La abogada Marcela García Cifuentes ha radicado una acción de tutela y anunció la preparación de denuncias de carácter penal contra el presidente de la República, Gustavo Petro. Esta medida judicial surge como respuesta a las recientes declaraciones del mandatario relacionadas con el fallecimiento de Kevin Acosta, un niño que padecía hemofilia, y los señalamientos públicos dirigidos contra su madre.Indignación y empatía desde la experiencia del paciente La motivación de García Cifuentes para interponer esta acción legal se fundamenta en una profunda indignación ante el trato que el Gobierno Nacional ha dado a la familia afectada. La abogada, quien se identificó como sobreviviente de cáncer, manifestó que comprende el dolor de enfrentar una enfermedad y poner la esperanza en tratamientos médicos. Según explicó, su pilar actual es defender a las mujeres cabeza de hogar, por lo que considera inaceptable que una madre que atraviesa el duelo por la pérdida de su hijo deba, además, defenderse de los ataques de la más alta instancia del gobierno.Vulneración de la intimidad y datos sensibles Uno de los puntos más críticos de la tutela es la denuncia sobre la divulgación no autorizada de la historia clínica y datos médicos de la madre de Kevin. García Cifuentes calificó como "terrible" que se expusiera la información privada de la paciente de la manera en que se hizo. Por ello, la tutela exige tres puntos claros: el cese inmediato de los señalamientos públicos, el retiro de todos los datos médicos divulgados sin consentimiento y una rectificación por parte del presidente Petro. La abogada enfatizó que esta rectificación debe darse en "condiciones de equidad", es decir, con el mismo nivel de difusión que tuvieron las declaraciones originales del mandatario.Defensa del buen nombre y la presunción de inocencia El recurso judicial busca proteger derechos fundamentales que, según la jurista, han sido vulnerados de manera flagrante: la privacidad, la intimidad, el buen nombre y la presunción de inocencia. García Cifuentes señaló que el presidente ha culpado públicamente a la madre del menor, haciendo mención a detalles como traslados en bicicleta y una supuesta negativa a autorizar cirugías, lo cual ha causado un dolor adicional a la familia en un momento de extrema vulnerabilidad. Aunque la abogada aclaró que no ha hablado directamente con la madre de Kevin, decidió actuar de oficio tras ver el sufrimiento de la mujer en entrevistas recientes donde se defendía de los ataques presidenciales.Escuche aquí la entrevista:
La contienda interna del progresismo colombiano sumó un nuevo capítulo tras el anuncio oficial de la Unión Sindical Obrera (USO), el poderoso sindicato de los trabajadores de Ecopetrol, de respaldar la campaña presidencial de Roy Barreras. La decisión se produce en medio de la fractura política entre el sector del Pacto Histórico, que impulsa a Iván Cepeda, y la apuesta de Barreras por medirse en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo.En entrevista con Blu Radio, Martín Ravelo, presidente de la USO, explicó que la determinación fue adoptada en el marco de un plenario sindical con representación de más de 28 subdirectivas. “Más allá de una jugada, es una decisión democrática que acaba de tomar la Unión Sindical Obrera”, sostuvo.El respaldo de la USO cobra especial relevancia en el escenario político, dado que hace cuatro años el sindicato apoyó la candidatura presidencial de Gustavo Petro, incluso con una financiación de 500 millones de pesos que posteriormente generó sanciones del Consejo Nacional Electoral por inconsistencias en el reporte.Seguridad energética y defensa de Ecopetrol, ejes del respaldoLa USO argumentó que su decisión se fundamenta en la necesidad de fortalecer la seguridad energética de Colombia y proteger la industria petrolera como patrimonio público. Ravelo fue enfático al señalar que las propuestas de Iván Cepeda no se alinean con esa visión.“Básicamente porque el candidato Iván Cepeda lo que ha planteado de cara al país y de forma pública es radicalizar la agenda ambientalista, que desconoce cuál es la realidad energética que tenemos hoy en el país”, afirmó el dirigente sindical.Según Ravelo, Colombia continuará dependiendo durante años de los combustibles fósiles, por lo que considera contraproducente acelerar la transición energética. “Ese desestímulo que se le ha venido propinando a la industria de los hidrocarburos nos tiene sumidos en situaciones concretas como la importación de más del 20 % del gas que consumimos los colombianos”, advirtió.En ese contexto, la USO respalda la propuesta de Roy Barreras de impulsar la exploración y producción de petróleo y gas, incluyendo el desarrollo técnico y científico de pilotos de fracking en el Magdalena Medio. “El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas”, subrayó Ravelo.Tensión en el Pacto Histórico por la consulta presidencialEl anuncio del sindicato ocurre mientras el Pacto Histórico atraviesa una disputa interna tras la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir a Iván Cepeda de la consulta presidencial del Frente por la Vida. En respuesta, la Dirección Nacional del Pacto emitió una circular ordenando a su militancia no participar en la consulta del 8 de marzo y concentrar esfuerzos en las listas al Congreso.Gabriel Becerra, vocero del Pacto Histórico, defendió la decisión como una postura coherente frente a lo que calificó como una política de exclusión. “No vamos a participar en la consulta y por lo tanto no vamos a pedir el tarjetón. Es una orientación legítima”, afirmó.Sin embargo, Roy Barreras insiste en la necesidad de ampliar la base electoral del progresismo. Recordó que para la victoria de Petro en 2022 fueron necesarios 11 millones de votos, cifra superior a los 2,7 millones obtenidos en la consulta interna de octubre. “Primero nos contamos y luego nos juntamos. No se pongan nerviosos, estaremos juntos en la tarea de derrotar la derecha”, expresó Barreras, defendiendo su tesis de unidad tras medición democrática.Debate sobre transición energética y frackingUno de los puntos neurálgicos del debate es el futuro de la política mineroenergética. Mientras Iván Cepeda ha defendido una agenda ambientalista más estricta, Barreras propone una transición energética “justa y paulatina”, sin abandonar la producción nacional de hidrocarburos.Ravelo marcó distancia frente a lo que considera una transición acelerada: “Estamos alineados con la necesidad de transitar hacia energías renovables, pero debe ser de manera justa y no acelerada, que es lo que hemos venido observando”.La discusión también revive el debate sobre el fracking en Colombia, una técnica cuestionada por sectores ambientalistas, pero defendida por parte de la industria como alternativa para reducir la dependencia de importaciones de gas y crudo.Un movimiento con impacto políticoEl respaldo de la USO a Roy Barreras tiene un peso simbólico y estratégico. Se trata de uno de los sindicatos más influyentes del país, históricamente vinculado a las luchas por la defensa de Ecopetrol y los derechos laborales en el sector petrolero.Ante cuestionamientos sobre posibles influencias políticas, Ravelo negó presiones externas y rechazó versiones sobre la intervención del ministro Edwin Palma, exdirigente sindical. “Esta decisión es una decisión democrática que toman las huestes de este sindicato, que siempre se ha mantenido independiente de las fuerzas políticas”, afirmó.
Catorce organizaciones campesinas colombianas participan esta semana en la Amsterdam Cocoa Week y en el Festival Chocoa 2026, uno de los escenarios más importantes del mundo para la industria del cacao y el chocolate. Detrás de esta delegación hay más de 25.000 familias productoras que buscan abrirse espacio en mercados internacionales con cacao fino y de aroma cultivado en distintas regiones del país.Las asociaciones provienen de departamentos como Arauca, Meta, Huila, Boyacá, Magdalena, Santander, Norte de Santander, Nariño y Putumayo. Varias de estas zonas han estado marcadas por el conflicto armado y por economías ilícitas, pero hoy consolidan el cacao como una alternativa productiva sostenible. En este contexto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) ha acompañado el proceso de fortalecimiento y proyección internacional de estas organizaciones.Los productores que viajaron a Países Bajos fueron reconocidos previamente en los concursos Cacao de Oro y Grano de Oro, distinciones que destacan la calidad, el aroma y la excelencia del grano colombiano. En Ámsterdam compiten y exhiben su producto ante compradores especializados, chocolateros y expertos del sector, con la expectativa de establecer contactos directos y mejorar sus condiciones de comercialización.Cabe mencionar que cerca del 95 % de esta producción se destina a exportación y más de 65.000 familias dependen de esta cadena productiva en más de 500 municipios. Para las organizaciones participantes, la vitrina internacional no solo representa una oportunidad comercial, sino también la posibilidad de consolidar al cacao como cultivo de paz y motor de desarrollo rural en territorios históricamente golpeados por la violencia.
El exembajador y precandidato Roy Barreras está consolidando respaldos de cara a la votación de las consultas. Este miércoles, la Unión Sindical Obrera (USO), uno de los sindicatos del sector petrolero que en la campaña pasada respaldó al hoy presidente Gustavo Petro, anunció oficialmente su apoyo a la candidatura de Barreras para el próximo 8 de marzo.La USO fue un actor político relevante en la elección que llevó a Petro a la Casa de Nariño, incluso realizó aportes económicos a esa campaña, los cuales hicieron parte de investigaciones en curso por violación de topes electorales.En un comunicado, la organización sindical explicó que su respaldo obedece a coincidencias programáticas, especialmente en materia energética.“La USO de manera institucional y mayoritaria considera que el candidato Roy Barreras representa los intereses de nuestros afiliados y afiliadas, por lo cual se adhiere a su candidatura en la consulta del Frente Amplio por la Vida este próximo 8 de marzo”, señala el documento.El sindicato también dejó claro que busca un cambio frente al enfoque energético actual del Gobierno. Aunque reiteró la importancia de avanzar en energías renovables, insistió en que el país no puede “abandonar ni marchitar la producción petrolera y de gas”. En esa línea, mencionaron que Roy Barreras “se compromete con los trabajadores y trabajadoras del petróleo y el gas (…) a reformular las políticas energéticas del país con fundamento en la autosuficiencia, la seguridad y la soberanía energética”.
La actual representante a la Cámara Marelen Castillo presentó una tutela contra el Consejo Nacional Electoral, lo anterior, debido a la decisión de la autoridad electoral que revocó su candidatura al Senado por el Centro Democrático, argumentando que Castillo estaba incurriendo en doble militancia.En las últimas horas, la defensa de Castillo presentó una tutela contra el CNE; uno de los argumentos principales es que la actual representante no incurrió en doble militancia, pues ella obtuvo su curul ya que fue fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández en las elecciones del 2022.El argumento de la defensa de Castillo es que esta curul que obtuvo fue personal y no partidista, pues fue otorgada por haber ocupado el segundo lugar en las presidenciales.“En efecto, la controversia no se agota en una discrepancia interpretativa sobre el régimen de doble militancia, sino que plantea una afectación directa y sustancial de derechos fundamentales, en la medida en que la autoridad electoral impuso una afiliación política inexistente y, a partir de ella, adoptó medidas que restringen de forma grave el derecho a la participación política, la libertad de afiliación política y las garantías del debido proceso administrativo”, se lee en la tutela.Castillo además advierte sobre una vulneración a sus derechos políticos y por eso pide la revocatoria de la decisión que la dejó por fuera de la lista.“La acción de tutela se configura como el único mecanismo constitucional eficaz para evitar la consumación de un perjuicio irremediable, al encontrarse comprometido el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, en su dimensión de derecho a ser elegida. Por ello, la intervención inmediata del juez constitucional resulta necesaria, urgente y proporcionada para restablecer de manera efectiva los derechos fundamentales vulnerados, mientras se surten, si a ello hubiere lugar, los mecanismos judiciales ordinarios correspondientes”, se lee en la tutela.
El mayor golpe contra el tráfico de marihuana en lo que va del año se dio en el suroeste antioqueño, en medio de un operativo de control vial de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía, en el cual los uniformados detectaron un furgón cargado con 5,2 toneladas de marihuana en jurisdicción de La Pintada, Antioquia.El vehículo fue abandonado en una zona de restaurantes, dejado allí por los responsables con el fin de evadir los controles policiales instalados en el corredor. Dentro del automotor, las autoridades encontraron el cargamento oculto, listo para ser distribuido en distintas regiones del país.Según estimaciones oficiales, la incautación representa un golpe cercano a los 2.000 millones de pesos para las finanzas de las redes criminales y evitó que más de cinco millones de dosis llegaran a las calles.“En el marco de nuestros controles permanentes en los principales corredores viales del país, logramos la incautación de 5.2 toneladas de marihuana que pretendían ser distribuidas en diferentes regiones. Este resultado demuestra la pericia, la experiencia y la capacitación de nuestros uniformados para anticiparnos a las modalidades utilizadas por las organizaciones criminales. Con esta acción cerramos el paso a las economías ilícitas que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana”, dijo el coronel Jair Parra, director de Tránsito y Transporte de la Policía.El caso se convierte en la mayor incautación de marihuana registrada en lo corrido de 2026, reflejando el volumen que están moviendo las organizaciones dedicadas al narcotráfico interno, muchas veces aprovechando rutas nacionales de alto flujo para camuflar cargamentos en vehículos de carga.Las autoridades mantienen controles reforzados en corredores estratégicos, donde el transporte de droga se mezcla con el tráfico comercial para intentar pasar desapercibido. Entretanto, avanza la investigación para identificar a los responsables del cargamento y determinar su origen y destino final.
Lo que parecía una jornada académica normal terminó en tragedia cuando una profesora universitaria fue atacada mortalmente por uno de sus propios estudiantes en plena clase. El hecho ocurrió frente a decenas de alumnos que, sorprendidos por la violencia del momento, intentaron intervenir para detener la agresión que dejó gravemente herida a la docente.La víctima fue identificada como Juliana Mattos Lima Santiago, de 41 años, quien se desempeñaba como profesora de Derecho Penal. El ataque se registró en el Centro Universitário Aparício Carvalho, una institución de educación superior ubicada en la ciudad de Porto Velho, Brasil. Según las primeras informaciones, todo ocurrió el viernes 6 de febrero, cuando uno de los estudiantes se levantó repentinamente de su asiento y atacó a la docente con un arma blanca en medio de la clase.El presunto agresor fue identificado como João Júnior, de 24 años. De acuerdo con testigos, varios compañeros reaccionaron rápidamente y lograron someterlo, evitando que continuara con el ataque. Sin embargo, la profesora ya había sufrido heridas de extrema gravedad.Tras el hecho, unidades de la Polícia Militar llegaron al lugar y procedieron con la captura del joven, quien fue trasladado a una dependencia policial para iniciar el proceso judicial correspondiente. Mientras tanto, la docente fue llevada de urgencia al Hospital João Paulo II, donde recibió atención médica especializada.Pese a los esfuerzos del personal de salud, la profesora falleció debido a la gravedad de las lesiones. Su muerte causó profunda consternación entre estudiantes, docentes y autoridades, no solo por la violencia del hecho, sino también por el impacto en la comunidad académica.La investigación quedó en manos de la Polícia Civil de Rondônia, que adelanta las diligencias para esclarecer el crimen. Hasta ahora, las autoridades no han confirmado el motivo del ataque. No obstante, algunos reportes preliminares señalan que podrían haber existido diferencias previas entre el estudiante y la docente, aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente.Tras lo sucedido, la institución universitaria decretó tres días de luto institucional y suspendió todas las actividades académicas. En un comunicado, expresó su rechazo frente a la violencia y manifestó su solidaridad con la familia, amigos y colegas de la profesora.Además de su rol como docente, Juliana Mattos también cumplía funciones como secretaria administrativa en la Policía Civil de Rondônia, lo que evidenciaba su estrecho vínculo con el ámbito jurídico y su compromiso profesional.
Luego de varios días de intensa búsqueda en medio de la emergencia por lluvias, unidades de la Armada localizaron el cuerpo sin vida del médico veterinario que había desaparecido en zonas rurales de Montería, en el departamento de Córdoba.La víctima fue identificada como Luis Eduardo Rivero Oviedo, de 38 años, quien había sido visto por última vez el 14 de febrero mientras participaba en labores humanitarias en áreas afectadas por las inundaciones. Su desaparición activó un amplio operativo en corredores fluviales y otros sectores donde las condiciones del terreno dificultaron el rastreo.Durante la operación, equipos de rescate desplegaron botes, drones y maniobras especializadas en zonas inundadas, enfrentando incluso crecientes súbitas y áreas de difícil acceso. La búsqueda se mantuvo activa incluso en medio del deterioro de las condiciones climáticas, que han golpeado con fuerza a varias comunidades del Caribe.Las autoridades avanzan ahora en los procedimientos judiciales y forenses, mientras familiares y conocidos lamentan la muerte del profesional que participaba en labores de apoyo humanitario cuando ocurrió la tragedia.
Un total de 41’287.084 colombianos están habilitados para votar en las elecciones del próximo domingo 8 de marzo de 2026, en las que se escogerán senadores, representantes a la Cámara y candidatos presidenciales de las tres consultas interpartidistas; esto de acuerdo con los datos del Censo Electoral establecido por la Registraduría Nacional.Del total del censo, 21.236.349 son mujeres y 20.050.735 son hombres. Para esta jornada se instalarán 13.746 puestos de votación y se habilitarán 125.259 mesas en Colombia y el exterior.En el territorio nacional podrán sufragar 40.036.238 ciudadanos, quienes votarán en 123.314 mesas distribuidas en 13.493 puestos de votación: 6.011 en zona urbana y 7.482 en zona rural.Los departamentos con mayor número de votantes son:Bogotá, D. C.: 6’101.479 ciudadanos habilitados, 1.083 puestos y 18.156 mesas.Antioquia: 5’404.926 ciudadanos, 1.282 puestos y 16.388 mesas.Valle del Cauca: 3’800.777 ciudadanos, 1.152 puestos y 11.571 mesas.Cundinamarca: 2’288.130 ciudadanos, 684 puestos y 7.106 mesas.Atlántico: 2’133.135 ciudadanos, 345 puestos y 6.545 mesas.Para las elecciones de representantes a la Cámara por las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), el potencial electoral es de 1’438.986 personas, quienes podrán votar en 5.042 mesas instaladas en 2.109 puestos de votación en 19 departamentos y 168 municipios.En el exterior, 1’250.846 colombianos están habilitados para votar en 253 puestos ubicados en 67 países. Se instalarán 1.945 mesas el 8 de marzo y 1.387 mesas entre el 2 y el 7 de marzo. El periodo de votación fuera del país comenzará el 2 de marzo y finalizará el 8 de marzo.Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en la aplicación ‘AVotar’ o en la página web de la Registraduría Nacional, aquí.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, denunció que el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos para el pago de los honorarios de 5.160 contratistas. Marín argumenta que estos recursos ya estaban asignados en la ley de presupuesto y estaban comprometidos a través de los contratos de prestación de servicio suscritos y cumplidos por los contratistas.La defensora también argumentó que agotaron todas las posibilidades que estuvieron a su alcance para lograr que la cartera pusiera los recursos para el pago de los honorarios de todos sus contratistas, incluyendo a más de 4.200 defensores y defensoras públicas.Marin aseguró que la Defensa Pública es parte integral del sistema de justicia de Colombia, permitiendo el acceso a la justicia a quienes no tienen medios para pagar su representación judicial y que cada defensor público, lleva más procesos de los que es razonable.La defensora también compartió que el monto del presupuesto incluido en el proyecto de ley de presupuesto de 2026 para la Defensoría del Pueblo es inferior al del 2025, teniendo en cuenta que fue definido en total unanimidad por el Ministerio de Hacienda.Adicionalmente, afirmó que en el debate del Congreso, el monto se redujo aún más porque “algunos de los congresistas que no apoyaron la proposición para subir el presupuesto asignado a nuestra institución sostuvieron que el Congreso no podría aprobarla sin previo aval de MinHacienda. Dicho aval nunca llegó”.
La ganadería no es, en la mayoría de los casos, el detonante de la deforestación en Colombia, sino una actividad que se desarrolla posteriormente sobre áreas ya intervenidas y que puede convertirse en una herramienta de restauración productiva del paisaje. Así lo afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), con base en estudios de la FAO y el Ideam.De acuerdo con el dirigente gremial, la deforestación en la Amazonía colombiana está asociada principalmente a factores estructurales como el acaparamiento y la especulación de tierras, la apertura ilegal de vías, la débil gobernanza del uso del suelo, la colonización no planificada y la presencia de economías ilegales y conflictos armados.“Para procesar y transportar coca, las redes de tráfico instalan laboratorios rudimentarios, que vierten subproductos tóxicos, y cortan pistas de aterrizaje en la selva. Pero la deforestación y contaminación son solo un elemento del impacto en las comunidades indígenas. La presencia de redes de tráfico también ha desatado violencia”, indicó el presidente de Fedegán.Lafaurie explicó que los animales suelen ser introducidos después de la tala del bosque como una estrategia de ocupación del territorio, por lo que señala a la ganadería como causa principal sin diferenciar dinámicas territoriales conduce a diagnósticos incompletos y a políticas públicas poco efectivas.“Penalizar indiscriminadamente la actividad ganadera puede generar el efecto contrario al deseado: informalidad, desplazamiento productivo y pérdida de oportunidades de transición hacia sistemas sostenibles. Abordarlo requiere políticas integrales que articulen ordenamiento del suelo, formalización de la tierra, presencia institucional, alternativas productivas sostenibles y asistencia técnica continua a los productores rurales”, aseguró.El presidente de Fedegán también destacó que no toda la ganadería es igual y que los sistemas sostenibles y silvopastoriles permiten incrementar la cobertura de árboles, mejorar la conectividad ecológica, capturar carbono y aumentar la productividad por hectárea, reduciendo la presión sobre los bosques naturales.Asimismo, alertó que el crimen organizado representa hoy una de las mayores amenazas para la Amazonía y para los pueblos indígenas no contactados, debido al avance del narcotráfico, la minería ilegal y la tala criminal, según informes de InSight Crime.“El crimen organizado se ha convertido en una amenaza existencial para los pueblos indígenas no contactados de la Amazonía, mientras mineros de oro ilegal, traficantes de drogas, madereros y cazadores furtivos avanzan cada vez más en las profundidades de la selva tropical más grande del mundo”, expresa la investigación de Insight Crime.Desde hace más de 15 años, Fedegán impulsa iniciativas de ganadería sostenible. Entre ellas, un proyecto desarrollado en el Meta permitió la siembra de más de 20.000 árboles, la conservación de más de 4.200 hectáreas de bosque y la restauración de otras 662 hectáreas, demostrando que es posible producir y conservar al mismo tiempo.Actualmente, Fedegán y alrededor de 50 empresas del sector son firmantes de los acuerdos Cero Deforestación y respaldan el proyecto de ley de Ganadería Sostenible y Libre de Deforestación, que busca fortalecer la trazabilidad, garantizar la no deforestación y promover una transformación ambiental positiva del sector ganadero colombiano.
El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides entregó el balance de la actividad militar durante el 2025, esto en el marco de su salida por el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro, donde anunciaba cambios en la cúpula de las Fuerzas Militares.Cubides aseguró que durante el presente año incrementó la ofensiva militar un 25% con respecto al 2024, donde las tropas del Ejército Nacional realizaron un total de 563 combates en todo el territorio nacional. También realizaron operaciones conjuntas, todas ellas conforme a lo establecido por la ley, respetando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario.En total, Cubides afirmó que ejecutaron 13.971 neutralizaciones de integrantes de estructuras criminales, incluidos cabecillas de primer y segundo nivel. Dentro de estas neutralizaciones destacan: 1.806 del Clan del Golfo; 1.279 entre Estado Mayor Central (disidencias de Ivan Mordisco) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes (disidencias de alias Calarcá); 433 del ELN y 361 de la Segunda Marquetalia (disidencias de Iván Márquez).Otros de los logros expuestos por Cubides fueron: 430 menores recuperados del reclutamiento forzado; 12.415 integrantes de estos grupos capturados; 763 individuos sometidos a la justicia; 278 criminales muertos en desarrollo de operaciones militares y 85 personas se entregaron de manera voluntaria.
En un mensaje respondiendo a los comentarios del ex negociador de paz Humberto de la Calle en X, el mandatario aseguró que en principio se está comenzando con la recolección de firmas que durará tres meses y que la propuesta será presentada después del 20 de julio de 2026.“Hasta ahora comienza la recolección de las firmas, que dura tres meses. Y se presentará después del 20 de julio al nuevo congreso de la república que se elijirá en marzo. Para la fecha se habrá elegido la nueva presidencia de la república”, escribió el presidente.Y agregó en otro aparte: “Se discutirá entonces en el nuevo congreso cuando ya no hay elecciones, y de aprobarse allí y en la corte constitucional, pues está no se modificará en la reforma constitucional que se haga, tendrá fecha de elecciones de constituyentes en la fecha que diga la corte y no más de tres meses después. Es decir ni la constituyente ni su elección ni sus reuniones coinciden con las actuales elecciones”.El presidente Petro también explicó que los objetivos que busca con la constituyente, entre ellos lograr sacar adelante las reformas que se han hundido en el Congreso como la reforma pensional, la reforma a la salud, la reforma agraria, además del impacto de la crisis climática en Colombia.“¿Que hará la constituyente? Los temas ya están en el proyecto de ley presentado:Propongo que se reuna durante tres meses que pueden coincidir con el receso del nuevo congreso, para no afectarlo. Según el proyecto de ley para la firma de la ciudadanía se aprobarían unas reformas que ya se anuncian en el proyecto que se firma por la ciudadanía y que se refieren a las materias que los congresos legislativos desde hace 33 años no han aprobado y que no lo harán por su propia constitución e intereses”.
El uso de aplicaciones de transporte como Uber, DiDi o Cabify se ha vuelto parte del día a día de miles de personas en Colombia. Para muchos usuarios, estas plataformas representan una alternativa rápida y cómoda frente al transporte tradicional, además de una opción que, en algunos casos, resulta más económica. Sin embargo, detrás de esa facilidad existe una alerta que no siempre se tiene en cuenta y que puede terminar en problemas tanto para conductores como para pasajeros.Y es que, aunque las aplicaciones operan de manera abierta y son ampliamente utilizadas, el uso de vehículos particulares para prestar servicio de transporte público sigue siendo ilegal en Colombia. Esa condición, que a veces pasa desapercibida, puede generar sanciones económicas, inmovilizaciones y situaciones incómodas en medio de operativos de tránsito.Conductores de aplicaciones pueden generar problemas legales a los usuariosPara muchos conductores, estas plataformas representan una fuente de ingresos adicional. No obstante, el Código Nacional de Tránsito es claro en señalar que prestar un servicio distinto al autorizado en la licencia del vehículo acarrea sanciones. De acuerdo con la norma, la multa puede llegar hasta 30 salarios mínimos legales diarios vigentes, equivalentes a $1.423.500, además de la inmovilización del vehículo.Según el artículo 131 de la Ley 769 de 2002, la sanción se incrementa en caso de reincidencia, con consecuencias que afectan directamente la operación del conductor y, en muchos casos, dejan al pasajero en una situación incómoda, en plena vía y sin posibilidad de continuar el viaje.El esquema de sanciones contempla:Primera infracción: inmovilización del vehículo por cinco días.Segunda infracción: inmovilización por veinte días.Tercera infracción: inmovilización por cuarenta días.En medio de un procedimiento de tránsito, el usuario queda expuesto a retrasos, cambios de ruta y a tener que buscar otra alternativa de transporte sin mayor explicación.Desde el Ministerio de Transporte se ha reiterado que las plataformas deben verificar que los conductores cuenten con la documentación al día, como licencia de conducción, SOAT y revisión tecnomecánica. Sin embargo, no existe una obligación clara de que el seguro cubra directamente a los pasajeros en caso de accidente durante un servicio contratado por aplicación.En ese escenario, la responsabilidad recae principalmente sobre el conductor. Incluso, algunas pólizas de seguros todo riesgo pueden negar la cobertura si se demuestra que el vehículo estaba siendo usado para una actividad no autorizada.Qué coberturas ofrecen plataformas como Uber en caso de accidenteAlgunas aplicaciones, como Uber, aseguran contar con pólizas activas mientras el servicio está en curso. Según la empresa, estas coberturas se activan desde que el conductor acepta el viaje hasta que el último pasajero desciende del vehículo e incluyen:Responsabilidad civil para pasajeros y terceros.Accidentes personales para los ocupantes.Gastos médicos, incapacidad, auxilio exequial y fallecimiento accidental.Aun así, las autoridades insisten en que el servicio sigue siendo ilegal en Colombia y que, pese a las coberturas anunciadas por las plataformas, los riesgos legales y económicos continúan siendo una realidad tanto para quienes conducen como para quienes se suben a estos vehículos.
Desde el Gobierno nacional informaron que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para responder a la emergencia en el departamento de Córdoba, en respuesta a una comunicación del Departamento de Estado de Estados Unidos en la que anunciaba que está proporcionando alimentos, kits de sanitización de agua y suministros para refugios temporales para las personas afectadas por la ola invernal en el departamento de Córdoba.De acuerdo al texto el apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas, al tiempo que promueve la autosuficiencia y garantiza el mayor impacto posible.Sin embargo, la Cancillería y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres aclararon por medio de comunicados que aclaran que el Llamamiento Internacional se activa solo cuando las capacidades nacionales resultan insuficientes para responder a la emergencia.“Mientras la capacidad del Sistema no sea superada, la respuesta se atiende con medios propios. Cuando la magnitud de la emergencia exige apoyo externo, la UNGRD solicita formalmente al Ministerio de Relaciones Exteriores activar los canales diplomáticos”, dicen los documentos.Además, dejan en claro que el presidente de la República es quien autoriza finalmente si la ayuda internacional se acepta o no.“Si la situación desborda completamente las capacidades del Gobierno, que NO es el caso, se activa el Llamamiento Internacional, contemplado en el artículo 43 de la Ley 1523 de 2012 y en la Resolución 46/182 de Naciones Unidas. Este mecanismo es firmado por el presidente de la República y define con precisión el tipo de asistencia requerida, desde la declaratoria nacional de emergencia hasta la rendición de cuentas al cierre del proceso”, añaden.Desde el Gobierno agregan que la emergencia económica declarada por el Gobierno nacional no se enfoca en la respuesta a la emergencia sino busca garantizar la recuperación integral posdesastre.En este sentido, la cooperación responde a la demanda identificada técnicamente, no a la oferta externa, ni a los llamados de entes territoriales.
Los 32 alcaldes de las ciudades capitales del país anunciaron su respaldo unánime a la propuesta de “Paz Electoral” impulsada por la Procuraduría General de la Nación, con el propósito de que las elecciones del 8 de marzo y del 31 de mayo se desarrollen sin hechos de violencia y con garantías para los ciudadanos.La decisión se dio tras una reunión en la que participaron mandatarios locales y autoridades nacionales para analizar los principales riesgos que enfrentan los territorios en época electoral. La seguridad, el manejo de las protestas y la presencia de grupos armados ilegales fueron algunos de los temas centrales del encuentro. Los alcaldes coincidieron en que se necesita mayor coordinación con el Gobierno nacional para evitar alteraciones del orden público durante las jornadas de votación.El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, explicó que el procurador Gregorio Eljach se reunirá con la cúpula militar y con la Policía Nacional de Colombia para organizar un plan de seguridad que cubra todo el país en las fechas de votación. Señaló que es deber de los alcaldes garantizar que las personas puedan salir a votar tranquilas, pero también expresó preocupación porque en algunos casos las manifestaciones se salen de control y generan hechos violentos.El procurador Gregorio Eljach resaltó la importancia de mantener el diálogo entre el nivel nacional y las ciudades. Aseguró que trabajar de la mano con los alcaldes es clave para proteger la democracia y dar confianza a los ciudadanos.En medio del debate, Andrés Santamaría, director ejecutivo de Asocapitales, sostuvo que la “Paz Electoral” solo será posible si se logra debilitar la acción de los grupos armados ilegales en varias zonas del país. También advirtió que muchos mandatarios locales enfrentan solos la inseguridad y pidió mayor respaldo del Gobierno nacional.En el caso de Cali, el alcalde Alejandro Eder manifestó su preocupación por los recientes hechos de violencia y ataques terroristas. Indicó que en los últimos seis meses han cambiado tres veces al comandante de la ciudad, lo que afecta la continuidad en las estrategias de seguridad. Por esta razón, envió una carta al presidente Gustavo Petro solicitando apoyo.Además, en los próximos días se realizará un Consejo Bidepartamental para revisar medidas en municipios del sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca.Desde Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán advirtió que las capitales, especialmente la capital del país, enfrentan una alta presión por la concentración de movilizaciones. Señaló que el desafío está en garantizar el derecho a la protesta sin afectar la seguridad ni el normal desarrollo del proceso electoral.Al finalizar la reunión, los alcaldes y la Procuraduría acordaron mantener una comunicación constante y trabajar de manera coordinada para anticiparse a posibles riesgos. La meta común es que los colombianos puedan participar en las elecciones con tranquilidad y confianza en que habrá garantías en todo el territorio nacional.
Automotores avaluados en más de 480 millones de pesos fueron recuperados en un operativo realizado por la Policía en el Huila. Son en total 23 motocicletas y 4 carros que habían sido hurtados entre los años 2016 y 2025 en Bogotá y en departamentos como Valle del Cauca, Cundinamarca y Cauca.Durante la investigación, uniformados de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Huila lograron establecer que las estructuras delincuenciales alteraban los sistemas de identificación vehicular para posteriormente comercializar los automotores de manera ilegal.“En el marco de la estrategia operativa Huila Más Seguro, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal – SIJIN, logró un importante resultado contra el hurto de automotores en el departamento. Gracias a las actividades operacionales e investigativas fueron recuperadas 23 motocicletas y 4 vehículos que presentaban requerimiento por hurto”, indicó el coronel Javier Alberto Duarte Reyes, comandante del Departamento de Policía Huila.Modalidades de robo de carros más usadasLas modalidades de hurto más utilizadas fueron halado (48 %), atraco con arma de fuego (19 %), factor oportunidad (17 %) y atraco (11 %). Los resultados operativos se materializaron en los municipios de La Plata, Garzón, Baraya, Guadalupe y Yaguará.“Mediante análisis técnico, verificación del sistema de identificación vehicular y cruce de bases de datos, se determinó que los automotores tenían alteraciones en su sistema de identificación convencional para ser comercializados de manera ilegal”, puntualizó el comandante del Departamento de Policía Huila.Con estos operativos, desplegados en los municipios mencionados, no solo se afecta la delincuencia común, sino que también se impactan de manera directa las finanzas y la logística de grupos armados organizados.
El Gobierno de Gustavo Petro radicó ante el Consejo de Estado un recurso de súplica contra el auto que suspendió provisionalmente el decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un aumento del 23 % del salario mínimo para este año.El recurso fue presentado de manera conjunta por el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Hacienda, el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y en este solicitan revocar la decisión “al considerar que la medida cautelar desbordó los límites propios de este mecanismo procesal”.En el documento, el Gobierno sostiene que la suspensión provisional no se limitó a preservar la eficacia de una eventual sentencia, sino que terminó anticipando un juicio de fondo sobre la legalidad del decreto. Según los argumentos expuestos, el auto no solo suspendió el acto administrativo, sino que ordenó la expedición de un decreto transitorio para fijar el salario mínimo mientras se decide el proceso, lo que a juicio de la defensa de la presidencia, es una sustitución temporal de la competencia que la ley le atribuye al presidente cuando no hay acuerdo en la comisión tripartita de concertación.La súplica también señala que el Consejo de Estado no realizó un juicio completo de ponderación, necesidad y proporcionalidad antes de adoptar la suspensión, e insisten en que no se acreditó un perjuicio ni un riesgo inminente derivado de la vigencia del incremento del 23 %. El Gobierno también señala que la decisión genera incertidumbre económica y afecta a más de dos millones de trabajadores que dependen del salario mínimo.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro convocó mañana marchas en todo el país para, según el, defender el salario mínimo. Se espera que durante su participación en las movilizaciones de Bogotá firme el decreto transitorio que mantendrá el alza del mínimo mientras el alto tribunal toma una decisión de fondo.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre un escenario de alto riesgo para el proceso electoral en Norte de Santander, al señalar que las amenazas no se limitan al día de la votación, sino que ya se están presentando en la etapa previa.“En la Defensoría del Pueblo acabamos de intervenir planteando unas serias preocupaciones por interferencias no sólo para el día de las jornadas de votación, sino para los días que ya están corriendo antes de la jornada electoral”, afirmó.Marín explicó que identificaron cuatro riesgos principales. El primero tiene que ver con la interferencia en el proselitismo político.“Se han reportado seguimientos, intimidaciones, interrupción de campañas e inclusive renuncias de candidaturas que podrían estar asociadas con presiones de los grupos armados”, señaló.El segundo riesgo está relacionado con las barreras para ejercer el derecho al voto en zonas rurales, donde persiste la presencia de minas antipersonal y restricciones a la movilidad.“Hay muchos municipios que se encuentran minados o con riesgos de artefactos explosivos y esto va a impedir que muchas personas en zonas rurales puedan moverse hasta los puestos de votación y se requiere un plan de emergencia”, advirtió.Un tercer punto crítico es la afectación del censo electoral debido a desplazamientos masivos registrados el año pasado.“Muchas personas no están viviendo en el lugar donde tienen inscrita la cédula”, explicó, y mencionó especialmente el caso del ETC Caño Indio, cuyos firmantes de paz fueron trasladados recientemente a Cúcuta. Según indicó, “se requiere un mecanismo extraordinario que les permita votar”.Finalmente, alertó sobre la violencia digital y la estigmatización en redes sociales. “No es sólo hostigamientos o bullying, sino además señalamientos de que candidatos o candidatas hacen parte de grupos armados”, dijo.Aunque el Frente 33, el ELN y el Clan del Golfo han manifestado públicamente que respetarán el proceso electoral, la defensora advirtió que en la práctica persisten intimidaciones.“Autoridades del pueblo barí y líderes de juntas de acción comunal están recibiendo algunas intimidaciones”, sostuvo, y agregó que esto podría traducirse en mayor abstención o en presiones indebidas sobre los votantes.Finalmente señaló que hay zonas donde no hay control territorial de la fuerza pública. “Son zonas minadas donde la gente no tiene capacidad y hay muy riesgos enormes, hay controles fuertes a la movilidad y eso lo tiene que evaluar y resolver el gobierno nacional”, concluyó.
La Casa de Nariño reveló detalles sobre la llamada entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el presidente Gustavo Petro. Los temas clave fueron: frontera, energía, agua, seguridad y producción. La comunicación duró 15 minutos y se acordó trabajar conjuntamente para una reunión entre ambos. La fecha y el lugar están siendo definidos a nivel de Cancillerías.Cabe mencionar que el presidente Gustavo Petro, desde la captura de Nicolás Maduro, planteó que Colombia fuera mediador de un diálogo tripartito para buscar una solución a la situación del vecino país. Incluso, parte de la conversación que tuvo con Donald Trump incluyó que el país tuviera un papel clave en la reactivación de Venezuela, a través de cooperación en materia de energía y una alianza entre Ecopetrol y Monómeros.Según el presidente Gustavo Petro, su homólogo estadounidense estuvo de acuerdo en que las sanciones al régimen no han sido efectivas y que deben levantarse para lograr una recuperación de la economía. En ese contexto se dará la reunión entre el presidente colombiano y la encargada de Venezuela.El viernes 13 de febrero la canciller Rosa Villavicencio se refirió a dicho encuentro asegurando que "es posible" que Rodríguez viaje a Colombia en estos días. Agregó que esperaba tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita, que tras la llamada, quedó acordada.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos aseguró que está proporcionando alimentos, kits de sanitación de agua y diferentes suministros para refugios temporales en Córdoba, tras las inundaciones registradas en las últimas semanas.Desde el Departamento aseguran que este apoyo se coordina para atender las necesidades inmediatas de las más de 250.000 familias y alrededor de 72.000 viviendas afectadas.Sin embargo, señalaron que esta asistencia humanitaria está dirigida a más de 1.400 hogares en Córdoba.Asimismo, la agencia destacó que Estados Unidos es el mayor proveedor de asistencia humanitaria a Colombia, pues el país recibe más del 30 % de toda la ayuda estadounidense destinada a Sudamérica con este propósito.Finalmente, aseguraron que parte de esta asistencia estratégica se hace con el objetivo de fomentar la estabilidad y fortalecer la relación entre Estados Unidos y Colombia.Lluvias no dan tregua en Córdoba y persiste la alerta por crecientes súbitasPese a ser esta una temporada de menos precipitaciones, la presencia de fuertes sistemas meteorológicos, como la vaguada monzónica y el sistema de baja presión del Darién, mantiene activa las alertas por tiempo lluvioso en la región Caribe, incluido el departamento de Córdoba.José David Garavito, meteorólogo del Ideam, afirma que durante esta semana se esperan continúen las lluvias intensas y posibles tormentas eléctricas en diferentes sectores del departamento, por lo que recomienda a la ciudadanía mantenerse alerta ante posibles crecientes súbitas de ríos como Canalete y Sinú."Esta tendencia para los próximos días se mantiene, condiciones de cielo mayormente nublado, con probables lluvias de variedad intensidad, es decir, lluvias entre moderadas y fuertes, y probables tormentas eléctricas sectorizadas, tanto para el departamento de Córdoba, especialmente al suroccidente y oriente, como la ciudad de Montería", indicó.Es importante destacar que en el resto de la región Caribe, especialmente en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, tampoco se descartan algunas lluvias durante esta semana.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo este miércoles una llamada telefónica con su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, con quien dijo que se reunirá "próximamente", días después de que la Cancillería colombiana anunciara un "posible" viaje de la líder chavista esta semana al país cafetalero.Rodríguez, quien asumió la Presidencia encargada de su país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el pasado enero, no precisó cuándo tienen previsto celebrar la reunión."Hoy conversé con el presidente de la República de Colombia, Gustavo Petro, y acordamos realizar próximamente un encuentro binacional a nivel de jefes de Estado", escribió en Telegram.El objetivo, prosiguió, es "seguir avanzando en temas claves de la agenda económica, energética y de seguridad, en el marco del fortalecimiento de la cooperación y las relaciones de respeto y trabajo conjunto entre ambos países"."Seguimos impulsando una relación de entendimiento y beneficios compartidos para el bienestar de nuestros pueblos", agregó la líder chavista.El pasado viernes, la canciller colombiana, Rosa Villavicencio, dijo a EFE que "es posible" que Rodríguez viaje a su país esta semana y que esperaban tener "el lunes o martes" una respuesta del Gobierno venezolano para cerrar la visita.Rodríguez "está mirando en su agenda, pero no nos ha dicho exactamente qué día vaya a darse" la visita, explicó entonces la canciller durante una entrevista con EFE en Madrid.Villavicencio sostuvo que "hay voluntad" en ambas partes para que se concrete esa visita y recordó que fue el propio presidente colombiano quien invitó a Rodríguez a ir su país.Petro habló por teléfono a principios de enero con Rodríguez, la invitó a visitar Colombia y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia tras el ataque militar de Washington y la captura de Maduro.A juicio de Villavicencio, la "continuidad" que supone que Rodríguez siga al frente de Venezuela -era vicepresidenta de Maduro- "ha evitado un derramamiento de sangre, ha evitado conflictividad mayor y quizás violencia en las calles".
La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.Valencia asegura que hay un deterioro del sistema de salud que ha generado graves consecuencias como la muerte de Kevin Acosta, el menor de 7 años de edad que murió esperando un medicamento para la hemofilia.“Las EPS intervenidas por el gobierno desmejoraron sus indicadores financieros y prestacionales. Deben más plata, tienen más quejas y mayor siniestralidad. Además, en este Gobierno se dispararon las tutelas por salud. El Ministerio de Salud deliberadamente incumplió la orden de la Corte Constitucional de aumentar la UPC, al punto que le abrieron desacato. Esto afectó la sostenibilidad financiera del sistema. Acemi calcula el rezago en 33 billones de pesos”, dijo Valencia sobre las razones para presentar la queja disciplinaria.Además la candidata aseguró que todas las personas con hemofilia pueden hacer ejercicio, teniendo en cuenta que desde el Gobierno aseguraron que la familia de Kevin debía tomar medidas preventivas pues el menor había tenido un accidente en bicicleta.“Todas las publicaciones científicas afirman que los pacientes con hemofilia pueden hacer ejercicio. Es más, se recomienda que lo hagan para fortalecer músculos y huesos. Lo dicho por el ministro Jaramillo es irrespetuoso y pretende exculpar su responsabilidad por la pésima gestión de las EPS intervenidas y el desacato a la orden de la Corte, en que el niño usó una bicicleta”, agregó Valencia.
La empresa Mario Hernández anunció el lanzamiento de una campaña nacional para apoyar a las comunidades afectadas por la temporada invernal en el departamento de Córdoba. La iniciativa se desarrolla en respaldo a la Cruz Roja Colombiana Seccional Cundinamarca y Bogotá, entidad encargada de coordinar la entrega de las ayudas humanitarias.Bajo el mensaje “Estamos juntos por Córdoba”, la campaña invita a los ciudadanos a participar mediante la adquisición de un kit solidario con un valor de $100.000. La compra se realiza a través de un código QR habilitado por la organización, mecanismo que permitirá canalizar los recursos directamente hacia la Cruz Roja para la distribución de mercados en las zonas afectadas.Según lo informado, la meta establecida es la entrega de 2.000 kits de ayuda humanitaria. Como parte del inicio de la campaña, los primeros 100 kits salieron desde la organización y ya se encuentran en proceso de traslado para su entrega en Córdoba, bajo la coordinación de la seccional Cundinamarca y Bogotá de la Cruz Roja.La iniciativa contempla el suministro de alimentos y artículos de apoyo básico para las familias damnificadas. De acuerdo con el comunicado, el propósito es promover una acción colectiva que permita atender necesidades inmediatas derivadas de la emergencia climática en la región.La organización hizo un llamado a los colombianos para sumarse a la campaña, indicando que cada aporte contribuirá al cumplimiento de la meta fijada. Asimismo, reiteró que el proceso de donación se realiza mediante el código QR oficial, con el fin de garantizar que los recursos lleguen directamente a la Cruz Roja Colombiana para su distribución en las comunidades afectadas.La campaña permanecerá activa mientras se alcanza el objetivo propuesto de 2.000 kits destinados a las familias impactadas por la temporada invernal en Córdoba.