La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
Una coalición de grupos defensores de migrantes en Estados Unidos emitió este jueves "una alerta de viaje" para advertir a turistas internacionales, en particular latinos, del peligro que corren por las redadas migratorias y abusos si acuden a Florida para el Mundial de Fútbol 2026.Organizaciones como la Coalición de Inmigrantes de Florida (FLIC, en inglés) lanzaron un sitio web para advertir a los fanáticos que acudan a Miami, donde habrá siete partidos, de "riesgos sin precedentes de perfilamiento racial, detención ilegal en condiciones inhumanas y violaciones a derechos humanos"."Florida ya no es un destino seguro para los turistas internacionales", expresó Tessa Petit, directora ejecutiva de FLIC. "Los visitantes internacionales deben preguntarse si vale la pena, por un partido de fútbol, correr el riesgo de un secuestro o un encarcelamiento", añadió.La alerta se produce mientras crecen las críticas contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) antes del Mundial, pues el expresidente de la FIFA, Joseph Blater, sugirió la semana pasada a los aficionados mantenerse "lejos de Estados Unidos".Las asociaciones civiles recomendaron ahora, en una conferencia frente a la sede de la FIFA en Miami, donde jugarán Colombia, Uruguay y Brasil, que los latinoamericanos consideren ir a México o Canadá en vez de Estados Unidos, que será sede de 78 de los 104 partidos que habrá del 11 de junio al 19 de julio."Florida en este momento no es un lugar seguro para muchos de los fanáticos que están siendo invitados. Bajo la presión autoritaria del presidente Trump y del Gobernador (Ron) DeSantis, las agencias policiales locales se han convertido en instrumentos de persecución", comentó Ysabella Osses, del grupo Florida Rising.Los activistas citaron el caso de dos hermanos mexicanos, uno casado con una estadounidense y otro con visa de turista, a los que la policía de Florida detuvo el año pasado y envió a 'Alligator Alcatraz', centro de detención en una zona natural al oeste de Miami.También citaron el caso de un ciudadano alemán de 25 años, Lucas Sielaff, que denunció que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lo esposaron a él y a su prometida cuando intentaron visitar San Diego, en California, desde la ciudad mexicana de Tijuana.Las asociaciones, que negaron que estén pidiendo un boicot, avisaron que Florida firmó más del 80 % de todos los acuerdos de colaboración con ICE, lo que "ha convertido a policías locales en agentes migratorios"."No estamos aquí para esparcir miedo o pánico, estamos aquí para ofrecer un golpe de realidad", expuso Dariel Gómez, organizador de la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) de Florida.
Estos fueron los temas tratados en Blog Deportivo este jueves, 5 de febrero de 2026:Se conocieron detalles del nuevo equipo de Jhon Arias: Palmeiras de Brasil. Fue breve su paso por la Premier League con el Wolves.La campaña de expectativa por la llega de James Rodríguez al Minnesota United de la MLS. Las reacciones del clásico entre Atlético Nacional y América que ganó el verdolaga.Este jueves se realizarán los premios que destacan lo mejor del FPC del 2025, realizados por Acolfutpro. Solo pudieron votar los jugadores.
La Alcaldía de Bogotá denunció que se presentó un nuevo bloqueo al ingreso de los equipos de las secretarías de Integración Social y de Salud en la UPI La Florida, lo que impidió la prestación de servicios sociales y de salud a la población emberá que permanece en el lugar, con afectación especial a niños, niñas y adolescentes.De acuerdo con el secretario de Integración Social, Roberto Angulo, el bloqueo se produjo luego de que cuatro voceros de la comunidad pusieran condiciones para su ingreso. “El día de ayer, en una reunión interinstitucional, nos amenazaron y dijeron que si no los contratábamos en servicios de infancia no iban a permitir que ni la Secretaría de Salud ni la Secretaría de Integración Social entraran a la Unidad Operativa”, afirmó Angulo.La Alcaldía Distrital señaló que esta exigencia constituye una forma de presión indebida que interrumpe la atención institucional y pone en riesgo la garantía de derechos fundamentales, particularmente los de niños, niñas y adolescentes. “No es posible ni es admisible que una vocería dedicada a buscar sus intereses particulares se atraviese para que nosotros podamos llegar con servicios sociales a una población en exclusión extrema como es la comunidad emberá en Bogotá”, añadió el secretario de Integración Social.Como antecedente, la Alcaldía recordó que el pasado 4 de febrero, y en presencia de organismos de control, se socializó con los voceros emberá la oferta dirigida a la niñez, que incluye servicios de jardines infantiles y el programa Atrapasueños al interior de la UPI. Sin embargo, tras ese espacio de diálogo, se anunció que el ingreso de los equipos distritales sería bloqueado si no se accedía a las solicitudes de contratación.La Administración Distrital rechazó cualquier acción que limite o impida el acceso a servicios de salud y atención social, y reiteró que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no pueden ser objeto de negociación. Asimismo, hizo un llamado a la corresponsabilidad de las familias, la sociedad y el Estado para garantizar su protección integral, en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política.
El Carnaval de Barranquilla 2026 revive la esencia de las tradicionales casetas con una propuesta que combina cultura y economía en el Gran Malecón del Río. Con entradas desde los 40 mil pesos, los asistentes podrán acceder a una agenda que, del 5 al 16 de febrero, busca conectar a diferentes generaciones a través de la música en vivo, la gastronomía típica y el espíritu del encuentro ciudadano.Programación musical y artistas en el MalecónLa nómina artística de esta temporada destaca por su equilibrio entre el vallenato clásico y los sonidos contemporáneos del Caribe. Entre los nombres confirmados figuran Elder Dayán y el maestro Poncho Zuleta, quienes compartirán escenario con Aria Vega, una de las voces más representativas de la escena actual. Además de los conciertos, el espacio contará con muestras folclóricas que honran la identidad y el baile regional.La experiencia para el local se complementa con una oferta culinaria que apuesta por la tradición. Referentes como Narcobollo estarán presentes para ofrecer los sabores que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad. El objetivo es que el asistente no solo disfrute de la música, sino que viva el Carnaval desde la mesa y la conversación, manteniendo el rigor de las costumbres barranquilleras.Boletas para la KZ Old Parr 2026La KZ Old Parr regresa este año como el epicentro de esta celebración, tras haber congregado a más de 15 mil personas en su edición anterior. Como novedad, se presentará el cóctel 'Agua e Panela', creado por Aria Vega, una mezcla inspirada en los sabores cotidianos que invita a compartir 'desde un bordillo hasta una gran noche de fiesta'. Esta caseta se consolida como un espacio que resignifica la historia de las festividades en un entorno moderno y seguro.Para quienes deseen sumarse a esta experiencia que fluye entre amigos, las boletas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Metroconcierto. El acceso al evento en el Malecón garantiza una vivencia cercana a la tradición sin las complicaciones de los grandes eventos privados.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, denunció que el Gobierno nacional no estaría cumpliendo con sus funciones de entregar a esta jurisdicción el presupuesto necesario para que los responsables de crímenes cometidos durante el conflicto puedan cumplir con las sanciones restaurativas.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del acuerdo final de paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.Desde el Gobierno Nacional, la Unidad de Víctimas emitió un comunicado en el que explican que el Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz aprobó en diciembre de 2023 la creación de la Subcuenta Justicia Restaurativa JEP. Sin embargo, la jurisdicción habría pedido el cambio de la titularidad de la subcuenta. Finalmente, y después de un proceso en el que participó el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), se concluyó que la Unidad para las Víctimas sería la entidad idónea para ejecutar la subcuenta."En sesión del Consejo Directivo del Fondo Colombia en Paz No. 54, la JEP solicitó la eliminación de la subcuenta, pues procedimentalmente no es posible el cambio de titularidad, sino la creación de una nueva. En la sesión No. 55, la Unidad para las Víctimas solicitó el retiro del punto de la creación de la subcuenta, con el fin de revisar técnica y jurídicamente los fundamentos que sustentaban su creación. De modo que, contrario a lo que se ha afirmado, dicha subcuenta aún no ha sido creada y la Unidad para las Víctimas no ha recibido tales recursos", señala la entidad.Además, según el comunicado de la Unidad para las Víctimas, el Ministerio de Hacienda informó que los recursos de la Bolsa Paz del 2024 no se encuentran disponibles en su totalidad, y el desembolso fue aplazado por la coyuntura fiscal del país. En ese sentido, el Gobierno explica que aún no se ha tomado una decisión frente a la destinación de esos recursos, los cuales tampoco han sido desembolsados."Desde la Unidad para las Víctimas hacemos un llamado para que no se hagan afirmaciones sobre procesos que hasta este momento aún no se han consolidado; esto con el fin de no desinformar a la ciudadanía, al país y, sobre todo, a la población víctima. Invitamos a la JEP a un diálogo efectivo que permita la construcción de planes y programas de contenido restaurativo y reparador en aras de la construcción de una paz estable y duradera para Colombia", señala el Gobierno nacional.
El Gobierno colombiano dijo este jueves que "está listo" para retomar los suspendidos diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), pero le pidió un "gesto inequívoco de paz".Así lo expresó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, luego de un Consejo de Seguridad en Tame, ciudad del departamento del Arauca (este), golpeado por acciones terroristas del ELN como el ataque a la base militar de Puerto Jordán, que dejó tres militares muertos y 26 heridos y por el que el Gobierno suspendió las conversaciones de paz."El Gobierno está listo para retomar cualquier esfuerzo de negociación de paz con estos grupos, especialmente con el ELN, que ha venido martirizando a Arauca durante muchas décadas", dijo el ministro Cristo.El Gobierno confirmó la semana pasada que el diálogo de paz con el ELN "queda suspendido" tras el atentado con explosivos perpetrado por esa guerrilla contra la base militar.Pese a que Cristo dijo que el Gobierno estaba listo para seguir en la mesa de negociación, recalcó que el ELN debe dar muestras de querer estar en las conversaciones de paz."Para hablar de paz se necesitan dos, y hasta el momento solo hay uno hablando, que es el Gobierno Nacional. El ELN no parece interesado. Ojalá rectifiquen para que, con un gesto inequívoco de paz, como lo dijo el señor presidente de la República, se puedan retomar las negociaciones".A propósito de los diálogos el comandante del ELN, Eliécer Herlinto Chamorro, alias 'Antonio García', aseguró que el proceso de paz puede continuar pese a que no haya un cese el fuego.García recordó que el cese el fuego de un año, que expiró el pasado 3 de agosto, "no pudo prorrogarse y en el contexto de buscar soluciones, el ministro de Defensa y el comandante de las Fuerzas Militares ordenaron reanudar las operaciones ofensivas contra el ELN".El Frente de Guerra Oriental, que es el más activo y numeroso del ELN, se atribuyó el ataque a la base militar y aseguró que era "legítimo" porque en la base militar supuestamente se "custodia y protege" a miembros de una banda criminal al mando de alias 'Pescao' a "quien usan (los militares) para su plan mercenario como paramilitares".
El Comisionado de Paz, Otty Patiño, generó polémica al afirmar que es necesario evitar que la JEP se prolongue en el tiempo.El presidente de dicha jurisdicción, magistrado Roberto Vidal, pidió respeto por la autonomía del tribunal y afirmó además que el Gobierno no está cumpliendo con su compromiso de entregar los recursos necesarios para que los comparecientes puedan cumplir con las sanciones impuestas por la JEP.Rodrigo Londoño, conocido como 'Timochenko' y quien fue el último comandante de las extintas Farc, se refirió al tema, afirmando que la JEP se ha vuelto engorrosa y lenta.“La JEP lleva 6 años con un buen presupuesto en comparación con el resto de los puntos del Acuerdo, alejándose del espíritu y la letra de lo pactado, y volviéndose una justicia lenta, engorrosa, revictimizante y punitiva”, señaló Londoño.Es importante recordar que la JEP se creó tras el acuerdo de paz del 2016 entre la extinta guerrilla de las Farc y el Gobierno de Santos.“Como signatario del Acuerdo de Paz, he expresado que la JEP decidió, por voluntad de sus magistrados, tomar distancia de la única y principal tarea que se le encomendó: constituirse en un tribunal de cierre para la construcción de una paz estable y duradera. Con sentido de responsabilidad histórica, hago un llamado a la JEP para que no repita la fallida experiencia de Justicia y Paz, y evite convertirse en un tribunal de referencia para los procesos de paz en curso. Es su decisión si contribuyen a la paz o a la reproducción de nuevas violencias”, agregó Londoño.
El presidente de la JEP, magistrado Roberto Vidal, manifestó su preocupación por las declaraciones del comisionado de Paz, Otty Patiño, quien se refirió a un posible cierre de dicha jurisdicción.Al mismo tiempo, Vidal pidió al Gobierno respeto por la autonomía de la JEP.“La JEP también manifiesta su preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno nacional en sus obligaciones en materia de presupuesto con el componente restaurativo del Acuerdo Final de Paz. La JEP llama la atención sobre el hecho de que el presupuesto del Fondo Colombia en Paz haya sido reasignado. Este dinero estaba destinado a la implementación de las sanciones, a través de las cuales los comparecientes deberán cumplir con sus sentencias para restaurar el daño causado a las víctimas y a sus comunidades”, señaló Vidal.En el mismo sentido, el presidente de la jurisdicción advirtió que el Estado debe cumplir con sus obligaciones de investigar y sancionar el conflicto armado; de lo contrario, la Corte Penal Internacional tendría que asumir estas competencias.Vidal dijo que las declaraciones de Patiño “nos hacen temer que el Estado colombiano pudiera incurrir en el incumplimiento de sus obligaciones internacionales, lo cual podría tener un efecto muy negativo y abrir mecanismos como el examen preliminar o, ojalá nunca suceda, que la CPI tuviera que asumir dichas obligaciones ante el incumplimiento del Estado colombiano”, advirtió.
María Alejandra Villamizar, exnegociadora del proceso de paz y analista política, ofreció una reflexión profunda sobre el complejo camino que ha representado negociar con el ELN en Colombia. En una entrevista en Sala de Prensa Blu, con Juan Roberto Vargas, Villamizar analizó las dificultades que han enfrentado diferentes gobiernos para llegar a un acuerdo definitivo con este grupo armado, resaltando la falta de empatía con el pueblo colombiano en cada uno de los intentos de negociación.La trayectoria de un proceso estancadoVillamizar, quien fue parte del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos entre 2016 y 2017, recordó cómo los procesos con el ELN han sido largos y difíciles, marcados por ataques terroristas y poca consideración hacia las víctimas y las comunidades afectadas. Aunque el Gobierno de Gustavo Petro ha mostrado una disposición generosa para negociar, la analista señaló que el ELN sigue sin mostrar una clara voluntad de abandonar las armas."El ELN a lo largo de todos estos años, ha logrado transformarse y buscar lo que ellos denominan el "espíritu camilista". Este concepto se centra en la transformación de las condiciones de vida de las comunidades en las que están presentes, lo que implica en gran medida hacer política. Su objetivo es que el Estado cumpla con sus obligaciones y brinde los servicios y apoyos necesarios a estas comunidades" dijo.Al ELN, a diferencia de las Farc, no ha planteado su lucha como una búsqueda directa del poder, sino como un esfuerzo por transformar las condiciones de vida de las comunidades en las que operan. Sin embargo, esta falta de concreción política ha impedido avances en la mesa de negociación, manteniendo un ciclo de intentos fallidos que Villamizar describe como "una eterna tragedia".Un nuevo momento históricoVillamizar también destacó que la situación actual es muy diferente a la de décadas pasadas, cuando el hoy presidente Gustavo Petro, que es fruto de un proceso de paz, pudo integrarse a la vida política del país. La analista subrayó que la sociedad colombiana de hoy, especialmente los jóvenes, tienen expectativas muy distintas y esperan resultados concretos en los procesos de paz."Al ELN le sobran las armas, pero no ha sabido cómo transformar su planteamiento armado en una propuesta política que sea negociable. Su enfoque ha permanecido centrado en la lucha armada, sin lograr desarrollar una estrategia política efectiva que facilite el diálogo y la negociación", concluyó.A pesar de los intentos repetidos por alcanzar acuerdos humanitarios y poner fin a las hostilidades del ELN, Villamizar considera que este grupo está "atrapado en sus propias armas". Según ella, el ELN ha aprendido a hacer la guerra, pero no ha encontrado el camino para la paz, lo que perpetúa la violencia y los obstáculos para una verdadera reconciliación en Colombia.Escuche la entrevista completa acá:
Tras una orden de la JEP, la Policía Nacional realizará un acto público de perdón por la desaparición de Tarcisio Medina Charry, quien era estudiante de la Universidad Surcolombiana y fue detenido por la Policía el 19 de febrero de 1988, a pesar de tener su documentación en regla, cuando se dirigía al barrio Cándido Leguízamo, en Neiva. Tenía 20 años y esa fue la última vez que fue visto con vida.“La Universidad Surcolombiana (USCO) de Neiva otorgará un grado póstumo a Tarcisio Medina Charry y la Policía Nacional realizará un acto restaurativo de perdón público por su desaparición. Ambos actos, ordenados por el magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad (SARV) de la JEP, se dan en el marco de la medida cautelar adoptada para proteger los derechos de las víctimas a la memoria”, confirmó la JEP.El joven tenía interés en los temas políticos y se unió a la Unión Patriótica; en la universidad estaba estudiando Lingüística y Literatura.“Más de tres décadas después, aunque se ha esclarecido la responsabilidad en su desaparición, el paradero de su cuerpo sigue sin conocerse. La memoria de Tarcisio Medina Charry permanece viva en su familia y en quienes compartieron sus ideales y sueños de un país mejor. La búsqueda de Tarcisio se convirtió en el bastón de vida de su madre, Marleny Charry, quien falleció durante la pandemia del COVID-19 sin obtener respuestas sobre el paradero de su hijo”, explica la JEP.Este 24 de septiembre, la Universidad Surcolombiana otorgará el grado póstumo y en la misma ceremonia la Policía realizará el acto restaurativo de perdón público por la desaparición.