El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
La organización, encabezada por su presidente Pablo Bustos, anunció que interpondrá una denuncia penal contra la congresista del partido ASÍ tras las declaraciones del periodista Sergio Mesa, quien habría reconocido públicamente la existencia de estos hechos.Ante la gravedad de las acusaciones, la Red de Veedurías también presentará una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra el propio Mesa, reconociendo su valor al exponer la situación, pero señalando la necesidad de que responda por su participación y las contradicciones posteriores frente a las acciones de la Red.Como representantes de víctimas en el macrocaso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Red de Veedurías reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción en todas las esferas del poder público.El organismo ciudadano insistió en que continuará ejerciendo su labor de control con independencia política, bajo la premisa de que ningún servidor público puede estar por encima de la ley y que la corrupción debe ser perseguida sin distinción.
La muerte de Erika Jimena Moreno, una joven trabajadora de 22 años, es materia de investigación en Tunja, Boyacá, luego de que su cuerpo fuera hallado en el apartamento donde residía con su pareja sentimental. Los hechos se remontan al 29 de diciembre de 2025, día en que, según el relato de su padre en entrevista con En Privado Podcast, Faustino Moreno, fue vista con vida por última vez. Don Faustino recordó así esa mañana: "Se baña, se arregla, se peina, se pone bonita y se va... me dice: 'Papá, présteme para el transporte que no tengo'". Tras entregarle 5.000 pesos, la despidió sin imaginar que sería el último contacto.De acuerdo con las cámaras de seguridad del sector, la joven ingresó a su apartamento hacia las 5:00 p.m., “feliz con una bolsa”, y desde ese momento no volvió a ser vista saliendo del lugar. La Fiscalía investiga lo ocurrido dentro de la vivienda durante los seis días siguientes, periodo en el que, presuntamente, su pareja, Walter Camilo Medina Rojas, habría acabado con su vida el mismo 29 de diciembre y permanecido en el inmueble.El padre de la víctima aseguró que el señalado responsable continuó con su rutina habitual mientras el cuerpo permanecía en el apartamento. "Convivía con el cuerpo así normal como si nada, la gente lo veía, él comía delante del cuerpo", relató. Además, indicó que durante esos días el hombre habría utilizado el celular de Erika para enviar mensajes y evitar sospechas. "Él se hacía pasar por ella... pero la forma como escribe, la forma como devuelve los mensajes no son de ella", explicó.El hallazgo se produjo el domingo 4 de enero, hacia las 6:30 p.m., cuando Faustino acudió al apartamento acompañado de la Policía ante la falta de respuestas claras. "En ese momento es cuando yo encuentro el cuerpo de mi hija... yo veo que son las zapatillas de ella porque es que ya está envuelta", narró. Según su testimonio, el cuerpo estaba en el suelo, cubierto con sábanas y cobijas. "La veo muy gorda... de tanto tiempo que ya llevaba el cuerpo se hincha, se inflama... yo sabía, dije: 'es mi hija'", agregó.Las autoridades informaron que Medina Rojas fue captado por cámaras de seguridad saliendo del lugar “con una maleta y un casco” antes de la llegada de la familia. Posteriormente fue capturado en Bogotá ocho días después. En audiencias preliminares, según el padre de la joven, se mostró "muy relajado, muy tranquilo como si nada" y hasta ahora "no acepta cargos".Mientras avanza el proceso judicial, Faustino pidió una condena ejemplar. "Yo le pido a las autoridades que pague por lo que hizo para que sea un ejemplo para Colombia... que haya ley, por favor, que se pague todo lo que hizo como debe ser", expresó.
El chance Dorado Noche se posiciona como uno de los sorteos más consultados en Colombia, especialmente entre quienes revisan a diario los resultados del chance. Cada publicación corresponde exclusivamente al sorteo más reciente y es la única referencia válida para comparar con los tiquetes adquiridos.Resultado del Dorado Noche hoy 15 de febrero de 2026El número ganador del chance Dorado Noche de este domingo 15 de febrero de 2026 es: 0845- 3.Número ganador: 0845Dos últimas cifras: 45Tres últimas cifras: 845La quinta: 3En el plan de premios del Dorado Noche, acertar las cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces el valor apostado. Si el jugador acierta las cuatro cifras en modalidad combinada, el premio equivale a 208 veces lo jugado.Cuando se coincide con las tres últimas cifras en modalidad directa, el pago es de 400 veces la apuesta; en modalidad combinada, corresponde a 83 veces. Para quienes aciertan las dos últimas cifras directas o pata, el premio es de 50 veces lo apostado. Finalmente, acertar la última cifra directa o uña paga cinco veces el valor invertido.Esta variedad de opciones convierte al Dorado Noche en una alternativa atractiva dentro de los juegos de suerte y azar en Colombia.Qué días y a qué hora juega Dorado NocheEl Dorado Noche se juega exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo.Este horario fijo permite que los jugadores sepan con exactitud cuándo verificar sus números y confirmar si obtuvieron algún premio en el más reciente resultado del Dorado Noche.Cómo jugar un chance en línea en ColombiaEn Colombia, además de los puntos físicos, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país.Para participar de manera virtual, el usuario debe registrarse en un operador legal, validar su identidad, recargar saldo y seleccionar el sorteo, el número y la modalidad de apuesta. Esta alternativa facilita el acceso a los resultados del chance en tiempo real y brinda mayor comodidad, siempre dentro del marco legal vigente.¿Qué necesita para reclamar el premio del chance?Según la empresa Paga Todo, desde el 1 de febrero de 2015 los premios iguales o superiores a 100.000 pesos se pagan directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos. Para reclamar un premio del Dorado Noche es indispensable:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos en la parte posterior.Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para este trámite.Cumplir estas condiciones garantiza que el pago del premio se realice de manera ágil y segura, conforme a la normativa vigente en Colombia.Sorteo en vivo Dorado Noche 15 de febreroÚltimos resultados del chance Dorado NocheSorteoFechaResultadoDorado Noche14 Febrero 20266924 - 3Dorado Noche8 Febrero 20263989 - 4Dorado Noche7 Febrero 20269531 - 0Dorado Noche1 Febrero 20266573 - 7
El ayuno intermitente no está a la altura de su fama para perder peso. La mayor revisión de la evidencia científica llevada a cabo hasta la fecha sobre esta práctica, muy popularizada en las redes sociales por sus "beneficios metabólicos", indica que no es más efectiva que hacer dieta o llevar una vida saludable.El metaanálisis que publica este lunes el Sistema Cochrane ha incluido 22 estudios sobre el ayuno intermitente, con casi 1.995 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica a los que se hizo un seguimiento durante 12 meses.La revisión evalúa las diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo.Los investigadores, entre ellos Eva Madrid, del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales para no engordar y con qué ocurre cuando no hay ninguna intervención.La evidencia no justifica el entusiasmoSus conclusiones apuntan a que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada con esta práctica.Además, los autores tampoco aprecian ninguna diferencia significativa respecto al asesoramiento dietético habitual o a la mejora en los hábitos de salud.“El ayuno intermitente podría ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales hacia esta práctica”, señala uno de los autores de la revisión, Luis Garegnani, investigador en el Hospital Italiano de Buenos Aires.Los investigadores reconocen que aún hay pocos estudios que hayan estudiado el impacto del ayuno intermitente a largo plazo.Teniendo en cuenta que la obesidad es, precisamente, una enfermedad a largo plazo, eso dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte, al menos de momento, como para ser recomendada clínicamente, señalan.La mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores advierten de que sus resultados podrían dar pistas, pero que no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes.“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señala Eva MadridLa obesidad requiere tratamientos personalizadosLa obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.“Estamos ante una revisión rigurosa. Sin embargo, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es corto, por tanto no es la última palabra", señala Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela (IDIS), en una reacción recogida por Science Media Centre.Crujeiras explica que si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud, ya que las moléculas cetónicas tienen propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias."Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", apunta.No obstante, la investigadora incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología."A unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico”, concluye.
El chance Chontico Noche continúa siendo uno de los sorteos más tradicionales y consultados del suroccidente de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca. Cada día, miles de jugadores esperan los resultados del Chontico Noche con la expectativa de acertar y obtener un premio en este popular juego de azar.Número ganador del Chontico Noche – 15 de febrero de 2026El resultado oficial del sorteo realizado este domingo 15 de febrero de 2026 fue: 7568 - 9.Número ganador: 7568 Dos últimas cifras: 68Tres últimas cifras: 568La quinta: 9¿A qué hora juega el Chontico Noche?El sorteo del Chontico Noche se realiza todos los días en horarios establecidos, lo que permite a los apostadores organizar sus jugadas y consultar los resultados en el momento adecuado:Lunes a viernes: 7:00 p. m.Sábados: 10:00 p. m.Domingos y festivos: 8:00 p. m.Además del sorteo nocturno, el portafolio incluye otras alternativas como Chontico Día y Súper Chontico Noche, este último se juega los jueves en la noche. Estas opciones amplían las oportunidades para quienes participan con frecuencia en este tradicional chance.¿Cómo se juega el chance Chontico Noche?El Chontico Noche ofrece diferentes modalidades de juego. El valor del premio depende del número de cifras acertadas y del orden en que coincidan con el resultado oficial del sorteo. Las principales modalidades son:Cuatro cifras directo o superpleno: acertar las cuatro cifras en el orden exacto.Combinado cuatro cifras: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.Tres cifras directo: acertar las tres últimas cifras en orden exacto.Combinado tres cifras: acertar las tres últimas cifras en cualquier orden.Dos cifras o pata: acertar las dos últimas cifras en orden exacto.Una cifra o uña: acertar únicamente la última cifra del resultado.Esta variedad permite que cada jugador elija la modalidad que mejor se adapte a su presupuesto y estrategia, manteniendo la esencia práctica que caracteriza a los juegos de chance.¿Cuánto cuesta apostar al Chontico Noche?Uno de los aspectos que impulsa la participación diaria en el chance Chontico Noche es la accesibilidad en los valores de apuesta:Valor mínimo del tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Esta flexibilidad facilita que personas con distintos presupuestos participen en el sorteo, ya sea con montos básicos o con apuestas más altas según su preferencia.¿Cómo jugar chance en línea en Colombia?En Colombia, el chance en línea puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar. Esta modalidad permite realizar apuestas sin acudir a un punto físico y consultar los resultados en tiempo real.El proceso general incluye:Registrarse en un operador legal autorizado.Validar la identidad, requisito obligatorio.Recargar saldo mediante los medios de pago habilitados.Elegir el sorteo, número y modalidad antes de confirmar la apuesta.Utilizar plataformas oficiales brinda mayor seguridad en las transacciones y respaldo ante cualquier reclamación.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado, pero siempre exige la presentación de documentos básicos. Documentos básicos:Tiquete original sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el valor del premio (UVT):Menores a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT.Iguales o superiores a 182 UVT: es obligatoria una certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).El pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles. Como recomendación, se aconseja conservar el tiquete en buen estado y verificar siempre los resultados del Chontico Noche en canales oficiales.Últimos resultados del Chontico NocheSorteoFechaResultadoChontico Noche14 Febrero 20262056 - 3Chontico Noche13 Febrero 20268691 - 3Chontico Noche12 Febrero 20261608 - 0Chontico Noche11 Febrero 20260830 - 1Chontico Noche10 Febrero 20269876 - 2
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
El presidente electo, Gustavo Petro, explicó su búsqueda para una paz total con todos los actores armados para poner fin a la violencia que se vive en los territorios. Una de las medidas sería entablar unos diálogos regionales entre la sociedad civil y los grupos armados. Esto se daría en las regiones afectadas con los conflictos.Ante este anuncio, desde la Oficina de los Derechos Humanos para la ONU aseguraron estar dispuestos a acompañar dichos diálogos si así lo requiere el gobierno entrante.“Absolutamente, tanto nosotros como otras instancias de la ONU estamos dispuestos a acompañar estos diálogos territoriales con la población y de asesorar al gobierno en las medidas que tome para resolver el tema de los grupos armados en los territorios”, explicó Juliette de Rivero, representante de la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU en Colombia.Le puede interesar:También se refirió al anuncio que hicieron algunos grupos narcotraficantes sobre hacer parte de la paz total que busca Petro. Para la ONU, aunque es importante buscar siempre canales de comunicación, se debe pensar también en políticas de desmantelamiento de estas bandas, respetando así los estándares internacionales.“La estrategia para enfrentar a estos grupos tiene que ser múltiple, se pueden abrir diálogos para un cumplimiento de las normas mínimas humanitarias pero también tiene que haber una política de desmantelamiento de estos grupos. Existen estándares internacionales que se tienen que cumplir para establecer estos diálogos. Ofrecemos nuestra capacidad técnica para que se respeten los estándares internacionales”, señaló.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca por qué no dio frutos la famosa reunión del exmandatario y el presidente electo:
Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, reveló el testimonio de un cuarto alcalde de un municipio donde hubo ejecución de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), quien fue testigo de posibles anomalías en escándalo del saqueo de recursos en los Ocad-Paz."Eso es más o menos en octubre de 2020 cuando la Contraloría comienza como a frenar los proyectos, diciendo que estaban mal hechos, pero la intención era que unos proyectos aprobados no se fueran a ejecutar por Ocad - Paz, solo alcanzamos a sacar los que alcanzamos antes de octubre", dijo el mandatario que pidió reserva de su identidad."El papel que jugaba el personaje (Aníbal Quiroz) era que él mismo metía a través de nombres y cédulas, de personas reales. Nosotros averiguamos, esas personas decían que no tenían nada que ver con eso. Él decía que alguna persona mandaba unos documentos, que estaban en el Ocad-Paz, diciendo que los municipios no tenían la capacidad, que no habían hecho los proyectos, que era un riesgo, que no tenían equipo técnico para ejecutar, etcétera", agregó el alcalde. De acuerdo con el testimonio del mandatario, en el manejo de las supuestas coimas podría suponerse que había conocimiento en altas esferas.“Los congresistas se ponían de acuerdo con los contratistas. De pronto el personaje era la voz visible de Córdoba, el contralor general. Es lo que se supone. Es la sospecha, porque nosotros sabemos que él no tenía ese poder solamente. El papel de Luis Alberto Rodríguez es menos claro”, sostuvo el declarante.“Había gente que le prometía a uno sacarle los proyectos siempre y cuando se le entregaran a un congresista, que ellos lo conocían. Decían que los congresistas tenían esos cupos, algo así”, complementó.
El representante de la Conferencia Episcopal, Héctor Fabio Henao, en diálogo con Blu Radio, precisó que, si bien en la reunión que sostuvo en las últimas horas con el canciller designado, Álvaro Leyva, no se profundizaron en los detalles, sí quedó claro que la Iglesia católica tiene toda la voluntad para ayudar en la paz de Colombia.Monseñor Henao indicó que la reunión con Leyva fue para reiterar el llamado del nuevo gobierno a participar en un proceso de diálogo con varios grupos, entre los que están el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, los Caparros y los Rastrojos.“Esa conversación era más que todo para reiterar el llamado del gobierno para que la Iglesia participe activamente en los procesos que se van a iniciar, pero no hubo detalles. No creo que esté definida específicamente la metodología, ni los pasos que se van a dar con cada uno de los grupos”, indicó monseñor Henao.El objetivo de la reunión era el de expresar la voluntad de la Iglesia para hacer un aporte a la paz e igualmente expresar la voluntad del gobierno entrante en ese mismo sentido.“Vamos a apoyar la búsqueda de la paz, estamos en el plan de buscar el mejor aporte (...) Estamos dispuestos a apoyar”, añadió monseñor Henao en diálogo con Mañanas Blu. Además, recalcó que su labor consiste en “buscar soluciones en corto o mediano plazo en las regiones” que enfrentan situaciones humanitarias difíciles.
Alejandro Eder, ex alto consejero Presidencial para la Reintegración y ex negociador del Gobierno en el proceso de paz habló en Sala de Prensa Blu sobre la propuesta de negociar con grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y los Rastrojos. Esto luego de conocerse una carta en la que, al parecer, grupos armados tienen intenciones de explorar una salida negociada con el gobierno entrante de Gustavo Petro.“La naturaleza del conflicto armado o de la violencia en Colombia ha cambiado mucho, antes los principales actores eran las Farc, el Eln, las AUC involucrados en cierta medida con el narcotráfico y otras actividades ilegales, pero las Farc y el ELN tenía presencia nacional y con un objetivo revolucionario de tumbar y reemplazar al gobierno, esa finalidad política se fue desvirtuando con el tiempo y con la seguridad democrática y la desmovilización de las AUC se forman las bandas criminales más regionalizadas con agroindustrias de coca… lo que se vive es una situación muy compleja por el alto volumen de este producto ilegal”, indicó.Le puede interesar:El exdirector de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) también mencionó que estos grupos netamente criminales pueden hablar de un proceso de sometimiento a la justicia y que quizás con el grupo que se pueda negociar con una perspectiva de paz es el ELN.“A pesar de ellos (ELN) siguen muy metidos en la coca, en el secuestro, la extorsión y otros delitos sí tienen alguna finalidad política y se podría pensar en un proceso de ese tipo…Muchas veces hay que pelear la guerra antes de llegar a la negociación. Hay muchas dudas de si el conflicto con el ELN está maduro”, explicó.Por su parte, el senador Roy Barreras reveló que no habrá suspensión de operaciones contra el Clan del Golfo, pese a que este grupo armado ilegal, en una carta, anunció un cese del fuego a partir del 7 de agosto, cuando se posesione Petro.
El canciller designado Álvaro Leyva Durán se reunió con la Iglesia, los obispos, presidente, vicepresidente y secretario general de la Conferencia Episcopal y el monseñor Héctor Fabio Henao. Leyva catalogó este encuentro como una relación Iglesia-Estado.Recordemos que días atrás, Leyva Durán ya se refirió a la estrategia que tendrá el nuevo gobierno para lograr la paz.“Claro que habrá diálogo, eso lo saben y si lo reitero a través de todos los micrófonos que hay acá, habrá diálogo y vamos a buscar la paz total. Esto es para todos, aquí no vamos a excluir a nadie, a propósito del ELN también habrá revisión de fechas y fortalecimientos para la JEP”, indicó.Además, dijo también vía Twitter en una foto que publicó con los miembros de la iglesia: “nos reunimos ayer sábado a propósito de la invitación que el presidente Gustavo Petro, le hizo a la iglesia de vincularse a la paz total”.En su discurso se refirió a una paz que incluye a todos los grupos al margen de la ley como el Clan del Golfo y el ELN.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno:
Eliécer Erlinto Chamorro, conocido con el alias de 'Antonio García' y quien es el máximo comandante del ELN, explicó en su cuenta de Twitter que desde esa guerrilla tienen interés en llegar la paz al igual que el entrante gobierno de Gustavo Petro. El grupo al margen de la ley inició conversaciones en el 2017 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, inspirados en el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, todo quedó suspendido en el 2019 tras el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, donde murieron 23 estudiantes y 100 más resultaron heridos.Por eso, retomar la mesa de conversación con este grupo subversivo podría llegar a ser todo un reto para el presidente electo, no obstante, el ELN tiene interés en llegar a un acuerdo para acabar con la violencia y el narcotráfico.“Se escuchan voces del Nuevo Gobierno sobre una política distinta contra el narcotráfico: debe "acabarse la guerra al narcotráfico", por ser una política que no produjo resultados positivos. Estamos de acuerdo, pero no es suficiente.”, explicó alias 'Antonio Garcés'.También explicó que buscarán acabar definitivamente con el narcotráfico y para llegar eso, podrán contar con ellos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno: