El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Gisèle Pelicot aseguró que tiene la intención de visitar a su exmarido, condenado a 20 años de prisión por haberla ofrecido a medio centenar de personas para que fuera violada mientras estaba drogada entre 2011 y 2020, porque todavía "necesita comprender"."Tengo preguntas pendientes: ¿por qué nos ha hecho sufrir todo esto? ¿Por qué nos ha traicionado hasta ese punto?", declaró en una entrevista en 'France 2' Gisèle Pelicot, quien publica este martes un libro 'Et la joie de vivre' (traducido como 'Un himno a la vida' en su edición en España).La septuagenaria, convertida en un símbolo feminista mundial por, entre otras cosas, haber decidido que el proceso judicial sobre sus violaciones fuese a puerta abierta, aseveró que verse con Dominique Pelicot es uno de los puntos pendientes que tiene para "seguir con su proceso de reconstrucción"."Tengo aún necesidad de comprender", insistió Gisèle Pelicot, quien reconoció que es "imposible olvidar" lo que le pasó. "Intento que las heridas cicatricen, pero a mi manera", agregó.Al explicar por qué no se celebraron a puerta cerrada las audiencias de su mediático proceso, la mujer explicó que eso hubiese sido "un regalo" para los 50 individuos que fueron juzgados y condenados por haber participado en las violaciones organizadas por su exmarido.Gisèle Pelicot también lamentó que Dominique Pelicot tuviese fotos en su ordenador de carácter sexual y no consentidas de su hija Caroline, quien aparece dormida, y de sus dos nueras."Son fotos asquerosas, insoportables de ver (...) Para Caroline, hay una duda (sobre lo que pasó) que la condena a un infierno perpetuo". "Hace falta que ella lleve ese combate como mujer", añadió la Gisèle Pelicot, de 73 años.
La organización, encabezada por su presidente Pablo Bustos, anunció que interpondrá una denuncia penal contra la congresista del partido ASÍ tras las declaraciones del periodista Sergio Mesa, quien habría reconocido públicamente la existencia de estos hechos.Ante la gravedad de las acusaciones, la Red de Veedurías también presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el propio Mesa, reconociendo su valor al exponer la situación, pero señalando la necesidad de que responda por su participación y las contradicciones posteriores frente a las acciones de la Red.Como representantes de víctimas en el macrocaso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Red de Veedurías reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en todas las esferas del poder público.El organismo ciudadano insistió en que continuará ejerciendo su labor de control con independencia política, bajo la premisa de que ningún servidor público puede estar por encima de la ley y que la corrupción debe ser perseguida sin distinción.
Un doble fallecimiento es materia de investigación en el sector de Noida, en India, luego de que una pareja fuera hallada sin vida dentro de un vehículo estacionado en la mañana de este sábado, fecha que coincidía con la celebración de San Valentín. Las víctimas, un hombre de 32 años y una mujer de 26, habían sido reportadas como desaparecidas por sus familiares desde la tarde del viernes, cuando perdieron todo contacto con ellos.De acuerdo con información preliminar entregada por la Policía de Noida, la principal hipótesis apunta a un presunto homicidio seguido de suicidio. La subcomisaria Manisha Singh indicó que en la escena fue incautada un arma de fuego que, al parecer, estaba en la mano derecha del hombre. “A primera vista, parece que el hombre disparó a la mujer y posteriormente se disparó”, señaló la oficial, quien precisó que los resultados de la autopsia y los análisis forenses serán determinantes para establecer con exactitud la secuencia de los hechos.Las autoridades también analizan un mensaje que el hombre habría enviado a sus familiares antes del suceso. En el texto, según la investigación, afirmaba que su pareja le había sido infiel y manifestaba su intención de atentar contra ella y contra sí mismo. Este elemento fue incorporado al proceso como parte del material probatorio, aunque la Policía aclaró que aún no constituye una conclusión definitiva.Familiares de la pareja indicaron en medios locales que mantenían una relación de aproximadamente 15 años y que atravesaban una ruptura. Además, señalaron que hace un año el hombre habría solicitado formalmente la mano de la joven, propuesta que no fue aceptada por los padres de ella. El viernes, hacia las 5:00 p. m., él la recogió en su lugar de trabajo y desde entonces no se volvió a tener noticia de ambos. Las autoridades confirmaron que el hombre era propietario de un negocio de purificación de agua y que no existían denuncias previas por violencia intrafamiliar, mientras avanzan los análisis.
El chance Paisita Noche se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, especialmente en Antioquia, donde su nombre —ligado a la identidad paisa— refuerza su arraigo cultural. Cada noche, miles de jugadores revisan los resultados del Paisita Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio.Resultado oficial del chance Paisita Noche 15 de febrero de 2026En el sorteo más reciente, el número ganador fue: 2422 - Zorro.Número ganador: 2422Animal: ZorroDos últimas cifras: 22 Tres últimas cifras:422Quinta balota: opción adicional vigente desde 2025Desde 2025, el Paisita Noche incorporó la quinta balota, un número adicional opcional que permite aumentar el valor del premio si el jugador acierta las cuatro cifras exactas.Esta alternativa no cambia las reglas tradicionales del juego, pero sí amplía las posibilidades de ganancia para quienes deciden incluirla en su apuesta. Así, el sorteo conserva su mecánica habitual mientras ofrece una opción extra para incrementar el premio potencial.Uno de los factores que explica la popularidad del chance Paisita Noche es su accesibilidad. Las apuestas pueden realizarse desde $500 hasta $25.000, según la modalidad elegida.Para ganar, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial de izquierda a derecha, dependiendo del tipo de jugada seleccionada. Esta dinámica sencilla y la frecuencia diaria de los sorteos lo mantienen entre los chances más seguidos del país.¿A qué hora juega el Paisita Noche?El sorteo del Paisita Noche se realiza todos los días sin excepción en los siguientes horarios:Lunes a sábado: 6:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Estos horarios fijos permiten a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados en tiempo real a través de medios oficiales.Modalidades de juego del Paisita NocheEl Paisita Noche ofrece varias modalidades que determinan el valor del premio según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:Cuatro cifras directo o superpleno: acierto exacto en el orden correcto.Combinado cuatro cifras: acierto en cualquier orden.Tres cifras directo: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acierto sin importar el orden.Dos cifras o pata: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acierto de la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se ajuste a su presupuesto y expectativa de premio.Cómo jugar chance en línea en ColombiaEn Colombia, el chance en línea solo puede jugarse de forma legal a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar. Operadores oficiales como Paga Todo, Gana, Su Red o Apuestas Cúcuta 75 cuentan con portales web y aplicaciones móviles habilitadas. El proceso general incluye:Registro en una plataforma autorizada.Verificación de identidad.Recarga de saldo mediante transferencias, PSE o billeteras digitales.Selección del sorteo, número y modalidad.Confirmación y conservación del comprobante digital.Requisitos para reclamar un premio del Paisita NocheEl procedimiento depende del monto ganado, pero siempre exige:Documentos básicos:Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento.Según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: diligenciar Formato SIPLAFT.Iguales o superiores a 182 UVT: certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Sorteo Paisita Noche 15 de febrero de 2026Últimos resultados del Paisita NocheSorteoFechaResultadoPaisita Noche14 Febrero 20263154 - ToroPaisita Noche13 Febrero 20268865 - TigrePaisita Noche12 Febrero 20260294 - ConejoPaisita Noche11 Febrero 20261580 - LeónPaisita Noche10 Febrero 20260846 - Cabra
La estrella de Los Angeles Lakers LeBron James sembró este domingo dudas sobre su continuidad en el baloncesto al afirmar que no tiene claro su futuro de cara a la próxima temporada y enfatizó que en lo único que piensa es en vivir."Solo quiero vivir, cuando lo tenga claro, lo haré saber. No tengo ni idea, solo quiero vivir", indicó el jugador en una rueda de prensa en el marco del All-Star de la NBA que se disputó este domingo en el estadio Intuit Dome de Inglewood (California).James agregó que tiene "muchas cosas sobre la mesa" que explorará una vez sienta que su tiempo en la pista ha concluido y que entre ellas se encuentran sus aspiraciones por formar parte de la junta directiva de la NBA."También hay otras empresas que seguiré explorando para ver qué me motivará en mi carrera posterior, pero ahora mismo sigo centrado en el presente, y eso es lo que tengo en mente", dijo.Aunque su prioridad, una vez se retire del baloncesto, será centrarse en su familia: "Una de mis pasiones es crear recuerdos que perduren para siempre", afirmó.El astro de los Lakers defendió durante su intervención el nuevo formato de esta edición de All-Star, una suerte de EE. UU. contra el mundo, aunque prefiere la competición costa Este contra costa Oeste que se disputaba años anteriores."Me gusta el formato Este-Oeste, pero están probando algo nuevo, a ver qué pasa. Estados Unidos contra el mundo... el mundo es gigantesco más allá de Estados Unidos. Estoy tratando de averiguar cómo tiene sentido, así que veremos qué pasa con esto", sentenció.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se refirió al plan pistola del Clan del Golfo contra los miembros de la Policía y Ejército que se está presentando en diferentes regiones del país.En principio rechazó estos ataques, pero además le hizo un llamado a los grupos armados para que cesen la violencia de cara a un eventual diálogo con el gobierno del presidente electo, Gustavo Petro.“Exhortar a los grupos armados ilegales a que efectivamente manden expresiones de voluntad manifiesta de establecer canales de paz. Ya está muy bueno que suspendan cualquier barbarie, ataque o intimidación”, enfatizó Camargo.Vale recordar que Petro ha expresado que para lograr la paz va a instalar unos diálogos regionales en las zonas más afectadas por el conflicto para poder buscar una solución a la violencia. Ante esto, el defensor asegura que los acompañarán si Petro considera que es importante la presencia de la entidad en los mismos.“Toda nuestra capacidad institucional para acompañar los mejores propósitos para buscar y encontrar caminos de paz, que nos conduzcan a una verdadera reconciliación de todos los colombianos”, añadió el defensor.Le puede interesar:Le puede interesar: Se está poniendo viejo
A una semana de posesionarse como presidente, Gustavo Petro, ya piensa en lo que será las negociaciones de paz con los diferentes grupos armados del país como el Clan del Golfo y el ELN para frenar la violencia.Además, hace pocos días, el nuevo comisionado para la Paz designado por Gustavo Petro, Danilo Rueda, emitió un mensaje a los grupos armados del país, invitándolos a mostrar alguna señal de paz para frenar la violencia que se está presentando en diferentes sectores del país.El director del Cerac Jorge Restrepo, en diálogo con Sala de Prensa Blu, explicó los retos que enfrentará el nuevo gobierno de Gustavo Petro en temas de paz.“Colombia es un país que cerró un conflicto armado de más de 50 años. No hemos podido acabar la violencia de la criminalidad y tampoco el de ELN. Actualmente vivimos una serie de protestas sociales violentas que incentivan al conflicto por parte de infiltrados. Además, la violencia contra los lideres comunitarios o activistas políticos, ha mantenido desde los años 80 y, hasta el momento, los atacas no cesan”, dijo.Le puede interesar:Según Restrepo, el gobierno saliente de Iván Duque avanzó en unos cuantos puntos del proceso de paz con las Farc, pero a su vez, tuvo un carácter selectivo que freno algunos temas.“En la implementación del acuerdo con las Farc se avanzó mucho, pero yo diría que tuvo un carácter selectivo que no permitió que todo el proceso se hiciera, pero sí hubo avances importantes por parte del gobierno de Duque”, explicó.Para Restrepo, la negociación que hará el próximo gobierno de Petro, de incluir a todos los grupos armados en un mismo proceso de paz, se debe modificar; pensando en los actos delictivos que últimamente están cometiendo en el país.“Yo veo que esa negociación no está bien armada y requiere de varios criterios; con el ELN se están haciendo conversaciones difíciles desde las JEP, actualmente también tiene presencia en Venezuela y eso significaría ese país también entraría en la negociación. Además, me parece que el hecho que ELN atente contra la población no tiene justificación. Con respecto al Clan del Golfo, la discusión que hay es el sometimiento a la justicia, pero teniendo en cuenta que quieren estos grupos ilegales y que le pueden entregar al país por sus hechos delictivos”, finalizó.
Juan Camilo Aljuri, coordinador de Pedagogía de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, habló en Mañanas Blu sobre la socialización del informe de la comisión en los colegios. El anuncio, hecho este jueves por el próximo ministro de Educación, Alejandro Gaviria, generó polémica en el país.“No se trata de un adoctrinamiento. No podemos decirle a ningún docente cómo hacer exactamente la pedagogía. Ofrecemos herramientas y son ellos y ellas, de acuerdo con la lectura que tienen de sus estudiantes quienes deciden cómo lo hacen”, indicó.Aljuri sostuvo que el objetivo del trabajo pedagógico será brindar herramientas para la convivencia pacífica."Se trata de entender que los más chicos deben tener herramientas para convivir en sociedad. Es una apuesta grande que tiene también la Comisión de la Verdad. No es más cátedra, no es la intención, está pensado para que se desarrolle en un día. Esto está pensado para que los docentes y las docentes del país tengan una serie de materiales, de guías pedagógicas, que les permitan, no que les digan exactamente, cómo hacerlo, pero que les permitan tomar parte de este legado”, indicó el experto.Según Aljuri, los detractores de la iniciativa están llamando a la confusión, sin tener en cuenta que el objetivo es enseñar a vivir en paz y no repetir el conflicto. “Tenemos que dejar un poco el miedo y comenzar a entender que este es un paso y un peldaño importante en una escucha plural, que nos permitan unas discusiones de país”, complementó.
La vicepresidenta electa, Francia Márquez, aseguró que el principal desafío para el gobierno del presidente Gustavo Petro es lograr la paz en Colombia.Tras reunirse con el presidente de Chile, Gabriel Boric, en el palacio presidencial La Moneda, la vicepresidenta electa reveló que el mandatario ofreció a Chile como sede de las negaciones de paz que está buscando establecer el nuevo gobierno.El anuncio lo hizo Márquez participe durante un "Encuentro Feminista Antirracista" en la sede central de la Universidad de Chile, en Santiago, al que acudieron la rectora de la casa de estudios, Rosa Devés, y la alcaldesa de la capital, Irací Hassler.Antes de viajar a Chile, Márquez estuvo en Brasil, donde mantuvo reuniones con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y representantes del movimiento negro brasileño.Desde que Gustavo Petro ganó las elecciones el pasado 19 de julio, el ELN ha reiterado en sendos comunicados su disposición a reanudar las negociaciones de paz que comenzó el expresidente Juan Manuel Santos en 2017 en Quito y se llevaron en 2018 a La Habana sin avances.Petro, el primer presidente izquierdista de la historia de Colombia, aseguró en campaña que si el protocolo con Cuba fue firmado debe respetarse y retomar las negociaciones de paz fallidas."Nuestro principal desafío es lograr la paz en Colombia, ese es el desafío mayor", apuntó Márquez, quien horas antes fue recibida por Boric en el marco de su gira por distintos países suramericanos, entre ellos Brasil y Argentina."La gente está desesperada de vivir en la violencia, desesperada de tener que padecer el miedo, sobre todo sabiendo que desproporcionalmente quienes están viviendo las consecuencias de ese conflicto armado innecesario son las poblaciones más empobrecidas", añadió.Con el cambio de Gobierno en 2018, los diálogos quedaron suspendidos por la exigencia al ELN del presidente saliente, Iván Duque, de liberar a todos los secuestrados que tiene en su poder y renunciar a todos los crímenes relacionados con narcotráfico, minería ilegal, atentados a infraestructura eléctrica y de petróleo, entre otras.Posteriormente, tras un atentado de esa guerrilla contra la escuela de cadetes de la Policía en Bogotá en enero de 2019, que dejó 22 muertos y más de 60 heridos, el Gobierno paralizó definitivamente cualquier posibilidad de diálogo con el ELN.A principios de mes, el jefe del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias "Antonio García", aseguró en un comunicado que esa guerrilla está "dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con el nuevo Gobierno para que sus resultados traigan la paz con justicia social para toda Colombia".Le puede interesar: escuche el podcast El Camerino
La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, considera que si la propuesta de "paz total" del próximo Gobierno pretende legalizar actividades criminales sería "una bofetada" al país, y afirma que se necesita una "oposición constructiva" a la Presidencia de Gustavo Petro, que comenzará el próximo 7 de agosto.A punto de cerrar un ciclo en su carrera política de casi 25 años, durante los cuales ha sido ministra de Comercio y de Defensa, embajadora, senadora y actualmente vicepresidenta y canciller, Ramírez afirma en una entrevista con Efe que tras dejar sus cargos se tomará un descanso, pero seguirá trabajando, especialmente por la igualdad de las mujeres, una de sus causas.Pregunta: ¿Cuál fue su mayor logro como vicepresidenta?Respuesta: Me siento muy contenta del tema de la equidad de género como una política de Estado totalmente irreversible, de este enfoque nuestro de lograr la autonomía económica de las mujeres, más mujeres en el mercado laboral, muchas más mujeres emprendedoras, empresarias de verdad, con proyectos que sean escalables, rentables, sostenibles, permanentes.Eso llegó para quedarse, logramos dejar a 964.000 mujeres, la mayoría de ellas en zonas rurales (680.000), que son emprendedoras, que generan empleos, que tienen productos con un mercado asegurado, y eso es muy importante.P: ¿Y como canciller qué destaca?R: En primer lugar, haber logrado el cierre de la investigación preliminar contra Colombia en la Corte Penal Internacional (por crímenes de guerra y lesa humanidad durante el conflicto armado) fue muy importante. Hacía 17 años que Colombia estaba en ascuas, sin saber qué iba a pasar con esa investigación.También, haber logrado movilizar muchísimo más la cooperación internacional hacia Colombia, por ejemplo, en las vacunas. Solicité y obtuve donaciones de cerca de 16 millones de vacunas sobre todo de Estados Unidos, España, y Alemania. Fueron tres países determinantes para lograr que se reactivara la economía más aceleradamente que en otros países, porque teniendo la gente vacunada era más fácil salir a trabajar.Igualmente, fortalecimos las relaciones con varios países de América Latina (...) con el Caricom, con Centroamérica y también con otros países como Turquía, Corea o Japón, países que son determinantes para el futuro de Colombia.P: ¿Qué opina del plan del próximo Gobierno de reabrir totalmente la frontera con Venezuela y restablecer relaciones diplomáticas?R: Cuando llegué a la Cancillería, hace apenas un año (mayo de 2021), había ya unos hechos cumplidos, una situación creada hacía varios años. Recordemos que la fractura en esta relación diplomática se da en el Gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos (en 2015), antes de la llegada del Gobierno nuestro en el 2018.En el Gobierno nuestro lo que sucedió es que (el presidente venezolano) Nicolás Maduro expulsó a todos los diplomáticos colombianos, entonces se volvió imposible esa relación.Colombia siempre tuvo abierta la frontera y quien cerró la frontera, quien puso además todos esos contenedores (en uno de los puentes binacionales) fue la dictadura de Maduro. Nosotros siempre hemos estado dispuestos a que lleguen venezolanos. Nada más generoso que lo que hizo Iván Duque con el Estatuto de Protección Temporal, no solamente para acoger venezolanos sino que siempre permitimos que pasaran la frontera, que hicieran sus compras y que pudieran regresar a Venezuela.Creo que a nivel de comercio y relación económica es posible que haya más integración (...) pero eso no significa, en el caso de nuestro Gobierno, normalizar la relación con una dictadura, eso sería perder totalmente la coherencia. Es que esa dictadura ha generado una crisis humanitaria muy profunda en Venezuela de la cual los primeros dolientes somos nosotros en Colombia.P: ¿Cómo ve la alianza pluripartidista formada en el Congreso por el presidente electo?R: Sobre el nuevo Gobierno, más que opiniones, lo que tengo es buenos deseos, el deseo de que les vaya bien, que sean exitosos, que triunfen en lograr un país donde se fortalezca cada vez más esta democracia, que es la democracia más estable de América Latina.Que hacen coaliciones, bueno, eso es propio de la política. Hacer coaliciones no está mal, lo que estaría mal es que esas coaliciones en el Congreso vayan a negar un principio fundamental de la democracia que es el debate transparente, de cara a la opinión.Las coaliciones de Gobierno son normales en todas las democracias siempre y cuando mayoría no signifique pasar una aplanadora sobre las minorías.El país siempre va a necesitar una oposición legítima, constructiva, que no creo que pueda en este momento dedicarse a atacar, a oponerse a todo lo que represente un nuevo Gobierno; cualquier oposición tiene la obligación moral de ser siempre constructiva.P: ¿Hay algo que le preocupe del próximo gobierno?R: Estamos todavía a la expectativa para cuando se presenten los proyectos de ley. Nosotros no queremos hacer lo que le pasó al Gobierno nuestro, que desde el momento en que ganamos nos declararon una resistencia y vivimos cuatro años con una resistencia permanente, con ataques, el no reconocer nada lo que se hizo positivo en este Gobierno. Eso no creo que sea sano.Mi posición siempre será respaldar todo lo que le sirva a Colombia, no importa que sea un Gobierno de una posición ideológica distinta, si le sirve a Colombia, lo respaldaremos.Le puede interesar:P: ¿Qué opina de la propuesta de "paz total" del próximo Gobierno?R: Creo que todos los colombianos hemos anhelado siempre un país en paz, y un país en paz se logra cuando hay un Estado de derecho que funciona, unas leyes que se aplican por igual a todos.Una cosa es que haya gente que tuvo una ideología política hace 40 o 50 años, y por eso estuvieron en las guerrillas y que haya un proceso de paz para incorporarlos políticamente, pero otra cosa distinta es hablar de legalizar todo lo que ha sido la criminalidad de este país y que queden en la impunidad.Eso, me parece, sería una bofetada a todos los colombianos (...) Si a nosotros nos van a decir a estas alturas de la vida que para hablar de paz total hay que sacar de la cárcel a todos los que se han robado la plata en obras públicas, con todo lo que ha habido (de corrupción) en este país en esta materia, eso no sería halagüeño para el futuro del país en materia de paz.Eso sería cubrir con un manto de impunidad a los corruptos de este país y eso no lo podemos, de ninguna manera, aplaudir.P: ¿Cómo se sintió en su primer encuentro con su sucesora, la vicepresidenta electa Francia Márquez?R: Fue muy positivo (...) Yo, en verdad, me siento muy orgullosa que haya nuevamente una mujer en este cargo; abrir la trocha es duro, a uno lo rasguñan bastante y a veces los rasguños son bastante profundos y hay unos que tienden a matar.Siento que lo que hicimos acá fue tan serio (...) con resultados tan contundentes, que eso de alguna manera permite que llegue de nuevo una mujer a la Vicepresidencia.Ese primer encuentro fue amable, fue constructivo, fue muy honesto. Le hice recomendaciones de las cosas que yo hubiera querido tener en la Vicepresidencia y que no se dieron por distintas razones para que ella ojalá pueda tener todo eso que le dé la mayor capacidad de lograr una gestión permanentemente con resultados.P: ¿Cuáles son sus planes, va a seguir en la política?R: Yo realmente no nací en la política, yo comencé mi carrera profesional en el sector privado y tengo que decir, modestamente, que me fue muy bien y fui exitosa en el sector privado. Me metí a la política porque tengo la vocación de servicio (...) Entonces no necesariamente mi vida está en la política (...) servirle a Colombia no necesariamente implica estar en lo público.Por lo pronto, me voy a ir a descansar. Tengo solo una hija que tuvo a su bebé hace un año, mi nieta, y la he visto tres veces. Creo que de verdad le debo mucho a mi familia, le debo presencia y dedicación.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la famosa reunión del exmandatario y el presidente electo:
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó el informe sobre la violencia en Colombia en territorios rurales y urbanos, asimismo, expuso algunas recomendaciones para que sean implementadas por el próximo gobierno con el fin de desescalar los niveles de violencia en los territorios.En primer lugar, se explicó que con la firma el acuerdo de paz generó esperanza en las comunidades más azotadas por la violencia. Sin embargo, en los últimos meses aumentaron las masacres y asesinatos de líderes sociales.“En los últimos dos años los grupos armados han expandido su presencia y afectan a la población, a pesar de los esfuerzos del Estado, la respuesta militar no logra frenar la violencia”, explicó Juliette de Rivero, representante en Colombia de la oficina de la ONU para los Derechos Humanos.Las denuncias que recolectó la ONU en departamentos como Nariño, Chocó y Arauca dan cuenta de un abandono estatal y una desconfianza por parte de la población civil en las instituciones, incluso, los grupos armados estarían dominando zonas del país donde la misma institucionalidad ha tenido que pedir permiso para ingresar a estos territorios.“Entre 2016 y 2021 verificamos 562 homicidios de líderes sociales, de los cuales 61 pertenecen a indígenas, hay un incremento progresivo de homicidios”, explicó Rivero.Además, en los primeros seis meses del año se recibieron 140 denuncias de homicidios de líderes y preocupa a la ONU que entre 2016 y 2021 las masacres han registrado un aumento en un 200%, solo en este año ya se contabilizan 33 que dejan 108 víctimas.Ante esto, hicieron unas recomendaciones al próximo presidente, entre las que destaca, la necesidad de revisar la forma como se están combatiendo los grupos ilegales y la política de seguridad del Estado.“El enfoque en la fuerza pública ha mostrado sus limitaciones. No debe ser una estrategia pensada en el número de bajas, sino en proteger a la población civil”, señaló.En el mismo sentido, hicieron un llamado al gobierno para que implemente los puntos del acuerdo de paz firmado con las Farc que aún están presentando rezagos. Además de una política eficaz de desmantelamiento de los grupos y estructuras al margen de la ley.“Se debe consolidar el Estado de Derecho, modernizar la doctrina de defensa y depurar al personal de la fuerza pública vinculado a violaciones de derechos humanos y a la corrupción, abandonado además la noción del enemigo interno”, indicó.Le puede interesar:Por otro lado, indicó que en los últimos dos años se incrementó la violencia, pero celebraron el anuncio del presidente electo Gustavo Petro de buscar una paz total para buscar una solución al conflicto en las regiones.“Hubo una falta de implementación del acuerdo de paz y faltó la adopción de una política de sometimiento, el gobierno pudo haber podido avanzar más”, finalizó Rivero.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la famosa reunión del exmandatario y el presidente electo: