El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
En medio de las graves afectaciones que deja la ola invernal en Montería, la Procuraduría anunció la apertura de una intervención preventiva para vigilar la respuesta institucional y garantizar la adecuada atención a las comunidades damnificadas.La decisión se conoce mientras distintos sectores ribereños y zonas vulnerables del municipio reportan inundaciones, pérdida de enseres, afectaciones en la malla vial y fallas en algunos servicios públicos, producto del aumento en los niveles de los tres afluentes que rodean la ciudad y que generaron la emergencia.El Ministerio Público solicitó formalmente a la Alcaldía de Montería, a la Gobernación de Córdoba y a los organismos de gestión del riesgo, un informe detallado sobre las acciones adelantadas para mitigar el impacto de las lluvias. Entre los requerimientos están la activación del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, el censo actualizado de familias damnificadas y la disponibilidad real de ayudas humanitarias.Además, pidió claridad sobre los planes de contingencia frente a nuevas y eventuales crecientes de los ríos, así como las medidas preventivas adoptadas en instituciones educativas y centros de salud, con el fin de evitar mayores riesgos para la población.El ente de control hizo un llamado especial a priorizar la atención integral a niños, adultos mayores y personas en condición de discapacidad, garantizando condiciones dignas en albergues temporales, acceso oportuno a agua potable y servicios médicos.La Procuraduría reiteró que mantendrá vigilancia permanente sobre la ejecución de los recursos destinados a atender la emergencia y recordó a las entidades territoriales su deber constitucional de actuar con celeridad, transparencia y coordinación institucional.Finalmente, el organismo invitó a la ciudadanía a reportar posibles irregularidades en la entrega de ayudas o fallas en la atención a través de los canales oficiales, como parte del control social frente a la emergencia que atraviesa Montería.
Una nueva tragedia vial sacudió la madrugada de este viernes a los habitantes del norte de Bogotá, luego de que un aparatoso accidente de tránsito cobrara la vida de una madre y su hija en la Autopista Norte, a la altura de la calle 244, en sentido sur–norte, en la vía que conduce hacia el municipio de Chía, Cundinamarca.Según el reporte oficial de la Policía de Tránsito, el siniestro ocurrió hacia las 11:40 de la noche, cuando un vehículo de alta gama, conducido por un joven de aproximadamente 20 años, se desplazaba a gran velocidad hacia el peaje de La Sabana. En ese momento, el conductor habría intentado adelantar por el costado derecho a un bus intermunicipal de la empresa Copetran, sin percatarse de que un camión ingresaba a una estación de servicio ubicada en ese punto.La maniobra terminó en una violenta colisión contra el camión, que a su vez hizo que el automóvil rebotara contra el bus y finalmente impactara al vehículo en el que se movilizaban dos mujeres, madre e hija. El choque fue tan fuerte que terminó lanzando uno de los carros hacia la zanja del separador vial, generando escenas de caos y pánico entre los pasajeros y conductores que transitaban por la zona.La identidad de las víctimas del grave accidenteLos organismos de emergencia llegaron casi de inmediato. Personal de la Concesión Norte logró rescatar con vida a una mujer de 72 años que había quedado atrapada en la parte trasera del vehículo, y fue trasladada en ambulancia hasta la Clínica Sabana. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció hacia las 3:40 de la madrugada. En el lugar del accidente, los socorristas confirmaron la muerte de la conductora, una mujer de 35 años, identificada como Edna Rodríguez. Su madre, Rosario Rodríguez, fue la segunda víctima fatal de esta tragedia.Testigos señalaron que el joven conductor del vehículo de alta gama resultó ileso y que, al parecer, transitaba a exceso de velocidad cuando intentó realizar el adelantamiento. La Policía de Tránsito confirmó que se revisan las cámaras de seguridad del corredor vial para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar posibles responsabilidades.Entre tanto, unidades de criminalística realizaron la inspección técnica a los vehículos involucrados y al lugar de los hechos, lo que obligó al cierre parcial de la Autopista Norte hasta cerca de las 4:05 de la madrugada, generando congestión en uno de los principales corredores de salida de Bogotá.Las autoridades reiteraron el llamado a respetar los límites de velocidad y a conducir con precaución, especialmente en horarios nocturnos, cuando la visibilidad disminuye y los riesgos aumentan.
A esta hora hay caos vehicular en una de las arterias viales más importantes de la ciudad. Una masiva manifestación adelantada por el gremio de recicladores ha provocado un bloqueo total en la calle 26, impidiendo el tránsito hacia el aeropuerto internacional El Dorado. La situación afecta tanto a los carriles para vehículos particulares como a la calzada exclusiva del sistema Transmilenio.Impacto en la movilidad y el transporte masivoEl epicentro de la protesta se ubicó inicialmente a la altura de la carrera 43, frente a la Hemeroteca de la Universidad Nacional. Desde ese punto, el grupo de manifestantes inició un "plan tortuga" que ha colapsado el sentido Oriente-Occidente de la vía. La magnitud del bloqueo es tal que el sistema Transmilenio ha dejado de funcionar en este sector, obligando a cientos de pasajeros a abandonar los buses y continuar su trayecto a pie, cargando maletas para intentar llegar a tiempo a sus vuelos.Los camiones de los recicladores permanecen parqueados sobre la vía, lo que ha generado una tensión entre el derecho a la protesta y el derecho a la libre movilidad de los ciudadanos que se dirigen hacia la terminal aérea.Las exigencias del gremio al Gobierno NacionalJonathan Rodríguez, uno de los líderes de la manifestación, explicó en Mañanas Blu, que el motivo principal de la movilización es el descontento con el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Según los manifestantes, el gobierno nacional está desconociendo la legitimidad de la Mesa Nacional de Recicladores.La petición del gremio es clara: exigen respeto por su labor y que no se realicen acuerdos "por debajo de la mesa" que puedan afectar sus intereses. Rodríguez enfatizó que buscan garantías para su gremio y que la mesa nacional sea un espacio inclusivo para todos los recicladores del país, rechazando cualquier negociación que se perciba como poco transparente.
La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, relató en entrevista con Mañanas Blu los detalles de su salida anticipada del evento de entrega de 1.700 títulos de propiedad rural en Chaparral, encabezado por el presidente Gustavo Petro.La jornada, que inicialmente estaba destinada a celebrar la formalización de tierras para campesinos del sur del Tolima, terminó marcada por la controversia política. La mandataria departamental aseguró que decidió retirarse tras no recibir espacio para intervenir y sentirse “totalmente ignorada” por parte del Gobierno Nacional.Un acto histórico que terminó en polémicaEl evento, organizado por la Agencia Nacional de Tierras (ANT), tenía como objetivo formalizar 1.700 predios rurales, una acción que, según la gobernadora, representa “un avance muy importante” para el campesinado.“Que un campesino sea dueño de la tierra que ha trabajado durante tantos años dignifica su vida, le da seguridad jurídica y le abre puertas enormes a nuevas oportunidades”, afirmó Matiz durante la entrevista.La mandataria explicó que asistió al acto precisamente para reconocer ese esfuerzo institucional y reiterar la necesidad de convertir la entrega de títulos en un punto de partida para el desarrollo productivo del sur del departamento. Sin embargo, señaló que la organización del evento y el trato recibido la llevaron a tomar la decisión de retirarse.“Si la voz institucional no es bienvenida, no tenía nada que hacer allí”Matiz relató que, tras las intervenciones de miembros de la comunidad, el director de la ANT y la ministra presente, se anunció la intervención del presidente sin que ni ella ni el alcalde de Chaparral fueran llamados a participar.“Si la gobernadora y el alcalde no tenían espacio para participar, si la voz institucional del departamento no era bienvenida en la conversación, entonces personalmente tomé la decisión de retirarme”, expresó.Según su versión, se acercó primero a la ministra para despedirse “de manera amable y correcta” y luego al presidente Petro, a quien le dijo: “Señor presidente, me voy a retirar del evento”. Aseguró que no recibió respuesta.La gobernadora también denunció que durante el evento hubo silbidos en su contra y que tanto su gabinete como su equipo enfrentaron dificultades para ubicarse en el recinto.“No somos enemigos”Uno de los puntos que la mandataria quiso dejar claros es que sus diferencias con el presidente Petro no obedecen a enemistades personales ni políticas irreconciliables. “Quiero responderle a usted aquí de frente, mirándolo a los ojos y sin ambigüedades: no somos enemigos y no tenemos por qué ser enemigos”, relató al recordar el diálogo que sostuvo con un asistente que le preguntó si era “enemiga de Petro”.Matiz enfatizó que las diferencias ideológicas son legítimas en democracia, pero que no deben convertirse en odio. “Jamás esas diferencias pueden convertirse en odio, porque no sería edificante ni ejemplarizante”, subrayó.Defensa de la dignidad del TolimaLa polémica creció tras un mensaje publicado por la gobernadora en su cuenta de X, donde cuestionó lo sucedido en el acto. En la entrevista explicó que escribió ese mensaje porque sintió una “humillación muy grande”.Matiz añadió que su intención era proponer al presidente una agenda conjunta para el desarrollo del sur del Tolima, incluyendo la culminación del corredor vial y estrategias productivas que complementen la entrega de tierras. “Yo le iba a decir al presidente: pasemos del Pacto de Chicoral al Acuerdo de Chaparral y pongámonos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo por este sur del Tolima”, afirmó.Inversiones en educación y salud en el sur del TolimaLa gobernadora también destacó las inversiones que adelanta el departamento en la región, entre ellas la construcción del Hospital Regional del Sur en Chaparral, con una inversión superior a los 85 mil millones de pesos.Asimismo, reconoció la inversión del Gobierno Nacional en una sede de la Universidad del Tolima en Chaparral, cercana a los 30 mil millones de pesos, y aseguró que desde la administración departamental se han destinado más de 89 mil millones en educación superior, entre gratuidad, transferencias e infraestructura.Seguridad y minería ilegal: otro frente críticoEn la entrevista, la mandataria también abordó la situación de seguridad en el sur del Tolima, marcada por el aumento de la minería ilegal y la presencia de disidencias de las FARC.Denunció que en el municipio de Ataco operan cerca de 300 máquinas extrayendo oro, con la llegada de más de 3.000 personas provenientes de otros departamentos. Según indicó, parte de los recursos derivados de esta actividad estarían financiando estructuras armadas ilegales.“Tenemos un problema gravísimo con algunos disidentes de las FARC que se encuentran allí en el sur del Tolima”, advirtió. Matiz informó que solicitó un consejo de seguridad extraordinario con el ministro de Defensa y que se declaró como objetivo de alto valor a alias “Capotillo”, señalado de amenazarla.Un llamado a la articulación institucionalFinalmente, la gobernadora insistió en que el país necesita articulación entre el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales. “El ejercicio del poder público tiene que ser un ejemplo de madurez, de respeto, de construcción. Al presidente le corresponde el país; a nosotros nos corresponde el Tolima”, concluyó.
Viajar solo sigue ganando adeptos en todo el mundo y, de cara a 2026, un listado elaborado a partir de millones de valoraciones de viajeros destaca 15 ciudades y regiones ideales para recorrer sin compañía. El reconocimiento corresponde a los Travelers’ Choice Awards Best of the Best, de Tripadvisor, que distinguen a los destinos con un volumen sobresaliente de opiniones positivas durante un periodo de 12 meses, situándolos entre el 1 % mejor valorado de más de ocho millones de perfiles en la plataforma.¿Cuáles son las mejores ciudades para viajar solo?Dublín, Irlanda: La capital irlandesa combina tradición literaria, espacios verdes y actividades para hacer solo. Desde paseos por St. Stephen’s Green o Phoenix Park hasta visitas al zoológico, la ciudad ofrece alternativas culturales y de ocio. También es un punto de referencia para quienes siguen la obra de escritores como Yeats y Joyce, además de contar con tiendas de diseño y propuestas gastronómicas locales.Berlín, Alemania: La capital alemana destaca por su identidad contemporánea y su peso histórico. Los restos del Muro de Berlín y el arte urbano que hoy lo cubre conviven con símbolos como el reloj mundial de Alexanderplatz. Restaurantes históricos, entre ellos Zur Letzten Instanz —activo desde el siglo XVI—, forman parte del recorrido urbano.Londres, Reino Unido: La ciudad reúne barrios con identidades marcadas, como Shoreditch, Camden y Portobello Road. Entre palacios, museos, restaurantes con estrella Michelin y pubs tradicionales, la oferta es amplia. Sus calles adoquinadas y monumentos emblemáticos consolidan a la capital británica como un destino versátil.Santiago, Chile: La capital chilena combina historia y modernidad. En barrios como Bellavista se concentran cafés y vida nocturna, mientras que el Parque Forestal alberga espacios culturales. La arquitectura abarca desde iglesias del siglo XVI hasta torres contemporáneas, con centros comerciales y gastronomía local que completan la experiencia.Edimburgo, Reino Unido: Reconocida por su patrimonio y festivales, la capital escocesa integra la Ciudad Vieja y la Ciudad Nueva —ambas Patrimonio de la Humanidad— junto a museos y galerías. Durante el verano y el invierno se celebran eventos culturales que forman parte de su identidad anual.Nueva York, Estados Unidos: Entre los principales atractivos figuran el Empire State Building, la Estatua de la Libertad y Central Park. Museos como el Metropolitan Museum of Art y espacios menos transitados como The Cloisters amplían la oferta. Mercados, bibliotecas y barrios icónicos completan la experiencia urbana.Hanói, Vietnam: La capital vietnamita conserva su Barrio Antiguo, monumentos históricos y arquitectura colonial, junto a desarrollos modernos. Lugares como el Mausoleo de Ho Chi Minh y la prisión Hoa Lo reflejan su pasado. Más de 600 templos y pagodas, además de lagos y bulevares arbolados, forman parte del paisaje.Madrid, España: Edificios de estilo monumental, como el Palacio Real o el Ayuntamiento, caracterizan la capital española. Desde la Puerta del Sol hasta el Parque del Retiro, el recorrido incluye museos y plazas emblemáticas. La gastronomía, con platos tradicionales como la paella, acompaña la experiencia cultural.Bali, Indonesia: La isla ofrece playas de arena blanca, arrecifes de coral y vestigios de la Segunda Guerra Mundial bajo el mar. En tierra firme, templos de piedra y selvas tropicales marcan el entorno. Ubud concentra actividades culturales, talleres artesanales y prácticas de bienestar.Ciudad del Cabo (centro), Sudáfrica Ubicada en el extremo sur del continente africano, combina playas como Blaauwberg con jardines botánicos como Kirstenbosch. La Reserva Natural del Cabo de Buena Esperanza suma rutas de senderismo y vistas panorámicas. Robben Island, antigua prisión de Nelson Mandela, también integra el circuito histórico.Ámsterdam, Países Bajos Canales, casas coloridas y puentes definen la capital neerlandesa. Entre los puntos destacados están la Casa de Ana Frank, el Museo Van Gogh y el mercado flotante de flores. La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados por residentes y visitantes.Cusco, Perú: La ciudad andina combina herencia inca y arquitectura colonial. El Qoriacancha y la iglesia de Santo Domingo evidencian esta superposición histórica. Festividades, textiles tradicionales y vestigios arqueológicos forman parte de su oferta cultural.Dubái, Emiratos Árabes Unidos: Rascacielos como el Burj Khalifa y espacios culturales como la Ópera de Dubái representan su perfil moderno. Los zocos de oro, especias y textiles contrastan con parques temáticos y experiencias en el desierto, como paseos en globo aerostático.Córcega, Francia: La isla francesa combina ambiente relajado y paisajes montañosos. Bastia es uno de sus principales puertos, mientras que rutas ferroviarias atraviesan pueblos rurales hasta llegar a la costa. Senderos como el GR 20 atraen a aficionados al excursionismo.Lisboa, Portugal: La capital portuguesa alberga museos como el Marítimo y la Casa-Museu Dr. Anastácio Gonçalves. Monumentos como el Padrão dos Descobrimentos, el Monasterio de los Jerónimos y la Torre de Belém —Patrimonio de la Humanidad— forman parte de sus principales atractivos arquitectónicos.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Luego de dos audiencias en la JEP, las víctimas en Antioquia quedaron inconformes con las versiones del general en retiro Mario Montoya que negó responsabilidades en falsos positivos y exigieron nuevamente su exclusión de la JEP.Fueron dos días de audiencias en la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín, donde la magistrada de la JEP, Catalina Díaz, y dos magistrados auxiliares hicieron preguntas sobre los señalamientos en su contra al general en retiro Montoya, quien hizo su versión libre sobre 240 casos de falsos positivos durante su comandancia en la Cuarta Brigada del Ejército.Sin embargo, la versión entregada por el general (r) Mario Montoya no dejó del todo satisfechas a las víctimas; por esta razón, se realizará un audiencia el 27 y 28 de mayo en donde ellas podrán pronunciarse sobre sus demandas de verdad y responsabilidad en las versiones entregadas por él y otros uniformados que estuvieron implicados en casos de falsos positivos en Antioquia. Serán 100 víctimas acreditas las que asistirán a esta audiencia del general (r) Mario Montoya, pero solamente serán 15 las que se pronunciarán públicamente sobre los aportes a la verdad entregados por los comparecientes que hicieron parte de las unidades que presentaron el mayor volumen de victimización para la época de los hechos priorizado.Los uniformados que cumplieron órdenes del general (r) Mario Montoya en Antioquia, dice la JEP, pertenecieron al grupo de caballería mecanizado no.4 'Juan del Corral'; la agrupación de fuerzas especiales urbanas No.5; batallón de artillería No.4 'coronel Jorge Eduardo Sánchez Restrepo'; el batallón de Infantería No.32 'general Pedro Justo Berrío'; el batallón de Infantería No.10 'coronel Atanasio Girardot' y el batallón de Ingenieros de Combate No. 4 'general Pedro Nel Ospina'.Cabe recordar que el general (r) Mario Montoya Uribe rindió su versión ante la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el 12 y 13 de febrero de 2020 en donde habló de los hechos ocurridos durante su comandancia en el Ejército Nacional. La segunda vez que declaró fue el 29 y 30 de septiembre, de 2022, y, allí, se le llamó a rendir versión por hechos ocurridos durante su comandancia de la IV Brigada.A su vez, hay que recordar que para garantizar verdad plena a las víctimas del macrocaso 003, asesinatos y desapariciones forzadas, presentados como bajas en combate por agentes del Estado en Antioquia, la Procuraduría solicitó a la JEP que antes de considerar la expulsión del general Mario Montoya de la justicia transicional, profundice sobre su participación en los hechos ocurridos mientras era comandante en el Comando Conjunto del Caribe y del Ejército Nacional.Le puede interesar
Uno delos ejes fundamentales del Gobierno de Gustavo Petro es la llamada paz total con la que busca que las estructurales criminales se sometan, pero las acciones de estos grupos criminales distan mucho de esa iniciativa. Los problemas de orden público cada día son más preocupantes y desde varios sectores políticos y sociales cuestionan la labor del alto comisionado de Paz, Danilo Rueda, y hasta piden su cabeza.Son cinco grupos criminales con los que el Gobierno busca la paz, pero solo dos siguen en el proceso. El comisionado de paz respondió ante las críticas que ha recibido por su comunicación tan cordial con alias 'Iván Mordisco' luego de conocerse el asesinato de cuatro menores que fueron reclutados y luego asesinados cuando intentaron huir.En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga, se habló de cómo va este proceso y de la crisis que afronta la paz total.María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz, se refirió a los cuestionamientos a la labor del comisionado de Paz, Danilo Rueda.“Un proceso de paz con un solo grupo requiere unas capacidades gigantescas que no están ahí y mayores claridades alrededor de los instrumentos que se están utilizando. Pareciera que el señor comisionado (de Paz) va por un lado y el señor presidente de la República va por otro lado”, indicó.Por su lado, Camilo González Posso, director de Indepaz, indicó que como partícipe de los procesos de paz que se han llevado en Colombia, es testigo de los diferentes planteamientos simultáneos que se hacen en estas negociaciones.“En todos los gobiernos, yo he participado en todos los procesos de conversaciones que se han dado en Colombia, se han realizado conversaciones simultáneas con diferentes grupos y se han intentado trabajos”, señaló Posso.Finalmente, Víctor G. Ricardo, excomisionado de Paz, indicó que en vez de usar el término de paz total, él hablaría de una paz integral para vincular también la comunidad.
En un comunicado conocido este martes, 23 de mayo, las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ asumen la responsabilidad por el asesinato de tres jóvenes indígenas en Putumayo.Este grupo ilegal asegura que las víctimas no fueron reclutadas de manera forzada, sino que lo hicieron de manera voluntaria y que contaban con la edad “que exige el derecho internacional humanitario para el reclutamiento de combatientes”.Pese a la gravedad de lo admitido, según las disidencias, el asesinato de los menores de edad se da porque "violaron los estatutos" al infiltrarse en sus filas para “cometer delitos graves como ubicación de campamentos, comandantes y otras operaciones de inteligencia”.No obstante, el autodenominado Estado Mayor Central de las Farc indicó que, además de asumir la responsabilidad por este múltiple crimen, también se comprometió a reparar a las comunidades indígenas afectadas y a delegar la comisión de paz de esta guerrilla para que atienda las comunidades indígenas del Amazonas.Reiteraron que mantienen su “férreo compromiso de lucha por la paz” e invitan a los colombianos a rodear el proceso de diálogo con el Gobierno nacional. Previo a ese anuncio, las disidencias aseguraron que ellos no son responsables de las acciones armadas en Meta y Caquetá que originaron el desplazamiento de personas en esos territorios y que tampoco están detrás de las extorsiones.Por eso insisten en que es importante para el proceso que se instalen mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación para confirmar las informaciones que salen de los territorios.Le puede interesar
El 1 de enero, el Gobierno nacional empezó un cese al fuego bilateral con cinco grupos armados en el país, en medio del proceso de acercamiento y diálogo que se adelanta con esta estas estructuras. El ELN señaló que nunca se pactó este cese, el del Clan del Golfo se suspendió por algunas acciones armadas que se registraron en el Bajo Cauca antioqueño y en las últimas horas quedó suspendido el cese con las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’, pues asesinaron a cuatro menores que habían sido reclutados e intentaron escapar del grupo.Ante esto, la Iglesia católica ha estado acompañando los procesos de diálogos y acercamientos con distintas estructuras, urbanas y rurales y aseguran que sienten preocupación tras la suspensión del cese, debido a la situación que se vive en algunos territorios y el temor que han manifestado algunas comunidades."Desde la Iglesia recibimos con profunda preocupación la suspensión al cese al fuego por la necesidad sentida que hay en la Colombia profunda de comunidades confinadas y las que hay en profundo control territorial, sin duda alguna suspender el cese al fuego va a deteriorar la confianza y credibilidad que pueda haber en procesos de paz y acercamientos. La Iglesia pide que se mantenga el cese al fuego, que se mantengan las treguas progresivas, se genere confianza y se entienda que toda esta lucha ha traído males mayores a los que se intenta resolver" señaló el padre Rafael Castillo, director del secretariado nacional de Pastoral Social, Caritas Colombia.La Conferencia Episcopal también publicó un comunicado en el cual rechazan la masacre de los cuatro menores en el Putumayo, aseguran que la muerte no puede utilizarse para lograr "mezquinos intereses particulares", rechazando además el reclutamiento de menores."La práctica escandalosa y cruel de reclutar menores y usarlos para la guerra, tan frecuente por parte de diversos actores armados, indica el alto nivel de degradación del conflicto en el país. El Estado colombiano debe velar por la protección de niños, niñas y adolescentes, saldando la deuda histórica que ha tenido con ellos y, que, en consecuencia, ha aumentado el riesgo frente a la atroz inhumanidad de muchos actores ilegales", señaló la institución religiosa.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
El Gobierno suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, después de que se conociera que este grupo asesinó a cuatro menores que habían sido reclutados el pasado mes de marzo e intentaron escapar de las filas de la guerrilla. Las disidencias respondieron asegurando que esta decisión llevaría a más violencia y más muertes en los territorios y que, aunque el cese se suspendió solo en algunos departamentos en la práctica ya había acabado, pues en estas zonas es donde hay más presencia del grupo.El Ejecutivo igual insiste en que se debe instalar una mesa de diálogos con las disidencias lo antes posible, allí se abordaría el tema del cese al fuego bilateral y de hostilidades. Los diálogos van a realizarse en Colombia, sin despeje con la participación de las comunidades afectadas por la violencia y las instituciones del estado. A la mesa se llevaría el tema de la masacre de los menores, pero se abordaría además el reclutamiento por parte de este grupo, según dijo el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda."Además de ese tema, porque no hay temas vedados, lo que sí creo que vamos a lograr son gestos y manifestaciones claras en relación con los niños que puedan estar en las filas de este movimiento armado, es decir, que puedan recobrar su libertad y que podamos abordar de fondo estas situaciones. Colombia es un bello país con una desigualdad profunda que ha propiciado que los niños en muchas ocasiones no tengan más que una opción que es vincularse a las armas, en muchas ocasiones el único destino que tienen es que el grupo armado que está allí se convierta forzosamente en la única posibilidad de sobrevivencia", señaló Rueda en la emisora de la Presidencia.Por último, aseguró que pese a la crisis y los obstáculos por los que pasa el proceso se debe persistir en la búsqueda de la paz y que en este momento con apoyo de la comunidad internacional se está buscando impulsar el inicio de los diálogos.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio:
Líderes sociales del bajo Putumayo manifiestan que las comunidades campesinas e indígenas se encuentra muy preocupadas por el levantamiento del cese bilateral al fuego con el grupo Carolina Ramírez, de las disidencias de las Farc, anunciado por el presidente Gustavo Petro.Los líderes manifiestan que le solicitan al Gobierno garantías para acceder al derecho internacional humanitario: “Estamos pidiendo garantías de vida, estamos pidiendo estabilidad y justicia social en los territorios. Estamos exigiendo al Gobierno nacional que instale mecanismos de mínimos humanitarios que nos garantice la vida en el territorio, a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”, aseguró Yuri Quintero, vocera de la Red de Derechos Humanos de Putumayo.También insistieron para que la comunidad internacional rodee a las comunidades campesinas y vulnerables en este momento de desconcierto, por la suspensión del cese al fuego.El Gobierno departamental avanza en diferentes consejos de seguridad luego de la masacre de los menores de edad ocurrido en Puerto Leguízamo, para definir las medidas de seguridad que se llevarán a cabo en esta zona del país.Gobierno suspende cese al fuego con disidencia de Farc por asesinato de menoresEl Gobierno suspendió de manera parcial el cese el fuego bilateral con el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc, luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez, que hace parte de ese grupo.Como "un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz" definió este lunes el Gobierno en un comunicado la matanza de los cuatro jóvenes, que fue denunciada el pasado sábado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac)."En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas", señaló el Gobierno en el comunicado en el que añadió que esta medida "se hará efectiva en las próximas 72 horas".Puede ver: