Según el más reciente reporte del conflicto con el ELN, las acciones violentas atribuidas al grupo armado ilegal alcanzaron 471 eventos, un aumento del 86% frente a 2024 y el mayor nivel desde 2001. El incremento no solo se refleja en el número de hechos, sino en su intensidad y en el impacto: al menos 221 personas murieron en eventos con participación directa del ELN, lo que representa un aumento del 70% frente al año anterior.EL informe asegura que la violencia del ELN ha venido creciendo de manera constante desde 2022, interrumpida por el cese al fuego bilateral que estuvo vigente entre el 3 de agosto de 2023 y el 3 de agosto de 2024. Durante ese periodo se registró una reducción temporal tanto de acciones violentas como de combates. Sin embargo, tras la terminación del cese, la actividad armada se disparó.Del total de acciones violentas registradas en 2025, 348 correspondieron a hechos sin intercambio de fuego, como atentados, instalación de explosivos o amenazas, lo que representa un aumento del 94% frente a 2024. En paralelo, los combates con participación del ELN crecieron 89%, al pasar de 74 enfrentamientos en 2024 a 139 en 2025, la cifra más alta desde 2007.El analisis señala que, aunque una gran parte de las acciones del grupo armado ilegal se dirigen contra la fuerza pública, mantiene enfrentamientos simultáneos con múltiples grupos armados ilegales en las zonas donde opera.La violencia se concentró principalmente en Arauca, la región del Catatumbo en Norte de Santander, el oriente del Chocó, el Bajo Cauca antioqueño y el norte y centro del Cauca.“En todas las zonas donde hace presencia violenta, el ELN mantiene disputas violentas con otros grupos armados: con el Clan del Golfo en Antioquia y Chocó; y con los grupos armados organizados frente 33, frente 18, frente 36, frente décimo, frente 28, Dagoberto Ramos y Carlos Patiño, en Arauca, Cauca, Norte de Santander y Nariño”.Sin embargo, el informe también advierte una expansión hacia municipios del sur de Antioquia, oriente de Santander, sur de Cesar y La Guajira, suroeste de Nariño y norte de Boyacá, territorios donde no se había registrado actividad violenta del grupo en 2024.De las 221 muertes registradas en 2025, 91 más que en 2024, cuando se reportaron 130, 61 corresponden a civiles, 60 a integrantes de la fuerza pública, 51 a miembros de otros grupos armados y 49 a integrantes del propio ELN.“Las muertes de civiles en 2025 casi triplicaron las registradas en 2024; las muertes de integrantes de la fuerza pública aumentaron en más de dos veces y las muertes de integrantes del ELN casi se duplicaron frente al año anterior”.Diciembre: uno de los meses más críticosBuena parte de la actividad violenta se concentró en los primeros meses del año, especialmente por la disputa del ELN con el frente 33 de las disidencias de las Farc en la región del Catatumbo. Sin embargo, diciembre se convirtió en uno de los meses más duros del año.Solo en ese mes se registraron 46 acciones violentas atribuidas al grupo, que dejaron 11 integrantes de la fuerza pública y dos civiles muertos, además de decenas de heridos y dos secuestros.Entre el 14 y el 17 de diciembre, tras un comunicado en el que el ELN anunció un “paro armado” de 72 horas, el grupo ejecutó al menos 40 acciones violentas en distintos departamentos del país. En 22 de esos eventos instaló artefactos explosivos, ocho de los cuales detonaron.Durante esos tres días murió un civil, dos policías y siete soldados del Ejército. Además, se reportaron múltiples heridos y un secuestro. También se instalaron banderas y grafitis alusivos al grupo en al menos 13 municipios.En paralelo, durante diciembre se registraron cinco operaciones de la fuerza pública contra el ELN sin uso de la fuerza, que dejaron ocho integrantes del ELN capturados.Ese mismo mes se reportaron además 14 acciones violentas no atribuidas a ningún grupo armado, pero ocurridas en municipios con reciente presencia violenta del ELN. En 10 de esos eventos hubo víctimas: cuatro personas murieron, tres en un homicidio colectivo,, 18 resultaron heridas y nueve fueron secuestradas. Aunque estos hechos se redujeron frente a noviembre, reflejan la persistencia de la violencia en los territorios donde opera esa guerrilla.
Información de inteligencia de las Fuerzas Militares advierte que estructuras guerrilleras estarían reforzándose en el Catatumbo para quedarse con el control de rutas del narcotráfico hacia la frontera con Venezuela. Esta situación podría aumentar los enfrentamientos con disidencias de las Farc y ataques contra la fuerza pública.El caso fue dado a conocer por el alto consejero de paz, Luis Fernando Niño.“La Fuerza Pública sigue manteniendo un control territorial en toda la frontera del departamento Norte de Santander, precisamente, por informaciones que han venido circulando sobre la posibilidad de un reforzamiento de estructuras al margen de la ley en el Norte de Santander. En este caso, en algún momento se habló que por la frontera con Venezuela, y ahora tenemos esta información de parte de las autoridades por el Magdalena Medio”, explicó.El funcionario indicó que, desde los espacios de diálogo, se busca evitar una escalada violenta en la región.“Lo que estamos tratando de evitar desde las mesas que aún quedan en diálogo, en el caso de la estructura del Frente 33 de las Farc, y de la gestoría de paz del ELN, es que haya un cese al fuego de manera inmediata en el territorio y que, en vez de reforzarse, lo que estemos es planteando la posibilidad de no atacar a la población civil, de disminuir las acciones de ataque y por supuesto de poder mirar cómo podemos avanzar en una salida pacífica al conflicto. Se acaba de decir algo muy importante, población civil”, agregó.Las alertas se concentran en municipios como El Carmen, Tibú y El Tarra, donde estarían llegando integrantes de estos grupos armados y donde ya se registran hechos violentos. Las autoridades mantienen operativos para contener la situación y proteger a la población civil.
Un cargamento de 60.100 detonadores comunes número 8 fue incautado por la Policía en el departamento de Caldas, en medio de operativos contra estructuras dedicadas a la minería ilegal y otras economías ilícitas.El procedimiento se llevó a cabo en la vía Tres Puertas – Puente La Libertad, en jurisdicción de Manizales, donde uniformados que realizaban labores de control y verificación detectaron el transporte irregular del material explosivo. Según las autoridades, los detonadores pretendían ser utilizados y comercializados para actividades ilegales en distintos municipios de la región.De acuerdo con la información oficial, el cargamento está avaluado en aproximadamente 3.000 millones de pesos y representaba un insumo clave para operaciones de explotación ilícita de yacimientos mineros, una actividad que además de ilegal genera graves afectaciones ambientales y riesgos para la seguridad de las comunidades.El coronel Jair Alonso Parra Archila señaló que “estos 60.100 detonadores incautados representan una afectación contundente a las finanzas y a la capacidad operativa de las estructuras criminales. Seguimos trabajando con firmeza para proteger la vida y garantizar la seguridad de todos los colombianos”.Las autoridades indicaron que este tipo de elementos constituye una amenaza directa para la seguridad ciudadana, debido a su posible uso en acciones criminales. Con esta incautación, aseguran, se golpea de manera significativa la logística y las finanzas de las bandas que se lucran de la minería ilegal en el país.La Policía anunció que mantendrá controles estrictos en las principales vías para evitar el transporte y comercialización de material explosivo sin los permisos requeridos, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final del cargamento.
El presidente Gustavo Petro ha oficializado la designación del abogado y académico Jorge Iván Cuervo como el nuevo ministro de Justicia, poniendo fin a cuatro meses de interinidad en la cartera. Cuervo se convierte así en el quinto ministro en ocupar este cargo en menos de cuatro años de administración. Un perfil académico para una cartera en "turbulenciaA pesar de la alta rotación en el ministerio, que ha pasado por las manos de Néstor Osuna, Ángela María Buitrago, Eduardo Montealegre (en calidad de asesor de agenda) y Andrés Idárraga (encargado), el nuevo ministro asegura que existe una continuidad institucional mayor a la esperada. Cuervo, abogado de la Universidad Externado con más de 20 años de experiencia en el estudio de políticas públicas de justicia, llega con la premisa de ser un "articulador" técnico más que una figura política."Mi nombramiento es del presidente. No le debo mi nombramiento a ningún político ni a ninguna persona dentro del gobierno", enfatizó Cuervo, quien se define como un hombre de ideas liberales y progresistas. Ante los rumores de divisiones internas en la Casa de Nariño, el funcionario fue claro en señalar que no llega a tomar partido por ningún bando, sino a trabajar para que el sector justicia culmine con éxito el periodo presidencial."Yo llego con una agenda, puede sonar a cliché, una agenda técnica, es decir, una agenda de alguien que es un académico que lleva estudiando los temas de la justicia durante 20 años", dijo el nuevo ministro de Justicia. Con solo seis meses por delante, la hoja de ruta de Cuervo se centra en dar cierre a procesos iniciados por sus antecesores. Sus prioridades incluyen: plan nacional de política criminal, plan decenal de justicia (2028-2038, descongestión judicial, extradiciones y política carcelaria.En materia de seguridad y relaciones internacionales, el ministro confirmó que la línea de extradición no ha cambiado. Según cifras citadas por el funcionario, este gobierno ha concretado más de 814 extradiciones."La línea de política no ha cambiado. Las extradiciones siguen dándose. Este gobierno es el gobierno que más extradiciones ha concretado", dijo. Finalmente, respecto a la crisis carcelaria, Cuervo se mostró abierto a explorar alianzas público-privadas (APP) para la administración de centros de reclusión, especialmente para perfiles de baja peligrosidad o mujeres cabeza de familia, diferenciando este modelo de una "privatización radical". "Hay que perderle el miedo a esos escenarios que podrían ser eficientes y garantistas de los derechos", concluyó.Escuche la entrevista:
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la seguridad del presidente Gustavo Petro es un asunto de Estado y una responsabilidad de todas las instituciones, tras advertencias sobre posibles amenazas en su contra.A través de su cuenta en X, el jefe de la cartera de Defensa fue enfático en que “nada puede ni debe ocurrirle al presidente de la República de Colombia”. Señaló que el mandatario, elegido democráticamente, cuenta con la protección integral del Estado y que cualquier riesgo en su contra compromete directamente la estabilidad institucional y la democracia del país.En ese sentido, Sánchez informó que ordenó a la cúpula de las Fuerzas Militares y de la Policía activar y fortalecer todas sus capacidades de inteligencia y contrainteligencia. La instrucción incluye articulación con Interpol y con organismos internacionales con los que Colombia mantiene convenios de cooperación, con el fin de anticipar, identificar y neutralizar cualquier amenaza que pudiera materializarse contra el jefe de Estado.El ministro explicó que la información que se recopile en los próximos días será evaluada en una Junta de Inteligencia Conjunta, escenario en el que se adoptarán las decisiones correspondientes en materia de inteligencia, contrainteligencia y eventuales operaciones.De manera paralela, anunció que los datos disponibles serán puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones judiciales necesarias y se identifique a los responsables de las amenazas, con miras a su judicialización.Finalmente, el ministro hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie, bajo absoluta reserva, cualquier información que pueda resultar útil para la seguridad presidencial, en medio de este proceso de verificación y fortalecimiento de las medidas de protección.
Tras la captura de Nicolás Maduro por parte del Gobierno de Donald Trump, Venezuela comenzó un proceso de reconstrucción en sus relaciones con Estados Unidos tras varios años de diferencias y disputas con el régimen desde los ideales políticos como acuerdos entre ambos países.Pero lo que ha llamado la atención en Caracas es cómo nuevamente se vuelve a hablar de Estados Unidos en las calles y, prueba de ello, fue la bandera de EE.UU. en la entrada del Palacio de Miraflores en la tarde de este miércoles, 11 de febrero de 2026.Esto debido a la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, para avanzar en los planes del Gobierno Trump en el país tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero por parte del Ejército de ese país."Este era un problema geopolítico de un país que representaba una amenaza para todos sus vecinos, una amenaza para el hemisferio occidental y un exportador masivo de armas, drogas y criminalidad", afirmó Wright en su llegada a Venezuela.Es por esta razón que apareció la bandera de Estados Unidos en la entrada del Palacio de Miraflores, como acto de diplomacia al igual que se hace en muchos países cuando se sostiene una reunión diplomática entre países.A través de un comunicado, el Departamento de Energía estadounidense calificó como "histórica" la llegada de Wright, quien visitará algunos de los yacimientos petrolíferos del país, "para observar de primera mano cómo el histórico Acuerdo Energético entre Estados Unidos y Venezuela del presidente -Donald- Trump está impulsando la paz y la prosperidad".Esta reunión será una de más que se irán dando entre ambos países para la reconstrucción de las relaciones entre las partes tras la captura de Nicolás Maduro, esto con el objetivo del desmonte total del régimen venezolano y una nueva etapa democrática en este país.
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este miércoles, 11 de febrero de 2026:Hostigan estación de Policía en Cajibío, Cauca, en medio de alteraciones de orden público.Hallan restos humanos en el centro de Cali; investigan posible vínculo con guerra narco en México.El Carmen, Norte de Santander, completa tres días bajo ataque del ELN.Alertan riesgo de reclutamiento forzado del ELN en El Carmen, Norte de SantanderEstados Unidos sigue la pista a responsables del ataque que dejó 13 policías muertos y derribó un Black Hawk.DEA y autoridades colombianas asestan golpe a disidiencias de 'Calarcá' y destruyen laboratorio de cocaína.Escuche el programa completo aquí:
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 11 de febrero de 2026:Germán Córdoba, presidente de Cambio Radical, habló de la petición del partido de detener la impresión de material electoral mientras se resuelve la tutela contra el Pacto Histórico.Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, se refirió acerca del aumento de los apagones en Cuba. Angélica Rincón, directora ejecutiva de Cladec Colombia, comentó sobre el impuesto a compras por internet que venía dentro de la suspendida emergencia económica.Daniel Rojas, ministro de Educación, habló de las medidas preventivas y administrativas que adoptó esta cartera contra la Fundación de Educación Superior San José.Escuche el programa completo aquí:
Recientemente se conoció un presunto caso de maltrato en un colegio del municipio de Girón, Santander. La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra el docente de religión Germán de Jesús Sarabia Puentes por presuntos tratos irrespetuoso contra estudiantes de sexto grado.La investigación del Ministerio Público se centra en una serie de conductas que desdibujan la labor pedagógica, pues se busca establecer si el educador incurrió en tratos irrespetuosos y violentos contra sus estudiantes durante el calendario académico de 2024. El expediente detalla acusaciones que van desde la agresión verbal sistemática hasta el uso de castigos físicos que resultan alarmantes para las autoridades disciplinarias.Según el acervo probatorio que evalúa la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, el profesor Sarabia Puentes habría utilizado términos ofensivos de manera reiterada para referirse no solo a sus alumnos, sino también a los padres de familia en pleno salón de clases. No obstante, la gravedad de los señalamientos trasciende la violencia verbal, puesto que se investiga si el servidor público golpeaba presuntamente a los menores utilizando una biblia, les propinaba tirones de orejas y realizaba comentarios despectivos e inapropiados sobre el aspecto físico de los niños y niñas. Estas acciones representarían una vulneración directa al principio de moralidad y al deber de garantizar un trato digno a la población infantil.Frente a la contundencia de los testimonios y las pruebas preliminares, la autoridad disciplinaria ha calificado la presunta falta del docente como grave, bajo la modalidad de culpa grave. El proceso entra ahora en una etapa definitiva donde se busca confirmar si el funcionario faltó a su compromiso legal y ético de proteger a los estudiantes bajo su cargo.
En un encendido discurso en Ibagué, el precandidato presidencial y exministro Juan Carlos Pinzón lanzó fuertes críticas contra el presidente Gustavo Petro, utilizando un tono irónico y un lenguaje que generó inmediata controversia en el escenario político nacional.Durante su intervención pública, Pinzón se refirió al mandatario como un “H* honorable presidente”, una expresión que repitió varias veces para cuestionar lo que calificó como un manejo irresponsable de las finanzas públicas.“El honorable presidente es todo un h*, como dicen por ahí. Es un honorable presidente, honorable presidente. Yo por eso reitero lo que estoy diciendo, pero la verdad es que vive metiendo la mano al bolsillo de los colombianos”, afirmó el exministro ante los asistentes.Pinzón centró sus críticas en el incremento de la contratación estatal y el gasto público durante el actual Gobierno. Aseguró que, según cifras de la Contraloría, en enero se firmaron contratos por 14 billones de pesos que, en su opinión, tendrían fines políticos y no responderían a las necesidades del país.“Firmó en el mes de enero 14 billones de pesos, cuenta la Contraloría, para hacer política, no para ayudar a Colombia. Y cuando se presenta una tragedia como esa, entonces no tiene con qué, solo rabia y solo cuentos”, señaló.El precandidato también cuestionó la capacidad administrativa del Ejecutivo y advirtió sobre lo que considera improvisación en el manejo del Estado. “El país no puede seguir manejado de esta manera. Esto es manejar las finanzas públicas a las patadas, a través de la ignorancia”, expresó.En otro aparte de su discurso, lanzó una crítica más amplia al panorama electoral y a quienes aspiran a dirigir el país. "Me aterra que aún hoy haya candidatos que en su vida han manejado siquiera la cuenta corriente de su casa y van a querer manejar el país. Olvídenlo, el país no se puede dar el lujo de improvisar”, afirmó.Finalmente, cuestionó la declaratoria de una eventual emergencia económica y sugirió que podría obedecer más a problemas de gestión que a soluciones estructurales. “Me duele mucho que se inventen una emergencia económica de último momento. La pregunta es si realmente responde a unas soluciones o al desgreño administrativo y gerencial que hemos tenido en estos años”, concluyó.Las declaraciones de Pinzón provocaron reacciones inmediatas en distintos sectores políticos, tanto por el tono utilizado como por el trasfondo del debate sobre el gasto público, la contratación estatal y la conducción económica del país en medio de un clima preelectoral cada vez más polarizado.
La Registraduría anunció la activación de un plan de contingencia electoral para Córdoba de cara a las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Desde la entidad explicaron que, pese a la emergencia por el invierno, se va a garantizar la instalación de 595 puestos y 4.320 mesas de votación en el departamento.“Primero, debemos solidarizarnos con todas las personas de Córdoba y Sucre, quienes atraviesan una situación muy difícil por la situación climática. En segundo lugar, para el caso de Córdoba, nosotros ya contamos con un plan de contingencia. Ya tenemos ubicados cada uno de los puestos de votación que hay en la ribera del río Sinú y los demás lugares que están anegados. Estamos encontrando los lugares donde pudieran trasladarse eventualmente esos puestos de votación, para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el registrador Hernán Penagos.En el mismo sentido, la entidad adelanta un plan gratuito para entregar documentos de identidad a los damnificados y que de esta manera no sean vulnerados sus derechos políticos, ya que el documento es indispensable para poder ejercer el derecho al voto.“Tenemos dificultades muy grandes que debemos superar, por ejemplo, algunos colegios que están inundados y otros ocupados como albergues por personas damnificadas, espacios que no se pueden utilizar para instalar puestos y mesas de votación. Estamos mapeando esos lugares y siguiendo el comportamiento del invierno para encontrar posibilidades tras el desbordamiento del río Sinú”, agregó Penagos.
En un operativo las autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una fábrica de falsificación de moneda que operaba en una vivienda del departamento de Boyacá. La acción dejó como resultado la incautación de más de un millón de dólares en billetes falsos y la captura en flagrancia de un hombre señalado de operar el centro de producción.La investigación, que se extendió durante varios meses, permitió ubicar el inmueble donde se imprimían billetes de 50 y 20 dólares destinados al mercado ilegal. El allanamiento fue ejecutado por el CTI de la Fiscalía, con el apoyo de autoridades de Estados Unidos, la Policía y el Gaula Militar del Ejército.Durante el procedimiento fueron hallados exactamente 1.123.600 dólares falsificados, cuyo valor en el mercado negro superaría los 4.272 millones de pesos colombianos. Según las autoridades, el dinero estaba listo para ser distribuido.En el lugar también se incautó maquinaria especializada utilizada para la fabricación del papel moneda, entre ella impresoras de alta tecnología, tintas especiales, planchas de impresión y papel diseñado para imitar las características de seguridad del dólar estadounidense.Una fuente vinculada a la investigación señaló “esta operación representa un golpe a la cadena de suministro de dinero falsificado que afecta negativamente la estabilidad financiera no solo a nivel nacional, sino también internacional, ya que gran parte de esta moneda falsa termina en el exterior”.El capturado quedó a disposición de la Fiscalía y será procesado por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera. Las autoridades avanzan ahora en el rastreo de la red de distribución y no descartan que esta estructura tenga vínculos con organizaciones de crimen organizado transnacional.
A 24 días de los comicios en los que los colombianos y colombianas elegirán a los próximos congresistas y participarán en las consultas interpartidistas para escoger a tres aspirantes presidenciales para la primera vuelta del 31 de mayo, no se conoce el documento público y oficial de la Fiscalía General de la Nación con la estrategia para prevenir, intervenir y judicializar la realización de delitos electorales y combatir la criminalidad electoral en el país.La historia es así: la ley 1864 de 2017, que establece las disposiciones para proteger los mecanismos de participación democrática, señala en un parágrafo de su artículo 17 que, cuatro meses antes de las elecciones, tanto la Fiscalía como la Policía Nacional deben presentar ante la Comisión de Seguimiento a los Delitos Electorales el plan de atención, seguimiento y prevención de la criminalidad electoral.Este documento público contiene la estrategia integral y coordinada entre estas dos autoridades para proteger los certámenes electorales y garantizar que la ciudadanía ejerza su derecho al voto de manera libre, tranquila y segura.Este instrumento permite a las autoridades prevenir, investigar y judicializar los 16 delitos electorales tipificados en la ley (tales como el constreñimiento y fraude al sufragante, tráfico de votos, financiación con fuentes prohibidas, violación de topes, entre otros), utilizando herramientas como mapas de riesgo para identificar y priorizar las zonas del país más vulnerables a la corrupción, el fraude o la violencia.El mapa de riesgo tiene en cuenta factores de fraude o violencia en los municipios y puestos de votación, tales como amenazas de corrupción, atipicidad en las inscripciones de cédulas, presencia de actores armados ilegales, minería ilegal y cultivos ilícitos, violencia contra dirigentes políticos, fraude electoral y denuncias en la plataforma URIEL.Incluso en los documentos establecidos para los comicios anteriores (elecciones nacionales 2022 y elecciones regionales 2023), se estableció el número de fiscales, agentes del CTI, asistentes de fiscales, y funcionarios disponibles para la jornada electoral; se determinó la coordinación interna entre seccionales de la Fiscalía, la dirección anticorrupción, la de seguridad ciudadana y el CTI; se establecía el plan de capacitación, campañas de prevención del delito; y hasta los canales de atención permanente como la línea 112 y la plataforma URIEL. Su propósito fundamental es fortalecer la transparencia de los comicios y la confianza en la democracia, asegurando una reacción inmediata ante cualquier irregularidad antes, durante y después de la jornada de votación.Sin embargo, según pudo establecer BLU Radio, a la fecha no se conoce el documento estratégico de la cabeza de la política criminal, tanto para las elecciones del 8 de marzo, como para las elecciones presidenciales de primera y segunda vuelta previstas para el 31 de mayo y el 21 de junio de 2026.A diferencia de la Fiscalía, el pasado 5 de diciembre, la Policía Nacional presentó su estrategia basada en ocho componentes que abarcan inteligencia, ciberdefensa, protección a candidatos y logística electoral. El plan incluye herramientas como el Centro Integrado de Información e Inteligencia Electoral (CI3E), que mediante 36 variables construye el Mapa de Prevención y Seguridad Electoral para priorizar 1.122 territorios; el equipo ECODE para judicializar delitos en coordinación con la Fiscalía; el Centro Cibernético Policial con monitoreo 24/7 contra la desinformación; redes de apoyo ciudadano con más de 416.000 integrantes y el “Plan Diamante” para la seguridad de aspirantes, todo supervisado a través del sistema SIPDE con mapas GIS que permiten seguimiento y reacción en tiempo real.BLU Radio consultó con el fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, Raúl Humberto González Flechas, así como la directora Especializada contra la Corrupción, Madeleyne Pérez Ojeda, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, fuentes al interior de la entidad aseguran que el plan ya fue socializado por la fiscal General, Luz Adriana Camargo, con el Registrador Nacional, Hernán Penagos; y se están trabajando en mesas con las diferentes entidades e instituciones, para articular las acciones de prevención de delitos electorales; sin embargo el tiempo apremia.Cabe resaltar que este instrumento es indispensable para que las entidades del orden nacional puedan articularse con el ente acusador con el fin de dar respuestas efectivas contra la criminalidad; pero también el mapa de riesgos electorales se hace indispensable para tener certeza de la información junto con los mapas presentados por la MOE, la Policía y otras autoridades.
Las autoridades encendieron las alertas frente a una modalidad de falsificación que combina conocimientos técnicos y procesos químicos para transformar billetes extranjeros devaluados en dólares falsos.De acuerdo con información conocida en medio de una investigación, las redes criminales estarían adquiriendo grandes cantidades de moneda extranjera de bajo valor en el mercado internacional. El objetivo no es ponerla en circulación, sino utilizar el papel moneda original como base para la falsificación.Según explica el mayor Cristian Guevara, jefe del grupo contra la falsificación de moneda de la Dijin de la Policía, los delincuentes someten esos billetes a un proceso químico que elimina las tintas y elementos gráficos originales, dejando el papel prácticamente en blanco, pero conservando sus características físicas, como textura y composición de fibras.En algunos casos, incluso, se ha detectado la participación de personas con conocimientos en química, incluidos estudiantes, quienes aplican procedimientos técnicos específicos para lograr el “lavado” del billete sin deteriorar el material base.“Ellos adquieren monedas devaluadas de otros países en grandes cantidades. Lo que hacen es, mediante un proceso químico, inclusive hay personas con conocimientos de química, algunos estudiantes, donde utilizan un proceso ya establecido para ello, lavan la moneda extranjera, el billete extranjero, adquieren el papel moneda y sobre este imprimen las diferentes denominaciones de dólares”, dijo el mayor.Una vez obtenido el papel limpio, los falsificadores imprimen sobre este las diferentes denominaciones del dólar estadounidense. Posteriormente, ajustan el tamaño del billete utilizando cortadoras industriales, ya que las dimensiones del papel extranjero pueden variar frente a las medidas oficiales del dólar. El corte se realiza con precisión para que coincida exactamente con la denominación que desean replicar.Las autoridades continúan investigando el alcance de esta modalidad, que representa un reto adicional en la lucha contra la falsificación de moneda, debido a que el papel utilizado no es convencional, sino que proviene de billetes auténticos emitidos por otros países.
El vicecontralor general de la República, Carlos Mario Zuluaga, denunció ante la Fiscalía General de la Nación un posible hackeo de su teléfono celular y lo que calificó como un “entrampamiento” promovido por actores políticos para desprestigiar su gestión en la Contraloría. Según confirmó, el ente investigador ya ordenó verificar las denuncias y avanzar en las indagaciones correspondientes y aseguró que entregó información detallada y nombres de personas que, presuntamente, estarían detrás de los hechos.“Estamos presentando una denuncia de información que hemos recibido de un entrampamiento que están ejecutando políticos, mujeres del departamento de La Guajira, del Cesar y funcionarios públicos del municipio de Sabana Larga”, dijo el Vicecontralor.De acuerdo con su versión, existiría una estrategia orientada a fabricar señalamientos en su contra. “Hemos puesto en conocimiento las informaciones que hemos recibido relacionadas con la búsqueda de testigos falsos para que puedan testificar en mi contra sobre temas de abuso, corrupción y hechos que van a ser replicados por bodegas y por robos este fin de semana y el siguiente”, afirmó.Zuluaga indicó que la Fiscalía ya tiene conocimiento detallado de los hechos y confía en que estas investigaciones se desarrollen lo más pronto posible. El caso queda ahora en manos del ente acusador, que deberá establecer si existió un intento de acceso ilegal a dispositivos del alto funcionario y si hay evidencia de un plan para afectar su imagen mediante denuncias falsas.
A nueve meses del secuestro de dos agentes del CTI y dos miembros de la Dijín en poder del ELN, sus familias aseguran que no han recibido respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ni de la Fiscalía frente a una eventual gestión para lograr su liberación.En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López Estrada, uno de los agentes del CTI retenidos, afirmó que la situación ha estado marcada por el silencio institucional.“Es muy triste la situación porque Rodrigo Antonio, Jesús Antonio y los dos miembros de la Dijín en varios videos han expresado su frustración y desesperanza debido a la falta de gestión del Gobierno nacional y la fiscal para lograr su liberación”, señaló.Según explicó, han pasado nueve meses desde el secuestro y cuatro meses desde el último video conocido, fechado el 30 de septiembre. “No sabemos nada de ellos y es muy triste porque preguntamos al Gobierno, a la fiscal, a los entes encargados de este proceso, y absolutamente no hay respuesta a nuestras preguntas. No hay respuesta”, reiteró.Macualo indicó que desde el primer momento las familias actuaron con cautela, siguiendo lo que los propios secuestrados manifestaron en un primer video divulgado el 9 de mayo. “Desde el primer momento nos tocó quedarnos quietos porque ellos mismos en el primer video dijeron que tocaba tener que quedarnos quietos, no hacer nada hasta que no saliera el segundo video”, explicó.Posteriormente, en una nueva prueba de supervivencia, los retenidos pidieron a sus familiares acudir ante el presidente de la República, la Fiscalía y otras entidades para gestionar su liberación. De acuerdo con la esposa del agente del CTI, las familias han acudido a la Fiscalía, la Presidencia, la ONU, organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Iglesia católica. “Es un completo silencio, absolutamente. No hay respuesta a todas nuestras preguntas”, afirmó.En la misma entrevista participó Alejandra Sanabria, esposa de Franklin Esley Hoyos, agente de la Dijín también secuestrado. Señaló que en una de las pruebas difundidas por el ELN se mencionó la intención de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad. “Indicaron que querían hacer un intercambio de presos. Pero hasta el momento no ha habido ninguna respuesta, ni del Gobierno ni pronunciamiento”, dijo.Sanabria aseguró que han enviado cartas y comunicados a distintas entidades, incluido el Ministerio de Defensa, sin obtener una respuesta concreta. “Nosotros hemos vuelto a escribir y enviar muchas cartas y comunicados para que nos atiendan, pero la respuesta ha sido nula. Simplemente lo que hacen es enviarse correos entre todos, como una forma de evasiva al caso”, sostuvo.Frente a la posibilidad de un acercamiento a través de la delegación del Gobierno en los diálogos con el ELN, indicó que han tenido comunicación con uno de los delegados de paz, aunque no directamente con el comisionado.“La razón que hasta el momento nos dan es que ellos están trabajando y van a hacer lo posible. Pero ya vamos para siete meses y no se ha hecho ninguna gestión real”, manifestó.Escuche la entrevista completa en el audio adjunto:
La Oficina de Gestión del Riesgo en el Huila entregó un reciente balance de las emergencias que se han registrado en varios municipios por cuenta de las lluvias acompañadas de vendavales y crecientes súbitas de ríos y quebradas.Municipios como Íquira, Saladoblanco, La Plata, Gigante, Pitalito y Palermo, han reportado daños en puentes veredales, vías terciarias, un acueducto averiado y al menos 15 cabezas de ganado que murieron impactadas por una descarga eléctrica en una finca del municipio de Teruel.De acuerdo con el boletín oficial de Gestión de Riesgo, en el departamento van hasta el momento 11 municipios que han declarado la calamidad pública como medida para atender de manera urgente a las familias que han resultado damnificadas y también afectaciones en obras de infraestructura.“Tenemos desde el día anterior varios deslizamientos en el sector de Pericongo sobre la Ruta 45, allí cayeron rocas en la vía principal, también tenemos una emergencia en la vereda La Armenia de Teruel, donde afectó varias cabezas de ganado y un equino alcanzados por una descarga eléctrica. En Palermo desde hace dos días se presentó daños en la red principal del acueducto municipal, pero esta emergencia ya está siendo superada por la empresa de servicios públicos de Palermo”, dijo Orlando Garzón, profesional para la atención de desastres de la Oficina de Gestión en el Huila.Según el boletín oficial, a la fecha hay un registro de 196 familias damnificadas, 277 viviendas averiadas y destruidas, 118 deslizamientos de tierra, 176 vías entre principales y terciarias afectadas, emergencias censadas en 30 municipios del departamento.
La familia de Álvaro Gómez Hurtado se pronunció tras la decisión de la JEP de mantener la competencia para investigar el magnicidio del líder conservador. Esa jurisdicción va a investigar la versión de los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc, según la cual ese grupo fue el responsable del homicidio, ocurrido en noviembre de 1995.Es importante recordar que la JEP ratificó la competencia en el caso después de negar una apelación de la familia de Gómez Hurtado que pedía devolver la investigación a la Fiscalía. En un comunicado, los familiares aseguran que las pruebas entregadas por los exfarc no son suficientes ni sólidas."Reiteramos con absoluta claridad que en el proceso adelantado ante la JEP no existe ningún indicio, y mucho menos prueba, que desvirtúe el acervo probatorio acumulado durante años por la justicia ordinaria y que apunta a la hipótesis de un crimen de Estado", señala el comunicado de la familia.Es importante recordar que en el año 2020 los excomandantes de la extinta guerrilla de las Farc enviaron una carta a la JEP en la que se adjudicaban el magnicidio, posteriormente algunos exjefes del grupo se presentaron a la jurisdicción para contar su versión sobre los hechos, sin embargo, esta hipótesis no convence a la familia de Gómez Hurtado."Confiamos en que la aclaración realizada por la Sección de Apelación respecto del alcance exclusivo de su competencia sobre exintegrantes de las FARC-EP no interfiera ni limite los procesos en curso ante la Fiscalía General de la Nación ni ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con la eventual responsabilidad del entonces presidente Ernesto Samper en estos hechos", agregó la familia de Gómez Hurtado
El Gobierno nacional realizó un nuevo ajuste en una de las mesas de diálogo que mantiene activas dentro de su política de paz total, con el nombramiento de un nuevo delegado en el proceso que adelanta con el grupo armado Comuneros del Sur, una estructura que se separó del ELN en mayo de 2024.Se trata del exministro de Cultura Juan David Correa, quien fue designado oficialmente como negociador del Gobierno mediante una resolución firmada el pasado 22 de diciembre por el presidente Gustavo Petro.La llegada del exministro a esta mesa se produce tras la renuncia de Clemencia Carabalí, lideresa social y defensora de derechos humanos del Cauca, quien había sido designada como representante en este proceso desde su inicio.En el documento oficial, el Gobierno señala que, tras la salida de Carabalí, era necesario realizar una nueva delegación que permitiera garantizar la representación del Estado y la continuidad de los diálogos con esta estructura armada.Juan David Correa había renunciado a su cargo como ministro de Cultura el 5 de febrero de 2025, luego de la primera transmisión televisada de un consejo de ministros. Ahora, se integra al equipo negociador del Gobierno en esta mesa, que ya está conformado por Carlos Erazo, Ángela María Robledo, Pablo Francisco Pardo y Andrei Giovani Gómez.
La Unión Europea desplegará en los próximos días una misión de observación electoral en Colombia para acompañar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la confianza en el proceso democrático.La invitación fue extendida el pasado 24 de septiembre de 2025 por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral (CNE).Luego de esto , el 18 de diciembre, la Delegación de la Unión Europea, la Registraduría y otras entidades firmaron el acuerdo administrativo que oficializa el acompañamiento internacional a los comicios.La misión observará las elecciones de Congreso, programadas para el 8 de marzo, y la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026, en un contexto clave para la democracia colombiana.El registrador nacional, Hernán Penagos, destacó la importancia de este acompañamiento internacional para garantizar la legitimidad del proceso electoral y fortalecer la confianza ciudadana.Además el jefe del organismo electoral aseguró que la observación internacional es determinante para el buen desarrollo de la democracia y recordó que la entidad avanza en la implementación de las recomendaciones formuladas por misiones nacionales e internacionales que acompañaron las elecciones de 2022 y 2023.
Las autoridades adelantan investigaciones para esclarecer la muerte de Leif Elxnat, un estudiante alemán de 26 años que se encontraba en Colombia tras haber culminado un intercambio académico durante el segundo semestre de 2025. El joven había llegado al país en agosto y finalizó sus estudios en diciembre, antes de iniciar un viaje de vacaciones por distintas regiones.En entrevista con Blu Radio, Amalia Avendaño Sánchez, decana del Programa de Ingeniería Ambiental de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, institución en la que el joven cursó su intercambio, explicó que Elxnat estudiaba la licenciatura en Ciencias de la Ingeniería Ambiental en la Universidad de Darmstadt, en Alemania, y que durante su estancia en Bogotá cursó tres asignaturas del programa. Durante su estancia académica, cursó materias relacionadas con impacto ambiental y riesgo, fundamentos económicos y salud pública.De acuerdo con la información entregada por la institución educativa, el estudiante participó en actividades académicas y salidas de campo previstas dentro del programa. A pesar de las dificultades propias del idioma, mantenía comunicación en español con sus compañeros y docentes, y se integró a las dinámicas académicas del semestre.Tras finalizar el intercambio, Elxnat emprendió un viaje de vacaciones antes de su regreso a Alemania, previsto para finales de enero. En ese contexto, se encontraba en el departamento de La Guajira cuando ocurrió su fallecimiento, hecho que es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.La institución que lo recibió durante el intercambio manifestó su solidaridad con la familia, amigos y miembros de la comunidad académica que compartieron con el estudiante durante su permanencia en Colombia. Asimismo, realizó un llamado a las autoridades para que se adelanten las investigaciones necesarias y se esclarezcan las circunstancias del caso.Mientras avanza el proceso investigativo, la comunidad universitaria permanece atenta a los resultados oficiales que permitan establecer lo ocurrido durante el viaje del estudiante en el país.
En entrevista con Blu Radio la canciller de Colombia reveló detalles de la llamada entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump. El gobierno colombiano ya comenzó a trazar la ruta para mejorar las relaciones con los Estados Unidos y concretar cuanto antes la visita del presidente Petro a Washington con un objetivo principal, el retiro del jefe de Estado de la ‘lista Clinton’.Blu radio: ¿Ya sabemos lo que el presidente dijo en la conversación, pero usted qué nos puede contar de lo que dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en esa llamada?Fue una conversación cordial, de mucho respeto, de escucha activa por parte de los dos presidentes. Y pues eso es un punto de partida muy importante, generar las confianzas, generar el respeto para que hablar entre iguales.Blu Radio: ¿cómo fue el saludo? ¿qué se dijeron?Bueno, el saludo fue muy cordial pues tenemos que decir que todos los que estábamos allí estábamos así tensos, inquietos y cruzando los dedos para que todo fuera bien, pero yo tenía mucha confianza porque el presidente es una persona muy inteligente, muy prudente, no es soberbia. Hubo momentos muy largos de lado y lado. El presidente no es ni tiene ningún vínculo con el narcotráfico y contó buena parte de su trayectoria. Yo creo que Donald Trump es también una persona muy inteligente y valora mucho esa sinceridad y esa transparencia con la que se dicen las cosas y esa valentía. Creo que eso ha sido muy importante porque ha generado confianza entre ellos dos para continuar hablando y ahora corresponde al secretario de Estado, Marco Rubio, y a mí por tener esta responsabilidad de canciller para propiciar prontamente un encuentro con una agenda y seguir, continuar con este diálogo en pos de mejorar la situación y superar la controversia en torno a la situación de Venezuela, que por supuesto a nosotros nos sigue preocupando, porque somos muy partidarios del diálogo multilateral y de encontrar caminos de consenso, de no agresiones, y además nuestro país vecino, nuestro pueblo hermano, Y la paz de Venezuela es también la paz para Colombia.Canciller, ¿hubo, por ejemplo, disculpas por parte de alguno de los jefes de estado?No, yo creo que no era una reunión para justificarse, ni sino para hablar y para aclarar la situación que se había presentado y tal vez la desinformación que tiene Donald Trump acerca de nuestros esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico.Blu radio: ¿Ustedes pretenden que con este acercamiento, con este mejoramiento de las relaciones, el presidente pueda salir de la lista clinton?Pues digamos que el diálogo y el conocimiento de todo el trabajo y de las políticas que hemos impulsado en la lucha contra las drogas va a llevar necesariamente a que el gobierno del presidente Trump vea que ha sido absolutamente injusto. la desertificación injusta también las medidas punitivas, pero yo creo que esto va a ser una consecuencia de todo este diálogo, de toda la evidencia que tenemos sobre los resultados en nuestro compromiso para apartar a las drogas de Colombia y del mundo.Blu radio: ¿Tienen fechas ya para ese encuentro entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump?Nosotros tenemos una coordinación permanente con la misión con el embajador de Colombia en Estados Unidos y a través de la embajada es como se concretan estas reuniones. Entonces enviaremos hoy la carta de solicitud para tener esta entrevista con el secretario Rubio y Marco Rubio y será entregada por nuestro representante en Estados Unidos, que es el embajador García Peña, que han cumplido un papel también muy importante en la consecución de la entrevista y de la llamada y después le hará el seguimiento para que contesten, fijen una fecha, nosotros ratifiquemos la fecha y podamos entonces ir a tener este encuentro, esta reunión con el objetivo de fijar esa agenda y también las fechas
Desde el 22 de diciembre, más de 12 mil habitantes de Mitú, en el departamento del Vaupés, sufren por la falta de combustible, lo que ha generado cortes de energía y pérdidas en el comercio de hasta 10 millones de pesos por negocio.Es el caso de Sebastián García, propietario de un restaurante, quien se ha visto afectado por el cierre de su negocio. “Desde que estamos en esta contingencia hemos tenido que cerrar siete días. Cuando hay cortes de energía se pierde la cadena de frío y los alimentos se nos han dañado, pero el arriendo y el pago de los empleados sí tenemos que seguir haciéndolos… Entre 8 y 10 millones de pesos son mis pérdidas”, aseguró.La situación obedece a que la sequía en el río Vaupés ha complicado el traslado de combustible hacia esta zona del país, generando intermitencia en el servicio de energía, que por ahora solo se presta cada tres horas.Josué David Matajira, gerente de la Central de Energía Eléctrica del Vaupés, confirmó que el Ministerio de Minas y Energía dispuso aviones para transportar 27 mil galones de gasolina en aeronaves de la Fuerza Aérea, como medida de contingencia mientras se normaliza el traslado fluvial del combustible hacia este municipio, pero por mal tiempo los vuelos no han podido realizarse.“Se necesitan 4 mil galones diarios de gasolina para el suministro de energía en el municipio. Estamos a la espera de que puedan llegar esos 27 mil galones. Actualmente se hace un racionamiento cada tres horas: tres horas con energía y tres horas sin energía por circuito. Tenemos dos circuitos; mientras en uno hay energía, en el otro no, y se va haciendo rotación cada tres horas”, señaló el funcionario.Otro de los sectores afectados son las estaciones de servicio, donde hay enormes filas de conductores buscando algo de combustible para sus vehículos y motocicletas. Además, están sin agua, porque las plantas que bombean el líquido funcionan con energía.Actualmente, el municipio tiene racionamiento de energía cada tres horas y la comunidad pide con prontitud una solución definitiva a esta situación.
Luego de varias horas de intensa búsqueda por parte de la comunidad y los organismos de socorro, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre que se lanzó a las aguas de la hidroeléctrica de El Quimbo tras escapar de un posible atraco por parte de hombres armados, en un paraje rural del municipio de El Agrado, en el centro del Huila.De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, la víctima fue identificada como Jesús Antonio Canizales Rivera, de 48 años de edad, quien acompañaba a sus familiares Ovier Martínez Vargas y Yineth Soto Sánchez, procedentes de Cartagena del Chairá, Caquetá, quienes, según las autoridades, habrían sido interceptados por desconocidos y posteriormente asesinados.Felipe Benedetti, funcionario operativo de la Defensa Civil Seccional Huila, dijo a Blu Radio que, tan pronto fueron informados del caso, activaron de inmediato los protocolos con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de El Agrado y se iniciaron las labores de rescate.“Se estableció el apoyo en la búsqueda del señor Jesús Antonio Canizales, quien al parecer huyó y saltó desde el viaducto del embalse de El Quimbo, a una altura aproximada de 30 metros, información que fue suministrada por su hijo de 14 años. El día de hoy, ocho de enero, en horas de la mañana, se logra encontrar el cuerpo del señor, se recupera y se hace entrega a la Sijín para que continúen con el procedimiento judicial correspondiente”, explicó el funcionario de la Defensa Civil Seccional Huila.Según información oficial, en este mismo hecho, un menor de 14 años, también familiar de las víctimas, logró escapar del lugar y fue quien dio aviso a las autoridades. El caso continúa en proceso de investigación con el fin de esclarecer los móviles e identificar a los autores materiales.