Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, Venezuela comenzó un proceso de reconstrucción en sus relaciones con Estados Unidos tras varios años de diferencias y disputas con el régimen desde los ideales políticos como acuerdos entre ambos países.Pero lo que ha llamado la atención en Caracas es cómo nuevamente se vuelve a hablar de Estados Unidos en las calles y, prueba de ello, fue la bandera de EE.UU. en la entrada del Palacio de Miraflores en la tarde de este miércoles, 11 de febrero de 2026.Esto debido a la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para avanzar en los planes del Gobierno Trump en el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte del Ejército de ese país."Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad", afirmó Wright en su llegada a Venezuela.Es por esta razón que apareció la bandera de Estados Unidos en la entrada del Palacio de Miraflores, como acto de diplomacia al igual que se hace en muchos países cuando se sostiene una reunión diplomática entre países.A través de un comunicado, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad".Esta reunión será una de más que se irán dando entre ambos países para la reconstrucción de las relaciones entre las partes tras la captura de Nicolás Maduro, esto con el objetivo del desmonte total del régimen venezolano y una nueva etapa democrática en este país.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de febrero de 2026:Hostigan estación de Policía en Cajibío, Cauca, en medio de alteraciones de orden público.Hallan restos humanos en el centro de Cali; investigan posible vínculo con guerra narco en México.El Carmen, Norte de Santander, completa tres días bajo ataque del ELN.Alertan riesgo de reclutamiento forzado del ELN en El Carmen, Norte de SantanderEstados Unidos sigue la pista a responsables del ataque que dejó 13 policías muertos y derribó un Black Hawk.DEA y autoridades colombianas asestan golpe a disidiencias de 'Calarcá' y destruyen laboratorio de cocaína.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de febrero de 2026:Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló de la petición del partido de detener la impresión de material electoral mientras se resuelve la tutela contra el Pacto Histórico.Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió acerca del aumento de los apagones en Cuba. Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, comentó sobre el impuesto a compras por internet que venía dentro de la suspendida emergencia económica.Daniel Rojas, ministro de Educación, habló de las medidas preventivas y administrativas que adoptó esta cartera contra la Fundación de Educación Superior San José.Escuche el programa completo aquí:
La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) lanzó una fuerte alerta por la decisión del Gobierno nacional de recortar recursos destinados a dos obras consideradas estratégicas para el desarrollo del país. Según el gremio, la reducción de las llamadas vigencias futuras afecta directamente los proyectos Mulaló–Loboguerrero, en el Valle del Cauca, y la restauración del Canal del Dique, en la región Caribe, comprometiendo inversiones por cerca de un billón de pesos.De acuerdo con el comunicado de la CCI, el ajuste presupuestal implica un recorte aproximado de $340.000 millones para la construcción, operación y mantenimiento de la vía Mulaló–Loboguerrero, y de $636.000 millones para el proyecto ambiental y de infraestructura del Canal del Dique. Ambas iniciativas están priorizadas en el Plan Nacional de Desarrollo y son consideradas fundamentales para la competitividad, la integración regional y el crecimiento económico.El gremio también cuestionó la forma en que se tomó la decisión. Recordó que, mediante un decreto expedido el 29 de diciembre del año pasado, el propio Gobierno había establecido que cualquier modificación a las vigencias futuras debía contar con el acuerdo entre las partes. Sin embargo, dos días después, el Ejecutivo procedió a reducir los recursos de manera unilateral, desconociendo las reglas que él mismo había fijado.Para la CCI, esta actuación no solo afecta la ejecución de las obras, sino que genera un grave precedente de inseguridad jurídica y desconfianza en los contratos de infraestructura. Además, advierte que la medida podría derivar en riesgos legales y financieros para la Nación, al alterar compromisos ya adquiridos con los concesionarios encargados de los proyectos.Ante este panorama, la Cámara Colombiana de la Infraestructura exhortó al Gobierno a restablecer de inmediato las vigencias futuras previstas para 2025 y a cumplir con los compromisos contractuales. Finalmente, el gremio fue enfático en señalar que, de no honrarse estos pagos, los funcionarios responsables podrían enfrentar sanciones disciplinarias y fiscales por poner en peligro obras esenciales para el país.
Un violento asalto se registró en las últimas horas sobre la vía que comunica a Popayán con Cali, a la altura de la variante del puente peatonal, en el departamento del Cauca. En ese punto, dos vehículos tipo niñeras que transportaban un total de 17 automotores fueron interceptados por un grupo armado y despojados de la carga que movilizaban hacia el sur del país.De acuerdo con la Policía, los camiones cubrían la ruta Cartagena–Pasto (Nariño) cuando fueron abordados por cerca de 15 hombres armados, quienes, mediante amenazas con armas de fuego, obligaron a los conductores a detener la marcha. Aunque los delincuentes se llevaron los vehículos transportados, los tractocamiones no fueron hurtados.Horas después del ataque, los dos camiones fueron ubicados en buen estado, al igual que sus conductores, quienes resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro. Tras el hecho, las autoridades les brindaron acompañamiento mientras avanzan las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.Tras conocerse el robo, se activó un operativo especial en el que participaron unidades de la Policía, las Fuerzas Militares, apoyo aéreo y equipos de investigación e inteligencia. Estas acciones permitieron establecer una posible ubicación de los automotores robados en una zona limítrofe entre los departamentos del Cauca y Valle del Cauca.El caso es materia de investigación y se desarrolla en un corredor donde las autoridades han advertido la presencia e injerencia de estructuras armadas organizadas, entre ellas el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc. En esta región, la fuerza pública mantiene operaciones sostenidas ante el accionar de estos grupos, señalados de múltiples hechos violentos y delictivos.Mientras avanzan las labores de búsqueda y judicialización, las autoridades reiteraron que continuarán los operativos en el suroccidente del país para enfrentar este tipo de acciones criminales que afectan la seguridad vial y el transporte de carga en uno de los principales corredores del país.
Ante los hechos de amenazas y extorsiones contra comerciantes, ganaderos y funcionarios de las alcaldías por parte de grupos armados ilegales, la Gobernación del Huila, en coordinación con las autoridades, adelantó un consejo de seguridad en el que se definieron medidas para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos.El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, denunció que presuntas disidencias de las Farc han venido intimidando a la población civil y exigiendo cuotas extorsivas a gremios productivos, campesinos y contratistas de las alcaldías en el norte del departamento.“En estos últimos días se han venido presentando actos extorsivos masivos en la zona norte del departamento contra la población, los comerciantes, los productos del campo y contra los mismos funcionarios que hay en las alcaldías. De estas extorsiones son responsables los grupos armados que operan en la zona”, dijo el gobernador Villalba Mosquera.Por su parte, un habitante de la zona rural de Baraya, quien pidió reserva de su identidad, manifestó su preocupación por las citaciones extorsivas y agregó que también les prohíben a las comunidades transitar en horas de la noche.“Soy de la vereda El Doche. Aquí todos, comerciantes y dueños de fincas, están siendo extorsionados y es imposible vivir así. De noche, después de las seis, no se puede transitar; solo andan ellos y siempre están llamándonos a citas… La extorsión es bastante preocupante. Les hacemos un llamado al señor presidente para que nos ponga cuidado”, narró un campesino de la zona.A su turno, el secretario de Gobierno del Huila, Juan Carlos Casallas, informó que, como parte de los acuerdos establecidos en el consejo de seguridad realizado en el municipio de Baraya, se definieron operativos militares y labores de inteligencia por parte del Gaula Militar y de la Sijín.“Se intensificará la acción de la Fuerza Pública en el territorio con unidades motorizadas que estarán realizando controles, patrullajes y presencia permanente. Vamos a fortalecer la inteligencia con unidades de la SIJÍN, el GAULA, equipos de investigación y, adicionalmente, con capacidades del CEAES, un grupo especial de prevención contra la extorsión, sumado a otras medidas preventivas que ya están en marcha”, concluyó Casallas Rivas.Cabe mencionar que en los municipios del norte del Huila, como Baraya, Tello, Colombia y la zona rural oriental de Neiva, delinque el frente ‘Darío Gutiérrez’ del bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc, estructura bajo el mando de alias Calarcá.
El próximo lunes 19 de enero llegarán a Manzanares, en el departamento de Caldas, las cenizas del cantante Yeison Jiménez. Para ese día ya se tiene prevista una serie de actividades en el municipio con el fin de rendirle un homenaje.En un comunicado oficial, el equipo de trabajo del artista informó que a las 10:00 de la mañana se realizará una caravana que partirá desde la vereda La Esmeralda, en el sector conocido como ‘Chochalito’, y recorrerá el trayecto hasta el casco urbano de Manzanares.Al mediodía se celebrará una misa en la iglesia del parque principal, en la que estarán presentes las cenizas del artista. Para la tarde se esperan otras actividades conmemorativas en honor al hijo ilustre de este municipio caldense.Las autoridades del municipio y del departamento ya preparan un estricto operativo para garantizar la seguridad durante las actividades de homenaje, pues se prevé que asistan decenas de jimenistas a darle el último adiós a quien fue, tal vez, el máximo exponente de la música popular.De otro lado, el jueves en la noche llegaron los restos de Jéfferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, quien también perdió la vida en el accidente aéreo ocurrido en Paipa, Boyacá.Osorio está siendo velado en la mañana y, posteriormente, al mediodía se oficiará una misa y se llevará a cabo la disposición final de las cenizas.
Hoy se cumple un año desde que estalló la crisis en el Catatumbo tras el recrudecimiento de la confrontación entre el ELN y las disidencias del Frente 33. El informe de la Defensoría del Pueblo reconstruye cómo, en medio de los enfrentamientos, el miedo se instaló en la vida cotidiana: el temor a quedar “en medio de las balas, a perder sus vidas”, o a que reclutaran a sus hijos llevó a familias enteras a salir de manera masiva hacia Ocaña, Cúcuta y Tibú, incluso caminando durante días.De acuerdo con el informe, entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025, la Unidad para las Víctimas incluyó en el Registro Único de Víctimas a 105.203 personas, principalmente por desplazamiento forzado, además de amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.Un año después, la crisis es una realidad que sigue empujando a la gente a desplazarse, a vivir bajo amenaza y a tomar decisiones sin garantías. La entidad advierte que, pasada la tensión inicial, muchas familias intentaron retornar para recuperar sus tierras y sus animales, pero varias tuvieron que salir otra vez.“Los catatumberos cuentan que los grupos armados ilegales llegan a sus casas y les dicen que mantengan sus maletas listas porque en cualquier momento les toca volver a salir”, aseguran en el informe.El mismo informe subraya que, aproximadamente, un 27% de la población total del Catatumbo tuvo que desplazarse en el marco de estos enfrentamientos, en un escenario que califica como desplazamiento masivo proscrito por el derecho internacional.Además, deja constancia de que no hay certeza sobre la población que pudo desplazarse hacia Venezuela: para el 24 de enero de 2025, la OIM estimaba 5.789 personas, de las cuales 75% serían de nacionalidad venezolana.El informe recoge denuncias sobre reglas impuestas a la vida cotidiana: restricciones de movilidad, retenes con revisión de celulares y la obligación de “informar” salidas y retornos.“Si usted va a ir a una cita médica, debe mostrarles el papel de la cita, o, por ejemplo, si va a ir a mercar, cuando regrese tiene que mostrarles lo que compró para que ellos miren que realmente si estaba haciendo mercado", relató un labriego para el informe.Además se reportan controles sobre rutas y horarios, y prácticas de inspección de teléfonos que, según el documento, se han intensificado, afectando incluso a funcionarios, organizaciones y representantes de la Iglesia que deben mostrar sus celulares para poder continuar.La Defensoría documenta relatos de familias que, al huir, encontraron después sus bienes en manos de los grupos armados, con prohibición de reclamar lo que antes era suyo."Yo me enteré que mi casa ya estaba habitada por personas cercanas al ELN. Además, supe que usaron mis animales de granja como las gallinas y los cerdos para alimentar las tropas, y me dañaron todos los cultivos que tenía. En total, perdí como 12 millones de pesos de un proyecto productivo que tenía. Ahora estoy endeudado y sin con qué trabajar”, subrayó una lideresa para el informe.En esa misma línea, el informe señala que el ELN ha condicionado el retorno a “filtros impuestos por el grupo armado, lo que compromete el principio de retorno seguro y voluntario”. Y en materia de tierras, consigna que a abril de 2025 la Unidad de Restitución de Tierras había recibido 411 solicitudes para proteger predios abandonados por sus propietarios o tenedores.La Defensoría integra datos que muestran la dimensión del daño a la población civil: en el periodo citado se incluyen 12 niños, niñas y adolescentes reclutados, 20 personas víctimas de tortura y 22 víctimas por minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados.El consolidado reporta 163 homicidios, incluidos 6 firmantes, al menos 3 líderes sociales y 10 menores de 18 años. A esto se suman los impactos sobre mujeres: entre el 16 de enero y el 30 de noviembre de 2025, la Defensoría dice haber conocido 634 casos de violencias basadas en género, con 151 asociados a trata de personas por explotación sexual, matrimonio servil y trabajos forzosos.Los drones y explosivos improvisados aparecen como una amenaza permanente. Con base en datos del Comando General de las Fuerzas Militares, entre abril de 2024 y el 21 de diciembre de 2025 se registraron 394 ataques con drones (275 en 2025), con 2 menores de 18 años y 24 integrantes de la Fuerza Pública muertos, además de 43 civiles heridos y 265 miembros de la Fuerza Pública lesionados.La Defensoría recoge que las comunidades viven con la zozobra de que “en cualquier momento” un dron ataque viviendas o parcelas; incluso relata que, durante una visita humanitaria en septiembre, comunidades dijeron que los drones se escuchaban sobrevolando las aulas o aparecían cerca de las escuelas, al punto de que muchos padres prefieren no enviar a sus hijos por temor a una detonación.En paralelo, el secuestro sigue siendo una práctica de poder y presión. La Comisión Humanitaria informó que participó en 29 liberaciones, desarrolladas en misiones humanitarias, y que en 2025 se logró la libertad de 121 personas; sin embargo, la Defensoría, regional Norte de Santander, reportó que 59 personas permanecían secuestradas. La Unidad para las Víctimas incluyó 108 eventos de secuestro y 162 personas por hechos ocurridos entre el 16 de enero y el 7 de diciembre de 2025; el informe agrega que, según datos de la Defensoría, al menos 180 personas habrían estado secuestradas en el Catatumbo durante 2025.El negocio de la coca, con ganancias “exorbitantes”, es descrito como motor de la confrontación. En el informe se cita que, según fuentes de inteligencia militar, ese negocio puede dejar cerca de 10.000 millones de pesos al año. En esa línea, el personero de Ocaña, Jorge Armando Bohórquez, adviertió que “para acabar la guerra debemos acabar primero que todo con el combustible de la guerra. Y el combustible de la guerra son los cultivos ilícitos”. A esto se suma el dato de UNODC-SIMCI (2025), citado en el informe, según el cual el Catatumbo pasó de 42.043 hectáreas sembradas con coca en 2022 a 43.867 en 2023; y que Tibú concentra el 52% del total regional, con 23.029 hectáreas.En medio de esa economía, la Defensoría registra que las comunidades describen extorsiones a comerciantes, cobros por pasos irregulares y mecanismos de control como “carnetización” o exigencias simbólicas, además de presiones sobre obras comunitarias.Además advierte indicios de llegada de nuevos actores armados a la confrontación, como Autodefensas de la Sierra Nevada y el Ejército Gaitanista de Colombia (Clan del Golfo), en un territorio estratégico por su frontera porosa con Venezuela y los corredores hacia el Magdalena Medio y la Costa Atlántica.Las consecuencias también se han sentido fuera de los límites rurales. El informe señala que Cúcuta, además de recibir desplazados, enfrenta disputas de estructuras armadas y normas impuestas en barrios: fronteras invisibles, restricciones de movilidad y riesgos de reclutamiento, especialmente en el área urbana. Y en el propio Catatumbo, el documento resalta impactos sobre pueblos indígenas como los Barí, cuyo confinamiento y riesgo de enfrentamientos han alterado su vida y su seguridad alimentaria.Sin embargo, el informe es enfático en señalar que, para las comunidades, la respuesta del Estado ha sido insuficiente. Los habitantes del Catatumbo denuncian que, pese a los anuncios y a la declaratoria del estado de conmoción interior a comienzos de 2025, las promesas no se tradujeron en cambios reales en el territorio. Relatan que la presencia institucional fue temporal y que, una vez se retiró la fuerza pública, las condiciones de inseguridad y abandono persistieron.La Defensoría recoge el descontento de líderes y comunidades que aseguran que el problema no fue la declaratoria de la conmoción interior, sino que las medidas anunciadas “se quedaron en promesas” y con el paso del tiempo “se diluyeron, volviendo al estado de abandono estatal en el que han estado sumidos por décadas”.A ello se sumó la decisión de la Corte Constitucional que declaró inexequibles los decretos que permitían la financiación de proyectos estratégicos, lo que, según el informe, anuló las posibilidades materiales del Gobierno para concretar las intervenciones prometidas.El informe también advierte sobre las dificultades estructurales que enfrenta cualquier intento de transformación del territorio. El propio Gobierno nacional reconoció, al establecer medidas para financiar las necesidades de seguridad y sociales durante la conmoción interior, que no existen recursos suficientes para cubrir los proyectos que requiere la región.A esto se suman las condiciones de seguridad, que obstaculizan el desarrollo de obras y programas, pues los actores armados limitan el acceso al territorio o imponen cobros a contratistas para permitir el ingreso.Pese a este panorama, el informe señala que los habitantes del Catatumbo no han renunciado a su deseo de vivir en un territorio en paz. Las comunidades insisten en que los actores armados participen en las negociaciones y le demandan al Estado el cumplimiento efectivo de los acuerdos que se puedan alcanzar en esos escenarios.Otro reclamo recurrente es la necesidad de contar con medios de vida alternativos a la economía de la coca, así como avances reales en la construcción y mantenimiento de vías en condiciones óptimas que les permitan comunicarse entre municipios y con los centros urbanos, y sacar sus productos de manera segura.En materia de derechos, las comunidades insisten en la urgencia de garantizar el acceso a salud, educación, vivienda, seguridad alimentaria y crédito, como condiciones mínimas para permanecer en el territorio.Los afectados reclaman una respuesta estatal imparcial, especialmente por parte de las instituciones encargadas de la protección y la atención a víctimas. Finalmente, demandan atención psicosocial para enfrentar el miedo, la zozobra y el profundo malestar que ha dejado esta crisis.A pocos meses de concluir el mandato del Gobierno nacional, el Catatumbo continúa a la espera de que los proyectos anunciados se materialicen y se implementen conforme a las circunstancias del territorio.
En un encendido discurso en Ibagué, el precandidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, utilizando un tono irónico y un lenguaje que generó inmediata controversia en el escenario político nacional.Durante su intervención pública, Pinzón se refirió al mandatario como un “H* honorable presidente”, una expresión que repitió varias veces para cuestionar lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas.“El honorable presidente es todo un h*, como dicen por ahí. Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo, pero la verdad es que vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos”, afirmó el exministro ante los asistentes.Pinzón centró sus críticas en el incremento de la contratación estatal y el gasto público durante el actual Gobierno. Aseguró que, según cifras de la Contraloría, en enero se firmaron contratos por 14 billones de pesos que, en su opinión, tendrían fines políticos y no responderían a las necesidades del país.“Firmó en el mes de enero 14 billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esa, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”, señaló.El precandidato también cuestionó la capacidad administrativa del Ejecutivo y advirtió sobre lo que considera improvisación en el manejo del Estado. “El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”, expresó.En otro aparte de su discurso, lanzó una crítica más amplia al panorama electoral y a quienes aspiran a dirigir el país. "Me aterra que aún hoy haya candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo, el país no se puede dar el lujo de improvisar”, afirmó.Finalmente, cuestionó la declaratoria de una eventual emergencia económica y sugirió que podría obedecer más a problemas de gestión que a soluciones estructurales. “Me duele mucho que se inventen una emergencia económica de último momento. La pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreño administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”, concluyó.Las declaraciones de Pinzón provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, tanto por el tono utilizado como por el trasfondo del debate sobre el gasto público, la contratación estatal y la conducción económica del país en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.
La Registraduría anunció la activación de un plan de contingencia electoral para Córdoba de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Desde la entidad explicaron que, pese a la emergencia por el invierno, se va a garantizar la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento.“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el registrador Hernán Penagos.En el mismo sentido, la entidad adelanta un plan gratuito para entregar documentos de identidad a los damnificados y que de esta manera no sean vulnerados sus derechos políticos, ya que el documento es indispensable para poder ejercer el derecho al voto.“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó Penagos.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
A 24 días de los comicios en los que los colombianos y colombianas elegirán a los próximos congresistas y participarán en las consultas interpartidistas para escoger a tres aspirantes presidenciales para la primera vuelta del 31 de mayo, no se conoce el documento público y oficial de la Fiscalía General de la Nación con la estrategia para prevenir, intervenir y judicializar la realización de delitos electorales y combatir la criminalidad electoral en el país.La historia es así: la ley 1864 de 2017, que establece las disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática, señala en un parágrafo de su artículo 17 que, cuatro meses antes de las elecciones, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben presentar ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.Este documento público contiene la estrategia integral y coordinada entre estas dos autoridades para proteger los certámenes electorales y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.Este instrumento permite a las autoridades prevenir, investigar y judicializar los 16 delitos electorales tipificados en la ley (tales como el constreñimiento y fraude al sufragante, tráfico de votos, financiación con fuentes prohibidas, violación de topes, entre otros), utilizando herramientas como mapas de riesgo para identificar y priorizar las zonas del país más vulnerables a la corrupción, el fraude o la violencia.El mapa de riesgo tiene en cuenta factores de fraude o violencia en los municipios y puestos de votación, tales como amenazas de corrupción, atipicidad en las inscripciones de cédulas, presencia de actores armados ilegales, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra dirigentes políticos, fraude electoral y denuncias en la plataforma URIEL.Incluso en los documentos establecidos para los comicios anteriores (elecciones nacionales 2022 y elecciones regionales 2023), se estableció el número de fiscales, agentes del CTI, asistentes de fiscales, y funcionarios disponibles para la jornada electoral; se determinó la coordinación interna entre seccionales de la Fiscalía, la dirección anticorrupción, la de seguridad ciudadana y el CTI; se establecía el plan de capacitación, campañas de prevención del delito; y hasta los canales de atención permanente como la línea 112 y la plataforma URIEL. Su propósito fundamental es fortalecer la transparencia de los comicios y la confianza en la democracia, asegurando una reacción inmediata ante cualquier irregularidad antes, durante y después de la jornada de votación.Sin embargo, según pudo establecer BLU Radio, a la fecha no se conoce el documento estratégico de la cabeza de la política criminal, tanto para las elecciones del 8 de marzo, como para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio de 2026.A diferencia de la Fiscalía, el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional presentó su estrategia basada en ocho componentes que abarcan inteligencia, ciberdefensa, protección a candidatos y logística electoral. El plan incluye herramientas como el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que mediante 36 variables construye el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral para priorizar 1.122 territorios; el equipo ECODE para judicializar delitos en coordinación con la Fiscalía; el Centro Cibernético Policial con monitoreo 24/7 contra la desinformación; redes de apoyo ciudadano con más de 416.000 integrantes y el “Plan Diamante” para la seguridad de aspirantes, todo supervisado a través del sistema SIPDE con mapas GIS que permiten seguimiento y reacción en tiempo real.BLU Radio consultó con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, así como la directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad aseguran que el plan ya fue socializado por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el Registrador Nacional, Hernán Penagos; y se están trabajando en mesas con las diferentes entidades e instituciones, para articular las acciones de prevención de delitos electorales; sin embargo el tiempo apremia.Cabe resaltar que este instrumento es indispensable para que las entidades del orden nacional puedan articularse con el ente acusador con el fin de dar respuestas efectivas contra la criminalidad; pero también el mapa de riesgos electorales se hace indispensable para tener certeza de la información junto con los mapas presentados por la MOE, la Policía y otras autoridades.
Las autoridades encendieron las alertas frente a una modalidad de falsificación que combina conocimientos técnicos y procesos químicos para transformar billetes extranjeros devaluados en dólares falsos.De acuerdo con información conocida en medio de una investigación, las redes criminales estarían adquiriendo grandes cantidades de moneda extranjera de bajo valor en el mercado internacional. El objetivo no es ponerla en circulación, sino utilizar el papel moneda original como base para la falsificación.Según explica el mayor Cristian Guevara, jefe del grupo contra la falsificación de moneda de la Dijin de la Policía, los delincuentes someten esos billetes a un proceso químico que elimina las tintas y elementos gráficos originales, dejando el papel prácticamente en blanco, pero conservando sus características físicas, como textura y composición de fibras.En algunos casos, incluso, se ha detectado la participación de personas con conocimientos en química, incluidos estudiantes, quienes aplican procedimientos técnicos específicos para lograr el “lavado” del billete sin deteriorar el material base.“Ellos adquieren monedas devaluadas de otros países en grandes cantidades. Lo que hacen es, mediante un proceso químico, inclusive hay personas con conocimientos de química, algunos estudiantes, donde utilizan un proceso ya establecido para ello, lavan la moneda extranjera, el billete extranjero, adquieren el papel moneda y sobre este imprimen las diferentes denominaciones de dólares”, dijo el mayor.Una vez obtenido el papel limpio, los falsificadores imprimen sobre este las diferentes denominaciones del dólar estadounidense. Posteriormente, ajustan el tamaño del billete utilizando cortadoras industriales, ya que las dimensiones del papel extranjero pueden variar frente a las medidas oficiales del dólar. El corte se realiza con precisión para que coincida exactamente con la denominación que desean replicar.Las autoridades continúan investigando el alcance de esta modalidad, que representa un reto adicional en la lucha contra la falsificación de moneda, debido a que el papel utilizado no es convencional, sino que proviene de billetes auténticos emitidos por otros países.
El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un posible hackeo de su teléfono celular y lo que calificó como un “entrampamiento” promovido por actores políticos para desprestigiar su gestión en la Contraloría. Según confirmó, el ente investigador ya ordenó verificar las denuncias y avanzar en las indagaciones correspondientes y aseguró que entregó información detallada y nombres de personas que, presuntamente, estarían detrás de los hechos.“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos, mujeres del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabana Larga”, dijo el Vicecontralor.De acuerdo con su versión, existiría una estrategia orientada a fabricar señalamientos en su contra. “Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas y por robos este fin de semana y el siguiente”, afirmó.Zuluaga indicó que la Fiscalía ya tiene conocimiento detallado de los hechos y confía en que estas investigaciones se desarrollen lo más pronto posible. El caso queda ahora en manos del ente acusador, que deberá establecer si existió un intento de acceso ilegal a dispositivos del alto funcionario y si hay evidencia de un plan para afectar su imagen mediante denuncias falsas.
A nueve meses del secuestro de dos agentes del CTI y dos miembros de la Dijín en poder del ELN, sus familias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ni de la Fiscalía frente a una eventual gestión para lograr su liberación.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los agentes del CTI retenidos, afirmó que la situación ha estado marcada por el silencio institucional.“Es muy triste la situación porque Rodrigo Antonio, Jesús Antonio y los dos miembros de la Dijín en varios videos han expresado su frustración y desesperanza debido a la falta de gestión del Gobierno nacional y la fiscal para lograr su liberación”, señaló.Según explicó, han pasado nueve meses desde el secuestro y cuatro meses desde el último video conocido, fechado el 30 de septiembre. “No sabemos nada de ellos y es muy triste porque preguntamos al Gobierno, a la fiscal, a los entes encargados de este proceso, y absolutamente no hay respuesta a nuestras preguntas. No hay respuesta”, reiteró.Macualo indicó que desde el primer momento las familias actuaron con cautela, siguiendo lo que los propios secuestrados manifestaron en un primer video divulgado el 9 de mayo. “Desde el primer momento nos tocó quedarnos quietos porque ellos mismos en el primer video dijeron que tocaba tener que quedarnos quietos, no hacer nada hasta que no saliera el segundo video”, explicó.Posteriormente, en una nueva prueba de supervivencia, los retenidos pidieron a sus familiares acudir ante el presidente de la República, la Fiscalía y otras entidades para gestionar su liberación. De acuerdo con la esposa del agente del CTI, las familias han acudido a la Fiscalía, la Presidencia, la ONU, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “Es un completo silencio, absolutamente. No hay respuesta a todas nuestras preguntas”, afirmó.En la misma entrevista participó Alejandra Sanabria, esposa de Franklin Esley Hoyos, agente de la Dijín también secuestrado. Señaló que en una de las pruebas difundidas por el ELN se mencionó la intención de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad. “Indicaron que querían hacer un intercambio de presos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, ni del Gobierno ni pronunciamiento”, dijo.Sanabria aseguró que han enviado cartas y comunicados a distintas entidades, incluido el Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta concreta. “Nosotros hemos vuelto a escribir y enviar muchas cartas y comunicados para que nos atiendan, pero la respuesta ha sido nula. Simplemente lo que hacen es enviarse correos entre todos, como una forma de evasiva al caso”, sostuvo.Frente a la posibilidad de un acercamiento a través de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, indicó que han tenido comunicación con uno de los delegados de paz, aunque no directamente con el comisionado.“La razón que hasta el momento nos dan es que ellos están trabajando y van a hacer lo posible. Pero ya vamos para siete meses y no se ha hecho ninguna gestión real”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Municipios como Íquira, Saladoblanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo, han reportado daños en puentes veredales, vías terciarias, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por una descarga eléctrica en una finca del municipio de Teruel.De acuerdo con el boletín oficial de Gestión de Riesgo, en el departamento van hasta el momento 11 municipios que han declarado la calamidad pública como medida para atender de manera urgente a las familias que han resultado damnificadas y también afectaciones en obras de infraestructura.“Tenemos desde el día anterior varios deslizamientos en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45, allí cayeron rocas en la vía principal, también tenemos una emergencia en la vereda La Armenia de Teruel, donde afectó varias cabezas de ganado y un equino alcanzados por una descarga eléctrica. En Palermo desde hace dos días se presentó daños en la red principal del acueducto municipal, pero esta emergencia ya está siendo superada por la empresa de servicios públicos de Palermo”, dijo Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión en el Huila.Según el boletín oficial, a la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas, 118 deslizamientos de tierra, 176 vías entre principales y terciarias afectadas, emergencias censadas en 30 municipios del departamento.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
Un documento titulado “Verificación posible supuesta conspiración contra el señor presidente de la República y el señor ministro” pone bajo análisis el nombre del general Edwin Urrego, en medio de versiones sobre un eventual plan para afectar al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.El informe parte de la revisión de un solo correo remitido por una persona identificada como Andrés Abello, bajo el seudónimo “PACO”, que decía lo siguiente:"En la ciudad de Barranquilla, se viene fraguando un complot en contra del presidente Petro y el ministro armando benedetti por parte del Teniente Coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla en el cual con politicos de derecha, como Char, vienen buscando hacer un decomiso de drogas (plantado) y responsabilizar al presidente y ministro diciendo que son ellos los culpables de ese decomiso. Favor alertar al presidente debido a que ese señor moreno arroyabe viene de trabajar con la DEA en el grupo grate de bogotá siendo el enlace", indica textualmente.El documento de inteligencia, en ninguno de sus apartes, menciona que la supuesta conspiración contra el presidente Petro haya sido en el marco o haya tenido relación con la visita del mandatario a la Casa Blanca en la cual se reunió con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.Incluso, menciona en sus conclusiones que no se descarta que la información tenga un propósito negativo en contra de los oficiales mencionados, “sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos”.No obstante, sí menciona que no se descarta la posibilidad de que estas personas, incluyendo al general Urrego, pudieran haber sido abordadas por alguna agencia extranjera, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines y que su cercanía con círculos políticos desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la “eventual realización de hechos de carácter delictivo”.El nombre del general Urrego en el centro del análisis del informeEl documento menciona expresamente al general Edwin Urrego, detallando su trayectoria institucional, cargos desempeñados, entre ellos Subdirector de la Dijín (2023-2024) y Director de Investigación Criminal e Interpol (2024-2025), y su actual responsabilidad como comandante en Barranquilla desde el 12 de mayo de 2025.El informe relaciona procesos judiciales en los que ha sido mencionado como demandado en su calidad de director de la Dijín o comandante, así como consultas en bases de datos donde figura como denunciante en casos de “transferencia no consentida de activos” y “hurto por medios informáticos”, todos en estado inactivo.Uno de los elementos citados en el documento es un artículo de que recuerda que “varios policías, entre ellos el mayor Edwin Mosleider Urrego, brindaron una protección irregular a la pastora María Luisa Piraquive durante su comparecencia ante la Fiscalía en 2014”, hecho que, según el documento, “generó controversia”.El análisis en el informe incluye referencias a denuncias internas, entre ellas, que “desde la llegada de Edwin Masleider Urrego Pedraza como comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, se denuncia una negativa sistemática al suministro de información a los medios y a la ciudadanía”.También alude a declaraciones de un patrullero de la Policía que identifican como Burbano, sobre “interferencias internas y corrupción en la investigación contra ‘Papá Pitufo’”, así como a investigaciones sobre presuntos vínculos de oficiales con redes de contrabando. En ese contexto, el documento plantea que “se podría verificar si hay alguna conexión laboral o de mayor confianza entre los dos oficiales”, en referencia a relaciones internas dentro de la Dijín.En otro apartado se menciona a la oficial María Paula Cifuentes Rojas, quien “se desempeña actualmente como ayudante del Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza”, y a su esposo, el teniente coronel Óscar Moreno, adscrito también en Barranquilla. El texto señala que Moreno Arroyave “tuvo vínculos con funcionarios del grupo ORAN en la DIJÍN” y recoge versiones según las cuales habría sido señalado por “posibles actos de corrupción relacionados con pagos irregulares de recompensas junto al señor general”, aunque aclara que en verificaciones de antecedentes “no se encontró ningún antecedente vigente”.El documento incluye un capítulo titulado “Las hipótesis detrás del relevo”, donde relaciona operativos policiales en octubre y noviembre de 2025 con la salida intempestiva de Urrego de la Metropolitana de Barranquilla y su posterior designación en otra unidad. Allí se afirma que “la cercanía temporal entre este operativo y el relevo en el cargo fortalece la percepción de que la salida de Urrego obedeció a presiones políticas y no a un cambio rutinario”.“El primero ocurrió el 30 de octubre, cuando disturbios en la Universidad del Atlántico motivaron un operativo policial con sobrevuelo de helicóptero. El segundo episodio ocurrió el 11 de noviembre, cuando se realizó un allanamiento en Lagos del Caujaral autorizado por la Corte Suprema y ejecutado por varias unidades policiales”, destaca el documento, haciendo referencia a la casa del ministro Benedetti que fue allanada.Lo que concluye en informe de inteligencia en contra del general UrregoEn sus consideraciones finales, el informe advierte que: “No se descarta la posibilidad de que estas personas pudieran haber sido abordadas por alguna agencias extranjeras, con el posible propósito de ser utilizada para determinados fines”. Asimismo, señala que “la cercanía del señor oficial con ciertos círculos políticos, desde el inicio de su carrera policial, pudo haber sido aprovechada para la eventual realización de hechos de carácter delictivo”.Sin embargo, el mismo documento también plantea que “no se descarta que la información difundida tenga un propósito negativo en contra de los oficiales”, sugiriendo que las versiones podrían estar motivadas por conflictos internos o denuncias de maltrato a subalternos.