Dos hombres de 50 y 63 años fueron capturados en flagrancia en zona rural de Cundinamarca luego de un intercambio de disparos con la Policía, tras ser sorprendidos cuando intentaban cometer un hurto en la vereda El Silencio.De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de que la comunidad alertara sobre una camioneta sospechosa que se desplazaba por el sector. Con la información suministrada, los policías del sector activaron un operativo de cierre de vías que permitió interceptar el vehículo en una zona rural.Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías con el fin de evadir la captura, lo que derivó en un cruce de disparos. La rápida reacción de los policías permitió reducir a los sospechosos sin que se registraran personas heridas.En la inspección del vehículo, las autoridades hallaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos, un arma traumática y procedieron a la inmovilización de la camioneta en la que se movilizaban.Los capturados, oriundos de los municipios de Yacopí y Granada, Meta, presentan un amplio historial judicial. Según los registros oficiales, ambos tienen antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.Los hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
En una tensa jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló en Mañanas Blu, sobre la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad. Calderón calificó el acto como una "canallada" y un acto de sevicia, especialmente considerando que se produjo justo cuando el DAPRE conmemora su 70 aniversario."Masacre laboral"Según el testimonio de Calderón, la decisión fue inesperada pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular en la que exhortaba a no realizar despidos, incluso mencionando que no se debía sacar a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no la sacarían, pidiéndole que no creyera en "cuentos" y que el presidente se reuniría con ellos. No obstante, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.El drama de Luz Dari Rojas y los 25 años de servicioUno de los casos más críticos mencionados en la entrevista es el de Luz Dari Rojas, una funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encuentra a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a la dignidad de alguien que entregó su vida a la entidad. "Luz Dari es el Dapre", afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones."Andar con cuchillo en Palacio" y la creación de un sindicatoLa tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección ante lo que percibían como un ambiente hostil. Al ser consultada sobre la frase "hay que andar con cuchillo en Palacio", Calderón explicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera fulminante.La barrida en el DAPRE ocurre a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, lo que deja a los afectados con un margen de maniobra nulo para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
El Tribunal Superior de Medellín ordenó a la UNP restituir el esquema de seguridad del secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, Carlos Arcila. El funcionario interpuso una tutela para que la medida fuera evaluada en segunda instancia. La Unidad Nacional de Protección deberá restituir el esquema de seguridad al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, en cumplimiento de un fallo recientemente proferido por el Tribunal Superior de Medellín.La decisión, emitida en segunda instancia, responde a una acción de tutela interpuesta por el funcionario, luego de que en junio pasado le fuera retirado el esquema de protección del que gozaba como líder social y defensor de derechos humanos, labor que ha ejercido incluso antes de asumir su cargo actual.El fallo, fechado el 15 de enero, advierte que la UNP puso en riesgo la vida de Arcila al desmontar su seguridad y ordena, además, que se le actualice el análisis de riesgo de manera inmediata.En el documento judicial se citan cifras alarmantes sobre la situación de derechos humanos: en 2025 se reportaron 27 líderes sociales y defensores asesinados en Antioquia, 187 en todo el país y al menos 40 personas amenazadas en Medellín por ejercer este tipo de actividades.Por eso responsabilizó de este complejo panorama tanto al presidente Gustavo Petro como al director de la UNP, Augusto Rodríguez.“El gobierno nacional encabezado por el presidente Petro debe fortalecer la UNP y brindar garantías de protección a todos los candidatos y a los líderes defensores de derechos humanos. Se hace responsable el señor presidente de la República y el director de la UNP, Augusto Ramírez, para que garantice la defensa de la vida”, aseguró Arcila.La sentencia señala que el deterioro de la situación en el departamento está relacionado con la intensificación del conflicto armado, derivado de la disputa entre distintos grupos ilegales por el control territorial y de rentas criminales como la extorsión, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Tras la divulgación de una extensa carta de seis páginas firmada por José Félix Lafaurie, en la que se anuncia su retiro y el de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, la candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció con firmeza sobre el futuro de la colectividad. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Valencia aseguró que, pese a las tensiones internas y las acusaciones de irregularidades en las encuestas, el partido se mantiene sólido y no se contempla una división formal. Un partido "monolítico"La senadora Valencia fue enfática al afirmar que, bajo su liderazgo y los estatutos actuales, "escisión no habrá". Según explicó, la figura de la escisión que implica separar una parte del partido para crear una nueva personería jurídica, es una decisión que debería tomarse en una convención del partido, evento que ya ocurrió recientemente sin que se propusiera ni considerara tal medida.Valencia describió al Centro Democrático como un partido "monolítico" que no se va a partir ante procesos difíciles. "La gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos", señaló, subrayando que no se aceptará el fraccionamiento de la colectividad solicitado en la misiva de Lafaurie,.Defensa de la transparencia y resultados de las encuestasUno de los puntos más críticos de la carta de Lafaurie es el cuestionamiento a la legitimidad de las encuestas que dieron como ganadora a Valencia. Ante esto, la candidata defendió la transparencia del proceso, argumentando que su crecimiento en las mediciones era evidente y coincidía con encuestas públicas de firmas como Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría.Valencia destacó que el partido cuenta con auditorías de empresas serias, incluyendo encuestadoras chilenas de alto prestigio, y defendió la rectitud del director Gabriel Vallejo,. Según la senadora, su campaña venía ganando tracción y "escucha digital", mientras que otros sectores se habrían estancado. "Creer que una encuestadora va a arriesgar su prestigio político por una precandidatura... me parece que clama al cielo", sentenció.El llamado a la unidad y la jefatura de debateA pesar de los "dardos" lanzados en la carta, Valencia manifestó su aprecio por María Fernanda Cabal y reveló que ha mantenido una comunicación fluida con José Félix Lafaurie para invitar a la senadora a asumir la jefatura de debate de su campaña. No obstante, señaló que, aunque ellos han dicho públicamente que honrarán su palabra, aún no ha recibido una respuesta concreta ni una participación activa de su parte.La candidata insistió en que el lugar de Cabal es en el partido y que espera que reconsidere su renuncia, especialmente en un momento histórico donde el uribismo busca elegir a la primera mujer presidenta de Colombia.Rechazo a las acusaciones de complotValencia también respondió a las menciones específicas en la carta sobre supuestos aliados que habrían "arreglado" la encuesta a su favor, como José Obdulio Gaviria o Nubia Estela Martínez. La senadora desestimó estas versiones, aclarando que dichas personas estaban apoyando a otros candidatos (como Juan Carlos Pinzón o Miguel Uribe) durante el proceso interno.Finalmente, hizo un llamado a enfocarse en las prioridades del país y en derrotar lo que calificó como "neo comunismo", instando a María Fernanda Cabal a mantener sus prioridades en orden frente al reto electoral que se avecina. Según Valencia, el uribismo no se está fragmentando, sino que siente un gran entusiasmo por una candidatura que promete firmeza y orden.Escuche aquí la entrevista:
En zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, tropas del Ejército destruyeron un complejo cocalero compuesto por tres laboratorios dedicados a la producción de pasta base de coca, una estructura que, según información de inteligencia, sostenía parte de las finanzas ilegales del frente ‘Luis Enrique León’ Guevara del ELN.La operación se desarrolló en la vereda La India, sector de Alto San Miguel, donde fueron ubicadas las infraestructuras clandestinas utilizadas para el procesamiento de droga. En el lugar, las autoridades hallaron 660 galones de pasta base de coca en suspensión, además de grandes cantidades de insumos químicos y combustible empleados en la producción del estupefaciente.Durante la intervención fueron incautados 385 galones de ACPM, 180 galones de gasolina, 110 galones de ácido sulfúrico y cerca de 375 kilogramos de insumos sólidos. También se inutilizaron equipos y maquinaria clave para la elaboración de la droga, dejando fuera de operación el complejo.De acuerdo con las autoridades, este centro de producción tenía una capacidad mensual cercana a los 600 kilogramos de pasta base de coca. La droga, una vez procesada, era movilizada por rutas que atravesaban territorio venezolano, con destino final en mercados de Estados Unidos y Europa.El valor de la infraestructura y del material destruido fue estimado en cerca de 295 millones de pesos, lo que representa un nuevo golpe a las economías ilegales del ELN en el Catatumbo, apenas días después de otras afectaciones millonarias registradas en la región.La zona de Alto San Miguel es considerada estratégica para el narcotráfico por su ubicación y las dificultades de acceso, condiciones que han sido aprovechadas históricamente por los grupos armados para instalar laboratorios y asegurar corredores de movilidad ilegal.
Lo que inició como un aparente reencuentro casual entre “paisanos” terminó en una pesadilla para una ciudadana oriunda de Suaita, que llegó hasta San Gil para hacer unas diligencias.Según las primeras versiones, el robo se produjo bajo la modalidad de suministro de sustancias químicas, dejando a la mujer sin sus pertenencias y con graves afectaciones de salud.La víctima, quien se encontraba realizando diligencias personales en las inmediaciones del parque principal, fue interceptada en el Centro Comercial Camino Real por un sujeto desconocido. Con una familiaridad fingida y un saludo efusivo: “Hola paisana, ¡qué milagro! Vamos a tomarnos un café”, el hombre logró acercarse lo suficiente para abrazarla.Según el relato de la afectada, fue en ese contacto físico donde el delincuente le habría aplicado una sustancia (presuntamente escopolamina o similares) que anuló de inmediato su voluntad.Bajo los efectos del narcótico, la mujer fue conducida hacia una zona estratégica del parqueadero del centro comercial, un punto donde el delincuente sabía que no había cobertura de cámaras de seguridad.De acuerdo con las autoridades, la mujer manifestó que se sentía como en un sueño, que no podía reaccionar. En ese momento el sujeto le dijo que tuviera cuidado, que estaban robando mucho, y que guardara las joyas en el bolso.Siguiendo las instrucciones del victimario en un estado de indefensión, la mujer guardó un botín avaluado en 15 millones de pesos, compuesto por cadenas, pulseras y anillos de oro. En un descuido inducido, el sujeto manipuló el bolso, sustrajo las prendas y huyó del lugar a bordo de un taxi, con la excusa de buscar algo en su vehículo.Tras el incidente, la mujer presentó un cuadro clínico de mareo, vómito, cefalea intensa y malestar general, síntomas característicos de la intoxicación por sustancias volátiles. Aunque el caso ya fue denunciado ante la Fiscalía y la Policía Nacional, aún no se reportan capturas.Este hecho ha encendido las alarmas en San Gil, pues no es el primer reporte de hurtos mediante el uso de sustancias que doblegan la conciencia.La comunidad exige mayor vigilancia en el sector comercial y resultados contundentes contra estas bandas que empañan la seguridad del municipio. Hace poco más de un año, un comerciante también fue víctima de robo con escopolamina. En esa oportunidad, el delincuente lo abordó en una cafetería cerca de la plaza de mercado central.
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.
Una operación de la fuerza pública para capturar a alias ‘Patepalo’, señalado cabecilla criminal de las disidencias de las Farc, con amplio prontuario, terminó frustrada el pasado fin de semana en zona rural de Vista Hermosa, Meta, luego de que habitantes del sector, presuntamente obligados por un grupo armado ilegal, impidieran el avance de los uniformados.De acuerdo con la información de inteligencia, los hechos ocurrieron cuando tropas se desplazaban por una vía destapada hacia un caserío donde se encontraba el objetivo. En ese momento, varios civiles salieron de sus viviendas, se concentraron sobre el camino y formaron una barrera humana para bloquear el paso de los militares, generando una situación de alta tensión en la zona.Videos muestran a hombres y mujeres ubicándose frente a la tropa, haciendo señas, gritando y grabando con teléfonos celulares. La presencia masiva de civiles obligó a frenar la operación, lo que fue aprovechado por alias ‘Patepalo’ para escapar del lugar y evadir su captura.Según las autoridades, la acción de la comunidad no fue espontánea. La población habría actuado bajo presión de la estructura criminal liderada por alias ‘Calarcá’, que mantiene control e influencia en esta región del sur del Meta, utilizando amenazas y constreñimiento para obstaculizar las operaciones del Estado.
Un intenso debate se ha desatado en el país tras la publicación de un borrador de decreto del Ministerio de las TIC que busca ampliar los servicios de las redes postales. Mientras que el sector financiero, representado por gremios como Asobancaria y Colombia Fintech, se opone firmemente a la medida, el presidente de Asopostal, Juan Andrés Carreño, asegura que es una oportunidad histórica para la inclusión financiera en la "Colombia profunda"."Este gobierno ha tenido en cuenta lo que está pasando en las poblaciones más lejanas del país. La red postal tiene 52.000 puntos en todos los municipios del país y nosotros atendemos la Colombia profunda, no lo hace el sector financiero. Mientras el sector financiero sigue cerrando puntos en la geografía nacional, nosotros venimos abriendo", indicó Carreño en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.El corazón de la disputaLa controversia gira en torno a la reglamentación de tres nuevos servicios postales de pago que se sumarían al giro tradicional: el depósito postal, la transferencia postal y el giro de pago.Juan Andrés Carreño defiende la autonomía de este modelo al precisar que "una cosa son las normas financieras y otra cosa son las normas postales", subrayando que se trata de un derecho "consagrado en un tratado internacional", cuya validez jurídica ya ha sido defendida anteriormente ante la Corte Constitucional."Ellos piensan que nosotros debemos cumplir con la regulación financiera. Nosotros decimos, no, no somos financieros, tenemos que cumplir con la regulación postal", indicó Carreño.Seguridad y riesgos¿Un peligro de lavado de activos?Uno de los argumentos más fuertes de la banca es el riesgo de administración de activos y financiación del terrorismo. Sin embargo, desde Asopostal defienden la solvencia de su regulación."Después del sector financiero, el sector postal tiene los sistemas de administración de riesgos más solventes'. Nosotros le tenemos que realizar biometría y autenticación de todas las personas que hacen una operación, tanto el que envía como el que recibe", explicó.Finalmente, Carreño arremetió contra los argumentos que vinculan el decreto con intereses electorales."Lo que se están diciendo son mentiras. Invito a que se dé el debate con verdades y desde una perspectiva técnica. Decir que es que esto se está haciendo para las elecciones es absolutamente falso", finalizó.Escuche la entrevista aquí:
Julián Silva es presidente de Asodiplo y está denunciando cientos de contratos al interior de la Cancillería: contratistas que estarían reemplazando a funcionarios con amplia experiencia en la cartera, no solo provisionales, sino también de planta.“Existe, por ejemplo, una gran proliferación de contratos y de contratistas nuevos en distintas áreas de la Cancillería. Nosotros teníamos información de alrededor de unos 100, pero no sabemos exactamente cuántos, y así se habla de otros contratos en otras áreas de la entidad: alrededor de 80 en la Dirección de Cooperación Internacional y otros 60 en la Dirección de Derechos Humanos. Entonces, a nosotros nos preocupa enormemente, primero porque no sabemos los montos de contratación”, dijo.Asodiplo también advierte sobre declaraciones de insubsistencia en consulados y embajadas, así como cambios súbitos de personal de apoyo y la eventual llegada de personas sin experiencia. Esto se agrava si se tiene en cuenta que este año esas oficinas deberán hacerse cargo de la organización del proceso para que seis millones de colombianos en el exterior puedan votar.“La información con la que se cuenta inicialmente dice que efectivamente es un criterio político. El asunto es cambiar personas que no pertenecen a una cuerda política por otras que sí lo son. Sin embargo, de nuevo, al no conocer cuáles son las convocatorias, por ejemplo, para los contratistas, ni los perfiles en su totalidad, es muy complicado entender por qué se están llevando a cabo estos cambios”, agregó.En 2026 no solo habrá elecciones, también se realizará el Mundial en tres países con alta presencia de colombianos, por lo que el trabajo de los consulados en esos puntos será clave.Consultamos a la Cancillería sobre estos movimientos y aseguran que se trata de reubicaciones permitidas por la ley y realizadas a discrecionalidad de la canciller. Sobre la contratación, señalan que el 70 % del ministerio funciona con contratos de prestación de servicios y que esto no implica ninguna irregularidad.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump está prevista para las 11:00 de la mañana del 3 de febrero. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad GeorgetownEscuche el informe completo aquí: