Iván Cepeda calificó como arbitraria, contraria a derecho y antidemocrática la decisión del Consejo Nacional Electoral de no permitir su inscripción a la consulta de la izquierda Frente por la vida.“Viola los derechos no solamente del candidato, en este caso mis derechos como dirigente político, sino también los del Partido Político Pacto Histórico, y los derechos de millones de personas que participaron en nuestra consulta el pasado 26 de octubre de 2025”, dijo Cepeda.Cepeda insistió en que la consulta el año pasado fue interna del Polo y, por lo tanto, no estaría inhabilitado para participar en un proceso similar. En esa medida, reiteran la postura de retirarse del proceso y seguir en la contienda a la primera vuelta.“El Pacto Histórico lo dijo ayer, nos retiramos de la consulta del 8 de marzo, yo me inscribiré en los próximos días para ir a primera vuelta, y allí derrotaremos a nuestros adversarios, a quienes les decimos que entendemos bien sus miedos, sus temores, como no pueden derrotarnos en el debate político democrático, como no han podido derrotarnos en las urnas, apelan a las trampas, a las artimañas y a las maniobras que son, repito, claramente antidemocráticas”, aseveró Cepeda.El senador y precandidato también cuestionó las recientes decisiones del CNE en contra de las listas del Pacto a la Cámara de Representantes en regiones como Valle del Cauca y Bogotá, entre otras.Roy Barreras pide mantener la consulta de la izquierda el 8 de marzoPor su parte, Roy Barreras, quien también está en la contienda de la consulta de la izquierda, aseguró que la decisión del CNE es un atentado a la democracia y cuestionó la imparcialidad de uno de los conjueces involucrados.Sin embargo, su posición fue la de mantener la consulta e invitar a que participen mujeres.“Les envío esta comunicación con una propuesta clara, lo que tenemos que hacer ahora es fortalecer nuestra consulta del frente por la vida con nuevos protagonistas, con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que, por ejemplo, conmigo están y que quieren participar como un exconstituyente, y otros que saben que el progresismo es un proyecto histórico colectivo y no es un proyecto individual, no es el proyecto de Iván o de Roy o de nadie”, detalló Barreras.Con esto, el exembajador de Colombia ante el Reino Unido aseguró que no habrá fracturas en los compromisos ya tomados.“Para tranquilidad de todos, sí haremos acuerdo político. El nueve de marzo, a las 7:00 de la mañana, una vez que derrotemos a la derecha, nos ponemos de acuerdo y nos unimos, y llegaremos juntos a la primera vuelta, no estaremos divididos en la primera vuelta, la unidad es la victoria”, puntualizó.Pero esa estabilidad parece ya estar fragmentada, pues a la par de estas decisiones y reacciones, el exgobernador Camilo Romero, otro de los integrantes de la consulta, escribió: “Roy Barreras NO representa el progresismo”.
Un frente frío atípico registrado en plena temporada seca ha generado múltiples emergencias por lluvias en diferentes zonas del país. De acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, a la fecha se han reportado 256 eventos en 172 municipios, con un balance preliminar de más de 27.000 familias afectadas. Los departamentos con mayor número de damnificados son Córdoba, Cauca, Antioquia y Nariño.Entre los eventos más recurrentes se encuentran movimientos en masa, inundaciones y crecientes súbitas, los cuales han impactado viviendas, comunidades e infraestructura vial. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordina la respuesta en articulación con entidades como el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, la Defensa Civil, el Cuerpo Oficial de Bomberos y la Cruz Roja Colombiana.En los territorios más afectados se mantiene el despliegue de equipos técnicos, asistencia humanitaria y capacidades operativas, incluyendo pelotones de rescate, embarcaciones y aeronaves de reconocimiento, según las necesidades de cada región. En Córdoba, uno de los departamentos con mayores afectaciones, se ha acompañado a las autoridades locales en la instalación de alojamientos temporales y la entrega de kits humanitarios.Asimismo, se han asignado puentes militares para restablecer la conectividad vial en sectores de Antioquia, Córdoba, Magdalena y La Guajira. De manera paralela, se activaron operaciones de búsqueda y rescate en municipios como Necoclí, con apoyo aéreo.La UNGRD reiteró que, conforme a la Ley 1523 de 2012, los entes territoriales son los primeros responsables de la atención de emergencias, mientras que el nivel nacional actúa de forma complementaria cuando las capacidades locales son superadas. Las autoridades hicieron un llamado a las comunidades a mantenerse informadas a través de los canales oficiales y a reportar oportunamente cualquier situación de riesgo.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) admitió de manera provisional la comparecencia de José Leonairo Dorado Gaviria, quien fue sargento viceprimero del Ejército Nacional y se desempeñó durante años en el área de inteligencia. Fue condenado en la justicia ordinaria por extorsión, al aprovechar información confidencial y apropiarse de 22 millones de pesos, y actualmente se encuentra privado de la libertad.En 2018, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) rechazó su sometimiento por considerar que la Jurisdicción no tenía competencia material sobre la conducta por la que fue condenado. Esa decisión fue confirmada por la Sección de Apelación, y en los años siguientes la SDSJ se mantuvo en lo ya resuelto, pese a nuevas solicitudes del compareciente para ingresar al sistema transicional.Con el paso del tiempo, Dorado Gaviria amplió sus aportes y afirmó tener conocimiento, e incluso participación, en múltiples hechos delictivos, relacionados con su labor como integrante de la inteligencia militar encubierta del Ejército.A partir de esa información, la Sala de Reconocimiento de Verdad (SRVR) lo llamó a rendir versión voluntaria dentro de los macrocasos 06 y 08 y emitió un concepto preliminar positivo sobre sus contribuciones, al considerar que podrían ser relevantes.En abril de 2024, un despacho de la SDSJ resolvió desarchivar la actuación transicional, al concluir que las nuevas solicitudes del compareciente incluían hechos y conductas que debían ser analizados para determinar si podían ser competencia de la JEP.El auto señaló que esos relatos podrían contribuir al esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos cometidas durtante su vinculación a la Brigada XX y al Batallón Charry Solan, en particular aquellas asociadas a estructuras de inteligencia militar, como asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate, así como posibles vínculos entre miembros de la fuerza pública y grupos paramilitares en distintas regiones del país.Posteriormente, la defensa de Dorado interpuso un recurso de apelación, solicitando que se revisara la decisión que había negado beneficios transicionales y que se analizara la conexidad entre su conducta y el conflicto armado, teniendo en cuenta su rol funcional dentro del Ejército y los aportes entregados ante la JEP.En diálogo con Blu Radio, Pedro Díaz, magistrado de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, por donde pasó el proceso en una primera instancia, explicó el alcance de esta admisión provisional y lo que se espera del compareciente dentro del sistema transicional.“Eso significa que debe aportar aquello más de lo que se ha establecido en las investigaciones, los procesos y sentencias de la justicia ordinaria, que sean razonados, que sean verdades, que a la JEP le permita contrastar no solo señalamientos o expresiones reiterativas o genéricas, sino que esto permita avanzar en las investigaciones y especialmente de los hechos de desaparición forzada y asesinatos ocurridos durante esa década de los años 80 y comienzos de los 90, en que los servicios de inteligencia de las fuerzas militares fueron muy activos en este patrón y práctica criminal”, detalló el magistrado. Finalmente, el magistrado señaló que en estos casos, la prioridad es garantizar los derechos de las víctimas y conocer la verdad en crímenes que son considerados de los más graves por el derecho internacional, como la desaparición forzada.
Los principales gremios económicos del país reaccionaron a la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente Gustavo Petro, realizada en la Casa Blanca, luego de un año marcado por tensiones diplomáticas y cruces públicos entre ambos mandatarios.María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, calificó el encuentro como constructivo y positivo, señalando que el mayor valor de la reunión no fue un anuncio puntual, sino la recuperación de un marco de confianza y previsibilidad en la relación bilateral.“Colombia y Estados Unidos comparten una agenda amplia, con desafíos complejos, pero también con oportunidades concretas que requieren coordinación constante. Este encuentro puede ser el punto de partida de una agenda de resultados basada en la confianza operativa y en la capacidad de ejecutar. Ese espíritu debe extenderse a los demás pilares de la relación: comercio, inversión, migración, turismo y cooperación, con un objetivo claro: que la relación bilateral produzca resultados medibles para los ciudadanos de ambos países”, indicó.Por su parte, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, destacó la importancia de mantener una relación diplomática seria y consistente entre Colombia y Estados Unidos, teniendo en cuenta que el comercio bilateral supera los 30 mil millones de dólares y genera empleo para miles de colombianos.“Es de inmensa importancia para la relación entre Estados Unidos y Colombia que exista una buena relación entre los presidentes y los gobiernos. De manera que yo diría que lo que ha sucedido el día de hoy va en el camino correcto de cómo se tienen que manejar las relaciones entre nuestros dos países y es lo que efectivamente las empresas colombianas, los ciudadanos colombianos, los trabajadores colombianos y las familias colombianas esperan de la relación entre los dos gobiernos”, aseguró.En contraste, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, reconoció que la reunión contribuyó a desescalar la tensión entre ambos gobiernos, pero aseguró que no se evidenciaron avances significativos. Cuestionó, además, lo que calificó como una falta de resultados concretos y advirtió sobre la necesidad de replantear la estrategia diplomática de Colombia frente a Estados Unidos de cara al futuro. “Avances significativos no hubo y, ante todo, lo que uno interpreta fue un sometimiento total de Petro y su gobierno a los intereses e intenciones de los Estados Unidos”, criticó.La reunión entre los presidentes Petro y Trump se llevó a cabo a puerta cerrada y, al término del encuentro, ambos mandatarios expresaron una impresión positiva. Sin embargo, para los gremios, el verdadero impacto del acercamiento dependerá de que se traduzca en resultados concretos para la economía y la relación bilateral.
Líderes empresariales colombianos reivindicaron la importancia del diálogo y calificaron de "constructiva" la reunión de este martes entre el presidente Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, para pasar la página de un año tormentoso en la relación bilateral."La reunión (...) puede describirse como un encuentro constructivo y positivo. Llega después de semanas de tensión pública, mensajes cruzados y una relación bilateral en un punto de alta sensibilidad, donde Colombia tiene mucho que proteger", expresó María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia).Lacouture manifestó que el principal resultado del encuentro en la Casa Blanca "no es un anuncio puntual, sino un resultado más estratégico: recuperar un marco de confianza y previsibilidad".El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, quien suele enfrentarse con Petro en las redes sociales, afirmó en X que "la forma en que se desarrolló la reunión" demuestra "que siempre hay forma correcta de hacer las cosas, aún en los casos en los cuales hay diferencias ideológicas y políticas".El líder empresarial destacó que Trump "abrió la puerta del diálogo lo que, sin duda alguna, va en beneficio de los dos países y establece una forma racional de trabajo conjunto entre dos naciones que tienen mucho por hacer y mucho por construir".Igualmente valoró que Petro "se comportó en forma responsable y aceptó el diálogo que le fue ofrecido, lo que seguramente evitará inmensos costos personales y económicos para millones de colombianos".Esta fue la primera reunión entre Trump y Petro, quien se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo.En el centro estaba el asunto del narcotráfico, ya que Washington sostiene que la producción de cocaína se ha disparado bajo el Gobierno de Petro, mientras este defiende que su política de sustitución de cultivos ha sido exitosa.En ese sentido, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998), cercano a Petro, celebró "los buenos resultados de la reunión de hoy", con la que "se preservó una relación bilateral de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado que habíamos venido construyendo durante varios años y gobiernos en los dos países"."Quedaron también derrotados los voceros de la oposición colombiana que apostaron por una salida de fuerza a la crisis hoy superada. Y el propio presidente Trump debió entender que, a las malas, los latinoamericanos no vamos a ninguna parte", añadió Samper en X.Colombia y Estados Unidos tienen una estrecha relación basada en la dinámica comercial y la cooperación en seguridad y lucha contra las drogas, pero desde que comenzó el segundo mandato de Trump, en enero de 2025, viven en crisis por las diferencias entre los dos mandatarios sobre temas como la política migratoria, la guerra contra el narcotráfico y la intervención de EE.UU. en Venezuela.
Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este martes, 3 de febrero:España prohibirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años, generando debate en el mundo y el papel de los padres en la crianza de sus hijos.Android planea incursionar en los computadores y así competir con Microsoft en el área de sistemas operativos.Ximena Gómez, líder del Área Terapéutica de cáncer de mama y Diagnóstico de AstraZeneca, habló sobre cómo se está acelerando el proceso de diagnóstico de este cáncer.
Desde la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero en Bogotá, el candidato presidencial Iván Cepeda lanzó una advertencia directa al Consejo Nacional Electoral (CNE): si se le impide al Pacto Histórico participar en la consulta interpartidista del próximo 8 de marzo, esa coalición se retirará de la misma y él se inscribirá directamente para la primera vuelta presidencial.“Con total firmeza y determinación, si se me impide participar en la consulta del 8 de marzo, anuncio desde ya que el Pacto Histórico se retira de la consulta y me inscribo para la primera vuelta de las elecciones presidenciales de este año”, afirmó Cepeda ante los simpatizantes que atendieron la convocatoria.El pronunciamiento se da en medio de una creciente tensión entre el Pacto Histórico y el CNE, luego de que este lunes la Sala Plena revocara la inscripción de la lista a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, una decisión que, según la colectividad, podría extenderse a otros departamentos y afectar seriamente su participación en las elecciones legislativas.Cepeda denunció lo que calificó como una estrategia sistemática de persecución política. Aseguró que ya se han presentado al menos cinco hechos que buscan frenar el avance del Pacto Histórico, entre ellos intentos por impedir su surgimiento, bloquear la consulta interna realizada en octubre de 2025, intentar revocar su participación en la consulta del 8 de marzo y una posible anulación de las listas a la Cámara de Representantes en al menos 15 departamentos.“Se pretende ahora anular nuestra lista en Bogotá, y en este momento el Consejo Nacional Electoral examina la posibilidad también de impugnar nuestra lista en el Cauca, como otras 12 listas a la Cámara de Representantes”, señaló el candidato, quien insistió en que no permitirán que se “atropelle” a la coalición.La decisión que detonó la polémica fue adoptada por seis de los nueve magistrados del CNE, con ponencia de Álvaro Hernán Prada. El tribunal concluyó que la lista del Pacto Histórico en el Valle del Cauca habría superado el umbral máximo del 15 % de la votación obtenida en las elecciones anteriores, requisito clave para poder conformar una coalición entre partidos, en este caso entre el Pacto Histórico y Colombia Humana.De mantenerse este criterio, el impacto podría ser mucho mayor. Según los cálculos conocidos hasta ahora, al menos otras listas adicionales correrían el mismo riesgo, entre ellas las de Bogotá, Cauca, Cundinamarca, Meta y Putumayo. Esto abriría un escenario de alta incertidumbre sobre la conformación de la Cámara de Representantes y el alcance real de la decisión del CNE.En paralelo a la movilización convocada por Cepeda, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral realizó ajustes clave en la conformación de los conjueces que estudian el caso. El organismo aceptó la renuncia del conjuez Manuel Antonio Avella, del Partido Liberal, por motivos de salud, y el impedimento de Alejandro Felipe Sánchez Cerón, del Centro Democrático, por haber hecho parte de la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez.Con estos cambios, los nuevos conjueces titulares son Gustavo Martín Coral, de Colombia Justa y Libres, y Alberto Rojas Ríos, del Partido Liberal. El CNE dará a conocer la decisión definitiva sobre la participación de Cepeda en la consulta Frente por la Vida este miércoles 4 de febrero.Cepeda reiteró que, frente a lo que considera intentos de frenar el cambio social, la respuesta será la movilización pacífica y organizada. Además, insistió en que la coalición hará “todo lo que se requiera” para que sus listas participen el 8 de marzo y para consolidar una “poderosa bancada” en el Congreso, así como su aspiración de convertirse en el sucesor del presidente Gustavo Petro en la primera vuelta presidencial.
Blu Radio obtuvo información exclusiva sobre los detalles de la reunión que se desarrolló hoy entre Donald Trump y Gustavo Petro en Washington. La salida del presidente de Colombia de la lista Clinton sí fue abordada en el encuentro y, de acuerdo con fuentes cercanas a la Casa Blanca, la respuesta de la administración Trump fue que evaluará la posibilidad de sacarlo de esa temida lista una vez se desarrollen las elecciones presidenciales en el país.De esta manera, Petro deberá esperar hasta junio de este año para conocer la decisión definitiva. La razón: el 21 de ese mes sería la segunda vuelta presidencial en caso de que ningún candidato gane en la primera vuelta del 31 de mayo de este año.Y es que la Casa Blanca tiene la lupa puesta sobre el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia y las autoridades norteamericanas están siguiendo el tema de cerca. Por esa razón, en el encuentro, el presidente Trump fue claro en pedirle a Petro que garantice unas elecciones libres, evite la participación de funcionarios públicos en política y se asegure la neutralidad del Gobierno en el proceso.Justamente, hoy el presidente Trump, al ser preguntado por la reunión, dijo que hablaron de narcotráfico y sanciones. Además, coincidencialmente el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno, quien estuvo en la reunión entre Trump y Petro, escribió un mensaje en la misma línea. “Es fundamental que Colombia garantice a su pueblo elecciones transparentes, libres y justas, no solo el próximo mes, sino también en mayo y junio. Estados Unidos estará observando atentamente”, advirtió.También el pasado 23 de enero durante la sesión del consejo de seguridad de la ONU para hacer seguimiento a la implementación del acuerdo de paz, Jennifer Locetta, representante suplente de EEUU para Asuntos Políticos Especiales ante la ONU, dijo: “Ahora que Colombia se acerca a los comicios nacionales, subrayamos una vez más que la violencia política no puede tener lugar en una sociedad democrática”.Además, la funcionaria norteamericana reconoció la preocupación de Estados Unidos sobre el control de los grupos armados ilegales en los territorios y la posibilidad de que “declaren ataques a la población civil” durante el desarrollo de la época electoral en Colombia.Durante esa misma sesión, la representante de Estados Unidos se refirió al magnicidio de Miguel Uribe Turbay y volvió a llamar a las autoridades colombianas a evitar todo tipo de violencia política. “El asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe nos recuerda que todavía queda mucho por hacer para lograr una Colombia pacífica y segura. Seguimos pidiendo a las autoridades colombianas que identifiquen, que traigan justicia a los autores de este ataque contra la democracia colombiana”, advirtió.Por ahora, el presidente Petro seguirá en la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que identifica a personas, entidades y embarcaciones sancionadas por estar involucradas en actividades ilícitas como narcotráfico o terrorismo hasta que los colombianos sepan quién será el próximo presidente del país.
Este martes en Voz Populi hablamos de los diferentes temas políticos, nacionales e internacionales más importantes, acompañados del humor característico de cada uno de nuestros personajes en el programa.
La situación conocida por Blu Radio asegura que trabajadores del Ministerio de Trabajo denuncian presuntas irregularidades en el concurso de méritos que adelanta la entidad para proveer cargos, en su mayoría de inspectores de trabajo, un proceso que se inició en 2024.Según la denuncia, un grupo de funcionarios que actualmente se encuentran en provisionalidad interpuso acciones legales al considerar que el concurso habría presentado fallas desde su inicio, entre ellas la modificación de manuales de funciones a pocas semanas de su realización, pese a que la normativa vigente prohíbe cambios en los seis meses previos.De acuerdo con Jorge Uribe Quintero, inspector de Trabajo y Seguridad Social y presidente de la subdirectiva Norte de Santander del sindicato Sinaltraempros, estas modificaciones vulnerarían la Circular 100, además de principios de transparencia y planeación.“Se modificaron los manuales de funciones incluso días antes del concurso, vulnerando la circular que regula estos procesos”, aseguró Uribe.Es por esto que, ante las presuntas irregularidades, los trabajadores interpusieron una demanda de nulidad simple ante el Consejo de Estado y una acción popular ante el Tribunal de Cundinamarca, solicitando además una medida cautelar para suspender el concurso mientras se resolvía el fondo del caso.No obstante, según Uribe Quintero, el Consejo de Estado tardó catorce meses en pronunciarse sobre la medida cautelar y finalmente decidió no suspender el proceso, lo que generó preocupación entre los trabajadores.“El Consejo de Estado se demoró catorce meses en decidir y no suspendió el concurso”, afirmó el vocero sindical.La principal preocupación de los sindicatos es que las listas de elegibles, cuya publicación está prevista para febrero, se conozcan antes de que exista un fallo definitivo, lo que podría dejar sin efectos prácticos la decisión judicial. Según la denuncia, esta situación pondría en riesgo la estabilidad laboral de más de 1.300 trabajadores, algunos de ellos con más de diez y hasta quince años de servicio, incluidos funcionarios en retén social y próximos a pensionarse.Por ello, las organizaciones sindicales hicieron un llamado a los entes de control y a las autoridades competentes para que revisen el caso y eviten lo que califican como una posible afectación masiva de derechos laborales dentro del Ministerio de Trabajo.¿Qué responde el Ministerio?Desde Blu Radio nos comunicamos con el Ministerio de Trabajo y aseguraron que en este momento se encuentran realizando las verificaciones correspondientes sobre la denuncia.
La mesa de negociación entre el Gobierno nacional y el Clan del Golfo atraviesa un momento delicado tras el anuncio de suspensión provisional de los diálogos por parte del grupo armado ilegal. De acuerdo con la delegación del Gobierno, la decisión se habría tomado de manera unilateral y sin comunicación oficial que precise sus alcances.“Nos hemos enterado de una decisión unilateral de suspensión provisional; dicen ellos que es para algunas consultas. Esperamos una notificación formal y enterarnos bien del detalle”, aseguró Álvaro Jiménez, negociador del Gobierno con el Clan del Golfo.Según se conoció, la suspensión estaría relacionada con declaraciones realizadas en las últimas horas por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Jiménez indicó que la información conocida hasta ahora apunta a una reacción del grupo armado frente a esos pronunciamientos.“Entendí, de la información que ha sido conocida, que es a raíz de unas declaraciones que el señor ministro de Defensa hizo en la mañana de hoy y esperamos un poco los desarrollos para poder asumir un comportamiento respecto de las mismas”, añadió.Jiménez señaló que la delegación se encuentra a la espera de mayores desarrollos para definir su postura frente a la decisión anunciada, y reiteró que, hasta el momento, no existe una notificación formal que confirme la suspensión ni sus términos.El delegado del Gobierno también subrayó que las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia exclusiva de esa cartera y que no corresponde a la mesa de negociación contradecirlas.“Las acciones y procedimientos del Ministerio de Defensa son competencia del señor ministro; yo no las voy a contradecir, pero he podido conversar con él y el señor ministro de Defensa me ha indicado que ellos cumplirán con el compromiso que se ha hecho en las mesas; por tanto, espero que haya alguna precisión al respecto”.Por ahora, el Gobierno espera que el Clan del Golfo notifique oficialmente su decisión, precise si la suspensión será temporal y aclare qué ocurrirá con el futuro de los diálogos.
Videos en poder de la inteligencia militar evidencian cómo el ELN avanza violentamente para copar territorios controlados por las disidencias de las Farc en zonas estratégicas del Catatumbo, en medio de la confrontación armada que se mantiene en esa región del país.Las grabaciones, realizadas por los propios integrantes del ELN, muestran a hombres fuertemente armados con fusiles ingresando a sectores donde, según los reportes de inteligencia, hacía presencia la estructura al mando de alias ‘Calarcá’. En uno de los videos se observa el avance armado casa por casa, mientras los criminales celebran la retirada forzada del grupo rival.El material fue obtenido tras la captura de un integrante del ELN en Cúcuta, a quien se le incautó un teléfono celular con los registros audiovisuales. En las imágenes se escuchan frases que evidencian la crudeza del enfrentamiento y la intención de ocupar el territorio: los criminales relatan cómo hallan chalecos abandonados, armas dejadas atrás y restos de campamentos, señal de una huida precipitada tras los combates.En un segundo video se escuchan gritos y arengas durante un enfrentamiento directo con otra estructura criminal, mientras los insurgentes coordinan ataques, celebran impactos y ordenan lanzar cargas explosivas, confirmando la intensidad de la confrontación entre ambos grupos ilegales.De acuerdo con inteligencia militar, estas acciones hacen parte de una estrategia del ELN para consolidar control territorial, debilitar a las disidencias y asegurar corredores estratégicos para el tráfico de armas, droga y movilidad armada, profundizando la crisis de seguridad que afecta a la población civil en esta región de Norte de Santander.Las autoridades advierten que esta guerra entre estructuras ilegales mantiene en alto riesgo a las comunidades del Catatumbo, donde el control armado se disputa a sangre y fuego, sin consideración por la vida ni la tranquilidad de los habitantes.
En medio de las emergencias que se han venido presentando en el Huila como consecuencia de las lluvias, la delegación departamental de Bomberos expresó su preocupación al señalar que, en lo corrido del 2026, la mayoría de las alcaldías no han firmado los convenios para la prestación de los servicios con los respectivos cuerpos bomberiles.El capitán Edinson Fernández, comandante de Bomberos Voluntarios del Huila, indicó a Blu Radio que, a la fecha, solo 13 municipios han suscrito los contratos para garantizar los servicios ante cualquier eventualidad que se llegue a presentar.“Como delegación departamental de Bomberos nos encontramos muy preocupados porque en estos momentos solo 13 municipios han suscrito los convenios con las alcaldías, municipios como Palermo, Rivera, Teruel, Neiva, Isnos, Pitalito, Hobo, Yaguará, Aipe, La Plata, Timaná y El Pital. Son 23 municipios donde lastimosamente los alcaldes no están garantizando la prestación de los servicios situación que los hace muy vulnerables ante todas las emergencias que se han presentado en el Huila”, explicó el capitán Fernández.Agregó el capitán Fernández que los demás cuerpos de Bomberos están funcionando a media marcha y con esfuerzos atendiendo emergencias producto de las fuertes lluvias que no cesan en el Huila."El municipio de Elías es la única población donde las administraciones no han hecho el deber y la gestión de crear un cuerpo de Bomberos y lo importante que se requiere el organismo de socorro en un municipio, por eso hago el llamado a los alcaldes del Huila a que prioricen recursos para este tipo de convenios con los cuerpos de Bomberos”, anotó.Reporte de emergencias en HuilaA propósito de las lluvias, la Oficina de Gestión de Riesgo del Departamento informó que, a la fecha, hay un reporte de 26 municipios que registran 97 emergencias por deslizamientos de tierra, crecientes súbitas de ríos y quebradas, vías colapsadas, inundaciones y 22 viviendas urbanas y rurales averiadas.La más reciente emergencia se registró en el sector de Los Altares sobre la Ruta 45 en la vía Neiva – Garzón, donde se presenta paso restringido por caída de rocas y tierra, sin embargo, personal de la Concesionaria Ruta al Sur continúa trabajando para recuperar la movilidad.No obstante, ante la apertura de las compuertas de la hidroeléctrica de Betania, se mantienen los monitoreos aguas abajo del río Magdalena principalmente en los municipios de Hobo, Palermo, Rivera, Neiva, Aipe y Villavieja, donde existen comunidades ribereñas dedicadas a la ganadería, a la agricultura y a la pesca artesanal.
El alto tribunal tumbó la Resolución 0803 del 24 de septiembre de 2012, con la que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales había otorgado licencia ambiental al proyecto de perforación exploratoria APE Magallanes de Ecopetrol, en jurisdicción de los departamentos de Arauca y Norte de Santander.Esto, tras una demanda presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos U’wa, que alegó que el permiso se concedió sin realizar un proceso de consulta previa con esta comunidad indígena, pese a que el proyecto podía afectar directamente su territorio ancestral y su forma de vida.En un fallo de 79 páginas, al que este medio tuvo acceso, el Consejo de Estado señaló que la expedición de la licencia desconoció el derecho fundamental a la participación y al consentimiento informado de los pueblos étnicos.Según el análisis del alto tribunal, las medidas compensatorias y los estudios de impacto ambiental que sustentaron el proyecto fueron elaborados sin un diálogo real con la comunidad U’wa, lo que vicia de ilegalidad el acto administrativo.Aunque Ecopetrol, empresa interesada en el proyecto, sostuvo que el área de influencia del APE Magallanes no se superponía con el resguardo indígena, el Consejo de Estado consideró que la cercanía geográfica y los posibles impactos sociales y ambientales obligaban a realizar el proceso de consulta, conforme a los estándares nacionales e internacionales.
Con información aportada por exintegrantes de la fuerza pública, excombatientes de grupos armados ilegales que se vieron involucrados en hechos de desaparición forzada en el marco del conflicto armado, el equipo forense de la Regional Sur de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, durante el año 2025, recuperaron 123 cuerpos en cementerios de Huila, Caquetá y Putumayo.De acuerdo con el reporte, en la misma vigencia 2025 se recuperaron del cementerio central de Neiva, del antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto o fosas comunes 53 cuerpos y 22 fueron entregados a sus familiares, mientras que los demás restos se encentran en proceso de identificación.“En el Grupo Territorial Huila, a cierre de 2025 se registraron 598 solicitudes de búsqueda y se acompañó a 96 personas aportantes de información. El equipo gestionó dos accesos a lugares de interés forense, tomó 177 muestras biológicas, recuperó 53 cuerpos, principalmente en el Cementerio Central de Neiva, y acompañó 22 entregas dignas” dijo Andrea Jiménez Silva, coordinadora de la Unidad de Búsqueda Regional Sur.Jiménez Silva, agregó que, de acuerdo a la información recopilada como Unidad de Búsqueda, en estos tres departamentos del sur colombiano hay un registro de 10.500 personas que continúan desaparecidas como consecuencia del conflicto armado que generó dolor y sufrimiento a miles de familias en los años oscuros de la violencia. En el Huila, data un registro de 1.500 personas desaparecidas.La Unidad de Búsqueda espera en este año 2026 entregar más de 100 cuerpos exhumados a los familiares en Huila, Caquetá y Putumayo quienes llevan años buscando a sus seres queridos que desaparecieron como víctimas del conflicto armado.“La búsqueda no termina con la recuperación de los cuerpos. El reto es avanzar en la identificación para devolverles el nombre que les corresponde y permitir que puedan regresar al seno de su hogar. También es fundamental mantener y abrir nuevos corredores humanitarios que nos permitan llegar a los lugares donde el acceso sigue siendo difícil”, afirmó Andrea Jiménez.Balance de cuerpos recuperados en HuilaDesde el mes de noviembre del 2023 fecha en que se inició el proceso de intervención al Monumento 14 del cementerio central de Neiva, incluyendo las exhumaciones en el antiguo cementerio de Pitalito y en campo abierto, a la fecha en el Huila se han recuperado 137 cuerpos de personas que desaparecieron por cuenta de la violencia armada en el sur del país.En ese sentido en estos dos últimos años de intervención en cementerios de Neiva y Pitalito y exhumación de cuerpos por parte de la Unidad de Búsqueda, en el Huila se han entregado 28 restos identificados a sus respectivos familiares, quienes llevaban años buscando a sus seres queridos.
La Corte Constitucional deberá tomar decisiones sobre la reforma pensional, una de las iniciativas bandera del Gobierno Petro que fue demandada en agosto del 2024 y de la cual se espera el alto tribunal tome una decisión de fondo en las próximas semanas. Sin embargo, este debate podría alargarse porque se conoció que una persona radicó una recusación contra el magistrado Vladimir Fernández, lo que en la práctica significa una petición directa a la Corte para que el togado sea apartado de la discusión de la pensional.La solicitud se produce luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia, presentara una recusación contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, por presunto prejuzgamiento en declaraciones a medios de comunicación sobre la ley que está bajo la lupa de la alta corte.Para el recusante, la actuación del Gobierno al pedir que Ibáñez sea apartado de la discusión, demostraría un interés directo en la decisión de constitucionalidad de la reforma, lo que para juicio de la persona que recusó a Vladimir Fernández compromete su imparcialidad de quien fue secretario jurídico de la Presidencia.Incluso, el escrito es claro en señalar que Vladimir Fernández debió declararse impedido para conocer del asunto una vez se posesionó como magistrado de la Corte Constitucional.Ahora será la Sala Plena de la Corte Constitucional la que deberá decidir si el magistrado Vladimir Fernández debe separarse del estudio de la reforma pensional. Esto es importante porque las cargas en la Corte están definidas, Fernández junto al magistrado Héctor Carvajal fueron cercanos al presidente Gustavo Petro en roles distintos, y en decisiones proferidas desde el alto tribunal ambos han votado a favor del gobierno.
El coronel Álvaro Bello, director técnico de investigaciones de accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que la prioridad en este momento es la descarga y análisis de las cajas negras del avión de Satena HK‑4709, siniestrado en el Catatumbo con 15 personas a bordo. Asimismo, reveló que una interferencia es una de las hipótesis que maneja le entidad.“En este momento le puedo confirmar que estoy en el proceso de descarga de datos de la caja grabadora de datos de vuelo”, explicó, al detallar que se trata de dos dispositivos: uno de voces y sonidos de cabina y otro de datos de vuelo registrados segundo a segundo. Enfatizó que aún no puede entregar conclusiones sobre las causas del siniestro porque necesita tiempo para empezar a identificar y sustentar lo que ya se pudo se detectar o leer en el sitio.Según la Aerocivil, estos grabadores son fundamentales para reconstruir la trayectoria, las comunicaciones y los parámetros técnicos del vuelo que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en una zona de compleja geografía y presencia de actores armados ilegales. La autoridad aeronáutica mantiene la custodia de los equipos y adelanta un proceso de recuperación de datos más complejo en el caso de la grabadora de voces, que sufrió golpes severos por la desaceleración del impacto.¿El avión de Satena se estrelló contra la montaña?Bello reveló que la inspección preliminar en terreno permitió establecer elementos clave sobre cómo impactó la aeronave contra la montaña en el Catatumbo. “La aeronave tiene un impacto que es ascendente, es decir, no es de frente, no hay una colisión frontal contra el terreno”, relató, lo que da, según explicó, “un indicio que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal”. La huella del impacto se extiende unos 150 metros desde la parte alta de la ladera hacia abajo, en el punto más elevado donde quedaron los restos.Aunque los indicios sugieren un desplazamiento a lo largo de la ladera y no un choque frontal, el director de investigaciones se abstuvo de confirmar si el piloto realizó una maniobra in extremis para tratar de evitar la colisión. “Necesito descargar los datos y empezar a analizarlos para poder confirmar si efectivamente hubo una maniobra final”, subrayó el coronel tras insistir en que cualquier interpretación sobre la reacción de la tripulación debe estar soportada en la telemetría registrada por los sistemas de a bordo. Las condiciones meteorológicas exactas en el momento del siniestro también serán contrastadas con la información técnica de la aeronave.Conversaciones en cabina y control: prudencia frente a filtracionesEn medio de versiones y audios que han circulado en redes sobre la supuesta última conversación entre la tripulación y los servicios de control aéreo, Bello pidió cautela y rigor informativo. “En medios salen muchísimas versiones que no son confirmadas en redes”, advirtió. Asimismo, señaló que la única forma de validar esos audios será cuando se logre extraer y cotejar el contenido de la caja grabadora de voces que ya está en poder de la autoridad investigadora. Sobre esa caja, precisó: “Estamos en condiciones en este momento de poder hacer un proceso que va a llevar más tiempo, pero es la recuperación de los datos”.El oficial recordó que las comunicaciones entre pilotos y control se basan en una fraseología técnica estandarizada, en la que reportar “aproximación” implica que la aeronave ya está en fase de descenso hacia la pista de destino. Cualquier indicio de declaración de emergencia o mensajes atípicos deberá establecerse únicamente a partir de la grabación de cabina y de los registros del centro de control de tráfico aéreo.Estado del avión y rol de la empresa operadoraFrente a las condiciones técnicas del Beechcraft 1900D operado para Satena, Bello señaló que, desde el punto de vista regulatorio, la aeronave estaba habilitada para volar. “Esta aeronave como tal contaba con esos registros de aeronavegabilidad o de aprobación de operación por parte de la autoridad aeronáutica”, afirmó. Agregó que las inspecciones realizadas por los inspectores de aeronavegabilidad y de operaciones aéreas estaban vigentes y en regla al momento del accidente. “Si esa aeronave estaba haciendo ese vuelo, es porque esa aeronave está autorizada y legal en sus términos de aeronavegabilidad para cumplir con ese vuelo”, recalcó.El investigador subrayó, no obstante, que la Aerocivil también indaga el factor organizacional dentro de la empresa encargada del vuelo. Esto incluye revisar su sistema de gestión de riesgos, los procedimientos de identificación de peligros, la administración de tripulaciones y la forma en que se garantiza la disponibilidad técnica de la flota. Se trata de un enfoque integral que no se limita al desempeño de la tripulación, sino que incorpora la cultura de seguridad operacional de la organización.Interferencia, jamming y spoofing: una hipótesis de la era digitalAl ser consultado sobre si la causa más probable es el clima o el error humano, el coronel Bello insistió en que la investigación se mueve en varias líneas simultáneas. “Hay factor humano involucrado, hay un factor organizacional y hay un factor que no podemos descartar, que es algo que es moderno, es de la actualidad”, dijo, al introducir el componente de interferencia en la navegación satelital. Allí mencionó explícitamente dos conceptos: jamming y spoofing.Bello enfatizó que la ubicación del escenario —en el Catatumbo, zona fronteriza, de difícil geografía y alta conflictividad— obliga a considerar la posibilidad de interferencia cibernética como una hipótesis de trabajo. “Tenemos que tener en cuenta dentro de una hipótesis de investigación el sitio donde está ubicado el accidente y no podemos descartar que efectivamente pueda haber una situación de esta condición”, sostuvo. Ante la pregunta de si dicha interferencia podría ser eventualmente provocada por alguien, respondió con cautela: “Eso está dentro de una línea de investigación”.La hipótesis de atentado y lo que se ha descartadoSobre la hipótesis de un atentado, Bello fue categórico al señalar que, con la evidencia recogida en el lugar del siniestro, no es posible sostener esa tesis. “Dentro de lo que se identificó en los restos, en la disposición de los restos, en la trazabilidad o la dinámica de impacto, no puedo confirmar eso porque no veo o no identificamos con el grupo una evidencia que haya habido algún tipo de interferencia ilícita”, indicó. De esta forma, la Aerocivil descarta por ahora indicios de explosiones o acciones violentas previas al impacto.El investigador recordó que cualquier conexión con un posible acto terrorista deberá estar plenamente sustentada en pruebas físicas, análisis forenses y datos de las cajas negras, y no en especulaciones. Por ahora, la entidad trabaja bajo el principio de no descartar hipótesis, pero sí de ajustar o derribar líneas de investigación a medida que avanza la recolección y contrastación de información técnica. El objetivo, insistió, es establecer causas probables que deriven en recomendaciones de seguridad para evitar nuevos accidentes.
Tras el trágico accidente de una aeronave de la empresa Satena en la región del Catatumbo, Norte de Santander, la Aeronáutica Civil ha proporcionado los primeros avances de la investigación técnica en curso.En diálogo con Mañanas Blu, el coronel Álvaro Bello, director de investigaciones de la entidad, explicó que las evidencias iniciales recolectadas en el terreno sugieren que el impacto no ocurrió de manera frontal, lo que abre paso a nuevas hipótesis sobre los últimos segundos del vuelo.Hallazgos en el lugar del siniestroDe acuerdo con el coronel Bello, la inspección preliminar en la montaña donde se accidentó el avión indica que la aeronave tuvo un impacto ascendente. "No hay una colisión frontal contra el terreno, sino que efectivamente nos da un indicio de que podría haber un intento de alguna maniobra final antes de la colisión como tal", señaló el funcionario.La huella de impacto se localizó aproximadamente a 150 metros debajo de la punta de la montaña, desplazándose a lo largo de la ladera, lo que sugiere que la tripulación pudo haber intentado elevar la nariz del avión en un esfuerzo por evitar el choque. No obstante, Bello fue enfático en que estas observaciones deben ser confirmadas mediante el análisis riguroso de los datos técnicos.El desafío de las cajas negrasLa investigación se centra actualmente en la descarga y análisis de las dos cajas de grabación de la aeronave: una que registra las voces y sonidos en la cabina (CVR) y otra que recopila los datos de vuelo o telemetría (FDR). El proceso presenta retos significativos, ya que la caja de voces sufrió daños debido a la severa desaceleración del impacto, lo que requerirá un proceso de recuperación más prolongado para obtener la información.Estos dispositivos permitirán determinar con precisión si existió una declaración de emergencia final o si hubo factores atípicos en la comunicación entre la tripulación y los centros de control de tráfico aéreo.Hipótesis y líneas de investigación: ¿Interferencia técnica?Además de los factores tradicionales como el clima, el factor humano y el factor organizacional, la Aerocivil está explorando hipótesis modernas relacionadas con la navegación satelital. El Coronel Bello mencionó la posibilidad de investigar fenómenos como el jamming (corte de señal) o el spoofing, este último referido a una interferencia cibernética que podría hacer pensar a los pilotos que están en una ubicación diferente a la real.A pesar de estas líneas de estudio, la autoridad aeronáutica aclaró que, hasta el momento, no se ha identificado evidencia de interferencia ilícita o atentados contra la aeronave. Finalmente, se confirmó que el avión de Satena contaba con todos sus registros de aeronavegabilidad y aprobaciones de operación al día, cumpliendo con los marcos legales para realizar dicho vuelo.El accidenteLa aeronave, un bimotor Beechcraft 1900 con 32.000 horas de vuelo, cubría el miércoles la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander, que se hace en 25 minutos, pero su último contacto fue cuando llevaba 12 minutos en el aire.Horas después, campesinos de la zona de Curacica, que hace parte de La Playa, informaron del hallazgo del aparato estrellado en la cima de una colina.El avión destruidoEste jueves, desde temprano, funcionarios de emergencia y rescatistas del Grupo de Búsqueda y Rescate Aeronáutico de Colombia (BRAC) seguían en el lugar del accidente, recuperando piezas del avión, que se partió en mil pedazos que quedaron esparcidos entre unos arbustos, y objetos personales de los pasajeros.Escuche aquí la entrevista:
Las Fuerzas Militares ejecutan desde la madrugada de este martes el primer bombardeo del añoen la región del Catatumbo, en el marco de una operación de alta precisión dirigida contra en ELN y la estructura 33 de las disidencias de las Farc, con presencia histórica en esta zona de Norte de Santander.La ofensiva es adelantada de manera conjunta y coordinada por el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional, con el empleo de capacidades diferenciales que incluyen bombardeos aéreos y maniobras ofensivas en tierra, con el objetivo de debilitar los corredores armados y logísticos del ELN.De acuerdo con los reportes preliminares desde el área de operaciones, siete presuntos integrantes del ELN fueron neutralizados y uno más capturado durante acciones desarrolladas en jurisdicción de los municipios de El Tarra y Tibú, donde tropas de la Segunda División y la División de Aviación Asalto Aéreo avanzan en labores de consolidación y control territorial.Le puede interesar: ”A mi papá la guerrilla le dijo que lo dejara de buscar”: hermana de menor muerto en bombardeoLas autoridades informaron que, durante la operación, se logró la incautación de abundante material de guerra, entre el que se encuentran armas largas y cortas, munición de diferentes calibres y artefactos explosivos improvisados. Asimismo, fueron destruidos drones y granadas adaptadas para ser lanzadas desde aeronaves no tripuladas, evidenciando la capacidad ofensiva que venía desarrollando esta estructura armada ilegal.El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Militares señalaron que la operación se ejecuta bajo los principios del Derecho Internacional Humanitario y con estricto respeto por los Derechos Humanos, priorizando la protección de la población civil que por años ha sido afectada por las confrontaciones y acciones violentas del ELN en esta región del país.Mientras continúan las operaciones militares, unidades en terreno permanecen desplegadas ejecutando maniobras ofensivas y de estabilización, con el objetivo de consolidar la zona y evitar el reagrupamiento de los criminales del ELN, considerada una de las más activas en el Catatumbo.
Una persona llega a visitar a un amigo en su conjunto residencial, recorre varias veces el lugar en busca de dónde estacionar y no encuentra ni un solo espacio disponible. Finalmente, se da cuenta de que varios vehículos llevan horas, e incluso días, ocupando los parqueaderos destinados para visitantes. No se trata de visitas, sino de residentes que los usan como una solución fija.Esta escena, tan común en muchos conjuntos, ha sido denunciada en varias ocasiones, pues no solo es una mala práctica, también va en contra de las normas, aunque muchos propietarios no lo sepan.Norma que muchos desconocen sobre los parqueaderos de visitantesLa norma está en la Ley 675 de 2001, que regula la propiedad horizontal en Colombia, y fue aclarada recientemente por el Ministerio de Vivienda a través de un concepto técnico sobre la administración de los bienes comunes.Según esta ley, los conjuntos residenciales cuentan con bienes comunes, es decir, espacios que pertenecen a todos los copropietarios y están pensados para garantizar el funcionamiento, la seguridad y el disfrute de las viviendas. Dentro de estos bienes comunes, la norma indica algunas distinciones:Bienes comunes esenciales, como el terreno, la estructura del edificio, los cimientos o las zonas necesarias para la estabilidad y existencia del conjunto.Bienes comunes no esenciales, como salones comunales, zonas recreativas y parqueaderos, que pueden tener reglas específicas de uso, pero sin perder su carácter colectivo.En este punto es donde entran los parqueaderos. El Ministerio de Vivienda manifestó que los parqueaderos destinados a visitantes son bienes comunes de uso general.Eso significa que no pueden asignarse para uso exclusivo de un propietario, ni de manera informal ni mediante decisiones administrativas que contradigan su finalidad.Por el contrario, los parqueaderos para residentes sí pueden entregarse en uso exclusivo, siempre que el proceso sea equitativo, esté respaldado por el reglamento de propiedad horizontal y no viole normas urbanísticas. La clave está en que los espacios de visitantes deben conservar su destinación comunitaria.¿Puede el conjunto regular el uso de los parqueaderos?Según la ley mencionada, sí está permitido, pero con límites. Las copropiedades tienen la facultad de regular el uso de los parqueaderos de visitantes a través del reglamento interno o de convivencia. Allí pueden establecer, por ejemplo:Tiempos máximos de permanencia.Horarios de uso.Condiciones de acceso.Sanciones por uso indebido.Lo que no pueden hacer es convertir esos espacios en parqueaderos privados de facto para residentes.Además, si el conjunto quiere cobrar por el uso de parqueaderos de visitantes o explotarlos económicamente, esa decisión debe ser aprobada por la asamblea general de copropietarios y quedar expresamente consignada en el reglamento. “Documentos informales como cartillas o circulares solo tienen un carácter orientador y no son obligatorios ni reemplazan la norma”, indica la ley.¿Por qué esta regla es tan importante?El uso indebido de los parqueaderos de visitantes afecta la convivencia, genera conflictos entre vecinos y desnaturaliza el sentido de las zonas comunes. La Ley 675 busca precisamente evitar que algunos propietarios se apropien de espacios que están pensados para todos.En otras palabras, parquear en un espacio de visitantes como si fuera propio no es un “favor” ni una costumbre aceptable, sino una práctica contraria a la normativa de propiedad horizontal.
El más reciente informe mundial de Human Rights Watch (HRW) sobre la situación de derechos humanos en Colombia es categórico: el deterioro de la seguridad, el fortalecimiento de los grupos armados y las deficiencias institucionales han llevado al país a “una de las peores crisis humanitarias de la década”.La directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, presentó las conclusiones del documento en entrevista con Mañanas Blu, en donde enfatizó que la política gubernamental de “Paz Total” no solo ha resultado ineficaz, sino que “ha puesto en riesgo adicional a la población civil”.De acuerdo con los datos citados por la organización, entre enero y agosto de 2025 más de 137.000 personas fueron confinadas por amenazas y enfrentamientos entre grupos armados ilegales. En ese mismo periodo, 544 personas murieron o resultaron heridas por artefactos explosivos, lo que significó un aumento del 145% frente a 2024.“Los grupos armados se fortalecieron con las negociaciones”Goebertus explicó que el informe global de HRW, que abarca 13 países del continente, dedica un capítulo extenso a Colombia debido a la magnitud del deterioro registrado entre 2022 y 2025.“El reclutamiento creció en más del 250%, el secuestro en más del 190% y los confinamientos en más del 50%. Nuestro trabajo de campo en el Catatumbo y Putumayo evidencia que la implementación de la política de paz total, con múltiples negociaciones simultáneas y sin mecanismos de verificación de los ceses al fuego, ha generado un riesgo adicional para los civiles”, advirtió la directora.Según HRW, la estrategia de llevar conversaciones en paralelo con el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, sin una política de seguridad efectiva, permitió que estos grupos ampliaran su control territorial y se fortalecieran aprovechando los espacios de diálogo.“Desafortunadamente, la realidad es que lo que hemos visto es un recrudecimiento de la violencia y un debilitamiento del Estado. Los grupos se aprovecharon de las negociaciones para expandirse”, señaló Goebertus.Catatumbo y Putumayo, epicentros del conflictoEl informe describe con especial preocupación la situación en Catatumbo (Norte de Santander), donde los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC han desatado una ola de violencia contra la población. Allí, HRW documentó casos de asesinatos, secuestros y desapariciones de civiles acusados de colaborar con el grupo contrario.“La suplantación del Estado es total”, explicó la directora. “Vimos al Frente 33 estableciendo campos de castigo y al ELN imponiendo sus propias normas. Esto muestra el vacío de autoridad y el debilitamiento del deber estatal de protección”.En el Putumayo, las disidencias armadas habrían replicado un esquema similar, obligando a campesinos a trabajar en la construcción de vías bajo la amenaza de sanciones, una dinámica que según HRW “profundiza la pérdida del control institucional” y perpetúa el poder local de las estructuras ilegales.Deficiencias institucionales y omisiones del EstadoEl informe también llama la atención sobre la falta de capacidad judicial y las omisiones de las autoridades militares y civiles en la protección de los habitantes de las zonas afectadas.Aunque HRW reconoce una reducción en las denuncias por abusos de miembros de la fuerza pública, advierte “un aumento en las omisiones en la protección de la población”.Goebertus señaló que el Estado tiene el deber de adoptar una política integral que combine seguridad y justicia. “La justicia debe concentrar sus esfuerzos en los eslabones más altos de las redes criminales, investigando delitos como lavado de activos, reclutamiento de menores y corrupción. Sin esa estrategia, es imposible desmantelar las estructuras que sostienen a los grupos armados”, afirmó.Un llamado urgente al gobierno colombianoLa representante de HRW concluyó que la prioridad para el Estado colombiano debe ser recuperar el control territorial y garantizar el acceso a la justicia en las regiones más golpeadas por la violencia. “No basta con los diálogos de paz si no hay una presencia efectiva del Estado que proteja a las comunidades. De lo contrario, la paz total seguirá siendo una promesa incumplida”, enfatizó.
El Clan del Golfo suspenderá las negociaciones de paz en Catar con el gobierno de Gustavo Petro, en rechazo a los acuerdos del presidente con Donald Trump para atacar a su líder.La organización responsable del mayor volumen de exportación de cocaína desde Colombia protestó luego de que los mandatarios priorizaron las acciones militares y de inteligencia contra su jefe Chiquito Malo, durante una reunión el martes en la Casa Blanca.Al margen de los diálogos de paz en Doha, Petro expresó a Trump la necesidad de atacar al líder del Clan del Golfo, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez."Esto sería un atentado contra la buena fe y los compromisos" asumidos hasta el momento en Catar, aseguró en X la organización narcotraficante, al informar que se levantará de la mesa de negociaciones "provisionalmente" mientras sus miembros hacen consultas sobre el anuncio."El presidente Petro antepuso sus intereses personales sobre el bien mayor, que es la paz en los territorios", agregó.Cambio de rumboMiembros del gobierno confirmaron que la cuenta que publicó el mensaje pertenece a la organización de origen paramilitar, que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia.Esta nueva estrategia entre los dos países cambia el rumbo de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que se habían afectado por los constantes enfrentamientos en redes entre Trump y Petro.Antes de reunirse con Trump, el presidente izquierdista de Colombia era presionado por su supuesta falta de mano dura contra las mafias, razón por la que Estados Unidos le impuso sanciones.El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Catar con miras a un desarme a cambio de beneficios legales.Petro ha enfrentado fuertes críticas por su política de negociar la paz con los principales grupos armados del país, que se habrían fortalecido durante su mandato. En el caso del Clan del Golfo, el mismo gobierno reconoce que aumentó en número de miembros.VenezuelaAdemás de Chiquito Malo, Colombia apuntó frente a Trump contra 'Iván Mordisco', el líder de la principal disidencia de las FARC que no dejó las armas tras el acuerdo de paz de 2016, y Pablito, un hombre fuerte de la guerrilla ELN que opera en la frontera con Venezuela."No son objetivos nuevos para Colombia per se, pero sí son objetivos nuevos para una acción conjunta entre Colombia y los Estados Unidos", dijo el ministro Sánchez a Caracol Radio.Chiquito Malo asumió el liderazgo del Clan tras la captura en octubre de 2021 de Otoniel, extraditado a Estados Unidos. El segundo al mando del grupo, alias Gonzalito, murió el fin de semana ahogado tras sufrir un accidente en una embarcación cuando iba rumbo a una zona de paz pactada con el gobierno.En enero el comandante del ELN, Antonio García, dijo que estaba dispuesto a unirse con 'Iván Mordisco' para enfrentar a Washington.Sánchez añadió que Colombia y Estados Unidos invitarán a la Venezuela a unirse a su nueva ofensiva para combatir al narcotráfico.Esta ofensiva "significa interactuar con mayores capacidades en términos de inteligencia, pero aplicando la fuerza en cada territorio según la soberanía de las mismas naciones". La intención "es que Venezuela también se integre en esta línea", sostuvo Sánchez.El ministro precisó que en el caso de Colombia, Estados Unidos colaboraría en labores de inteligencia, pero "la aplicación de la fuerza se hará" por parte de las fuerzas del orden colombianas.
El presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se refirió a la desinformación que se presenta durante las jornadas electorales, advirtiendo que esto polariza a la sociedad y perjudica a los adversarios políticos. Sin embargo, Ibáñez también señala que esto puede limitar la participación de los votantes y llevar a que se ponga en duda el resultado de las elecciones, lo que erosiona la democracia.“Por eso, las elecciones son periodos especialmente críticos desde el punto de vista informativo y el Estado, en consecuencia, tiene el deber de proteger de manera simultánea la libertad de expresión y la integridad del proceso electoral”, dijo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez durante el Gran Foro Colombia 2026.Además, hizo un llamado a los partidos políticos, asegurando que tienen la responsabilidad de aceptar el ejercicio democrático y de respetar a la oposición; también le hizo un llamado al sector privado y a la ciudadanía en general.“La democracia constitucional requiere una participación en la cual todos los ciudadanos estén educados para la democracia. No basta con votar, hay que saber votar, hay que saber deliberar, hay que saber escuchar, hay que saber exigir razones, hay que saber criticar sin destruir, hay que saber diferenciar entre la legítima inconformidad y el llamado a romper el marco constitucional. Hay que saber defender las instituciones”, agregó Ibáñez.
En diálogo con Mañanas Blu, Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), defendió la operatividad del sistema ante las crecientes quejas sobre la supuesta demora en la llegada de ayudas a departamentos como Córdoba, Antioquia y el Valle del Cauca. Mientras los mandatarios locales y los damnificados reportan una situación de abandono, Carrillo aseguró que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres está respondiendo de manera efectiva y coordinada.CórdobaAnte los cuestionamientos sobre la "orfandad" que denuncian gobernantes como el de Córdoba, Carrillo fue enfático en señalar que la asistencia está en marcha. Según el funcionario, solo en Córdoba se tiene desplegado un operativo para entregar 13.000 kits de asistencia humanitaria, de los cuales 7.400 ya han sido entregados en los últimos cinco días en municipios como Canalete.Insistió que la UNGRD ha estado presente en el territorio desde el primer momento con equipos técnicos y asesores de despacho. Respecto al censo de afectados, el director aclaró que las cifras oficiales reportan alrededor de 20.000 familias afectadas, distanciándose de las estimaciones de 80,000 personas mencionadas por otros sectores, aunque aseguró que el Gobierno tiene la capacidad logística para responder ante cualquier magnitud.Tensiones políticas en medio de la calamidadUno de los puntos más álgidos de la conversación fue la denuncia de Carrillo sobre la supuesta instrumentalización política de la crisis. El director acusó a candidatos presidenciales y otros actores políticos de aprovechar el sufrimiento de la gente para atacar al Gobierno Nacional. “No convirtamos esto en un acto político. Justamente los momentos de calamidad, los momentos de crisis, a lo que deben llamar es a la unidad, a la solidaridad”, manifestó Carrillo, tras lamentar que el gobernador de Córdoba se retirara de un Puesto de Mando Unificado (PMU) tras lanzar críticas al presidente de la República.El funcionario también señaló que el sistema depende de la articulación de múltiples entidades, incluyendo alcaldías, gobernaciones, la Defensa Civil y la Cruz Roja, subrayando que las gobernaciones son las primeras respondientes ante las emergencias.Escuche aquí la entrevista: