El exministro del Interior y precandidato presidencial Daniel Palacios lanzó fuertes críticas contra la Gran Consulta por Colombia, luego de quedar por fuera de ese mecanismo político pese a haber recibido, según él, una invitación pública y privada para participar. En entrevista con Recap Blu, Palacios aseguró que la decisión de sacarlo evidencia una “política de exclusión” y no una consulta democrática ni incluyente.Palacios explicó que durante más de un año participó en reuniones y acercamientos con varios de los integrantes de esa coalición, con el objetivo de construir una unidad de cara a las elecciones presidenciales. Sin embargo, afirmó que esta semana fue notificado de que no existía consenso para permitir su ingreso, debido a la oposición de tres precandidatos: Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán y Aníbal Gaviria.“Sin ninguna razón, sin ningún argumento y sin dar la cara, decidieron excluirme (...) Lo invitan a uno a la fiesta, uno llega, y cuando llega le dicen que reconsideraron. Lo grave es que no hubo argumentos. Esta no es una consulta incluyente ni democrática, sino una consulta de la exclusión”, señaló. Para Palacios, esta decisión contradice el propósito original de la consulta, que debía servir para sumar distintas visiones con el fin de enfrentar al petrismo en las urnas.“Si al doctor Galán le molestan mis posiciones firmes contra la criminalidad y contra el petrismo, entonces yo no debía estar ahí”, afirmó, aunque cuestionó la coherencia de ese argumento al recordar que en la consulta sí participan figuras como Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón y sectores del Centro Democrático.Palacios insistió en que nunca se le informaron condiciones explícitas para su participación y que, por el contrario, la invitación fue reiterada por varios líderes del bloque, entre ellos Vicky Dávila, David Luna, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y el propio Pinzón.“Esto no era para fundar un club exclusivo, era para rescatar a Colombia”, subrayó, al tiempo que calificó la consulta como un “club al que uno aplica para ver si lo aceptan”.¿Qué hará Palacios?Con este paronama, Palacios confirmó que continuará su aspiración presidencial por fuera de la Gran Consulta, apoyado en el movimiento Rescatemos a Colombia, con el que asegura haber recolectado más de 1,3 millones de firmas, actualmente en proceso de certificación ante la Registraduría. De hecho, anunció que se inscribirá formalmente el próximo 31 de enero y que seguirá impulsando una agenda centrada en seguridad, lucha contra la delincuencia, reducción del costo de vida, gasolina, salud, infraestructura e ICETEX.
El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó la terminación de un contrato tecnológico suscrito en 2024, luego de identificar dificultades en su ejecución que impidieron el cumplimiento total de las obligaciones que se pactaron. Esta aclaración se da en medio de cuestionamientos de la Contraloría hacia el modelo de pasaportes que comenzaría a implementarse el 1 de abril de este año. El órgano de control advirtió riesgos, incumplimientos y posibles retrasos.Este contrato del que habla la Cancillería fue firmado el 15 de octubre de 2025 entre el Fondo Rotatorio del Ministerio y la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo). El objeto era la actualización y mejoramiento de los sistemas de información para optimizar procesos internos y externos de la Cancillería.La entidad señaló que no tiene relación directa con la expedición de pasaportes y explicó que durante la ejecución se presentaron problemas que impidieron que el contratista cumpliera con la totalidad de las obligaciones acordadas. Ante esta situación, en agosto de 2025 el ministerio decidió iniciar un proceso sancionatorio contractual y exigió el cumplimiento.Además, puso en conocimiento de la Contraloría las posibles irregularidades relacionadas con la planeación del contrato, para que el organismo de control adelante sus investigaciones.El plazo de ejecución del contrato venció el 31 de agosto de 2024, fecha en la que la Cancillería decidió no aceptar las solicitudes de prórroga presentadas por el contratista. En su lugar, ordenó una revisión para evaluar la posibilidad de hacer efectiva la cláusula penal, un proceso que actualmente continúa en curso. Por ahora solo se ha desembolsado el 3 % del valor total del contrato, lo que significa que la mayor parte de los recursos no fue girada.Finalmente, la Cancillería aseguró que, pese a los inconvenientes registrados, la atención a la ciudadanía y los trámites del ministerio no se han visto afectados.
La Aeronáutica Civil informó a la comunidad aeronáutica del país sobre la emisión de un NOTAM por parte de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA), que se refiere a posibles afectaciones a los sistemas de navegación satelital advirtiendo a los operadores aéreos sobre la necesidad de mantener precauciones durante las distintas fases del vuelo en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano.Ante este escenario, la Autoridad Aeronáutica de Colombia señaló que las aerolíneas nacionales ya fueron debidamente informadas sobre el contenido del aviso, especialmente aquellas que realizan operaciones internacionales o que transitan por las zonas mencionadas en la comunicación.El comunicado también precisa que las empresas aéreas son plenamente conscientes de la situación y que, en la actualidad, se encuentran analizando la información técnica disponible con el fin de adoptar, si así se requiere, medidas preventivas y de mitigación operacional que garanticen la seguridad de las operaciones.Asimismo, la Aerocivil aclaró que, hasta el momento, no se han evidenciado afectaciones visibles a la navegación aérea ni se registran condiciones que impidan o limiten el normal desarrollo de las operaciones aéreas y tampoco se prevé en este momento una situación que conduzca a la suspensión o restricción de los vuelos.Según la información oficial, el NOTAM emitido por la FAA se advierte a los operadores aéreos estadounidenses de una "situación potencialmente peligrosa" en espacios aéreos sobre el Pacífico colombiano y centroamericano "debido a actividades militares" y a posibles interferencias en los sistemas de navegación.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dejó en firme la absolución del defensor de derechos humanos David Rabelo Crespo, al confirmar que fue condenado injustamente. En fallo de segunda instancia, la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz ratificó la decisión que lo declaró inocente del homicidio de David Núñez Cala, ocurrido el 5 de abril de 1991 en Barrancabermeja. Núñez Cala era entonces secretario de Obras Públicas del municipio y aspiraba a la Alcaldía cuando fue asesinado.Al estudiar el recurso presentado por la representación de las víctimas, el Tribunal concluyó que no era procedente y decidió mantener la sentencia emitida en 2025 por la Sección de Revisión. Según la JEP, ese fallo se apoyó en hechos y pruebas nuevas que no habían sido analizadas por la justicia cuando Rabelo Crespo fue condenado en 2012.La decisión también señaló que el proceso penal contra el defensor de derechos humanos se dio en un contexto de persecución relacionada con su trabajo social, en una región afectada por la presencia de estructuras armadas ilegales. Varios de los testimonios que sustentaron la condena fueron posteriormente desacreditados o incluso sancionados por falso testimonio.El Tribunal reiteró, además, que no existe ninguna prueba que vincule a Rabelo Crespo con las extintas Farc y que esa afirmación, incluida en la sentencia de la justicia ordinaria, fue desvirtuada con decisiones judiciales posteriores.Frente a los cuestionamientos de las víctimas, la JEP explicó que no se puede exigir a una persona declarada inocente que reconozca hechos de los que no es responsable ni tiene conocimiento. En su análisis final, la Sección de Apelación concluyó que Rabelo Crespo no tuvo motivo ni oportunidad para participar en el crimen y que nunca existió el acuerdo para cometer el homicidio.El Tribunal aclaró que la decisión contribuye a la verdad al descartar de manera definitiva la responsabilidad de Rabelo Crespo. Por eso, señaló que ahora le corresponde a la Fiscalía avanzar en la identificación de los verdaderos responsables del asesinato de David Núñez Cala.
La Lotería de Bogotá volvió a captar la atención de los apostadores en Colombia tras la realización de su sorteo número 2829, celebrado la noche del jueves 15 de enero de 2026. Esta edición, una de las más esperadas de la semana, mantuvo el interés de miles de jugadores gracias a su atractivo plan de premios y a la amplia distribución de ganadores en diferentes regiones del país.La jornada reafirmó la tradición y el respaldo de este sorteo, que cada semana renueva la ilusión de quienes participan con la expectativa de cambiar su destino con un solo número.Premio mayor de la Lotería de Bogotá – Sorteo 2829El gran protagonista de la noche fue el número 3649 de la serie 188, correspondiente al Premio Mayor de $10.000 millones. Este billete se convirtió en el ganador principal del sorteo, marcando una noche de celebración para su afortunado poseedor.Premios secos de la Lotería de BogotáAdemás del premio principal, el sorteo incluyó múltiples premios secos distribuidos en varias categorías, ampliando las posibilidades de ganar para los apostadores.Premios Secos1 Premio Seco de $1.000 millones0915 – Serie 168Premios Secos de $500 millones7585 – Serie 0400908 – Serie 190Premios Secos de $200 millones5006 – Serie 2855694 – Serie 1794823 – Serie 377Premios Secos de $50 millones1929 – Serie 2595123 – Serie 3698171 – Serie 4379392 – Serie 4193466 – Serie 2881076 – Serie 115Premios Secos de $20 millones2493 – Serie 1844229 – Serie 1595376 – Serie 0302085 – Serie 0741988 – Serie 4645997 – Serie 1216940 – Serie 1196125 – Serie 1213803 – Serie 2447257 – Serie 095Premios Secos de $10 millones7905 – Serie 3893992 – Serie 0647916 – Serie 4153940 – Serie 0018417 – Serie 0062615 – Serie 3624241 – Serie 2208757 – Serie 0037521 – Serie 4151690 – Serie 2094530 – Serie 0025315 – Serie 1479147 – Serie 3699242 – Serie 4002644 – Serie 0593013 – Serie 2799758 – Serie 4632754 – Serie 2218581 – Serie 3497362 – Serie 4606653 – Serie 3506542 – Serie 3389172 – Serie 3921673 – Serie 3574463 – Serie 2577529 – Serie 2186780 – Serie 0085969 – Serie 1044648 – Serie 3101891 – Serie 010¿Cómo reclamar los premios de la Lotería de Bogotá?La entidad recuerda a los ganadores que el cobro de premios debe realizarse únicamente a través de los canales oficiales, siguiendo los procedimientos establecidos.Premios menores (hasta seis salarios mínimos):Pueden reclamarse directamente con el lotero o en puntos de venta autorizados.Premios mayores:Deben gestionarse en la sede principal o en oficinas autorizadas.Dirección:Carrera 32A #26-14, Bogotá.Documentos requeridos:Billete original firmadoFotocopia de la cédulaCertificación bancariaFormulario de identificación de ganadoresComo recomendación general, se invita a los jugadores a verificar siempre los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.
Los peajes en Colombia, tienen a partir de hoy un incremento total en sus tarifas, luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura confirmara la actualización anual de los valores en las estaciones que se encuentran bajo su administración. Los nuevos precios aplicarán para todos los peajes a cargo de la ANI, como parte del proceso de actualización tarifaria basado en la inflación. No obstante, el incremento no será uniforme en todas los peajes del país.El ajuste general responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2025, que se ubicó en 5,10 %, de acuerdo con las cifras oficiales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.Así las cosas, a partir de este viernes 16 de enero, 15 peajes en seis departamentos de Colombia actualizaron sus tarifas para vehículos de Categoría I, con precios que van desde $12.612 hasta $27.746. Peajes con las tarifas más altas:Pipiral (Meta): $27.746Machetá (Cundinamarca): $27.326Cisneros (Antioquia): $25.855Aburrá (Antioquia): $24.909El Placer (Nariño): $20.915Boquerón I y II (Cundinamarca): $19.864 cada unoEn la vía al Llano, Boquerón pasará de $18.900 a $20.800 para vehículos de categoría I. En el norte de Bogotá, el peaje Los Andes sube de $13.600 a $14.225, un incremento del 5%.Otros peajes ajustados por departamento:En Cundinamarca:Naranjal: $17.026Fusca: $14.294Andes: $14.294En Antioquia:La Pintada: $19.549Amagá: $16.924Puerto Berrío: $14.083Peajes con incrementos previos al 16 de enero:Circasia: $21.200Copacabana: $18.500Tarapacá I y II: $17.800 cada unoAlbarracín y Tuta: $12.400Turbaco: $5.800Algunos incrementos se empezaron a cobrar desde el 1 de enero:Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (DEVIMED): Copacabana y Las Palmas, desde el 1 de enero.Armenia-Pereira-Manizales (APM): Circasia, Corozal, Pavas y San Bernardo, desde el 9 de enero.IP Autopistas del Caribe: Santágueda, Tarapacá I y II, Turbaco, Bayunca, Galapa y Gambote, desde el 10 de enero.Briceño-Tunja-Sogamoso (BTS): Pasacaballos, Sabanagrande, El Roble, Albarracín y Tuta, desde el 15 de enero.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su opinión de que la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, con quien se reúne este jueves en la Casa Blanca, no tiene los apoyos suficientes en Venezuela para liderar una transición en ese país, según la portavoz Karoline Leavitt.Preguntada sobre si Trump había cambiado de postura sobre la Premio Nobel de la Paz, Leavitt advirtió que la del mandatario "fue una evaluación realista, basada en lo que el presidente estaba leyendo y escuchando de sus asesores y su equipo de seguridad nacional"."En este momento, su opinión sobre ese asunto no ha cambiado", dijo la vocera en una rueda de prensa.Machado llegó este mediodía a la Casa Blanca para un almuerzo con el mandatario estadounidense, menos de dos semanas después de que EE.UU. detuviera al presidente venezolano, Nicolás Maduro, durante una operación sorpresa en Venezuela, en la que también fue capturada su esposa, Cilia Flores, y ambos fueron trasladados posteriormente a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.Leavitt confirmó que la reunión entre Trump y Machado, la primera entre ambos y cerrada de momento a la prensa, se estaba produciendo durante su intercambio con los periodistas y aseguró que el mandatario reconoce los esfuerzos de la opositora y su lucha por la democracia en el país suramericano."Sé que el presidente esperaba con interés esta reunión y que confiaba en que sería una buena y positiva conversación con la señora Machado, quien es realmente una voz notable y valiente para muchas personas en Venezuela. Así que el presidente espera, obviamente, hablar con ella sobre la realidad en el país", agregó la portavoz.La líder opositora venezolana entró este jueves a la residencia ejecutiva estadounidense por una puerta lateral en lugar de por la entrada principal, reservada a jefes de Estado y altos dignatarios, y no respondió preguntas de la prensa.Hasta ahora, el mandatario y su Administración han descartado a Machado y a su movimiento opositor de la primera etapa de transición en Venezuela, y en su lugar han apostado por la vicepresidenta chavista, Delcy Rodríguez, que asumió el poder como presidenta encargada bajo el aval de Washington."Creo que sería muy difícil para ella (Machado) ser la líder. No cuenta con el apoyo ni el respeto dentro del país. Es una mujer muy amable, pero no goza del respeto necesario", dijo Trump durante una rueda de prensa el pasado 3 de enero, horas después de la captura de Maduro.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este jueves que ya conformó la Junta de Paz, el órgano que supervisará al futuro Gobierno tecnocrático de Gaza, aunque evitó dar los nombres de sus integrantes, los cuales dijo que "se anunciarán próximamente"."Es un gran honor para mí anunciar que se ha formado la Junta de la Paz. Los miembros de la Junta se anunciarán próximamente, pero puedo afirmar con certeza que se trata de la Junta más destacada y prestigiosa jamás reunida en ningún momento ni lugar", escribió Trump en un breve mensaje en su red Truth Social que no añade más detalles al respecto.El miércoles los representantes del Gobierno Trump también explicaron que se darán a conocer más detalles sobre la segunda fase del plan de paz para Gaza durante el Foro de Davos, que se celebra la semana próxima en Suiza y donde tiene previsto intervenir el presidente estadounidense.También afirmaron que dentro de unas dos semanas se publicará más información acerca de los países integrantes de la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF, en inglés), el contingente de la ONU que debe garantizar en el futuro la seguridad y desmilitarización de Gaza, tal y como estipular el plan de paz de Trump.Esta semana, el enviado especial de Trump para Gaza y Ucrania, Steve Witkoff, anunció el inicio de la segunda fase del plan de paz, que contempla la desmilitarización del enclave palestino y el establecimiento de un Gobierno de tecnócratas, bautizado como Comité Nacional para la Administración de Gaza, sin presencia de Hamás.
Los gobernadores de al menos 17 departamentos del país evalúan los caminos jurídicos para no iniciar el recaudo de los impuestos creados por el Gobierno nacional en los últimos días, al amparo de la declaratoria de emergencia económica, a la espera de un pronunciamiento de la Corte Constitucional.Dentro de la baraja de opciones que tienen en su mano los gobernadores están la posibilidad de acudir a una tutela, pedirle a la Corte que tumbe la Emergencia y la herramienta más controvertida que evalúan los gobernadores está en aplicar la figura de la denominada excepción de inconstitucionalidad.Esa figura contempla la posibilidad de que un servidor público decida no cumplir un decreto o una ley, por considerar que viola expresamente la Constitución, en este caso, los gobernadores ubican dentro de esa categoría varios decretos mediante los cuales el gobierno creó nuevos impuestos que ellos consideran perjudiciales para los departamentos, porque dijeron que pone en riesgo su sostenibilidad financiera.La mayor preocupación de los gobernadores está en el aumento del impuesto al consumo y el incremento al IVA del 5 al 19% a los licores, pues consideran que estos tributos van a ocasionar la disminución en el consumo, lo cual podría poner en riesgo la atención de necesidades básicas como salud y educación.En ese choque de trenes, estaría en riesgo el recaudo de entre 3 y 5 billones de pesos por parte del gobierno nacional desde los departamentos, específicamente frente al impoconsumo y el aumento del IVA a los licores, sumado a que algunos gobernadores como Dilian Francisca Toro del Valle del Cauca, lamentan que esta medida pueda disparar el contrabando, disminuye los ingresos departamentales y el recaudo a nivel central.Por supuesto, el Gobierno salió al paso del anuncio de los gobernadores, criticándolos severamente, anunciando desde ya denuncias penales por prevaricato en su contra. El ministro del Interior Armando Benedetti dice que los gobernadores dan mal ejemplo invitando a no acatar la ley, olvidando que el mal ejemplo provino del mismo Ejecutivo, cuando en junio del año pasado intentó pasar por encima del No del Senado a la Consulta Popular, apelando a una supuesta excepción de inconstitucionalidad, que es la misma figura que hoy le aplican los gobernadores en esta rebelión.
A punto de cumplirse seis meses del secuestro de Rodrigo Antonio López, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca, su esposa, Yariel Macualo, volvió a hacer un llamado desesperado al Gobierno Nacional y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) para que se dé la liberación de su esposo y los demás funcionarios que permanecen retenidos. En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Macualo pidió, además, que se le garantice a su esposo el suministro del medicamento que necesita para su enfermedad cardíaca.“Mi esposo sufre del corazón, padece del corazón y toma medicamento para su corazón. Si los señores del ELN me están escuchando, por favor no dejen de suministrarle el medicamento a mi esposo”, dijo la mujer.Rodrigo Antonio López fue secuestrado el 8 de mayo, cuando se desplazaba junto con su compañero Jesús Antonio Pacheco Oviedo desde Fortul hacia Arauca. Según relató Macualo, el funcionario había salido temprano de su casa, como era habitual, y alcanzó a comunicarse con ella minutos antes de ser retenido.“A las 11:57 de la mañana fue el secuestro. Cinco minutos antes me llamó y me dijo: ‘mi amor, nos vemos a las dos de la tarde’. A esa hora lo esperé, pero no llegó. Cuando intenté comunicarme, el celular ya estaba apagado”, recordó.Desde entonces, la familia ha recibido cinco pruebas de supervivencia, la más reciente el pasado sábado. Sin embargo, Yariel asegura que la incertidumbre crece cada día, especialmente tras conocer la advertencia del ELN de someter a los secuestrados a un “juicio revolucionario” si no se concreta un intercambio humanitario.“Es muy triste saber esa decisión por parte del ELN, porque mi esposo y sus compañeros no han cometido ningún delito. Mi hija de 13 años me preguntó: ‘mami, ¿ahora mi papá lo van a encarcelar allá siete años?’ Fue devastador”, relató.La esposa del agente explicó que el grupo armado ha manifestado su intención de realizar un canje humanitario, aunque las familias no conocen detalles sobre a quiénes buscan liberar a cambio. “Ellos fueron claros en que quieren un intercambio humanitario”, afirmó.Macualo también denunció que, pese a sus esfuerzos, ni el presidente Gustavo Petro ni el ministro de Defensa los han recibido personalmente.“El señor Gustavo Petro no nos ha querido atender, no nos da la cara. Hemos estado en Bogotá solicitando una cita con él, pero ha sido imposible. Al ministro de Defensa lo contacté al principio y me dijo que no había mesa de negociación y que había que esperar”, señaló.La mujer pidió respeto y urgencia a quienes hacen parte de las conversaciones de paz con el ELN para que se logre la liberación de los funcionarios retenidos.“El llamado es urgente y con mucho respeto a todas las personas que están en la mesa. Que por favor se sienten a dialogar para que se dé una pronta liberación. Mi esposo cumple seis meses secuestrado el 8 de noviembre”, expresó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Al día de hoy, alrededor de 1,6 millones de estudiantes no son beneficiarios de los servicios del PAE. La Contraloría General de la República presentó los resultados de la Evaluación de la Ejecución de la Política del Programa de Alimentación Escolar (PAE), conclusiones que preocupan a la entidad tras las grandes falencias que se evidencian en el desarrollo de este programa, las cuales han tenido efectos directos en el acceso a la alimentación de niñas, niños y jóvenes de las instituciones públicas de todo el país.La Contraloría General de la República (CGR) ha identificado deficiencias en los mecanismos de supervisión, desfinanciación y control como uno de los problemas más recurrentes en la implementación del PAE.Durante el 2025, el PAE benefició a 5.571.156 estudiantes, representando un valor de 5,27 billones de pesos. Sin embargo, el desfinanciamiento es una de las problemáticas recurrentes que afectan a más de 1.282.089 estudiantes que no hacen parte de los beneficiarios.En medio de labores de vigilancia realizadas por la Contraloría, se registraron entre 2024 y 2025, 30 hallazgos fiscales que representan 7.974 millones de pesos. El 48 % del valor total responde a sobrecostos, mientras que el 47 % a pagos que se realizaron sin algún soporte de ejecución. Desde el año 2020 hasta el primer semestre de 2025 ya se registran 813 hallazgos, de los cuales 185 hacen referencia a incidencia fiscal y representan un valor de más de 55.000 millones de pesos.En medio de un comunicado, la Contraloría aseguró que la desigualdad es notable en regiones como Llanos, Pacífico y Centro Sur: “Aunque el PAE presenta una distribución relativamente equitativa de los recursos, persisten disparidades significativas entre regiones, asociadas a factores geográficos, socioeconómicos y de inseguridad alimentaria”.Entre los departamentos más afectados se encuentran Amazonas, Casanare y Guaviare, donde la cobertura no alcanza ni el 50 % de la población estudiantil. La situación es particularmente crítica en entidades territoriales certificadas en educación, como Sahagún, que solo cubre aproximadamente el 23 % de los estudiantes del sector oficial.La cobertura del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Colombia alcanzó el 79 % de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar en 2023. No obstante, esta cifra esconde una realidad preocupante: más de la mitad de los departamentos del país, 19 en total, se encuentran por debajo del promedio nacional.En 2023, más de 2,5 millones de niños, niñas y adolescentes no recibieron el servicio de alimentación escolar durante su jornada académica, lo que se constató en los hallazgos de las auditorías de cumplimiento realizadas por la CGR y en los reportes de la Unidad Administrativa de Alimentación Escolar (UApA).Problemas en la funcionalidad de las cocinas, comedores inadecuados, deficiencias en equipos de refrigeración, falta de acceso a agua potable y menaje insuficiente también son problemáticas que se presentan. La infraestructura y las condiciones de preparación de los alimentos también son un tema de preocupación para la CGR.A pesar de estos desafíos, según análisis académicos, se evidencia una disminución significativa de la deserción escolar, entre el 10 % y el 25 %, lo que refuerza la tesis del impacto positivo del PAE en la permanencia estudiantil. La Contraloría menciona que este programa ha generado mejoras en el rendimiento académico y la retención escolar, al reducir los índices de deserción y repetición de grado.Frente a todo el análisis, la Contraloría pide que se tomen medidas que permitan el cumplimiento de las políticas del PAE y se garantice el desarrollo de los colombianos desde los más pequeños.
Un operativo conjunto entre el Ejército y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía permitió la captura de un hombre involucrado en el secuestro de dos escoltas y el robo de una camioneta oficial de la Unidad Nacional de Protección, en hechos ocurridos en el departamento del Cauca.El procedimiento se llevó a cabo sobre la carretera que conecta Popayán con Cali, donde uniformados interceptaron una camioneta que se desplazaba de manera sospechosa. Al revisar el vehículo, descubrieron que el conductor mantenía retenidas a dos personas contra su voluntad, quienes fueron identificadas como escoltas de la empresa 1A LTDA, contratista de la UNP.De acuerdo con las primeras indagaciones, los escoltas habrían sido secuestrados y despojados de una camioneta Toyota Hilux asignada al esquema de seguridad del líder campesino Camilo López, integrante del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMAC).Durante la inspección, las autoridades también confirmaron que la camioneta Honda CRV en la que se movilizaba el capturado tenía reporte de robo, y que en su interior fueron halladas dos pistolas Córdoba calibre 9 mm, 36 cartuchos, un chaleco balístico y documentos personales pertenecientes a los escoltas secuestrados.La general Susana Blanco, directora de Tránsito y Transporte de la Policía, destacó que el resultado es producto de la coordinación efectiva entre la Policía y las Fuerzas Militares, asegurando que este tipo de operativos continuarán en todas las vías del país para impedir que estructuras criminales utilicen las carreteras con fines delictivos. El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.
El exministro de Defensa y precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón aseguró en entrevista en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que su propósito para 2026 es lograr un “gran acuerdo de coalición democrática” que una a los sectores de centro y derecha del país con el objetivo de ganar en primera vuelta.“Colombia necesita un cambio rápido. Cada minuto que se pierde es más daño el que se está haciendo. Ojalá el 31 de mayo de 2026 tengamos ya un presidente electo”, afirmó Pinzón.El exministro, quien recientemente recibió el aval del partido Oxígeno, señaló que su apuesta es impulsar una consulta amplia en marzo de 2026 que reúna a “todos los sectores que creen en la democracia, la libertad y el respaldo a las Fuerzas Armadas”.Pinzón agradeció el apoyo del expresidente Álvaro Uribe, a quien reconoció por haber facilitado el contacto con el partido de Ingrid Betancourt, pero insistió en que su candidatura busca trascender los intereses individuales y agrupar a distintos sectores políticos:“Yo abogaré porque tengamos una gran consulta que recoja todos los sectores, que nos opongamos al narcocomunismo y respaldemos a nuestras fuerzas armadas. Ese es el tipo de consulta que el país necesita”.Durante la conversación, el precandidato respondió sobre la posibilidad de compartir consulta con figuras como Sergio Fajardo o Abelardo de la Espriella, señalando que estaría dispuesto a competir con quienes compartan principios democráticos y éticos.“Veo en Fajardo un hombre que cree en la democracia y la libertad, luego perfectamente podríamos competir. Con quienes sean honorables, éticos y no hayan sido cómplices de este desastre que vive el país, estoy dispuesto a trabajar”.Frente al nombre de Abelardo de la Espriella, Pinzón expresó cautela, aunque no descartó la posibilidad de diálogo:“Lo que conozco de él es poco. Habría que analizar si realmente comparte los principios de defensa de la democracia y las Fuerzas Armadas. Estoy dispuesto a mostrar generosidad y deseo de unión”.Desde la Macarena, en el Meta, el exministro destacó su experiencia en seguridad, relaciones internacionales y economía, afirmando que su campaña busca recorrer el país y reconectarse con la ciudadanía.“El país no puede sino pensar con grandeza. Hay que darle vuelta a esta página trágica que vive Colombia. Ofrecer un cambio sólido, con experiencia, y mover esto hacia adelante”, señaló.Pinzón también se refirió a la reciente consulta del Pacto Histórico, en la que Gustavo Petro y sus aliados obtuvieron cerca de 2,7 millones de votos. El precandidato consideró que el resultado deja “lecciones” y alertó sobre posibles irregularidades.“Al principio iban cerca del millón y medio, y en el último 30% aparecieron con 2,7 millones. Eso me alerta. Ojo con las posibilidades de fraude y manipulación. Nunca había habido tanta plata criminal como hoy”, advirtió.El exministro insistió en la necesidad de vigilancia ciudadana durante el proceso electoral y sostuvo que los resultados del Pacto no deben interpretarse como una mayoría nacional:“Incluso suponiendo que todos los votos son reales, eso no llega ni al 12% del electorado. Los colombianos en general quieren un cambio. Muchos que votaron por Petro ya entienden que lo que vive el país es un desastre”.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
Con trapos y pancartas amenazantes amanecieron este miércoles varios sectores de Pereira y Dosquebradas, en los que se lanzan mensajes contra directivos del Deportivo Pereira, en medio de la crisis financiera y el mal momento deportivo que atraviesa el club.En puntos como la avenida 30 de Agosto, zonas céntricas, vías cercanas al viaducto César Gaviria y frente a algunos almacenes de cadena, fueron colgados mensajes que mencionan directamente el apellido del presidente del equipo, Álvaro López.“Venta o muerte, no más López”, dice una de las pancartas, mientras que otras acusan al principal patrocinador del club y lo califican de “cómplice”.Hasta el momento, las autoridades de Pereira no han emitido un pronunciamiento oficial sobre estos hechos.El Deportivo Pereira atraviesa una profunda crisis económica que incluye el retraso en el pago de salarios a sus jugadores. Esta situación ha obligado al cuerpo técnico a afrontar los dos últimos partidos de la Liga colombiana con una nómina de futbolistas juveniles.En paralelo, el Ministerio del Deporte inició un proceso sancionatorio contra el equipo matecaña y solicitó documentación para verificar el cumplimiento de las leyes 181 de 1995 y 1445 de 2011, que facultan a la entidad a inspeccionar, vigilar y controlar a los clubes deportivos profesionales, garantizando la transparencia, sostenibilidad y respeto de los derechos laborales en el fútbol colombiano.El Ministerio busca establecer si el club ha cumplido con los pagos de salarios, seguridad social y compromisos financieros con jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo.De encontrarse irregularidades, el Deportivo Pereira podría enfrentar sanciones que, incluso, llevarían a la pérdida de su reconocimiento deportivo, lo que impediría su participación en torneos oficiales.
El Ministerio de Transporte comenzó la actualización del SICE-TAC, que es el sistema con el que se calculan los costos mínimos de operación del transporte de carga. Según lo informado por esta cartera, desde este fin de semana comenzarán a reflejarse dos variables: el aumento del salario mínimo y el de los precios de la gasolina.Desde el ministerio también aseguran que la actualización se está realizando de manera progresiva para no tener contratiempos. El 16 de enero comenzarán con la publicación de los datos referentes a los peajes y esperan que quede completamente actualizada para la próxima semana.Desde Fedetranscarga están a la espera de que todos los datos referentes al aumento de la gasolina, de los peajes y del salario mínimo queden actualizados, ya que la última actualización del SICE-TAC tiene fecha del 25 de diciembre de 2025, donde no están incluidos esos aumentos.“No hay forma de exigirle al generador de carga que pague una mayor tarifa porque la norma, hoy vigente, no ha incrementado esos valores dentro de la misma”, afirmó Arnulfo Cuervo, presidente de Fedetranscarga.Antes de finalizar el mes, el Ministerio de Transporte espera tener actualizados todos los datos fijos. Asimismo, esperan tener una reunión con los transportadores para socializar los avances del proceso, esto con el fin de terminar la fase 1 y comenzar así la fase 2, la cual incluirá un análisis integral del funcionamiento de la herramienta.
El pronunciamiento de la Corte Constitucional se dio tras revisar el caso de ‘Rosa’, de 10 años, y ‘José’, de 8, compañeros de curso en un colegio de Bogotá.Durante un recreo, el niño le dijo a la niña una frase de connotación sexual en medio de un juego. El hecho generó malestar emocional en la niña, quien dejó de asistir al colegio por varios días, mientras que ‘José’ fue cambiado temporalmente de salón.Luego de esto, las directivas autorizaron su regreso al aula y remitieron el caso a la Secretaría de Educación, al considerar que se trataba de una conducta tipo C.Los magistrados que estudiaron la tutela decidieron amparar los derechos fundamentales de ambos menores: el derecho de la niña a la educación en un entorno libre de violencias; el derecho de el niño a una educación integral; así como el interés superior del niño, su desarrollo integral y el debido proceso.Según la misma Corte, el uso de categorías sancionatorias o basadas en la culpa resulta inadecuado para niños menores de 12 años.Lo interesante de este fallo de tutela es que la Corte señaló que que ‘Rosa’ tenía derecho a ser escuchada y protegida frente al impacto emocional vivido y que ‘José’ no debía ser etiquetado como agresor sexual, pues su conducta debía analizarse a la luz de su edad y etapa de desarrollo y que el colegio, aunque actuó dentro del marco normativo, no implementó un enfoque restaurativo adecuado.
El Gobierno expresó su “profunda preocupación” por la represión y la censura en Irán, a través de un pronunciamiento hecho ante la ONU por la embajadora de Colombia, Leonor Zalabata.Durante su intervención, la diplomática cuestionó las acciones del régimen iraní en medio de la intensidad de las protestas y de la represión que, según organizaciones de derechos humanos, ha dejado miles de muertos y detenidos.“En este contexto vemos con profunda preocupación los hechos que están teniendo lugar en Irán, incluido el uso de la pena de muerte y otras formas de represión como respuesta a manifestaciones pacíficas. También nos alarma la aplicación de procesos judiciales acelerados que no garantizan el debido proceso, en abierta contradicción con las obligaciones internacionales. Nos preocupa asimismo la censura y las restricciones a la información, por lo que consideramos que el acceso seguro de la prensa internacional y la restauración de internet deben garantizarse de inmediato”, afirmó Zalabata.Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en Teherán, inicialmente por el aumento de la inflación, pero rápidamente se extendieron a otras ciudades con reclamos contra el sistema clerical que gobierna el país. Las autoridades iraníes ordenaron cortes de internet que, según organizaciones defensoras de derechos humanos, buscan ocultar la magnitud de la represión. Actualmente, las cifras de muertos y detenidos en el marco de las manifestaciones ascienden a miles.
La más reciente encuesta de AtlasIntel sobre intención de voto de cara a las elecciones presidenciales en Colombia reavivó el debate público por sus resultados y por el uso de metodologías digitales. El estudio, financiado y publicado por la revista Semana, ubica a Abelardo de la Espriella como líder con 28 %, seguido de Iván Cepeda con 26,5 % y Sergio Fajardo con 9,4 %.Ante las dudas sobre el registro de la firma en Colombia, Andrei Román, CEO de AtlasIntel, aseguró en Mañanas Blu que la empresa cumple con los requisitos legales. “Atlas está debidamente registrada frente al CNE”, afirmó, y explicó que la demora obedeció a la implementación de la nueva ley electoral y a la conformación de una comisión técnica que retrasó el trámite más de cuatro meses.Román sostuvo que, más allá de los procesos administrativos, el foco debe estar en la calidad de los resultados. Según dijo, “(la) metodología fue comprobada, funciona, eso es más importante que cualquier trámite burocrático”, y recordó que en Europa y Estados Unidos la mayoría de encuestas presidenciales ya se realizan de manera digital.Sobre el funcionamiento del muestreo, el directivo explicó que las personas son invitadas a participar mientras navegan normalmente por internet. “Cada persona puede responder solo una vez y no puede compartir el enlace con otras personas”, indicó, al tiempo que señaló que existen múltiples filtros de control para evitar distorsiones en los datos.En esa misma línea, Román negó cualquier tipo de manipulación de los resultados y afirmó que el sistema cuenta con mecanismos de verificación interna. “Tenemos varios tipos de verificación en la encuesta, no tenemos manipulación de los resultados”, enfatizó durante la entrevista.El CEO de AtlasIntel también defendió la cobertura territorial de las encuestas digitales frente a las presenciales. A su juicio, este método permite llegar a más municipios y zonas de difícil acceso, ya que las encuestas tradicionales “limitan el número de locales por cuestiones logísticas”, lo que reduce su alcance.Como respaldo a su metodología, recordó antecedentes electorales en Colombia. Román aseguró que hace cuatro años Atlas logró ser la firma más precisa, destacando sus aciertos en Cali y en la elección de gobernador de Antioquia, donde —según dijo— fue la única encuesta que anticipó correctamente al actual mandatario departamental. "No es posible garantizar que las personas no mientas, cada empresa construye su trayectoria a partir de evidencias, siempre estamos disponibles para explicar", añadió el CEO de la encuestadora.Finalmente, explicó que el costo de este tipo de estudios varía según el tamaño de la muestra y las condiciones comerciales. De acuerdo con Román, una encuesta como la recientemente publicada puede costar “entre 40 y 90 mil dólares”, dependiendo del alcance y los acuerdos con los clientes.
Diez soldados del Ejército tuvieron que ser evacuados de urgencia en las últimas horas luego de resultar heridos en un ataque con artefactos explosivos en zona rural del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó. La extracción del personal se realizó mediante una operación aérea especializada, ante las dificultades de acceso terrestre y la gravedad de las lesiones sufridas por algunos de los uniformados.Tras conocerse el ataque, se activaron los protocolos de emergencia y se dispuso de inmediato el alistamiento de aeronaves y tripulaciones para ingresar al área. La operación estuvo marcada desde el inicio por condiciones meteorológicas adversas, lo que obligó a una evaluación constante del clima hasta identificar una ventana operacional que permitiera ejecutar la misión sin comprometer la seguridad de los heridos ni del personal aéreo.La evacuación se desarrolló en horas de la noche, en un sector de alta complejidad geográfica, lo que exigió maniobras precisas y procedimientos especializados. La coordinación entre las tripulaciones aéreas y el personal médico fue clave para lograr el traslado de los soldados, algunos de ellos con lesiones que requerían atención inmediata en centros hospitalarios de mayor complejidad.Dos helicópteros UH-60 Black Hawk despegaron desde Rionegro, Antioquia, y lograron evacuar a los diez militares desde San José del Palmar. Cuatro de los heridos fueron trasladados a Medellín, mientras que los otros seis fueron llevados a la ciudad de Quibdó, donde quedaron bajo observación médica especializada.Debido a la condición crítica de uno de los soldados, se realizó posteriormente un traslado adicional en una aeronave King 350 hasta la ciudad de Bogotá. El uniformado permanece internado en el Hospital Militar, donde recibe atención médica especializada.El ataque y la posterior evacuación evidencian nuevamente los riesgos que enfrentan las tropas en zonas donde persisten acciones violentas con explosivos, así como la complejidad de las operaciones de rescate en regiones apartadas del país, donde el clima y la geografía siguen siendo factores determinantes en la atención de emergencias.
Al cumplirse un año del inicio de la Operación Catatumbo, el balance operativo deja en evidencia el impacto de la presencia permanente de las FFMM en una de las regiones más golpeadas por la violencia y el narcotráfico en el nororiente del país.Durante doce meses continuos, la ofensiva militar se concentró en debilitar a los grupos armados ilegales, reducir su capacidad criminal y disminuir los riesgos para la población civil.La operación se desarrolló con un despliegue sostenido de más de 11.200 soldados en distintos puntos del departamento de Norte de Santander, apoyados por unidades especiales, aviación, movilidad terrestre y acciones conjuntas con otras fuerzas del Estado.Esta presión constante permitió afectar estructuras armadas que disputan el control de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico, una de las principales fuentes de violencia en la región del Catatumbo.En el componente humano, las autoridades reportaron la evacuación de 3.633 personas que se encontraban en zonas de alto riesgo, entre ellas 57 firmantes del acuerdo de paz. Además, se logró la recuperación de 42 menores de edad que habían sido vinculados a grupos armados ilegales y la desmovilización de 161 integrantes de estas estructuras. A esto se suman 167 capturas de personas señaladas de participar en acciones que afectaron directamente a comunidades rurales.El resultado operacional también se refleja en la incautación de un amplio arsenal y material de guerra. Durante el año de operación fueron decomisadas 178 armas cortas y 161 armas largas, además de la neutralización de 2.514 artefactos explosivos improvisados.En total, se destruyeron o incautaron más de 3.200 kilogramos de explosivos, 392 granadas artesanales, 737 minas antipersona, 62.544 municiones y seis drones utilizados con fines criminales.Uno de los golpes más contundentes se dio contra el narcotráfico. La operación permitió afectar más de 39 toneladas de clorhidrato de cocaína, lo que representa un impacto económico superior a los 208.000 millones de pesos para las organizaciones ilegales.Según las autoridades, esta afectación redujo de manera directa los riesgos para las comunidades rurales, los corredores viales y las zonas de producción.Tras un año de ejecución, la Operación Catatumbo continúa activa en el territorio, con la intención de mantener la presión militar y evitar la recomposición de las estructuras armadas ilegales.El objetivo, según el balance oficial, sigue siendo debilitar las economías ilícitas y generar condiciones de seguridad que permitan una mayor presencia institucional en una de las regiones históricamente más complejas del país.
El Ministerio de Educación manifestó su preocupación por la persistencia de la confrontación armada entre grupos al margen de la ley en la región del Catatumbo, situación que continúa generando afectaciones sobre la población civil, en especial sobre niñas, niños, adolescentes y las comunidades educativas del territorio.De acuerdo con la cartera educativa, las alteraciones al orden público registradas en municipios como Tibú y El Tarra, en el departamento de Norte de Santander, se presentan a pocas semanas del inicio del calendario escolar 2026, lo que ha generado temor en la comunidad educativa frente a los riesgos que implica el desarrollo de actividades académicas en medio de enfrentamientos armados. Esta situación podría impactar de manera directa la garantía del derecho a la educación y su normal desarrollo.El Ministerio recordó que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes son sujetos de especial protección constitucional, así como de protección reforzada en el marco del Derecho Internacional. Según lo establecido en el Derecho Internacional Humanitario, el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra, el Protocolo II adicional y las normas consuetudinarias obligan a las partes en conflicto a proteger a la población civil frente a los efectos de las hostilidades, con énfasis en la niñez.Así mismo, el Ministerio señaló que los establecimientos educativos son bienes de carácter civil y, por tanto, no pueden ser objeto de ataques, ocupación, utilización con fines militares ni de ningún tipo de instrumentalización en el marco del conflicto armado.Desde el enfoque del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño consagra el derecho de todas las niñas y niños a la educación, lo que implica obligaciones tanto para los Estados como para los actores armados, incluso en contextos de conflicto. Adicionalmente, Colombia acoge los compromisos de la Declaración sobre Escuelas Seguras, orientados a la protección de estudiantes, docentes, directivos docentes y de las instituciones educativas como espacios de aprendizaje y cuidado.En este contexto, el Ministerio de Educación Nacional hizo un llamado a los grupos armados con presencia en el Catatumbo para que respeten la vida, la integridad y los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo a la comunidad educativa o afecten el derecho a la educación. El Gobierno Nacional reiteró que la escuela no debe ser escenario de confrontación armada.
Un año después de que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) iniciara una guerra contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC por el control del Catatumbo, que deja cerca de un centenar de muertos y más de 100.000 personas desplazadas, la crisis sigue sin solución, mientras el Ejército asegura que ha reforzado su presencia en esa zona.Así lo advirtió este viernes, 16 de enero, la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Paula Gaviria, quien señaló que la región atraviesa un "drama prolongado"."Es necesario reflexionar y actuar, cuando se cumple un año de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del Frente 33", señaló la funcionaria.Gaviria recordó en un mensaje a través de su cuenta de X que, en marzo de 2025, junto con otros relatores de la ONU, envió una comunicación al Gobierno, al ELN y a las disidencias de las FARC por la situación en el Catatumbo, y señaló que, un año después, "miles de familias siguen atrapadas entre la inseguridad y el miedo".En ese sentido, instó a "reforzar las medidas de prevención, priorizar la protección de las víctimas y brindar soluciones duraderas a la población desplazada, como acciones mínimas para atender la crisis en esta región fronteriza".Disputa territorial y por economías ilícitasEl 16 de enero de 2025, el ELN comenzó una guerra contra sus rivales del Frente 33 de las disidencias, motivada por el control territorial y de las economías ilícitas en una zona estratégica por su ubicación fronteriza con Venezuela.El Ejército, por su parte, aseguró hoy que ha desplegado más de 11.200 soldados como parte de la 'Operación Catatumbo' en "respuesta a la disputa del ELN y las disidencias por el control territorial y de las economías ilícitas, especialmente el narcotráfico".Según la institución, durante los últimos doce meses mantuvo una presencia permanente en la zona, con unidades de fuerzas especiales, aviación y despliegue rápido, lo que permitió acompañar a comunidades rurales afectadas por la violencia y ejecutar evacuaciones humanitarias en medio de los enfrentamientos.En materia de seguridad, el balance incluyó la desmovilización de 161 integrantes de organizaciones armadas ilegales y la captura de 167 personas señaladas de cometer ataques contra la población civil en esa región.El Catatumbo, formado por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es una región que, a pesar de ser rica en recursos naturales, tiene altos índices de pobreza y bajos niveles de desarrollo.En el último año, la violencia en esta región dejó más de 100.000 personas desplazadas, denunció el jueves la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés).Según esa organización, la población de esta zona de Colombia, donde viven unas 200.000 personas, vive bajo el temor constante del reclutamiento forzado, el uso de explosivos, homicidios selectivos y amenazas de muerte.
La Contraloría General lanzó una advertencia por los riesgos que rodean la implementación del nuevo modelo de producción de pasaportes, tras revisar los contratos vigentes y el Convenio de Cooperación Internacional 010 de 2025 que entraría en marcha el 1 de abril de este año.El principal problema identificado es la falta de una planeación financiera clara: no existe una proyección completa de costos por vigencia que permita saber cuánto costará realmente el servicio ni si el Fondo Rotatorio de la Cancillería cuenta con los recursos suficientes para sostenerlo. Esta ausencia de un modelo financiero integral, según el ente de control, abre la puerta a sobrecostos que terminarían afectando el patrimonio público.Otro de los puntos críticos tiene que ver con cambios estructurales en la forma de producir los pasaportes. El nuevo esquema pasa de un sistema basado en la demanda real a uno con cantidades mínimas anuales, sin que esté garantizado el suministro adicional si se requiere.Además, varios costos que antes estaban incluidos ahora quedan por fuera, como el transporte de las libretas importadas, impuestos, tasas e incluso intereses que no se cobraban en el modelo anterior. A esto se suma que los valores del servicio están fijados en euros, lo que traslada al Estado colombiano el riesgo cambiario sin que exista un estudio que evalúe cómo cubrirlo.Finalmente, la Contraloría advierte que los retrasos y la falta de definiciones claras ponen en riesgo la entrada en operación del nuevo modelo dentro de los plazos previstos. El incumplimiento de las fechas podría derivar no solo en sanciones económicas, sino también en afectaciones directas al servicio de expedición de pasaportes.Por eso, el ente de control instó a la Cancillería y a la Imprenta Nacional a revisar el esquema y tomar correctivos antes de que estos riesgos se materialicen y generen un impacto fiscal y operativo mayor
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.