El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El alto tribunal dejó en firme la nulidad de la elección de Eduar Abril Borrero; la decisión quedó en firme mediante providencia de la Sección Quinta del alto tribunal, que notificó oficialmente a la Gobernación de Santander y a la Alcaldía municipal para que se proceda con la separación inmediata del mandatario.Con esta determinación, Abril Borrero pierde la investidura y el gobernador deberá nombrar un alcalde encargado mientras se organiza el calendario de elecciones atípicas para elegir a su reemplazo.El fallo judicial señala que contra esta decisión no procede ningún recurso adicional, por lo que su cumplimiento es obligatorio.La decisión quedó consignada en el auto emitido por la Sección Quinta del Consejo de Estado, fechado el 11 de febrero, mediante el cual se rechazó por improcedente el recurso de reposición presentado por la defensa del mandatario.En la providencia, con ponencia de la magistrada Gloria María Gómez Montoya, el alto tribunal precisó que la solicitud no tenía sustento jurídico y advirtió que “contra esta decisión no procede recurso alguno”, dejando en firme la nulidad de la elección y ordenando su inmediata separación del cargo.El caso de Concepción no es aislado; la justicia electoral ha endurecido el control sobre la doble militancia en el departamento.En los últimos años, decisiones similares han provocado la salida de varios mandatarios locales. En Bucaramanga, la elección de Jaime Andrés Beltrán fue anulada por el Consejo de Estado tras comprobarse apoyos a candidatos de otras colectividades, lo que obligó a convocar elecciones atípicas en la capital santandereana; de igual forma, en Girón también se presentó la pérdida de credencial de su alcalde por la misma causal.Los alcaldes de los municipios de Floridablanca y Piedecuesta también fueron investigados por doble militancia.Estos fallos evidencian la estricta aplicación de las normas electorales y envían un mensaje de cero tolerancia frente a la doble militancia, una de las principales faltas que hoy termina sacando del cargo a mandatarios elegidos en las urnas.Mientras tanto, en Concepción crece la expectativa por la designación del alcalde encargado y la fecha en la que se realizarán las nuevas elecciones para definir el futuro político del municipio.
El programa del domingo 15 de febrero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:En el "Tema Central", se habló sobre si nuestra apreja nos hace mejor persona o solo más resistente.Por otro lado, en "La máquina de la verdad", se comentaron mitos y realidades sobre la conexión a internet.Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.Escuche el programa completo aquí:
Buen inicio de temporada para Brandon Rivera. El colombiano firmó un top 3 en la clasificación general del Tour de la Provence 2026, una competencia disputada en el sur de Francia y que estuvo marcada por condiciones exigentes, incluida la presencia de nieve durante el desarrollo de la carrera.La prueba recorrió la región de Provenza y combinó largas distancias con jornadas determinantes para la general. El cierre se dio este domingo 15 de febrero con una etapa de 205,1 kilómetros entre Rognac y Arles, el tramo más extenso del desenlace, que terminó de definir el podio tras tres días de competencia.El título quedó en manos del estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team), mientras que el segundo lugar fue para el español Carlos Rodríguez (INEOS Grenadiers).Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) aseguró la tercera posición de la clasificación general, consolidando una actuación destacada en su debut europeo de la temporada 2026. El colombiano respondió en una carrera que no solo exigió por el kilometraje, sino también por las condiciones climáticas adversas, con jornadas marcadas por la nieve, que aumentaron el nivel de dificultad en el trazado francés.El podio en la Provence confirma el buen arranque de año de Rivera.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, adelantó este domingo que los países miembros de la Junta de Paz que creó para resolver conflictos mundiales destinarán más de 5.000 millones de dólares a "iniciativas humanitarias y de reconstrucción" en la devastada Gaza.Según Trump, el anuncio formal se realizará durante la primera reunión de la organización, fundada y presidida por el mandatario estadounidense, prevista para la próxima semana en el Instituto de Paz de Washington, recientemente rebautizado con el nombre del republicano."El 19 de febrero de 2026, me reuniré nuevamente con los miembros de la Junta de Paz en el Instituto de Paz Donald J. Trump en Washington, D.C., donde anunciaremos que los Estados miembros han prometido más de 5.000 millones de dólares para las iniciativas humanitarias y de reconstrucción de Gaza", escribió en su red Truth Social.También insistió en que los participantes en su iniciativa "han comprometido a miles de personas con la Fuerza Internacional de Estabilización y la Policía Local para mantener la seguridad y la paz de los gazatíes"."Es muy importante que Hamás cumpla su compromiso con la desmilitarización total e inmediata. La Junta de Paz demostrará ser el organismo internacional más importante de la historia y es un honor para mí servir como su presidente", agregó.En su mensaje, Trump resaltó el "potencial ilimitado" de la Junta, creada inicialmente para supervisar el plan de paz en la Franja de Gaza tras el fin del conflicto entre Israel y Hamás y que posteriormente se amplió con el objetivo de impulsar la resolución de otros conflictos internacionales.La entidad tuvo una reunión fundacional en Davos, Suiza, el pasado enero. Al menos 35 jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos los de Israel, Argentina, Arabia Saudí y Egipto, han aceptado formar parte, mientras que otras naciones, como Francia, España y Suecia, la han rechazado.La mayoría de los miembros fundadores son aliados de Trump y habían expresado ya su apoyo, mientras que las grandes potencias y casi todos los países europeos se han mostrado reticentes a unirse al considerar que la Junta debilita a la ONU.El estatuto de la entidad otorga amplios poderes a su presidente, en este caso a Trump, como el derecho de veto o de fijar la agenda, y prevé mandatos permanentes para los mayores contribuyentes financieros.La membresía permanente en la junta cuesta 1.000 millones de dólares.A pesar del alto el fuego en el conflicto de Gaza alcanzado en octubre como parte de un plan impulsado por el presidente estadounidense, siguen reportándose numerosas violaciones del acuerdo.Este domingo, el Ministerio de Sanidad del gobierno de Hamás en la Franja informó que los bombardeos mataron a 10 personas y en total más de 600 gazatíes han muerto por ataques israelíes desde la entrada en vigor del armisticio, el pasado 10 de octubre.Al menos 72.060 personas han perdido la vida, entre ellos más de 20.000 niños, según el Ministerio de Sanidad, desde el inicio de la ofensiva bélica israelí en 2023, sobre la que existe cierto consenso internacional de que albergó "actos de genocidio" contra los palestinos.
La suspensión provisional del aumento del salario mínimo dejó a cientos de empresarios de Santander en un limbo. A pocos días de cerrar nómina, muchos no tienen claridad sobre qué cifra aplicar para liquidar sueldos, prestaciones sociales y aportes, lo que ha encendido las alarmas en el sector productivo.El impacto golpea principalmente a los pequeños negocios, comercios familiares y microempresas que operan con márgenes ajustados y que dependen de una planeación mensual para cumplir con sus obligaciones laborales. Sin una definición jurídica clara, temen cometer errores en los pagos o asumir sobrecostos que no pueden cubrir.Juan Pablo Remolina, vocero de Prosantander, señaló que la decisión debe analizarse con rigor técnico y advirtió que el proceso de incremento salarial no contó con la concertación suficiente entre trabajadores y empleadores.“Es una decisión que vale la pena revisar con atención, es una suspensión temporal en la que se le pide al Gobierno explicar las razones; todos quisiéramos que el aumento fuera mayor, pero los incrementos no se decretan sin criterios técnicos, deben considerar productividad, inflación y concertación, y nada de eso ocurrió”, explicó.El dirigente gremial advirtió que la mayor presión recae sobre las microempresas, muchas con apenas cuatro o cinco empleados formales, que hoy no saben cómo ajustar sus cuentas.“Esto está generando una presión muy grande, sobre todo en las pequeñas empresas; hay negocios que literalmente no saben cómo pagar la nómina”, agregó.Mientras se define el futuro del decreto, el sector empresarial insiste en que la falta de claridad jurídica frena decisiones de contratación, inversiones y estabilidad laboral; la preocupación es que la incertidumbre termine trasladándose a los trabajadores, especialmente a quienes devengan el salario mínimo.Los gremios piden al Gobierno nacional y a las autoridades judiciales una pronta definición para evitar un efecto dominó en la economía regional, donde miles de empleos dependen de pequeñas unidades productivas.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El canciller Álvaro Leyva rechazó este jueves desde La Habana la decisión de Estados Unidos de mantener a Cuba en su lista de Estados patrocinadores del terrorismo.Leyva, quien aterrizó en territorio cubano junto con el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y el senador Iván Cepeda, aseguró que viajó al país caribeño porque es "todo lo contrario".El pasado mayo el Gobierno del demócrata Joe Biden mantuvo a Cuba -junto con Venezuela- en el listado.Leyva recordó el papel de la isla en el proceso de paz con las Farc que culminaron con los acuerdos para el desarme de la guerrilla en el año 2016."Aspiramos a reanudar los diálogos (con el Ejército de Liberación Nacional) en esta tierra de paz, al fin de iniciar el camino propuesto por el presidente Gustavo Petro", agregó.Por su parte, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, agregó que "son incalculables los costos y las consecuencias humanitarias" por la clasificación de la isla como país patrocinador del terrorismo."Cuba es un país promotor de la paz, que a lo largo de los años ha contribuido de manera modesta y desinteresada a la búsqueda y el logro de la tan querida y necesaria paz para la hermana Colombia", concluyó.Este viaje a la isla se da luego de que Petro, quien asumió el cargo el domingo pasado, reafirmara a principios de la semana que buscará retomar los diálogos de paz con la guerrilla y señalara que en las próximas semanas se sabrá si esas negociaciones se seguirán llevando a cabo en Cuba.Las negociaciones del Gobierno colombiano con el ELN comenzaron en 2017 en Quito, durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, y en 2018 fueron trasladadas a La Habana donde aún se encuentran los principales dirigentes de la guerrilla, a pesar de que durante el Gobierno de Iván Duque se paralizaron definitivamente.Petro ha dicho que quiere retomar el protocolo ya establecido en las negociaciones que "permite la continuación de los diálogos del ELN allí (en La Habana)", pero debe ser el Gobierno de Cuba quien acepte volver a auspiciar los diálogos, así como Noruega su papel de garante o añadir nuevos países a este propósito.Le puede interesar:En ese sentido, Petro ha manifestado también que "España ha expresado disposiciones alrededor de ayudar en el proceso de paz colombiano", en línea con el ofrecimiento que también ha hecho Chile para acoger las negociaciones.El máximo comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", afirmó en una entrevista con el noticiero CM&, publicada esta semana, que las negociaciones de paz deben reanudarse en el punto en el que se quedaron estancadas."Quien la rompió (la negociación de paz) fue el Gobierno de Duque, ahora el nuevo Gobierno y el Estado colombiano deben ponerse a salvo de dicho incumplimiento. Es lo básico. Por lo tanto, (debe ser el) punto de partida para reiniciar las conversaciones", expresó el jefe guerrillero.El ELN, que ha crecido en fuerza durante los últimos años, ya ha mostrado en varios comunicados que quiere volver a la mesa de negociaciones para buscar la paz con el Gobierno de Petro.Las conversaciones quedaron en suspenso desde 2018 por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y renunciar a esa y todas sus actividades criminales.Tras el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá en 2019, que dejó 22 muertos y 68 heridos y fue cometido por el ELN, el Gobierno colombiano pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
El senador Iván Cepeda y el comisionado de Paz, Danilo Rueda, viajaron a Cuba este jueves, en medio de la expectativa del reinicio de diálogos con el ELN con la nueva administración del presidente Gustavo Petro.Este lunes, el nuevo mandatario aseguró que en las próximas semanas se sabrá si la sede de los diálogos seguiría siendo Cuba u otro país amigo. De acuerdo con Petro, las negociaciones con ELN se retomarán en el mismo punto en que quedaron cuando el Gobierno de Iván Duque los detuvo hace cuatro años.El Gobierno explora alternativas sobre si se mantienen como países garantes del proceso a Chile, Ecuador y Noruega.Cuba aún no ha mostrado de forma oficial si quiere seguir albergando los diálogos, ya que el hecho de tener a los negociadores del ELN hizo que EEUU, instado por el expresidente Duque, metiese al país caribeño en la lista negra de terrorismo.El ELN ya ha mostrado en varios comunicados, desde la victoria de Petro, que quiere volver a la mesa de negociaciones para buscar la paz.El Gobierno de Juan Manuel Santos y el ELN iniciaron en febrero de 2017 en Quito unas negociaciones de paz que en mayo de 2018 fueron trasladadas a La Habana, donde la última ronda de diálogos concluyó sin avances a principios de agosto de ese año.Las conversaciones quedaron en suspenso desde entonces por la exigencia del Gobierno de Duque al ELN de que libere a todos los secuestrados que tiene en su poder y renuncie a esa y todas sus actividades criminales.Tras el atentado contra la escuela de cadetes en Bogotá en 2019 que dejó 22 muertos, el Gobierno colombiano pidió a Cuba la entrega de los negociadores que están en La Habana, pero la isla invocó protocolos diplomáticos para no acatar esa solicitud.Le puede interesar:
El padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, habló sobre las críticas surgidas desde algunos sectores políticos porque el informe de la entidad acerca del conflicto se divulgue en colegios.“Es muy importante que los niños conozcan, así como en la escuela alemana todos los niños son llevados a que conozcan el Holocausto, igual aquí es esta historia; también lo que pasa con nuestro mundo étnico que a veces es tan desconocido, lo que pasó con nuestros indígenas y con nuestros afros, que particularmente durante el conflicto armado ellos y sus territorios fueron de manera especial golpeados”, sostuvo el padre De Roux.El sacerdote aseguró que la entidad no está elaborando cartillas que la conversación se lanza de manera pedagógica y que parte de una visión para que se comprenda la forma en que se sufrió en los territorios, tema sobre el que aún no existe esa comprensión.“El propósito es abrirnos a un diálogo, queremos presentar lo que hemos encontrado y que nos parece importante que el país mire, que los niños apropien como parte de nuestra historia, pero siempre en una actitud de diálogo abierta”, declaró.De acuerdo con el presidente de la Comisión de la Verdad, este miércoles ya se contaban unas 4.200 instituciones educativas abiertas a la divulgación de los resultados del informe sobre el conflicto y que este viernes la cifra podría superar las 6.000.“La contribución de nosotros no es la verdad en piedra, sino cosas muy importantes que hemos encontrado. La escuela tiene que apropiarlas, pero en un diálogo con, por supuesto, otros puntos de vista; en una conversación sobre la riqueza que tiene la misma escuela”, afirmó.
En el capítulo del informe final 'Hasta la guerra tiene límites', la Comisión de la Verdad aseguró que el paramilitarismo fue determinante para el recrudecimiento de la guerra en Colombia, pues fue el actor que más responsabilidad tuvo en los homicidios, con el 46% de las víctimas.Asimismo, los grupos paramilitares tienen responsabilidad en el 52% de los casos de desaparición forzada durante el conflicto, según la Comisión.El paramilitarismo, de acuerdo a este informe, fue posible debido a las alianzas entre miembros de la fuerza pública, terratenientes, empresarios, políticos y narcotraficantes; y hubo seis factores que llevaron a la consolidación y expansión de estos grupos.Además, hubo una promoción de grupos de defensa civil desde la década de los 70, que cometieron acciones relacionadas con el paramilitarismo, la connivencia con la fuerza pública y, también, una legalización que hubo de los proyectos paramilitares. Todo por medio de las Cooperativas de Seguridad Privada, según la entidad."Desde los 70, el Ejército promovió la creación de 'juntas de autodefensas' o grupos de defensa civil en el sur de Córdoba, amparadas en el Decreto 3398 de 1965, para que ganaderos y otros terratenientes se involucraran en la guerra contrainsurgente", explicó el documento.Asimismo, un ejemplo según el cual se demostraría la legalización del paramilitarismo es el de ‘Los Pepes’: los Perseguidos por Pablo Escobar, un grupo conformado por el Cartel de Cali y algunos exsocios del capo que habrían trabajado en alianzas con la fuerza pública."Desde la institucionalidad, miembros del Bloque de Búsqueda de la Policía Nacional, funcionarios del DAS y de agentes de la DEA trabajaron de la mano de Los Pepes en el propósito común de matar a Escobar. La breve existencia de los Pepes es también un ejemplo excepcional para entender cómo el Estado –desde sus centros de poder– ha elegido selectivamente a sus enemigos –en este caso Pablo Escobar–, mientras ignora –y en ocasiones promueve– los crímenes de actores ilegales que resultan funcionales a sus fines, en particular, los de los paramilitares de Castaño y los del Cartel de Cali", señaló el documento.La impunidad también habría aportado a la consolidación del paramilitarismo, pues no había condenas por los delitos cometidos por estos grupos; pese a la evidencia que habría en estos casos, en los cuales se evidenciaban las alianzas entre agentes de Estado y dichos grupos, con el fin de ganar la guerra contra las guerrillas.Le puede interesar:Incluso, mencionó el informe que según los datos recolectados por la Comisión, desde algunas instituciones del Estado se le ordenaba a los paramilitares hacer las labores que el Ejército no podía llevar a cabo."Los miembros del Bloque de Búsqueda no fueron llevados a juicio, a pesar de las evidencias del fiscal Gustavo De Greiff... el Estado colombiano no demostró un compromiso efectivo para contener ese proyecto contrainsurgente, contrarrestar su repertorio de violencia y estimular la investigación penal contra quienes colaboraron y financiaron sus actividades", indicó.Finalmente, la Comisión determinó que la estructura paramilitar se consolidó por las alianzas entre ganaderos, narcotraficantes, altos mandos del Ejército y sectores políticosEscuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno:
Una de las nuevas propuestas del presidente Petro y del canciller Álvaro Leyva es hacer un “acogimiento” para que todos los grupos armados se sometan a la justicia, pero debido a los conflictos que hubo en la negociación de paz en la Habana con el gobierno de Duque, el ELN y otros grupos armados decidieron declinar la propuesta.El director de la fundación Paz y Reconciliación, León Valencia, explicó el anuncio del presidente Gustavo Petro sobre diálogos de paz con el ELN y anunció que alias ‘Antonio García’ será el negociador más duro del ELN de cara al restablecimiento de los diálogos.“En el proceso de la Habana el ELN tenía una agenda ya acordada y tenían un cese bilateral del 80%. Estuve en esa conversación con Santos. Lo que yo vi es que hubo una interferencia. Una fuente muy confiable me dijo que no firmaran la paz con Santos porque Duque les iba a entregar un mejor trato. Han pasado 4 años y todo ha cambiado, no se hizo nada”, precisó.Según Valencia, el gobierno de Iván Duque no puedo restablecer los diálogos con el ELN, por ende, este grupo armado tomó fuerza con el año de los pasos de su mandato.“Lo que pasa es que Duque incumplió un protocolo que acordaron con el ELN. Era un acuerdo ya firmado por el estado colombiano. Si en algún motivo se rompían las negociaciones ellos iban a retornar a Colombia a hacer la guerra. Esa violación es la que estamos padeciendo hoy en día en Colombia” explicó.Para el director de la fundación Paz y Reconciliación, el ELN no tienen ningún motivo político para seguir en guerra y, por el contrario, lo más seguro es que firme la paz.“Se acabó el motivo político de la guerra con la llegada de Petro al poder. La marca política se acabó porque la izquierda va a empezar a gobernar. Los motivos políticos del ELN ya no existen. Lo más seguro es que ese grupo armado se una a la paz. Creo que ese proceso es aplicable para todos y para llegar a una paz definitiva. Las circunstancias apuran al ELN a un acuerdo de paz lo antes posible” aseveró.Según lo explicado por León Valencia, los exigencia e intereses del ELN se puede incluir en un proceso de paz total, aunque de igual manera, puede tomar tiempo.“Yo siempre he insistido en 3 cosas: ellos quieren cambiar las estructuras, han pedido un diálogo nacional bioenergético y han pedido siempre acuerdos regionales. Pero va a acoger eso en su proceso de paz. Yo conozco el tema de justicia transicional. Es posible que haya que ampliar la capacidad de la JEP, tiene unas capacidades muy grandes a futuro. El tema con el ELN no es fácil, en la Habana se demoraron casi 6 años, pero es posible”, mencionó.Escuche la entrevista completa:
A través de su cuenta de Twitter, Antonio García, comandante del ELN, se pronunció sobre la posible salida política al conflicto ahora que el presidente Gustavo Petro oficializó la reanudación de los diálogos.Según García, el gobierno del expresidente Iván Duque no aceptó lo acordado en un inicio y por eso fue que se suspendió esa conversación.Le puede interesar.“Si quería modificar algo, debía asistir a la mesa y ahí proponerlo o luchar un cambio de lo pactado, que de por sí es de mal gusto cambiar algo ya acordado. Pues si no le gustaba, debió haber dicho: no seguimos con ese proceso y nos retiramos, y pasar a cumplir los protocolos de ruptura. Actuó como niño chiquito que es, hizo pataleta. Al final se perdieron 4 años”, escribió García.García justificó que, por las operaciones contra ELN, ellos atacaron al Ejército y la Policía, aunque para él esto no fue razón del fin de los diálogos. Ahora, con las propuestas del nuevo gobierno, manifestó que se debe examinar cómo se retomarán y avanzarán de acuerdo a lo pactado.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno: