Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El ayuno intermitente no está a la altura de su fama para perder peso. La mayor revisión de la evidencia científica llevada a cabo hasta la fecha sobre esta práctica, muy popularizada en las redes sociales por sus "beneficios metabólicos", indica que no es más efectiva que hacer dieta o llevar una vida saludable.El metaanálisis que publica este lunes el Sistema Cochrane ha incluido 22 estudios sobre el ayuno intermitente, con casi 1.995 participantes adultos de Norteamérica, Europa, China, Australia y Sudamérica a los que se hizo un seguimiento durante 12 meses.La revisión evalúa las diversas modalidades de ayuno intermitente, incluyendo la restricción de alimentación en días alternos, el ayuno periódico y la alimentación limitada por intervalos de tiempo.Los investigadores, entre ellos Eva Madrid, del Institut de Recerca Sant Pau de Barcelona, comparan el ayuno intermitente con los consejos alimentarios tradicionales para no engordar y con qué ocurre cuando no hay ninguna intervención.La evidencia no justifica el entusiasmoSus conclusiones apuntan a que el ayuno intermitente no resulta especialmente eficaz para la pérdida de peso en adultos con obesidad o sobrepeso, los cuales mostraron una pérdida de peso moderada con esta práctica.Además, los autores tampoco aprecian ninguna diferencia significativa respecto al asesoramiento dietético habitual o a la mejora en los hábitos de salud.“El ayuno intermitente podría ser una opción razonable para algunas personas, pero la evidencia actual no justifica el entusiasmo que vemos en las redes sociales hacia esta práctica”, señala uno de los autores de la revisión, Luis Garegnani, investigador en el Hospital Italiano de Buenos Aires.Los investigadores reconocen que aún hay pocos estudios que hayan estudiado el impacto del ayuno intermitente a largo plazo.Teniendo en cuenta que la obesidad es, precisamente, una enfermedad a largo plazo, eso dificulta que el ayuno intermitente tenga un respaldo científico fuerte, al menos de momento, como para ser recomendada clínicamente, señalan.La mayoría de los estudios incluidos reclutaron predominantemente a poblaciones blancas en países de ingresos altos. Por ello, los autores advierten de que sus resultados podrían dar pistas, pero que no se pueden extrapolar a toda la población, ya que podrían variar según el sexo, la edad, el origen étnico, el estado de la enfermedad o los trastornos o conductas alimentarios subyacentes.“Con la evidencia actual disponible, es difícil hacer una recomendación general. Los médicos deberán adoptar un enfoque individualizado para cada caso a la hora de asesorar a adultos con sobrepeso para adelgazar”, señala Eva MadridLa obesidad requiere tratamientos personalizadosLa obesidad es un problema importante de salud pública que se ha convertido en una de las principales causas de muerte en los países de ingresos altos. Según la OMS, 2.500 millones de habitantes de países ricos sufrían sobrepeso en 2022, y de ellos 890 millones padecían obesidad.“Estamos ante una revisión rigurosa. Sin embargo, la calidad de muchos estudios es limitada y el seguimiento es corto, por tanto no es la última palabra", señala Ana Belén Crujeiras, jefa de Epigenómica en el grupo de Endocrinología y Nutrición del Instituto de Investigación en Salud de Santiago de Compostela (IDIS), en una reacción recogida por Science Media Centre.Crujeiras explica que si el ayuno intermitente está bien hecho se crea una situación de cetosis nutricional que puede conferir beneficios para la salud, ya que las moléculas cetónicas tienen propiedades antioxidantes, y antiinflamatorias."Se ha observado que este estado de cetosis nutricional se asocia con mejor bienestar y calidad de vida", apunta.No obstante, la investigadora incide en que la obesidad es una enfermedad crónica, y en que su tratamiento debe ser personalizado y siempre bajo prescripción de un profesional de la nutrición o la endocrinología."A unas personas les funcionan unas estrategias terapéuticas y a otras, otras, depende de su estilo de vida, sus gustos personales y su perfil molecular y fisiológico”, concluye.
Tras el reporte del Centro de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe de la Armada de Colombia sobre una embarcación cargada con clorhidrato de cocaína en el Mar Caribe, se activó una operación conjunta que se extendió por más de 72 horas.La lancha tipo Go Fast, equipada con cuatro motores fuera de borda de 300 caballos de potencia y capacidad para transportar cerca de cinco toneladas de alcaloides, fue hallada abandonada en un estero del Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia. La motonave era capaz de alcanzar velocidades de hasta 45 nudos.La Institución Naval estableció que la embarcación habría zarpado desde las costas del departamento de Córdoba con sustancias ilícitas, teniendo como destino final Honduras, en Centroamérica.De manera inmediata, se desplegó una aeronave de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para realizar el seguimiento de la embarcación, guiando a las Unidades de Reacción Rápida de las Estaciones de Guardacostas de Cartagena y Urabá para ejecutar la interdicción marítima.Al notar la presencia de las autoridades, los tripulantes cambiaron el rumbo hacia las costas colombianas para intentar evadir la presión sostenida de la fuerza pública e internarse en la zona costera. Sin embargo, tropas del Batallón de Infantería de Marina No. 14 desplegadas en tierra impidieron la maniobra. Ante el asedio, los sujetos emprendieron la huida hacia el Golfo de Urabá, donde finalmente abandonaron la embarcación de 60 pies de eslora —cargada con 30 canecas de gasolina— en una zona de manglares.Posteriormente, tropas del Batallón de Infantería No. 47 "Francisco de Paula Vélez" del Ejército Nacional realizaron la inspección, judicialización e inutilización de la motonave en coordinación con las autoridades competentes. Respecto al cargamento, se presume que fue arrojado al mar durante la persecución, por lo cual aeronaves del Comando Aéreo de Combate No. 3 y buques de la Fuerza Naval del Caribe adelantan actualmente operaciones de búsqueda y registro.Con el éxito de esta operación, la Fuerza Aeroespacial, en conjunto con la Armada de Colombia y el Ejército Nacional ratifica su presión sostenida contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico, especialmente en la región del Caribe colombiano.
El Súper Astro Luna se ha convertido en uno de los juegos de chance más llamativos en Colombia gracias a su formato diferencial: combina un número de cuatro cifras con uno de los doce signos del zodiaco. Esta unión entre azar y astrología lo distingue de otros sorteos tradicionales y mantiene a miles de personas pendientes de los resultados del Súper Astro Luna cada día.Número ganador del Super Astro Luna – 15 de febrero de 2026El resultado oficial del chance Super Astro Luna de este domingo 15 de febrero de 2026 fue: 7933 - -Sagitario.Número ganador: 7933Dos últimas cifras: 33Tres últimas cifras: 933Signo zodiacal: SagitarioEn esta modalidad, el jugador selecciona un número entre 0000 y 9999 y lo acompaña con un signo zodiacal —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis—. Los números publicados tras cada sorteo son los únicos válidos para verificar los tiquetes, por lo que se recomienda confirmar siempre el resultado en canales oficiales o con el vendedor autorizado.¿Cómo funciona el Súper Astro Luna?El sorteo del Súper Astro Luna se realiza todos los días en horarios establecidos:Lunes a viernes: 10:40 p. m.Sábados: 10:42 p. m.Domingos y festivos: 8:30 p. m.Una vez finaliza cada jornada, los resultados oficiales quedan disponibles para su consulta. Esta frecuencia diaria mantiene la expectativa constante entre quienes siguen este chance.Para obtener el premio mayor, el participante debe acertar el número de cuatro cifras en estricto orden de izquierda a derecha y también el signo zodiacal elegido, según la modalidad seleccionada.Cómo jugar el chance Super Astro LunaParticipar en el chance Súper Astro Luna es un proceso sencillo:Elegir un número de cuatro cifras.Seleccionar uno de los doce signos del zodiaco.Optar, si lo desea, por la modalidad “Todos los Signos”, que permite jugar el mismo número con los doce signos (debe indicarse al asesor al momento de la apuesta).Realizar la apuesta, con posibilidad de hacer hasta cuatro jugadas por tiquete.Estas opciones permiten que cada jugador adapte su estrategia y presupuesto, manteniendo una dinámica clara y fácil de entender.¿Cuánto cuesta apostar?El Súper Astro Luna ofrece valores accesibles:Valor mínimo por tiquete: $500 pesos.Valor máximo por apuesta: $10.000 pesos.Este rango facilita la participación de personas con distintos presupuestos, ya sea con apuestas básicas o montos mayores.¿Dónde jugar Super Astro Luna en línea?El juego está disponible en:Puntos de venta físicos autorizados en todo el país.Plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, entidad que regula los juegos de suerte y azar en Colombia.Para jugar en línea, el usuario debe registrarse en un operador legal, verificar su identidad, recargar saldo y seleccionar el número junto con el signo zodiacal. Esta modalidad ofrece mayor comodidad y permite consultar los resultados del Súper Astro Luna en tiempo real.¿Cómo reclamar un premio del Súper Astro Luna?El proceso de cobro depende del monto ganado, aunque existen requisitos obligatorios en todos los casos.Documentos básicosTiquete original en buen estado, sin tachones ni enmendaduras.Documento de identidad original.Fotocopia legible del documento de identidad.Según el monto del premio (UVT)Menor a 48 UVT: solo se requieren los documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: se debe diligenciar el Formato SIPLAFT en el punto de venta.Igual o superior a 182 UVT: es necesario presentar certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).Últimos resultados Súper Astro LunaSorteoFechaResultadoAstro Luna14 Febrero 20263061 - GéminisAstro Luna13 Febrero 20262529LeoAstro Luna12 Febrero 20266657 - CáncerAstro Luna11 Febrero 20269097 - AcuarioAstro Luna10 Febrero 20264430 - Piscis
El presidente Gustavo Petro confirmó durante su alocución de la noche de este domingo 15 de febrero de 2026 que el Gobierno expedirá un nuevo decreto transitorio sobre el incremento del salario mínimo, tras la decisión del Consejo de Estado que dejó en suspenso el aumento del 23,78 %. El mandatario aseguró que acatará la orden judicial y que el llamado “salario vital” se mantendrá mientras se expide el nuevo acto administrativo.“Voy a aceptar que se genere un decreto transitorio. Primero vamos a aclarar esto con el magistrado. Esto hace que los ocho días se tengan que usar más. Nosotros, de todas maneras, es orden de la Constitución, lo tendremos en cuenta en el nuevo decreto de fallo transitorio. Lo que significa que el salario vital se mantiene hasta que se expida el nuevo decreto y el nuevo decreto va a tener el salario vital”, afirmó el jefe de Estado.La controversia surge luego de que el Consejo de Estado ordenara al Gobierno nacional emitir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, al considerar que el incremento no habría contado con el suficiente sustento técnico. Según el alto tribunal, el ajuste debía estar respaldado por indicadores cuantitativos claros, como la inflación del 5,1 % y la productividad del 0,9 %, y no responder únicamente a una determinación política, con el fin de garantizar la estabilidad económica y la confianza inversionista.Petro también convocó a movilizaciones en todo el país para este jueves 19 de febrero, al invitar al “pueblo trabajador de Colombia” a concentrarse en las plazas públicas.El mandatario aseguró que solicitará una aclaración frente a las decisiones adoptadas y sostuvo que esta discusión no solo es de carácter jurídico, sino que también debe respaldarse con la movilización ciudadana. “Los espero en todas las plazas públicas de Colombia. Convoca al presidente para defender el salario vital”, afirmó Petro.En su alocución de hoy, el presidente dijo que para estudiar el salario mínimo convocó para este lunes una reunión de la Comisión de Concertación en la que estarán su ministro Trabajo, Antonio Sanguino, y representantes del movimiento sindical y del empresariado."Esto lo discutiremos con el empresariado y la clase obrera. Se puede hacer un pacto, indudablemente oiremos, pero inmediatamente después haremos el decreto nuevo transitorio, ojalá con el resultado de una concertación", dijo.El mandatario dejó en claro "que a partir del decreto presidencial del 31 de diciembre del año pasado, en Colombia rige un salario vital que es el mínimo vital de una familia y que es móvil", lo que indica que puede variar.
El sábado 22 de junio de 2024 comenzó como un día frío y lluvioso en el municipio de Subachoque. Jenny Esperanza González, de 35 años, había trabajado hasta el mediodía y regresó a casa para compartir con su madre y su hija de 13 años. Según el testimonio de Pastora Castro en entrevista con Más Allá del Silencio del Rafael Poveda, su compañero sentimental, Luis Lorenzo Correa, “llegó harto tomado” y desde temprano repetía que “le habían dañado los planes”. Almorzaron juntos, pero la tarde avanzó entre más licor y discusiones. “Que yo no quiero más, Lorenzo, yo no quiero más”, le habría dicho Jenny en medio de la madrugada, mientras él insistía: “Écheme más porque yo quiero más”.De acuerdo con el relato de la madre, la tensión se extendió hasta el amanecer. Hacia las seis de la mañana, Pastora decidió irse del lugar junto con su nieta. Horas después, sobre las 2:30 o 3:00 de la tarde, recibió una llamada desde el celular de su hija. “Doña Pastora, salga a la avenida que voy con Jenny, que se prendió candela”, le dijo el conductor de la ambulancia. Minutos más tarde, el propio Lorenzo la contactó para darle su versión: “Esa loca se prendió candela, yo no sé con qué, con whisky”. Cuando la madre le preguntó por qué no la acompañaba, él respondió: “No, por mi estado, yo no fui”.Jenny fue trasladada inicialmente a un centro asistencial en Facatativá y luego remitida al Hospital Simón Bolívar en Bogotá debido a la gravedad de las quemaduras, que comprometían cerca del 80 % de su cuerpo, principalmente la espalda y el torso. Durante varios días permaneció sedada, pero alcanzó a declarar ante las autoridades. Según su testimonio, estaba agachada en el patio cuando sintió “el fogonazo en la espalda” y en cuestión de segundos el fuego se extendió al pecho. “Yo empecé a gritar… le decía que me auxiliara”, relató. También contó que sus dedos quedaron desollados al intentar apagarse las llamas. “Mírenme las uñitas, mírenme los deditos”, alcanzó a decir.El 23 de agosto de 2024, tras dos meses de lucha médica, Jenny falleció por la gravedad de las heridas. Antes de morir, pidió volver a hablar con la Fiscalía. “Hagan el favor y llamen otra vez a la fiscalía”, solicitó al personal médico cuando le permitieron ver la profundidad de sus quemaduras. Para su madre, no hay dudas sobre lo ocurrido ese día: “Eso no se le hace ni al peor enemigo”, afirma. El caso generó indignación en Subachoque y abrió un proceso judicial en el que el señalado fue acusado de homicidio agravado, mientras la familia insiste en que se haga justicia por lo que Jenny denunció antes de morir.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Eliécer Erlinto Chamorro, conocido con el alias de 'Antonio García' y quien es el máximo comandante del ELN, explicó en su cuenta de Twitter que desde esa guerrilla tienen interés en llegar la paz al igual que el entrante gobierno de Gustavo Petro. El grupo al margen de la ley inició conversaciones en el 2017 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, inspirados en el proceso de paz con la extinta guerrilla de las FARC. Sin embargo, todo quedó suspendido en el 2019 tras el atentado contra la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, donde murieron 23 estudiantes y 100 más resultaron heridos.Por eso, retomar la mesa de conversación con este grupo subversivo podría llegar a ser todo un reto para el presidente electo, no obstante, el ELN tiene interés en llegar a un acuerdo para acabar con la violencia y el narcotráfico.“Se escuchan voces del Nuevo Gobierno sobre una política distinta contra el narcotráfico: debe "acabarse la guerra al narcotráfico", por ser una política que no produjo resultados positivos. Estamos de acuerdo, pero no es suficiente.”, explicó alias 'Antonio Garcés'.También explicó que buscarán acabar definitivamente con el narcotráfico y para llegar eso, podrán contar con ellos.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno:
Ante el anuncio del gobierno entrante de Gustavo Petro de reactivar los diálogos de paz con el ELN, pero también que se revisará la situación con otros grupos armados irregulares, desde el Gobierno nacional la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, señaló que, si existe la verdadera intención de unos diálogos de paz con el ELN, estos deben tener presente algunas recomendaciones que han reiterado ante los miembros del consejo de seguridad de las Naciones Unidas.La vicepresidenta recordó que: “La Paz definitiva de Colombia dependerá, en todo caso, de lograr una verdad completa, justicia, reparación y no repetición para las víctimas”.En un escrito, la vicepresidenta recordó que si hay una intención de diálogos se “tendrá la responsabilidad de llevar adelante un proceso de paz con las mayores garantías para las víctimas; la identificación de todas las rutas del narcotráfico, la desactivación de los carteles internacionales y la entrega de toda la información sobre las finanzas de este negocio criminal que ha dado lugar al asesinato de excombatientes, líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo cual ha impedido la implementación adecuada del acuerdo”.En su declaración, Marta Lucía Ramírez dijo que en la actualidad el Gobierno nacional se encuentra en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC.Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy:
Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, reveló nuevos detalles del escándalo sobre pago de coimas para 355 proyectos del marco de los OCAD-Paz durante el tiempo en que Luis Alberto Rodríguez estuvo al frente del Departamento de Planeación Nacional. En esta ocasión, la investigación se centró en María Alejandra Urrutia, economista que hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del expresidente Álvaro Uribe y que en septiembre de 2019 fue llevada al DNP por Rodríguez.Urrutia, de acuerdo con los testimonios de distintas fuentes, era más que una simple secretaria, era el enlace de la dirección general del DNP con el Congreso. Según estas versiones, era el puente de los congresistas con Rodríguez.Dos alcaldes consultados por este medio aseguraron que Urrutiahttps://www.bluradio.com/nacion/exfuncionaria-de-dnp-responde-a-senalamientos-sobre-saqueo-a-recursos-de-ocad-paz-pr30Los parlamentarios, supuestamente, sabían que la funcionaria ayudaba a confeccionar la lista de proyectos y a bajar los que no convenían. Cuando Rodríguez salió del DNP, en julio de 2021, pasó de la nómina a ser contratista de la entidad.Gracias a esa figura Urrutia pudo contratar con otras entidades, aseguraron las fuentes. En total, en 6 meses firmó seis contratos que sumaron 468 millones: dos con la Contraloría (liderada por Felipe Córdoba), uno con el Invías, uno con el Ministerio de Interior (Daniel Palacios) y otro con la Presidencia del Senado (Juan Diego Gómez).En total, casi 500 millones en seis meses después de salir como secretaria privada del DNP, donde María Alejandra Urrutia ganaba menos de 14 millones de pesos al mes. Se trata de un salto de ingresos, a todas luces, astronómico.¿Qué dice Urrutia?Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire consultó a Maria Alejandra Urrutia para conocer su versión sobre cuatro temas puntuales relacionados con la investigación sobre dinero de la paz: su estrecha relación con la parte de la bancada conservadora involucrada en el escandalo, su rol como mediadora de las coimas, sus contratos con el estado después de salir del DNP como secretaria privada de Luis Alberto Rordríguez y sobre la sociedad que armó para ganarse contratos como consultora.Estas fueros sus respuestas:1. A su pregunta de que yo ayudaba a patinar proyectos, darle prioridad y pagos a los alcaldes. No es cierto, dentro de mis funciones no estaba nada relacionado con patinar proyectos, priorizarlos y mucho menos con pagos a los alcaldes. Vale la pena resaltar que la viabilización, priorización y aprobación de los proyectos se daba en el OCAD Paz donde el DNP no participaba, y yo tampoco. Nunca fui a esta instancia porque no estaba dentro de mis funciones. Mis funciones como asesora de la Dirección General del DNP son públicas y las pueden consultar en el manual de funciones.2. Sobre los contratos con el Estado. Cuando yo salgo del DNP tomé la decisión de no ser funcionaria, a pesar que tuve varias ofertas. Decidí dedicarme a actividades de consultoría, he cumplido a cabalidad con cada uno de los contratos que he tenido.3. Sobre una supuesta sociedad aclaro que yo no tengo sociedad con nadie. No soy funcionaria hace un año y me he dedicado a la consultoría, algunas como persona natural y otras como persona jurídica en una empresa que monté y en la que espero seguir trabajando. Yo armo equipos dependiendo a los proyectos que van saliendo.4. Sobre mi relación con el Congreso de la República, dentro de mis funciones laborales en varias ocasiones, no solo en el DNP, he tenido que trabajar con congresistas de diferentes partidos. Yo no tengo cercanía, ni milito en el Partido Conservador, he tratado con muchos congresistas y bancadas por mis funciones laborales.
Una carta enviada por grupos armados y narcotraficantes al presidente Gustavo Petro mostrando su disposición para iniciar una mesa de negociación genera polémica sobre las condiciones para iniciar esos diálogos. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, analizamos la viabilidad de esta negociación y la diferencia de lo acordado con las extintas Farc.Escuche al senador Julián Gallo, el profesor Gustavo Duncan y el representante Hernán Cadavid dar sus puntos de vista.De acuerdo con Julián Gallo, una cosa son las organizaciones con origen político, como a su juicio fueron las Farc y otra las agrupaciones netamente delincuenciales. El parlamentario dijo que los acuerdos no establecieron condiciones como, por ejemplo, la entrega de información sobre rutas del narcotráfico o similares.“El Estado colombiano se sentó a dialogar con las Farc por un reconocimiento político del alzamiento armado evidente, no de otra manera habría sido posible un acuerdo de paz. De otra forma la ruta habría sido otra como en su momento lo hizo en su gobierno Álvaro Uribe cuando a través de la ley de Justicia y Paz negoció con el narcoparamilitarismo y pretendió meter por la puesta de atrás un reconocimiento político que la Corte Suprema tumbó. Esa es la realidad así no guste”, sostuvo el congresista Gallo.“El origen de las Farc hunde sus raíces en el alzamiento campesino, en la lucha campesina y de la violencia. Puede que no les guste a muchos, pero es la realidad. Eso es lo que hoy en día, entre otras cosas, tiene a un nuevo gobierno llegando. Abrirá las puertas no solo a superar el conflicto a través del diálogo con sus múltiples expresiones. En el caso de Comunes, el partido que surgió del acuerdo de paz, consideramos que la JEP no es el escenario para tramitar algunos de esos conflictos”, agregó el parlamentario.El representante uribista Hernán Cadavid, rechazó que grupos de extracción delincuencial intenten cobijarse en negociaciones de paz. "Estos grupos de extracción delincuencial común, pretenden postularse paras unos beneficios, para no tener justicia.De acuerdo con el profesor Gustavo Duncan, el principal reto para el sometimiento de bandas delincuenciales es que creen un discurso que les permita reclamar un tratamiento político, este haga camino en la realidad nacional y posteriormente se convierta en un verdadero ejército nacional, como sucedió con las Autodefensas Unidas de Colombia. “Castaño así desmovilizó más gente que las Farc”, dijo el académico.
El canciller designado, Álvaro Leyva, quien además estará encargado de temas de paz en el gobierno de Gustavo Petro, se refirió a los diálogos con el ELN y aseguró que no será un proceso de paz nuevo, sino que se mantendrá la agenda y los principios que se habían establecido en el gobierno Santos.“Se venía trabajando con el ELN, aquí no es que se vaya a iniciar una conversación con el ELN, se va a continuar con la misma agenda, con los mismos principios, yo me siento muy satisfecho porque he luchado por eso y aquí estoy en un momento en donde me comprometí a impulsar porque mi denominación ha sido el ministro de Relaciones Exteriores y de paz”, sostuvo Leyva.Además, aseguró que con el ELN habrá revisión de fechas, fortalecimientos para la JEP, y que se trata de una "oportunidad enorme”.Vale la pena recordar que Álvaro Leyva trabajó en el proceso de paz con las Farc como uno de los asesores jurídicos que construyó la base para el funcionamiento de la Justicia Especial para la Paz.Escuche el podcast El Camerino:Le puede interesar:
El ministro de Defensa, Diego Molano, atribuyó los más recientes ataques violentos en Cauca, Antioquia y zona del Catatumbo, a un interés de los grupos ilegales, no solo de mantener el control sobre el narcotráfico, sino también a buscar posición frente a posibles negociaciones.En el caso de Antioquia, donde este fin de semana fueron asesinados tres policías y cuatro resultaron gravemente heridos en dos hechos aislados, el funcionario atribuyó la responsabilidad al Clan del Golfo.“Alias ‘Siopas’, alias ‘Chiquito Malo’ y alias ‘Gonzalito’, del Clan del Golfo, están liderando una reacción y plan pistola contra el bloque de búsqueda liderado por la Fuerza Pública y, en especial, afectar la integridad de los policías con ataques de todo tipo, sin importar si son hasta de tránsito”, dijo Molano.Además de generar temor en las regiones, este grupo ilegal tendría otros objetivos, según aseveró el ministro en su diálogo con Noticias Caracol.“Según información de inteligencia que tenemos, estos hechos violentos también pueden estar orientados a posicionarse políticamente frente a futuras negociaciones”, complementó el funcionario.No obstante, no sería solo el Clan del Golfo, sino otros grupos ilegales involucrados en recientes ataques en Cauca y el Catatumbo tendrían intereses similares.“Las disidencias o el ELN defienden principalmente el negocio del narcotráfico, pero a la vez buscan posicionarse frente a futuras negociaciones políticas, pero lo que nos corresponde es enfrentarlas”, reiteró Molano.