Un operativo conjunto el Ejército y la Policía permitió ubicar y neutralizar un arsenal de alto poder perteneciente a las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', en zona rural del departamento del Meta. El material de guerra estaba oculto en la vereda La Floresta, jurisdicción de El Castillo, y según inteligencia, iba a ser usado en ataques contra la Fuerza Pública y comunidades de Meta y Guaviare.En el depósito ilegal fueron halladas 190 granadas adaptadas para drones, 56 granadas de mortero, 88 minas antipersonal y 100 detonadores. El hallazgo confirma la evolución de las tácticas de esta estructura armada criminal, que está apostándole al uso de explosivos lanzados desde el aire para maximizar daño y alcance.El director de la Policía, el general William Rincón Zambrano, aseguró que el resultado golpea directamente las capacidades logísticas del grupo armado y evita posibles acciones violentas. Según dijo, el arsenal representaba una amenaza directa para uniformados y población civil.Desde el departamento de Policía Meta también advirtieron que el material incautado permitiría ataques con drones cargados de explosivos, una modalidad que ha encendido alertas en varias regiones del país. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar movimientos sospechosos que permitan anticipar atentados.La operación contó con el apoyo de la Fiscalía y sigue en desarrollo para ubicar a los responsables del almacenamiento del material y debilitar la estructura 'Martín Villa', señalada de operar bajo el mando de Mordisco. Mientras tanto, las autoridades mantienen presencia reforzada en la zona ante posibles retaliaciones.
El pronunciamiento de la JEP se da luego de la denuncia presentada por los familiares del dirigente social Pedro Julio Movilla Galarcio, junto con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), quienes alertaron sobre una excavación ilegal realizada el 3 de febrero de 2025 en las instalaciones de la Escuela de Logística del Ejército, antigua sede de la Brigada XX en Bogotá.Según indicaron, el punto intervenido había sido identificado como un posible sitio donde podrían encontrarse restos de Movilla.En ese mismo sentido, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó a la JEP que encontró rastros de sangre humana en uno de los elementos materiales recuperados, el cual se encuentra protegido por una medida cautelar adoptada en septiembre de 2024, a solicitud de víctimas del conflicto armado.Según explicó la Jurisdicción, el rastro biológico fue identificado en un elemento recuperado en la zona que la propia JEP reportó como vulnerada en febrero de 2025, cuando detectó una excavación no autorizada en áreas de interés forense que estaban bajo protección judicial.Tras conocer esa intervención, la JEP interpuso denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, solicitó la apertura de investigaciones disciplinarias e inició un incidente de desacato.“Como resultado de esta última decisión, la JEP sancionó al director de la Escuela de Logística, teniente coronel Jorge Emerson Melgarejo Escobar, con tres días de arresto y una multa de diez salarios mínimos legales vigentes, al hallarlo responsable de permitir una intervención no autorizada en el predio protegido, ubicado en la localidad de San Cristóbal, en Bogotá. La sanción de multa fue confirmada por la Sección de Apelación el 8 de octubre de 2025”, aseguran en el comunicado.La Jurisdicción aseguró que la información sobre el hallazgo fue comunicada directamente a la familia de Pedro Julio Movilla y a las organizaciones solicitantes de la medida cautelar.
Aunque grupos armados ilegales han manifestado que no interferirán en el proceso democrático, en terreno persisten situaciones que afectan el ejercicio político.El presidente de Indepaz, Camilo González, señaló que estructuras como el ELN, el Clan del Golfo y algunas disidencias de las Farc han firmado declaraciones en las mesas de conversación con el Gobierno Nacional en las que se comprometen a no intervenir en las elecciones. Sin embargo, advirtió que posteriormente se presentan hechos que alteran la actividad política.“Se presentan situaciones que luego ellos mismos explican como situaciones inmanejables, errores por el control de territorios, porque tienen la pretensión de ser los dueños y los que dan permiso o no. Entonces eso, por supuesto, tiene repercusiones muy negativas para el ejercicio de la política”, aseguró González.Según el directivo, estas justificaciones generan restricciones para candidatos, líderes sociales y comunidades, afectando el desarrollo democrático.El presidente de Indepaz señaló que actualmente hay al menos 81 municipios con alertas graves frente a la perspectiva electoral. No obstante, afirmó que esto no significa necesariamente que en todos ellos se vaya a impedir la instalación de puestos de votación o que se produzcan sabotajes directos, pero sí refleja un contexto delicado para el normal desarrollo de las campañas.Además, subrayó que en cerca de 300 municipios se registran alteraciones y riesgos asociados a prácticas tradicionales como la compra y el rastreo de votos.“En cerca de 300 municipios, las alteraciones y los peligros para las elecciones tienen que ver con las tradicionales formas de corrupción, como la compraventa y el rastreo de votos, además del manejo del clientelismo. Pero la parte de la violencia directa, que ya hemos visto en disparos y atentados, incluso en Bogotá, sigue presente en diferentes regiones”, agregó.Aunque los grupos en negociación han reiterado su voluntad de no interferir en el proceso electoral, la situación en terreno evidencia que persisten dinámicas de presión armada y control territorial que podrían impactar el ejercicio democrático.
Desde hace tres días se intensificaron los hostigamientos en El Carmen, Norte de Santander. Los enfrentamientos armados en pleno casco urbano no solo han dejado un policía muerto y ataques contra la fuerza pública, sino que mantienen a los menores fuera de las aulas y expuestos al fuego cruzado.Según Luis Fernando Niño, consejero de Paz de Norte de Santander, entre 300 y 350 estudiantes permanecen sin asistir a clases debido a los combates y a la presencia de hombres armados en el casco urbano.“Ayer, cuando se dio el primer ataque, inició a las seis y cuarto de la mañana aproximadamente, que es la hora de ingreso de los estudiantes al colegio. Hoy fue igual, en las horas de la mañana. La persona que nos ha dado información desde la institución educativa habla de aproximadamente entre 300 y 350 menores que no han podido ir a clases”, aseguró Niño.La suspensión de las clases también implica que los estudiantes no tengan acceso al Plan de Alimentación Escolar.“A esto hay que sumarle no solo las clases, sino el tema del Plan de Alimentación Escolar, que es parte de este suplemento importante para que los niños puedan realizar sus labores diarias. Todo esto, obviamente, se ve afectado en medio del fuego cruzado que se está dando, reitero, en el casco urbano, con población civil en medio, violando así el derecho internacional humanitario”, agregó el consejero de Paz.Sin embargo, la principal preocupación es el riesgo que enfrentan los menores ante la posibilidad de quedar en medio del fuego cruzado o ser víctimas de reclutamiento forzado.“Ahorita, con los enfrentamientos, se ha deteriorado mucho más esto, pero en otras zonas del Catatumbo también, por el miedo al reclutamiento forzado, los padres de familia no envían a sus hijos porque pueden pisar un campo minado, pueden quedar en medio del fuego cruzado o también pueden ser reclutados”, añadió.Las autoridades reiteraron que, mientras persistan los hostigamientos en El Carmen, más de 300 menores seguirán sin poder regresar a clases, en medio de una escalada violenta que aumenta el riesgo de reclutamiento forzado en el Catatumbo.
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo declaró la alerta amarilla en Manizales ante la intensificación de la temporada invernal y el aumento sostenido de las lluvias durante febrero.La decisión fue adoptada bajo el liderazgo del alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo, tras evaluar los reportes de la Red de Estaciones Hidrometeorológicas, que evidencian niveles críticos de saturación de suelos. Según el informe técnico, se han registrado precipitaciones que superan los promedios históricos, con eventos extremos de hasta 50 milímetros en menos de una hora.Actualmente, la mayoría de estaciones superan el umbral preventivo de 200 milímetros acumulados en un periodo inferior a 25 días. En el caso de la estación de La Palma, el acumulado ya alcanza los 300 milímetros.“Estamos en alerta amarilla. Muchas de las estaciones hidrometeorológicas de la ciudad ya superaron los 200 mm de lluvias en menos de 25 días. La estación de La Palma ya tiene 300 mm de lluvia. Esto no es para que nos pongamos en pánico, pero sí para que estemos en alerta; vamos a estar cuidando y protegiendo la ciudad de manera permanente”, señaló el mandatario.Sectores bajo monitoreoEl reporte indica que estaciones como Hospital de Caldas, Niza, Chec, Alcázares, El Carmen, Emas, Bosques del Norte y Maltería superaron la barrera de los 200 milímetros, lo que eleva el nivel de vigilancia en estas zonas.Equipos de geólogos e ingenieros, junto con el programa Guardianas de la Ladera, intensificaron las inspecciones en áreas con tratamiento geotécnico para identificar grietas, filtraciones o señales de inestabilidad que puedan derivar en deslizamientos.Llamado a la ciudadaníaLa Administración Municipal reiteró la importancia del manejo adecuado de residuos y pidió evitar arrojar basuras en laderas o cerca de los imbornales, ya que esto reduce la capacidad hidráulica del sistema y aumenta el riesgo de inundaciones que comprometan la estabilidad de viviendas.La comunidad puede reportar cualquier anomalía, como grietas en vías o laderas, a las líneas de emergencia: 119 (Bomberos Oficiales) y 116 (Aguas de Manizales).
El técnico de Millonarios FC, Fabián Bustos, se pronunció sobre la lesión de Radamel Falcao y envió un mensaje de cautela a la afición. En entrevista con Blog Deportivo de Blu Radio, el entrenador argentino explicó el estado físico del delantero tras su salida por molestias. La preocupación existe, pero el cuerpo técnico espera un diagnóstico favorable.“Los dos han tenido algunas pruebas médicas, seguirán otras para tener más claridad, pero por suerte parecen no ser lesiones tan grandes”, afirmó Bustos. Sobre Falcao, detalló que “sintió como una pequeña distensión” al cierre del primer tiempo. En el caso de Rodrigo Contreras, indicó que el jugador “se siente mucho mejor”, aunque están a la espera de la resonancia.El DT fue prudente al referirse a los tiempos de recuperación del histórico goleador de la Selección Colombia. “Lo de Falcao por supuesto que preocupa, aunque no todas las lesiones son iguales”, señaló. Y agregó con moderado optimismo: “No creo que lleve más de 15 y 20 días. Ojalá sea solo una sensación y lo podamos tener lo más rápido posible”.Bustos analiza el desgaste y el calendarioBustos relacionó las molestias físicas con la seguidilla de compromisos recientes. “Es un poco también la cantidad de minutos y, a lo mejor, los partidos seguidos (3 en 7 días). Con viajes en medio, canchas pesadas…”, explicó el entrenador. Para el técnico de Millonarios, la carga competitiva pudo influir más que el estado del terreno de juego.Sobre El Campín, comentó que “creo que hoy está mejorando, se está notando el esfuerzo de la gente y con el pasar de los días seguramente seguirá mejorando”. En ese sentido, descartó que la cancha haya sido el factor determinante. “No creo que sea tanto por la cancha, sí más por la cantidad de partidos”, puntualizó.Refuerzos y objetivos en MillonariosEn materia de refuerzos, Bustos reveló que la dirigencia analiza una alternativa ofensiva o un mediocampista. “El cupo está buscando la dirigencia y el área deportiva una alternativa ofensiva o algún jugador en la mitad de la cancha que nos pueda dar algo de lo que no tenemos tanta variedad”, explicó. También dejó claro que buscan “alguien que venga a marcar diferencia”.El entrenador argentino, quien afirmó que “siempre dije que me gusta dirigir en Colombia, muy contento de estar acá”, se mostró ambicioso con el proyecto. Reconoció que “el año pasado no fue bueno para un equipo grande y con obligaciones”, pero destacó que “el plantel se ha mejorado mucho”.
Antioquia cuenta con la primera oficina descentralizada del Consejo Nacional Electoral para la acreditación digital de testigos para la elecciones del 2026. Este es el primer centro de servicios de esta índole en el país.El ocho de marzo de este año se llevarán a cabo las elecciones legislativas de Colombia en las que se elegirán a los miembros del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, y el CNE descentraliza sus servicios con el primer Punto de Atención en Antioquia.Este primer y por ahora único Punto de Atención Departamental, operará como centro piloto, apostándole a la innovación tecnológica de cara a las elecciones de este año, poniendo a disposición de la ciudadanía y las agrupaciones políticas en la capital antioqueña, la capacitación sobre la plataforma de acreditación digital de testigos para 2026.La oficina busca optimizar la transparencia y brindar asistencia técnica directa a partidos y observadores en el departamento. El nuevo centro de servicios está ubicado en el barrio Laureles, específicamente en la Transversal 39B # 73 y funcionará durante todo el calendario electoral de este año.Su objetivo es brindar asesoría técnica para el proceso electoral, acreditación y orientación para testigos, observadores y auditores nacionales e internacionales y formación en la nueva Plataforma de Postulación y Acreditación 2026 optimizando la verificación de identidad en las más de 15.000 mesas de votación.Adicionalmente el CNE presentará este martes 17 de febrero la Plataforma Única de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, una herramienta tecnológica diseñada para robustecer los controles, optimizar la verificación de los procesos y consolidar garantías efectivas para todas las organizaciones políticas en el marco de las elecciones de 2026.La socialización será en el Hotel Marriott de Medellín, y tendrá un componente técnico y pedagógico dirigido a las agrupaciones políticas y a la Fuerza Pública. Esto con el propósito de explicar el funcionamiento del nuevo aplicativo y los protocolos de validación, ya que el sistema incorporará identificación digital mediante códigos QR que serán verificados antes del ingreso a los puestos de votación.
Una alimentación basada en productos ultraprocesados podría estar pasando una factura más alta de lo que muchos imaginan. Un estudio reciente liderado por investigadores de la Universidad Atlántica de Florida concluye que los adultos que consumen mayores cantidades de este tipo de alimentos tienen un 47% más de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en Estados Unidos.El análisis, dado a conocer esta semana, se apoyó en datos de 4.787 participantes de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EE. UU. Los investigadores revisaron registros detallados de al menos un día de ingesta alimentaria por persona, además de antecedentes de eventos como infartos o accidentes cerebrovasculares. Con esa información, calcularon qué proporción del total de calorías diarias provenía de productos ultraprocesados y clasificaron a los participantes según su nivel de consumo.Para garantizar resultados más precisos, el equipo ajustó el análisis considerando variables como edad, sexo, raza, origen étnico, nivel de ingresos y hábito de fumar. Aun tras ponderar estos factores, la asociación entre mayor ingesta de ultraprocesados y riesgo cardiovascular se mantuvo sólida.Entre 2021 y 2023, los estadounidenses que declararon consumir más alimentos de este tipo, incluyendo carnes ahumadas, dulces, galletas, pizzas congeladas, bebidas azucaradas y papas fritas, fueron quienes presentaron las tasas más elevadas de afecciones cardíacas. Estos productos, que actualmente representan cerca del 60% de la dieta promedio en el país, suelen resultar más accesibles económicamente que opciones frescas y nutritivas, lo que complica el panorama de salud pública.Gran parte del problema radica en la composición de estos alimentos. Suelen contener concentraciones elevadas de sodio, azúcares añadidos y grasas poco saludables, componentes que contribuyen al deterioro del sistema cardiovascular. Además, diversos estudios han vinculado su consumo frecuente con daños en la microbiota intestinal, mayor riesgo de cáncer y mortalidad prematura.El doctor Charles Hennekens, profesor de Medicina y Medicina Preventiva y titular de la Cátedra Sir Richard Doll en la institución floridana, subrayó la trascendencia de los hallazgos. Según explicó, los resultados no solo orientan futuras investigaciones, sino que también deberían influir en la práctica clínica y en el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención.A la luz de estas conclusiones, los autores recomendaron a médicos y otros profesionales sanitarios que aconsejen activamente a sus pacientes reducir la ingesta de ultraprocesados. Cambiar patrones alimentarios podría ser una herramienta clave para disminuir la incidencia de enfermedades del corazón.El estudio también se suma a una creciente inquietud en torno al aumento de ciertos tipos de cáncer en adultos jóvenes. En particular, el cáncer colorrectal ha mostrado un incremento preocupante entre personas menores de 50 años. Datos de la Sociedad Americana del Cáncer indican que actualmente casi el doble de jóvenes recibe este diagnóstico en comparación con hace una década.Para este año, se estiman 108.860 nuevos casos de cáncer de colon y 49.990 de cáncer de recto en Estados Unidos. Aunque las causas son múltiples, algunos especialistas apuntan a la dieta rica en ultraprocesados como uno de los factores que podrían estar influyendo en esta tendencia.En conjunto, la evidencia refuerza un mensaje claro: reducir el consumo de productos altamente industrializados no es solo una recomendación nutricional, sino una estrategia potencialmente decisiva para proteger la salud cardiovascular y prevenir enfermedades graves a largo plazo.
En plena campaña para las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, una candidatura ha irrumpido en el debate público colombiano por su origen digital. Se trata de “Gaitana IA”, presentada como la primera aspiración política creada con inteligencia artificial en el país.Detrás del proyecto está Carlos Redondo Rincón, ingeniero mecatrónico de 40 años e integrante del pueblo Zenú del resguardo Reparo-Torrente, en zona rural de Coveñas. En entrevista con BLU Radio, Redondo explicó que la idea nació del modelo de toma de decisiones de su comunidad, basado en la deliberación colectiva. “Las decisiones dentro del resguardo se toman de manera colectiva… el cacique no es esta persona que impone”, afirmó. Según relató, desde hace años buscaba trasladar esa lógica al entorno digital. “Este modelo desde hace rato yo dije, tiene que haber alguna manera de digitalizar este proceso porque me parece demasiado bonito… Aquí todo es colectivo… Esto hay que pasarlo a digital”, sostuvo.La propuesta tomó forma con el desarrollo de una plataforma que, según el candidato, emplea herramientas de trazabilidad como blockchain para organizar debates y construir consensos. “Eso es Gaitana IA: democracia digital participativa al nivel de países nórdicos, pero hecho por nosotros, sin tecno-feudalismo”, aseguró.Aunque en redes sociales Gaitana aparece como un avatar femenino de piel azul y voz con acento extranjero, legalmente quien está inscrito como candidato es Redondo, junto con la antropóloga y socióloga embera katío Alba Rincón, bajo el aval del movimiento ACMIZSAM aprobado por el Consejo Nacional Electoral. El logo del movimiento aparece en el tarjetón con las siglas IA en color azul. La intención inicial de inscribir un movimiento 100 % IA fue rechazada en dos oportunidades. “El CNE lo llama movimiento novedoso… es el primero en Colombia con este término”, explicó.Sobre el funcionamiento de la herramienta, Redondo detalló que cualquier propuesta ciudadana se somete a debate en la plataforma. “Gaitana IA toma esta propuesta, la comparte con toda la comunidad… la IA arma un embudo de datos y arma un consenso. Si el consenso lo admitió, ya pasa a ser un proyecto de ley”, indicó.Uno de los puntos que ha generado controversia es la posible confusión en el electorado. Consultado sobre el riesgo de incurrir en engaño al sufragante, el candidato reconoció que la campaña tuvo una fase inicial de expectativa. “La primera fue la fase del misterio… ha servido para que los videos se viralicen”, afirmó. Según dijo, luego vendrá una etapa de revelación y otra de pedagogía para explicar el modelo. “Ha sido parte de la estrategia de campaña… Tenemos videos de más de un millón de vistas”, añadió.La principal bandera programática es la “soberanía digital comunitaria”, que, en palabras de Redondo, busca que “las mismas comunidades puedan tener sus desarrollos propios sobre semillas, sobre bancas y sobre tecnología propia”. Sobre la apariencia extranjera del avatar, señaló que responde a limitaciones tecnológicas locales. “En Colombia no tenemos tecnología para hacer avatares propios… entonces nos toca utilizar los avatares gringos”, explicó.Si el movimiento logra una curul, quienes se posesionarían en el Congreso serían los candidatos humanos. No obstante, Redondo insiste en que la inteligencia artificial tendría un rol central en la interacción con la ciudadanía. “Tenemos la capacidad tecnológica para que Gaitana interactúe en tiempo real con todos los colombianos, y que podamos poner el Congreso en manos de la gente. Esto es lo principal”, concluyó.
La Sección de Apelación de la JEP ratificó la competencia de esa jurisdicción para investigar el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá, cuando salía de dictar clases en la Universidad Sergio Arboleda.La familia del líder conservador había solicitado a la JEP revocar esa competencia y enviar el caso a la Fiscalía; sin embargo, la jurisdicción consideró que existen elementos suficientes para mantener la investigación en su órbita.“La JEP tiene competencia material para adelantar la investigación por el presente caso. Aunado a ello, y reconociendo el interés legítimo que asiste a las víctimas en reclamar que se haga justicia por los hechos, la SA identifica que le corresponde al Estado encauzar de manera objetiva la totalidad de las acciones que resulten conducentes para garantizar el cumplimiento efectivo de su obligación de investigar y sancionar a los responsables”, señala la resolución de la Sección de Apelación.La jurisdicción precisó que, aunque mantiene la competencia, la justicia ordinaria puede avanzar en otras hipótesis, ya que la JEP se concentrará en la relacionada con la presunta responsabilidad de la extinta guerrilla de las Farc.“La Sección de Apelación insiste en que debe tenerse presente que la competencia que asume la JEP para investigar los homicidios de Álvaro Gómez Hurtado y José del Cristo Huertas Hastamorir solamente cobija la hipótesis relacionada con la presunta responsabilidad de exmiembros de las Farc-EP y, en consecuencia, no configura ningún tipo de interferencia con los avances que puedan seguir obteniéndose en la JPO por parte de las instituciones que se encuentran indagando la responsabilidad de otros agentes estatales y no estatales que no estarían sujetos a la competencia del órgano judicial transicional, por lo menos hasta la fecha. En ese sentido, como ya lo indicó la Sala de Reconocimiento, la Fiscalía y la Comisión de Investigación y Acusación podrán continuar con su función constitucional, en tanto siguen ostentando la titularidad de la acción penal de las investigaciones ya reseñadas y que no son objeto de estudio por la JEP”, agregaron los magistrados.La familia de Álvaro Gómez ha reiterado que no cree en la versión de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual esa organización es responsable del magnicidio. Sus familiares sostienen que habría una responsabilidad de Estado e incluso han señalado por su presunta responsabilidad al expresidente Ernesto Samper.En la resolución también se indica: “Aunque no existe un nivel de certeza determinante, tampoco es descartable la responsabilidad de las Farc-EP y, en esa medida, se entiende que esta hipótesis podrá encontrar una evolución mientras avanza la investigación y el esclarecimiento de los patrones de violencia y hasta que se logre determinar de manera contundente la existencia, o no, de la responsabilidad penal que ha sido formulada por los comparecientes. Lo anterior, bajo la debida garantía de que en cada etapa del proceso las víctimas y demás intervinientes tendrán las oportunidades correspondientes para presentar, de acuerdo con las reglas procesales aplicables, las objeciones que estimen pertinentes”.La Sección recordó además que la jurisdicción tiene competencia prevalente para investigar hechos relacionados con el conflicto armado. En ese sentido, explicó que miembros del antiguo Secretariado de las Farc-EP afirmaron que el asesinato obedeció a una retaliación por las posturas políticas de Gómez Hurtado en la época del surgimiento de esa guerrilla, cuando los calificó como “repúblicas independientes”.
Miroslav Jenca, jefe de la Misión de Verificación de la ONU, explicó que uno de los mayores desafíos se concentra en regiones como el Catatumbo, donde el desplazamiento forzado y el confinamiento continúan afectando a miles de personas. Según señaló, en el marco de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) y las Curules de Paz, cerca de 100.000 personas no pueden ejercer su derecho al voto debido a que se ven obligadas a desplazarse constantemente de un lugar a otro como consecuencia de la violencia.“Hay alrededor de 100.000 personas que prácticamente no pueden votar porque se desplazan de un lugar al otro”, aseguró.El jefe de la misión relató que durante sus recientes visitas a esta región, incluida la zona rural del municipio de Tibú y sectores como Versalles, pudo constatar la complejidad de la situación humanitaria y de seguridad. “Hablé con la gente en Versalles, y allá la situación de veras es muy, muy compleja, muy difícil”, afirmó.En ese contexto, Jenca insistió en que garantizar el derecho al voto es esencial para la democracia colombiana. “Yo pienso que es muy importante asegurar, garantizar el derecho al voto a todos los votantes y todas las votantes aquí en Colombia”, reiteró, haciendo énfasis en la necesidad de adoptar medidas para las regiones más afectadas por el conflicto.El jefe de la misión también se refirió a las responsabilidades frente al desarrollo de la campaña electoral. Señaló que el gobierno colombiano tiene un papel central en la protección del proceso democrático, al ser el único con el uso legítimo de la fuerza. En ese sentido, recalcó que el Gobierno debe garantizar un entorno seguro para todos los precandidatos y precandidatas, de manera que puedan hacer campaña sin amenazas ni restricciones indebidas.No obstante, Jenca aseguró que los propios precandidatos también deben contribuir activamente a la construcción de elecciones libres y en paz, respetando las reglas del juego democrático y promoviendo un ambiente de tolerancia y no violencia durante la contienda electoral.“Claro que los precandidatos también tienen responsabilidad de contribuir a las elecciones libres y en paz”, añadió.Finalmente, expresó el interés de la comunidad internacional en que todos los actores políticos respalden y firmen compromisos públicos "por que aquí hablamos de la democracia en Colombia".
El informe 'Compromiso con un proceso electoral libre y en paz en Colombia', elaborado por la Defensoría del Pueblo, analiza el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2025, donde se evidencia que el ambiente electoral se desarrolla en un contexto de alta tensión política.Al mismo tiempo, señalan que la figura presidencial ha ocupado un lugar central en las narrativas de las precandidaturas, desplazando el énfasis en propuestas hacia la confrontación política.Uno de los hallazgos más preocupantes es la persistente subrepresentación de las mujeres en la contienda presidencial. “De las 99 precandidaturas activas identificadas al 15 de diciembre, solo 12 corresponden a mujeres (12,12 %), frente a 87 hombres (87,8 %). Esta brecha muestra una subrepresentación persistente que repercute en la visibilidad de las mujeres en la discusión electoral y limita su capacidad para posicionar agendas propias”.Durante la fase temprana de definición de precandidaturas, las redes sociales y plataformas digitales se consolidaron como el principal escenario de visibilidad política, ante la ausencia de campañas formales y el acceso desigual a medios tradicionales.Para la Defensoría “esta centralidad también amplifica riesgos asociados a la desinformación, la polarización discursiva y el uso de lenguaje violento, factores que inciden de manera directa en la calidad del debate democrático”.La Defensoría señala que el ambiente electoral estuvo marcado por hechos de alto impacto, como el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay; los procesos de definición de candidaturas mediante consultas; la escogencia de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático; y el anuncio de consultas interpartidistas para el 8 de marzo.“El aumento de las fricciones en las relaciones entre el gobierno colombiano y el de Estados Unidos, lo que ha causado un distanciamiento entre las administraciones. Hoy las relaciones entre ambos países ocupan un lugar más importante dentro del debate electoral actual, que el que han tenido en otros periodos similares”, señala.En materia de violencia política, la Misión de Observación Electoral reportó que durante 2025 se registraron 415 hechos de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales. Aunque esta cifra representa una disminución frente al año preelectoral de 2021, la violencia continúa afectando de manera desproporcionada a los liderazgos políticos.El informe advierte que, si bien existe una condena abierta y generalizada a los ataques físicos, no se observa el mismo nivel de rechazo frente al uso de expresiones violentas, estigmatizantes o narrativas difundidas por terceros en redes sociales que pueden derivar en incitaciones a la violencia.Los resultados del informe muestran niveles altos de cumplimiento en la defensa de la primacía de la vida, el reconocimiento de la juventud y el respeto por las instituciones. Sin embargo, revelan niveles bajos en aspectos clave como la promoción del lenguaje constructivo y la eliminación de la estigmatización, así como en la garantía de difusión de información veraz.En particular, el punto relacionado con la información veraz presenta el nivel más bajo de cumplimiento y alineación, evidenciando la ausencia de protocolos o lineamientos para la verificación de contenidos, especialmente entre las precandidaturas que no suscribieron el Compromiso.Según la Defensoría, esto “revela la persistencia de patrones comunicativos que priorizan la confrontación violenta, las emociones y la deslegitimación del adversario por encima de la argumentación y la deliberación sustantiva. Que se ataque más a las personas que a los argumentos es un desafío profundo para la calidad de la democracia dentro y fuera de los entornos digitales”.Aunque durante el periodo analizado no se identificaron hechos documentados de violencias de género facilitadas por la tecnología, la Defensoría advierte que “no se puede ignorar que este tipo de violencias encuentran un nicho habilitante en entornos digitales donde se dan este tipo de confrontaciones en el periodo preelectoral”.La entidad alerta de que la violencia de género facilitada por la tecnología afecta de manera particular a mujeres, personas jóvenes y grupos minoritarios, y cuando se combina con la violencia contra las mujeres en política, configura un escenario especialmente preocupante para candidatas, militantes y liderazgos femeninos.Finalmente, la Defensoría subraya que la libertad de expresión es un pilar esencial del debate democrático, pero advierte que no puede convertirse en un escudo para la desinformación ni para el uso de lenguaje que promueva violencia.
La Jurisdicción Especial para la Paz imputó a 15 exintegrantes del Bloque Oriental y 7 del Bloque Sur, estructuras en las que se concentraron los secuestros más complejos, prolongados y violentos del conflicto armado.En el caso del Bloque Oriental, la estructura fundacional y más grande de la antigua guerrilla, la JEP los halló responsables por secuestros cometidos en Arauca, Casanare, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés y Vichada, así como en algunas zonas de Boyacá, Caquetá y Santander.Para el Bloque Sur, las conductas investigadas ocurrieron principalmente en Huila, Caquetá, Putumayo, Nariño, Amazonas y en sectores de Cauca y Meta.Los imputados del Bloque Oriental son: Wilmar Antonio Marín, quien fue conocido como ‘Hugo o Hugo 22’; Bernardo Mosquera, quien fue conocido como ‘Negro Antonio’; Nelson Quintero, quien fue conocido como ‘Arcesio Angarilla’; Marco Fidel Suárez, quien fue conocido como ‘Arsenio Mejía o Kokoriko’; Holmes Puentes, quien fue conocido como ‘Ricaurte Páez’; Marcos Patiño, quien fue conocido como ‘Efrén o Patequeso’; Germán Gómez, quien fue conocido como ‘Lucas 40’, ‘Lucas Urueta’ o ‘El Médico’; José Ricaurte Valencia, quien fue conocido como ‘Jerónimo Gutiérrez’ o ‘Caresanto’; Luis Garzón, quien fue conocido como ‘Severiano’; Elmer Caviedes, quien fue conocido como ‘Albeiro Córdoba’; Rodolfo Restrepo, quien fue conocido como ‘Víctor Tirado’; Bertulfo Caicedo, quien fue conocido como ‘Alberto Pitufo’; Julián Saavedra, quien fue conocido como ‘William Sánchez’ o ‘Plinio’; Olivo Guantiva, quien fue conocido como ‘Robledo’; y Gerardo Aguilar, quien fue conocido como ‘César’.Por su parte, los imputados del Bloque Sur son: Fabián Ramírez; Floresmiro Burbano (Martín Corena); Darío Lee Díaz (Robledo); Luis Montes (Euclides Bermúdez); Ángel García (Hernán Benítez); Ezequiel Hueguía (Rolando Romero); y William Tovar (Franklin Smith Caicedo). Según la JEP, este bloque tuvo un papel central en secuestros con fines de canje, especialmente contra figuras políticas, entre ellas Ingrid Betancourt, entonces candidata presidencial, y Clara Rojas, su fórmula vicepresidencial y jefa de campaña.La investigación estableció que, debido a su mayor capacidad operativa y control territorial, el Bloque Oriental recibió durante años a víctimas de secuestro provenientes del Bloque Sur, particularmente aquellas retenidas para intercambio por guerrilleros presos. Estas personas permanecieron durante largos periodos en campamentos selváticos, en condiciones extremas de cautiverio.La Sala de Reconocimiento llamó a estos comparecientes a reconocer responsabilidad por crímenes de guerra de toma de rehenes, así como por otros delitos cometidos durante el cautiverio, entre ellos homicidio, tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado.Además, les atribuyó crímenes de lesa humanidad por graves privaciones de la libertad y conductas asociadas, como desaparición forzada, asesinato, esclavitud y otros actos inhumanos, los cuales, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía ni perdón judicial.La investigación concluyó que los excombatientes imputados tenían control efectivo sobre su tropa y capacidad de imponer disciplina, por lo que son responsables tanto por haber impartido órdenes directas que derivaron en secuestros y asesinatos, como por no impedir los abusos cometidos contra las víctimas durante el cautiverio.Algunos de ellos, además, participaron de manera directa en crímenes graves y comandaron campamentos donde las personas permanecieron privadas de la libertad durante años.De acuerdo con la JEP, el Bloque Oriental fue responsable del 34 % de los secuestros atribuidos a las Farc-EP en todo el país, mientras que el Bloque Sur concentró el 8 %. Sin embargo, el 18 % de las víctimas acreditadas ante la JEP señalan al Bloque Sur como responsable. Entre las 4.439 víctimas acreditadas, 1.239 atribuyen su secuestro al Bloque Oriental y 771 al Bloque Sur.La JEP documentó que ambos bloques actuaron bajo tres patrones criminales: secuestros para financiar la organización, para forzar intercambios por guerrilleros presos y para ejercer control social y territorial. En este último patrón se registraron trabajos forzados, castigos colectivos y asesinatos de personas que intentaron escapar del cautiverio.Con estas imputaciones, la Sala de Reconocimiento de Verdad cerró la investigación del Caso 01 y dejó delimitada la lista de responsables por el secuestro en las Farc-EP. El proceso entra ahora en la etapa de reconocimiento de responsabilidad, en la que los imputados deberán aceptar o rechazar los cargos en un plazo de 30 días.De haber reconocimiento, se avanzará hacia sanciones propias de carácter restaurativo; de lo contrario, los casos podrán ser remitidos al Tribunal para la Paz o a la Unidad de Investigación y Acusación, donde podrían derivar en juicios con penas de hasta 20 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
Este lunes, 22 de noviembre, el director del Servicio Informativo de BLU Radio, Ricardo Ospina, tuvo una conversación con el expresidente Juan Manuel Santos, a propósito de los cinco años de la firma del acuerdo de paz en el Teatro Colón.Dentro de los temas que se trataron y con la cercanía de las elecciones presidenciales del 2022, destacó el planteamiento sobre cómo debería actuar el próximo gobierno frente a los acuerdos de paz, aclarando que el actual, encabezado por Iván Duque, ha recibido fuertes críticas al respecto.“El próximo gobierno debería recibir con entusiasmo y como una gran oportunidad para unir al país. Incluso Duque todavía tiene tiempo para unir al país en torno a este tema”, dijo.Santos aclaró que espera que la implementación del acuerdo de paz no se convierta en una estrategia de campaña porque considera que eso se presta para “tergiversaciones y mentiras”.Santos enfatizó en que, si la implementación del proceso se hace con cuidado, Colombia tiene “una oportunidad de oro, en todo sentido, en darles derechos a los colombianos, corregir desigualdades en el campo, poner a producir al campo en un mundo que está comenzando a preocuparse por falta de alimentos, Colombia es uno de los cinco países con mayor potencial de incrementar la producción de alimentos en el mundo”.Por último, Santos recalcó que espera que el próximo presidente de la República aproveche esa oportunidad de unir a todos los colombianos.Escuche las declaraciones de Santos en el audio adjunto: Escuche la entrevista completa: Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
De acuerdo con el director de la Unidad de Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez, en los tres años de Gobierno de Iván Duque, han sido indemnizadas 291.000 víctimas de forma individual y se han dado 31 procesos de reparación colectiva, esto con una inversión total de 2,6 billones de pesos.Sin embargo, a la hora de hablar con las víctimas, con aquellas personas que sufrieron alguna pérdida por la guerra, siempre hace falta algo más y para ellas el proceso hasta ahora está comenzando. Varias de las víctimas más visibles dicen que aún no han recibido ninguna reparación económica.Ingrid Betancourt, quien estuvo seis años secuestrada por las Farc, considera que es necesario que la Justicia Especial de Paz empiece a emitir los fallos sancionatorios contra los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto y para ella no es suficiente con sanciones pedagógicas.“Se ha hablado de plantar árboles y eso está bien. Pero creemos que debe haber condenas con pérdida de la libertad, que es el bien más preciado que tiene el ser humano porque es lo que define la dignidad. El hecho de que se hubiera impuesto pérdida de libertad a tantos seres humanos conlleva la necesidad de que entiendan lo que eso significa”, dijo Betancourt, a propósito de las víctimas del secuestro.Además, Ingrid Betancourt puso el dedo en la llaga frente a dos temas fundamentales. El primero es que duda que el ejercicio de impartir justicia sea equilibrado por parte de las instituciones creadas para ello.En segundo lugar, considera que la reparación no sólo debería ser parte de un esfuerzo económico del Estado, sino que se debe exigir a las Farc que hagan verdaderos aportes con lo que fue en su momento el poderío monetario que tuvo la organización para que ese dinero sirva para reparar a las víctimas.Por otro lado, el general Luis Mendieta, quien es un oficial retirado de la Policía que fue secuestrado por las Farc en la toma de Mitú en 1998 y estuvo 12 años en cautiverio. Hoy en día, cinco años después de la firma de la paz, no solo no se siente reparado, sino que además han aprovechado su desmovilización para obtener un despliegue político, sin tener en cuenta a las víctimas.“Hasta el momento únicamente ofensas que eso es lo que hacen las Farc cuando se dirigen a reparar a las víctimas. Únicamente han hecho, con la Comisión de la Verdad, un despliegue, diría yo, político, a lo largo y ancho del país, donde los integrantes de la Comisión de la Verdad junto con los integrantes de las Farc han hacen determinados eventos culturales y donde únicamente se dan palabras, pero hechos concretos de reparar a las víctimas que ellos ocasionaron, ninguno", dijo.Fabiola Perdomo, fue esposa del expresidente de la Asamblea del Valle del Cauca Juan Carlos Narváez, quien fue asesinado en cautiverio por parte de las Farc en el año 2007 después de haber estado cinco años secuestrado.Ella, en primer término, considera necesario armonizar los procesos de reparación entre la Unidad de Víctimas y el sistema que creó la Ley de Víctimas, porque muchas veces se dan procesos independientes.Además, considera que en cuanto a la reparación de las víctimas todavía hay un “saldo en rojo” y también considera urgente que se empiecen a conocer los fallos sancionatorios de la JEP contra los victimarios.“Ahí también hay un saldo en rojo a las víctimas que desde lo económico no se han reparado”. Sin embargo, cree que sí ha habido avances en cuanto a la reconstrucción de verdad, pero particularmente en su caso, porque hay otras víctimas que, según dice ella, “no han corrido con la misma suerte”.Para ella es fundamental fortalecer el Centro de Memoria Histórica y los mecanismos para conocer la verdad en el conflicto, porque advierte que sin eso “de nada sirve una indemnización”, porque lo que se busca con la reparación es “reparar algo que se ha dañado”.Conversamos también con algunas víctimas de los llamados falsos positivos, que ven avances gracias a la firma del acuerdo de paz con las Farc. Laura Piña finalmente logró que ante la Justicia Especial de Paz se reconociera que su papá, Adolfo Piña Londoño, no fue un combatiente del ELN sino una persona inocente que fue asesinada para hacerla pasar como una baja en combate.Dice Laura que ella se sentirá plenamente reparada cuando se esclarezcan los más de 6.400 casos de falsos positivos que, según la JEP, se han dado en Colombia y cuando sienta que hay garantías de no repetición.“Estamos en un proceso muy inicial. Estamos conociendo verdades todavía y se necesita trabajar muchísimo sobre todo en las garantías de no repetición. Las víctimas quieren conocer la verdad para no repetir estos hechos que son macabros”, dijo Piña en diálogo con BLU Radio.Le puede interesar. Escuche las Noticias del día:
La implementación del acuerdo de paz aún presenta desafíos y retos importantes de cara al futuro. Para la ONU, los desafíos están en la reforma política, la reforma agraria y la seguridad.“Los retos en seguridad son importantes, es el tema que más nos preocupa y que nos ha preocupado, se tienen que hacer más acciones para reducir y eliminar el asesinato de excombatientes. Hay temas en la reforma rural que no han avanzado tanto, la reforma rural y la reforma política son puntos que todavía son pendientes, pero que siguen avanzando”, asegura Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de los Acuerdos.En el Partido Comunes hablan que la conmemoración de los cinco años de la firma son el momento para “relanzar el acuerdo de az” y avanzar en los puntos que consideran aún están pendientes.“Hay que relanzar el acuerdo a partir de lo que hemos construido, que el Gobierno ponga al Estado en modo acelerador. Necesitamos un Estado moderno. Poder ampliar el camino a la construcción de democracia y resolver todas las conflictividades violentas en el territorio. Ese es el desafío que tenemos como país para abrir el diálogo con otros actores como ELN, EPL, disidencias, urabeños o gaitanistas, el diálogo es el único camino para avanzar hacia una cultura de paz”.Las víctimas aseguran que uno de los desafíos que han tenido estos años, y que es un gran reto para el futuro, es el reconocimiento y lograr la reparación. “Ha sido un camino con muchísimas dificultades para el reconocimiento, no tenemos una cultura en el país que reconozca que el militar excepcionalmente también puede ser víctima, los militares y policías no se consideran reconocidos. El sentir de las víctimas es una falta de inclusión en las políticas y dinámicas públicas que les permite integrarse”.Los retos que quedan para el Gobierno están principalmente en la seguridad de los excombatientes en las regiones. Según el Partido Comunes, 292 firmantes de paz han sido asesinados en estos cinco años.El consejero para la estabilización y la consolidación, Emilio Archila, ha dicho que “el objetivo, cuando se trata de vidas, es cero, no hay ninguna muerte que se justifique y el objetivo es que llegue a cero, se tiene expedido el plan estratégico de seguridad, están desde temas como la no estigmatización, la protección de los antiguos espacios territoriales y una coordinación con la UNP que se ocupa de los riesgos de ellos, obvio que hasta no llegar a cero hay que seguir trabajando”.Escuche este informe de Mateo Piñeros:Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Uno de los temas que más preocupa ha sido la violencia que viven los firmantes del Acuerdo de Paz, según el Partido Comunes al menos 292 excombatientes han sido asesinados tras la firma. Asimismo, han denunciado amenazas, persecuciones y desplazamientos. Tema que también preocupa a la ONU.Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de los Acuerdos, resalta que los índices nacionales de violencia se han reducido por virtud del acuerdo, sin embargo asegura que se deben utilizar las herramientas que el acuerdo provee para lograr soluciones frente a la violencia en el país.“Desafortunadamente hay zonas donde se ha recrudecido la violencia contra líderes, excombatientes y comunidades. Esperamos que la presencia integral del Estado poco a poco se vaya materializando, necesitamos instituciones civiles, servicios sociales y toda una presencia integral donde el Estado ha tenido una presencia limitada”.Por su parte, desde el Gobierno aseguran que uno de los errores en estos años de la implementación ha sido el tema de los recursos para la reparación de las víctimas. Ramon Rodríguez es el director de la Unidad de Víctimas y asegura que: “hemos llegado a las víctimas con presupuesto de la Nación, de los Acuerdos de Paz firmados y que permitieran recibir recursos, no hemos recibido un peso. Tenemos 42 mil millones de pesos y estamos a la espera del oro que se monetizó el año pasado y estamos a la espera de que estos recursos puedan llegar en esta vigencia”.En el Partido Comunes consideran que los errores han estado principalmente en la reforma rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos. “Los PDET han quedado exclusivamente en espacios mediáticos de promoción de este gobierno, se han establecido algunas obras de infraestructura sin transformar el territorio. Fue un fracaso desmontar plan nacional de sustitución de cultivos de uso ilícito de manera voluntaria; ese proceso quedó desfinanciado y hoy la gente volvió a resembrar, esos son las fracasos que hemos tenido en este gobierno”. Asegura Pastor Alape delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
Desde organismos internacionales, el Gobierno y la antigua guerrilla han destacado el hecho que se haya logrado el desarme del grupo ilegal y hoy sus miembros estén haciendo el tránsito hacia la vida civil tras la firma del Acuerdo de Paz.Desde la ONU han resaltado que uno de los logros de la implementación en estos años, ha sido el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación, y no Repetición, del cual hace parte la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Comisión de la Verdad.Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación de los Acuerdos de Paz en Colombia, asegura que “los avances que han tenido estas instituciones han sido importantes, precisamente porque materializan uno de los objetivos más importantes del acuerdo, que es la centralidad de las víctimas. Todos los avances que han tenido son fundamentales para ese camino de largo aliento hacia la reconciliación nacional, todos tenemos que apreciar esos resultados y hay que apoyarlos, respetar su autonomía y su independencia”.Las víctimas del conflicto reconocen que ha habido voluntad de las diferentes partes para la implementación y destacan el Acuerdo de Paz como un esfuerzo para recomponer el tejido social.Gina Valoyes es directora de la corporación Milvíctimas, de la cual hacen parte los militares víctimas del conflicto armado, y desde este punto de vista, afirma que “hay que reconocer que se hace un esfuerzo importante, reconocemos desde diferentes sectores todas las voluntades para llegar a unos acuerdos que van a ser beneficios para todo un país que anhela desde hace mucho tiempo la paz, la justicia, la verdad y la reparación”.Pero también, desde el Partido Comunes resaltan el hecho de que el acuerdo haya sido un impulso para la construcción de la democracia, pues, según dicen, permitió una apertura política no solo para la extinta guerrilla, sino para diferentes sectores de la sociedad.Pastor Alape es delegado del Partido Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación y asegura que “el acuerdo ha sido una inspiración para nuevas ciudadanías, ha podido movilizar diferentes sectores en la participación política electoral con una votación importante frente a las fuerzas alternativas. Movilizó nuevas ciudadanías, como los jóvenes y además se ha ido erradicando el miedo, hay una apertura de nuevas emociones en el país”.Frente al tema de la implementación del acuerdo, el Gobierno Nacional ha hecho énfasis en que cada vez está más fortalecida. El consejero para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, resalta el hecho que “el 50 % de los acuerdos de paz fracasan en los primeros años y este acuerdo llega a los cinco años realmente fortalecido en la implementación, Colombia es un ejemplo frente al mundo en cuanto a cómo se adelanta la implementación y existen retos pero como país tenemos muchos motivos para sentirnos orgullos de a donde hemos llegado”.Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, habló con BLU Radio sobre el proceso de reparación.Conozca más noticias de Colombia y el mundo:
En el marco de la conmemoración de los cinco años de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc, el jefe de la misión de la verificación hizo críticas al cumplimiento de lo pactado. Carlos Ruiz Massieu, representante del secretario general de la ONU en Colombia y jefe de la misión de verificación, aseguró que Colombia debe aprovechar los cinco años para celebrar los logros alcanzados, pero también para renovar el compromiso de los colombianos con lo pactado.Ruiz Massieu aseguró que, debido a la situación de seguridad que viven los excombatientes y líderes sociales en algunas zonas del país, aún no se puede hablar de éxito.“Hay que renovar el compromiso, no podemos hablar de éxito cuando hay excombatientes y líderes sociales asesinados. Las comunidades en los territorios también están siendo amenazadas. Hay que renovar ese compromiso", declaró el jefe de la misión de verificación. Según el funcionario internacional, hay que celebrar estos cinco años desde la firma del acuerdo de paz, ya que se trató de un acuerdo histórico para saldar deudas históricas del país.