Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
La Corte Suprema de Justicia marcó un precedente en el país al sancionar por primera vez a un abogado por temeridad tras presentar un escrito elaborado con inteligencia artificial en el que citó fallos inexistentes del alto tribunal.La decisión, adoptada por la Sala Civil, impuso al jurista una multa equivalente a 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes (15 SMLMV) y ordenó remitir copias a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que adelante las investigaciones correspondientes.Citas que nunca existieronSegún estableció la Corte, el documento enviado por el abogado incluía seis referencias a supuestos fallos de la Corte Suprema que no aparecen en el repositorio oficial. Lejos de corregir el error, el profesional del derecho presentó un segundo escrito en el que añadió cuatro nuevas citas, también inexistentes.En total, el expediente acumuló diez referencias de dudosa autenticidad a decisiones judiciales que nunca fueron proferidas por el alto tribunal.Posteriormente, en un nuevo escrito, el abogado reconoció que las imprecisiones se originaron en “un programa de inteligencia artificial que se trabaja con el fin de agilizar la contestación de los trámites”. Sin embargo, para la Sala Civil esa explicación no solo no atenúa la falta, sino que la agrava.“Riesgo previsible y evitable”La Corte fue enfática en señalar que quien presenta un documento judicial generado por un sistema de inteligencia artificial sin verificar la existencia de las fuentes citadas asume un riesgo “previsible y evitable”.El alto tribunal calificó la conducta como temeraria al considerar que el abogado incumplió su deber profesional de rigor, diligencia y verificación mínima de la información antes de ponerla en conocimiento de la justicia.Con esta decisión, la Corte envía un mensaje claro a la comunidad jurídica: el uso de herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, no exime de responsabilidad ni sustituye el deber de corroborar datos y fuentes oficiales.Además de la multa económica, el caso podría derivar en sanciones disciplinarias adicionales si la Comisión de Disciplina Judicial encuentra mérito para ello.El fallo sienta un precedente relevante en momentos en que la inteligencia artificial comienza a integrarse de forma creciente en la práctica legal. La Corte dejó claro que la modernización tecnológica no puede comprometer la veracidad ni la seriedad de los escritos judiciales, y que los abogados deberán responder por cualquier información inexacta presentada ante los tribunales.
Pese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba, donde este lunes se esperan lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en amplios sectores.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que el panorama pinta igual para el resto de la semana, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.En el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias en las próximas horas.Además, persiste la alerta por vientos de hasta 40 km/h y olas superiores a los 2 metros de altura en el mar Caribe, sobre todo en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y La Guajira.
Medellín sigue avanzando en el propósito de remodelar el estadio Atanasio Girardot, no solo para contar con un escenario de mayor capacidad, sino de cumplir con estándares internacionales para albergar más espectáculos de talla mundial.Fue el alcalde Federico Gutiérrez quien indicó que ante una curaduría urbana de la ciudad ya fueron radicados elementos como los diseños arquitectónicos y estructurales, estudio de suelos, de seguridad humana y el levantamiento topográfico completo para avanzar en la expedición de la licencia de construcción de lo que será el nuevo Atanasio Girardot.El mandatario explicó que ahora la curaduría lo que hará será evaluar estos documentos y emitir, si lo considera, algunas observaciones que serán tenidas en cuenta de cara a la aprobación final del megaproyecto donde se invertirán recursos públicos por 750 mil millones de pesos, muchos de ellos producto de la explotación comercial de la misma infraestrctura."Antes de empezar la construcción venimos trabajando en otros asuntos, en todo lo que tiene que ver también con la adaptación tecnológica, que es fundamental para el proyecto, porque esto no es solo entonces el tema estructural o arquitectónico, entonces el tema por ejemplo de seguridad dentro del estadio, entre otros", dijo el alcalde.Federico Gutiérrez destacó que siguen acciones paralelas a estas técnicas enfocadas en el componente social, principalmente a sectores impactados por la obra como comerciantes, equipos de futbol, periodistas y empresarios de eventos.Se espera que las obras inicien el próximo mes de julio, posterior a etapas licitatorias y contractuales, e incluyan una nueva cubierta, modernización tecnológica, aumento de capacidad de hasta 60.000 espectadores y remodelación de sus alrededores.
El incremento en la intensidad de las lluvias al cierre de la segunda semana de febrero nuevamente generaron emergencias en diferentes zonas de Antioquia, que a su vez siguen incrementando el registro de afectados.Según Daniel Galeano, director encargado del Dagran, en el departamento ya las familias damnificadas superan las 13 mil y al tiempo que avanzan las gestiones para su atención sigue el levantamiento del censo en poblaciones recientemente perjudicadas tanto del Urabá como del Suroeste, pues en Venecia y Santa Bárbara se reportaron fuertes vendavales.En esta última población quedaron cerca de 25 viviendas destechadas en las veredas El Vergel, Altos de los Gómez, Pavas y Pitayó."Llegando a las 13.400 familias damnilcas en todo el territorio antioqueño. Este fin de semana tuvimos graves afectaciones en el municipio de Turbo, en Carepa, en Chigorodó. Es invitar a las comunidades a que se sigan cuidando. En el tema de los vendavales, van a ser constantes, las lluvias siguen constantes", advirtió Galeano.A propósito de estas situaciones y las previsiones meteorológicas que indican la continuidad de lluvias para los próximos días, en el Valle de Aburrá también refuerzan controles a las actividades urbanísticas para prevenir tragedias, pues el 73% de municipios siguen en alerta por riesgo de deslizamientos.Así ocurrió en las últimas horas en el corregimiento de San Sebastián de Palmitas en Medellín donde identificaron ochos construcciones sin licencia en terrenos designados como agroforestales y donde la norma solo permite una casa por cada 12 hectáreas, para proteger recursos naturales.Andrés Patiño, subsecretario encargado de Control Urbanístico,explicó que al estar las infraestructuras ya terminadas, junto la corregiduría revisarán cada situación para definir medidas correctivas, según corresponda."Nuestro interés es que las comunidades conozcan las limitaciones y usos del suelo antes de construir, para así evitar poner en riesgo la vida y el patrimonio de los habitantes. San Sebastián de Palmitas es uno de los corregimientos con mayor riqueza ambiental de Medellín, razón por la cual el adecuado ordenamiento del territorio es prioritario", dijo el funcionario.Mientras labores de prevención y control avanzan en diferentes zonas del departamento, sigue la gestión con la fuerza pública y otras instituciones públicas y privadas para la llegada de ayudas humanitarias a zonas apartadas de Antioquia.
Sebastián Rivera, director general de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), denunció que, en el periodo revisado entre 2022 y 2025, 55 de las 97 entidades territoriales, entre alcaldías y gobernaciones, redujeron la cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a pesar de haber recibido incrementos presupuestales. Entre los territorios señalados se encuentran Villavicencio y el departamento del Atlántico.Ante este panorama, la UApA y el Ministerio de Educación Nacional anunciaron la expedición de una resolución de asignación de recursos para el PAE que estará condicionada al aumento de la cobertura. Según lo establecido, los entes territoriales deberán garantizar la atención de un número determinado de estudiantes sin disminuir la población beneficiaria. Además, el próximo 30 de abril se realizará un corte de evaluación para verificar el comportamiento de la prestación del servicio de alimentación escolar.Durante la presentación de los hallazgos, la entidad expuso un informe sobre gobernaciones y alcaldías que planearon 2026 con proyecciones de desfinanciamiento. Entre los casos con mayores brechas aparecen Santander, con una diferencia cercana a los 69.800 millones de pesos; Yumbo, con más de 21.900 millones; y Vichada, con alrededor de 19.900 millones. También figuran Meta, Magdalena, Cúcuta, Pasto, Santa Marta y Sucre, con déficits proyectados que oscilan entre 9.000 y 15.000 millones de pesos, según las cifras presentadas.La UApA también emitió una alerta sobre la implementación del PAE indígena. De acuerdo con la entidad, no todos los entes territoriales han suscrito contratos con las organizaciones indígenas, situación que deja a más de 100 niños sin acceso al programa de alimentación escolar en esos territorios.Frente a la emergencia que atraviesa el departamento de Córdoba por las inundaciones, las autoridades informaron que, mientras se mantenga suspendido el calendario escolar, se habilitará la entrega de canastas alimentarias en los municipios afectados. La medida busca garantizar la continuidad del apoyo nutricional a niños, niñas y jóvenes que actualmente no están recibiendo el servicio del PAE debido a la interrupción de las clases.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Las organizaciones fueron elegidas de acuerdo a criterios de impacto, sostenibilidad, innovación, involucramiento de la empresa, la participación de género y de jóvenes, la posibilidad de ser replicadas y la articulación con otros actores. Para la selección, se tuvo en cuenta el esfuerzo y las acciones desarrolladas por los postulantes para adaptarse a la coyuntura actual.Por otra parte, el premio Emprender Paz, está dirigido a organizaciones con proyectos que además de mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios, están ligados a la cadena de valor de la empresa y mejoran las condiciones de vida de poblaciones en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Huila, Nariño, Putumayo, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca.Este año, 79 organizaciones de todos los sectores económicos (en su mayoría agrícola y servicios, y de diferentes tamaños, siendo los más representativos micro: 72% y grande: 17% ) presentaron iniciativas que ejecutan actividades en 28 de los 32 departamentos del país y benefician a más de cincuenta mil personas.¿Cuáles son las diez empresas finalistas? Los nombres de las diez iniciativas que cumplieron con los criterios de selección del premio Emprender Paz son: Asociación de Cooperativas y Organizaciones de Tierralta y Valencia- Activa G-10, Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico – Coagropacífico, Fundación Incolmotos Yamaha, Fundación Luker, Distrialimentos de Occidente, Fortox, Gran Tierra Energy, HG Ingeniería, Procafecol – Juan Valdéz y Ocati.“En un momento en el que el país está enfocado en su reactivación económica, resaltamos la participación de las empresas que postularon sus iniciativas. Destacamos el trabajo realizado por los finalistas de este año, quienes con sus iniciativas empresariales llevan a cabo un importante esfuerzo desde muchas partes del país y generan esperanza. Sus acciones son testimonio de que es posible un país con oportunidades que aportan a la construcción de paz”, destaca Liliana Hernández, Directora de la Corporación Emprender Paz.¿Cuándo se llevará a cabo la ceremonia de premiación?La premiación de las cuatro iniciativas ganadoras será el próximo miércoles 01 de diciembre. En el evento se conocerán los cuatro ganadores que recibirán la distinción y un incentivo para fortalecer sus iniciativas empresariales. ¿Cómo se ejecutará la transmisión del evento?Se realizará a través de un evento presencial que contará con aforo reducido, en cumplimiento con todas las medidas de seguridad sanitaria y será transmitido en simultáneo a través de las redes sociales del Premio Emprender Paz.Conozca más de las iniciativas finalistas del Premio Emprender Paz:1. Asociación de Cooperativas y Organizaciones de Tierralta y Valencia- Activa G-10 - (Córdoba). Mediante la siembra y mantenimiento de cultivos de cacao bajo sistemas agroforestales, esta iniciativa ha impulsado la sustitución de cultivos ilícitos. En el año 2006, diez asociaciones de productores de cacao del sur de Córdoba se unieron para crear una organización que facilitara la comercialización de su producto y mejorara los ingresos de sus asociados. Esta organización también gestiona proyectos que brindan capacitación en el manejo del cultivo, insumos e infraestructura para el beneficio del cacao. Gracias a la comercialización de este producto, se han visto beneficiadas 350 personas en esa región.2. Cooperativa Multiactiva Agropecuaria del Pacífico – Coagropacífico (Nariño). Pequeños agricultores de la zona rural de Tumaco que llevan vía fluvial sus productos hasta el centro de acopio, se benefician comercializando a través de esta organización que brinda mejores precios al eliminar intermediarios. Coagropacífico además gestiona proyectos para fortalecer las actividades productivas de sus asociados, mejorando las capacidades de las comunidades de influencia y para aprovechar los residuos del alistamiento del coco. A la fecha esta organización agrupa a 150 productores de coco y cacao.3. Fundación Incolmotos Yamaha - Instituto Técnico Yamaha – (Antioquia). Incolmotos Yamaha es unadación que cuenta con un instituto de formación que ha capacitado en mecánica de motocicletas a más de 750 jóvenes bachilleres de estratos 1 y 2. Al terminar sus estudios, los jóvenes tienen la oportunidad de vincularse laboralmente por Incolmotos Yamaha o por su red de distribuidores. Incolmotos Yamaha también cuenta con cursos cortos que actualizan y refuerzan los conocimientos de personas interesadas en profundizar en conocimientos en el sector. Gracias a un convenio con la ARN, 52 personas que se encuentran en proceso de reintegración, tuvieron la oportunidad de capacitarse como asistentes de mecánica.4. Fundación Luker – El Efecto Cacao (Antioquia, Córdoba, Huila y Nariño). Gracias a este proyecto los cacaocultores han incrementado la productividad de sus cultivos. Actualmente se beneficia de él 754 pequeños agricultores en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Huila y Nariño. La iniciativa, desarrollada por Fundación Luker, promueve alternativas productivas que mejoran las condiciones de vida de las comunidades rurales alrededor de la actividad cacaotera del país. 5. Distrialimentos de Occidente – Mejoramiento del entorno social, económico y ambiental para nuestros proveedores de leche (Caquetá). Gracias a este proyecto los proveedores han mejorado la productividad y calidad de la leche, lo que se refleja en un aumento de sus ingresos. La iniciativa implementa proyectos de reconversión productiva al implementar sistemas silvopastoriles que promueven la reforestación y expansión de praderas. Esta iniciativa mejora las condiciones económicas de cerca de 400 familias ganaderas de la región de Caquetá.6. Fortox S.A - Inclusión por convicción – (Valle del Cauca). Esta empresa ofrece oportunidades laborales en el servicio de vigilancia a jóvenes sin experiencia que residen en sectores marginales y a mujeres víctimas de la violencia. Este programa, realizado con el apoyo de Comfenalco Valle, la Fundación Carvajal y la Subsecretaría de Equidad de Género de la Alcaldía de Cali, ha vinculado a la fecha a 153 personas de escasos recursos de esta región del país.7. Gran Tierra Energy - Key Partners – (Santander, Cesar y Putumayo). Gran Tierra Energy tiene como objetivo contar con proveedores locales con altos estándares de calidad y al mismo tiempo aportar de manera positiva a dinamizar la economía de zonas que han sido históricamente afectadas por la violencia. Además de contratar proveedores de la zona, ofrece acompañamiento a emprendedores locales a través de diferentes programas de formación entre los cuales se encuentra un centro de formación virtual. Actualmente la empresa opera en Putumayo y en la zona del Valle Medio del Magdalena. 8. HG Ingeniería y Construcciones - El Sol brilla para Unguía - (Chocó). A través de la creación de una granja de generación eléctrica mixta (fotovoltaica y generación diesel) HG brinda un servicio constante que cubre las necesidades de la población de Unguía. La empresa genera y provee energía eléctrica para un municipio no interconectado a la red eléctrica nacional. Antes de su implementación, el municipio contaba con una central de generación que prestaba un servicio ineficiente e intermitente; gracias a esta iniciativa sus habitantes cuentan actualmente con un servicio de calidad y se ha ampliado el tiempo de prestación del servicio de 8 a 23 horas de abastecimiento cada día.9. Procafecol - Mujeres Cafeteras –(Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Tolima y Cundinamarca). Gracias a este programa, las mujeres cafeteras vinculadas han incrementado las ventas de café, tienen garantías de compra, han fortalecido sus capacidades productivas y han recibido reconocimiento por su labor. El proyecto incentiva las buenas prácticas productivas, la asociatividad y el cuidado del ambiente, con un enfoque de equidad de género vinculando a más de 170 mujeres empresarias rurales de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Tolima y Cundinamarca. Con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros, la Fundación ANDI, Solidaridad Network y Fundación Bancolombia – Desjardins, Juan Valdez promueve el empoderamiento social y económico de mujeres cafeteras mediante la comercialización de sus cosechas.10. Ocati - El resurgimiento del agro – (Antioquia). Gracias a esta iniciativa, se ha dinamizado el sector agrícola en Sonsón, generando fuentes de empleo en un municipio afectado por la violencia. La empresa, dedicada a la exportación de frutas exóticas, ofrece a sus proveedores de gulupa y uchuva de tipo exportación, contratos de compra de fruta que brindan precios justos y garantizados, además ofrece un continuo acompañamiento técnico a sus proveedores y opciones de financiación para el establecimiento de cultivos y cocechas. ¿En qué consiste el premio Emprender Paz?El premio Emprender Paz es una iniciativa liderada por Fundación Grupo Social con el apoyo de la Embajada de Suecia, Fundación Konrad Adenauer Stiftung y Fundación Ayuda en Acción que tiene como propósito identificar, reconocer y visibilizar experiencias empresariales sostenibles que aportan a la construcción de paz en territorios afectados por la violencia en el país.Desde el 2008 al 2020 más de 820 organizaciones de diferentes sectores económicos del país se han presentado al Premio Emprender Paz: 52 de estas iniciativas han sido reconocidas por su enfoque de inclusión y aporte a la construcción de paz en Colombia, encaminadas todas al fomento de prácticas incluyentes y responsables.
Después de reconocer que el presidente Duque se había “montado en el tren de la paz”, el expresidente Juan Manuel Santos reveló que el Gobierno está explorando caminos para reiniciar los diálogos con el ELN, rotos desde enero de 2019 tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander.“Tengo entendido que el presidente Duque está explorando caminos para reanudar conversaciones de paz con el ELN. Eso nos llena de esperanza. En ese esfuerzo encontrará todo nuestro apoyo y, estoy seguro, el de Naciones Unidas”, dijo el exmandatario durante la conmemoración de los 5 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc.Santos dio su discurso frente al presidente Duque quien también asistió a la ceremonia celebrada en la JEP. Además de ofrecerle su apoyo en el esfuerzo por encontrar salidas al conflicto armado con el ELN, insistió en que la paz “no es de nadie en particular sino de todos los colombianos y del mundo entero y por ella debemos trabajar juntos hasta el fin de nuestros días”.Y es que justamente los diálogos de paz con el ELN, que iniciaron en el gobierno Santos, se rompieron por decisión de Duque tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes General Santander el 17 de enero de 2019 que dejó 23 personas muertas. Ante eso, el gobierno ha estado pidiendo en extradición a los miembros del Comando Central del ELN, entre ellos alias Gabino, quienes se encontraban en La Habana adelantando las negociaciones de paz cuando ocurrió el atentado.Finalmente, el expresidente condenó el asesinato de excombatientes y líderes sociales. Reconoció que aún falta mucho por implementar y que el proceso va en el 30%, según el Instituto CROC. Pero dijo que el balance en términos generales es positivo porque más del 95% de los excombatientes acreditados siguen en el proceso, reconoció los 7 macro casos construidos con más de mil comparecientes por parte de la JEP.
Álvaro Leyva Durán, exministro y exnegociador de paz, se refirió a las críticas que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez al Acuerdo de Paz, en una carta que fue revelada justo cuando se cumplen los cinco años de la firma del acuerdo.En la misiva de 26 puntos el expresidente asegura que Acuerdo de Paz no ha habido. "Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores".Durante un evento en la JEP sobre el aniversario de la firma del acuerdo, Álvaro Leyva respondió a las críticas de Uribe asegurando que él le dio amnistía al grupo M-19.Este es de Álvaro Leyva sobre la carta de Uribe:“Él le dio amnistía al M-19 que incurrió en delitos de lesa humanidad, que no se las venga a dar de artista a la última hora cuando la humanidad entera ha estado aplaudiendo el proceso y él dejando mostrar un cobre que ni siquiera lo porta”.Leyva Duran también se refirió a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos retire a las Farc de la lista de grupos terroristas, y aseguró que se esperaba esta decisión ya que este proceso había tenido el apoyo del gobierno del expresidente Barack Obama y del presidente Joe Biden.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En el marco de la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz con las Farc, el exmandatario Juan Manuel Santos y el actual presidente Iván Duque se dieron un histórico apretón de manos, en un poderoso símbolo de reconciliación. El histórico saludo entre Santos y Duque fue el preludio del evento organizado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el que el exmandatario valoró positivamente que su sucesor se 'montara' en el "tren de la paz". "Tengo que reconocer que, gracias a Dios, el presidente Duque se montó en el tren de la paz, como hemos visto con mucha satisfacción últimamente", declaró Santos. En su discurso, Santos aseguró que tiene información de que el Gobierno de Iván Duque está explorando caminos para retomar las negociaciones de paz con el ELN y que en este propósito está decidido a aportar todo lo que esté a su alcance. "Eso nos llena de esperanza. En ese esfuerzo, encontrará todo nuestro apoyo y estoy seguro que el de Naciones Unidas y el de la comunidad internacional,poerque la paz no es de nadie en particular, sino de todo el mundo y en ella debemos trabajar juntos hasta el fin de nuestros días", señaló Santos. El expresidente, además, también celebró que Rodrigo Londoño, excomandante de la guerrilla de las Farc, haya cumplido con su palabra.
Este 24 de noviembre, cuando se cumplen cinco años del acuerdo de paz con las Farc, el expresidente Álvaro Uribe remitió una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, quien se encuentra de visita en el país para constatar el cumplimiento de lo pactado. En la misiva, de 26 puntos, el exmandatario aseguró que "no ha habido" acuerdo de paz, sino que se "fracturó la legislación nacional". "Acuerdo de Paz no ha habido. Simplemente se fracturó la legislación nacional y se desafió la internacional al dar impunidad total y elegibilidad política a personas responsables de delitos atroces, por ejemplo, de secuestro y violación de menores", escribió el expresidente. Uribe, además, lanzó críticas al acuerdo alcanzado en 2016 por las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos en otras materias como la justicia alternativa que no exige penas privativas de la libertad y abre la posibilidad de "elegibilidad política de los responsables de delitos atroces" Otro punto blanco de las críticas de Uribe se relacionó con la presencia de las disidencias de Farc y otros grupos ilegales en el territorio nacional. "Las cifras oficiales anuncian que hay 13 mil personas en armas y las disidencias de Farc suman más de 4 mil personas", aseguró. Uribe, adicionalmente, aseguró que hay permisividad con el narcotráfico y que esta se elevó a rango constitucional. Según su opinión, esa es la causa de la disparada de cultivos de coca en el país. "La permisividad con el narcotráfico de Farc, elevada a rango Constitucional, llevó a pasar, según la medición de ONU, de 45 mil hectáreas de coca, aproximadamente, en los años 2012 y 2013, a más de 150 mil en 2018. Esto sin tener en cuenta la medición de los Estados Unidos que hoy sobrepasa las 250 mil hectáreas, y que en 2018, al asumir el Presidente Duque, ya estaba en 209 mil hectáreas", aseguró. "El Acuerdo de La Habana con la impunidad y el narco tráfico sembró un Estado Criminal alternativo que se constituye en seria amenaza al Estado de Derecho", añadió. Conozca la misiva completa del expresidente Uribe:
En diálogo con BLU Radio, en 'Una Conversación Con' Juan Manuel Santos a cinco años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón, hablamos sobre lo que ha pasado con el proceso desde que se firmó hasta ahora, con todo y las complejidades desde que se concretó.El expresidente agregó que fue "muy duro" negociar con la guerrilla, pero lo que se estipuló en el punto 4 sobre el tema de las drogas tuvo un "éxito maravilloso", pese a que, según Santos, esto no lo saben muchas personas porque "la mayoría de los colombianos no ha leído el acuerdo, son más de 300 páginas"Santos afirmó que hay que celebrar los primeros cinco años del acuerdo de paz, pero se debe "reanudar el compromiso para seguir implementado el acuerdo" pues, según él, se han dejado de hacer muchas cosas.Por otro lado, sobre el tema de drogas, Santos afirmó la guerrilla se opuso hasta el último momento de incluirlo en la negociación, porque creían que si aceptaban se iban a autoincriminar y los extraditarían a EE.UU., pero Santos afirmó que el tema iba en los acuerdos o no había negociación.Escuche las declaraciones de Santos:Finalmente, el exmandatario afirmó que la misma ONU reconoció, "no una, sino tres veces", que no hubiese resiembra y concluyó que en los casos de las familias que se comprometieron a sustituir los cultivos ilícitos fue menos del 1%.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: