La Defensoría del Pueblo destacó el Auto 002 de 2026 proferido por la Corte Constitucional, mediante el cual se exige a las autoridades nacionales y territoriales dar cuenta de las acciones adoptadas para atender los riesgos advertidos en la Alerta Temprana 017 de 2025, emitida para el municipio de Tibú.Según recordó la Defensoría, dicha alerta temprana advirtió con antelación la configuración de graves escenarios de riesgo para la población civil, derivados, por un lado, del incremento de la confrontación armada entre el ELN y el frente 33 de las disidencias de las Farc, y por otro, de la consolidación del control territorial ejercido por el ELN, a través de la imposición de normas de conducta, restricciones a la movilidad y control de la vida comunitaria.La entidad señaló que estos riesgos se materializaron entre diciembre de 2025 y enero de 2026, periodo en el que se registró un recrudecimiento de la violencia armada y una profundización de la crisis humanitaria en el Catatumbo.Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo alertó el 31 de diciembre de 2025 al Ministerio del Interior que los riesgos señalados en la Alerta Temprana 017 de 2025 se estaban presentando en el territorio, y reiteró la urgencia de implementar el plan de acción recomendado para mitigar las amenazas contra la población civil.“Estas afectaciones fueron constatadas de manera directa por la Defensoría del Pueblo durante la misión humanitaria realizada entre el 6 y el 8 de enero del 2026 en el Catatumbo, en conjunto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica, en calidad de Comisión Humanitaria”, indicó la entidad.En ese contexto, la Defensoría resaltó el Auto como un respaldo judicial a las advertencias realizadas y explicó que, mediante esta providencia, la Corte Constitucional requirió al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra, para que informen sobre las medidas adoptadas para proteger a la población y garantizar sus derechos fundamentales.Finalmente, la Defensoría del Pueblo instó al Gobierno nacional a cumplir de manera estricta lo ordenado por la Corte y exhortó a las autoridades nacionales y territoriales a implementar de forma inmediata las recomendaciones contenidas en la Alerta Temprana de Inminencia 017 de 2025, con el fin de prevenir nuevas vulneraciones a los derechos de las comunidades del Catatumbo.
Iván Cepeda anunció que, si el Consejo Nacional Electoral (CNE) niega su inscripción como precandidato en la consulta del Frente por la Vida, interpondrá una acción de tutela. “Llamo a la ciudadanía y a los movimientos sociales a defender nuestra candidatura y los derechos políticos. Convoco a una movilización jurídica y política y, si se anula mi participación, acudiré a la tutela”, dijo desde Cúcuta durante un evento de campaña.La consulta del Pacto Amplio, que ahora se denomina Frente por la Vida a petición del exministro Juan Fernando Cristo (quien aún evalúa si se suma), está conformada por cuatro precandidatos: Camilo Romero, Iván Cepeda, Roy Barreras y Daniel Quintero. Sobre este último persiste un lío jurídico, luego de que la Registraduría rechazara su inscripción. Ante la falta de alternativas legales, se ha planteado que su esposa, Diana Osorio, asuma la candidatura con el respaldo del Partido del Trabajo.En este escenario, queda abierta la puerta para una eventual participación de Juan Fernando Cristo y también suena el nombre de Luis Gilberto Murillo. El exministro del Interior aseguró, a través de su cuenta de X, que las conversaciones avanzan positivamente y que será en la III Asamblea Nacional de En Marcha, prevista para el viernes 30 de enero, cuando informe a los delegados sobre los avances y la decisión que adopte. El plazo para definir su participación vence el próximo 6 de febrero.Cepeda también se pronunció en redes sociales, donde señaló que en esta consulta participarán “para profundizar la democracia y defender la vida, la equidad, la paz, la justicia social y la soberanía nacional”.
Las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre Nicolás Maduro al manifestar que el venezolano está secuestrado en Estados Unidos desde el 3 de enero, generaron críticas y rechazo de diferentes ámbitos políticos. Para la exvicepresidenta y excanciller Marta Lucía Ramírez, el mandatario colombiano no solo incurrió en una grave torpeza diplomática, sino que además optó por ponerse “del lado del convicto” en referencia al líder venezolano, investigado por la justicia estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico.En entrevista con Recap Blu, Ramírez cuestionó con dureza el momento y el contenido de las afirmaciones de Petro, justo cuando se acerca una reunión clave con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca. A su juicio, el jefe de Estado colombiano estaría buscando quedar bien con Maduro, aun a costa de deteriorar la relación con Washington y de “hacer quedar muy mal a Colombia” en el escenario internacional.“Maduro es un convicto, una persona con procesos abiertos por narcotráfico y conspiración. Y el presidente de Colombia decide ponerse de su lado, no del lado de la justicia”, afirmó la exfuncionaria.Ramírez también aseguró que existen “secretos inconfesables” entre Petro y Maduro, los cuales, según ella, podrían estar relacionados con la financiación de la campaña presidencial. En ese contexto, interpretó las declaraciones del mandatario como un intento de “cuidarse la espalda” frente al régimen venezolano, especialmente ante la posibilidad de que surjan revelaciones ante la justicia norteamericana.La exvicepresidenta también alertó sobre el riesgo de una nueva crisis diplomática, similar a la vivida en enero de 2025, cuando Colombia devolvió aviones con deportados desde Estados Unidos. Según Ramírez, estas provocaciones podrían incluso llevar a la cancelación de la reunión bilateral prevista, pese a que —en su concepto— el propio Petro habría solicitado el encuentro por preocupación sobre su futuro político después de dejar el poder en 2026."Sí creo que podrían eventualmente en Estados Unidos decidir cancelar esa reunión bilateral, que me parece que además la buscó fue el presidente Gustavo Petro, fue él el que pidió una llamada con el presidente Trump", concluyó.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Un cargamento de aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína fue incautado en la mañana de este lunes en aguas del Caribe colombiano, a más de 60 millas náuticas al norte de Santa Marta, durante una operación conjunta de la Armada y la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La droga era transportada en un buque mercante que había zarpado desde Cartagena y tenía como destino final el puerto de Algeciras, en España. La operación se extendió por más de 18 horas y se activó tras información de inteligencia que alertó sobre la posible contaminación del navío.Para garantizar la seguridad de la tripulación, las autoridades desplegaron un dispositivo de seguimiento aéreo mientras una Unidad de Reacción Rápida de Guardacostas abordó la embarcación. Durante la inspección, fue ubicado un contenedor en cuyo interior se hallaron 81 bultos con la sustancia ilícita, presuntamente perteneciente a una organización de crimen transnacional.El cargamento fue trasladado al muelle de Guardacostas de Santa Marta, donde unidades antinarcóticos de la Policía Nacional realizaron la prueba preliminar que confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína. De acuerdo con las autoridades, la droga tendría un valor cercano a los 200 millones de dólares en el mercado ilegal europeo.Esta incautación se convierte en la más grande reportada en los primeros días de 2026 en el Caribe colombiano y representa un nuevo golpe a las rutas marítimas del narcotráfico que utilizan buques mercantes para camuflar grandes cargamentos con destino internacional.
Bogotá, el epicentro económico y social de Colombia, se encuentra en una encrucijada estadística y social. Durante el año 2025, la ciudad logró un avance significativo en materia de orden público: 9 de los 11 indicadores de delitos de alto impacto reportaron una tendencia a la baja. Sin embargo, en las calles de localidades como Chapinero, Kennedy o Suba, el sentimiento de vulnerabilidad persiste. Esta desconexión entre los datos oficiales y la vivencia diaria es el núcleo del debate actual sobre la seguridad urbana.Como bien señala el exconcejal Nelson Cubides, el éxito de una política de seguridad no puede limitarse a gráficos de barras. “La seguridad no se mide solo en estadísticas; se mide en la tranquilidad de la gente cuando sale de su casa y regresa sana y salva”, afirma Cubides, subrayando que la paz mental del ciudadano es el verdadero indicador de éxito.El déficit crítico de pie de fuerzaUno de los obstáculos más persistentes para la administración distrital es la cantidad de uniformados disponibles. Actualmente, Bogotá cuenta con 16.153 policías, una cifra que, aunque parece robusta, es insuficiente para una metrópoli que supera los 8 millones de habitantes. Según los estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una ciudad debería contar con al menos 300 efectivos por cada 100.000 habitantes.Bajo esta premisa, Bogotá enfrenta un déficit superior al 32 %. Esta carencia limita la capacidad de reacción inmediata y la vigilancia preventiva en puntos calientes de la ciudad. “No es razonable exigir mejores resultados cuando seguimos operando con un déficit histórico de pie de fuerza”, advierte Nelson Cubides. Para el excabildante, el crecimiento demográfico y la expansión urbana de la capital no han sido compensados con un fortalecimiento proporcional de la institución policial.Antecedentes y contexto: La sombra de los homicidiosLa preocupación no es infundada. El año 2024 dejó una herida abierta en la ciudad al registrar 1.204 homicidios, la cifra más alta en los últimos ocho años. Si bien el 2025 mostró señales de recuperación y control, el problema se percibe como algo estructural que requiere más que paños de agua tibia.Para Cubides, este no es un tema de tintes políticos, sino una prioridad de supervivencia urbana. “Más policías no es una postura ideológica, es una necesidad urgente para proteger la vida y la libertad de los ciudadanos”, sostiene, haciendo un llamado a que la seguridad sea tratada como una política de Estado que trascienda los periodos gubernamentales.La tecnología como multiplicador de fuerzaAnte la dificultad de cerrar la brecha de personal de forma inmediata, la ciudad ha volcado sus esfuerzos hacia la transformación digital de la vigilancia. La integración del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C4) ha sido fundamental. La estrategia actual no solo contempla la expansión de cámaras de videovigilancia, sino la implementación de:Análisis de video con IA: Para identificar comportamientos sospechosos automáticamente.Geolocalización avanzada: Para optimizar las rutas de patrullaje.Sistemas privados conectados: La integración de cámaras de establecimientos comerciales y conjuntos residenciales al sistema central.Modernización de la Línea 123: Inclusión de videollamadas en tiempo real y el "chat silencioso" para situaciones de riesgo extremo.Hacia una estrategia integralEl futuro de la capital colombiana depende de una fórmula que combine la presencia física con la precisión del dato. La prevención, más que la reacción, debe ser el norte de las autoridades. Cubides concluye que la eficiencia del gasto público es determinante: “Cada peso invertido en seguridad debe traducirse en más presencia en la calle y en sistemas que anticipen el delito, no solo que reaccionen cuando ya ocurrió”.Bogotá se encuentra en un momento decisivo. La meta es clara: transitar de una ciudad que sobrevive al miedo a una que prospera en la confianza, apoyada en una política pública que fusione la fuerza humana, la tecnología de punta y la colaboración ciudadana activa.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, celebró este lunes la liberación de presos en Venezuela y dio las gracias al Gobierno de Delcy Rodríguez por "acceder a este importante gesto humanitario", un mensaje que llega el mismo día en que Caracas aseguró haber excarcelado a 808 personas en los últimos meses."Me complace informar que Venezuela está liberando a sus presos políticos a un ritmo acelerado, y se prevé que este ritmo aumente en las próximas semanas", escribió Trump en su red social Truth Social, donde añadió que quiere "dar las gracias a los líderes de Venezuela por acceder a este importante gesto humanitario!.El texto del presidente estadounidense se publica horas después de que el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo este lunes que 808 personas han sido excarceladas desde "antes de diciembre".Las liberaciones de personas encarceladas en Venezuela se ha acelerado desde la operación estadounidense que capturó al presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.El Gobierno Trump decidió que una Administración liderada por la exvicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, estará al frente del país para la llamada fase de "estabilización" que está gestionando EE.UU..Trump ha agradecido en varias ocasiones las excarcelaciones y ha alabado el trabajo de la presidenta encargada y su Gabinete, al que advirtió con lanzar un ataque similar a la que detuvo a Maduro si no se "portaba bien".Distintos grupos de derechos humanos han denunciado que la liberación de presos en Venezuela está siendo muy inferior a la que publicita el Gobierno que, por boca del propio Cabello, negó hoy que existan presos políticos en el país.
El Gobierno de Estados Unidos informó a la Cancillería que el presidente ya cuenta nuevamente con el documento que le había sido revocado en septiembre de 2025.La canciller Rosa Villavicencio acudió en la tarde de este lunes a la Casa de Nariño para comunicarle al mandatario que su documento fue reactivado de manera especial por el Gobierno norteamericano, luego de haber sido suspendido en septiembre del año pasado. La reunión se extendió por cerca de una hora y media y estuvo enfocada en afinar los detalles de la próxima visita diplomática.El presidente recibió una visa de carácter temporal, cuya vigencia corresponde exclusivamente al tiempo de permanencia de la persona en territorio estadounidense. Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.Está previsto que el jefe de Estado viaje este domingo primero de febrero a Washington, donde sostendrá una reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca. El encuentro está programado para las 11:00 de la mañana. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad Georgetown. La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Visita de Petro a Trump debe iniciar "recomposición gradual" de la relación bilateralColombia y Estados Unidos deben iniciar una "recomposición gradual" de su relación a partir de la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump, el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, tras un año de turbulencias, afirmó este lunes la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham), María Claudia Lacouture.Según Lacouture, no se trata de hacer un "reinicio automático" sino de entrar "en un proceso de recomposición gradual, marcado por resultados verificables, decisiones transaccionales y una dinámica internacional sin manual previo"."Definitivamente la reunión del 3 de febrero es un punto importante en la relación entre Colombia y Estados Unidos teniendo en cuenta las tensiones previas y constantes confrontaciones, pero también hay que ser claros, esta reunión no cambia la dinámica en el sentido que se da un proceso gradual de configuración, de trabajo conjunto (...) para poder ir haciendo ese proceso de recomposición", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá.
Al menos 30 funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) fueron declarados insubsistentes por decisión de Nhora Yhanet Mondragón, recientemente nombrada como directora administrativa de la entidad. Las resoluciones ya fueron publicadas por el DAPRE, y entre los afectados figura Luz Dary Cruz, quien ejercía como jefa de Recursos Humanos desde hace 25 años y estaba próxima a pensionarse.La decisión ha generado controversia, ya que Cruz contaba con fuero de estabilidad laboral reforzada según la Ley 909 de 2004, que protege a los servidores públicos a tres años o menos de obtener su pensión. Esta norma obliga a las entidades a reubicar a estos trabajadores en lugar de desvincularlos, especialmente durante procesos de reestructuración o provisión de cargos. La Corte Suprema de Justicia amplió recientemente este derecho a los empleados del sector privado en condiciones similares.Fuentes cercanas al proceso señalaron que entre los funcionarios retirados hay madres cabeza de hogar, empleados sindicalizados, personas con incapacidad médica, conductores, camareros e incluso la jefa de prensa del DAPRE, Yuri Calderón. Algunos de los destituidos habrían sido identificados como simpatizantes del proyecto político del presidente Gustavo Petro, aunque presuntamente no estaban participando activamente en labores de apoyo a la campaña.Las decisiones se habrían tomado bajo la orientación de Letty Leal, actual subdirectora del DAPRE, y José Raúl Moreno, jefe de despacho del presidente. Los movimientos administrativos coinciden con una intensa contratación estatal a pocos días de la entrada en vigor de la Ley de Garantías, periodo en el que se restringen nuevas vinculaciones y cambios de personal.En las últimas semanas, se habrían vinculado a la Presidencia al menos 20 nuevos funcionarios con salarios que igualan o superan los 16 millones de pesos. Mientras tanto, varias fuentes señalan que se preparan acciones legales contra las resoluciones de insubsistencia, especialmente en el caso de servidores con derechos laborales protegidos.El episodio recuerda los recientes despidos masivos en la Cancillería, donde más de 130 funcionarios de carrera, entre ellos el experimentado diplomático Julio Aníbal Riaño, embajador en Turquía desde 1974, fueron removidos de sus cargos. En su lugar, el Gobierno designó a Yennifer Edilma Parra, una funcionaria sin trayectoria diplomática previa.Cabe recordar que el pasado 9 de enero de 2026, el Gobierno emitió una circular dirigida a ministros y directores de departamentos administrativos, prohibiendo expresamente la realización de despidos durante este periodo.
Durante la presentación del informe 'Los impactos de la violencia en la situación de derechos humanos en Colombia', el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para el país, José Luis Caballero, lanzó una de las radiografías más severas sobre la realidad colombiana: el país es el más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo.“Colombia es el país más desigual de las Américas y uno de los más desiguales del mundo, donde la acumulación de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales han perpetuado la exclusión de grupos históricamente marginados”, aseguró el presidente.Según la Comisión, la extrema concentración de recursos en un sector reducido de la población y las brechas estructurales históricas han perpetuado la exclusión de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras y campesinas, así como de mujeres, niñas, niños y adolescentes, y víctimas del desplazamiento forzado.El informe advierte que una de las particularidades de la desigualdad en Colombia es que las acciones del Estado no logran modificar de manera significativa la distribución del ingreso.“Los bajos niveles de recaudación y la distribución del gasto tienen como contrapartida una limitada inversión social, lo que impacta directamente en la garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población”, subrayó.El informe también cuestiona que la respuesta estatal haya priorizado durante años la persecución militar y judicial de los grupos armados, sin una presencia integral y sostenida del Estado en los territorios.“Esta ausencia prolongada del Estado en diversas regiones del país permitió la consolidación de economías ilícitas y estructuras criminales que ejercen control sobre la cotidianidad de las comunidades”, señaló.Según la CIDH, uno de los efectos más graves de este escenario es la violencia sistemática contra personas defensoras de derechos humanos, liderazgos sociales, comunitarios y periodistas.“Los ataques en contra de estas personas revelan un patrón sostenido que incluye homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y otras violaciones. Todas estos procesos van degradando a nivel local el Estado de Derecho, la institucionalidad democrática”, aseguró.El informe también señala la responsabilidad del Estado en la perpetuación de este orden violento, especialmente a través de políticas de seguridad asociadas a la “guerra contra las drogas”."Con el objeto de contrarrestar el narcotráfico y las economías ilegales, las políticas de seguridad del Estado, impulsadas por el Plan Colombia, se concentraron en la represión militar y las aspersiones con glifosato. Esta estrategia derivó en la relación de la fuerza pública con grupos paramilitares, masacres, los “falsos positivos”, entre otras acciones que impactaron de manera desproporcionada a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, agravando la pobreza y los desplazamientos forzados”, agregó.Frente a este panorama, la CIDH advierte en que si bien el acuerdo de paz abrió una oportunidad histórica para transformar estas raíces, “los avances muestran un progreso desigual, marcado por demoras significativas en componentes clave como la Reforma Rural Integral, el Capítulo Étnico y el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito”.
El anuncio de Ecuador de incrementar en más del 900 % la tarifa de transporte de crudo por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) encendió las alarmas en el sector petrolero colombiano, especialmente en el sur del país, donde una parte clave de la producción depende de esta infraestructura para acceder a mercados internacionales. La medida, que elevaría el costo de transporte de cerca de 2,7 dólares por barril a aproximadamente 30 dólares, tendría un fuerte impacto económico y logístico para Colombia.El uso del SOTE se convirtió en una alternativa estratégica luego de la suspensión del Oleoducto Transandino (OTA), en el tramo Orito–Tumaco, en octubre de 2023. Las constantes interferencias ilícitas y pérdidas operativas, estimadas en cerca del 27 % del crudo transportado, hicieron inviable su operación, elevando el costo de transporte hasta unos 12 dólares por barril. Ante este escenario, los productores optaron por redireccionar las exportaciones a través de Ecuador, donde el SOTE ofrecía costos considerablemente más bajos y mayor estabilidad operativa.Sin embargo, el nuevo esquema tarifario anunciado por Ecuador, sumado a la decisión de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, cambia de forma drástica el panorama. Según el documento técnico, el incremento de 27,3 dólares por barril generaría un sobrecosto diario cercano a los 531.000 dólares, lo que equivaldría a unos 194 millones de dólares anuales, suponiendo que se mantenga el flujo actual de exportación.El impacto es especialmente sensible para la producción de la cuenca Caguán–Putumayo, que en 2025 exportó en promedio 19.452 barriles diarios a través del SOTE. Campos como Cohembi, Costayaco, Caribe, Orito y Moqueta concentran buena parte de este volumen, con una producción conjunta superior a los 22.000 barriles diarios. Este crudo pertenece tanto a Ecopetrol como a compañías privadas como Gran Tierra Energy, Parex Resources y Geopark, que hoy dependen de la infraestructura ecuatoriana para evacuar su producción.Frente a este escenario, los operadores evalúan rutas alternativas, entre ellas la exportación por el terminal de Coveñas, utilizando transporte terrestre como opción contingente. Aunque esta alternativa implica mayores retos logísticos, sería más competitiva que asumir el sobrecosto derivado del uso del SOTE bajo las nuevas tarifas.Expertos coinciden en que Colombia debe activar de manera prioritaria los canales diplomáticos y técnicos con Ecuador para revisar las condiciones de transporte y buscar una solución concertada que devuelva previsibilidad al comercio de crudo. De forma paralela, el país enfrenta el reto de reducir su dependencia de infraestructura externa y avanzar en soluciones estructurales, como la eventual reactivación o construcción del oleoducto Orito–Tumaco, que permitiría fortalecer la autonomía logística del sector petrolero en el sur del país.
Tras varios meses de seguimiento, investigadores de la Sijín y el CTI de la Fiscalía, a través de una orden judicial, hicieron efectiva la captura de alias ‘Fresa’, señalado de ser el presunto autor material del asesinato de padre e hijo, hechos ocurridos en abril de 2025 en zona rural del municipio de La Plata, en el occidente del Huila.De acuerdo con el material probatorio de las autoridades judiciales, alias ‘Fresa’, acompañado de otras personas, llegó hasta la vereda El Retiro de esa localidad y, con arma de fuego, disparó contra la humanidad de Álvaro Cantillo Cerquera, de 62 años, y su hijo Jesús Javier Cantillo, de 29 años de edad, quienes fallecieron en el lugar de los hechos.“Las labores investigativas continúan con el objetivo de identificar, judicializar y capturar a otros posibles responsables, tanto materiales como intelectuales, de este hecho criminal. Para ello, se mantiene el análisis riguroso de nuevas evidencias que permitan establecer plenamente los móviles y la participación de otras personas en este hecho”, dijo el teniente coronel Andrés Felipe Ávila, comandante operativo de la Policía del Huila.De acuerdo con las autoridades, el capturado, alias ‘Fresa’, registra en el sistema SPOA de la Fiscalía anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de hurto, lesiones personales y tráfico de estupefacientes.Alias ‘Fresa’ fue imputado por los delitos de hurto y homicidio y, luego de las audiencias de legalización de captura, un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en centro carcelario.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, hizo su intervención en la plenaria del Senado en la cual se discutía la emergencia económica decretada por el Gobierno. Todos los ministros fueron citados, pero Ávila hizo la explicación más extensa del gabinete y, en principio, dijo que la declaratoria de la emergencia tiene una relación directa con el hundimiento de la ley de financiamiento.“El Congreso era absolutamente consciente de que el presupuesto que aprobó en el mes de octubre requería de ingresos adicionales a través de la ley de financiamiento. Y un par de meses después, ese mismo Congreso, que por mayorías en Senado y en Cámara había aprobado el presupuesto, niega, por la sumatoria de cinco senadores, la ley de financiamiento. Y esto, obviamente, creó una situación excepcional, sobreviniente y que debía ser atendida inmediatamente por el Gobierno”, dijo Ávila.En el mismo sentido, el ministro dijo que el 93,7 % del presupuesto para el 2026 es inflexible, pues se debe orientar a la deuda, al Sistema General de Participaciones, a las pensiones, al gasto de personal, el aseguramiento en salud y las vigencias futuras, entre otras.Además, dijo que por la situación fiscal no se pueden cubrir los derechos fundamentales y el Gobierno debe buscar los recursos para cumplir con esta obligación.“Esta crisis fiscal se agudiza por restricciones de endeudamiento, por restricciones en la caja, en el flujo de caja de la administración central, producto de rezagos de pagos que hemos venido acumulando anualmente, rezagos que redujimos en el año 2026, pero que siguen siendo persistentes y significativos. Este conjunto de circunstancias no solamente afecta al presupuesto nacional, sino que impide garantizar de manera inmediata derechos fundamentales de la población vulnerable del país”, agregó.Es importante recordar que en este momento la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá determinar si suspende o no los efectos del decreto de la emergencia económica. Sobre esto también respondió Ávila.“Para nada nos podemos alegrar de que la Corte Constitucional cometiera el error de suspender la emergencia económica y sus medidas, para nada, el costo para el país es inmenso”, dijo el ministro de Hacienda.
La canciller Rosa Villavicencio aseguró que la comunicación con Ecuador es prácticamente nula, pues aunque Colombia ha pedido reuniones ministeriales y bilaterales entre los presidentes, no ha habido respuesta.“La cancillería ecuatoriana informó que la reunión no sería posible por razones de agenda de sus ministros; Colombia propuso adelantar esa reunión el 27 o 28 de enero en Panamá en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Ecuador”, dijo.Y aunque el llamado del Gobierno Nacional es al diálogo, también se están evaluando otras medidas en caso de que no se retiren los aranceles del 30 %.“Hoy estamos contemplando un nuevo decreto que va a tener otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30 % de aranceles”, dijo la ministra de Comercio, Diana Morales.Luego de que Ecuador confirmó el incremento del 900 % en la tarifa de transporte de crudo colombiano, la viceministra de Energía, Karen Schutt, se pronunció rechazando la medida unilateral y anunciando una petición que harán al gobierno de Daniel Noboa.“Invitamos al gobierno de Ecuador a que de manera conjunta revisemos la imposición de este gravamen al transporte de crudo desde el suroccidente del país, habilitar el paso de San Miguel de tal forma que se pueda exportar todo este crudo que está retenido allí ante esta restricción de carácter terrestre, viéndonos obligados a transportar el crudo a través de carrotanques”.El ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, aseguró que, a pesar de las diferencias, se mantiene la cooperación militar y policial entre ambos países.
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, reclamó la ausencia de representantes de primer nivel del Gobierno en la reciente sesión de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, donde varias entidades enviaron delegados en lugar de sus titulares.Barrios señaló que “es el séptimo comité de seguimiento electoral preparatorio, y así venía la convocatoria para las elecciones a Congreso y Presidencia el próximo año, indiscutiblemente han venido perdiendo importancia las comisiones de seguimiento electoral para las autoridades nacionales”.Durante su intervención, Barrios recordó que estos espacios permiten la coordinación logística y operativa entre partidos y autoridades para garantizar los comicios.“La mejor gobernanza que se puede hacer de las elecciones son estos comités. Aquí llegan las organizaciones políticas, llegan las autoridades de más alto nivel, se hacen los acuerdos necesarios para poder garantizar elecciones, pero pareciera que ha venido, o no sé si perdiendo importancia, el tema de la democracia, el tema de las elecciones”, afirmó.Participación en políticaLa directora de la MOE también cuestionó declaraciones de funcionarios del Gobierno en medio del pre proceso electoral. En referencia indirecta, entre otros, al ministro del Interior, Armando Benedetti, al indicar que “lo que el gobierno nacional debería hacer es concentrarse en la organización de las elecciones y quizás bajarle al nivel de opinión frente a la competencia electoral”.FinanciaciónBarrios advirtió además sobre la falta de controles en la financiación de campañas y el uso del aplicativo Cuentas Claras. “Aquí no sabemos cuánto vale una campaña política, no sabemos cuánto ha ingresado, cuántos son los aportes que han recibido quienes están recogiendo firmas, y tenemos unos comportamientos que han superado en más del 140 % la inscripción de cédulas al mismo periodo exactamente hace cuatro años”, manifestó.Según la MOE, al 3 de noviembre de 2025, el módulo público del aplicativo Cuentas Claras continuaba sin habilitarse, lo que impide conocer los ingresos y gastos de los comités promotores de grupos significativos de ciudadanos durante la recolección de firmas.En su más reciente informe, la organización reportó 42 cuentas activas de aspirantes presidenciales con inversiones en publicidad digital que suman 799 millones de pesos entre marzo y octubre de 2025, sin información pública sobre el origen de los recursos ni reportes formales ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La incertidumbre regresó a San Juan de Lozada, en el límite entre Meta y Caquetá, luego de que los dos soldados del Ejército Nacional, Ángel González y Edgar Mina, liberados hace pocas horas, fueran nuevamente secuestrados.Fuentes oficiales confirmaron que los militares habían sido entregados inicialmente a un sacerdote y se encontraban bajo custodia de una comisión de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA), encargada de su traslado a un punto seguro. Sin embargo, antes de que la operación humanitaria se completara, un grupo los interceptó y los retuvo otra vez, trasladándolos 22 kilómetros hacia una nueva ubicación dentro de la zona rural.La comunidad que tiene retenidos a los dos soldados está exigiendo que la mesa de diálogo se traslade al sitio donde están secuestrados para que los entreguen nuevamente.Los militares, pertenecientes al Batallón de Acción Directa y Reconocimiento No. 12, adscrito a la Fuerza de Tarea Omega, fueron abandonados en zona rural y entregados a un sacerdote alrededor de las 11:00 de la mañana de este martes 4 de noviembre; sin embargo, fueron secuestrados nuevamente.
En una semana marcada por la sombría conmemoración de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia (ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985), las imágenes de la tragedia reviven con una intensidad dolorosa, recordándonos la violencia que se desató en la mismísima Plaza de Bolívar de Bogotá. La radio y la prensa de la época jugaron un rol crucial, llevando a los hogares el horror con un despliegue informativo inédito. Varios medios titularon la tragedia de manera impactante: hubo reportes que hablaban de un palacio "A sangre y fuego, arrasado", otros sentenciaban que "Fue una muerte anunciada", y algunos más afirmaban que "La muerte pasó por aquí".Cuatro décadas después, el debate no ha cesado. La controversia se mantiene viva no solo por las incógnitas judiciales, sino por la profunda cicatriz emocional y política que el Holocausto dejó en el país. En medio de este ambiente de reflexión, Helena Urán, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, una de las víctimas mortales de la tragedia, puso el dedo en la llaga al confesar que, tras tanto tiempo, "lo más fuerte es la sensación de abandono".El trauma colectivo y la inmadurez democráticaLa sensación de abandono a la que se refiere Urán no es solo personal o familiar, sino institucional y social. La directora de la Fundación Carlos Urán y autora de varios libros, enfatizó que el país no ha logrado superar la confrontación que inició el conflicto armado, manteniéndose en una peligrosa inmadurez democrática y emocional."No hemos podido madurar y salir de ese lugar, sacar lecciones en cómo preservar y cómo exigir valores democráticos", aseveró, señalando que el trauma colectivo es tan grande que impide una conversación honesta. Según su análisis, es "mucho más fácil echarle la culpa al otro" que tener el coraje de mirar de frente lo sucedido. De hecho, lamentó que, incluso en un contexto de contienda electoral, los hechos del Palacio de Justicia "se utilicen como causa política de lado y lado", calificando la instrumentalización política de la tragedia como "absolutamente inaceptable" y ofensiva contra las víctimas.Cuando la política desdibuja la verdadUn punto de profunda indignación para Elena Urán fue la intervención del Presidente Gustavo Petro, quien en un trino reciente pareció equiparar a su padre con víctimas que sí empuñaron las armas. "Él también hace uso de estos para defender una postura política," reclamó, agregando que, en el caso del mandatario, la gravedad es mayor porque "pretende equiparar a sus víctimas (...) con las víctimas que no empuñaron las armas y de una otra manera también sacarse la responsabilidad que tiene el M19 frente a los hechos".Su reclamo es que esta confrontación y la manipulación del relato solo favorecen a los "actores armados", y no permiten a la sociedad civil construir "unos diálogos con más altura". Además, criticó la actitud de algunos magistrados de las altas cortes que utilizan estos hechos para posicionar su postura política, olvidando su labor como administradores de justicia y pasando a ser "un político más".En el caso particular de su padre, el magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán, cuya historia es especialmente trágica (salió vivo y luego apareció muerto con un disparo en la cabeza), la lucha por la verdad continúa. A pesar de una sentencia internacional, Elena Urán lamenta que las decisiones de la Fiscalía han sido "revisionistas", llegando a "desconocer pruebas". Confirmó que el proceso sigue abierto, pues aunque la situación es "lamentable", todavía hay un camino por recorrer para desentrañar lo que realmente sucedió con su padre.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, no asistirá a la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) a causa de la actual agenda política comunitaria y "la escasa participación" de otros líderes, informaron este martes fuentes comunitarias."A la luz de la actual agenda política europea y de la escasa participación de otros jefes de Estado y de Gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre", indicaron a EFE estas fuentes sobre la cita prevista para el domingo 9 en Santa Marta (Colombia).No obstante, aseguraron que la política alemana mantiene en cualquier caso "su pleno compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y la CELAC". "En un momento de desafíos y divisiones geopolíticas, la próxima cumbre confirma la importancia y el impulso de las relaciones entre la UE y la CELAC", subrayaron.Las fuentes explicaron que la Comisión "coordinará estrechamente" con el Consejo y con el presidente de esa institución, el portugués António Costa, "los resultados bajo su responsabilidad".Según dijeron, Von der Leyen ha pedido a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, que además es vicepresidenta de la Comisión, que asista a la cumbre en nombre del Ejecutivo comunitario.El canciller alemán, Friedrich Merz, tampoco asistirá finalmente a la cumbre UE-CELAC y la razón que argumentó un portavoz fue también la "poca participación de otros jefes de Estado y de Gobierno".El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró esta semana, en su cuenta de X, que "fuerzas ajenas a la paz de América" quieren que fracase la cumbre.Petro, como presidente pro tempore de la CELAC, y Costa copresidirán la reunión, a la que están convocados los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea y los 33 países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.La última cumbre de estas características tuvo lugar en Bruselas hace dos años, tras ocho años sin haberse organizado. Costa dijo en un comunicado que, "en un momento en que el mundo corre el riesgo de encerrarse en sí mismo, esta cumbre reafirma la fuerza y la vitalidad de la asociación de la UE con América Latina y el Caribe"."Mientras otros pueden recurrir a los aranceles y al proteccionismo, nosotros optaremos por más comercio, más inversión y más cooperación", agregó.La agenda, que contempla dos sesiones de trabajo, abordará la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones ecológica y digital, y la lucha conjunta contra la delincuencia organizada, la corrupción y el tráfico de drogas y personas, además de explorar nuevas vías de colaboración para promover la paz, la seguridad y la prosperidad.Con más de mil millones de personas, la CELAC y la UE representan juntas el 14 % de la población mundial, el 21 % del PIB global y un tercio de los miembros de las Naciones Unidas.Las relaciones de la UE con América Latina y el Caribe (ALC) como asociación estratégica se remontan a 1999, cuando se celebró en Río de Janeiro la primera cumbre birregional UE-ALC. Desde la creación de la CELAC en 2010, se han celebrado tres cumbres UE-CELAC en 2013, 2015 y 2023.El comercio bilateral total de bienes y servicios entre las dos regiones ascendió a 395.000 millones de euros en 2022-2023 (un aumento del 45 % desde 2013), según datos de la UE, que es además el tercer socio comercial de América Latina y el Caribe y su principal fuente de inversión en la región, con más de 741.000 millones de euros de inversión extranjera directa en 2022.
El Gobierno de Colombia propuso al de Ecuador reunirse el miércoles en Panamá, donde los presidentes de ambos países participarán en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF, para tratar de solucionar la guerra comercial iniciada la semana pasada, pero aún no ha recibido una respuesta a esa solicitud."Colombia propuso adelantar esta reunión el próximo 27 o 28 de enero en Bogotá o Ciudad de Panamá, en el marco del Foro Económico América Latina y el Caribe al que acudiremos. No obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de Ecuador", afirmó la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, en una conferencia de prensa.El Gobierno de Colombia también anunció este martes que evalúa imponer aranceles del 30 % a más productos ecuatorianos, que se suman a los que gravó el viernes pasado como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas.La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.El viernes pasado, esa cartera divulgó una lista con más de 50 productos provenientes de Ecuador que tendrán un arancel del 30 %, en respuesta a una medida similar que regirá en ese país a partir del 1 de febrero para las importaciones procedentes de Colombia.Entre los productos sujetos al arancel inicial se encuentran alimentos como frijoles, arroz, plátanos, aceites y azúcar, además de neumáticos, calzado, tubos de aluminio, bombonas y botellas, alcoholes etílicos e insecticidas, entre otros, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.La ministra señaló que Colombia se ve "como Estado" en la obligación de "generar unas condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador"."Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30 % de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial", añadió Morales.El pasado 21 de enero, el presidente Noboa anunció que su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta "falta de reciprocidad y acciones firmes" en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió este martes a los colombianos que residen en Estados Unidos, Chile y Argentina que regresen al país, al asegurar que en esas naciones son tratados "como esclavos y perros perseguidos por las calles"."Yo les pido a todos los colombianos que regresen ya de Chile, Argentina y Estados Unidos porque los van a tratar como esclavos y como perros perseguidos por las calles", afirmó el mandatario durante una intervención pública en Bogotá, donde presentó los planos para la restauración de un hospital.Petro sostuvo que la promesa de prosperidad en el exterior suele ser un "error" y aseguró que los migrantes terminan enfrentando condiciones laborales precarias, con riesgos para su salud y su integridad física, haciendo referencia a las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) que se han cobrado miles de detenciones y dos víctimas mortales en Mineápolis.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) salió a aclarar las versiones sobre despidos masivos en la entidad, luego de que varios funcionarios aseguraran que más de 20 personas fueron declaradas insubsistentes tras la llegada de la nueva directora. A través de un comunicado oficial, la Presidencia afirmó que el número de desvinculaciones fue de 12 personas.Según el documento, todos los cargos correspondían a empleos de libre nombramiento y remoción, por lo que no hacían parte de la carrera administrativa ni contaban con estabilidad laboral reforzada, en línea con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Además, el Dapre señaló que los funcionarios retirados eran personas de confianza de la anterior dirección, encabezada por Angie Rodríguez, y que su salida obedece a la conformación del nuevo equipo cercano de trabajo de la actual administración.Sin embargo, versiones de funcionarios consultados indican que el número de personas desvinculadas sería superior al informado oficialmente y que las decisiones se tomaron en bloque durante la noche del lunes 26 de enero. Entre los funcionarios que salieron del Dapre se encuentran asesores, el jefe de la Oficina de Control Interno, la directora de Talento Humano, Luz Dary Cruz -quien llevaba cerca de 25 años vinculada a la Casa de Nariño y estaba próxima a pensionarse- así como la jefa de Comunicaciones de la Presidencia, Carolina Calderón.Estos movimientos se suman a los que actualmente se registran en la Cancillería, donde, según la Asociación Diplomática y Consular, al menos 100 funcionarios han salido de sus cargos. El gremio también ha advertido sobre una proliferación de contratos y declaraciones de insubsistencia en embajadas y consulados, a pocos meses de las elecciones.
Los sistemas antidrones con los que cuenta actualmente la Fuerza Pública, recientemente adquiridos, están quedando rezagados frente a una amenaza tecnológica usada por criminales del ELN y las disidencias de las Farc, drones controlados mediante fibra óptica. De acuerdo con información de inteligencia, estructuras están adquiriendo este tipo de aeronaves no tripuladas, que resultan prácticamente inmunes a los bloqueadores de señal tradicionales utilizados por el Ejército y la Policía.A diferencia de los drones convencionales, que dependen de una frecuencia de radio específica, los drones con tecnología de fibra óptica pueden cambiar de señal durante el vuelo o incluso operar sin depender de una única frecuencia. Esto les permite evadir los sistemas antidrones disponibles, diseñados para interferir solo una señal a la vez. En la práctica, cuando el bloqueador entra en acción, el dron modifica su canal de comunicación y continúa su desplazamiento sin dificultad.La tecnología de fibra óptica permite además que los operadores se comuniquen con el dron desde distintos puntos, lo que dificulta la localización del piloto y amplía el rango operativo del dispositivo. Según las autoridades, esta capacidad convierte a estos drones en herramientas complejas de combatir, especialmente en zonas rurales y selváticas donde el control del espacio aéreo es limitado.Los reportes de inteligencia señalan que el ELN estaría liderando la compra de estos equipos, presuntamente provenientes de Europa. Las adquisiciones serían coordinadas por alias ‘Caballo de Guerra’, cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez, con el objetivo de emplearlos en acciones armadas en regiones como Catatumbo, Cauca y Arauca. Antes de su captura a finales de 2025, alias ‘Drácula’ habría estado al frente de esta logística tecnológica.En algunas áreas selváticas, las autoridades han encontrado incluso restos de fibra óptica en las copas de los árboles, lo que evidencia el uso de estos drones en operaciones recientes. El hallazgo ha generado inquietud no solo por la amenaza a la seguridad, sino también por el impacto ambiental que puede provocar la acumulación de este material en ecosistemas sensibles.Otro factor que preocupa a los organismos de seguridad es la facilidad con la que estos sistemas pueden ser adquiridos. Según fuentes oficiales, se trata de tecnología relativamente económica y de acceso menos restringido de lo que se pensaba, lo que abre la puerta a una expansión rápida de su uso por parte de grupos armados ilegales.Mientras tanto, los sistemas antidrones que la Fuerza Pública ha venido adquiriendo para enfrentar ataques con explosivos transportados por drones resultan ineficaces frente a esta nueva modalidad. Expertos advierten que, sin una actualización tecnológica urgente, los bloqueadores actuales seguirán siendo inútiles ante drones con fibra óptica, consolidando una ventaja operativa para los grupos armados que ya los están utilizando.
Una nueva denuncia sacude al sistema de educación superior y a la contratación pública en Colombia. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza reveló que al menos 779 títulos de funcionarios públicos habrían sido otorgados de manera irregular por la Fundación Universitaria San José, tras una revisión a 1.276 reportes de servidores públicos que registran estudios en esta institución en sus hojas de vida cargadas en el SIGEP.Según los hallazgos, 221 de esos funcionarios no aparecen registrados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), lo que implica que no existe constancia oficial de su inscripción, admisión, matrícula ni grado, un requisito fundamental para la validez de cualquier título profesional en el país. A esto se suman otros 558 casos con registros incompletos: 201 personas no tienen evidencia de matrícula, avance académico ni graduación, mientras que 357 figuran con estado de “matrícula – no graduado”, pese a estar vinculadas laboralmente como tituladas en el Estado.La situación se agrava con 35 títulos que, de acuerdo con la denuncia, serían ilegales por no cumplir con las pruebas Saber Pro y TyT. En detalle, 18 personas se graduaron sin haber presentado los exámenes, nueve se inscribieron, pero no asistieron y aun así obtuvieron un título, y ocho presentaron las pruebas después de la fecha de graduación, lo que invalida el proceso académico.“Aquí hay inconsistencias sustanciales: la ley establece que, para que un alumno reciba su título, debe primero presentar las pruebas Saber Pro o Saber TyT, y aquí tenemos muchos casos en que todo ocurrió al revés, primero se graduaron y luego presentaron los exámenes. Esto haría que sus títulos fueran otorgados de forma irregular”, señaló la representante.El caso también deja al descubierto un fuerte incremento en la contratación de funcionarios relacionados con la Fundación San José durante el actual gobierno. Pedraza aseguró que, en comparación con administraciones anteriores, la contratación de servidores públicos vinculados a esta institución aumentó en un 200 % durante el gobierno de Gustavo Petro. Las cifras muestran que en los dos periodos de Álvaro Uribe Vélez se contrataron 63 funcionarios; en el gobierno de Juan Manuel Santos, 221; durante la administración de Iván Duque, 227; y en el gobierno de Petro, 733, de los cuales 511 fueron vinculados únicamente en 2025.La representante cuestionó duramente al Ministerio de Educación por la falta de acciones oportunas frente a estas irregularidades. Señaló que desde marzo de 2025 el Ministerio tenía conocimiento de posibles anomalías en la Fundación Universitaria San José, pero no actuó hasta que el escándalo se hizo público. Indicó que solo el 22 de septiembre se realizó una visita complementaria de inspección, con actuaciones preventivas, y que desde entonces las investigaciones sobre títulos sin Saber Pro y registros incompletos en el SNIES no han arrojado resultados concretos.Asimismo, advirtió que la investigación abierta el 10 de noviembre por la Dirección de Inspección y Vigilancia del Ministerio de Educación no ha producido hallazgos, pese a la magnitud del caso, y denunció que no se están revisando posibles pagos irregulares.Ante este panorama, solicitó a la Procuraduría General de la Nación asumir el caso y avanzar en las investigaciones, al considerar que las irregularidades comprometen la legalidad de los títulos, la transparencia en la contratación pública y la credibilidad del sistema educativo colombiano.
Las fuertes lluvias que se han presentado recientemente provocaron emergencias en al menos seis municipios del Huila dejando veredas incomunicadas, viviendas averiadas, cultivos de café y plátano afectados por deslizamientos de tierra y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Asimismo, Bomberos voluntarios y la comunidad lograron rescatar sanos y salvos a una mujer y un menor de edad que habían quedado atrapados por un derrumbe, cuando se movilizaban en una motocicleta entre los municipios de Oporapa y Saladoblanco en el sur del departamento.“El municipio con mayor número de eventos es Oporapa, donde se reportan nueve deslizamientos que mantienen cerradas varias vías secundarias y terciarias, afectando la movilidad rural. En el municipio de Saladoblanco, se registran deslizamientos en la vía hacia Oritoguaz y en la vía Saladoblanco–Pitalito, con cierres totales en varios tramos. También una mujer y un menor quedaron atrapados por un deslizamiento, sin que se presentaran heridas de gravedad”, informó Orlando Garzón, coordinador para la atención de desastres de la oficina de gestión de riesgo en el Huila.Entre tanto, 13 municipios se encuentran en alerta naranja por deslizamientos de tierra. Es importante mencionar, que en lo corrido del mes de enero van 17 familias damnificadas por afectaciones en sus viviendas y cinco personas lesionadas.Puntualizó el coordinador para la atención de Desastres de la Oficina de Gestión de Riesgo que los organismos de socorro mantienen monitoreo permanente, en el comportamiento de ríos y quebradas y le hace un llamado a la comunidad a transitar con precaución, especialmente en zonas rurales y vías afectadas por deslizamientos, así como a reportar cualquier emergencia a las autoridades locales.