Dos hombres de 50 y 63 años fueron capturados en flagrancia en zona rural de Cundinamarca luego de un intercambio de disparos con la Policía, tras ser sorprendidos cuando intentaban cometer un hurto en la vereda El Silencio.De acuerdo con las autoridades, la intervención se produjo luego de que la comunidad alertara sobre una camioneta sospechosa que se desplazaba por el sector. Con la información suministrada, los policías del sector activaron un operativo de cierre de vías que permitió interceptar el vehículo en una zona rural.Durante el procedimiento, los ocupantes del vehículo dispararon contra los policías con el fin de evadir la captura, lo que derivó en un cruce de disparos. La rápida reacción de los policías permitió reducir a los sospechosos sin que se registraran personas heridas.En la inspección del vehículo, las autoridades hallaron dos revólveres calibre 38 con cartuchos percutidos, un arma traumática y procedieron a la inmovilización de la camioneta en la que se movilizaban.Los capturados, oriundos de los municipios de Yacopí y Granada, Meta, presentan un amplio historial judicial. Según los registros oficiales, ambos tienen antecedentes por hurto agravado y porte ilegal de armas de fuego, lo que evidencia su reincidencia en actividades delictivas.Los hombres y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento intramural en centro carcelario mientras avanzan las investigaciones.
En una tensa jornada de despidos en la Casa de Nariño, Carolina Calderón, quien se desempeñaba como jefe de prensa del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), habló en Mañanas Blu, sobre la desvinculación de aproximadamente 30 funcionarios de la entidad. Calderón calificó el acto como una "canallada" y un acto de sevicia, especialmente considerando que se produjo justo cuando el DAPRE conmemora su 70 aniversario."Masacre laboral"Según el testimonio de Calderón, la decisión fue inesperada pues contradice órdenes previas del presidente Gustavo Petro. El pasado 9 de enero, en un Consejo de Ministros ampliado, el mandatario habría leído una circular en la que exhortaba a no realizar despidos, incluso mencionando que no se debía sacar a personas por su ideología política o vínculos con gobiernos anteriores.La exfuncionaria relató que José Raúl Moreno, jefe de despacho, le aseguró personalmente que no la sacarían, pidiéndole que no creyera en "cuentos" y que el presidente se reuniría con ellos. No obstante, el 26 de enero a las 5:00 p.m., recibió la notificación de su insubsistencia sin motivo alguno, firmada por la directora encargada, Nora Janet Mondragón Ortiz.El drama de Luz Dari Rojas y los 25 años de servicioUno de los casos más críticos mencionados en la entrevista es el de Luz Dari Rojas, una funcionaria con 25 años de antigüedad en la institución que se encuentra a poco más de un año de pensionarse. Calderón enfatizó que Rojas padece enfermedades de base y que su despido representa un golpe a la dignidad de alguien que entregó su vida a la entidad. "Luz Dari es el Dapre", afirmó, resaltando la falta de coherencia entre el discurso gubernamental sobre derechos laborales y estas acciones."Andar con cuchillo en Palacio" y la creación de un sindicatoLa tensa atmósfera dentro de la Presidencia llevó a varios empleados a conformar un sindicato hace algunas semanas como medida de protección ante lo que percibían como un ambiente hostil. Al ser consultada sobre la frase "hay que andar con cuchillo en Palacio", Calderón explicó que se refiere a la necesidad de manejarse con extremo cuidado, pues a pesar de las promesas de estabilidad, los despidos se ejecutaron de manera fulminante.La barrida en el DAPRE ocurre a escasos días de que inicie la Ley de Garantías, lo que deja a los afectados con un margen de maniobra nulo para vincularse nuevamente al sector público. A esto se suma una situación similar en la Cancillería, donde se reportan cerca de 130 despidos adicionales.Escuche aquí la entrevista:
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
La industria cinematográfica y televisiva colombiana despidió a Salvo Basile, actor, productor y gestor cultural italiano, recordado por su participación en películas emblemáticas y su contribución al fortalecimiento del cine en el país. Basile murió luego de una dura batalla contra un cáncer de estómago, enfermedad que afectó gravemente su salud durante los últimos meses.“Estaba muy mal porque tenía un cáncer en el estómago... pasaba malos días; por eso mi mujer, que es médica, dijo: descansó de sus dolores, porque eran incorregibles”, relató el periodista y escritor Poncho Rentería, amigo cercano del actor, durante una emotiva entrevista en Mañanas Blu.Un puente entre Italia, Cartagena y el cine mundialNacido en Italia, Salvo Basile llegó a Colombia en la década de los 80, atraído por el auge cinematográfico que se gestaba en Cartagena. Su participación como coordinador en la filmación de La Misión (1986), producción dirigida por Roland Joffé y protagonizada por Robert De Niro y Jeremy Irons, marcó un punto de inflexión para el cine internacional rodado en el país.“Eso fue una odisea. Salvo era muy pilo en esa materia, sabía de logística, de relaciones, y se ganó la confianza de todos los grandes del cine”, recordó Rentería, al referirse a la forma en que Basile logró conectar a Colombia con las élites cinematográficas europeas y norteamericanas.En una época aún marcada por la violencia, el narcotráfico y la desconfianza internacional hacia el país, Basile fue una figura clave para mostrar una cara distinta: la cultural, la cinematográfica y la humana. “Fue un vehemente defensor del cine italiano, porque le gustaba más que el de Hollywood”, añadió su amigo.Una vida dedicada al arte y a la solidaridadAdemás de su trabajo en cine, Salvo Basile incursionó en la televisión colombiana, actuando en producciones recordadas como Calamar, donde interpretó al herrero del pueblo. Su carisma y acento italiano lo convirtieron en un personaje querido por las audiencias nacionales.Sin embargo, su labor no se limitó al arte. En los últimos años, Basile impulsó una fundación en Cartagena dedicada a apoyar a niños de escasos recursos. Llevaba alimentos, juguetes y materiales escolares a comunidades necesitadas, labor que realizó con la misma pasión que le ponía al cine.“Su última novia fue su fundación, porque vivía pendiente de esos niños de un barrio pobre de Cartagena. Siempre me pedía: ‘Pochito, levánteme cien kilos de arroz que no tengo para la semana’”, relató Rentería con afecto.A pesar de las dificultades económicas, Basile mantuvo viva la fundación hasta sus últimos días. “Se murió tristón, porque no le estaban llegando las ayudas; eso le dolía más que la enfermedad”, agregó el periodista.Un legado que trasciende fronterasSalvo Basile no solo participó en grandes producciones internacionales, sino que también fue una figura que unió culturas. Su trabajo fue fundamental para abrir las puertas del cine colombiano al mundo y para vincular Cartagena con los festivales y rodajes internacionales.Durante más de tres décadas, vivió en Colombia, país que adoptó como suyo y al que dedicó buena parte de su carrera artística. Sus amigos lo describen como un hombre apasionado, generoso y de enorme sentido del humor. “Fuimos entrañables. Treinta años de amistad, mucho cariño y respeto”, concluyó Rentería al recordarlo.
Un ataque armado tras un partido de fútbol el pasado domingo, 25 de enero, dejó 11 muertos y 12 heridos en el estado mexicano de Guanajuato, ubicado en un corredor industrial del centro del país azotado por la violencia ligada al crimen organizado.Hombres armados irrumpieron tras el partido y dispararon contra los asistentes que se encontraban en un campo de fútbol barrial, en la ciudad de Salamanca, de 160.000 habitantes, informó el alcalde César Prieto.El funcionario lanzó un llamado al gobierno de Claudia Sheinbaum para que le ayude a "recuperar la paz" en su localidad."Se confirmó el fallecimiento de 11 personas, de las cuales 10 perdieron la vida en el lugar y una más mientras recibía atención médica en un centro hospitalario", dijo el municipio en un comunicado."Asimismo, 12 personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego y se encuentran recibiendo atención médica", añadió, señalando que entre los heridos hay una mujer y un menor.Las autoridades municipales señalaron que fuerzas de seguridad desplegaron un operativo para dar con los responsables.Esta ciudad, donde opera una importante refinería de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), vivió un convulso fin de semana con el hallazgo la noche del sábado de cuatro bolsas con restos humanos.El alcalde de Salamanca atribuyó esta ola violenta a la presencia de diversos grupos de la delincuencia organizada.En Guanajuato operan principalmente el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más poderosos de México."El día de ayer tuvimos cinco personas asesinadas en la comunidad de Cuatro de Altamira, una más en San Vicente de Flores", dijo el funcionario en un video difundido en sus redes sociales.El alcalde sostuvo que la semana pasada hubo "una amenaza de un artefacto explosivo" en una puerta de la refinería de Pemex.Prieto llamó a Sheinbaum y a la gobernadora del estado, Libia Denisse García, para que ayuden a "recuperar la paz, la tranquilidad y la seguridad"."Estamos pasando por un momento grave, una grave descomposición social. Hay grupos criminales tratando de someter a la autoridad, cosa que no van a lograr", añadió.Guanajuato, un importante enclave industrial con plantas de ensamblaje de automotrices internacionales y numerosos atractivos turísticos, es uno de los estados más violentos de México debido a la presencia de grupos del crimen organizado, que se disputan la distribución de drogas al menudeo y el robo a ductos de combustible, según analistas.A inicios de año, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presumió que la tasa de homicidios en México cayó en 2025 a su menor nivel en una década, como resultado de su estrategia de seguridad.
Mediante una carta publicada en la mañana de este lunes, el expresidente y director del Partido Liberal, César Gaviria, le hizo varias recomendaciones al presidente Gustavo Petro de cara al encuentro bilateral que sostendrá con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, el próximo martes 3 de febrero en la ciudad de Washington.“Usted representará a la nación en su conjunto en su reunión con el presidente Trump, y tiene claro que en la actual coyuntura no se trata de desarrollar una narrativa ideológica ni una competencia o confrontación personal con él. Más bien se trata de dejar atrás esa actitud que generó hondas diferencias con la política exterior del presidente Trump en una época en la cual sus distancias con los Estados Unidos y su política eran deliberadamente antinorteamericanas”, sostiene Gaviria.El documento subraya la necesidad urgente de restaurar la confianza bilateral y abandonar posturas ideológicas o retóricas que han debilitado la alianza histórica con Estados Unidos.En el ámbito económico, la misiva cuestiona la validez de los argumentos de Petro sobre el déficit comercial con China, señalando que tales afirmaciones carecen de fundamento técnico y son contraproducentes. Gaviria subraya que Estados Unidos sigue siendo el mayor socio comercial de Colombia, con un intercambio cercano a los 36.700 millones de dólares, y advierte que plantear a China como una alternativa estratégica es un error que socava la voluntad de mejorar la relación con la administración estadounidense. Asimismo, insta a que la política exterior sea pragmática y no se base en discursos ideológicos que alejen al país de sus verdaderos intereses, como ha ocurrido con las tensiones generadas respecto a Israel.“Debemos garantizar la tesis de que Colombia no está girando en la órbita de los rivales geopolíticos de EE. UU. La diversificación comercial es deseable, pero no puede construirse sobre discursos de un origen ideológico que nos alejan de nuestros verdaderos intereses, como tantas veces ocurrió a lo largo de su gobierno, invitando a países a romper sus relaciones con Israel y no encontrando ni siquiera una respuesta favorable a sus demandas, y que eso no le haya dado el mínimo beneficio a Colombia”, agrega el exmandatario.Respecto a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, el documento alerta sobre el máximo histórico de 263.000 hectáreas de cultivos de coca y la duplicación de la productividad por hectárea. Gaviria critica la caída en la tasa de incautación y la disminución del 93 % en la erradicación manual, hechos que han deteriorado la cooperación en inteligencia y equipo militar con Washington. Ante esta situación, el expresidente hace un llamado directo a abandonar la política de paz total, por considerarla incompatible con los intereses nacionales y responsable de permitir que bandas criminales llenen vacíos territoriales.“Llegó la hora de que usted tome la decisión de abandonar esa política de paz total por ser totalmente incompatible con los intereses nacionales y por la escasez de resultados. La reunión en la Casa Blanca debe servir para presentar una estrategia integral, verificable y cooperativa contra el narcotráfico, reconociendo que el apoyo estadounidense ha sido históricamente esencial para enfrentar este fenómeno y es el área donde hay un mayor potencial de cooperación”, se puede leer en la carta.Finalmente, Gaviria hace una advertencia sobre la situación con Venezuela, instando al presidente Petro a subordinar lo ideológico a la reconstrucción de la relación con Estados Unidos y a la seguridad nacional. Gaviria denuncia que el gobierno de Maduro es cómplice de grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las Farc, y critica la “solidaridad e identificación” que el gobierno colombiano ha mostrado hacia dicho régimen. El texto concluye exhortando a adoptar una postura pragmática que apoye la visión de una “Venezuela libre y democrática”, basando la diplomacia en el respeto, las certezas y los resultados reales.
El Tribunal Superior de Medellín ordenó a la UNP restituir el esquema de seguridad del secretario de Paz y Derechos Humanos de la ciudad, Carlos Arcila. El funcionario interpuso una tutela para que la medida fuera evaluada en segunda instancia. La Unidad Nacional de Protección deberá restituir el esquema de seguridad al secretario de Paz y Derechos Humanos de Medellín, Carlos Alberto Arcila, en cumplimiento de un fallo recientemente proferido por el Tribunal Superior de Medellín.La decisión, emitida en segunda instancia, responde a una acción de tutela interpuesta por el funcionario, luego de que en junio pasado le fuera retirado el esquema de protección del que gozaba como líder social y defensor de derechos humanos, labor que ha ejercido incluso antes de asumir su cargo actual.El fallo, fechado el 15 de enero, advierte que la UNP puso en riesgo la vida de Arcila al desmontar su seguridad y ordena, además, que se le actualice el análisis de riesgo de manera inmediata.En el documento judicial se citan cifras alarmantes sobre la situación de derechos humanos: en 2025 se reportaron 27 líderes sociales y defensores asesinados en Antioquia, 187 en todo el país y al menos 40 personas amenazadas en Medellín por ejercer este tipo de actividades.Por eso responsabilizó de este complejo panorama tanto al presidente Gustavo Petro como al director de la UNP, Augusto Rodríguez.“El gobierno nacional encabezado por el presidente Petro debe fortalecer la UNP y brindar garantías de protección a todos los candidatos y a los líderes defensores de derechos humanos. Se hace responsable el señor presidente de la República y el director de la UNP, Augusto Ramírez, para que garantice la defensa de la vida”, aseguró Arcila.La sentencia señala que el deterioro de la situación en el departamento está relacionado con la intensificación del conflicto armado, derivado de la disputa entre distintos grupos ilegales por el control territorial y de rentas criminales como la extorsión, los cultivos ilícitos y la minería ilegal.
Tras la divulgación de una extensa carta de seis páginas firmada por José Félix Lafaurie, en la que se anuncia su retiro y el de su esposa, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, la candidata presidencial Paloma Valencia se pronunció con firmeza sobre el futuro de la colectividad. Durante una entrevista en Mañanas Blu, Valencia aseguró que, pese a las tensiones internas y las acusaciones de irregularidades en las encuestas, el partido se mantiene sólido y no se contempla una división formal. Un partido "monolítico"La senadora Valencia fue enfática al afirmar que, bajo su liderazgo y los estatutos actuales, "escisión no habrá". Según explicó, la figura de la escisión que implica separar una parte del partido para crear una nueva personería jurídica, es una decisión que debería tomarse en una convención del partido, evento que ya ocurrió recientemente sin que se propusiera ni considerara tal medida.Valencia describió al Centro Democrático como un partido "monolítico" que no se va a partir ante procesos difíciles. "La gracia de los partidos es que alguien pueda ganar y alguien pueda perder y se mantengan unidos", señaló, subrayando que no se aceptará el fraccionamiento de la colectividad solicitado en la misiva de Lafaurie,.Defensa de la transparencia y resultados de las encuestasUno de los puntos más críticos de la carta de Lafaurie es el cuestionamiento a la legitimidad de las encuestas que dieron como ganadora a Valencia. Ante esto, la candidata defendió la transparencia del proceso, argumentando que su crecimiento en las mediciones era evidente y coincidía con encuestas públicas de firmas como Guarumo y el Centro Nacional de Consultoría.Valencia destacó que el partido cuenta con auditorías de empresas serias, incluyendo encuestadoras chilenas de alto prestigio, y defendió la rectitud del director Gabriel Vallejo,. Según la senadora, su campaña venía ganando tracción y "escucha digital", mientras que otros sectores se habrían estancado. "Creer que una encuestadora va a arriesgar su prestigio político por una precandidatura... me parece que clama al cielo", sentenció.El llamado a la unidad y la jefatura de debateA pesar de los "dardos" lanzados en la carta, Valencia manifestó su aprecio por María Fernanda Cabal y reveló que ha mantenido una comunicación fluida con José Félix Lafaurie para invitar a la senadora a asumir la jefatura de debate de su campaña. No obstante, señaló que, aunque ellos han dicho públicamente que honrarán su palabra, aún no ha recibido una respuesta concreta ni una participación activa de su parte.La candidata insistió en que el lugar de Cabal es en el partido y que espera que reconsidere su renuncia, especialmente en un momento histórico donde el uribismo busca elegir a la primera mujer presidenta de Colombia.Rechazo a las acusaciones de complotValencia también respondió a las menciones específicas en la carta sobre supuestos aliados que habrían "arreglado" la encuesta a su favor, como José Obdulio Gaviria o Nubia Estela Martínez. La senadora desestimó estas versiones, aclarando que dichas personas estaban apoyando a otros candidatos (como Juan Carlos Pinzón o Miguel Uribe) durante el proceso interno.Finalmente, hizo un llamado a enfocarse en las prioridades del país y en derrotar lo que calificó como "neo comunismo", instando a María Fernanda Cabal a mantener sus prioridades en orden frente al reto electoral que se avecina. Según Valencia, el uribismo no se está fragmentando, sino que siente un gran entusiasmo por una candidatura que promete firmeza y orden.Escuche aquí la entrevista:
El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, aseguró que se filtró una carta privada relacionada con la eventual salida de María Fernanda Cabal del Centro Democrático, un hecho que —según afirmó— terminó acelerando y tensionando una crisis interna que venía gestándose desde hace varios meses dentro del partido liderado por el expresidente Álvaro Uribe.En entrevista con Recap Blu, Lafaurie aclaró que ni él ni Cabal han anunciado formalmente una renuncia, pero reconoció que el ambiente interno dejó de ofrecer garantías políticas.“No estamos diciendo que estemos renunciando. Lo que estamos diciendo es que no tenemos espacio y que María Fernanda pretende crear un nuevo partido de derecha. Por eso le estamos diciendo al partido que este proceso no nos deja satisfechos”, explicó.El dirigente sostuvo que la inconformidad fue manifestada de manera reiterada al Centro Democrático mediante derechos de petición presentados entre diciembre y enero, los cuales —según él— no recibieron respuestas claras. "Lo mínimo que merecemos es que nos cuenten qué fue lo que pasó ahí, porque no nos los han contado. Y si definitivamente no cabemos en el partido, preferimos irnos”, agregó.La polémica tomó mayor fuerza luego de que se conociera públicamente una carta que, de acuerdo con Lafaurie, era privada y estaba dirigida únicamente a Gabriel Vallejo.“Se filtró una carta que no sé quién la filtra. Nosotros no la filtramos ni teníamos ningún interés en hacerlo. Estábamos esperando sentarnos con el partido para aclarar un tema que evidentemente no está claro”, afirmó.Lafaurie indicó que el documento recoge una serie de hechos y conversaciones sostenidas con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con la dirigencia del partido, en las que —según dijo— se advertía la presencia de terceros interesados en decisiones que no se ajustaban a criterios de transparencia.El distanciamiento, según relató, se profundizó tras la definición de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático. “Desde que anunciaron a Paloma no hemos tenido más contacto con el presidente Uribe. He hablado casi que permanentemente con Gabriel Vallejo, siempre en términos cordiales, pero seguimos sin respuestas claras”, señaló.Uno de los puntos centrales de la inconformidad gira en torno al mecanismo de elección de la candidatura presidencial. Lafaurie cuestionó los resultados de las encuestas presentadas por el partido y sostuvo que, al contrastarlos con el comportamiento del denominado “colegio electoral”, se evidencian inconsistencias.
A pocos días de que entre en vigencia la ley de garantías, en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) han sido declarados insubsistentes más de 20 funcionarios.Se trata de funcionarios en condición de prepensionados, madres cabeza de familia y personas sindicalizadas, quienes anunciaron que emprenderán acciones legales. Todos fueron notificados de su insubsistencia por la subdirectora del Dapre, Letty Leal. Entre los casos se encuentra el de Luz Dary Cruz, quien durante 25 años fue la jefe de Recursos Humanos de la Presidencia y estaba encargada, entre otras funciones, de la gestión de hojas de vida. También estaba próxima a pensionarse.Algunas de las personas desvinculadas pertenecían al equipo de la exdirectora Angie Rodríguez, mientras que otras, como el caso de Cruz, eran funcionarios de larga trayectoria en la entidad.Estas decisiones se producen pese a que el pasado 9 de enero se emitió una circular externa dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, en la que se ordenaba abstenerse de realizar despidos en este periodo.“Por instrucción del señor Presidente se exhorta a las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional a actuar con especial prudencia, consideración y responsabilidad en la gestión del talento humano, previo al inicio del periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, previsto para el 31 de enero de 2026, evitando la adopción de decisiones generalizadas o masivas de desvinculación de personal, especialmente aquellas que no se encuentren debidamente sustentadas en causas objetivas, necesidades reales del servicio o en procedimientos legalmente establecidos”, señala el documento.Desde la Presidencia de la República se explicó que estas decisiones obedecen a que los funcionarios declarados insubsistentes ocupaban cargos de libre nombramiento y remoción, y que, por tanto, con la llegada de una nueva administración quedan a disposición del director o directora en turno, en este caso la recientemente designada Nhora Mondragón.
Alias ‘Calarcá’, cabecilla de una facción de las disidencias, se refirió al enfrentamiento armado ocurrido en zona rural de El Retorno, Guaviare, y negó que los hechos correspondan a una masacre o a ejecuciones.En una entrevista con el medio Noticaguán, alias ‘Calarcá’ aseguró que lo sucedido el pasado 16 de enero, en El Retorno, Guaviare, fue “un combate normal”.Según su versión, el enfrentamiento se dio dentro de un contexto de tensiones previas y operaciones militares desarrolladas en la región, que, afirmó, se venían intensificando desde finales de 2025, luego de bombardeos del Ejército en el sur del país.“Lo que sucedió allá es un combate, un combate normal, un combate que se iba a dar en noviembre cuando el ejército bombardeó”, señaló el jefe disidente, al tiempo que cuestionó las versiones que, según él, buscan “desvirtuar la realidad” de lo ocurrido en terreno.En su relato, aseguró que las tropas bajo su mando avanzaban por la zona cuando fueron ubicadas por las disidencias de ‘Mordisco’, lo que derivó en un intercambio armado que no habría durado más de 20 minutos.‘Calarcá’ afirmó que durante el enfrentamiento se utilizó un dron de reconocimiento, el cual cayó cerca del lugar donde se encontraban las tropas rivales, y sostuvo que sus hombres contaban con registros que demostrarían que se trató de una confrontación armada y no de ejecuciones.“Ellos nos ubicaron a nosotros, los muchachos de nosotros enviaron un dron. El dron cayó, se cayó al pie de un corral donde estaban ellos aquí́”, aseguró.Además, al referirse a la posibilidad de nuevos combates, ‘Calarcá’ subrayó que su estructura mantendrá presencia en la región. “Pero en la región sí vamos a estar, en el área sí vamos a estar y se lo dijimos, llegamos para no irnos”, afirmó.
Por segunda vez en este 2026, un juez de Bogotá le está llamando la atención al presidente Gustavo Petro por no cumplir órdenes judiciales relacionadas con retractaciones por sus declaraciones.Se trata del juez 24 del circuito de Bogotá, quien por segunda vez abrió un incidente de desacato contra el mandatario y este lunes lo volvió a requerir porque no ha cumplido la orden de rectificar y eliminar 16 mensajes contra el exgerente Coosalud, Jaime Miguel González.Este caso se remonta a las declaraciones que, en alocuciones y en publicaciones en redes sociales, ha hecho Petro contra González, donde lo ha señalado de ser un “bandido” que convirtió a la EPS en una de las peores prestadoras de salud del país.Los mensajes del mandatario señalan a González Montaño de casi triplicar la deuda de la EPS en casi un año (en 2024 alcanzó 2.600 millones de pesos) lo que a juicio del presidente significa que “se robaron la plata”.Gustavo Petro también responsabilizó a la junta directiva de Coosalud EPS de permitir toda una serie de irregularidades que, según él, pasaban por el direccionamiento de recursos públicos hacia una empresa fantasma en el exterior y autorizar préstamos personales a González Montaño por más de $220.000 millones.En su cuenta de X, Petro anotó que “la investigación completa y su traslado a la fiscalía la realizó el actual superintendente de salud Giovani Rubiano”.Y aunque la defensa del mandatario colombiano pidió anular el proceso y/o la reconsideración de la orden, tanto el Tribunal Administrativo de Cundinamarca como el juzgado de primera instancia rechazaron estos planteamientos al determinar que no existían causales de nulidad y reiterando que el incidente de desacato no es para modificar el contenido de una sentencia, sino para garantizar su cumplimiento efectivo.Ahora, el presidente tiene un nuevo plazo de 48 horas para para informar qué acciones ha hecho para cumplir dicha orden de retractación o si retiró sus publicaciones contra González.
Ecuador subió de tres a treinta dólares la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), uno de sus dos grandes oleoductos, en medio de la inusitada guerra comercial en la que están inmersos ambos países, según confirmó este lunes la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano.La nueva tarifa entró en vigencia el viernes, en "reciprocidad" a la decisión de Colombia de suspender la venta de energía, después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30 % a las importaciones colombianas por una supuesta falta de apoyo de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.Manzano había dicho inicialmente que la tarifa que se modificaría era la correspondiente al transporte de crudo colombiano por el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), el otro más grande del país.Sin embargo, este lunes indicó en una entrevista con radio Sucesos que la medida se aplicará al crudo que pasa por el Sote, que pertenece a Ecopetrol, la principal empresa de petróleo del país vecino. Por el OCP, en cambio, pasa crudo de empresas privadas colombianas.La ministra indicó que Ecuador le está dando "un servicio importantísimo" a Ecopetrol al transportar el petróleo por el Sote, manejado por la empresa pública Petroecuador, para que pueda llegar desde el sur de Colombia hasta la costa del Pacífico para ser exportado.La guerra comercial entre ambos países la inició Noboa el pasado miércoles, cuando anunció que Ecuador impondría desde el 1 de febrero una "tasa de seguridad" del 30 % a los productos colombianos, ante la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" por parte del vecino país en el combate al tráfico de drogas.El mandatario indicó que la medida se mantendría "hasta que exista un compromiso real" por parte de Colombia "para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera".En respuesta, el Gobierno colombiano señaló que aplicaría un gravamen del 30 % a la importación de veinte productos que lleguen desde Ecuador y también suspendió la venta de energía.El viernes, la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, indicó que habían recibido una propuesta de Colombia para reunirse el 25 de febrero y tratar la imposición de aranceles, pero que desde el Gobierno ecuatoriano plantearon que la cita se realice esta semana, aunque aún no se ha anunciado públicamente cuándo se dará.En 2024, el comercio no petrolero con Colombia dejó un saldo desfavorable para Ecuador de 919 millones de dólares, en donde las importaciones tuvieron mayor preponderancia que las exportaciones, al alcanzar los 1.756 millones, de acuerdo a datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores. De enero a noviembre de 2025 el saldo fue de 852 millones.
Colombia conmemora el 40 aniversario de la toma guerrillera del Palacio de Justicia con las heridas aún abiertas y un debate sobre la responsabilidad del M-19 y de la fuerza pública en ese episodio sangriento que terminó con 94 muertos, entre ellos once magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, y un número por establecer de desaparecidos.El 6 de noviembre de 1985, minutos antes del mediodía, 35 guerrilleros del M-19 se tomaron el Palacio de Justicia para exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz de 1984 y hacer un juicio al presidente Belisario Betancur (1982-1986), lo que desató una batalla en pleno centro de Bogotá que se prolongó por 28 horas al cabo de las cuales el interior del edificio, consumido durante la noche por un incendio, quedó reducido a cenizas."El 6 y el 7 de noviembre de 1985, Colombia renunció a la palabra y dejó que las armas, en su feroz e irracional intercambio, reemplazaran el Estado de derecho y los valores ciudadanos esenciales", señaló el informe publicado en 2010 por la Comisión de la Verdad, creada para investigar esa tragedia que marcó la historia política colombiana.El día de la toma, la Sala Constitucional de la Corte Suprema iba a debatir el tratado de extradición con Estados Unidos, razón por la cual el magistrado ponente, Manuel Gaona Cruz, había recibido amenazas de muerte de los narcotraficantes y hay testimonios que indican que la acción del M-19 fue financiada por Pablo Escobar.Cuarenta años después, el país homenajeará a las víctimas del Palacio de Justicia, cuya sede, reconstruida años después, lleva el nombre de Alfonso Reyes Echandía, el presidente de la Corte Suprema asesinado en la toma y cuyo clamor "Que cese el fuego", en las primeras horas del sangriento ataque, no fue atendido por quienes debían escucharlo, pero aún resuena en la memoria colectiva.Polémica políticaLa conmemoración ha estado marcada por la polémica sobre los relatos de lo sucedido, en la cual ha intervenido incluso el presidente Gustavo Petro, quien hizo parte del M-19 y tiene su visión particular de la operación, cuestionada por familiares de las víctimas que consideran que esa guerrilla, que firmó la paz con el Gobierno en 1990, es responsable directa de la tragedia."Desde el día uno hubo una manipulación de la información o incluso una censura a la información, y después, pasado el tiempo, ha habido abuso en la memoria de los dos actores que empuñaron las armas", dijo en una entrevista Helena Urán Bidegain, cuyo padre, Carlos Horacio Urán, magistrado auxiliar del Consejo de Estado, salió vivo del palacio, fue desaparecido por agentes del Estado y apareció asesinado al día siguiente.Urán Bidegain respondió así a unas afirmaciones de Petro, quien dijo en X que "el magistrado Urán era amigo de (Andrés) Almarales", uno de los jefes guerrilleros en la toma del Palacio de Justicia.Petro se pronunció luego de que el jurista y académico Mauricio Gaona recordara que su padre, el magistrado Gaona Cruz, fue asesinado por el M-19, aunque haya relatos que quieren "borrar" ese crimen."El asesinato de Manuel Gaona Cruz a manos del M-19 fue un crimen de lesa humanidad. Hoy, lo quieren justificar y borrar", escribió en X Gaona, mientras Petro insiste en otra versión, basada en relatos de supuestos testigos que dicen que Almarales dejó salir a los civiles que tenían retenidos, argumento que en su momento fue rechazado por la Comisión de la Verdad por considerarlo "completamente infundado y contrario a las pruebas directas".Búsqueda de la verdadLos actos conmemorativos incluyen la apertura este miércoles de la instalación artística 'Sintiendo la memoria' en la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá, y el jueves por la noche, en la fachada de la sede judicial, se hará la proyección de mapping 'El Palacio cobra vida', un gesto de esperanza y memoria.El homenaje central será el viernes 7 cuando el Poder Judicial en pleno, distanciado de Petro, celebrará un acto solemne en memoria de las víctimas y para reclamar una verdad completa."No se ha contado la verdad histórica y se ha querido deformar la historia de lo ocurrido. La toma del Palacio no fue una acción genial, sino una acción demencial, un acto terrorista, según lo calificaron varias sentencias del Consejo de Estado", señaló ayer el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez.
Habitantes de un sector de Cundinamarca viven momentos de angustia, luego de que la corriente del río Blanco del municipio de Gutiérrez arrastrara a una niña de 11 años de edad el pasado lunes.Según declaraciones de los familiares, la familia viajó al lugar para pasar unos días de descanso. Sin embargo, la creciente del afluente sorprendió a las dos menores que se encontraban en el agua.Una niña de 8 años de edad logró salir con vida gracias a que llevaba un flotador, pero la menor de 11 años, lamentablemente fue arrastrada metros más abajo y hasta el momento no ha sido localizada.Por medio de un comunicado, la Gobernación de Cundinamarca informó que este miércoles autoridades del municipio, en articulación con la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca (UAEGRD) y organismos de socorro, continúan las labores de búsqueda para hallar a la niña desaparecida.Actualmente, bomberos voluntarios de Ubaque se encuentran en el sitio adelantando las labores de rastreo sobre el cauce del río, con apoyo de unidades de la Policía de reacción de Cáqueza.Buzos se suman a la búsqueda de menor de edad desaparecidaPara la búsqueda, la administración ha implementado drones para el monitoreo aéreo río abajo. Asimismo, la UAEGRD gestionó un apoyo adicional a Polnasar y el cuerpo de Bomberos de Sopó, para que buzos especializados intervengan en la gestión.Lo anterior, debido a la presencia de dos pozos de considerable profundidad dentro del afluente, los cuales no han podido ser inspeccionados con los equipos disponibles en la zona.La comunidad también se encuentra colaborando con las autoridades en puntos estratégicos para tratar de hallar a la menor de 11 años de edad.
La Defensoría del Pueblo advirtió que la mayoría de estos crímenes estarían relacionados con el conflicto armado, lo que refleja un grave deterioro en la protección de los derechos de las mujeres en la región.La entidad recordó que las víctimas estaban amparadas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y reiteró que, según los diez mínimos humanitarios establecidos para Arauca, “el cuerpo de la mujer no es territorio de guerra”.La Defensoría instó a las autoridades competentes a aplicar las recomendaciones de la Alerta Temprana 014 de 2025, en la que se advierte sobre los riesgos específicos que enfrentan las mujeres por el conflicto y las violencias basadas en género, incluyendo la instrumentalización física y emocional.Asimismo, pidió la adopción inmediata de medidas que permitan prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres.Finalmente, la Defensoría hizo un llamado a los grupos armados para que respeten la vida y la libertad de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, y puedan construir un futuro libre de violencia.
El Hangar Rincón Quiñones, ubicado en el Cantón Norte de Bogotá, podría perder su reconocimiento como bien de interés cultural, pese a su estrecha relación con uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985.La museóloga y experta en patrimonio Diana Pérez, quien impulsó el proceso de declaratoria ante el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), advirtió que el Comando de Ingenieros del Ejército ha manifestado su oposición, argumentando que en el terreno se proyecta la construcción de un nuevo edificio militar.“El hangar fue declarado patrimonio con apoyo del IDPC y el Consejo Distrital de Patrimonio Cultural decidió de forma unánime protegerlo. Sin embargo, el Comando de Ingenieros no está de acuerdo, porque en ese lugar quieren levantar un proyecto inmobiliario moderno”, según lo explicado por Pérez.Un lugar clave en la historia militar y del conflictoEl Hangar Rincón Quiñones fue parte del antiguo Batallón Rincón Quiñones, unidad adscrita a la escuela motorizada del Ejército, encargada de operar los vehículos mecanizados que participaron en la retoma del Palacio de Justicia.“El hangar era el abrigo de los tanques de guerra; de allí salieron hacia el Palacio y allí regresaron cuando terminó la operación”, detalló la museóloga.Este espacio militar, construido hace 85 años, fue nombrado en honor al general Ramón Arturo Rincón Quiñones, asesinado en la década de 1970. Con el paso del tiempo, el batallón fue retirado del área urbana, pero la estructura —hecha en duroaluminio— permanece dentro del Cantón Norte como un símbolo de memoria histórica.Pérez aseguró que se planea trasladar el hangar a La Guajira, o "chatarrizarlo", pero insiste en que se puede construir a su alrededor sin la necesidad de tumbarlo porque, de ser trasladado, no podría sobrevivir a las condiciones climáticas de La Guajira.Un patrimonio convertido en parqueaderoActualmente, el hangar no recibe el trato que corresponde a su valor patrimonial. Según Pérez, el espacio funciona como un parqueadero para vehículos y motocicletas de funcionarios del Cantón Norte, pese a su potencial como sitio de memoria y espacio educativo.“No es que esté abandonado, pero no tiene el uso que le corresponde. Podría ser un centro de memoria, un museo para veteranos o un lugar de archivo histórico del Ejército”, señaló.La experta agregó que el inmueble podría integrarse arquitectónicamente con nuevas construcciones sin necesidad de derrumbarlo: “En muchos lugares del mundo se conservan las estructuras patrimoniales y se diseñan edificios modernos a su alrededor. Aquí también podría hacerse”.Entre la memoria y el olvidoEl Hangar Rincón Quiñones no solo tiene un valor arquitectónico e institucional, sino también un profundo significado para las víctimas del conflicto. Según testimonios documentados por la Comisión de la Verdad, en ese espacio habrían estado personas retenidas durante la retoma del Palacio de Justicia.“El hangar guarda memoria para las víctimas, pero también para la institución militar. Sería lamentable que se derribe, porque con él se derrumbaría también una parte de la historia y la credibilidad del sistema patrimonial del distrito”, advirtió Pérez.“Aquí están en juego muchas cosas además de la memoria. Si tumban la declaratoria, se tumba también la confianza en las instituciones encargadas de proteger nuestro patrimonio”, concluyó Pérez.Escuche la entrevista completa aquí:
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por la persistente inestabilidad en la dirección de la Unidad para las Víctimas y en varias de sus dependencias, una situación que, según advirtió, ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales fundamentales para la política pública de víctimas en el país.El pronunciamiento se da tras la reciente declaratoria de insubsistencia del director general de la entidad, Adith Romero, ocurrida el pasado viernes 23 de enero, en medio de denuncias por presuntas irregularidades en procesos de contratación durante su gestión.De acuerdo con la entidad, entre 2022 y 2026, la Presidencia de la República ha designado, tanto en propiedad como en encargo, a cinco personas distintas en la Dirección General de la Unidad, “situación que ha afectado la continuidad institucional y el avance de procesos estructurales de la política pública de víctimas”, aseguran en el comunicado.A esta situación se suma la preocupación por los hechos que han venido siendo reportados por distintos medios de comunicación sobre posibles actos de corrupción al interior de la entidad.En ese sentido, el organismo de control exhortó al Gobierno a dar respuestas claras y oportunas frente a los cuestionamientos existentes por presuntos hechos de corrupción, al considerar que la estabilidad y la transparencia en la coordinación de los procesos a cargo de la Unidad para las Víctimas y del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral son condiciones indispensables para cumplir con los derechos de las víctimas.La Defensoría recordó que el universo de víctimas en Colombia representa aproximadamente el 20 % de la población del país, muchas de ellas priorizadas en el CONPES de Soluciones Duraderas y en la reglamentación de la Ley 2421 de 2024.
El acceso a la formación de alto nivel en Colombia tendrá un nuevo esquema luego de la salida de Colfuturo. El Gobierno nacional anunció la aprobación del Conpes 4182, documento que fija la continuidad del Programa Nacional de Becas de Maestrías y Doctorados y que reemplaza a este modelo que durante años operó.Con esta decisión, el Estado asume directamente la financiación y administración de las becas, las cuales dejarán de estar asociadas a créditos educativos. El Conpes contempla una inversión cercana a los 370.000 millones de pesos mediante vigencias futuras entre 2026 y 2030, recursos con los que se financiarán dos cohortes y se beneficiará a cerca de 900 personas.El documento establece que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación será el responsable de dirigir y ejecutar los recursos, eliminando esquemas de intermediación y centralizando la política de formación avanzada dentro del Estado.Las becas estarán dirigidas principalmente a profesionales de los estratos 1, 2 y 3. Además, el Conpes fija criterios de distribución que incluyen que al menos el 60 % de los cupos sea asignado a mujeres y contempla la participación de comunidades indígenas y de población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera.En materia institucional, la política dispone que el 72 % de los cupos se desarrollará en instituciones de educación superior del país y que el 60 % de los recursos será destinado a universidades públicas.El Conpes también define una asignación territorial obligatoria. Al menos el 30 % de los recursos, equivalentes a más de 110.000 millones de pesos, se destinará a regiones con rezagos estructurales como el Pacífico, la Amazonía y los Llanos.Finalmente, los recursos se orientarán a programas en áreas estratégicas como inteligencia artificial, transición energética, bioeconomía y ciencias y tecnologías cuánticas, en línea con las prioridades definidas en las Misiones de País.
Entre los temas coyunturales y de más alto interés para el Gobierno del presidente Gustavo Petro está la emergencia económica que ha ocupado los titulares en las últimas semanas, pero también está la reforma pensional que desde que fue demandada ante la Corte Constitucional en julio del 2024 ha atravesado un sinfín de traspiés.El último incoveniente lo conoció Blu Radio en primicia. La Presidencia de la República recusó al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, y pide apartarlo de la discusión de la reforma pensional. Lo anterior, al considerar que Ibáñez prejuzgó públicamente sobre la reforma que está bajo estudio del alto tribunal durante una entrevista que concedió a un medio de comunicación. La Sala Plena deberá definir si admite o no la recusación.El escrito firmado por el secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Ocampo, señala que el magistrado Ibáñez afirmó que la ley de pensiones tenía un vicio de trámite subsanable que “no se subsanó”, cuando el proceso aún se encuentra en estudio por parte del alto tribunal esto en medio de una entrevista que el togado concedió a un medio de comunicación.A juicio del Gobierno, el pronunciamiento del magistrado anticipa un elemento central de la decisión y compromete la apariencia de imparcialidad judicial.La Presidencia también advierte que el caso se da en un contexto institucional sensible, pues la Corte debe adoptar en las próximas semanas una decisión definitiva sobre la reforma, luego de que el trámite quedara empatado y se acudiera a un conjuez.Está por definirse allí en el alto tribunal el futuro de una de las reformas bandera para el Gobierno del presidente Petro, que, sin duda, ha marcado el pulso entre esa Corte y el Ejecutivo.
La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo relató a Blu Radio que, en lo corrido del año 2026, se han registrado 10 fallecimientos por fiebre amarilla, todos correspondientes a población flotante proveniente de otros departamentos del país, quienes ingresaron al territorio sin contar con el esquema de vacunación requerido.De acuerdo con el reporte oficial, las personas fallecidas procedían de Bogotá, Fusagasugá y Girardot (Cundinamarca), Tarazá (Antioquia), Cúcuta (Norte de Santander) y Ventaquemada (Boyacá).Aunque los decesos ocurrieron en sus lugares de origen, los casos quedaron registrados en el histórico epidemiológico del Tolima, al haberse adquirido el contagio dentro del departamento.Situación epidemiológica actualDesde el inicio del brote de fiebre amarilla, el Tolima registra:*139 casos confirmados* 57 fallecimientos acumulados* 15 casos en 2026* 10 muertes en lo que va del año*Cobertura de vacunación del 63 %*Letalidad superior al 66 % en población proveniente de otros departamentosRengifo manifestó su preocupación por el alto número de casos asociados a personas no vacunadas:“En lo que llevamos del brote hablamos de 139 casos confirmados y 57 muertes. Solo en 2026 se han presentado 15 casos, de los cuales 10 terminaron en fallecimiento. Lo más preocupante es que más del 60 % de los casos corresponde a personas procedentes de otros departamentos, con una letalidad superior al 66 %”, señaló la funcionaria.Articulación interinstitucionalLa Secretaría de Salud del Tolima confirmó que este jueves se realizará una reunión interdepartamental con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca, el objetivo es fortalecer las estrategias de control, vigilancia epidemiológica y vacunación obligatoria en corredores turísticos y zonas de riesgo.Agregó que el principal factor de riesgo continúa siendo el ingreso de población flotante sin vacunación previa."Estamos articulando acciones con las secretarías de Salud de Bogotá y Cundinamarca para garantizar que quienes ingresen al Tolima lo hagan vacunados. La fiebre amarilla sigue activa y el riesgo es real”.Municipios en alertaSe mantiene alerta en los municipios de, Icononzo, Cunday, y Carmen de Apicalá en el oriente del departamento, Ataco, y Chaparral en el sur. Las autoridades reiteran que el turismo continúa habilitado, siempre y cuando las personas cuenten con el esquema de vacunación completo contra la fiebre amarilla.La Secretaría de Salud insistió en que todas las muertes registradas eran prevenibles y reiteró el llamado a la vacunación oportuna.“La vacuna es gratuita, está disponible y salva vidas. La falta de conciencia sigue costando vidas humanas”, puntualizó la secretaria.Actualmente, el departamento cuenta con jornadas permanentes de vacunación en zonas urbanas y rurales, con personal disponible las 24 horas.
A México, Estados Unidos y África fueron exportadas en los primeros 26 días del mes de enero 10.000 toneladas de aceite crudo de palma producidas en 25.000 nuevas hectáreas, que muchas de ellas fueron utilizadas para los cultivos ilícitos en zona rural de Tumaco, siendo esta una cifra récord para el puerto Marítimo de Tumaco.El gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, Arley Silva, dijo a Blu radio que este resultado contrasta de manera significativa con la dinámica histórica del puerto, donde tradicionalmente se atendía un buque de aceite de palma cada dos meses. "La operación registrada en enero no solo marca un récord operativo, sino que confirma las condiciones técnicas, logísticas y humanas del Puerto de Tumaco para consolidarse como una alternativa real y competitiva para el comercio exterior del país", precisó Silva.Silva dijo que este es un hecho sin precedentes para la logística del Pacífico nariñense, ya que el puerto pasó de atender un buque bimestral a operar cuatro embarcaciones de gran calado en enero de 2026."La carga de aceite de palma, producida en 25.000 nuevas hectáreas de cultivos en la región, tiene garantizada su comercialización en los mercados de México, Estados Unidos y África, y así vamos a demostrar que este puerto marítimo es competitivo y, por eso, pedimos la ayuda de los empresarios de la región para que puedan exportar todas sus mercancías a través del puerto de Tumaco", aseguró Silva.La operación fue realizada con mano de obra 100% tumaqueña, lo que demuestra la capacidad técnica y operativa de la terminal marítima.El Puerto de Tumaco vive un momento sin precedentes en sus más de 60 años de historia, porque, durante los primeros 26 días del mes de enero, la Sociedad Portuaria Regional Tumaco – Pacific Port atendió la exportación de cuatro buques-barcazas de gran calado cargados con aceite crudo de palma, lo que representa cerca de 10.000 toneladas exportadas en un solo mes, una cifra histórica para el terminal portuario del Pacífico colombiano.Las exportaciones de aceite crudo de palma realizadas desde Tumaco tuvieron como destino los mercados de México, Estados Unidos y África, lo que aumenta considerablemente el alcance internacional de un producto que es cultivado y producido en la región. Actualmente, el municipio de Tumaco cuenta con cerca de 25.000 nuevas hectáreas sembradas de palma, que fortalece la capacidad productiva y genera nuevas oportunidades económicas para el territorio.Este crecimiento ha tenido un impacto directo en la generación de empleo y en el fortalecimiento de la confianza empresarial.La dinámica portuaria ha permitido aumentar la planta de personal, tanto directa como indirecta, priorizando la contratación de mano de obra local en el puerto. Hoy, la operación logística está liderada mayoritariamente por trabajadores tumaqueños, consolidando un modelo de desarrollo con enfoque regional.Una operación 100% seguraSilva, gerente de Operaciones de la Sociedad Portuaria de Tumaco, destacó la magnitud del logro:"Llevo 14 años manejando las operaciones de este puerto y lo que vivimos fue un verdadero hito. Se trató de una operación limpia, segura y confiable. Atendimos dos embarcaciones de manera simultánea, con todos los protocolos de seguridad, y demostramos el potencial humano y técnico que tiene el puerto”.Silva explicó que, aunque los riesgos operativos eran latentes por la magnitud de la maniobra, la coordinación entre pilotos, personal operativo, gerencia y autoridades, permitió ejecutar una operación exitosa, sin incidentes.“Más que medirnos, nos mostramos. Le mostramos al país que el Puerto de Tumaco tiene la capacidad para atender operaciones de gran escala y convertirse en un puerto estratégico para el Pacífico colombiano”, afirmó.Respaldo InstitucionalSilva manifestó que el éxito de esta operación logística también se atribuye al acompañamiento del Gobierno Nacional, que ha volcado sus ojos al Pacífico nariñense para potenciar su infraestructura.“Agradecemos al Gobierno Nacional por el esfuerzo para que Tumaco y el Pacífico salgan adelante. Este respaldo nos permite mostrar que tenemos el potencial, los trabajadores y los empresarios para que la dinámica portuaria sea un éxito total en la región”, agregó Silva.Con el aumento de la planta de personal y la confianza de los mercados internacionales, el Puerto de Tumaco inicia el 2026 enviando un mensaje claro: está listo para ser un protagonista de primer nivel en el comercio exterior de Colombia.
Se acerca la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, como parte de una estrategia de recomponer la tensa relación que hay entre los jefes de Estados actuales. Para AmCham, la Cámara de Comercio Colombo Americana, no es un encuentro para tomar decisiones, sino una reunión para tomar puntos de interés en común de ambos gobiernos.Sin embargo, para el sector empresarial colombiano, es importante que prime la relación comercial sobre las contraposiciones políticas, ya que de terminar mal esta reunión las posibilidades consecuencias, según AmCham, puede ser una confrontación constante entre ambos mandatarios, injerencia con aranceles, reducción en cooperación, entre otras.“Y en ese sentido, si se vuelve a retomar una confrontación, el trabajo que seguimos haciendo es de mantener esas divisiones entre lo comercial y lo político. Porque lo comercial es el cimiento de las relaciones, es el ancla de la relación con Estados Unidos. Hoy en día estamos viendo la importancia de la relación para el bolsillo de los colombianos y al mismo tiempo tiene una injerencia también en el relacionamiento con Estados Unidos. Y en ese sentido para los estadounidenses también termina siendo interesante e importante la relación con Colombia”, concluyó María Claudia Lacouture, presidente de AmCham.Entretanto, los puntos de conversación que podrían estar presente en la conversación son: Seguridad en aspectos de tráfico de droga y crimen transnacionalMigraciónLa situación de Venezuela y la operación de fronterasRelación con China y su infraestructuraComercio exterior e inversión en los paísesPor su parte, dentro de la conclusiones que pueda tener la reunión está la permanencia de los canales de conversación diplomáticos, ser vamos con los cinco temas de interés común y hacer seguimiento real de las determinaciones de las reuniones.