La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) lanzó un llamado urgente a los gobiernos del mundo para que amplíen las definiciones legales de material de abuso sexual infantil (MASI) con el fin de incluir el contenido generado o manipulado mediante IA y sancionar su creación, posesión y difusión como delito explícito, argumentando que el daño no es “ficticio” sino “abuso real”. En su declaración oficial, UNICEF subraya que las imágenes, videos o audios de menores creados mediante tecnologías de IA, conocidos como deepfakes, no solo son cada vez más frecuentes, sino que pueden ser generados sin consentimiento, sexualizando a niños incluso mediante procesos de “nudificación”, donde se altera digitalmente una imagen para que aparezca desnuda o en poses sexualizadas. “El abuso mediante deepfakes es abuso, y no hay nada ficticio sobre el daño que provoca”, advierte la agencia de la ONU, que insiste en que cuando se usa la imagen o identidad de un niño, ese menor se convierte en víctima, aunque no se identifique personalmente en la imagen. Un estudio conjunto liderado por UNICEF, ECPAT e INTERPOL en 11 países reveló que al menos 1,2 millones de niños y niñas reconocieron haber tenido sus imágenes manipuladas en deepfakes sexualmente explícitos durante el último año, lo que en algunos contextos equivale aproximadamente a uno de cada 25 menores. Estos resultados no solo muestran la magnitud del problema, sino también la preocupación de los propios niños, ya que, en varios lugares, hasta dos tercios de los menores encuestados expresaron temor a que sus imágenes pudieran usarse de esta manera. Además de la amenaza directa para las víctimas, UNICEF advierte que la circulación de este tipo de contenidos normaliza la explotación sexual infantil y alimenta la demanda de material abusivo, dificultando al mismo tiempo las labores de las fuerzas del orden para identificar y proteger a los menores que necesitan ayuda. La agencia insta a los países a actualizar sus marcos legales para criminalizar expresamente la creación, adquisición, posesión y difusión de contenido sexual infantil generado por IA, un vacío que en muchas jurisdicciones todavía persiste. También reclaman que los desarrolladores de IA adopten medidas de “seguridad desde el diseño” (safety by design) para prevenir que sus modelos sean usados con fines dañinos. Por su parte, las empresas tecnológicas están bajo presión para mejorar la moderación de contenidos e invertir en tecnologías de detección que permitan eliminar de inmediato este tipo de material, y no días después de una denuncia. Este enfoque responde a la necesidad de actuar antes de que el daño se propague o se consolide en plataformas digitales. Un ejemplo de reacción política es el plan anunciado por el gobierno del Reino Unido para prohibir el uso de herramientas de IA que generen imágenes de abuso sexual infantil, lo que lo convertiría en el primer país en incorporar medidas de este tipo en su legislación. Un reto que trasciende fronterasLa dificultad de rastrear y eliminar este tipo de material en un entorno digital globalizado hace que la cooperación internacional sea clave. Acuerdos previos entre INTERPOL y UNICEF para combatir la explotación y el abuso sexual de menores en línea evidencian que la colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones civiles será fundamental para enfrentar este desafío emergente. En definitiva, la alerta lanzada por UNICEF recalca que la sociedad, las leyes y la tecnología deben evolucionar de manera conjunta para proteger a la infancia frente a las nuevas amenazas digitales, porque, como afirman los expertos, “los niños no pueden esperar a que la legislación se ponga al día”.
Este viernes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La Guacherna regresó este año con toda la sabrosura a su tradicional viernes. Arrancó motores desde las 4:00 de la tarde para que la gozadera fuera completa. Este año, el desfile se transformó en un “Río de Voces y Faroles”, rindiendo un tributo especial a esos bailes cantados que nacen del corazón caribeñoMás de 20.000 participantes inundaron las calles de luces y tradición. Entre ellos, 197 grupos folclóricos y nada menos que 150 disfraces individuales que pusieron a prueba su creatividad.La gran novedad de esta noche de Guacherna fueron 27 grupos de tradición ganadores del Congo de Oro. Además, desfilaron más de 25 artistas y orquestas en vivo Kevin Flórez y Koffee el Cafetero, Lina Babilonia, Nelly Herrera y Álvaro Ricardo, entre otros.La reina Michelle se unió a la fiesta desde la calle 72 y la acompañaron el Rey Momo 2026, Adolfo Maury, los reyes del Carnaval de los Niños, Sharon y Joshua, incluso, la Señorita Colombia con sus princesas como invitadas de honor.La temática de este añoLa Guacherna 2026 diseñó bajo la temática “Río de Voces y Faroles”, la cual rinde un homenaje central a los bailes cantados, reconociéndolos como una de las manifestaciones más auténticas y profundas del Caribe colombiano. Esta apuesta buscó que el desfile nocturno regresara a su origen, exaltando estos sonidos para conectar a los espectadores con la raíz cultural de la fiesta.Dentro de la organización del evento, se dispuso de un bloque específico dedicado exclusivamente a las expresiones de los bailes cantaos, permitiendo que la diversidad y riqueza patrimonial de este género sea protagonista en el recorrido. Como parte de los procesos de formación cultural de la ciudad, más de 350 artistas estuvieron en escena interpretando aires cantados de mujeres que han hecho historia en la música regional.La propuesta musical de esta edición se destacó por integrar desde los bailes cantados tradicionales hasta nuevas sonoridades que dialogan con ritmos contemporáneos. Lo más esperando de la noche, la reina Michelle Michelle Char, reina del Carnaval de Barranquilla 2026. Con su vestido color rosa y la ovación y emoción del público, la soberana hizo su arribo al desfile.El majestuoso vestido color rosa que lució la soberana fue en homenaje a la famosa canción “Rosa que linda eres”.El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, también disfrutó junto a los barranquilleros y turistas de la noche de Guacherna.Vea en videos más detalles de La Guacherna 2026:
El exgobernador de Nariño y excandidato presidencial, Camilo Romero, anunció su retiro de la consulta del llamado Frente por la Vida y confirmó su respaldo al senador Iván Cepeda, tras la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de no permitir la participación de Cepeda en ese mecanismo. Así lo expresó en entrevista con Recap Blu, donde aseguró que no existen garantías electorales y que su decisión responde a un acto de coherencia política dentro del progresismo colombiano.Romero afirmó que, tras la exclusión de Cepeda, la consulta “ya no existe” y señaló que “había solo dos hombres progresistas en la consulta: Iván Cepeda y Camilo Romero”. En ese contexto, calificó la actuación del CNE como un “sicariato político” y sostuvo que su respaldo a Cepeda es una respuesta solidaria y consecuente. “Desde hoy cuenta con mi respaldo, cuenta con mi apoyo”, dijo, al tiempo que confirmó una agenda conjunta en varias ciudades del Caribe.Señalamientos al Consejo Nacional ElectoralDurante la entrevista, Romero cuestionó duramente al CNE por lo que considera decisiones contradictorias. Aseguró que mientras se impidió la participación de Iván Cepeda, se habilitó a otros aspirantes en condiciones similares. “Hay un golpe a la democracia, sacan a Iván Cepeda y hay un acto coherente, consecuente, político, progresista de mi parte de acompañarlo”, afirmó. También sostuvo que el organismo electoral “es un órgano politiquero” integrado por representantes de partidos que, según él, actúan en contra del sector progresista.Romero explicó que su retiro obedece a la necesidad de evitar la fragmentación del progresismo. “No estamos para dividir el progresismo, estamos para unificarlo”, aseguró, y agregó que su decisión no responde a intereses personales. “Camilo Romero no está en un juego personal, egoísta, individual”, señaló. Indicó que en conversaciones con Cepeda acordaron impulsar temas como gobierno abierto, ambientalismo, animalismo y tecnología, los cuales, según dijo, hacen parte de una “nueva ciudadanía”. Recordó además su gestión como gobernador de Nariño, donde se crearon las secretarías de TIC y de Ambiente.Críticas a Roy Barreras y la división del progresismoRomero marcó distancia frente a la postura de Roy Barreras, quien insiste en mantener la consulta. “Aquí hay que descubrir quiénes estamos del lado de unificar el progresismo y quiénes están del lado de dividirlo”, afirmó. Incluso habló de una “trampa” al comparar votaciones de consultas internas con elecciones de carácter nacional.Finalmente, sostuvo que su apoyo a Iván Cepeda busca fortalecer un proyecto político con mayorías, sin perder la esencia. “En política se gana con votos, pero sin renunciar a la coherencia”, concluyó.Escuche la entrevista completa acá:
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) en Colombia pidió una respuesta humanitaria inmediata y articulada entre el nivel local y nacional frente a la emergencia por las inundaciones en Córdoba. La petición se realizó después de que el organismo advirtiera que la magnitud de la crisis ya desbordó la capacidad de las autoridades locales y que está afectando de manera desproporcionada a comunidades históricamente golpeadas por el conflicto armado.OCHA Colombia pidió reforzar de manera urgente los albergues y asentamientos temporales con carpas, kits de alojamiento y de higiene y apoyo técnico para su administración, garantizando condiciones mínimas de protección como espacios seguros, iluminación y convivencia adecuada. Además, advirtió que en estos espacios aumentan los riesgos de violencias basadas en género y de afectaciones a los menores de edad, por lo que solicitó fortalecer las rutas de atención, los mecanismos de protección y los comités comunitarios.Uno de los principales señalamientos de la OCHA está en los vacíos de información y registro. El organismo advirtió que no existen censos consolidados ni evaluaciones actualizadas de daños y necesidades, lo que aumenta el riesgo de que familias damnificadas queden por fuera de la atención humanitaria. Además, alertó que la respuesta no puede limitarse a la fase de emergencia y debe incluir acciones de recuperación productiva, protección de medios de vida, prevención de nuevos desplazamientos y medidas frente a riesgos adicionales, como la posible presencia de minas y artefactos explosivos en algunas zonas afectadas.Esta alerta se realizó teniendo en cuenta que se evidencian afectaciones en grandes hectáreas de cultivos para comercialización y autoconsumo que, como lo señala la Oficina, afecta directamente la seguridad nutricional y la autonomía económica de las familias. Además de la pérdida de animales domésticos y de crianza, que figura como el principal activo productivo de muchas familias rurales. OCHA Colombia reiteró que la situación agrava los niveles de vulnerabilidad en los que ya vive la población, en gran parte, víctimas del conflicto armado.Las peticiones y advertencias se presentan paralelamente a que OCHA Colombia entregara un balance en el que se confirmó que de los 30 municipios del departamento ya son 17 los afectados. Las emergencias se presentaron entre el 1 y el 3 de febrero, cuando lluvias intensas provocaron inundaciones, deslizamientos, el rebose del embalse de Urrá y el aumento de los ríos Sinú y San Jorge, lo que obligó a realizar evacuaciones forzadas en varias zonas del departamento.Las zonas más afectadas están en Montería, con más de 36.000 personas damnificadas, también municipios de la zona costera, donde ocurrieron tres de los cuatro fallecimientos que registraron las autoridades y el sur del departamento donde se han habilitado albergues por evacuaciones masivas. Entre los daños más graves están la pérdida de viviendas, la afectación de cultivos, el daño en vías, colegios y centros de salud, y la pérdida de animales de cría, que son el principal sustento de muchas familias rurales.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
El pasado mes de enero el ELN se había comprometido a suspender el secuestro extorsivo por seis meses, tras el sexto ciclo de negociaciones de paz con el Gobierno nacional. En esa ronda de diálogos se acordó la creación de un fondo multidonante para financiar las iniciativas del proceso de paz, más no al grupo. Aún el fondo no está constituido y por eso la guerrilla decidió levantar su compromiso frente a la suspensión del secuestro."A la fecha, 3 de mayo, el fondo aún no está constituido, el Gobierno muestra poca voluntad para avanzar en este campo. Dado lo anterior, el ELN da por terminado su oferta de suspensión unilateral de retenciones económicas", señaló el Comando Central de la guerrilla en un comunicado.En una rueda de prensa, la jefe de la delegación del Gobierno en los diálogos con la guerrilla, Vera Grabe, dijo que el fondo está pensado para desarrollar actividades de paz y no está ligado de ninguna manera al fin del secuestro.Delegación de paz del Gobierno con el ELN está maniatada por divisiones en NariñoPor otro lado, el senador Iván Cepeda, quien hace parte de la delegación del Gobierno, aseguró que esta decisión constituía un incumplimiento por parte del ELN."El fondo no está pactado como una contraprestación y no es parte de una especie de transacción que haya hecho el Gobierno, es un compromiso distinto y tiene que ver con financiar actividades de paz, así que es claro que hay un incumplimiento del ELN a su compromiso ante el país y ante la comunidad internacional. Esa circunstancia obviamente motivará una reflexión en la delegación del Gobierno y estamos estudiando qué viene", manifestó Iván Cepeda.
La Sala de Amnistía o Indulto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a entidades como la Interpol, la Dijin, la Registraduría Nacional y la Policía Nacional eliminar los antecedentes judiciales de 9.600 antiguos miembros de las extintas Farc que se acogieron al acuerdo de paz de 2016.De acuerdo con la JEP, estas personas no están vinculadas con crímenes de guerra o de lesa humanidad, sino delitos meramente políticos, es decir, el hecho de haber pertenecido a un grupo insurgente como lo fueron las Farc en su momento.Frente a esto, la JEP considera que debe garantizarse la amnistía otorgada en 2017 por el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ya que no todas han sido materializadas.A la decisión, la JEP dio un plazo de 30 días para que se brinde la información a las autoridades correspondientes e inicie el proceso de limpiar los expedientes criminales que estén a nombre de los 9.600 firmantes.Siendo así, apenas se materialice el proceso de amnistía, ninguna de estas 9.600 personas tendrá registros negativos y podrán acceder a una estabilidad laboral, así como a la libertad financiera.
En una reveladora declaración ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exdirector del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), Carlos Eduardo Reyes Jiménez, reveló los detalles de su conexión con grupos paramilitares en el marco del subcaso Gran Magdalena del Caso 08, que investiga crímenes ocurridos durante el conflicto armado.Reyes señaló nombres de funcionarios públicos y terceros civiles que, aprovechando su posición en el Incoder, facilitaron operaciones que promovieron desplazamientos forzados, legalización del despojo de tierras mediante compras a precios ínfimos, acaparamiento y reasignación de tierras a través de trámites irregulares en municipios del corredor minero de Cesar.Salvatore Mancuso definió su posición frente a tutela que pretende tumbar ingreso a la JEPEstas acciones sé habrían realizado en colaboración con los frentes 'Mártires del Cacique de Upar' y 'Juan Andrés Álvarez Pastrana' del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de satisfacer intereses de actores económicos privados locales.El exdirector también explicó ante la magistratura cómo se manipulaban los mecanismos legales para desplazar y despojar de sus tierras a campesinos, y cómo posteriormente esos predios eran legalizados y transferidos a testaferros de las AUC o terceros civiles afines a estos grupos.“Farc sometieron a trabajos forzados a secuestrados en su poder para sancionarlos”: JEPLa información que logró recopilar la magistratura permitirá analizar, identificar y entender los patrones de delitos graves en esta área del país dirigidos contra propietarios de tierras en al menos 11 sitios, y mostrar cómo el desplazamiento forzado y la confiscación de tierras están vinculados directamente con redes criminales.La diligencia se realizó de manera reservada y fue presidida por el magistrado Óscar Parra Vera, relator del subcaso Gran Magdalena, del Caso 08.
El Tribunal de la Paz de la JEP confirmó la acusación de esclavitud y secuestro contra el exsecretariado de las Farc-EP por su participación en crímenes de guerra, incluyendo la toma de rehenes y severas privaciones de libertad, además de otros delitos cometidos por la disuelta guerrilla.Al respecto, el magistrado Camilo Suárez explicó en Meridiano Blu los detalles de esta decisión en la JEP. Para esta imputación se tuvo en cuenta la verificación, contrastación y análisis de las diferentes pruebas que recaudó la sala de macrocasos durante, aproximadamente, cinco años."En el macrocaso 01, que tiene que ver con la toma de rehenes, lo que hace la sección es verificar las conductas, hechos y calificaciones jurídicas se corresponden, es decir, si es adecuadamente conforme a la ley. La sala ya había planteado que el secretariado de las Farc había cometido el crimen de esclavitud y lo que está haciendo el tribunal es, conforme a las pruebas que se recaudaron, encontrar que el delito de esclavitud sí se dio y por esa razón es un crimen concurrente", detalló el magistrado Suárez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPEl magistrado recalcó que, desde el secretariado de las Farc, se creó una política y unos patrones que realizaron los diferentes bloques de la estructura criminal para realizar la toma de rehenes o secuestro."Lo que se evidencia es que hubo falta de control, a pesar de tener información, antes, durante y después de la conducta por parte de quienes integraban la cúpula de esta organización no se tomó ninguna acción para que evitar que esta conducta se cometiera", añadió el magistrado.Trabajo forzadoLos secuestrados también fueron sometidos a trabajo forzado en la selva, desmonte de estructuras, es decir, realizar actividades que eran de interés de las Farc."Muchos de estos trabajos eran para sancionar o para castigar o acciones a quienes se consideraban enemigos. Varios de los comparecientes reconocieron esas actividades", añadió el magistrado Camilo Suárez.
El Tribunal para La Paz ratificó la imputación por esclavitud y secuestro al exsecretariado de las Farc-EP por haber cometido crímenes de guerra de toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por la extinta guerrilla.“El tribunal adoptó esta decisión con aplicación de las diferentes fuentes de derecho que se imponen a esta jurisdicción, facultad que se conoce como calificación jurídica propia, armonizando de manera adecuada el Derecho Penal Nacional y el Derecho Penal Internacional”, dijo el magistrado Camilo Suarez.Procuraduría interpone tutela para ‘tumbar’ la acogida de Mancuso en la JEPLos comparecientes por el caso 01 son:Rodrigo Londoño Echeverri, conocido durante el conflicto armado como ‘Timochenko’, fue el último comandante en jefe de las Farc-EP, desde la muerte de 'Alfonso Cano' en 2011, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016. Su periodo de comandancia se caracterizó por las negociaciones de paz realizadas con el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018).Pastor Lisandro Alape Lascarro, conocido durante el conflicto armado como ‘Pastor Alape’, fue comandante del Bloque Magdalena Medio de las Farc-EP desde su creación en 1993, hasta la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016.Milton de Jesús Toncel Redondo, conocido durante el conflicto armado como ‘Joaquín Gómez’, fue comandante del Bloque Sur de las Farc-EP desde 1993, al asumir ese rol desde la formación de esa estructura en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera, hasta su reincorporación a la vida civil. Fue miembro del Secretariado desde 2008 y del Estado Mayor Central desde 2005.Jaime Alberto Parra Rodríguez, conocido durante el conflicto armado como ‘Mauricio Jaramillo’ o el ‘Médico’, fue el último comandante del Bloque Oriental de las Farc-EP desde 2010 hasta 2016. Desde 1993 era miembro del Estado Mayor del Bloque Oriental, y de 2003 a 2006 fue el segundo comandante del Bloque Oriental por debajo de 'El Mono Jojoy'.Julián Gallo Cubillos, conocido durante el conflicto armado como ‘Carlos Antonio Losada’: desde 1984 y hasta 2007 tuvo como responsabilidad la organización clandestina de las redes urbanas de las antiguas Farc-EP en Bogotá, donde residió hasta el año 2000, cuando se trasladó a San Vicente del Caguán. Desde entonces y hasta 2007, según su propia versión, continuó desde zona rural de Cundinamarca y Meta bordeando el páramo de Sumapaz.Pablo Catatumbo Torres Victoria, conocido durante el conflicto armado como ‘Pablo Catatumbo’, fue comandante de la Columna Móvil Alirio Torres y miembro del Estado Mayor del Bloque Móvil 'Arturo Ruiz' desde 1997. Su trayectoria se desarrolló principalmente en el Occidente del país. Fue designado como titular del Estado Mayor Central de las Farc-EP en 2000 y en 2002 como comandante de la Columna Móvil Arturo Ruiz.Rodrigo Granda Escobar, conocido durante el conflicto armado como ‘Ricardo Téllez’: fue designado integrante del Estado Mayor Central en la VIII Conferencia Nacional Guerrillera en 1993. En 2004 fue nombrado en el Estado Mayor del Bloque Caribe. En 2011 fue nombrado suplente del secretariado.Lo que se viene en este caso 01 que tiene 21.396 víctimas es una audiencia donde ellas participarán junto con los comparecientes y el ministerio público.Será un espacio judicial para que la Sección verifique que se cumplen la contribución a la verdad y la forma de reparación, en el marco del Sistema Integral para la Paz; con base a esto se determinará la duración de la sanción propia que la conforma el componente de restricción de derechos, libertades y el restaurativo. Estas oscilarán entre los 5 y 8 años y serán verificadas y monitoreadas por la Sección con la participación de Naciones Unidas.Corte Penal Internacional apoya el papel de la JEP en la justicia colombiana
La delegación del gobierno en la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional ELN, le solicitó al presidente Gustavo Petro tomar una decisión para definir el rumbo de las negociaciones con el ELN.A través de un comunicado, Vera Grabe e Iván Cepeda, jefes de la delegación de paz del Gobierno sostienen que no se puede adelantar un proceso de negociación con dos instancias de una misma organización. En este caso, la delegación de la mesa nacional del ELN y el frente que opera en el departamento de Nariño. Pues señalan que “tal circunstancia es jurídica y políticamente inviable”.La fragmentación o crisis interna del ELN había sido advertida esta semana por Otty Patiño, alto comisionado para la Paz, en un debate de control político en la Cámara de representantes donde fue citado para conocer los avances de la paz total. El comisionado aseguró que es necesario primero resolver sus divisiones internas para comunicarle al Gobierno qué camino quieren tomar.Secuestran a soldado en el Cauca: "Se encontraba en estado de indefensión""Que hagan su congreso, sexto congreso porque el último lo hicieron en el 2015 y esperar a ver qué decisión tienen, si seguir en la guerra o emprender un camino de paz", agregó Otty Patiño.En el marco de este escenario, cabe recordar que la delegación del ELN le pidió al Gobierno suspender el diálogo paralelo con el Frente Comuneros del Sur en Nariño, pues lo consideran una traición a lo pactado en los acuerdos de la mesa.Esta semana se llevó a cabo en Caracas, Venezuela, un encuentro extraordinario entre la delegación del Gobierno Nacional y el ELN para descongelar las conversaciones. Sin embargo, no hubo avance alguno, lo único pactado fue que entre el 20 y 25 de mayo tendrán nuevos encuentros en ese mismo país para continuar los diálogos de paz.