Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El expresidente estadounidense Barack Obama dijo durante una entrevista en un pódcast que los extraterrestres "son reales" pero no los ha visto en persona y negó que haya especímenes "escondidos" en la enigmática base militar 'Área 51' del estado de Nevada.Al final de una entrevista en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, este le propone una ronda rápida de preguntas y respuestas y le plantea si los extraterrestres son reales, a lo que el demócrata asiente, con un breve comentario: "Son reales, pero yo no los he visto".Y añade, sin entrar en más detalles: "Y no están siendo escondidos en... ¿Cómo se llama? Área 51. No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que haya una enorme conspiración y se la oculten al presidente de EE.UU.".Después, el periodista le preguntó cuál fue la primera cuestión que quiso resolver cuando inició su presidencia, en 2009, a lo que Obama respondió con una sonrisa, retomando el hilo: "¿Dónde están los extraterrestres?".Obama, este domingo, ante la repercusión de esa respuesta, aclaró en Instagram que no vio "pruebas" de que los "extraterrestes hayan hecho contacto con nosotros" durante su presidencia, pero hizo una suposición "porque el universo es tan basto que es probable que haya vida ahí fuera".La CIA desclasificó en 2013 unos documentos que confirmaron la existencia de la base militar 'Área 51', creada por orden del presidente estadounidense Dwight Eisenhower a mediados de la década de 1950 para los ensayos del avión espía U-2, capaz de volar a gran altura y de cubrir distancias muy largas.El secretismo que rodeó la base durante décadas generó un sinfín de teorías de la conspiración, entre ellas la de que albergaba tecnología de origen extraterrestre e información clasificada sobre ovnis.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, reveló que la economía colombiana cerró el 2025 con un crecimiento de 2,6%, un resultado que se ubicó ligeramente por debajo del promedio de las expectativas de los analistas, que rondaban el 2,8%, pero que significó una mejora frente al 2024, cuando el país apenas logró crecer por debajo del 2%.Según el Dane, el comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas; Transporte y almacenamiento; fueron los grandes jaladores.Se suman, alojamiento y servicios de comida que crece 4,6% y contribuye 0,9 puntos porcentuales a la variación anual y la administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria; Educación; Actividades de atención de la salud humana y de servicios sociales que crece 4,5% (contribuye 0,8 puntos porcentuales a la variación anual).Además, actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios; actividades de los hogares individuales en calidad de empleadores; actividades no diferenciadas de los hogares individuales como productores de bienes y servicios para uso propio crece 9,9% (contribuye 0,4 puntos porcentuales a la variación anual).
Luego de varios intentos y años de espera que tenía a la comunidad cansada, finalmente, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) confirmó que iniciaron las obras de uno de los puentes que daría alivio al norte de Bogotá.El director del IDU, Orlando Molano, aseguró que esta vez el proyecto del puente peatonal de la calle 112 con carrera novena, en la localidad de Usaquén finalmente tiene luz verde a iniciarán sus obras correspondientes.Puente de la calle 112: ¿cuándo será entregado?La obra que hace parte del Acuerdo de Valorización 724 de 2018 y beneficiara a más de 76.000 personas que transitan diariamente por este corredor del norte de Bogotá.El nuevo puente será una estructura metálica de 223,5 metros de longitud y tres metros de ancho, obras que contará con:Rampas en ambos costados.Escaleras en el costado oriental.Un gálibo entre 5,79 metros sobre la vía y 7,39 metros sobre el corredor férreo.La inversión del proyecto supera los 24.000 millones de pesos y el responsable de llevarlo a cabo será el Consorcio Puente Epsilon, con interventoría del Consorcio InterBogotá CPG.Ahora bien, las obras iniciaran con actividades de descapote, tratamientos silviculturales, demolición de pilotes y carpeta asfálticas esxistentes, además de la instalación de redes de alcantarillado y de acueducto adecuado a la obra, por lo que, se espera que de cumplir el cronograma de manera adecuada, la obra estaría en servicio en el año 2027.¿Por que se ha demorado la obra? Tropiezos desde el 2020El puente tiene una historia de tropiezos, pues inicialmente fue adjudicado en marzo de 2020 y debía ser entregado en 2021. Sin embargo, el primer contratista no cumplió con la obra. Luego fue cedido en 2022 y el responsable tampoco concluyó el proyecto en 2023.El IDU sancionó económicamente a las empresas y declaró la caducidad del contrato y tomó posesión de la obra en 2023, pero para ese año, una licitación fue declarada desierta por falta de oferentes.Para octubre de 2024, la administración del alcalde Carlos Fernando Galán adjudicó nuevamente el proyecto. Ahora, tras la etapa de preconstrucción en 2025, finalmente la fase constructiva arrancó en enero de 2026.Con esto se busca finalmente cumplirle a los bogotanos que día a día se enfrentan a afectaciones en la movilidad debido a los múltiples frentes de obras que se presentan en la ciudad, ahora los vecinos de la calle 112, esperan que tras más de 5 años de espera, finalmente el proyecto se logre concretar.
Después de cuatro años de búsqueda, las autoridades capturaron a Hermógenes Ramírez Zabala, de 70 años, señalado como presunto responsable del feminicidio de una niña de 10 años ocurrido en diciembre de 2021. La detención se produjo en zona rural de Yacopí, en una operación conjunta entre la Policía, el CTI de la Fiscalía y el Ejército.De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 18 de diciembre de 2021 en la finca El Romance, en la vereda El Llovedero del municipio de Ortega. Según el material probatorio, el capturado vivía cerca de la familia de la menor y, al parecer, habría ganado su confianza con regalos como chocolates, juguetes y un teléfono celular.Las autoridades sostienen que, tras intentar abusar sexualmente de la niña y recibir una negativa, el hombre presuntamente le disparó, causándole la muerte. El crimen generó conmoción en la región y permaneció en investigación durante varios años, mientras el sospechoso evadía a la justicia.La captura se concretó en la vereda Corinto, donde, según el reporte oficial, el hombre intentó evitar su detención presentando documentación falsa. Tras su arresto, fue puesto a disposición de un juez de control de garantías, que le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de feminicidio agravado y porte ilegal de armas.
El secretario de Gobierno municipal de Itumbiara, en Brasil, Thales Machado, asesinó a sus dos hijos, de 8 y 12 años, y posteriormente se quitó la vida en su vivienda la noche del miércoles 11 de febrero. El crimen, ocurrido en el municipio de Itumbiara, en el estado de Goiás, ha generado conmoción en la comunidad y abrió una investigación para esclarecer las circunstancias que rodearon el hecho.De acuerdo con las autoridades, uno de los elementos clave es un mensaje que el funcionario publicó en sus redes sociales minutos antes del crimen y que luego fue eliminado. En el texto, Machado hacía referencia a una presunta infidelidad de su esposa, Sarah Tinoco Araújo, y aseguraba haber contratado a un investigador privado para seguirla durante un viaje a São Paulo. En esa publicación, el hombre hablaba de haber llegado a un “límite impensado” tras 15 años de relación y afirmaba que sus hijos se convertirían en “ángeles”, frases que ahora son analizadas por la Policía Civil como parte del contexto previo a la tragedia.Días después, Sarah Tinoco Araújo se pronunció mediante una carta pública en la que admitió errores en su relación, pero subrayó que “nada justifica la violencia” que acabó con la vida de sus hijos. La mujer aseguró estar viviendo su “peor pesadilla” y pidió respeto en medio del duelo. Durante el funeral de los menores, debió ser retirada por escoltas tras ser increpada por algunos asistentes que la señalaban como responsable indirecta de lo ocurrido.En las últimas horas se han conocido varios videos que registran el último adiós a los menores. En las imágenes se observa a la mujer visiblemente afectada por la situación. En uno de los registros aparece sentada, con las manos sobre la cabeza, mientras un hombre la rodea con sus brazos en señal de apoyo.En otro de los videos difundidos, se le ve participando en el sepelio y cargando el ataúd de uno de los menores mientras avanza junto a los demás asistentes. Las escenas han generado múltiples reacciones en redes sociales debido a la carga emocional que reflejan.El gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, lamentó el caso y advirtió sobre la gravedad de la violencia vicaria, fenómeno en el que el agresor busca causar el mayor daño posible a su pareja a través de los hijos.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El pasado 24 de diciembre la Sala de Reconocimiento de la JEP decidió dejar en firme la imputación de esclavitud en contra del antiguo secretariado de las Farc, en el marco de las investigaciones que se adelantan por el delito de secuestro. Argumentando que por los trabajos forzados y ya que los secuestrados de alguna manera fueron tratados como mercancía los miembros de la antigua guerrilla habían incurrido en este delito.BLU Radio conoció las 24 páginas en las que el antiguo secretariado se dirigen a la magistrada relatora del caso de secuestro, Julieta Lemaitre. En su comunicado, donde no aceptan que se haya cometido este delito en las filas de las Farc.Sin embargo, también piden a la JEP que muestre pruebas según las cuales el antiguo secretariado tenía algún conocimiento de que se había cometido el delito.“Dado que en derecho penal no existe responsabilidad por estatus de haber sido comandante, la Sala debe hacer un esfuerzo argumental en donde demuestre que en efecto las circunstancias, el conocimiento o la imprudencia de los ex integrantes del secretariado, derivó en la existencia de la conducta imputada”, se lee en el documento.Sin embargo, los desmovilizados sí aceptan que en las Farc se presentaron trabajos forzados, aclarando que esto no constituye el delito de esclavitud. “En el caso de los trabajos forzados impuestos por las FARC-EP no se configura el crimen de lesa humanidad de esclavitud, que requiere un umbral de gravedad muy superior al trabajo forzado, tanto en la intensidad al ataque a la libertad como en la cosificación o reducción a mercancía del sujeto pasivo que la sufre”, indicaron.Asimismo, incluyen algunos criterios que constituyen el delito de esclavitud, entre los que incluyen tratos crueles, control del entorno físico, o la presión psicológica. Pero especifican que solo uno de ellos no alcanza a constituir el delito.Por último, los exjefes de las Farc le advierten a la Sala de Reconocimiento de la JEP, quienes hicieron la imputación, que en esta etapa ellos solo pueden hacer una opinión sujeta a debate, pero que para que concluir si ocurrió o no el delito es competencia del Tribunal de Paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz llamó al tribunal al alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, para una audiencia de seguimiento a las órdenes que le impartió esta jurisdicción al Gobierno sobre el plan de acción que deben implementar en materia de desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales.La audiencia se llevará a cabo el próximo 28 de febrero en las instalaciones de la JEP en Bogotá y también contará con la presencia de un representante de la misión de verificación de la ONU en Colombia y de un delegado del partido Comunes, el cual fue creado por los excombatientes de las Farc.Sobre la situación de los excombatientes, la JEP asegura que “se hace cada vez más aguda, especialmente en los espacios territoriales dispuestos para su reincorporación y en departamentos como Chocó, Meta, Arauca, Antioquia, Cauca, Putumayo y Valle del Cauca”.Asimismo, le piden mayores esfuerzos al Gobierno para su protección manifestando que “el incremento de la violencia territorial y de la pérdida de vidas, a manos de las estructuras del crimen organizado, evidencian la necesidad y urgencia de mayores esfuerzos interinstitucionales alrededor de una política pública que contribuya a la desarticulación tanto de esas estructuras como de sus redes de apoyo”. Primicia.
Este miércoles, el papa Francisco concedió una entrevista en el Vaticano al defensor del Pueblo, Carlos Camargo. El funcionario manifestó el compromiso de esa entidad y la Iglesia catolica con la protección y la defensa de los derechos humanos en el país, pero también hablaron sobre la situación que se vive en la frontera y la situación que viven los líderes sociales en el país.En este sentido el papa Francisco aseguró que tiene puestos sus ojos en Colombia ante la situación de orden público que se vive y manifestó el cariño que siente por Colombia.El pontígice también se refirió a los grupos armados que tienen presencia en Colombia y les envió un mensaje para que desarmen los corazones y dejen el espiritu de violencia.La Defensoría informó la semana pasada que “el Defensor se reunió con el nuncio apostólico, Luis Mariano Montemayor, para revisar detalles del encuentro con el papa Francisco, que se venía coordinando desde primeros días del año. Se busca que la comunidad internacional ponga los ojos en la situación de frontera”.
A 19 años después del atentado al Club El Nogal, en el que 36 personas murieron asesinadas y otras 198 resultaron heridas, se reunieron el exjefe de la extinta guerrilla de las Farc y un grupo de víctimas del atentado. En el encuentro, las pares hablaron de reconciliación, pero también acerca los avances que ha tenido el acuerdo firmado hace cinco años entre las víctimas y algunos integrantes de la antigua guerrilla, con el fin de esclarecer los hechos y garantizar los principios de verdad y reparación. Los afectados se quejaron por la falta de reparación y pidieron a la JEP la apertura de un macrocaso. Bertha Fries es una de las víctimas y vocera del grupo que firmó este acuerdo. Ella aseguró que, incluso, llegó a odiar a las Farc por las secuelas que le dejó el atentado. No obstantemente, en la actualidad, dice que está demostrada la necesidad de avanzar en la reconciliación."No aceptamos lo que ocurrió hace 19 años, ningún acto de violencia. Esto no ha debido suceder, pero ello no quiere decir que no haya que transformarse y evolucionar”, aseguró Fries.Otras víctimas que estuvieron presentes el día del atentado también se refirieron al atentado. Flaminio Solano era capitán de meseros en el club. Recuerda que estaba hablando con su hijo y justo cuando colgó ocurrió el atentado. Asegura que tanto a él como a otras víctimas, las secuelas del atentado los siguen afectando, tanto en lo emocional como en lo económico, De acuerdo con el afectado, no ha habido una reparación completa ni por parte del Estado ni por parte de la antigua guerrilla.“Me parece que esto es rutinario porque la verdad no he visto nada en mi caso personal de mis secuelas que tengo. Para mi ha sido muy difícil mi situación económica por las afectaciones del atentado”, contó Solano. Rodrigo Londoño, ahora presidente del partido Comunes, calificó el atentado como una barbaridad y aseguró que incluso no lo aceptaban por la verguenza que les generó haberlo cometido. Empezando su intervención, dijo que aprovechaba ese espacio para responderle a las víctimas y pedir perdón.“Es duro desde el punto de vista humano, pero cuando uno entiende; entiende que si no hay reconciliación no hay paz. Sería muy importante que logremos que toda la sociedad colombiana lo entienda así; de alguna manera todos hemos sido víctimas o responsables”, sotuvo. El encuentro terminó con un abrazo entre Bertha Fries y Rodrigo Londoño. También, con un compromiso de que los exintegrantes de las Farc seguirán trabajando para esclarecer los hechos. El llamado de las víctimas también es para que la JEP abra un macro caso que investigue lo sucedido ese día.
El alcalde de Caucasia, Antioquia, Jefferson Sarmiento, dio a conocer que el pasado 26 de diciembre hizo una solicitud a la Alta Consejería Presidencial, para hacer una mesa de concertación en el territorio, con el objetivo de sentarse con los grupos armados que delinquen en la zona, que en este caso es el Clan del Golfo.Ante ese pronunciamiento y petición, el alto comisionado para la paz, Juan Camilo Restrepo, fue enfático en decir que ningún mandatario local o regional está autorizado para dar esos acercamientos con grupos armados."Pero también ratificamos que ningún mandatario local ni regional tiene autorización por parte del Gobierno Nacional de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para realizar interlocución con los grupos armados organizados, con grupos que están en la ilegalidad", señaló el alto comisionado Restrepo.El funcionario recordó que hay tres opciones para los integrantes de los grupos armados, la primera que sean neutralizados, la segunda que sean capturados, como en el caso de alias 'Otoniel', y la última es la opción de que de manera voluntaria e individual se desmovilicen.Escuche el podcast El Camerino con Tito Puccetti:
Uno de ellos es la Casa de la Paz, la cual nació en 2020 con un grupo de 10 firmantes del acuerdo, quienes querían generar un impacto social ayudando a visibilizar los proyectos productivos de otros exguerrilleros, pero también de algunas víctimas del conflicto.“Queríamos que se volviera en un espacio de reconciliación donde pudiéramos interlocutar con la población civil”, asegura Doris Suarez.En esta casa, que queda en Bogotá, se exponen productos de diferentes zonas del país como el Meta, Antioquia, el Valle del Cauca, entre otros.Ellos están inscritos en el Instituto Distrital de Turismo y su meta, según Doris, es “convertirnos en punto obligado para los turistas a nivel nacional e internacional”.Entre otros proyectos, los excombatientes también están haciendo documentales como “Por la Tierra”, el cual recogió los testimonios de excombatientes y comunidades en siete departamentos del país, en zonas afectadas por el conflicto.“El documental ‘Por la Tierra’ nace como una iniciativa del Partido Comunes de hacer un análisis desde el territorio del estado cruel de implementación del acuerdo de paz. Surge como iniciativa de Comunes de poder darle voz a las personas que están desde el territorio y han vivido día a día la lucha de la implementación del acuerdo”, manifiesta Andres Fernández, productor y codirector del documental.Por su parte, el exjefe guerrillero Pastor Alape, creó una marca de cerveza denominada ‘Alapaz’, y parte de las utilidades que recibe por esta cerveza las destinará para la construcción del acueducto en Vuelta Acuña, una vereda en Cimitarra, Santander, donde creció Alape.“Empezamos a soñar este proyecto en julio de este año, esperamos que en el mes de enero podamos llevar el primer recurso a la junta de acción comunal de Vuelta Acuña y de pronto también movilizar al sector público y entes de control para que puedan entrar a revisar cómo se recupera la inversión del Estado en esa vereda”, dijo.Le puede interesar: escuche La Intérprete