Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
Por medio de un comunicado, la Fundación Universitaria Los Libertadores advirtió que, debido al alza del salario mínimo, que se estableció en 1.750.905 pesos, el sector educativo del país enfrenta desafíos significativos que están afectando tanto a instituciones como a estudiantes y a sus familias.“El primer impacto está en la falta de sincronía entre el aumento del salario mínimo y la definición del valor de las matrículas, que se calcula con base en el IPC y debe reportarse con anticipación al Ministerio de Educación. En las instituciones educativas estos costos no pueden trasladarse al usuario final, por lo que deben ser asumidos internamente”, explicó Ángela María Merchán Basabe, rectora de la Fundación Universitaria Los Libertadores.Los costos operativos de las instituciones educativas se ven presionados por la subida salarial; deben tener en cuenta los contratos de servicios tercerizados y las cargas prestacionales. Además, en el caso de las universidades, los aportes sociales se incrementan, impactando en el valor de las matrículas y en la sostenibilidad de las instituciones.Según el comunicado, expertos en economía y educación aseguran que el aumento sostenido en estos costos podría mantener la inflación del sector educativo entre el 6,5 % y el 7,5 %. Más allá de los porcentajes, el verdadero riesgo es que más jóvenes vean interrumpido su proyecto de vida por razones económicas.Es importante recordar que, en Colombia, acceder a la educación superior sigue siendo un privilegio del centro urbano. Según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane (2024), solo el 36 % de los jóvenes entre 17 y 21 años cursa estudios superiores. En las capitales, la cobertura alcanza el 42,6 %, pero en el campo apenas llega al 16,3 %. En departamentos como Vichada, Vaupés y Guainía, menos del 8 % de los jóvenes logra ingresar a la universidad. Esto demuestra que el acceso ya es desigual y que un aumento en los costos puede profundizar esa diferencia.
La Vicerrectoría de la Universidad Nacional confirmó el pasado domingo 15 de febrero que llegaron más de 700 personas a la Ciudad Universitaria; estas habrían arribado en 17 buses hacia las 7:00 de la mañana.De acuerdo con lo revelado, en los buses venían personas de comunidades afrodescendientes y campesinas que hacen parte de 40 consejos comunitarios articulados en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC).Ante ello, la solicitud para alojarse dentro del campus fue denegada, al declarar que la Universidad no cuenta con condiciones adecuadas para el alojamiento de personas en sus instalaciones.Los consejos comunitarios y la guardia indígena salieron a las calles este lunes; se ha reportado que se tomaron entidades como la Universidad Nacional, el Ministerio de Educación, el DANE, el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Tierras (ANT).Consejos comunitarios se tomaron la ciudadDe acuerdo con lo revelado por la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las movilizaciones impulsadas por ACONC iniciaron en horas de la mañana del lunes 16 de febrero, lo que ha generado afectaciones en varios puntos de la capital.Algunos manifestantes se ubican en las puertas del Ministerio de Educación y de la ANT, lo que ha impedido la evacuación de las personas que se encuentran en el interior del recinto.De hecho, varios funcionarios y empleados de la Rama Judicial revelaron que integrantes de las comunidades indígenas habrían bloqueado puertas para impedir el acceso y la salida de la sede judicial en Bogotá: "La guardia afro nos tiene secuestrados en los juzgados administrativos".Ante eso, las autoridades han realizado trabajos de sensibilización para evitar bloqueos en los accesos; aunque los voceros han señalado que no quieren apoyo de entidades distritales, sino que requieren la presencia de entidades del orden nacional.Por su parte, en la Universidad Nacional todavía se mantiene el monitoreo preventivo en la parte externa del edificio Uriel Gutiérrez, aunque no se evidencian aglomeraciones ni situaciones que puedan representar afectaciones a la movilidad.En la carrera 30 con calle 26 también se adelantan monitoreos preventivos, pero hacia las 11 de la mañana no se registraban concentraciones ni novedades que afectaran la movilidad.
El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció la noche de este domingo que acudirá al Parlamento para ampliar los poderes del Gobierno y aplicar restricciones en el uso de redes sociales, como por ejemplo un límite de edad."Iremos al Parlamento para conseguir nuevos poderes para el Gobierno" que permitan "implementar una edad mínima para las redes sociales en cuestión de meses para prevenir que los niños tengan acceso a contenido nocivo", explicó Starmer en una publicación.Además del límite de edad, el primer ministro propone que se restrinjan funciones específicas de las aplicaciones que son "perjudiciales para el bienestar de la infancia y que los mantienen enganchados a sus pantallas", como la reproducción automática de contenido.También asegura que buscará limitar el acceso a los VPN por parte de los niños para evitar que puedan sortear las restricciones."Como padre de dos adolescentes, sé que el acceso de los menores a las redes sociales es algo que está muy presente en la mente de los padres y madres en este momento", justificó Starmer.Este anuncio se suma a las distintas iniciativas que proliferan en Europa para regular el uso de las redes sociales por parte de los menores de edad desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibirlas hasta los 16 años.España anunció recientemente una propuesta en la misma línea y Francia, Dinamarca y Grecia, entre otros, han dado pasos hacia esta dirección.Tanto el Partido Conservador como algunas facciones del Partido Laborista, al cual pertenece Starmer, habían mostrado su apoyo a este tipo de restricciones de redes para menores.
El abogado y profesor Juan Carlos Portilla interpuso una denuncia ante la Fiscalía contra Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro, por el presunto delito de estafa patrimonial en favor de terceros. Según explicó en Mañanas Blu 10:30 A.M., el fundamento es que existiría una separación de cuerpos superior a dos años, lo que, bajo jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, implicaría la disolución automática de la sociedad conyugal.Portilla sostiene que el propio presidente Petro afirmó en la red social X que llevaba más de dos años separado de hecho. Sin embargo, en su Declaración de Bienes, Rentas y Conflictos de Interés de 2024, aseguró bajo juramento que tenía cónyuge. “O mintió en X o mintió en su declaración oficial”, afirmó el denunciante.¿Verónica Alcocer puede ejercer como primera dama?El abogado argumenta que, si la sociedad conyugal se rompió por el paso del tiempo, Alcocer no podría fungir como primera dama ni recibir respaldo logístico financiado con recursos públicos. “Ha engañado a los colombianos haciéndose fungir como primera dama cuando ya no es cónyuge”, aseguró.La denuncia inicial no se dirigió contra la Presidencia ni contra RTVC, sino directamente contra Alcocer. Portilla explicó que la Fiscalía no está obligada a notificar al presidente porque no es el investigado en este proceso.El caso se amplió tras respuestas a derechos de petición enviados a Presidencia y a RTVC. Según Portilla, la entidad pública confirmó la existencia de siete contratos, entre 2022 y 2025, relacionados con servicios de logística, producción audiovisual, maquillaje y fotografía para el presidente, que en total suman cerca de 23.000 millones de pesos.Dentro de esos contratos, afirma, estarían vinculados dos contratistas —Flores y Vélez— cuyos pagos podrían alcanzar cerca de 9.000 millones de pesos en cuatro vigencias fiscales. Para el denunciante, si esos recursos destinados al apoyo institucional del presidente fueron utilizados para acompañar a Alcocer en viajes y actividades, se configuraría un posible peculado por uso.
Para nadie es un secreto que la electrificación llegó al mundo automotriz para quedarse, y aunque la adopción no ha sido la misma alrededor del mundo y aún hay desafíos gigantescos para lograrlo, no hay duda que es el futuro de todo el transporte.Pues bien, dentro de la inmensa oferta que hay hoy en día para comprar carro, ya sea eléctrico o híbrido, los autos de rango extendido (REEV) se están poniendo muy a la moda y es por es que Renault podría ofrecer una próxima generación de vehículos con un nuevo sistema “superhíbrido” que incorpora un pequeño motor a gasolina para ampliar la autonomía, según informó Autocar.La firma trabaja en una nueva plataforma para sus futuros modelos eléctricos medianos, pero ante la adopción más lenta de lo previsto de los EV en algunas regiones y la persistente ansiedad por la autonomía, ahora evalúa incorporar un sistema de extensor de rango.¿Cómo funciona el nuevo sistema “superhíbrido” de Renault?El sistema fue presentado en el Salón del Automóvil de Múnich en septiembre pasado por Horse Powertrain, empresa copropiedad de Renault y del fabricante chino Geely.Denominado C15, el conjunto incluye:Motor 1.5 litros de cuatro cilindrosGenerador integradoInversorSegún lo revelado, el sistema no es más grande que un maletín, lo que permite instalarlo en la parte delantera o trasera del vehículo, en posición vertical u horizontal.Habrá dos versiones:Aspiración natural con 94 caballos de fuerzaTurboalimentada con 161 caballos, pensada para modelos más grandesEl motor no impulsa directamente las ruedas. Su función es recargar la batería mientras el vehículo está en movimiento.¿Por qué Renault apostará por esta solución?El jefe de producto de Renault, Bruno Vanel, explicó que la compañía debe mantenerse flexible en los segmentos C y D. Aunque la marca avanza hacia una gama totalmente eléctrica, la adopción de EV no ha sido tan rápida como se esperaba.Vanel indicó que la empresa mantiene un “enfoque de dos vías”: seguir desarrollando eléctricos puros, pero al mismo tiempo analizar soluciones como la presentada por Horse Powertrain.Añadió que los sistemas que amplían la autonomía eléctrica pueden ser especialmente relevantes en regiones como el sur de Europa, donde no todos los usuarios pueden cargar su vehículo cada dos o tres días.¿Cuánta autonomía ofrecerán estos nuevos modelos?Según explicó Vanel, estos “superhíbridos” podrían superar los 1.000 kilómetros (620 millas) de autonomía total.“Cuando hablas de carros con más de 1.000 km de alcance, sabes que incluso si no encuentras un punto de carga, todavía puedes seguir conduciendo”, señaló.La nueva plataforma sobre la que se desarrollarán estos modelos llegará en 2028 y respaldará los eléctricos compactos y medianos de Renault. Además, apunta a reducir costos en un 40% frente a la actual plataforma CMF-BEV.El primer modelo que utilizará esta arquitectura será la versión de producción del concepto Emblème, que podría reemplazar al Renault Mégane.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
En el marco de los cinco años de la firma del acuerdo de paz en Colombia, el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo realizó 11.777 encuestas a personas que viven en 72 municipios y 16 subregiones donde se implementan los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). La idea de estas encuestas era indagar su percepción sobre la implementación del acuerdo.Sobre la pregunta, ¿Qué tan satisfecho se encuentra usted con la forma en la que se implementa el acuerdo?, el 48% respondió que se encuentra satisfecho. Mientras que, en el año 2019, el 36% aseguró sentirse satisfecho.“Esta mejora en la satisfacción se observa en todas las poblaciones (mujeres, hombres, grupos étnicos) en 12 de las subregiones PDET, con la excepción de Catatumbo, Pacífico Nariñense, Pacífico Medio y Alto Patía (Norte del Cauca)”, aseguró el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.Asimismo, el 88% de los encuestados considera que es importante el acuerdo y sus componentes asociados como el proceso de reincorporación y los PDET.“Sin embargo, tan solo el 26% de las personas encuestadas considera que la implementación de estos componentes se está llevando a cabo de buena manera”, afirmaron.Por último, frente a las expectativas sobre las inversiones que deben hacerse durante la implementación, se encontró que es más valorada la inversión en infraestructura social que en el pie de fuerza, pues las prioridades de las personas son la salud, educación y las vías.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
Andrés Alberto Ávila, presidente de la SAE SAS, respondió a los cuestionamientos acerca de la administración de los bienes de extinción de dominio, entre ellos, los de Farc. "Había una gran expectativa de recibir más de 967.000 millones de pesos en activos. Cuando revisamos el inventario de las Farc encontramos en 2018 que había activos monetizables y no monetizables, como vías y cirugías, entre otros", declaró Ávila. "En activos monetizables había expectativa de recibir 548.000 millones de pesos en activos, pero de eso a la fecha solo se lograron monetizar más de 40.000 millones de pesos. Eso gracias a que el valor del oro se incrementó en las subastas que hemos hecho", complementó. Se´gun el presidente de la SAE SAS no ha habido falta de implementación ni logística, ya que además de la entidad ha trabajado el Ministerio de Defensa para acompañar cada proceso de identificación, búsqueda y entrega de los activos. "Muchos de los activos prometidos no aparecieron, no estaban en manos de los excombatientes", indicó el funcionario. "Cuando uno revisa el inventario, tan solo el 13% está extinto. En el 2017 se reformó la aplicación de la enajenación temprana", añadió. Según Andrés Alberto Ávila, los bienes objeto de extinción de dominio a las Farc podrían correr el riesgo de convertirse en elefantes blancos y no reparar a las víctimas, por lo que la entidad a su cargo busca que se dé una enajenación temprana y sacarles el mayor rendimiento."Hay casos de bienes que recibimos de la DNE, como el Chinauta Resort, La Posada Alemana, que nunca s epudieron vender o ser productivos. Hoy son elefantes blancos que nos toca demoler para vender", explicó. "La enajenación temprana lo que busca es evitar que se presente esa situación. O pones rápidamente productivos los activos o se deben poner rapidamente en venta", complementó. Escuche a Andrés Alberto Ávila en entrevista con Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire:
En el marco de la conmemoración de los 5 años del acuerdo de paz, el expresidente Juan Manuel Santos visitó uno de los emprendimientos de excombatientes de las extintas Farc, la cerveza La Trocha.El expresidente aprovechó el momento para sentarse a hablar con el líder del partido Comunes ‘Timochenko’.Según el partido Comunes, los proyectos productivos abarcan líneas como ganadería, piscicultura, apicultura, turismo, confecciones, supermercados, y otros.Al respecto, el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR) explica que el año pasado fueron aprobados 39 proyectos colectivos y 1.326 individuales, a los que están vinculadas 2.599 personas en proceso de reincorporación. Para apoyar esos negocios fueron desembolsados 25.266 millones de pesos (unos 7,1 millones de dólares).Este año el CNR ha aprobado 240 proyectos que vinculan a 302 personas en reincorporación con una inversión de 2.549 millones de pesos (unos 719.000 dólares).Entre los proyectos más exitosos están los de las cervezas artesanales, una fábrica de ropa de montaña y la fabricación de muñecas de trapo.Rodrigo Londoño, quien fue el último jefe de la guerrilla de las Farc, aseguró este miércoles que el daño ocasionado, en más de medio siglo de conflicto armado, llena a su grupo de "aflicción y vergüenza"."Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza", dijo Londoño en su intervención en el acto conmemorativo de los cinco años de la paz de Colombia, en el cual participó también el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.A su vez, el expresidente Santos recordó que "la paz es de todos los colombianos y del mundo entero y por ella se debe trabajar juntos hasta el fin de nuestros días".El 24 de noviembre de 2016, el entonces presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño, ponían su firma en el Teatro Colón de Bogotá a un acuerdo que tuvo que sortear el rechazo en un referendo, tras una campaña empañada de resentimientos y desinformaciones y empujada, sobre todo, por el expresidente Álvaro Uribe.
Las víctimas del conflicto armado en Colombia se han manifestado durante la implementación de los acuerdos y sus avances cinco años después de su firma entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc.Algunos de ellos son las víctimas de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, pues desde que se firmó el acuerdo, 772 miembros de la fuerza pública han resultado afectados por elementos explosivos improvisados y 107 uniformados han sido asesinados en estos hechos, según la Corporación MilVíctimas.Roberto Márquez es un militar víctima de este tipo de artefactos en el departamento del Cesar y aseguró: "queremos que reconozcan que nosotros también somos personas, jóvenes que salimos de nuestras casas con un futuro y que desafortunadamente a manos de personas malas perdimos casi que todo”.Los máximos responsables de estos hechos, según MilVíctimas, son el ELN y las disidencias de las Farc.Es por esto que las víctimas de minas antipersona le están pidiendo a la JEP que abra un macro caso para los militares y policías víctimas de este tipo de artefactos, así como a sus familias.
Hace 5 años el Gobierno del expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, firmó la paz con la guerrilla de las Farc que se ha visto manchado por las disidencias que le dijeron ‘no’ a lo pactado en La Habana.Los alzados en armas se bautizaron como la 'Nueva Marquetalia' liderada por Iván Márquez, pero también operan quienes están bajo el mando de Gentil Duarte que, jamás quiso dar el paso del desarme, aunque alcanzó a ser negociador en Cuba. Hoy, ambas estructuras están enfrentadas entre sí.¿Dónde están las disidencias? ¿Cuántos son? ¿Qué buscan? Según el informe oficial de Indepaz, publicado en octubre de 2021, las disidencias de las Farc-EP cuentan con un ejército de más de 5.200 combatientes compuesta por 34 estructuras y ejercen presencia en 123 municipios. Sin embargo, en otros informes se habla de que tendrían hasta 7.000 miembros activos. Narcotráfico, extorsión y minería ilegal son sus principales fuentes de financiación.“Estamos ante la presencia de unos grupos violentos que tienen alguna conexión con lo que eran las Farc hace 5 años, y que están poniendo en riesgo el proceso de paz”, aseguró Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac).Nariño, Meta, Antioquia, Cauca y Norte de Santander son las regiones donde más hacen presencia los tres grupos: el Bloque Suroriental, La Segunda Marquetalia y el Comando Coordinador de Occidente. Recordemos que, el bloque Oliver Sinisterra, que comandaba alias 'Guacho', en Nariño, al sur del país, antes de ser abatido también le dio la espalda a la paz y protagonizó dolorosos episodios como el asesinato de comerciantes y los tres periodistas del diario El Comercio, de Ecuador en 2018.“Si ha habido estructuras de las Farc que han permanecido ajenas al proceso de desmovilización y desarme, han conservado el arsenal que mantenían para hacer la guerra”, indicó Román Ortiz, analista de seguridad.Fue semanas antes de la firma oficial del acuerdo que nacieron las disidencias del Frente 1 de las Farc comandados por alias 'Iván Mordisco' y Gentil Duarte que manifestaron no estar de acuerdo con lo que se negociaba y que no había garantías. Este frente, en armas puntualmente, ha crecido a lo largo de estos 5 años y son el grupo disidente más consolidado.El ministro de Defensa, Diego Molano, aseguró que, de acuerdo con inteligencia militar, las disidencias se habrían trazado la meta de llegar a 8.000 miembros este año y que las combaten para cerrarles el paso. Según las cifras del ministro, hoy hay 12.000 hombres en armas sumando disidencias y los demás grupos al margen de la ley.Hoy, 5 años después de negarse a la oportunidad de dar un giro de 180 grados en la dirección totalmente contraria, el nuncio apostólico en Colombia, monseñor Luis Mariano Montemayor, les envía un mensaje:Aunque el Gobierno dice que le pisa los talones a los disidentes, hechos como el atentado con carro bomba en Corinto, Cauca, en marzo; el carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta y el atentado contra el helicóptero en que viajaba el presidente Iván Duque en esa misma ciudad a mitad de año, son ataques que demostrarían el recrudecimiento del accionar de las disidencias de las Farc 5 años después de haber dado el paso esperando lo contrario.
Durante la conmemoración que hizo la JEP de los 5 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc el presidente Iván Duque reiteró la posición de su Gobierno de que solo cuando el ELN muestre voluntad de paz y deje de delinquir podría haber acercamientos para dialogar.Aseguró que cuando llegó al Gobierno hicieron una evaluación de 90 días sobre la situación con esa guerrilla y que pesó en la balanza que, a pesar de la generosidad que le mostró el Estado a ese grupo en armas para dialogar 17 meses, optaron por cometer 400 actos de terrorismo, asesinar cien personas y secuestrar colombianos.Duque mencionó, dentro de la lista de crímenes, la muerte en cautiverio de Tulio Mosquera y el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander en la que murieron 22 jóvenes cadetes a inicios de 2019.“El mensaje que le hemos dado al ELN ha sido coherente, alcanzar la paz requiere un compromiso que no sea de palabra ni discursivo y eso implica la liberación de todos los secuestrados y ponerle fin a los actos criminales. Pretender hablad de paz mientras se asesinan y secuestra es una burla a la Colombia que construye paz todos los días”El expresidente Juan Manuel Santos había asegurado previamente que el Gobierno está explorando caminos para reiniciar los diálogos con el ELN, rotos desde enero de 2019 tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander.“ Tengo entendido que el presidente Duque está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN. Eso nos llena de esperanza . En ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y, estoy seguro, el de Naciones Unidas”.