El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La economía circular sigue ganando terreno en Colombia. Según la cuenta satélite del Dane, esta actividad representó el 1,53 % del PIB al cierre de 2024, una cifra que confirma su creciente peso en la estructura productiva del país. Dentro de este ecosistema, la industria manufacturera aporta el 8,10 % del valor agregado circular, impulsada por empresas que han decidido integrar la sostenibilidad en toda la cadena, desde el diseño hasta la logística. En ese tránsito, el cuidado del agua se perfila como uno de los ejes más estratégicos.El sector textil, uno de los más dinámicos en materia exportadora, es responsable del 10 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero y del 4 % del consumo mundial de agua dulce. En Colombia, la Fundación Ellen MacArthur estima que migrar de un modelo lineal a uno circular en la moda podría generar beneficios económicos por 500.000 millones de dólares, una cifra que revela que la sostenibilidad no solo es ambientalmente necesaria, sino financieramente atractiva.Leidy Grisales, CEO de Entallarte, explica que la transformación del sector se apoya en tres pilares técnicos: la optimización inteligente de trazos para reducir desperdicios de tela, el uso de nylon proveniente de plásticos reutilizados y un sistema integral de gestión hídrica. Este último permite tratar y potabilizar el agua antes de devolverla al entorno, garantizando que la operación industrial no comprometa los recursos naturales.El impacto ambiental también se reduce dentro de la planta. La incorporación de tecnología de última generación ha permitido optimizar las relaciones de baño en los procesos de tintura, disminuyendo progresivamente el consumo de agua potable. A esto se suma un sistema de reciclaje hídrico que mantiene la misma carga de agua en producción durante meses mediante ciclos de tratamiento continuo.No obstante, la transición hacia una industria completamente circular depende de la capacidad de inversión de las compañías. Grisales advierte que es viable que todo el sector migre a este modelo, siempre que existan presupuestos destinados a la adquisición y transformación de materiales reciclados.
El Banco de la República se pronunció frente al nuevo decreto económico anunciado por el Gobierno nacional, que ya avanza como proyecto y que podría convertirse en realidad. Aunque la entidad reiteró su carácter técnico, apolítica e independiente frente a las decisiones del Gobierno, dejó claro que existe inquietud por el rumbo actual de las finanzas públicas del país.“Lo que sí nos importa a nosotros es que haya un balance entre ingresos y gastos fiscales. Personalmente siento que no se está logrando en muchos años. Hoy en día Colombia está gastando a un ritmo bastante acelerado y no está recaudando al ritmo que se requiere”, mencionó Mauricio Villamizar, codirector del Banco de la República.Villamizar también advirtió que actualmente no se está alcanzando un balance adecuado entre los ingresos y los gastos del Estado. “Estamos casi como en modo pandemia sin estar en una pandemia”, afirmó el directivo, al comparar la coyuntura actual con el periodo de emergencia sanitaria que se vivió años atrás, cuando el Gobierno debió expandir de manera significativa el gasto para enfrentar la crisis.Además, señalaron que uno de los principales riesgos se presenta cuando la política fiscal, es decir, las decisiones relacionadas con el gasto público y los impuestos, no está alineada con la política monetaria que dirige el Banco. En ese escenario, advirtieron, la autoridad monetaria se ve obligada a intervenir para compensar los desequilibrios.El codirector del Banco de la República recordó que su mandato es actuar de manera contra cíclica, es decir, enfriar la economía cuando hay presiones inflacionarias o estimularla en momentos de desaceleración, con el fin de mantener la estabilidad económica en el país. Sin embargo, subrayó que esa tarea se vuelve más compleja cuando no hay coherencia entre las decisiones fiscales y monetarias.El pronunciamiento se da en un momento clave para la política económica del país, en el que el Gobierno busca obtener recursos para atender las emergencias de las lluvias atípicas en el país, que ha dejado grandes afectaciones especialmente en el departamento de Córdoba.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
Llegaron los días más esperados del año para los barranquilleros, cuando los tambores suenan y los colores en la vestimenta toman vigencia por el inicio de las fiestas del Carnaval. La temporada festiva de este 2026 promete un movimiento económico por más de $840.000 millones, lo que se asocia con la generación de 193.000 empleos directos e indirectos. Solo para el caso de logística, por ejemplo, se requirió 3800 personas para acompañar la realización de diferentes eventos. Para el caso de este jueves 12 de febrero, se tienen previstos tres eventos. Para las 6:00 de la tarde se espera la realización de la Noche del río- Baila la Calle, en el par vial de la carrera 50. A esa misma hora será realizado el Gran desfile del carnaval del sur oriente “La noche dle Bordillo” en la carrera 21 con calle 26. Posteriormente, a las 7:00 de la noche, iniciara la Ruta de la Tradición donde se vivirá un gran show cultural que exalta la esencia del Sentir Caribe en el que participarán 16 grupo de danzas en la concha acústica de la banda de Baranoa. Como consecuencia de los eventos que se vienen, la Alcaldía de Barranquilla amplió los permisos para los eventos, para lo que las fiestas podrán realizarse hasta las 4:00 de la mañana, dos horas más de lo habitual. En estos espacios, los organizadores por la integridad del espacio y las personas, según indica la Alcaldía, para lo que también establecieron que está “prohibido portar armas neumáticas, de fogueo, elementos cortopunzantes, sustancias peligrosas o aerosoles de pimienta”.
“La tarifa no se infla: se respeta”, es la frase con la que el Área Metropolitana de Barranquilla espera ponerle freno a los abusos reportados en las tarifas de los taxis en Barranquilla, sobretodo en los próximos días de Carnaval, debido a las denuncias de usuarios que alegan cobros de valores duplicados a los están acostumbrados a pagar.Blu Radio conoció denuncias de personas que por un trayecto desde el Parque Washington, norte de Barranquilla, hasta el estadero La Troja, siendo una distancia de requerida de entre dos a tres kilómetros, tuvieron que pagar $35.000 cuando en un día normal suelen transferir solo $12.000.Por esto, el subgerente de la AMB, Gustavo Santos, pide que se respeten los costos mínimos establecidos, pues su desobediencia traería sanciones tanto para el conductor como para la empresa a la que está afiliado su vehículo.“Desde el Área Metropolitana de Barranquilla, en nuestra condición de autoridad de transporte público en nuestra jurisdicción, hacemos un llamado a todo el gremio del transporte público individual a cumplir las resoluciones metropolitanas que fijan las tarifas para este servicio público. De igual manera, hacemos toda la invitación para que los usuarios de este servicio público de taxi presenten cualquier tipo de quejas por el abuso que llegue a presentar este servicio los conductores del transporte público individual”, dijo a Blu Radio.Desde la agremiación de taxistas Asotax, manifestó su representante Orlinson Villa, que lastimosamente esta es una práctica de solo un grupo que afecta la reputación de todos los conductores. Por eso, piden una vez más la instalación de un taxímetro para que no haya lugar a más abusos.“El llamado no solamente es para los taxistas nada más sino para las autoridades locales para que de una vez por todas coloquen el taxímetro que necesitamos. Así no habrá que estar interactuando con el usuario para colocar el valor de la carrera. Se necesita un control para que no existan este tipo de abusos”, agregó.Para Villa no hay necesidad de cobros excesivos durante los Carnavales, pues solo para sábado y domingo suele presentarse un aumento del 300% en la demanda con respecto a lo que es un fin de semana normal.Los interesados en reportar sus quejas o reclamos ante cobros excesivos, pueden realizarlo en este link:https://sgda.ambq.gov.co/AMB.Correspondencia.Web/PQRSD/Radicado
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Luego del anuncio de la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central de las Farc-EP, disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, Blu Radio consultó con diferentes expertos para conocer cuáles son esos motivos que llevaron a que del decreto que firmó el presidente Gustavo Petro, en diciembre del 2022, y que se trataba del cese al fuego con cinco grupos criminales, hoy solamente queden vigentes los ceses con dos estructuras armadas.“Los ceses al fuego anunciados por el presidente Gustavo Petro no han funcionado básicamente porque son estructuras criminales, conformadas por distintos grupos delincuenciales, donde no existe una unidad de mando y donde efectivamente a los acuerdos que se lleguen no se van a cumplir”, aseguró Hugo Acero, experto en seguridad.Para el abogado y experto en seguridad Juan Manuel Castellanos, el más reciente cese al fuego con las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’ jamás existió.“Tenemos que ser claros en señalar que el cese fuego al parecer solo ha operado para nuestras Fuerzas Militares, las disidencias de ‘Iván Mordisco’ nunca han dejado de extorsionar, de asesinar, o dejar de lado sus actividades delincuenciales”, opinó Castellanos.Por su parte, Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen organizado, aseguró que se deberán reforzar las operaciones militares luego de suspender estos ceses al fuego: “Tiene que prevalecer la superioridad militar del Estado, pero también que se fortalezcan los mecanismos de protección efectiva de la población civil, ya que es muy probable que se incrementen las acciones contra la fuerza pública, a través de ataques con explosivos”.Cabe recordar que tanto el Gobierno nacional como las disidencias de ‘Iván Mordisco’ aseguran que se avanzará hacia un proceso de diálogo, teniendo en cuenta que ya se había anunciado que se instalaría una mesa para empezar un proceso de paz de carácter político.Puede ver: Panorama de violencia en el país
Los pueblos indígenas de Colombia alertaron este lunes de que la suspensión del cese el fuego bilateral entre el Gobierno y el Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las Farc, aumentará la violencia contra sus comunidades."Con la declaratoria de (suspensión del) cese al fuego bilateral será evidente el aumento desproporcionado de hechos victimizantes en contra de las comunidades indígenas al estar en contacto directo con este tipo de confrontaciones armadas", dijo la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (Opiac) en un comunicado.El Gobierno nacional informó que suspendió en cuatro departamentos el cese el fuego bilateral con el EMC luego del asesinato el pasado fin de semana de cuatro indígenas menores de edad que intentaron escapar tras ser reclutados a la fuerza por el Frente Carolina Ramírez."En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas", señaló el Gobierno en el comunicado en el que añadió que esta medida "se hará efectiva en las próximas 72 horas".A esa decisión el EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", respondió al Gobierno que "el rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, heridos y prisioneros, contrario a una política de paz total".En ese contexto, la Opiac hizo un llamado "bilateral al respeto por la vida e integridad personal y colectiva de nuestros 64 pueblos indígenas y sus estructuras organizativas que se encuentran en el territorio amazónico", una de las áreas de operación de las disidencias de las FARC.Igualmente denunciaron que incluso con el cese el fuego bilateral, que comenzó el pasado 1 de enero, con una duración de seis meses, ellos sufren diariamente "todo tipo de hechos victimizantes como desplazamientos, reclutamiento forzado de menores, amenazas y asesinatos selectivos".Por eso instaron al Gobierno y al EMC "a la prudencia, al respeto y a la protección de las poblaciones indígenas de los seis departamentos que conforman la Amazonía colombiana por ser la población de la sociedad que más afectaciones va a sufrir con esta decisión de levantamiento del cese al fuego".Pese a la situación, la Opiac manifestó que tienen voluntad de cooperación y trabajo armónico "en aras a realizar acercamientos y/o negociaciones que permitan conllevar a la paz en Colombia y en sus territorios". Puede ver:
Tras el anuncio de la suspensión del cese al fuego con las disidencias lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, luego del asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, diferentes sectores políticos reaccionaron en el Congreso de la República.Una de las primeras voces en reaccionar fue la del senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, quien aseguró que el presidente siempre ha mostrado una voluntad de paz pero los pasos de un cese al fuego tienen que verse y refrendados por hechos.“No basta el hacer declaraciones y hacer acuerdos que no se cumplen. Por tanto, es plenamente justificada la decisión que ha tomado el presidente. Los grupos disidentes vienen realizando acciones, en las que están atacando gravemente a la población, en este caso también a los menores de edad”, expresó el senador.Para la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático a los criminales se les debe someter y no contemplar como ocurre con los diálogos de paz, “es la mejor decisión, suspender el cese al fuego. Yo no sé qué están pensando los negociadores del gobierno, si es que no se ha aprendido del pasado, tener una cantidad de números de mesas y una cantidad de ceses que sólo benefician al narcotráfico y las disputas territoriales continúan. La población civil tiene que estar protegida, el ejército no puede estar únicamente a la defensiva. En buena hora suspendieron está loco”.El representante de la misma colectividad Hernán Cadavid también se pronunció y dijo que esto lo advirtió en un debate al comisionado de paz en la Comisión primera de la Cámara de Representantes.“Como lo manifesté en el debate de control político en días recientes, al propio Danilo Rueda, Alto Comisionado para la Paz, en debate que fui citante. El gobierno con sus formas, afanes y improvisaciones han entregado la disposición y poder de las negociaciones a los grupos criminales armados al margen de la ley. Llámese ELN, disidencias, Clan del Golfo, lo que sea, quien domina los tiempos y formas, quien pone el reloj, son los grupos criminales no al gobierno quien perdió el control de esos mecanismos”, señaló.Lo propio dijo el senador Ciro Ramírez: “Nuevas muestras del fracaso de la paz total, con los bandidos debe haber justicia y autoridad, no debilitamiento de la ley y de la Constitución como diversos gobiernos lo han mostrado. Eso solamente mostrará fracaso de cualquier proceso de negociación. Autoridad y justicia debe ser el fundamento de cualquier negociación. Esperamos que la fuerza pública adelante todas las ofensivas para garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Por su parte, el senador Gustavo Moreno esto ya se le había advertido al Gobierno nacional al decirles que existen grupos que están interesados en continuar con el narcotráfico, secuestro, entre otras actividades y no tienen interés en la paz.“Uno no puede estar mamando le gallo a los colombianos, sentados en una mesa de negociación hablando de paz y seguir en Colombia ejerciendo la violencia y el terror. El país está cansado de esa doble moral. Que se decían, de un de una vez por todas, si dan muestras de paz o sino que las fuerzas militares actúen con decisión y se reactiven todos los operativos en el territorio colombiano”, dijo.Para el congresista de La U Juan Felipe Lemos la fuerza pública debe seguir trabajando en la protección de los colombianos más vulnerables ya que se les estaba vulnerando sus derechos.“Se estaba demorando el presidente Petro en la decisión de acabar con el cese al fuego contra los grupos al margen de la ley. Ellos desafortunadamente habían entendido eso como una licencia del Estado para seguir delinquiendo, para seguir atacando, vulnerando los derechos de los colombianos. En buena hora, ojalá esa decisión repercuta en el ejercicio serio, responsable de la autoridad”, manifestó.¿Qué dicen los gobernadores?Por otro lado, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, se refirió al tema e indicó que los grupos ilegales no se pueden aprovechar de la generosidad que ha mostrado el presidente Petro.“Grupos armados no pueden confundir la generosidad del presidente @petrogustavo, su compromiso y lucha por una Paz duradera para todas las regiones de Colombia, como muestras de debilidad. Esa generosidad tiene sus límites si no hay respeto por la población civil. Nuestro respaldo y solidaridad presidente!”, trinó Caicedo.Finalmente, se pronunció el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, quien expreso que ya lo había advertido y que respalda plenamente la decisión del Gobierno nacional.Le puede interesar:
En las últimas horas el Gobierno nacional suspendió el cese al fuego bilateral con las disidencias al mando de alias 'Iván Mordisco' en Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo, después de que este grupo asesinara a cuatro menores que habían sido reclutados y que trataron de escapar. De esta manera el presidente Gustavo Petro ordenó reactivar las operaciones ofensivas contra esta estructura armada.Sin embargo, el mandatario aseguró que el Gobierno buscará instalar la mesa de diálogos con este grupo al margen de la ley."El Gobierno colombiano compartir en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. Uno de los asuntos que proponemos abordar en la mesa de conversaciones será el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial. La vida y las transformaciones con justicia social y ambiental es el contenido de la paz", señaló el presidente Petro.En un comunicado las disidencias respondieron a la decisión del Gobierno de suspender el cese al fuego bilateral y acusaron nuevamente a las Fuerzas Militares por incumplimientos, pero también cuestionar los acercamientos del Ejecutivo en medio de la política de paz total."Desde nuestra experiencia, este ha sido el gobierno menos serio para entablar conversaciones, al punto de que ni se han instalado los mecanismos locales del Mecanismo de Veeduría Monitoreo y Verificación, así como las permanentes violaciones a su protocolo en temas que van desde la vocería para pronunciarse en aspectos del cese al fuego hasta la incesante necesidad de verificar hechos sobre terreno, o crear un protocolo de georreferenciación que era una claudicación anticipada y, como ha sido la constante en este proceso, todas las acciones de desescalamiento son responsabilidad de nuestra fuerza" señala el comunicado.Es importante recordar que estas disidencias fueron comandadas en un principio por alias ‘Gentil Duarte’ y fue el primer grupo que anunció que no suscribiría el acuerdo de paz firmado en el año 2016 con la extinta guerrilla de las Farc. Sin embargo en los últimos meses manifestaron su voluntad para hacer parte de la paz total y nombraron 5 voceros para hacer parte de una mesa de diálogos con el Gobierno Petro."El Gobierno ha tenido una política de hacer acercamientos en el marco del secretismo y la confidencialidad a espaldas del pueblo colombiano." señalaron en el comunicado las disidencias.Le puede interesar:
La Defensoría del Pueblo alertó sobre el aumento de los riesgos para los líderes sociales en Colombia por el conflicto armado, pues se está registrando un crecimiento paulatino de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Los datos son preocupantes, pues desde septiembre del año 2019 hasta diciembre del 2022, se registraron 593 asesinatos, es decir, un promedio de 15 víctimas por mes.“El mapa nacional de riesgos analizados por nuestro Sistema de Alertas Tempranas advierte que los riesgos están identificados en 706 municipios y 16 áreas no municipalizadas de 32 departamentos, es decir, en las dos terceras partes del territorio nacional. El riesgo es extremo en 120 municipios; alto en 258; medio en 203 municipios y bajo en otros 125”, explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Esta situación se estaría presentando por el control y los enfrentamientos entre los diferentes grupos armados que tienen presencia en distintas zonas del país, pues estarían buscando interferir mediante ejercicios de control social y gobernanza criminal en los procesos de liderazgos sociales, según advierte la Defensoría."Resulta preocupante que existe un subregistro de conductas vulneratorias contra los derechos de la población civil en gran parte del territorio nacional, especialmente sobre los derechos de quienes ejercen un liderazgo social. Esta situación se da por las dificultades de registro y denuncia el aislamiento social que produjo la pandemia y la distancia que tomaron la población civil y las instituciones del Estado por las movilizaciones de 2021", señaló Camargo.Le puede interesar: Los niños están en algún punto de la selva; hay información que están bien: directora del ICBF
La mesa de diálogos entre el Gobierno y el ELN en La Habana, Cuba, estuvo en pausa durante dos días después de unas declaraciones del presidente Gustavo Petro frente a un grupo de militares. El mandatario nacional señaló que, aunque estuvieran en un proceso de negociación la economía ilícita de la guerrilla se debía perseguir y preguntó si había unidad de mando en este grupo al margen de la ley. Las declaraciones llevaron a un pronunciamiento del comando central de la guerrilla en el que aseguraron que la mesa había entrado en crisis.Esta situación llevó a que el presidente Gustavo Petro emitiera un comunicado en el que señalaba que este gobierno reconoce un carácter político al ELN y que este proceso de diálogo era "serio y coherente". Sin embargo, las sesiones ordinarias estuvieron en pausa durante dos días mientras se aclaraba la situación."Retomamos las sesiones ordinarias de la mesa de diálogos, después de haber hecho un primer intercambio de aclaraciones sobre las recientes intervenciones del presidente, Gustavo Petro. Ratificamos nuestra firme decisión de permanecer en la mesa hasta lograr un acuerdo de paz con las transformaciones que necesita el país", aseguraron el ELN y el Gobierno en una declaración conjunta.En La Habana, Cuba, las dos delegaciones están trabajando en las condiciones que permitan acordar un cese al fuego bilateral, también están acordando los mecanismos necesarios para lograr que la sociedad civil participe en este proceso de diálogo, se espera que esta ronda de conversaciones termina hacia la última semana de mayo.Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: