El exalcalde de Bogotá y excandidato presidencial Enrique Peñalosa lanzó fuertes críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro por el rumbo que ha tomado el sistema de salud en Colombia. En entrevista con Recap Blu, aseguró que el mandatario está debilitando el modelo actual porque, a su juicio, “le enferma que haya participación privada en las EPS”.Peñalosa cuestionó la posibilidad de liquidar las Entidades Promotoras de Salud (EPS), una alternativa que el presidente ha mencionado en medio de la reforma al sistema. Según el exmandatario, el problema de fondo no es técnico sino ideológico. “A Petro no le gusta ninguna participación privada en nada que tenga que ver con el sector público”, afirmó, señalando que esa visión estaría afectando la estabilidad del modelo.En su intervención, sostuvo que la participación privada puede aportar eficiencia y control de costos, siempre que exista una supervisión estricta del Estado para evitar corrupción y politiquería. También criticó la gestión del Gobierno en las EPS que han sido intervenidas, asegurando que la administración directa por parte del Estado ha generado más burocracia e ineficiencia.Peñalosa defendió un modelo mixto en el que el sector público y el privado trabajen de manera complementaria. Por ejemplo, mencionó experiencias de su administración en Bogotá, donde se desarrollaron hospitales bajo esquemas de asociación con privados para la construcción y el mantenimiento, mientras que la prestación del servicio médico continuó siendo pública. El exalcalde también comparó el debate colombiano con modelos internacionales. Citó casos como el de Suecia y Dinamarca, donde existen esquemas que permiten a las familias elegir entre educación pública o privada con financiación estatal. En su opinión, el mismo principio debería aplicarse al sector salud: priorizar resultados y calidad del servicio por encima de posturas ideológicas.Finalmente, Peñalosa insistió en que el objetivo central debe ser mejorar la atención y garantizar el acceso, especialmente para los sectores más vulnerables. "Si eso se logra mejor con participación privada o pública, hay que hacer lo que funcione”, concluyó, en un debate que sigue marcando el pulso político alrededor de la reforma al sistema de salud.
Cuando se habla de cámaras de fotodetección, no se trata solo de equipos que capturan imágenes de vehículos; son herramientas tecnológicas diseñadas para detectar infracciones de tránsito automáticamente, con el objetivo de reducir accidentes y mejorar la seguridad vial.Estos dispositivos identifican comportamientos como exceso de velocidad, cruce de semáforos en rojo y falta de documentación obligatoria como SOAT o revisión técnico-mecánica, todo sin necesidad de un policía de tránsito. Desde ahora, Tunja contará con nuevos puntos donde operarán estas cámaras, por lo que los conductores deben conocer esta información antes de transitar por esos sectores.De acuerdo con la Secretaría de Movilidad y Vida Territorial de la ciudad, la implementación de cámaras de fotodetección forma parte de una estrategia para afrontar el preocupante índice de siniestros viales registrado en la ciudad en los últimos años.Ubicación de las cámaras de fotodetección en TunjaLas autoridades han priorizado cinco ubicaciones estratégicas, identificadas a partir de estudios técnicos y la colaboración con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Estos puntos están catalogados con los más altos índices de tránsito y riesgo para conductores y peatones y son los siguientes:Avenida Norte con calle 59.Avenida Norte con calle 53.Avenida Norte con calle 41.Avenida Oriental con carrera 7.Ruta nacional 55 (BTS).Estos dispositivos operarán las 24 horas del día e iniciarán operación el lunes 16 de marzo del 2026. Esta tecnología es capaz de captar comportamientos contrarios a las normas de tránsito. Además, habrá señalización previa hasta 300 metros antes de cada cámara, para alertar a los conductores y facilitar la reducción gradual de la velocidad.Las infracciones que podrán detectar incluyen el exceso de velocidad, el cruce de semáforo en rojo, la falta de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente, entre otras conductas sancionables. Los comparendos identificados por estos equipos serán cargados al sistema en un plazo aproximado de tres días y podrán ser consultados por los ciudadanos a través del SIMIT.El proceso de socialización incluye campañas pedagógicas y jornadas informativas en cada uno de estos puntos, con el fin de que conductores, pasajeros y peatones comprendan cómo funcionan estas cámaras y cuál es su propósito: prevenir accidentes y salvar vidas.
Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo, informó en primicia que el Gobierno del presidente Gustavo Petro enviará este viernes, 6 de febrero, una delegación oficial a Quito con el objetivo de destrabar la crisis arancelaria que amenaza el intercambio binacional. La misión buscará frenar la aplicación de aranceles del 30 % anunciados por ambos países y restablecer el diálogo político.Blu Radio conoció que la comitiva estará encabezada por la canciller Rosa Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. También participarán delegados de los ministerios de Justicia, Energía y Comercio, así como representantes de Ecopetrol, en una señal clara de que la discusión no solo involucra asuntos comerciales, sino también temas de seguridad y cooperación energética.Horas antes del anuncio del viaje, la canciller Villavicencio confirmó que ya existen negociaciones en curso con el Gobierno del presidente Daniel Noboa. Según explicó, Colombia presentó una propuesta que incluye medidas relacionadas con seguridad y otros compromisos bilaterales, y se espera que este fin de semana se lleve a cabo una nueva ronda de conversaciones.La jefa de la diplomacia colombiana aseguró además que el país está dispuesto a retirar la medida arancelaria aplicada a un grupo de productos ecuatorianos, siempre y cuando Ecuador haga lo propio. Este gesto recíproco sería la base para desactivar la escalada comercial que se desató tras el primer anuncio del mandatario ecuatoriano y que derivó en represalias mutuas.El objetivo central de la visita es resolver las diferencias que originaron la imposición de los aranceles y evitar un impacto mayor en los sectores productivos de ambos países, especialmente en las regiones fronterizas. Empresarios y gremios han advertido que la medida podría afectar el comercio, el empleo y la estabilidad económica en zonas históricamente dependientes del intercambio binacional.De los resultados del primer encuentro en Quito dependerá incluso la posibilidad de una reunión directa entre los presidentes Gustavo Petro y Daniel Noboa.
Los tres integrantes del equipo de campaña del senador Jairo Castellanos que habían sido secuestrados tras el ataque armado en Fortul, Arauca, fueron dejados en libertad, confirmaron las autoridades. El hecho se registró en medio del atentado contra el esquema de seguridad del congresista, en el que dos de sus escoltas fueron asesinados, situación por la cual se mantiene una recompensa de hasta $200 millones para dar con los responsables.Horas antes de conocerse la liberación, el senador Castellanos había reaparecido públicamente a través de un video en el que denunció el secuestro de sus colaboradores y pidió garantías para sus vidas. Allí, el congresista hizo un llamado urgente tanto a los captores como a las autoridades para que se respetara la integridad de su equipo de trabajo.“En el mismo acto cobarde fue secuestrado nuestro equipo de campaña, encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (…) Les pido de corazón que respeten su vida y que los regresen al seno de sus familias”, expresó Castellanos en su mensaje, en el que insistió en la necesidad de proteger a las personas retenidas.Tras la liberación, el mismo Castellanos anunció la buena noticia por medio de su cuenta de X:"Anunciamos a la opinión pública que nuestro equipo que se encontraba secuestrado, integrado por Abel Quintero, Jhonatan Gómez y Cristian Torres, fueron liberados y ya se encuentra libres y en camino a encontrarse con sus familias". "Damos gracias a Dios por su regreso con vida. Solicitamos que se adelanten las investigaciones correspondientes y que se llegue hasta los responsables de estos actos tan repudiables", agregó.
Un video captado por cámaras de seguridad del sector se convirtió en una pieza clave para esclarecer el grave accidente de tránsito ocurrido en la mañana del 4 de febrero en el barrio Chapinero de Bogotá, que dejó como saldo una mujer fallecida, dos menores heridos y un motociclista gravemente lesionado.De acuerdo con información entregada por las autoridades, la víctima mortal era una mujer de 58 años que caminaba por la avenida Mutis con carrera 17 acompañada de sus dos nietos, de 6 y 11 años, cuando fue arrollada por un vehículo particular que se desplazaba a alta velocidad. El impacto fue tan fuerte que la mujer murió en el lugar de los hechos.Los dos menores resultaron con lesiones leves y fueron trasladados de inmediato a la Clínica Country, donde permanecen bajo observación médica. Así lo confirmó el coronel Jhon Silva, jefe seccional de Tránsito de Bogotá, quien señaló que “afortunadamente, las heridas de los niños no son de gravedad”.En el mismo accidente también se vio involucrado un motociclista, quien fue embestido por el mismo automotor segundos antes de que este arrollara a la peatona. El hombre sufrió un trauma craneoencefálico severo y fue remitido a la Clínica Nueva, donde recibe atención especializada.Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que, mientras varios vehículos esperaban el cambio del semáforo, una camioneta aparece circulando a gran velocidad, embiste primero al motociclista y luego impacta a la mujer y a los dos menores que cruzaban la vía. Posteriormente, el vehículo terminó chocando contra un establecimiento comercial, causando daños materiales considerables.Este es el video del momento exactoSegún las primeras hipótesis, el conductor habría excedido el límite de velocidad permitido en la zona. El carro era manejado por un joven de 20 años, quien iba acompañado por otro de 19. Ambos fueron requeridos por las autoridades en el lugar de los hechos.“El conductor fue trasladado a la URI para practicarle la prueba de embriaguez y adelantar todo el proceso de judicialización, con el fin de poner la documentación en manos de la Fiscalía General de la Nación”, explicó el coronel Silva.
El Gobierno nacional anunció un refuerzo en los controles para verificar que la rebaja de 500 pesos por galón en el precio de la gasolina se refleje de manera completa en todo el país, tras identificar que en 25 ciudades la disminución no se ha aplicado como fue ordenado.De acuerdo con el seguimiento del Ministerio de Minas y Energía, en esas ciudades la reducción promedio ha sido de apenas 300 pesos por galón, lo que evidencia un traslado parcial del ajuste al consumidor. Además, según el Gobierno, en la mayoría de los más de 1.100 municipios del país no existirían razones económicas para retrasar la reducción total, por lo que el precio debería reflejar de inmediato los 500 pesos menos por galón.El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró que la reducción en el precio de la gasolina es una decisión obligatoria y que su objetivo es aliviar el gasto de los hogares. Por ello, insistió en que todos los agentes del mercado deben cumplir la medida sin excepciones.“Estamos aquí con la Superintendente de Industria y Comercio para reforzar las acciones articuladas que garanticen el cumplimiento de la medida adoptada por el Gobierno nacional de reducir el ingreso al productor de la gasolina corriente”, afirmó.Por su parte, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, anunció operativos de verificación en los territorios donde se han detectado rezagos o se han recibido denuncias ciudadanas. La SIC revisará especialmente los argumentos relacionados con inventarios y advirtió que cualquier aplicación gradual de la rebaja solo puede ser temporal.Las autoridades hicieron un llamado a los ciudadanos para que reporten irregularidades y contribuyan al control social, con el fin de garantizar que la rebaja se aplique de manera efectiva en todas las estaciones de servicio del país.
Varios medios colombianos reportaron este miércoles la detención en Caracas del empresario colombiano Álex Saab, colaborador cercano del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en una operación con fuerzas de Estados Unidos, algo que el círculo cercano de Saab niega.Aunque inicialmente la información circuló de manera extraoficial, prestigiosos medios como The New York Times y la agencia Reuters han validado el suceso, citando a múltiples fuentes que aseguran que Saab fue retenido en compañía de Raúl Gorrín, directivo del canal Globovisión.Confirmación internacional y hermetismo en CaracasSegún los reportes, la detención se habría producido en la capital venezolana durante la madrugada entre el martes y el jueves de esta semana. The New York Times fundamenta su información en el testimonio de cinco venezolanos y un oficial estadounidense, quienes indican que las agencias de aplicación de la ley de los Estados Unidos estaban al tanto del operativo. A pesar de que el abogado de Saab, Luigi Yuliano, ha desmentido la noticia, la coincidencia entre diversas agencias de noticias refuerza la veracidad del hecho.Por su parte, el periodista Roberto Deniz, director del medio independiente Armando Info, confirmó en Mañanas Blu, que sus fuentes también ratifican que Saab ha estado detenido en Caracas. No obstante, Deniz advirtió sobre la "opacidad tremenda" con la que se maneja la información dentro del país, donde figuras clave como Jorge Rodríguez han evitado dar declaraciones claras al respecto.La situación representa un reto comunicativo complejo para el Palacio de Miraflores. Tras haber sido extraditado a Estados Unidos en el pasado y posteriormente devuelto a Venezuela tras un canje bajo la administración de Joe Biden, Saab fue elevado al estatus de "héroe de la revolución" y diplomático.Roberto Deniz explica que es un "sapo difícil de tragar" para el régimen, ya que ahora tendrían que justificar por qué están deteniendo a la misma figura que defendieron internacionalmente. Además, el periodista sugiere que existen tensiones internas dentro del chavismo, con figuras como Delcy Rodríguez tratando de amalgamar fuerzas frente a las negociaciones con Estados Unidos.Escuche aquí la entrevista:
En conversación con Blu Radio la ministra de relaciones exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró que ya hay negociaciones en curso con Ecuador para evitar los aranceles de 30% anunciados por parte y parte. La canciller explicó que Colombia hizo una propuesta a ese país relacionada con seguridad y otras medidas anunciadas y están a la espera de una nueva reunión este fin de semana.“Estamos en un proceso de negociación. Hicimos una propuesta y ellos hicieron una contrapropuesta. Debemos reunirnos este fin de semana o a más tardar el siguiente, los ministerios, para llegar a un acuerdo sobre la tarifa que le han puesto al gas. Estamos buscando alternativas desde Minminas. Por otra parte, frente a la venta de energía a determinado precio, es difícil porque eso es variable. Sin embargo, sí hay que buscar alternativas. Los otros aspectos son en materia de seguridad y no son complejos porque nosotros estamos comprometidos a erradicar en nuestra frontera 5.000 hectáreas de área de coca y reforzar la presencia del Ejército para combatir el crimen”.La canciller también aseguró que Colombia está dispuesta a retirar la medida anunciada para un grupo de productos provenientes de Ecuador si ese país hace lo mismo. Cabe mencionar que esta guerra arancelaria, como la calificó ayer el presidente Gustavo Petro, comenzó luego de que su homólogo Daniel Noboa tomara la decisión de gravar importaciones de Colombia, argumentando que había poca cooperación en las fronteras para combatir el crimen organizado.Desde ese momento el Gobierno ha intentado tener comunicación entre jefes de Estado; sin embargo, por parte del vecino país no ha habido respuesta y por eso una de las peticiones durante la reunión con Trump fue que haya mediación del Gobierno de EE. UU. para superar este problema diplomático.
La alerta temprana 003 de 2026, se emitió para los municipios de Regidor, Río Viejo, Norosí y Montecristo, en Bolívar, donde se ha intensificado la presencia y confrontación de grupos armados ilegales por el control de un corredor estratégico entre los ríos Magdalena y Cauca, utilizado para la movilidad de economías ilícitas.Según la Defensoría, esta zona del sur de Bolívar es clave para actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y la extorsión, lo que ha generado una presión creciente sobre las comunidades, reflejada en restricciones a la movilidad, miedo y regulación armada.El escenario se ha agravado tras la suspensión del cese al fuego bilateral con el ELN, lo que derivó en su repliegue hacia la serranía de San Lucas, mientras que el Clan del Golfo ha expandido su presencia hacia cabeceras municipales, centros poblados y zonas mineras. A esto se suma la actuación de disidencias de las extintas Farc, aumentando el riesgo de enfrentamientos y represalias contra la población civil.“Entre los hechos que sustentan la inminencia, la Defensoría, a través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), ha documentado la contaminación del territorio con minas antipersonal, municiones sin explotar y artefactos explosivos improvisados, así como el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, con afectaciones directas a bienes y personas civiles”, aseguran en un comunicado.En Montecristo se registraron dos accidentes con minas antipersonal en 2025 que dejaron víctimas mortales y personas heridas, además de ataques con drones que impactaron espacios comunitarios y viviendas rurales.La entidad también alertó sobre confinamientos masivos que afectan a más de 3.200 familias en comunidades rurales de Montecristo, así como secuestros y prácticas de trabajo forzado, incluyendo presión a civiles para evacuar heridos o trasladar cuerpos tras los combates. A ello se suman homicidios selectivos y acciones armadas en centros poblados, con víctimas civiles, incluso menores de edad.Otro de los riesgos es el fortalecimiento del control social impuesto por los actores armados, que incluye amenazas a líderes comunitarios y servidores públicos, estigmatización, instrumentalización de juntas de acción comunal e imposición de normas de comportamiento bajo coerción.El riesgo es especialmente crítico para niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento, a violencias basadas en género y a la interrupción del servicio educativo por desplazamientos y amenazas contra docentes.Ante este panorama, la Defensoría solicitó la activación inmediata de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, con el fin de coordinar acciones de protección, prevenir ataques con drones y fortalecer las medidas de atención humanitaria, especialmente para población infantil y comunidades confinadas.
Blu Radio conoció en primicia que la canciller Rosa Villavicencio tiene luz verde del Gobierno de Donald Trump para entrar a Estados Unidos y acompañar al presidente Gustavo Petro en el encuentro que tendrán los dos presidentes el próximo 3 de febrero. El narcotráfico, la migración y el comercio serán los temas clave.La noticia se conoce días después de la conversación telefónica que la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia sostuvo con el secretario de Estado, Marco Rubio, para coordinar los detalles de la reunión entre los presidentes Trump y Petro en la Casa Blanca.Durante la llamada, Rubio confirmó que Estados Unidos respetará la inmunidad presidencial de Petro pese a estar incluido en la lista Clinton y no tener visa. Además, tendrá la protección del Servicio Secreto mientras permanezca en suelo norteamericano.La decisión marca un giro frente a lo ocurrido la semana pasada, cuando a la jefe de la cartera diplomática se le negó la entrada para asistir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, obligando al vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir a asumir la representación de Colombia en dicha instancia.Y es que la presencia de la canciller Villavicencio es clave en un encuentro en el que Colombia busca superar la tensa relación bilateral con el Gobierno Trump que empezó el 26 de enero de 2025 con la decisión de Petro de regresar dos vuelos con colombianos deportados desde Estados Unidos. Crisis que se prolongó durante el año pasado con decisiones como descertificar al país en materia de lucha contra el narcotráfico, incluir en la lista Clinton al presidente, Verónica Alcocer, Nicolás Petro y Armando Benedetti, y dejar sin visa no solo al mandatario sino a la canciller Villavicencio; al ministro de Minas, Edwin Palma y a la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez.Este escenario de restricciones migratorias se originó tras los incidentes de septiembre en Nueva York, donde el presidente Petro, mediante un megáfono en la vía pública, instó a soldados estadounidenses a desobedecer órdenes superiores en el marco del conflicto en la Franja de Gaza.La reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump está prevista para las 11:00 de la mañana del 3 de febrero. El viaje del mandatario iniciará el 1 de febrero y se extenderá hasta el 5 del mismo mes. Se espera que en el marco de su visita haga una conferencia en la universidad GeorgetownEscuche el informe completo aquí:
En Santa Marta fue puesta en funcionamiento una cámara hiperbárica en las instalaciones de la nueva estación de buceo y salvamento de la Armada, un equipo médico clave que permitirá atender de forma inmediata emergencias derivadas de actividades subacuáticas en el norte del Caribe colombiano. La ubicación del sistema, a pocos metros del mar, representa una ventaja estratégica para responder con rapidez a incidentes que antes obligaban a traslados prolongados.La cámara hiperbárica es un equipo médico especializado en el que los pacientes respiran oxígeno casi al 100 % a una presión entre dos y tres veces superior a la atmosférica. Este tratamiento permite que el oxígeno se disuelva con mayor facilidad en la sangre, facilitando su llegada a tejidos afectados y convirtiéndose en una herramienta fundamental para tratar el mal de descompresión, una de las principales emergencias asociadas al buceo.Además de atender lesiones por inmersión, este tipo de tecnología es utilizada para acelerar la cicatrización de heridas, tratar infecciones graves, lesiones por quemaduras, problemas de circulación y apoyar procesos médicos complejos como injertos, necrosis o pie diabético. Su uso es estrictamente médico y se realiza bajo supervisión especializada, con protocolos que garantizan la seguridad del paciente.Hasta ahora, los casos de emergencia por buceo en el Caribe norte debían ser trasladados hasta Cartagena, donde se encuentra el principal centro de referencia del país. Sin embargo, los tiempos de desplazamiento representaban un riesgo adicional para los pacientes, especialmente en situaciones que requieren atención inmediata.“El problema es que no sería de manera inmediata la atención si un paciente en la parte norte del Caribe llega a tener una emergencia y hay que transportarlo de manera segura y oportuna hasta Cartagena. La red hospitalaria aquí no tiene esa capacidad, y nosotros con esto vamos a suplir la necesidad”, explicó el almirante Juan Ricardo Rozo, comandante de la Armada Nacional.El alto oficial agregó que la instalación de la cámara hiperbárica no solo fortalece la capacidad de respuesta ante emergencias, sino que también impacta de manera positiva el turismo especializado en la región. “Con esto también vamos a ser más atractivos para que los turistas vengan a hacer la actividad del buceo, porque saben que, si se llega a presentar una emergencia, tenemos cómo atenderlos”, señaló.La puesta en servicio de este equipo posiciona a Santa Marta como un punto clave para la seguridad marítima y subacuática en el Caribe colombiano, al tiempo que amplía la capacidad de atención médica especializada para buzos profesionales, pescadores, personal naval y turistas que practican actividades en el mar.
El exministro de Defensa y candidato presidencial, Juan Carlos Pinzón, presentó su propuesta de plan de seguridad. En el evento también se refirió a la reunión que se hará el 3 de febrero entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en Washington y cuestionó al mandatario colombiano por los choques que tuvo con su homólogo estadounidense.“Salió corriendo de rodillas a decir, por favor, recíbanme. Y ahora, ¿a qué va a Estados Unidos? En lugar de ir a trabajar por la tecnología, la educación, el comercio, la inversión, la seguridad, la justicia y la tecnología para los colombianos va a que le den la visa y a que lo saquen de la lista Clinton. No quiero ver al presidente de Colombia como un perrito faldero, incluso al actual, no lo quiero ver, pero así se ve”, señaló el candidato Pinzón.Sobre su plan de seguridad señaló que presentará un proyecto de ley de cadena perpetua para feminicidas y que incrementará el pie de fuerza policial hasta el 80 % del estándar internacional.“El plan contempla la activación de reservistas, la modernización operativa y el bienestar integral de soldados y policías. Habrá un Incremento de 100.000 efectivos en 3 años (70 % FF. MM., 30 % Policía). En los primeros 100 días se hará el llamado a 30.000 reservistas (20.000 militares, 10.000 policías)”, dijo Pinzón.También agregó que creará cuatro megacárceles de seguridad con 20.000 cupos cada una.“Una estrategia de asfixia total contra las finanzas, las comunicaciones y las redes logísticas de las organizaciones criminales. El plan enfrenta de manera directa el narcotráfico, la extorsiónextorsión, la minería ilegal y el contrabando, atacando no solo a los cabecillas, sino a toda su estructura económica”, agregó Pinzón.
Un reciente estudio sectorial de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la viabilidad financiera de la educación superior en el país. De las 34 universidades públicas nacionales, solo una logra ser autosostenible, así lo confirmó Andrey Rodríguez, contralor delegado para asuntos educativos."De las 34 universidades públicas nacionales, una sola de ellas logra ser autosostenible. Las otras 33 dependen exclusivamente de los recursos que se les gira del Gobierno nacional. De lo contrario no podrían funcionar", indicó Rodríguez en Mañanas Blu.El origen del déficitRodríguez explicó que la raíz del problema está en cómo se calculaban los incrementos presupuestales desde 1992."Veníamos con una fórmula que actualiza los índices de educación superior por IPC. Esa fórmula llevó a que cerca de 18 billones de pesos no llegaran a las universidades públicas", explicó Rodríguez.Con la nueva ley, se busca usar un índice del DANE que refleje la realidad."Se llama básicamente así, índice de incremento de costos de educación superior, que permite reflejar en mayor realidad cómo crecen los costos", explicó. Disparidad de costos por estudianteEl estudio revela cifras "absolutamente disímiles" entre lo que recibe una universidad por alumno y lo que realmente le cuesta formarlo."'A la Universidad Nacional sacar ese estudiante a nivel de egresos le cuesta casi el triple de lo que recibe. En el caso de La Universidad de Antioquia le cuesta un estudiante cerca de 29 millones de pesos, pero solo recibe cerca de 7 millones y medio", explicó. Esta brecha financiera limita severamente la capacidad de las instituciones para invertir en infraestructura e investigación, así como para ampliar la cobertura educativa.Una nueva esperanza legislativaPara mitigar esta situación, se espera la sanción presidencial de una ley que modifica los artículos 86 y 87 de la Ley 30.1. Los costos ahora se ajustarán mediante el Índice de Incremento de Costos de Educación Superior manejado por el DANE, reflejando mejor la realidad del sector.2."El proyecto de ley busca llegar más o menos a 0.5% del PIB", indicó Rodríguez.Escuche la entrevista aquí:
El abogado penalista Mauricio Pava presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la resolución que establece zonas de ubicación temporal para miembros del Clan del Golfo, medida incluida dentro de la estrategia de Paz Total del gobierno nacional. Según dijo Pava en entrevista con Mañanas Blu 10:30 AM, la resolución vulnera los límites constitucionales en la negociación con estructuras criminales.La acción legal se fundamenta en la protección del Estado de Derecho, argumentando que la administración ha sobrepasado sus facultades al otorgar beneficios territoriales y jurídicos a grupos sin carácter político, sin un marco legal aprobado por el Congreso de la República.El núcleo de la demanda se basa en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en particular la sentencia 525 de 2023, que establece criterios sobre quiénes pueden acceder a zonas especiales y beneficios procesales.Pava explicó que existe una diferencia clara entre grupos con "pedigrí político" y bandas criminales: "Con estructuras criminales de alto impacto. Usted no puede tener zonas especiales de ubicación si no tiene un marco jurídico, una ley de sometimiento".El abogado señaló que la resolución del 22 de diciembre vulnera este principio, ya que el proyecto de ley de sometimiento todavía está “diluido” en el Congreso. Sobre la negociación con carteles de narcotráfico y minería ilegal, Pava agregó: "En el mundo de esta resolución... ese mundo es con bandas criminales, pandillas, estructuras de crimen organizado... con esos grupos es el sometimiento a la justicia".La demanda alerta sobre la entrada en vigor de la resolución, programada para el 1 de marzo de 2026, coincidiendo con los periodos electorales. Pava expresó preocupación por la transparencia y la libertad del voto en los municipios designados en Chocó y Córdoba."¿Quién va a garantizar que en esas zonas haya voto libre, que la población con tranquilidad pueda acudir a las jornadas electorales?", cuestionó, señalando que entregar territorios a grupos que los dominaron “a sangre y fuego” podría interpretarse como una legalización de facto de su control.La demanda también cuestiona la potestad del presidente de la República para suspender órdenes de captura y procesos de extradición en estas zonas. Según Pava, estas acciones solo serían legales si existiera una ley ordinaria de sometimiento, actualmente inexistente."Una cosa es la negociación con grupos que tengan un pedigrí político y otra cosa es la negociación con bandas criminales", subrayó, recordando que la falta de marco jurídico impide que estas medidas tengan respaldo legal legítimo.Escuche la entrevista completa aquí:
La Procuraduría General de la Nación encendió nuevamente las alarmas por la contratación relacionada con la expedición de pasaportes en el país. El ente de control advirtió presuntas irregularidades en un nuevo contrato interadministrativo suscrito entre la Cancillería y la Imprenta Nacional, cuyo valor asciende a más de 185.000 millones de pesos.Se trata de un contrato publicado en la plataforma SECOP el pasado 29 de enero, cuyo objetivo es la producción y expedición de pasaportes. Aunque el convenio fija su ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026, la Procuraduría cuestionó que no se haya establecido una fecha clara de inicio.La preocupación de la Procuraduría se centra en el elevado monto comprometido que supera los 185.000 millones de pesos y por el hecho de que este es ya el cuarto contrato que suscriben la Cancillería y la Imprenta en un objeto prácticamente idéntico.Según el Ministerio Público, las sumas comprometidas en estos cuatro negocios jurídicos superan el billón de pesos y alcanzan un total de $1,49 billones, cifra que ha generado serias inquietudes sobre la planeación y transparencia del proceso contractual.El pronunciamiento se da tres meses después de que la Procuraduría presentara una demanda ante la justicia para anular el convenio internacional firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, también relacionado con la fabricación de pasaportes y que fue cuestionado por presuntas irregularidades.Por esta razón la Procuraduría advirtió que abordará la suscripción del contrato desde las acciones preventivas que ya adelanta sobre el suministro de pasaportes, y que además revisará el tema dentro de las investigaciones disciplinarias que actualmente se encuentran en curso.
El senador Jairo Castellanos reapareció luego del atentado del que fue víctima este jueves. A través de un videos el congresista también denunció el secuestro de tres integrantes de su equipo de campaña tras un violento ataque en el departamento de Arauca, en el que fueron asesinados dos de sus escoltas. Visiblemente afectado, el congresista hizo un llamado urgente a los captores y a las autoridades para que se garantice la vida de sus colaboradores.“En el mismo acto cobarde nos han secuestrado el equipo de campaña encabezado por Abel Quintero, el ingeniero Jonathan y Cristian Torres (...) “Les pido de corazón que respeten su vida, que los regresen al seno de su familia”, afirmó Castellanos, quien pidió con vehemencia que se respete la integridad de las personas retenidas. , agregó el senador.El ataque ocurrió cuando una camioneta del esquema de seguridad del congresista fue atacada a tiros en una carretera de Arauca. En el hecho murieron dos escoltas que, según Castellanos, llevaban años acompañándolo y formaban parte de su entorno más cercano. “Ofrendaron la vida para salvar la nuestra, para salvar la democracia y para levantar la voz de la región”, expresó.Entretanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que habló con el senador tras el atentado y aseguró que se encuentra a salvo, aunque profundamente conmovido por lo ocurrido. “Estaba llorando por la muerte de sus escoltas y por los atentados contra la camioneta y parte de su escolta”, señaló el funcionario, quien también informó que otra camioneta del esquema de seguridad desapareció durante el ataque.Según explicó el ministro, el atentado se produjo contra una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander para encontrarse con Castellanos, quien actualmente se encuentra en Yopal, capital del departamento de Casanare. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado quiénes serían los responsables del ataque, aunque en Arauca opera históricamente el ELN.En su declaración, el senador del partido Alianza Social Independiente (ASI) también exigió al Gobierno garantías para ejercer la política en los territorios.“Necesitamos condiciones para hacer política limpia, para hablar con las comunidades, recorrer las regiones y no tener que hacerlo desde apartamentos grabando videos”, reclamó, al tiempo que lamentó la persistencia de la violencia política en el país.El hecho se produce en un contexto de alta tensión electoral. Apenas un día antes, Human Rights Watch advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas está marcado por graves hechos de violencia, entre ellos el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
Luego de conocerse el atentado contra el senador Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus escoltas que se movilizaban en la camioneta del congresista, el Gobierno reaccionó. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó a través de se cuenta de X que se ofrecen hasta 200 millones de pesos para dar con los responsables de este ataque ocurrido en Arauca."Toda la fuerza pública disponible está adelantando operaciones para rescatar con vida a los 4 integrantes de su equipo de trabajo quienes se transportaban en un Volkswagen Amarok blanco, de platón, placas THZ-973", agregó el ministro.Vale recordar que en Arauca, donde ocurrió el atentado, tiene una fuerte presencia la guerrilla del ELN, pero las autoridades no se han pronunciado aún sobre los autores del ataque.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti informó que otra camioneta del esquema de seguridad de Castellanos, quien está haciendo campaña para volver a ser elegido senador, desapareció durante el ataque."Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él. Él se encuentra en Yopal (capital del departamento de Casanare). El atentado sucedió con una caravana que venía de Norte de Santander para encontrarse con él", precisó el ministro.El miércoles pasado, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el periodo previo a las elecciones presidenciales y legislativas de este año se vio "empañado" por el asesinato del precandidato presidencial de derechas Miguel Uribe Turbay.Uribe Turbay, del partido opositor Centro Democrático, falleció en agosto pasado, dos meses después del atentado del que fue víctima en Bogotá.El asesinato del senador, quien murió el 11 de agosto tras permanecer dos meses en grave estado, conmocionó al país y ha derivado en una compleja investigación judicial.Igualmente, en agosto pasado el representante a la Cámara Julio César Triana, del partido de derechas Cambio Radical, sufrió un atentado del que salió ileso cuando desconocidos atacaron a tiros su vehículo, que recibió ocho impactos de bala, en el departamento sureño del Huila.
La Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, se pronunció frente al informe de la Contraloría General de la República que advirtió un presunto daño fiscal por 4.037 millones de pesos, derivado del uso de recursos para adecuar una planta privada de almacenamiento, secado y trilla de arroz en el corregimiento de Valencia, en Valledupar, Cesar.El principal punto de diferencia entre ambas partes está en la naturaleza de los recursos. Mientras la Contraloría sostiene que los dineros del contingente arancelario COL RICE tienen carácter público y, por tanto, no podían destinarse a bienes privados, Fedearroz afirmó que estos recursos no hacen parte del Fondo Nacional del Arroz y que corresponden a ingresos privados provenientes de subastas realizadas en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos.“Así las cosas, los dineros que la federación percibe por su participación en esta sociedad extranjera, son privados y han sido invertidos en varios proyectos en beneficio de los agricultores, los cuales para su ejecución han tenido en todos los casos el aval del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural”, se lee en el documento.El gremio defendió que la inversión en infraestructura como la planta de Valencia beneficia directamente a los productores y no genera un provecho particular para la Federación. En este sentido, Fedearroz aseguró que la operación y mantenimiento de la infraestructura han sido asumidos completamente por la federación como parte de su labor gremial.Frente al señalamiento de la Contraloría sobre un posible incremento patrimonial injustificado, Fedearroz respondió que la planta fue construida inicialmente con recursos propios en 2016 y que algunos equipos fueron entregados por el Ministerio de Agricultura en comodato, es decir, un contrato gratuito mediante el cual una parte entrega a otra un bien mueble o inmueble para que haga uso de él durante un tiempo o para un fin específico.Otro punto clave de la respuesta es el estado del proceso. Fedearroz recalcó que los hallazgos no están en firme y hacen parte de una etapa preliminar que aún permite contradicción y defensa. Por ello, anunció que sustentará técnica y jurídicamente su actuación ante el organismo de control, al considerar que existe una diferencia de interpretación sobre la naturaleza de los recursos.En cuanto a las observaciones administrativas adicionales, como fallas en supervisión contractual o actualización de pólizas, el gremio indicó que ya adoptó correctivos internos, varios de los cuales fueron reconocidos por la Contraloría como beneficios del proceso auditor.
El presidente Gustavo Petro ordenó al ministro de Defensa y demás autoridades ubicar a los cuatro integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos quienes se movilizaban en un vehículo Volkswagen Amarok y de quienes no se tiene información tras el atentado en Arauca.“Se le brindará todo el apoyo en materia de seguridad para proteger la vida del congresista y su equipo de trabajo”, dijo Petro tras conversar con el congresista.En conversación con Blu Radio, el director de la UNP aseguró que, según información, preliminar dos personas habrían resultado muertas, pero de ellos, solo uno sería miembro de la entidad. Las autoridades no han llegado a la zona porque es de difícil acceso y el senador no se encontraba al interior del vehículo al momento del ataque.Por ahora, la UNP espera información oficial, pero el vehículo asignado al legislador quedó en pérdida total. Su esquema será reemplazado y de ser necesario tendrá un reforzamiento tras una evaluación del riesgo.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que ya estableció contacto con Castellanos y que se encuentra bien, pero conmovido por el asesinato de varios integrantes de su esquema de seguridad. "Hay una camioneta que está perdida, que se iba a encontrar con él (...) Vamos a estar al frente de todas las investigaciones posibles de qué se trata esto", dijo.
El alto comisionado para la Paz, Otty Patiño, aseguró en entrevista en Mañanas Blu 10:30 que el contexto regional, especialmente tras los recientes cambios políticos en Venezuela, abre un escenario más favorable para enfrentar a los grupos armados ilegales que operan entre ambos países, sin que ello implique —según explicó— un giro radical en la estrategia de paz total del Gobierno nacional.Patiño respondió a las críticas que surgieron luego de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense Donald Trump, encuentro tras el cual se anunciaron capturas contra cabecillas como alias ‘Chiquito Malo’, del Clan del Golfo; ‘Pablito’, del ELN, e ‘Iván Mordisco’, del Estado Mayor Central. Para algunos sectores, estas acciones marcarían un viraje hacia una política de seguridad más dura. Sin embargo, el comisionado fue enfático en que “no hay un cambio de rumbo”, sino una reafirmación de la lucha contra el narcotráfico compatible con los procesos de paz en curso.“Ha habido desinformación al señalar que el Gobierno frenó la ofensiva contra el narcotráfico por los diálogos. Por el contrario, la reunión con Estados Unidos fue una oportunidad para ratificar que esta política sigue siendo prioritaria y que se puede fortalecer con cooperación internacional”, explicó Patiño.Uno de los puntos de mayor tensión recientes fue la suspensión del diálogo con el Clan del Golfo, tras el anuncio de una orden de captura contra su máximo jefe. El comisionado atribuyó el episodio a un malentendido sobre las zonas de ubicación temporal y aseguró que ya se trabaja en superar el impasse. “Los comandantes están dando instrucciones para una concentración gradual de sus estructuras. Eso muestra que el proceso sigue avanzando”, afirmó.Sobre las extradiciones, Patiño recordó que durante el actual gobierno se han autorizado más que en administraciones anteriores y que solo se suspenden cuando hay negociaciones avanzadas que así lo ameritan. “No hay contradicción entre la política de paz y la lucha contra el narcotráfico. Son complementarias”, sostuvo.El funcionario también se refirió al escenario venezolano como un factor clave. Según dijo, la salida de Nicolás Maduro del poder y los acercamientos del nuevo gobierno con Estados Unidos cambian sustancialmente el panorama para Colombia. “Antes, muchos grupos armados se movían con facilidad en territorio venezolano y encontraban protección política. Hoy el contexto es distinto. Es un panorama más favorable para combatirlos y para avanzar en negociaciones desde una posición más sólida”, afirmó.Patiño subrayó que la paz total no es un proyecto de corto plazo ni condicionado al calendario electoral, sino una apuesta de largo aliento que combina presión institucional, diálogo y transformación territorial. “Con quienes se levantan de la mesa, debe haber ofensiva. Con quienes avanzan en procesos serios, debemos consolidar rutas hacia la dejación de armas y la vida civil”, concluyó.En medio del debate por la seguridad y el rumbo del Gobierno, el comisionado insistió en que el país no está ante un giro improvisado, sino frente a una estrategia que busca equilibrar autoridad del Estado y salidas negociadas al conflicto, ahora con un entorno regional que, según dijo, juega a favor.
El Gobierno nacional, a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, emitió el primer pronunciamiento tras el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos en Arauca. El funcionario confirmó el asesinato de varios escoltas y anunció el inicio de investigaciones urgentes para esclarecer el ataque ocurrido en el municipio de Fortul.El ataque armado se registró este jueves cuando una caravana de vehículos oficiales se desplazaba desde Norte de Santander con destino a Yopal, Casanare. Según el reporte oficial, el grupo tenía como objetivo encontrarse con el congresista Castellanos en la capital casanareña. Durante el trayecto por el departamento de Arauca, los vehículos fueron interceptados y atacados, dejando un saldo trágico.El ministro Benedetti confirmó que logró comunicarse directamente con el legislador tras los hechos. "Acabo de hablar con el senador Jairo Castellanos, él está bien, pero estaba profundamente conmovido, llorando por la muerte de sus escoltas", relató el titular de la cartera política. Además, el ministro reveló que la situación de orden público es compleja, pues todavía "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.Medidas de seguridad y estado actual del senador CastellanosA pesar del impacto contra su equipo de protección, el senador Jairo Castellanos se encuentra a salvo en Yopal. Fuentes cercanas a su despacho indicaron que el congresista esperaba la llegada de los vehículos atacados para continuar con su agenda regional. La preocupación del Ejecutivo se centra ahora en el paradero de los funcionarios que aún no han sido reportados y en el refuerzo de la seguridad del parlamentario."La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", enfatizó Benedetti. El Ministerio del Interior y la Fuerza Pública mantienen el monitoreo en la zona para determinar la autoría del atentado y recuperar el vehículo desaparecido.
Hombres fuertemente armados irrumpieron en el centro de salud local y se llevaron por la fuerza a un médico y una enfermera con rumbo desconocido. Según las Fuerzas Militares, este hecho ocurrió en una zona cercana al campamento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que recientemente fue blanco de una operación de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.La inteligencia militar sostiene que el rapto de los profesionales de la salud tiene como fin exclusivo brindar asistencia médica a los combatientes afectados por las detonaciones. El general Hugo López, comandante de las Fuerzas Militares, confirmó la situación y calificó el acto como un secuestro preventivo por parte del grupo armado.Estado de salud de los guerrilleros del ELN tras el bombardeoEl operativo militar contra la estructura del ELN dejó un saldo inicial de siete muertos en combate, cuyos cuerpos ya se encuentran en Medicina Legal. No obstante, el reporte oficial estima que entre 20 y 25 integrantes de la organización resultaron afectados, de los cuales entre 12 y 15 habrían sido extraídos por sus propios compañeros tras quedar heridos.Información recopilada por inteligencia militar sugiere que dentro del grupo de lesionados se encuentra un cabecilla de la estructura. Las autoridades indican que este jefe guerrillero habría perdido su pierna derecha como consecuencia del impacto de las bombas lanzadas durante la operación aérea.Por ahora, el Ejército mantiene la vigilancia en la zona para intentar dar con el paradero del personal civil y garantizar su liberación, mientras se evalúan los daños definitivos en la capacidad logística del grupo ilegal en el norte del departamento.
Un violento ataque armado se registró en las últimas horas en el departamento de Arauca, donde fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), quienes hacían parte del esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos del partido ASI.El hecho ocurrió en inmediaciones del municipio de Fortul, cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo oficial que fue interceptado y atacado con armas de fuego.Blu Radio supo, a través de uno de los asesores que acompaña al congresista, que este se encuentra a salvo en Yopal y que, al momento del ataque, esperaba la llegada del esquema de seguridad que posteriormente fue atacado.Así quedó el carro tras el atentado en AraucaImágenes que circularon tras el atentado evidencian la gravedad del ataque, con el automotor impactado por múltiples disparos, lo que da cuenta de la intensidad de la acción criminal.El vehículo en el que se movilizaban era una Toyota Land Cruiser Prado, la cual terminó con múltiples impactos de bala, las llantas pinchadas y varias ventanas rotas.En imágenes y videos publicados en redes sociales se observan múltiples impactos de bala en la carrocería, especialmente en las puertas laterales y la parte trasera, así como los vidrios completamente destruidos, con fragmentos esparcidos en el interior y el exterior del vehículo. El puerta trasera aparece abierta y deformada, lo que evidencia la violencia del ataque.El automotor quedó detenido a un costado de la vía, con rastros visibles de la acción armada en el asfalto y la estructura del vehículo. Augusto Rodríguez, director de la UNP, confirmó que el ataque fue ejecutado por una estructura criminal cuya identidad aún no ha sido establecida y que las autoridades avanzan en la recolección de datos para determinar con claridad lo sucedido.Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, indicó que logró comunicarse con el senador, quien le expresó encontrarse profundamente afectado por lo ocurrido y, según relató, rompió en llanto durante la conversación.Asimismo, Benedetti confirmó que el vehículo atacado hacía parte de una caravana que se desplazaba desde Norte de Santander hacia Yopal para reunirse con el congresista. De igual manera, el ministro informó que otro automotor que integraba esa caravana permanece desaparecido: "hay una camioneta que está perdida" y no ha sido localizada tras la emboscada.
Este jueves fue atacado un vehículo del esquema de seguridad del senador Jairo Alberto Castellanos en Fortul, en el departamento de Arauca. Al parecer, según se ha podido conocer, dos de sus escoltas fueron asesinados.Blu Radio conoció, de la voz de uno los asesores que acompaña al congresista esta tarde, que este se encuentra a salvo en Yopal y precisamente estaba a la espera de la llegada del esquema de seguridad que fue atacado.El ministro del Interior, Armando Benedetti, pudo hablar con el senador, quien le manifestó estar muy afectado, incluso, estaba llorando al momento de la llamada.A su vez, Benedetti confirmó que el carro atacado venía en una caravana desde Norte de Santander hacia Yopal para encontrarse con el senador.También reveló el ministro que otro vehículo que hacía parte de la caravana se encuentra perdido."He hablado con el senador Jairo Castellanos tras el atentado que sufrió una de las camionetas de su esquema de seguridad. Él está bien, pero profundamente conmovido por el cruel asesinato de miembros de su esquema. La Policía y el Gobierno garantizarán su seguridad y adelantarán todas las investigaciones posibles para dar con los autores de este hecho", escribió en su cuenta de X el ministro Benedetti.