El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) por medio de un comunicado mencionó que las lluvias persistentes en la cuenca alta del río Sinú podrían generar incrementos significativos en los niveles del río, especialmente en municipios cercanos como Tierralta, Montería y Lorica.Aunque no se esperan volúmenes similares a los registrados a comienzos del mes de febrero, no se descartan desbordamientos en zonas puntuales en las que ya existen antecedentes de inundaciones.El pronóstico indica que la creciente podría transitar desde el embalse hacia la parte media y baja de la cuenca durante el 20 de febrero, con caudales que superarían los 1.100 metros cúbicos por segundo en puntos como Montería y Lorica, antes de disminuir hacia la desembocadura.“Los aportes de caudal al embalse han disminuido con respecto a los valores máximos presentados (...) Sin embargo, las lluvias en la cuenca aportante al embalse se seguirán presentando, por lo que hay que permanecer alerta ante nuevos incrementos de caudal” anunció la Hidroeléctrica Urrá en el comunicado oficial de la mañana del 15 de febrero.La alerta roja continúa vigente debido a que se prevén más lluvias en la cuenca alta del río Sinú durante los próximos días. La hidroeléctrica también informó que mantendrá monitoreo constante tanto del embalse como de los caudales del río, mientras el Ideam sigue evaluando el comportamiento hidrológico.Las autoridades recomiendan a las comunidades ribereñas mantenerse atentas a los comunicados oficiales, reforzar las medidas de prevención y evitar exponerse en sectores con riesgo de inundación.
La candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal Colombiano, Lucy Amparo Guzmán González, denunció que fue retenida por hombres armados cuando se movilizaba por zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento del Cauca. De acuerdo con el comunicado emitido en su cuenta de Instagram, durante el hecho fue despojada de su vehículo y el esquema de seguridad fue desarmado.En el documento, la candidata confirmó que ella y su equipo están a salvo, pero rechazó lo ocurrido al advertir que es un ataque directo a la democracia y a la libertad de hacer política sin amenazas. En el mismo pronunciamiento, aseguró que el hecho refleja la situación que vive el departamento y señaló que “la violencia sigue buscando imponer el miedo y cerrar el camino a la participación”.La candidata también puso el foco en los riesgos que enfrentan las mujeres en política. “Evidencia un riesgo que no puede seguir ignorándose: la violencia política contra las mujeres, usada para intimidar, silenciar y frenar liderazgos”, afirmó en el comunicado. Por esa razón, su equipo exigió al Gobierno nacional la adopción de medidas de protección para todos los candidatos en el Cauca, con especial atención a los riesgos diferenciados que enfrentan las mujeres.Sobre la situación general de seguridad electoral en el país se pronunció el procurador general, Gregorio Eljach, durante una jornada de paz electoral en Bogotá, cuando le preguntaron por el caso de la candidata Guzman. “Estamos preocupados por garantizar seguridad a todos los que están aspirando, a los que componen sus campañas, a las bancadas, a los partidos y en general a toda la ciudadanía, incluyendo testigos electorales y jurados de votación”, afirmó el jefe del Ministerio Público.El procurador también anunció una nueva reunión de evaluación del Plan Democracia con la cúpula militar y policial para revisar el comportamiento de los territorios con mayor riesgo. Según explicó, el encuentro servirá para “mirar cuáles de los 104 puntos con riesgo extremo de violencia electoral se han reducido y cómo vamos avanzando hacia la recuperación del territorio para unas elecciones tranquilas y en paz”.Eljach confirmó que este trabajo se adelanta de manera conjunta con la Misión de Observación Electoral. Además, indicó que en la próxima reunión participarán la cúpula militar y invitados internacionales para evaluar los avances más recientes del programa de protección electoral.
Blu 4.0 presenta una conversación sobre tecnología, innovación, emprendimiento y los cambios que ya están transformando la economía y la educación en Colombia. Esta edición del domingo 15 de enero de 2026 conecta análisis, tendencias y propuestas con impacto directo en la vida digital del país.Wilson Vega, creador de contenido tecnológico, analizó el impacto de la adquisición de Movistar por parte de Tigo y los cambios estructurales en el sector de telecomunicaciones.Francisco Bertel, del equipo de marketing de Despegar, presentó promociones especiales hacia el Caribe durante los Travel Days, con ofertas para Cartagena y San Andrés.Sol Suárez, periodista económica y candidata a la Cámara, habló sobre educación financiera obligatoria y la regulación de plataformas digitales y criptoactivos.Juan David Aristizábal, emprendedor y cofundador de Blu 4.0, expuso su propuesta para modernizar el SENA y retener talento joven.Augusto Moreno, candidato al Senado, explicó cómo el blockchain puede mejorar la eficiencia del Estado y validar competencias digitales.Camilo Martínez, representante de Huawei, presentó las innovaciones del Mate X7 y sus capacidades fotográficas avanzadas.Javier Alberto Ayala Amaya, rector de la Universidad Militar Nueva Granada, destacó programas de movilidad académica internacional.Juan Cardona, vicepresidente de ventas de Geotab, explicó cómo la telemática y la IA están mejorando la seguridad vial en Colombia.Escuche el programa completo aquí:
Nequi se ha consolidado como una de las plataformas preferidas por millones de colombianos y, desde su aparición, ha transformado la manera en que se maneja y se mueve el dinero en el país.Nequi, DaviPlata, entre otras, permiten que los ciudadanos transfieran dinero, paguen facturas, realicen compras y controlen sus finanzas con solo dar un clic, lo que ha llevado a que muchos prefieran manejar todo desde su celular antes que andar con efectivo en el bolsillo, un detalle no menor que ha cambiado la dinámica del mercado.Pero con la llegada de las llaves a la banca en Colombia, las plataformas han empezado a lanzar promociones y ofertas para atraer cada vez más usuarios a sus servicios de billeteras digitales.Nequi le consignará $20.000 a su cuenta: esto debe hacerRecientemente, Nequi lanzó la campaña “1, 2 y 3, Por la plata”, una estrategia que permite a sus usuarios recibir $20.000 directo en el disponible de la app, como compensación por estar atentos a las redes sociales de la billetera digital.Entre el 2 de febrero y el 5 de abril de 2025, Nequi publicará semanalmente códigos en las redes sociales de la plataforma (Instagram, TikTok, Facebook, X y WhatsApp).¿Cómo inscribirse para recibir los $20.000 de Nequi?Para recibir $20.000 en la cuenta de Nequi debe seguir los siguientes pasos:Encuentre el código publicado o físico que anuncie la plataforma.Ingrese al formulario: https://www.nequi.com.co/123-por-la-plata y registre el código con sus datos.Asegúrese de seguir la cuenta oficial de Nequi en la red social donde vio el código.Cabe señalar que los primeros 110 usuarios que registren el código cada semana recibirán $20.000 en el disponible de Nequi, por lo que habrá varias oportunidades de ganar con códigos diferentes.Nequi ahora le dirá cómo maneja su plataLa plataforma presentó “Habla con tu plata”, una experiencia dentro de la app que les permite a sus 27 millones de usuarios revisar sus movimientos y descubrir qué dicen esos hábitos sobre su relación con el dinero. No se trata solo de mirar cifras, sino de traducir el comportamiento financiero de cada persona.Entre los datos que analiza están:Número de transacciones realizadas.Personas a quienes más se les envió o de quienes más se recibió dinero.Tiempo que se pudo ahorrar al hacer movimientos digitales y no presenciales.Al final, cada usuario recibe un nivel que resume su comportamiento y abre la puerta a recomendaciones prácticas.
Al menos un niño ha muerto y otras 22 personas han resultado heridas al incendiarse un centro comercial, que quedó completamente destruido, y tiendas cercanas en la localidad de Marib, en el oeste del Yemen y controlada por el Gobierno internacionalmente reconocido, informaron este domingo las autoridades.El incendio, ocurrido durante la madrugada del sábado al domingo, se originó en una concurrida zona comercial y rápidamente envolvió el centro comercial Ibn al Haj y los almacenes del segundo piso, según un comunicado de la Policía publicado por la agencia de noticias estatal yemení Saba.La Oficina de Salud provincial de Marib, por su parte, dijo en un comunicado que la víctima mortal fue un niño de 14 años, mientras que otras 22 personas sufrieron quemaduras e inhalación de humo, por lo que fueron trasladados a varios hospitales de la zona.En un primer momento, Saba anunció la muerte de cuatro personas, pero acabó rebajando la cifra a una.Según la agencia de noticias, una zapatería aledaña al centro también fue engullida por las llamas y quedó completamente destruida, mientras que una tienda de muebles sufrió daños parciales después de que los trabajadores del local pudieran retirar el inventario a tiempo.Los equipos de la Defensa Civil, apoyados por la Policía, consiguieron extinguir el fuego e impidieron que se propagara a otros locales del concurrido distrito comercial, de acuerdo con la fuente de seguridad.Las autoridades están llevando a cabo una investigación para determinar las causas del incendio en Marib, una estratégica ciudad que ha acogido a cientos de miles de desplazados tras más de una década de guerra en el Yemen y que cuenta con una capacidad limitada de respuesta a emergencias.Los equipos de bomberos a menudo se enfrentan a escasez de material, restricciones en el suministro de agua y retrasos a la hora de acceder a barrios muy concurridos, mientras que las agencias de ayuda humanitaria y las autoridades locales advierten que las instituciones gubernamentales no dan abasto.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Este lunes, durante más de una hora, se reunieron los presidentes de Chile y de Colombia, Gabriel Boric y Gustavo Petro, respectivamente, en el que el tema central del encuentro fue la búsqueda de la paz en Colombia. El mandatario colombiano se refirió a las negociaciones con el Clan del Golfo e hizo un anuncio muy importante: se retomarán con base a lo que se había iniciado en el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Aunque reconoce que fue incipiente el avance, en su momento el entonces mandatario anunció la intención del grupo al margen de la ley de someterse a la justicia.“Continuando los interrumpidos (diálogos), uno con el ELN y uno muy incipiente, que no alcanzó ni a sentarse en una negociación jurídica, que es diferente, la del Clan del Golfo, porque el fiscal de la época nunca lo permitió”, señaló Petro.Además, dijo que será el gobierno el que represente a la población colombiana en esas negociaciones, un cambio de posición porque hace algunas semanas señaló que las bandas criminales deberían negociar con las autoridades judiciales.“Esas negociaciones políticas y jurídicas tienen un protagonista central: el gobierno de Colombia representando a la sociedad colombiana y un segundo protagonista, quienes se han levantado en armas contra la sociedad”, señalóLe puede interesar:¿Diálogos con el ELN en Cuba?Frente a este tema, Petro dijo que está por verse sí se retomarán los diálogos en la isla, porque el proceso de paz está en puntos suspensivos. Y aseguró que cambiar el sitio de las negociaciones también depende del ELN.“Eso no depende exclusivamente de nosotros, eso depende de las condiciones de quienes quieren negociar también con nosotros, en este caso el ELN está en Cuba, ya sabremos en las semanas que están por seguir si se continúan esos diálogos en Cuba”, indicó.El mandatario agregó que a Cuba le afectó haber sido anfitrión de las negociaciones, por las consecuencias políticas que eso implicó. “Al gobierno que decidió hacer parte del compromiso para ofrecer su espacio geográfico, le generó un problema político internacional. Casi que incluso la solicitud de llevar a ese país a la lista de terroristas, solo porque se ofreció ante el gobierno colombiano a ser garante, eso no lo queremos ahora”, agregó Petro.Por su parte, el presidente de Chile mostró su disposición y anunció que continuarán siendo garantes de la negociación con el ELN. “(El objetivo es) Continuar con lo que se había iniciado en el gobierno de la presidenta Bachellet, que es ser uno de los países garantes del proceso, en la medida que se retome esto que quedó en puntos suspensivos. Ese es el compromiso y voluntad del Estado de Chile”, señaló Boric.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno:
El comisionado para la Paz, Danilo Rueda, reveló este lunes que el gobierno nacional evalúa suspender las órdenes de captura internacionales en contra de los máximos jefes del ELN, lo que constituiría un primer paso para el restablecimiento de las negociaciones de paz con esa guerrilla. "Lo saludamos y nuevamente reiteramos a todos los grupos armados que tienen controles territoriales a que expresen públicamente su disposición a ser parte de la paz total. Hemos hablado claramente, porque el ELN lo ha dicho, que está dispuesto también a que, como lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, los protocolos se cumplirán y en esa medida vemos si habrá signos de parte del gobierno en esta apuesta por la paz total", declaró Danilo Rueda. El anuncio se conoce mientras que grupos armados siguen cometiendo actos violentos en el país. Este lunes, el gobierno del presidente Gustavo Petro celebró la intención del Clan del Golfo, Los Rastrojos costeños y otros grupos ilegales de decretar un cese del fuego unilateral de hostilidades y declararse listos para iniciar negociaciones. En medio de la expectativa, Hasta el momento la gran incógnita es dónde se adelantarían los diálogos de paz con el ELN, si en Cuba en donde se venían dando en el gobierno Santos o en Chile como el presidente austral Gabriel Boric planteó. Precisamente, Chile sería garante en el proceso de paz y en la mañana el nuevo presidente Gustavo Petro habló con su homólogo Boric. Los mandatarios abordaronsobre los eventuales diálogos con el ELN y acordaron unir esfuerzos por una "paz verdadera y definitiva".
Horas antes de la posesión del presidente Gustavo Petro este domingo, el Clan del Golfo anunció un cese al fuego unilateral con el fin de empezar una fase exploratoria de diálogos con el gobierno entrante.Carlos Ruiz Massieu, representante en Colombia del Secretario General de la ONU, aseguró que, aunque es el gobierno quien debe dar respuesta a este anuncio y tomar las medidas que considere pertinentes, celebra esta decisión, pues contribuye a desescalar la violencia que se vive en algunas regiones de Colombia.“Todas las medidas que terminen con el asesinato de líderes sociales, de policías, de defensores de derechos humanos y de firmantes de la paz, son positivas”, aseguró Ruiz.Le puede interesar:Por otro lado, también celebró la decisión del presidente Gustavo Petro, en la cual se comprometió a adoptar las recomendaciones hechas en el informe final de la Comisión de la Verdad para superar la violencia en el país.“Celebramos, creo conjúntame, el compromiso del presidente Petro de implementar las recomendaciones de la Comisión para la no repetición y seguramente van a seguir contando, no quiero hablar por ellos, con la comunidad internacional y ciertamente con la Misión de Verificación de la ONU”, señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca las frases controversiales y los momentos inolvidables del presidente Duque a lo largo de su gobierno:
Este jueves, 4 de agosto, en la Sala Plena de la Corte Constitucional se discutió una ponencia que propone una serie de reglas para solucionar el problema de los baldíos en el país. Sin embargo, la decisión quedó aplazada para la próxima semana.La Corte Constitucional tiene en sus manos determinar una decisión que promete resolver uno de los problemas más complicados del país, para el gobierno de Gustavo Petro, y que tendría que ver con las propuestas que tiene la administración entrante con su reforma agraria. Además de que se cumpliría uno de los puntos del acuerdo de paz que se pactó con la extinta FARC en la Habana, Cuba.La Agencia Nacional de Tierras, ANT demandó a los Juzgados Promiscuo de Cocuy, Boyacá, Suesca, Cundinamarca y San Miguel, Santander, porque entregaron las tierras baldías a varios campesinos.Sin embargo, el lío jurídico tiene que ver con que la ANT, por el decreto 29 de mayo de 2017, está reclamando que era su competencia y no de los juzgados, por lo que con ponencia del magistrado Antonio Lizarazo se estudian 13 tutelas que buscan resolver el fututo de los baldíos y qué pasaría tanto con los campesinos, que ya recibieron su terreno, como con aquellas futuras solitudes.Esta ponencia lleva dos años en estudio y está por definirse las reglas para saber cómo y quién entregará estas tierras públicas a los campesinos. Además, cómo la Agencia Nacional de Tierras deberá ponerle la lupa a todos los requisitos y casos que se han dado entorno a los terrenos baldíos.Para el magistrado Antonio José Lizarazo, quien, según fuentes del alto tribunal, ha cambiado la ponencia 5 veces, estuvo mal la entrega de estos terrenos a terceros bajo la figura “prescripción de dominio”.¿Qué dice la figura de prescripción de dominio?“Las personas podían pedir a un juez un segmento de tierra, bajo la premisa que debían demostrar el tiempo que han vivido en este sitio y aprovechado el terreno a pesar de no ser el propietario o tener un título del predio”.El magistrado Lizarazo en su ponencia enfatiza que, aunque jueces civiles entregaron las tierras bajo este argumento, la competencia era de la Agencia Nacional de Tierras.Le puede interesar: Se está poniendo viejo
La posibilidad de desmovilizar a bandas criminales durante el gobierno de Petro, como el Clan del Golfo y otras dedicadas a actividades de narcotráfico y multicrimen, ha generado expectativas y dudas en el país. Este miércoles, el designado comisionado de Paz, Danilo Rueda, habló de eventuales diálogos del ELN, mientras que el próximo canciller, Álvaro Leyva Durán, mencionó el término ‘acogimiento’.El exministro del Interior Guillermo Rivera, el senador Iván Cepeda y el exnegociador Víctor G. Ricardo, se refirieron al tema en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.“Se entiende que someterse a la justicia es un procedimiento que tiene carácter obligatorio y que sujeta a la persona a unas condiciones estrictas”, declaró el congresista Cepeda."Se está planteando una propuesta sobre la cual ya existen antecedentes. Se trata de adelantar una agenda de negociación", sostuvo por su parte Guillermo Rivera.
La Contraloría General de la Nación le pidió explicaciones a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) porque de un billón de pesos de bienes que prometieron entregar las Farc en 2017 a sus víctimas, en este solo se cuenta con 43.202 millones de pesos. Sebastián Montoya, delegado para el sector Justicia del ente de control fiscal, habló de la situación en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.“En 2017 se redactaron unas actas, participó el MinInterior, la Presidencia y toda la misión de la ONU en materia de verificación del proceso de paz, donde las Farc se comprometía a entregar unos bienes casi por un billón de pesos”, recordó Montoya.No obstante, el compromiso, que tenía en cuenta inmuebles, caletas, ganado, infraestructural y armamento, entre otras, la SAE solo cuenta con actas de entrega por un patrimonio que ronda los 43.000 millones.“La SAE solo recibe un número muy inferior de estos bienes, estamos hablando de 43.000 millones de pesos. ¿Qué pasó con el billón de pesos?, ¿con todo lo que tenían que dar? Esto es una responsabilidad del Gobierno para saber qué pasó con esto”, sostuvo el funcionario."Es un poco indignante, la diferencia es gigantesca. El Gobierno debe dar una línea sobre cómo va a actuar para darle una claridad al país", agregó Montoya. De acuerdo con la Contraloría, ocho años después de recibida la información de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), con respecto a deudores, “no ha recuperado ni saneado estos deudores que datan del año 2014, generando posible futura afectación negativa patrimonial”