropas seguir aportando en la construcción de la paz."Enfrentamos una época que, si bien es compleja, también nos ofrece una oportunidad que se convierte en un desafío. El cambio y las crisis también son oportunidades, pero además hacen parte del diario vivir en toda organización e institución. Por ello debemos estar a la altura de estos tiempos generando confianza a la sociedad por nuestra efectividad y legitimidad; pero además por la forma en que hacemos las cosas y la manera efectiva de comunicarlas", enfatizó.Le puede interesar