La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reiteró su llamado al Gobierno nacional para que se sume con recursos económicos a la búsqueda de personas desaparecidas en La Escombrera, en Medellín.El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que, hasta ahora, el proceso de excavación ha sido sostenido principalmente con recursos de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia, lo que ha permitido garantizar la continuidad de las labores en el corto plazo. No obstante, advirtió que la magnitud del trabajo que aún falta por realizar hace indispensable un respaldo económico directo del Gobierno nacional.“Es enorme lo que hay que mover de escombros y demás, pues sí es fundamental que el Gobierno nacional, digamos, de manera directa apoye económicamente para que esa búsqueda sea posible y no solamente la Alcaldía de Medellín, que es algo que yo he venido insistiendo hace mucho tiempo”, aseguró Ramelli.Desde el Tribunal para la Paz, el magistrado Gustavo Salazar Velázquez, de la Sección de Reconocimiento, explicó que el proceso en La Escombrera corresponde a una excavación continuada que demanda una alta cantidad de recursos. Según detalló, actualmente existe una bolsa conjunta de financiación integrada por aportes de la JEP, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.De acuerdo con el magistrado, la Jurisdicción Especial para la Paz aporta los equipos forenses y la mano de obra, mientras que la Alcaldía de Medellín ha asumido el cubrimiento del bienestar de las víctimas y el suministro de la maquinaria amarilla necesaria para las excavaciones.“En este momento estamos recontratando la maquinaria amarilla por parte de la Alcaldía de Medellín, la maquinaria retoma la semana entrante y estamos garantizando recursos hasta mediados, finales del mes de agosto y sabiendo de la alta exigencia de recursos, vinculamos al Gobierno nacional para que incorpore recursos para el proceso de excavación”, afirma el magistrado.En ese marco, explicó que ya se han iniciado conversaciones con distintas entidades para definir los mecanismos de aporte. Entre ellas, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y el Ministerio de las Artes, este último involucrado en el proceso de memorialización de La Escombrera, que se adelanta desde el año pasado y que cuenta con una fase avanzada.
El abogado jurídico del Clan del Golfo aseguró que la suspensión temporal de los diálogos con el Gobierno nacional se produjo luego de las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que calificó como “supremamente graves” y como un incumplimiento de los acuerdos alcanzados en la mesa.Según Ricardo Giraldo, abogado contratado por el EGC para el proceso de paz total, las declaraciones del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, desconocieron un punto central del proceso: “El respeto por la identidad de las partes”.En ese sentido, recordó que existe una resolución del 5 de septiembre de 2025 mediante la cual el presidente de la República reconoce la autodenominación del grupo como Ejército Gaitanista de Colombia y no como Clan del Golfo.“Si están unos diálogos, unas conversaciones, unas negociaciones, como lo quieran llamar, para salir del conflicto, yo creo que lo más importante es el respeto a la identidad de las partes, como una primera medida. Entonces, eso fue lo primero que se incumplió”, afirmó el abogado.Giraldo cuestionó además que el grupo fuera señalado como un “cartel” y como el dueño del narcotráfico en Colombia.“Lo señala como el cartel del clan del golfo, como si ellos fuesen los dueños del narcotráfico en Colombia. Y en la mesa ha quedado demostrado que eso no es así, mis representados controlan el mercado, eso no lo puede negar nadie, pero de que sean los dueños, no”, añadió Giraldo.Finalmente, el abogado explicó que la decisión de suspender los diálogos fue adoptada de manera temporal e indefinida, sin establecer plazos para su reanudación, y que el levantamiento de la suspensión dependerá de la respuesta que entregue el Gobierno nacional frente a las declaraciones cuestionadas.Desde el Gobierno, el alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, asegura que las órdenes de captura contra los principales líderes del Clan del Golfo se encuentran suspendidas, en el marco del espacio de conversación sociojurídica que adelanta el Gobierno nacional con ese grupo armado ilegal.“Desde el pasado diciembre, se encuentran suspendidas la ejecución de órdenes de captura de estos líderes conforme a lo establecido en la Resolución 274 de 2025 de la Presidencia de la República. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Ministerio de Defensa están informados de cada paso del proceso en el marco de la coordinación institucional correspondiente”, aseguran desde el comisionado en un comunicado.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
En entrevista con Sala de Prensa, el exalcalde de Bogotá y exministro Luis Eduardo Garzón analizó el panorama electoral colombiano de cara a las próximas consultas interpartidistas, lanzó duras críticas contra las coaliciones en competencia y defendió su aspiración al Senado por la Alianza Verde.Garzón comenzó cuestionando el verdadero sentido de las consultas. A su juicio, estas no reflejan una auténtica correlación de fuerzas, sino una “sumatoria de debilidades”, en la que los precandidatos buscan posicionarse para negociar mejor después. “Las consultas tienen que desenmascarar los intereses de cada uno… es todo el mundo tratando de ubicarse para que el costo político sea lo menos posible”, afirmó.Sobre la llamada “gran consulta” de sectores de derecha y centro-derecha, Garzón sostuvo que el uribismo es el gran beneficiado, con Paloma Valencia como figura central. “Sería una sorpresa que no ganara Paloma… el uribismo está haciendo su coalición sin levantar olas”, señaló, al destacar la ventaja que representa contar con una lista cerrada al Senado y una estructura partidista sólida. Incluso consideró posible que esa consulta supere los cinco millones de votos.En contraste, fue especialmente crítico con la consulta de la izquierda, que calificó como un escenario de fractura interna. “Izquierda unida siempre es vencida porque nunca hay unidad… la antropofagia de la izquierda es impresionante”, dijo, recordando sus propias experiencias políticas. Según Garzón, lo que inicialmente parecía una consulta para definir un vicepresidente terminó convirtiéndose en una disputa directa por el liderazgo, especialmente tras las decisiones del Consejo Nacional Electoral.El exalcalde también apuntó a la influencia del presidente Gustavo Petro en esta recomposición política. “Petro juega a que gane el que sea, con tal de que le dé cobertura y seguridad a ser expresidente”, afirmó, sugiriendo que Roy Barreras podría ser uno de los beneficiados de ese respaldo tácito.Sobre la consulta de Claudia López, Garzón fue escéptico respecto a su impacto electoral. Estimó que difícilmente superará el millón de votos y cuestionó el costo-beneficio del mecanismo. “Esto ya se volvió una industria de avales, consultas y firmas… el unicornio electoral”, ironizó, al proponer una profunda reforma política para frenar lo que considera una proliferación de partidos sin solidez.En cuanto a Sergio Fajardo, quien decidió ir directamente a primera vuelta sin participar en consultas, Garzón lo comparó con “un árbitro de un clásico: nunca hablan bien de él, solo cuando pita mal”. Aunque reconoció su discurso conciliador, advirtió que en un escenario tan polarizado “los escenarios como el de Sergio no son fáciles”.Finalmente, Garzón reafirmó su identidad política y su apuesta por el Congreso: “Yo soy un tibio progresista… reivindico la paloma de la paz”, dijo, al cerrar una entrevista que dejó al descubierto no solo las tensiones entre bloques políticos, sino también las profundas dudas sobre la utilidad real de las consultas en el actual sistema electoral colombiano.
Las fuertes lluvias y el desbordamiento del río Lebrija mantienen en emergencia a varios municipios de Santander, el municipio con mayor afectación es Lebrija en la vereda Vanegas, donde cerca de 200 personas permanecen en zona de riesgo tras la creciente súbita del río Lebrija; sin embargo le sigue Sabana de Torres, Rionegro y Florián los cuales reportan inundaciones, deslizamientos, vías cerradas y centenares de familias damnificadas, mientras organismos de socorro avanzan en evacuaciones, censos y entrega de ayudas humanitarias.Las inundaciones dejaron pérdidas de muebles, enseres, animales domésticos y galpones, además de afectaciones en instituciones educativas, capilla religiosa y hasta estaciones de Policía.En materia vial, permanece cerrada la Ruta del Cacao en el sector Cucharón de Piedra y la vía Lisboa–San Vicente, mientras maquinaria del consorcio vial trabaja en la remoción de lodo y escombros.En el corregimiento Provincia, Sabana de Torres, el desbordamiento del río deja 80 familias afectadas y al menos 167 personas damnificadas.Las aguas anegaron viviendas, cubrieron cultivos de palma de aceite, cítricos, yuca y plátano, y afectaron la movilidad en la Ruta del Sol (PR-60), a la altura del puente del sector El Taladro, corredor clave hacia la Costa Atlántica.En el corregimiento Papayal, municipio de Rionegro, al menos 150 viviendas resultaron afectadas por la creciente.Además, se ordenó el cierre provisional de la Ruta del Sol hacia la costa y se reportan deslizamientos en veredas como Galápagos, Convención, Santa Rosa y La Pradera. En Portachuelo también se registra un fenómeno de remoción en masa que mantiene restricciones viales.En la vereda Platanillo, municipio de Florián, un deslizamiento provocó el cierre total de la vía entre Florián y Jesús María, además de la pérdida de líneas del acueducto.Otras zonas del departamento también presentan afectaciones. En la vía California–Vetas hay paso restringido por crecientes de cañadas, y en Girón se reportan daños en vías terciarias de la vereda La Parroquia.Las autoridades mantienen alerta roja en Betulia, Cimitarra, El Playón, Girón, Landázuri, Lebrija, Puerto Parra, Rionegro, San Vicente de Chucurí, Simacota y Vélez.Los organismos de socorro continúan el monitoreo permanente de ríos y quebradas, y hacen un llamado a la comunidad a acatar recomendaciones y reportar cualquier situación de riesgo.
Hoy, Bayern Múnich enfrenta al Hoffenheim. El partido se juega a las 11:30 de la mañana, hora colombiana, y se disputará en el Allianz Arena de Múnich. El encuentro corresponde a una jornada de la liga alemana y reúne a dos equipos ubicados en los primeros puestos de la tabla de clasificaciones.Luis Díaz es delantero colombiano y actualmente juega en el Bayern Múnich. También integra la Selección Colombia. En la presente temporada de la Bundesliga, Luis Díaz ha disputado 19 partidos. En ese total registra 10 goles y 9 asistencias. Sus números lo ubican como uno de los jugadores con mayor participación directa en acciones ofensivas del equipo de Múnich durante el campeonato.Bayern Múnich llega a este partido como líder de la Bundesliga, con 51 puntos. Además, el equipo ya está clasificado a los octavos de final de la Champions League. Hoffenheim, su rival en esta jornada, ocupa el tercer lugar de la tabla, con 42 puntos, lo que convierte el partido en un cruce directo entre equipos de la parte alta.El director técnico del Bayern Múnich es Vincent Kompany. Bajo su conducción, el equipo se mantiene en el primer lugar del campeonato local.La última vez que el Bayern Múnich jugó fue el pasado 31 de enero, cuando enfrentó al Hamburger SV. En ese partido, el conjunto bávaro marcó un gol al minuto 46 y el encuentro terminó empatado 2-2.En su carrera profesional, Luis Díaz ha jugado en Porto y en Liverpool. En la tabla de posiciones de la Bundesliga, de manera temporal, el primer lugar es para Bayern Múnich, seguido por Dortmund en el segundo puesto, Hoffenheim tercero, Leipzig cuarto, Stuttgart quinto y Leverkusen sexto.
El Chontico Día continúa posicionándose como uno de los chances más populares de Colombia, especialmente en el Valle del Cauca, donde es parte de una tradición muy arraigada entre los jugadores. Su dinámica sencilla y la variedad de modalidades disponibles lo convierten en una opción preferida para quienes consultan resultados todos los días.Número ganador del Chontico Día hoyEl número ganador del chance Chontico Día de este domingo 8 de febrero del 2026 es el 1535 - 8 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.Número ganador: 1535Dos últimas cifras: 35Tres últimas cifras: 535La quinta: 8Últimos sorteos de Chontico DíaSorteoFechaResultadoChontico Día7 febrero 20266712 - 7Chontico Día6 febrero 20262122 - 3Chontico Día5 febrero 20261431 - 8Chontico Día4 febrero 20264659 - 9Chontico Día3 febrero 20260622 - 1Chontico Día2 febrero 20265204 - 2Chontico Día1 febrero 20269666 - 5Chontico Día30 enero 20260740 - 5Chontico Día29 enero 20268861 - 7Chontico Día27 enero 20268016 - 0Modalidades de juego del Chontico DíaEste sorteo ofrece diferentes opciones de apuesta que se adaptan a distintos estilos de juego y niveles de riesgo:4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.3 cifras combinado: acertar las tres cifras sin importar el orden.2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.Gracias a esta variedad, el Chontico Día resulta atractivo tanto para jugadores ocasionales como para apostadores frecuentes.¿Cuánto cuesta jugar al Chontico Día?Las apuestas son accesibles y flexibles, con valores que van desde $500 hasta $25.000, lo que permite a cada jugador ajustar su participación según su presupuesto y estrategia personal.¿Cómo reclamar un premio del Chontico Día?Para reclamar un premio, el ganador debe acudir a un punto autorizado y presentar:Tiquete original en buen estado.Documento de identidad con fotocopia legible.Según el valor del premio en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:Menores a 48 UVT: documentos básicos.Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (expedida en los últimos 30 días).De esta manera, los ganadores pueden cobrar sus premios de forma segura y conforme a la normativa vigente en uno de los chances más tradicionales del país.
La activista iraní y Premio Nobel de la Paz 2023, Narges Mohammadi, recibió una nueva condena de seis años de prisión por los cargos de reunión y colusión, y un año y medio adicional por conspiración y propaganda contra el Estado, según informó su abogado, Mostafa Nili, a través de la red social X. La medida incluye una sanción que le prohíbe salir del país durante dos años.La nueva condena se produce tras su arresto más reciente, ocurrido en diciembre de 2025, durante el funeral del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, aparentemente relacionado con unas declaraciones públicas que dio la activista tras la sospechosa muerte de un abogado y activista iraní de derechos humanos, según informó un miembro de su equipo al medio de comunicación The Guardian.La familia de Mohammadi denunció que, durante ese procedimiento, se registraron episodios de violencia física, amenazas y golpes que llevaron a la activista al hospital, así como la falta de acceso a asesoría legal y condiciones de detención preocupantes. Estos hechos motivaron llamados internacionales a su liberación por parte de organismos como la Unión Europea, el Comité Noruego del Nobel y Amnistía Internacional, así como pronunciamientos de otras figuras reconocidas con el Premio Nobel de la Paz, como la líder opositora venezolana María Corina Machado.Mohammadi ha sido detenida en trece ocasiones, condenada en nueve procesos judiciales y ha pasado más de diez años de su vida en prisión. Su encarcelamiento más reciente fue entre noviembre de 2021 y diciembre de 2024, como parte de sentencias que en conjunto superan los 13 años. Organizaciones de derechos humanos sostienen que estos procesos responden al uso del sistema judicial para castigar la disidencia pacífica.Sobre la nueva condena, la Fundación Narges se pronunció en X y advirtió que dictar sentencias “vengativas” en el marco de juicios injustos constituye una violación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de los pactos internacionales y de la dignidad humana. La organización señaló que la privación de derechos fundamentales, junto con la imposición de condenas severas, representa un ejemplo de tortura y represión selectiva contra defensores de derechos humanos.La fundación alertó, además, que la continua detención ilegal y la presión judicial adicional sobre Mohammadi se producen en un contexto en el que su estado de salud ha alcanzado un nivel alarmante, lo que pone su vida en peligro.La Fundación Narges, que lleva el nombre de la propia Nobel de la Paz, hizo un llamado a las Naciones Unidas, a las instituciones internacionales de derechos humanos, a los gobiernos democráticos y a la comunidad internacional para que adopten medidas urgentes y decisivas que permitan la liberación inmediata de todos los presos políticos en Irán.
El 2025 cerró como uno de los años más críticos para la movilidad humana forzada en Colombia. De acuerdo con el balance Dinámicas de Movilidad Humana Forzada en Colombia de la Defensoría del Pueblo, durante el año se registraron 133 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 107.924 personas, así como 99 eventos de confinamiento, que restringieron la movilidad de 128.825 personas en distintas regiones del país.En comparación con el año anterior, el número de personas desplazadas aumentó un 318,3 %, mientras que los casos de confinamiento crecieron un 19,4 %. “El informe advierte que las cifras superaron ampliamente las de 2024 y reflejan graves afectaciones a comunidades civiles en diferentes territorios”, afirma el documento.La subregión del Catatumbo, en Norte de Santander, concentró la mayor parte de las afectaciones. La crisis registrada a comienzos de año dejó más de 73.000 personas desplazadas, equivalente al 73 % del total nacional. Municipios como Tibú y El Tarra encabezaron los reportes, y durante el resto del año se mantuvieron nuevos episodios de desplazamiento y confinamiento.Otros departamentos como Nariño, Cauca y Antioquia también reportaron desplazamientos masivos, mientras que en confinamiento los mayores impactos se registraron en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Huila, Guaviare, Antioquia y Valle del Cauca, que concentraron el 80,3 % de los casos del país. Solo en Chocó se contabilizaron 23.645 personas confinadas, la cifra más alta a nivel nacional.Solo en diciembre de 2025, se documentaron 10 eventos de desplazamiento forzado masivo, con 4.680 personas afectadas, y 6 eventos de confinamiento, que limitaron la movilidad de 18.450 personas.Nuevamente, Catatumbo concentró la mayor parte de las emergencias, con más de 3.700 personas desplazadas y 6.283 confinadas en ese periodo. Frente a diciembre de 2024, el incremento fue drástico: 676,2 % más personas desplazadas y 921,7 % más afectadas por confinamiento.El informe también advierte sobre el impacto migratorio. Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, 152.858 migrantes irregulares transitaron por Colombia, un 61 % más que en 2024. A esto se suma el retorno de 20.474 personas desde Norte y Centroamérica, en su mayoría de nacionalidad venezolana.Adicionalmente, la Defensoría acompañó a 5.204 connacionales deportados desde España, Estados Unidos y Chile, por medio de 50 vuelos humanitarios.“Durante estos procesos, la entidad recibió quejas por violencia basada en género, abuso sexual, requisas inapropiadas, deficiencias en aseo, alimentación y atención médica, así como posibles actos de discriminación o xenofobia”, aseguraron desde la Defensoría.Finalmente, la entidad advirtió que “el desplazamiento forzado masivo en el país, durante 2025, creció más de tres veces en relación con el 2024, evidenciando el recrudecimiento del conflicto armado en el territorio nacional y la ineficacia del Estado con las medidas de prevención y protección de los derechos de la población”.
El informe RED-clutamiento 2.0 de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP documenta que al menos 1.749 menores de edad fueron reclutados en Colombia entre 2017 y 2026. Uno de los principales hallazgos es el uso sistemático de redes sociales para atraer a niños y adolescentes, especialmente en zonas rurales.“Desde 2021, el reclutamiento de niños y niñas es el tipo de victimización a la población civil que más rápido crece en Colombia (por encima de masacres, asesinato de líderes sociales, desplazamiento forzado y confinamiento). Esto coincide con el uso sistemático de las redes sociales”, asegura el informe.De acuerdo con el documento, el 44 % de los casos registrados en 2025 estuvieron asociados directamente al reclutamiento a través de plataformas digitales.Las cifras muestran, además, un crecimiento sostenido: mientras en 2022 se registraron 151 casos de reclutamiento, en 2023 la cifra subió a 255; en 2024 alcanzó los 362 y en 2025 llegó a 386 casos. En apenas cuatro años, el incremento supera el 150 %, convirtiéndose en una de las violencias con mayor crecimiento en el país.De acuerdo con la UIA, el uso de TikTok y Facebook ha facilitado que los casos de reclutamiento se dupliquen mensualmente en algunos territorios. Antes de la expansión del reclutamiento digital, estos hechos se concentraban en 97 municipios; hoy se registran en 248 municipios, lo que representa un aumento del 156 %.“Las redes sociales han propiciado que se presenten casos de reclutamiento en lugares donde jamás habíamos registrado hechos (inclusive en la época más álgida del conflicto armado con las Farc-EP)”, subraya el informe.Según el documento, los reclutadores digitales reproducen estereotipos de género binarios para hacer más atractiva la oferta y generar identificación entre niños y adolescentes. En algunos casos, convocan a menores a supuestos torneos de fútbol, asegurando que asistirán cazatalentos extranjeros que los llevarán a equipos profesionales fuera del país.El escrito señala que las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, son el grupo armado que más niños recluta a través de redes sociales. Esta estructura concentra 116 cuentas activas en Facebook y TikTok, con publicaciones que alcanzan en promedio más de 20.000 visualizaciones y, en algunos casos, millones de reproducciones.Su principal zona de operación está en el suroccidente del país, especialmente en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, departamentos donde opera el 67 % de las cuentas identificadas.En total, el informe identificó 186 cuentas en redes sociales vinculadas a actividades de reclutamiento, con un promedio de 6.700 seguidores por cuenta.La UIA alerta que, si no se adoptan medidas urgentes de prevención y control, entre 2026 y 2030 podrían registrarse más de 2.300 nuevos casos de reclutamiento, lo que equivaldría a que un menor sea vinculado a un grupo armado cada 12 horas.
Mientras Colombia cerró 2025 como el año con la mayor crisis humanitaria de las últimas dos décadas, los territorios más golpeados por el conflicto armado continúan registrando avances en la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Así lo señala el V Informe del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, presentado este jueves 30 de enero en Bogotá.De acuerdo con el Comité, 2025 dejó la cifra más alta de desplazamientos forzados en los últimos 18 años y más de un millón de personas confinadas por la acción de grupos armados, lo que triplicó los registros del año anterior.Para la presidenta del Comité, Julia Eva Cogollo, esta situación se explica por el traslape entre los territorios priorizados por los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las zonas donde se ha incrementado la presencia de actores armados.Según explicó, este contexto ha llevado al Gobierno a focalizar la implementación de políticas públicas en las regiones más afectadas como una forma de mitigar el impacto humanitario. Sin embargo, el Comité advierte que la persistencia de la violencia sigue siendo un obstáculo para que las comunidades puedan ejercer plenamente sus derechos.Entre los principales avances, el informe destaca la reducción del Índice de Pobreza Multidimensional en las zonas PDET, que pasó de 39,8 % en 2018 a 23,7 % en 2023, aunque en 2024 se ubicó en 24,4 %. También resalta el fortalecimiento de iniciativas de acceso a tierras y proyectos productivos liderados por mujeres. Regiones como Montes de María, la Costa Pacífica, el norte del Cauca y el sur de Bolívar concentran avances relevantes, aunque, según el Comité, estas mismas zonas enfrentan altos niveles de riesgo por la violencia armada.De cara al escenario electoral y a la llegada de nuevos gobiernos, el Comité considera que la política PDET se encuentra blindada tras su ampliación hasta 2034. No obstante, advierte riesgos si en la actualización de los planes de acción no se incorporan las 220 recomendaciones de la Comisión de la Verdad.Frente a la continuidad de la transformación rural, la presidenta del Comité envió un mensaje directo a los próximos gobiernos y a los candidatos. “El primer mensaje que queremos enviar es a los candidatos. Uno, que saquen la violencia de la política, por favor. Y el segundo que le queremos incluir es que incluyan las recomendaciones en sus programas de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo”, afirmó.Finalmente, Cogollo advirtió que el mayor riesgo para la no repetición en Colombia sigue siendo la combinación entre la violencia armada y la crisis humanitaria. “El mayor riesgo que tenemos es la presencia alta de actores armados y la crisis humanitaria. Y el desbalance que hay realmente en la presencia de actores armados versus implementación de políticas públicas que no garantizan el gozo efectivo de los derechos”, concluyó.
En diálogo con Blu Radio, el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), José Luis Caballero, expresó su preocupación por los riesgos que enfrenta la democracia en Colombia en medio del contexto preelectoral, especialmente por la persistencia de la violencia armada y la exclusión social que, según advirtió, siguen afectando al país.“Nos preocupa la presencia de grupos armados no estatales desde hace mucho tiempo. Hemos advertido el esfuerzo del Acuerdo de Paz de 2016; hemos instado también, en una recomendación, a que se retome el diálogo con otros grupos armados no estatales. Es decir, es una observación que tenemos desde hace mucho tiempo”.“La coyuntura electoral debe trascenderse con paz, con diálogo, con serenidad, con las condiciones que alejen la violencia electoral, pero la perspectiva de que no haya violencia es una condición que la Comisión ha advertido en todos los mecanismos desplegados con Colombia”, añadió.En cuanto al futuro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Caballero sostuvo que debe ser fortalecida.“Tiene que tener recursos suficientes, tiene que poder desplegar con mayor claridad su trabajo. Yo creo que ha hecho esfuerzos muy importantes; nos hemos reunido para conocer las primeras sentencias, estamos en un diálogo muy franco con la Jurisdicción Especial para la Paz y pienso que tiene que tener mucha mayor fortaleza para cumplir con su mandato”.Frente a los señalamientos de algunos sectores sobre posibles afectaciones a la libertad de expresión durante el gobierno de Gustavo Petro, el presidente de la CIDH indicó que la principal preocupación del organismo es que se garantice la libertad de expresión.“Lo que a la Comisión le preocupa es que se garantice la libertad de expresión, que se proteja la labor de los periodistas, que no se les estigmatice. La Comisión ha reconocido desde muchos años, desde épocas muy incipientes, que el periodismo es una labor fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión, que es una piedra angular de la democracia; entonces, yo creo que los periodistas merecen respeto y merecen cumplir con su trabajo”.Sobre el asesinato de líderes sociales, que en el último año superó los 180 casos, el presidente de la CIDH fue enfático: “Tienen que proteger a los defensores y a las defensoras, tienen que proteger a los liderazgos sociales. Nosotros se lo hemos expresado mucho al Estado colombiano; es una obligación que tienen que atender con mayor prestancia”.Además, señaló que “estamos también con medidas de protección, medidas cautelares para defensores y líderes sociales. Esto es una cuestión que a la Comisión le preocupa mucho y yo creo que el Estado tiene que estar al frente con esa protección”.
El coronel (r) Juan Carlos Figueroa Suárez, excomandante del Batallón La Popa, aceptó su responsabilidad ante la JEP por falsos positivos, cometidos entre 2004 y 2005 en Valledupar.La decisión se produjo luego de la imputación formulada por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), que documentó 24 hechos que dejaron al menos 38 personas asesinadas, entre ellas 11 víctimas de desaparición forzada y 9 casos de tortura.Durante la diligencia, Figueroa reconoció su responsabilidad por omisión, al admitir que no identificó ni detuvo a tiempo las acciones criminales cometidas por sus subalternos.“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados”.Según la acusación de la UIA, los hechos respondieron a tres modalidades. La primera se caracterizó por asesinatos y desapariciones de personas que luego eran presentadas como supuestos resultados operacionales.La segunda modalidad correspondió a homicidios de civiles que algunos integrantes de los pelotones identificaban de manera arbitraria como “objetivos militares ilícitos”, para hacerlos pasar como miembros de grupos armados ilegales.La tercera estuvo marcada por el asesinato de combatientes que ya habían depuesto las armas o que se encontraban heridos tras enfrentamientos legítimos con tropas del batallón.En su declaración, Figueroa sostuvo que durante su mando no identificó el riesgo específico de los falsos positivos y aseguró que esto solo fue reconocido de manera general en la Fuerza Pública a partir de 2007, cuando estallaron los escándalos a nivel nacional.“Ese riesgo operacional no fue contemplado bajo mi mando porque los riesgos operacionales que para esa época se tenían eran el robo de armamento, robo de municiones, robo de equipo militar, infiltrados, penetrados, las nóminas paralelas, tráfico de información, miembros que posiblemente podían estar en concierto para delinquir con organizaciones armadas al margen de la ley”, afirmó.Con la aceptación de responsabilidad, el proceso ya no continuará por la vía del juicio adversarial. Ahora, la JEP aplicará la ruta de reconocimiento tardío, que contempla la realización de una audiencia restaurativa. Esta diligencia fue programada para el 24 de marzo a las 9:00 de la mañana, espacio en el que se abordarán las medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas.Posteriormente, el tribunal deberá imponer una sanción alternativa, que implica entre 5 y 8 años de cárcel.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concluyó que los 11 militares que reconocieron su responsabilidad por falsos positivos ocurridos entre 2007 y 2008 en Norte de Santander, cumplen las condiciones para recibir una sanción restaurativa.Según las investigaciones de la JEP, durante este periodo en el Catatumbo, hubo al menos 120 casos de falsos positivos, además de un intento de homicidio.Sin embargo, al analizar los hechos, el tribunal decidió imputar nuevos delitos a varios de los comparecientes. En ese sentido, 8 de los 11 militares serán sentenciados por el crimen de esclavitud.“La sección determinó que al menos 29 personas fueron víctimas del crimen de esclavitud en el marco de la segunda modalidad del patrón macrocriminal, al comprobarse el ejercicio de atributos propios del derecho de propiedad sobre ellas. En particular, este crimen se cometió a partir de la colaboración de organizaciones criminales y terceros reclutadores, quienes, en articulación con integrantes de unidades militares y a cambio de una remuneración económica, conseguían civiles indefensos y los entregaban a los militares para hacerlos pasar por supuestas bajas en combate”, explicó la JEP.¿Quiénes son los imputados?Los militares imputados por este delito, en calidad de coautores, son Rubén Darío Castro Gómez, Gabriel de Jesús Rincón Amado, Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, Álvaro Diego Tamayo Hoyos, Juan Carlos Chaparro Chaparro, Sandro Mauricio Pérez Contreras y Alexander Carretero Díaz.Además, la JEP imputó el delito de esclavitud por omisión a Paulino Coronado Gámez, general (r) del Ejército y comandante de la Brigada 30 ubicada en Cúcuta para la época de los hechos. La JEP consideró que, desde su posición de mando, permitió que estas conductas ocurrieran sin adoptar medidas para impedirlas.Adicionalmente, los militares Santiago Herrera Fajardo, Daladier Rivera Jácome, Juan Carlos Chaparro Chaparro y Sandro Mauricio Pérez Contreras fueron imputados por el crimen de guerra de tortura, en relación con hechos asociados a tres víctimas.“Para adoptar esta decisión, la sección tuvo en cuenta los relatos entregados por las víctimas y sus familiares en el proceso judicial”, aseguró la JEP.El proceso continuará con la audiencia pública de verificación, en la que se confirmará si los militares cumplen con sus compromisos de verdad y reparación. Superada esta etapa, la JEP emitirá la sentencia que definirá de manera definitiva su situación jurídica.
En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo cuestionó el manejo que desde el Gobierno se le ha dado a la crisis del sistema de salud y pidió reconocer la magnitud de las afectaciones que hoy enfrentan millones de usuarios, especialmente los afiliados a la Nueva EPS.“Pedimos a @MinSaludCol mejorar los canales de comunicación y, especialmente, dejar de lado declaraciones indolentes que pongan en duda el deber del Gobierno de garantizar los derechos humanos en igualdad para todas las personas. La falta de empatía con la angustia de quienes están al frente de la atención y deben lidiar diariamente con el sufrimiento de las personas es inadmisible y preocupante. Deja el mensaje de que las autoridades no harán nada para resolverlo. Sin embargo, hacerlo es su deber”.La Defensoría aseguró que, ante la creciente vulneración del derecho a la salud, ha participado en lo que va del año en múltiples mesas interinstitucionales con EPS, hospitales, gestores farmacéuticos, usuarios y pacientes.Estos espacios, según explicaron, han buscado garantizar la atención de casos prioritarios y críticos, avanzar en la entrega pendiente de medicamentos y avanzar en compromisos relacionados con la estabilización de pagos y la conformación de redes de prestación de servicios suficientes y operativas.No obstante, el organismo advirtió que el panorama es crítico para los afiliados de la Nueva EPS, “entidad que enfrenta una situación financiera muy delicada”. Para la Defensoría, esta medida no solo profundiza la crisis de la EPS, sino que termina afectando directamente a hospitales, clínicas y dispensarios, que enfrentan dificultades para sostener la atención y la operación diaria.Aunque la problemática se extiende a todo el país, la Defensoría alertó de manera particular sobre la situación en Boyacá, Huila, Antioquia, Valle del Cauca, Santander, San Andrés y Providencia y Tolima, donde las afectaciones al derecho a la salud se estarían profundizando.
El mayor general (r) de la Policía Nacional, Luis Mendieta Ovalle, afirmó que el modelo de sanciones propias definido en la JEP terminó priorizando la financiación de los exintegrantes de las Farc y no a las víctimas del conflicto.“En este momento lo que está desfinanciado es el presupuesto que prácticamente el Estado y todas las entidades le iban a dar a las Farc para el pago de las sentencias propias. Aquí en ningún momento es reparación a las víctimas”, señaló.Mendieta sostuvo que, desde la firma del acuerdo de paz, las víctimas han sido relegadas en la implementación.También cuestionó los llamados trabajos, obras y actividades restaurativas. “Fuimos enfáticos en que no estábamos de acuerdo con esas sanciones propias y menos con todos los recursos que les iban a dar a los integrantes de la Farc para aplicar en los famosos TOAR, (…) que en nuestro sentido de restaurativas no tenían absolutamente nada, sino que eran presupuestos que iban a destinar para que los integrantes de la Farc en esos cuatro ejes centrales tuvieran burocracia y tuvieran contratos”, dijo.Según el general en retiro, distintas entidades del Estado han concentrado su acción en los comparecientes y no en las víctimas. “Aquí únicamente todas las entidades están teniendo en cuenta a los victimarios y las víctimas que la Farc ocasionaron no se les ha tenido en cuenta”, advirtió, al tiempo que recordó que el informe de la Contraloría confirma denuncias previas.En la misma línea, Sebastián Velázquez, representante legal de la Federación Colombiana de Víctimas de las Farc, explicó que el inventario inicial presentado por las Farc “por un monto de un billón de pesos no se concreta” y que, finalmente, “al fondo de reparación para las víctimas solamente llega un oro avaluado aproximadamente en 40.000 millones”.Velázquez detalló que, a partir de investigaciones y expedientes judiciales, identificaron bienes no reportados. “Encontramos un expediente por unos bienes y un testaferrato por 100.000 millones de pesos”, el cual fue solicitado para que se incorporara al Caso 01 de la JEP.Agregó que, con base en informes de inteligencia conocidos como informe Génesis, se realizó una tasación de recursos ocultos que “llegaba a 13.5 billones”.Sin embargo, aseguró que los incidentes de incumplimiento presentados no han sido estudiados de fondo: “La JEP ha sido temeraria con la representación judicial, porque, en vez de investigar, nos ha inadmitido de plano y le ha dicho a la representación judicial que sea muy consciente de qué está radicando en contra”, lo que calificó como “un constreñimiento a la representación judicial”.Finalmente, Velázquez cuestionó que el Estado haya asumido la carga principal de la reparación y advirtió que las sanciones propias hoy están desfinanciadas.“Yo no sé en qué momento eso cambió, porque la prioridad y el responsable no es el Estado (...) Yo creo que ellos no tienen ahorita ni 50.000 millones para para empezar a ejecutar esas dos sentencias”, concluyó.Las víctimas advirtieron que la situación requiere “un revolcón total” al modelo actual de reparación y una revisión del marco legal, que, según señalaron, deberá ser asumida por “un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso”.
El delegado de la Conferencia Episcopal para las relaciones Iglesia-Estado, Monseñor Hector Fabio Henao, alertó sobre las afectaciones humanitarias que enfrentan comunidades rurales del Guaviare tras los enfrentamientos por la disputa territorial entre disidencias de alias ‘Calarcá’ y alias ‘Mordisco’ registrados en la vereda Cubay, del municipio de El Retorno, en Guaviare.Según Monseñor, la violencia ha generado un clima de temor que limita la movilidad de la población y agrava la situación de niños, niñas y adolescentes que permanecen sin acceso a la educación.“El año pasado hubo clases solamente el primer semestre. Después, las amenazas a los profesores, y en el segundo semestre no hubo clases. Claro, hubo la propuesta de suplantar esto con actividades virtuales, pero muchos niños en sus casas no tienen acceso”, afirmó el delegado.A esta problemática se suma que el Programa de Alimentación Escolar (PAE) no ha podido funcionar debido a las restricciones de seguridad.Monseñor, señaló además que una parte de la población rural evita desplazarse: “Hay una franja de población que no se atreve a salir de las veredas, porque tiene temor de pasar por ciertos registros o retenes que se establezcan, y tiene que dar muchas explicaciones, pero, en general, ha quedado una zozobra muy grande”, afirmó.El representante señaló que existía una alta expectativa entre los padres de familia por el posible retorno de las clases, pero “estas circunstancias que se están viviendo en el momento presente, como dijo, dan mucha incertidumbre, no hay una definitiva todavía”.Indicó que, aunque aún no hay decisiones definitivas, es necesario que “desde el Ministerio de Educación hasta las autoridades más territoriales en el municipio del Retorno, se acerquen a la situación y miren cómo serían las alternativas”.Finalmente, Monseñor Henao hizo un llamado a enfocarse “en una población particularmente vulnerable”.
La Defensoría del Pueblo está alertando por el alto riesgo en el que se encuentran 12 municipios del Cauca y 2 del Valle ante posibles acciones violentas por parte de las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco', grupo que tiene una fuerte presencia en diferentes zonas del Pacífico."El documento de advertencia indica que hay un riesgo inminente, particularmente en 12 municipios del Cauca y dos del Valle del Cauca, por el alto riesgo de que se presenten ataques indiscriminados de los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos (del Estado Mayor Central, disidencia de las Farc comandada por alias 'Iván Mordisco') que en su accionar han afectado a las comunidades" señala el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.Ante esta situación, desde la Defensoría le piden al Gobierno nacional tomar medidas para evitar que los grupos armados acudan a las acciones violentas ante una eventual suspensión de diálogos de paz, pues, por ejemplo, en este momento las conversaciones con las disidencias de las Farc al mando de alias 'Iván Mordisco' se encuentran suspendidas."Los municipios advertidos en la Alerta Temprana son Buenos Aires, Santander de Quilichao, Suárez, Miranda, Corinto, Caloto, Guachené, Toribío, Jambaló, Caldono, Morales y Cajibío, en el Cauca, y Dagua y Jamundí, en Valle del Cauca, localidades donde hace presencia la disidencia de ‘Mordisco’", explica Camargo.Le puede interesar:
Alexander Farfán, conocido con el alias de 'Gafas' , fue el carcelero de Ingrid Betancourt, capturado durante la Operación Jaque en el año 2008. Logró la libertad condicional luego de firmar el acuerdo de paz en el año 2017, sin embargo, el pasado mes de diciembre fue capturado en zona rural de Buenaventura portando armas y con algunas insignias de las disidencias de las Farc , al mando de alias 'Iván Mordisco'. Además, fue designado por ese grupo como negociador en los diálogos con el Gobierno Nacional.La JEP lo expulsó, pues Farfán, después de haber sido capturado en diciembre del año 2022, hizo un preacuerdo con la Fiscalía y reconoció que volvió a delinquir. Sin embargo, su defensa apeló la decisión. Al ser un desertor del proceso de paz, queda claro que no puede acceder a los beneficios de la justicia transicional y quedó en firme su expulsión."La manifestación expresa de hacer parte de una organización rebelde alzada en armas, o de un grupo armado o delictivo organizado, constituye una prueba clara no sólo de la deserción en sí misma, sino también de su carácter manifiesto, en tanto asumida por quien así lo declara. Es por ello que en varias oportunidades la SA ha señalado que la aceptación de pertenencia a una organización así, plasmada en preacuerdos suscritos con la Fiscalía General de la Nación, demuestra, junto con la sentencia condenatoria respectiva, la deserción manifiesta" señala la Sección de Apelación de la JEP.Ante esta situación, los procesos en contra de Alexander Farfán continuarán su trámite en la justicia ordinaria, y alias 'Gafas 'ahora pierde los beneficios que le ha otorgado la JEP como en su momento fue la libertad condicional.Le puede interesar:
Tras los hechos ocurridos en el 2006 fue hallado un panfleto de la guerrilla de las Farc en el que declaraban objetivo militar a los concejales y alcaldes de la zona mientras no renunciaran a sus cargos.Clinio Gasca Valderrama, alias 'Plinio', fue el encargado de hacer inteligencia antes del crimen y ha sido condenado por estos hechos. En las últimas horas, la JEP decidió declarar como "no amnistiable" esta acción que es responsabilidad de la columna Teófilo Forero de la extinta guerrilla, es decir, que, por su gravedad, no pueden ser objeto de amnistía o indultos."Para el despacho, es claro que se trata de múltiples homicidios, consumados y tentados, en contra de civiles que no ejercían actividades de combate, ni participaban de forma directa o indirecta de las hostilidades. Es decir, los concejales de Rivera (Huila) eran personas civiles que no habían perdido su estatus de protección contra ataques directos de acuerdo con el DIH", señaló la Sala de Amnistía e Indulto de la JEP.Es por esto que ahora el caso deberá ser investigado, juzgado y se deberá sancionar a los responsables, proceso que deberá hacerse en el marco de las investigaciones del macro caso 10, que investiga los crímenes no amnistiables cometidos por miembros de las extintas Farc."La acusación que formuló la Fiscalía General de la Nación y por la cual fue condenado el señor Clinio Gasca Valderrama, corresponde a la del homicidio en persona protegida. Esto quiere decir, que en la propia valoración en sede de justicia ordinaria se determinó que la conducta desplegada por el compareciente atentaba contra personas protegidas por el derecho internacional humanitario", se explica en la resolución de la JEP.Le puede interesar:
Carlos Ruiz Massieu, jefe de la misión de verificación de la ONU, se refirió a los diálogos de paz con el ELN, aseguró que en medio de desafíos y momentos complejos se mantiene la confianza en la realización de un quinto ciclo de negociaciones. Sin embargo, anticipa que durante estas conversaciones se abordarán temas cruciales de la agenda, así como otros que han cobrado mayor visibilidad, como lo es el secuestro.El representante de la ONU, enfatizó que se debe adquirir un compromiso para que se eliminen esas conductas delictivas que afectan a las comunidades.“Confiamos en que se va a realizar un quinto ciclo, que se van a discutir temas temas de la agenda y otros temas que creo que se han visibilizado aún más en la necesidad de que haya discusiones entre las partes, para que se puedan resolver diferentes temas y que en medio de todo esto haya ese compromiso por eliminar las prácticas que son lesivas contra las comunidades y diferentes sectores de Colombia”, señaló Massieu.El llamado es claro, persistir en la voluntad de paz, pero siendo conscientes de los retos que enfrentan estos procesos de paz, y al mismo tiempo, encontrar soluciones concretas para abordar las dinámicas y conductas rechazadas por la sociedad colombiana.Le puede interesar: "Lupi estaba en el sitio y momento preciso; ironía terrible de la vida": Ricardo Soler
En la mañana de este sábado, 18 de noviembre, las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’ se pronunciaron sobre los diálogos de paz que adelanta esta guerrilla con el Gobierno, luego de la crisis temporal que vivió la mesa tras algunas tensiones que se generaron por la presencia de tropas del Ejército en El Plateado, Cauca; anunciaron cambios.En el comunicado, el grupo armado ilegal aseguró que, tras unas consultas internas en la organización, “están listos para continuar” en un nuevo ciclo de conversaciones.“Aceptamos la reunión próxima con el componente internacional, garantes y acompañantes para organizar la fecha de continuidad de los diálogos en cuanto calendario de reuniones y eventos próximos”, dice el comunicado de las disidencias.El pasado 15 de noviembre, Camilo González Posso, jefe negociador del Gobierno con las disidencias, ya había adelantado dicha decisión entre las partes involucradas.“Después de dos semanas de la suspensión o receso que se tomaron, que se decretaron el Estado Mayor Central de las Farc para hacer sus consultas, para hacer sus consultas y reorganizaciones, vamos a retomar las reuniones programadas, particularmente un nuevo ciclo", anunció Camilo González Posso sobre los diálogos.Por otra parte, la guerrilla anunció que alias ‘Andrey’, quien venía siendo coordinador delegado de la organización, pasará al mecanismo de monitoreo.“De igual manera damos a conocer a todo el pueblo colombiano que hubo reajustes en nuestra comisión, uno de ellos es el cambio del coordinador de la delegación, Andrey Avendaño Guevara, que pasara al Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación nacional MVMV”.Se espera que las negociaciones se retomen hacia la última semana de noviembre y podrían realizarse dos ciclos de conversaciones antes de que termine el año.Le podría interesar:
La masacre del corregimiento de El Aro, en Ituango la cometieron los paramilitares del Bloque Mineros, allí fueron asesinadas 17 personas y otras más fueron desplazadas y los despojaron de sus bienes.En su audiencia reservada ante la JEP, Salvatore Mancuso aseguró que esta masacre se habría cometido, presuntamente, por solicitud de Pedro Juan Moreno, secretario de Gobierno de Álvaro Uribe Vélez.“El Aro, yo estuve previo al Aro, porque el Aro sí va a ser desde el 96, reunido en la oficina del general Manosalva allá me encontré al general Ramírez, entre otras cosas, Iván Ramírez me lo encontré en la oficina de Elena y él me había mandado a hablar con el general Manosalva”, señaló Mancuso.El exjefe paramilitar dijo que, supuestamente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez tendría conocimiento de estos hechos.“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, aseguró Mancuso.Le puede interesar "La JEP acepta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso":