El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, analizó en Recap Blu los recientes resultados de la encuesta Invamer, que lo sitúan con una ventaja abrumadora de cara a la consulta del "Frente por la Vida" que se llevará a cabo el 8 de marzo.Con un 68.1% de intención de voto frente al 23% de Roy Barreras, Quintero no solo celebró las cifras, sino que lanzó fuertes críticas al modelo político que, según él, representa su contrincante.La lucha contra las “estructuras invencibles” Quintero fue tajante al describir la figura de Roy Barreras dentro del panorama electoral. Aseguró que, hasta hace pocos días, la percepción general era que él no tendría opción frente a Barreras, a quien calificó como el representante de una “política de estructuras"."Él es de una política asociada a maquinarias y estructuras muy consolidadas que supuestamente son invencibles”, indicó el exalcalde Quintero.Para el exalcalde, su liderazgo en las encuestas es una sorpresa para quienes creían que las estructuras tradicionales dominarían la contienda.“Si esta entrevista me la hubieran hecho antes de ayer, me hubieran dicho, usted no tiene ninguna opción contra Roy Barreras'”, afirmó, subrayando que su campaña, a diferencia de la de su rival, es “pura de opinión” y carece de los apoyos tradicionales del gobierno o de grandes maquinarias.Le puede interesar: Daniel Quintero acusa a Federico Gutiérrez de usar recursos públicos para hacer campañaDurante la entrevista, Quintero se identificó como “El Renacido” o “Lázaro”, argumentando que su presencia en el tarjetón es casi un milagro tras los intentos de la Registraduría y otros sectores por inhabilitarlo. El candidato también reveló las precariedades de su actual campaña. Dijo que no posee cuenta bancaria debido a trabas legales, lo que le impide financiar viajes o publicidad tradicional.“No hay publicidad, pero a quienes me la piden yo les mando el tarjetón por el WhatsApp”, comentó Quintero, destacando que su crecimiento en los sondeos ha provocado que sectores progresistas, liberales e independientes se sumen a su causa al ver que es posible derrotar a las estructuras de Barreras.Finalmente, pese al optimismo por los resultados de Invamer, Quintero advirtió que no se puede confiar."Todos sabemos que ahora empiezan las maquinarias a moverse”, afirmó Quintero, refiriéndose a la aparición de prácticas cómo la compra de votos o el fraude. Ante la falta de testigos electorales propios, hizo un llamado a la ciudadanía y a los simpatizantes del Pacto Histórico para que ayuden a proteger sus votos el próximo domingo.La entrevista aquí:
Con la entrada en vigor del nuevo modelo de pasaporte colombiano en abril de 2026, una de las principales dudas entre los viajeros es qué ocurrirá con los documentos actuales que tienen visas activas.El presidente Gustavo Petro presentó recientemente el rediseño del pasaporte y aseguró que estará entre los cuatro más seguros del mundo. Según explicó, entre las actualizaciones hay una reestructuración del modelo de contratación, con el fin de brindar una mayor protección de los datos personales.El nuevo documento será producido con el apoyo de la Imprenta Nacional y, de acuerdo con el Gobierno, permitirá a Colombia escalar en estándares internacionales de identificación migratoria.¿Qué pasará con los pasaportes actuales?La Cancillería de Colombia aclaró que, aunque el nuevo modelo comenzará a expedirse desde el 1 de abril de 2026, los pasaportes actuales seguirán siendo válidos hasta la fecha de vencimiento que aparece en cada libreta.Esto significa que:Si su pasaporte está vigente, no debe cambiarlo por el nuevo diseño.Puede seguir utilizándolo para viajar al exterior sin inconvenientes hasta que expire.En Colombia, los pasaportes ordinarios y ejecutivos tienen una vigencia de 10 años desde su expedición.¿Qué ocurre si hay visas activas?Para quienes tienen visas vigentes estampadas en su pasaporte actual, esto aclara la Cancillería:Si el pasaporte aún está vigente, puede seguir utilizándolo normalmente con sus visas activas.Si el pasaporte se vence antes que la visa, deberá renovarlo, pero podrá viajar portando ambos documentos: el pasaporte nuevo vigente y el pasaporte anterior donde está la visa estampada.Esta práctica es común y aceptada por autoridades migratorias de distintos países, siempre que la visa esté en buen estado y no haya sido anulada.Recomendación para viajerosAunque no es obligatorio cambiar el pasaporte antes de abril si está vigente, la Cancillería recomienda revisar con anticipación la fecha de expiración, especialmente si se tienen viajes programados. Lo ideal es renovarlo al menos seis meses antes de su vencimiento, ya que muchos países exigen ese margen mínimo de validez para permitir el ingreso.Por lo tanto, la implementación del nuevo modelo no afectará la validez de los pasaportes actuales ni de las visas activas. El cambio será progresivo y respetará la vigencia de los documentos ya expedidos.
De cara a las elecciones bipartidistas del próximo 8 de marzo, el precandidato presidencial Daniel Quintero, en diálogo con Recap de Blu Radio, recordó su trabajo cuando fue alcalde de Medellín y sus propuestas de ser elegido presidente, en caso de hacer parte de la lista en la primera vuelta.Bajo su dirección, Medellín se vio envuelta en diferentes casos de corrupción y algunos miembros de su administración se encuentran bajo la lupa de la justicia, como el caso de Aguas Vivas o Buen Comienzo, en donde Quintero dijo que "gracias a Dios no hay nadie condenado"."Yo no estoy involucrado, pues yo no hago parte de eso, pero algunos casos, en la medida que tengo tiempo, trato de investigarlos y de ver si es verdad que ocurrió tal cosa o no. En el caso de Buen Comienzo, ya la Contraloría también informó que no hubo detrimento patrimonial, es decir, no se perdió un solo peso. Ahí habían dicho que se han perdido, la Fiscalía, recuerden, $1.200 millones, y resulta que la Contraloría terminó reconociendo ahorros por 500 millones de pesos. Y además dice algo más, más crítico, y es es que el contrato ni se liquidó ni se pagó. Fue literalmente una estrategia de persecución", dijo el exalcalde y ahora precandidato presidencial.En sus palabras, Quintero aseguró que "nunca había visto" a funcionarios públicos hacerle presión a jueces y uno de ellos, según él, ha sido el actual alcalde Federico Gutiérrez que busca "desprestigiarlo" en su candidatura que "termina siendo algo grosero y violento", a quien además acusó de usar recursos públicos de la Alcaldía de Medellín para hacer campaña con su hermana y algunos de sus allegados."El alcalde sale todos los días con una gorra y una camisa con los mismos logos de la lista de Creemos, que es su partido político en donde está su hermana. Están usando camionetas de la Alcaldía, del Consejo e incluso de la Policía para montar a su hermana en carroza ¿no? Como si fuera un carro de bomberos y ella fuera una héroe. Y la montan con Abelardo de la Espriella por toda la ciudad y la muestran. Hay vallas en toda la ciudad, el alcalde promocionando su lista. Lo que dice uno entonces es: allá hay una confianza plena por parte del alcalde Federico Gutiérrez de que la ley no aplica para él. Él tiene control, al parecer, de la justicia en Medellín. Yo he reclamado garantías al respecto y pues he atendido a todos los procesos con mucho cuidado, con mucha atención, y afortunadamente estoy convencido que que eso lo vamos a ganar y va a terminar dando la vuelta en contra del alcalde Federico Gutiérrez, que fue el que firmó el contrato (el caso de Hidroituango)", dijo Daniel Quintero.Dijo que cuando 'Fico' se volvió alcalde de Medellín contrató a la fiscal seccional que llevaba el caso de Hidroituango ha trabajar con él, que, según él, habían puesto la denuncia contra él y cambian en la Fiscalía el argumento al decir que era su administración la mala por haber terminado el contrato. "Es un proceso que está nulidad, los abogados defensores han pedido que se anule el proceso", dijo.
El sector transportador lanzó una alerta por lo que considera una emergencia silenciosa: la caída y el grave deterioro de puentes en distintas regiones del país. Colfecar resaltó que las cifras son preocupantes, pues en los últimos 12 años se han caído o sufrido daños graves 29 puentes en Colombia. Pero lo más alarmante es que 18 de esos casos (el 62 %) ocurrieron entre 2023 y lo que va de 2026. Y solo en los primeros meses de este año ya van cinco colapsos.“Desde el 2023 al 2025 se cayeron 13 puentes y en lo que va corrido del 2026 ya se han caído 5 puentes. De estos puentes, en total 13 son responsabilidad del INVIAS y 9 están asignados a la ANI. En lo corrido del 2026, debido a la ola invernal, se registraron 5 puentes caídos, lo que ocasionó grandes afectaciones a la movilidad en la región del Uraba Antioqueño, Córdoba y Magdalena”, explicó Nidia Hernández, presidenta ejecutiva de Colfecar.Desde el gremio sostienen que detrás de cada colapso hay empresas paralizadas, conductores sin trabajo, retrasos en entregas y sobrecostos que terminan afectando a comerciantes y consumidores.Además, cuestionaron la lentitud en las respuestas. En el caso del puente de Mendihuaca, en Magdalena, se anunció un paso provisional, pero en otras zonas como la vía Necoclí–Arboletes, en Antioquia, la comisión del INVIAS llegó más de 20 días después del colapso y aún no se restablece el tránsito.“Desde 1996 existe el sistema SIPU-COL, administrado por el INVIAS, que contiene el inventario y la información técnica sobre el estado estructural de todos los puentes del país. La información ya existe. Lo que falta es decisión en la asignación presupuestal”, afirmó Hernández, quien aseguró que el país sí tiene como anticiparse a estas emergencias.En este sentido, pidieron revisar los contratos de mantenimiento para que incluyan intervenciones estructurales y no solo arreglos superficiales y que se definan cronogramas y presupuestos claros para soluciones definitivas, no temporales.Colfecar detalló cuáles son los puentes que han colapsado en lo corrido de 2026. El 2 de febrero se cayó el puente El Chima, en Córdoba, afectando la movilidad en la vía Lorica–Chinú. Un día después, el 3 de febrero, se registraron tres colapsos en dos departamentos: en Magdalena cayó el puente Mendihuaca, complicando el tránsito entre Santa Marta y el río Palomino; y en Antioquia se desplomaron los puentes San Juan y Mulatos, en la vía Necoclí–Arboletes, dejando afectados tramos de 63 y 17 kilómetros, respectivamente. Finalmente, el 8 de febrero, también por cuenta de las lluvias, colapsó el puente Jalisco, en Córdoba, afectando la conexión entre Puerto Rey y Montería.Los transportadores dicen que están dispuestos a trabajar con el Gobierno, pero insisten en que no se puede normalizar que los puentes sigan cayéndose. Para ellos, esta ya es otra emergencia que requiere atención urgente.
Recap Blu reúne los principales hechos del miércoles 25 de enero de 2026, con entrevistas clave, análisis político y actualidad nacional e internacional.Juan Espinal (candidato del Centro Democrático): Propuso elevar la seguridad energética a política de Estado, rechazó una Asamblea Constituyente y planteó ajustes a la UPC para reformar el sistema de salud.Juan Felipe Lemos (senador del Partido de la U): Impulsa una bancada agropecuaria para formalizar el empleo rural, fortalecer vías terciarias y promover una reforma tributaria que alivie al sector productivo.Gran Encuesta Invamer: El estudio mostró a Iván Cepeda liderando la intención de voto, seguido por Abelardo de la Espriella y el repunte de Claudia López. La aprobación de Gustavo Petro subió al 49,1 %.Defensa legal de Nicolás Maduro: El exmandatario enfrenta obstáculos para pagar su defensa en Nueva York por bloqueos de licencias de la OFAC.Erupción en el Urabá antioqueño: Un volcán de lodo en San Juan de Urabá entró en actividad, generando evacuaciones preventivas y daños en vías e infraestructura local.Escuche el programa completo aquí:
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que su país responderá "en consecuencia" una vez disponga de todos los detalles sobre el sobre el operativo de Cuba contra una lancha procedente de Florida, que dejó cuatro muertos."No voy a especular ni a opinar; quiero saber qué ocurrió. Vamos a averiguar exactamente qué sucedió y responderemos como corresponde", declaró a la prensa durante una cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada en San Cristóbal y Nieves.Rubio apuntó que todos los datos conocidos hasta ahora provienen de las autoridades cubanas y afirmó que la Administración de Donald Trump quiere verificar lo sucedido mediante "información independiente".El jefe de la diplomacia estadounidense negó haber mantenido conversaciones con el Gobierno cubano sobre este asunto y descartó la participación de personal del Gobierno de Estados Unidos en el tiroteo.Afirmó que la embajada estadounidense en La Habana ha solicitado acceso a los sobrevivientes de la lancha, presuntamente ciudadanos estadounidenses, para conocer su situación."Verificaremos de forma independiente y, a medida que recopilemos más información, estaremos preparados para responder en consecuencia", dijo.Según el Ministerio del Interior de Cuba, la Tropa Guardafrontera cubana mató este miércoles a cuatro tripulantes de una lancha rápida procedente de Estados Unidos que no obedeció cuando se le dio el alto en aguas territoriales y abrió fuego contra la embarcación policial.El comunicado oficial indicó asimismo que otras seis personas de la lancha rápida resultaron heridas en el intercambio, así como "el comandante de la embarcación cubana", en la que patrullaban en total cinco personas.El incidente se produjo en horas de la mañana de este miércoles, cuando las autoridades cubanas detectaron "una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH".El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación tras el ataque y aseguró que los "comunistas rendirán cuentas".Según el diario The New York Times, la lancha atacada no formaba parte de una flotilla ni pertenecía a la Guardia Costera ni a la Armada de Estados Unidos.El mismo periódico apuntó que parece ser una lancha motora Pro-Line de unos siete metros, construida en 1981 y utilizada habitualmente como un barco pesquero con una capacidad de unos diez tripulantes.El incidente se produce en medio de una fuerte tensión entre Estados Unidos y Cuba, luego de que Washington impusiese un bloqueo petrolero a la isla e instase a La Habana a alcanzar un acuerdo.En los últimos años se han reportado varios incidentes de este tipo, dos de ellos del año 2022. En un caso, una lancha rápida proveniente de EE.UU. disparó contra fuerzas guardafronteras cubanas cerca de Villa Clara y provocaron heridas a un oficial cubano.
La estrella portuguesa Cristiano Ronaldo anunció este jueves la adquisición del 25 % de las acciones del club español Almería, actualmente en segunda división, prosiguiendo así con la diversificación de sus inversiones.Esa operación refleja la "ambición" del jugador por "entrar en el accionariado de clubes de fútbol profesionales", indica un comunicado, que no precisa los detalles financieros de la operación."La UD Almería es un club español con bases sólidas y un claro potencial de crecimiento", prosigue el texto.El presidente saudita del club andaluz, Mohamed Al Khereiji, celebró la llegada del antiguo delantero del Real Madrid. "Estamos muy contentos de que Cristiano haya elegido nuestro club para invertir. Se le considera el mejor jugador de la historia, conoce muy bien el fútbol español y entiende el potencial de lo que estamos construyendo aquí".Ese movimiento inversor fue realizado a través de su nueva filial de inversiones dedicada al deporte, CR7 Sports Investments, recientemente creada en el seno de CR7 SA para reagrupar el conjunto de sus activos en la industria deportiva."Espero trabajar junto al equipo directivo para apoyar la próxima fase de crecimiento del club", proclamó el cinco veces ganador del Balón de Oro, citado en el comunicado. El Almería ocupa el tercer puesto en la clasificación de la segunda división española, a un punto de la zona de ascenso directo a LaLiga.Cristiano Ronaldo, que milita actualmente en el Al-Nassr de Arabia Saudita, sigue preparando su futuro para el momento en que cuelgue las botas a través de inversiones en sectores como la hostelería, salud, bienestar y medios de comunicación.De 41 años, el delantero luso participará el próximo verano boreal en su sexto Mundial, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, que será, según confirmó el propio jugador, el último de su carrera.
La Lotería de Manizales realizó el sorteo número 4944 en la noche del miércoles 25 de febrero de 2026, entregando una nueva oportunidad de ganar premios millonarios a miles de jugadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor fue de $2.600 millones, consolidando a esta lotería como una de las más tradicionales y consultadas del país.Premio mayor Lotería de Manizales – sorteo 4944El número ganador del premio mayor fue: 8560 de la serie 213. El afortunado ganador se llevó uno de los premios más atractivos del plan de premios de esta jornada. El billete completo tiene un valor de $12.000, mientras que la fracción cuesta $3.000, lo que permite participar por importantes sumas de dinero y, al mismo tiempo, contribuir al financiamiento de programas de salud y desarrollo social en la región.Resultados completos de los premios secos – sorteo 4944A continuación, el listado detallado de los premios secos para que los jugadores verifiquen cuidadosamente su billete:Gana Siempre sin SerieNúmero: 43992 secos de $300 millones4772 – Serie 072 – Villavicencio2275 – Serie 294 – Neiva3 secos de $200 millones0508 – Serie 2173830 – Serie 1307350 – Serie 0975 secos de $100 millones1728 – Serie 2239588 – Serie 1723024 – Serie 1796699 – Serie 0731118 – Serie 08010 secos de $80 millones8383 – Serie 1640156 – Serie 1086885 – Serie 3242018 – Serie 2702447 – Serie 0673893 – Serie 1595954 – Serie 2253861 – Serie 3236826 – Serie 3395914 – Serie 16110 secos de $60 millones9639 – Serie 2550192 – Serie 1513519 – Serie 1884724 – Serie 1909579 – Serie 0586617 – Serie 2076552 – Serie 3378317 – Serie 2665109 – Serie 2980440 – Serie 20210 secos de $50 millones6679 – Serie 0270227 - Serie 272 7568 - Serie 0137275 – Serie 0521405 – Serie 3397728 – Serie 0559164 – Serie 2910955 – Serie 1735744 – Serie 1853035 – Serie 30410 secos de $40 millones5722 – Serie 1451962 – Serie 1822425 – Serie 3013092 – Serie 2424453 – Serie 1077691 – Serie 3282613 – Serie 1215016 – Serie 0037350 – Serie 0748380 – Serie 241Se recomienda comparar el billete con la imagen oficial del sorteo 4944 publicada por la organización antes de iniciar cualquier trámite de cobro.¿Cuándo juega la Lotería de Manizales?La Lotería de Manizales realiza sus sorteos todos los miércoles entre las 10:30 p.m. y 11:00 p.m. Si el miércoles coincide con un día festivo, el sorteo puede trasladarse al martes o jueves, según lo determine la entidad organizadora.¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Manizales?Los ganadores tienen un año a partir de la fecha del sorteo para reclamar su premio. Después de ese plazo, el derecho prescribe.Documentos necesarios:Billete original en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras.Cédula de ciudadanía original.Copia ampliada al 150% de la cédula.Certificado del RUT (obligatorio especialmente para premios mayores, debido a las retenciones tributarias).Antes de acudir a reclamar, es fundamental verificar los resultados únicamente a través de los canales oficiales y asegurarse de cumplir con todos los requisitos exigidos.Con cada sorteo, la Lotería de Manizales mantiene viva la expectativa entre miles de colombianos que, semana tras semana, prueban su suerte con la ilusión de cambiar su historia.
La Superintendencia Financiera habilitó el correo electrónico continbancolombia@superfinanciera.gov.co para recibir y tramitar de manera prioritaria las quejas de los clientes afectados por las recientes fallas en los servicios de Bancolombia.La decisión se conoció luego de que el banco informara, a las 10:06 de la noche del miércoles, que sus canales no estarían disponibles durante la jornada nocturna como parte de un proceso —según explicó— necesario para estabilizar sus servicios tras los inconvenientes derivados de la actualización tecnológica de su plataforma.A través de su cuenta oficial en la red social X, la entidad financiera señaló que, mientras se adelantan los ajustes, los usuarios podrán realizar algunas operaciones específicas. Entre ellas, transferencias a cuentas inscritas y no inscritas del mismo banco mediante la aplicación Mi Bancolombia, retiros en cajeros electrónicos y pagos con tarjetas débito —físicas o virtuales— y de crédito.En compras presenciales sin contacto, el monto máximo permitido será de 300.000 pesos por tarjeta. Para valores superiores, los clientes deberán insertar el chip en los datáfonos.No obstante, varios servicios permanecerán inhabilitados de manera temporal. Entre ellos están el uso de bolsillos, las transferencias o recepción de pagos por llaves, los envíos a cuentas no inscritas de otros bancos, la consulta de saldos de tarjetas de crédito o productos de inversión, el pago de facturas y las transacciones a través de PSE.El banco también advirtió que los movimientos con tarjeta débito podrían aparecer con descripciones como “compra cuenta ahorros nacional” o “compra cuenta ahorros internacional”. Asimismo, aclaró que el saldo total reflejará la suma de la cuenta más los bolsillos; sin embargo, para pagos con débito o retiros en cajeros, el saldo disponible no incluirá esos recursos.La Superintendencia indicó que hará seguimiento a la situación e informará oportunamente sobre los avances en la normalización de los servicios, mientras recibe y gestiona las reclamaciones de los usuarios a través del canal habilitado.
Las recientes inspecciones de la Fiscalía a Indumil y al Comando de Personal del Ejército han desatado un nuevo capítulo de cuestionamientos políticos y judiciales sobre el general Juan Miguel Huertas. El operativo, ordenado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema, busca recopilar documentos, inventarios, registros de armamento y archivos digitales que permitirían esclarecer los presuntos nexos entre altos mandos de la fuerza pública y las disidencias de alias 'Calarcá'. Todo esto, luego de las revelaciones divulgadas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, que alertaron sobre posibles infiltraciones y acuerdos clandestinos entre estructuras criminales y funcionarios del Estado.En Recap Blu, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, planteó dos hipótesis sobre la postura del presidente Gustavo Petro para defender al general Huertas, pese a la suspensión de la Procuraduría aunque el mandatario aún no ha firmado el decreto que oficializa la medida.“Uno tendría que pensar, o que el presidente Petro es de una ingenuidad superior, que no es posible creerlo, o que esto también era un acuerdo de campaña", comentó la senadora.En ese sentido, Valencia recordó episodios como el llamado “Pacto de La Picota” y las declaraciones de Juan Fernando Petro sobre apoyos electorales desde las cárceles, para sostener que la presunta cercanía entre sectores criminales y el proyecto político del actual Gobierno no sería nueva. A su juicio, las decisiones recientes en materia de seguridad y justicia apuntarían a consolidar un “salvoconducto para delinquir” en el marco de la llamada paz total.Investigación y denuncias contra HuertasEsta semana, la senadora expuso las denuncias contra el general en el Congreso. Recordó que toda esta trama comenzó cuando la fuerza pública capturó a siete cabecillas, incluido alias 'Calarcá', en un operativo en Antioquia hace más de un año. Cuatro de estos detenidos fueron liberados y los otros tres nombrados “gestores de paz”, lo que, según Valencia, abrió la puerta a un manto de impunidad. La senadora aseguró que los datos contenidos en esos dispositivos apuntan a un entramado de oficiales “pagados por las disidencias”, dedicados a facilitar sus operaciones y a “limpiar” la fuerza pública sacando a quienes obtenían resultados contra estos grupos. Incluso, afirmó que habría referencias a supuestos apoyos políticos y económicos a la campaña de Gustavo Petro provenientes de estructuras criminales."Finalmente, parece que hay una información relacionada a los presuntos apoyos que había recibido la campaña de Gustavo Petro, no solo económico, sino político, por parte de las estructuras narcoterroristas que esta gente representa", afirmó.Sobre por qué Huertas no terminó siendo comandante del Ejército, Valencia señaló que el Gobierno del expresidente Iván Duque lo retiró tras recibir alertas internacionales sobre sus presuntos vínculos con narcoterroristas. Sin embargo, el oficial reapareció en la campaña presidencial de Petro y estuvo cerca de ser nombrado en el máximo cargo de la institución. Según la senadora, solo la advertencia de agencias de inteligencia detuvo la designación. Las investigaciones avanzan y las inspecciones continúan. Pero mientras la Fiscalía recoge más pruebas, el debate público y político se intensifica.
Las tiendas de barrio representan para muchos una solución inmediata cuando en el hogar falta algo. La gente suele comprar en estos pequeños comercios por la cercanía, horarios amplios, atención personalizada y la opción de fiado.Algunos de estos establecimientos también venden alcohol y en su interior cuentan con mesas y sillas para la comodidad de los clientes. Una práctica, que es muy común en las tiendas de barrios, está en la mira de las autoridades y de descubrirla causaría el sellamiento del local.Autoridades pueden sellar tiendas por esta práctica comúnEn medio de una megatoma hecha por la Policía Metropolitana de Bogotá, en la localidad de Engativá, sector Las Ferias, uniformados llegaron a un establecimiento y se encontraron con una situación que generó preocupación.Un niño de 9 años de edad estaba sentado al lado de su padre, mientras varios adultos, incluido su padre, consumían cerveza.El hecho fue descubierto en medio de las acostumbradas rondas de las autoridades a los comercios abiertos al público. Funcionarios de la Secretaría de Seguridad que acompañaban los registros identificaron que "el menor estaba sentado junto a su padre, quien compartía bebidas alcohólicas con otros amigos”.Los policías interrumpieron al grupo de hombres y verificaron el estado del niño. Además, solicitaron la presencia de la madre para que se llevara al menor.Luego de ello, los padres tuvieron que hacer un compromiso formal en el que prometieron no volver a exponer a su hijo a este tipo de situaciones.Sin embargo, el dueño del local se llevó la peor parte, pues la permanencia de niños en locales expendedores de licor no está permitido, según la Ley 124 de 1994.Por lo cual, la tienda “fue suspendida temporalmente por permitir el ingreso y permanencia del menor mientras los adultos consumían alcohol”, manifestó la Secretaría de Seguridad.
Tristeza y dolor causó en el sur del Huila la muerte de los jóvenes Camilo Andrés Figueroa Quisaboni y Stiven Orlando Cardozo Quisaboni, quienes fallecieron en un accidente de tránsito que se registró en el casco urbano del municipio de Pitalito.Según versiones oficiales, los dos jóvenes se movilizaban en una motocicleta y, en el sector conocido como La Bombonera, fueron arrollados por un vehículo tipo camioneta marca Toyota, de placa JBT-302 y color blanco. Debido al fuerte impacto, murieron en el lugar de los hechos.De acuerdo con las hipótesis de las autoridades, el conductor de la camioneta, quien resultó ileso del accidente, al parecer se encontraba en estado de embriaguez y habría omitido el semáforo en rojo.“De lo que se ha indagado hasta el momento, al parecer uno de los vehículos involucrados omitió la señal del semáforo en rojo y tanto el conductor de la camioneta como las dos víctimas de la motocicleta manejaban bajo los efectos del alcohol”, relató la directora de Tránsito y Transporte de Pitalito, Jessica Porras.Entre tanto, los agentes de movilidad continúan recolectando evidencias que les permitan esclarecer las causas que originaron el siniestro vial que terminó en tragedia, donde perdieron la vida los primos Camilo Andrés y Stiven Orlando, de 23 y 24 años, respectivamente.No obstante, en otro accidente de tránsito ocurrido en el centro de Neiva, perdió la vida un hombre que laboraba como domiciliario, quien al parecer fue arrollado por un vehículo particular tipo camioneta. Las autoridades recomiendan conducir con responsabilidad en esta temporada de Navidad, cuando aumenta el flujo vehicular.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
El excomandante guerrillero Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, conocido como Simón Trinidad, presentó el 5 de diciembre de 2025 una solicitud formal ante la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). En el documento, su abogada Sara María Triana Lesmes pidió su acreditación como víctima dentro del macrocaso 06, que investiga los crímenes cometidos contra los miembros y simpatizantes de la Unión Patriótica (UP), en lo que se ha descrito como un exterminio político.Según la solicitud, Trinidad sostiene que antes de su vinculación a las FARC-EP fue un académico y dirigente cívico en Valledupar. En la década de 1980, explica, trabajaba como economista, fue docente en la Universidad Popular del Cesar y participó en la creación del Movimiento Cívico Popular “Causa Común”, que luego se articuló con la Unión Patriótica tras los acuerdos de tregua entre el Gobierno de Belisario Betancur y las Farc.El documento relata que, entre 1985 y 1987, se intensificaron las amenazas, asesinatos y actos de persecución contra los militantes de izquierda y los líderes sociales del Cesar, en un contexto de creciente estigmatización política. Trinidad afirma haber recibido mensajes de amenaza contra él y su familia, lo que lo obligó a exiliarse en México. Señala como presuntos responsables al Batallón La Popa, autoridades locales y al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), a quienes atribuye acciones y omisiones que propiciaron la violencia contra los integrantes de la UP.La defensa argumenta que estos hechos constituyeron una violación a sus derechos a la vida, la libertad de expresión, la participación política y la asociación, lo que derivó en un exilio forzado y, posteriormente, en su decisión de ingresar a las FARC-EP como una forma de resistencia ante la persecución estatal. En el documento, Trinidad plantea que el exterminio de la Unión Patriótica no solo aniquiló un proyecto político, sino que también forzó a muchos de sus miembros a abandonar el país o integrarse a la insurgencia.El reconocimiento que solicita ante la JEP no implica beneficios judiciales ni económicos, sino un acto de verdad, memoria y reparación simbólica, en el marco del macrocaso 06, abierto en 2022 para esclarecer la responsabilidad del Estado, de actores armados y de particulares en los crímenes cometidos contra la UP. Este caso es considerado uno de los más importantes de la justicia transicional, pues documenta más de 6.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos de militantes, familiares y simpatizantes del movimiento.Actualmente, Simón Trinidad cumple una condena de 60 años de prisión en Estados Unidos, en la penitenciaría federal de máxima seguridad ADX Florence, en el estado de Colorado. Fue capturado en Ecuador en 2004, extraditado a territorio estadounidense en 2005 y posteriormente condenado por el secuestro de tres contratistas norteamericanos. Desde entonces, diversos sectores sociales y de derechos humanos han solicitado que pueda participar, aunque sea de manera virtual, en los procesos de verdad y reconocimiento de la JEP, argumentando que su testimonio sería fundamental para reconstruir la historia de la violencia política en Colombia y las causas del conflicto armado.
“Lo que necesitamos es mostrarle a Colombia que no son solamente las malas noticias del Cauca. En el Cauca pasan cosas maravillosas”, afirmó Ana Fernanda Muñoz Otoya, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio del Cauca.Actualmente, el departamento del Cauca envía café a 99 países y recientemente abrió mercados como Mongolia y Ucrania.“El día que ustedes vayan y se tomen un café en la sala VIP del Corte Inglés en Madrid, el café que se van a tomar es de reincorporados de las Farc del municipio de Cajibío, Cauca. Cuando vayan a un supermercado en Corea del Sur, el café que van a encontrar en las vitrinas va a ser café de la Federación Campesina del Cauca”, señaló Muñoz.El cacao, por su parte, ya es el séptimo renglón de exportaciones del Cauca y entre 2024 y 2025 creció un 79%. Actualmente, el departamento exporta 167 productos y es el segundo en Colombia en bienes de alto desarrollo tecnológico. "Software hecho en el Departamento del Cauca lo utiliza en este momento Disney. Se utiliza en Vietnam para manejar el cultivo del café”, agregó.En paralelo, señalaron que el sector empresarial muestra un crecimiento, ya que, en los últimos cinco años, el número total de empresas en el departamento aumentó 25,5%, mientras que las relacionadas con el turismo crecieron 31%.Desde la cámara de comercio afirman que hoy el turismo representa cerca del 16% del total de empresas del Cauca y el 53% de estas son lideradas por mujeres. Además, más del 44% tiene más de cinco años de operación, en su mayoría microempresas que dinamizan la economía local.En 2025, el departamento registró 5.973 visitantes extranjeros y 1.175 nacionales. La mayor afluencia se concentró en Semana Santa, temporada que consolida a Popayán como uno de los destinos religiosos, culturales y patrimoniales más importantes del país.“Así como ya hay países como Francia, como Inglaterra, como Italia, como Alemania, que están llegando al Departamento del Cauca, necesitamos que los colombianos también lo hagan”, señaló. Según explicó, turistas alemanes llegan a Silvia, españoles visitan Guapi y hasta viajeros rusos están llegando a Piamonte.Aunque la presidenta de la Cámara reconoció que el turismo todavía no tiene un peso determinante en el Producto Interno Bruto del departamento, insistió en que el sector representa una oportunidad estratégica.“El turismo nos permite trascender, hacerle un homenaje a esas culturas y permitir que la gente vaya y crezca aprendiendo en territorio”, afirmó, al referirse a un departamento históricamente atravesado por tensiones y conflictos sociales.La oferta que buscan posicionar combina naturaleza, cultura y experiencias comunitarias. “Tenemos un turismo de aventura maravilloso en el sur del departamento, el parapente en el Balcón de la Empatía es espectacular; podemos ir a ver las ballenas y oírlas cantar debajo del agua”, describió. También destacó el turismo comunitario, “Uno puede recolectar piangua con las mujeres piangüeras o remar en potrillos por el río Guapi”.Frente a la preocupación por la situación de orden público, Muñoz sostuvo que el Cauca no es el único territorio con zonas complejas. "Sí hay zonas que son complejas, pero hay zonas complejas en el Departamento de Cundinamarca, en el Departamento del Valle, en el Departamento de Bolívar, en el Departamento de Antioquia y la gente va, porque ahí también se resaltan las cosas buenas. Esa es la esencia de lo que estamos haciendo hoy: resaltar lo bueno del Cauca”, concluyó.
Tras el fallo que restableció su designación, el rector José Ismael Peña Reyes empezó a conformar su nuevo equipo directivo en la Universidad Nacional de Colombia, con cambios en las principales vicerrectorías del nivel central y en varias sedes regionales. Estos reordenamientos administrativos se dan en un contexto de tensión, luego de que se anunciara un nuevo paro académico en la sede Bogotá, que se extenderá hasta el 20 de marzo.En el nivel central de la institución, Luz Arabany Ramírez Castañeda, profesora titular de la Facultad de Administración de la sede Manizales asumirá la Vicerrectoría General; María Alejandra Guzmán Pardo, profesora asociada de la Facultad de Ingeniería de la sede Bogotá, estará al frente de la Vicerrectoría Académica; y Olga Janneth Gómez Ramírez, profesora asociada y exdirectora de Investigación y Extensión de la Sede Bogotá, dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.Por otro lado, Édgar Cortés Reyes, profesor titular de la Facultad de Medicina, fue designado como nuevo secretario general de la universidad y, al mismo tiempo, como vicerrector encargado de la sede Bogotá.En las sedes regionales también quedaron confirmados nuevos nombramientos. Johnny Alexander Tamayo Arias, profesor titular de la facultad de Ingeniería y Arquitectura, será el vicerrector de la sede Manizales; Johanna Vásquez Velásquez, profesora asociada de la Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, asumirá la Vicerrectoría de la sede Medellín; Mario Augusto García Dávila, profesor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, es el nuevo vicerrector de la sede Palmira.Además, Jimmy Jolman Vargas Duarte, profesor asociado con experiencia en investigación y extensión, es el nuevo vicerrector de la sede de La Paz y Onésimo del Carmen de Arco Canoles, profesora asociada, es la directora de la sede Tumaco.También se realizaron otros seis nombramientos a nivel nacional, entre esos cambios en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa, la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual, la Dirección de la Editorial UNAL, entre otros.Durante el anuncio, el rector también hizo un llamado a la comunidad universitaria a trabajar desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia académica, como base para la gestión institucional en los próximos años.
En diálogo con Blu Radio, el director de la Unidad Nacional de Protección, Augusto Rodríguez, confirmó que los escoltas de la candidata Ana Guetio, desaparecida en el Cauca, reportaron a la entidad que su vehículo fue robado. Según explicó, en este momento se dirigen al municipio de El Tambo en un carro particular. “El vehículo fue robado. Solamente dan ese parte para avisar que están bien”, dijo.Guetio es aspirante a una curul de paz en la Cámara de Representantes. Su equipo denunció que desde la noche del miércoles, no conocían su paradero. Según informaron a través de un comunicado, la candidata se desplazaba hacia el municipio de Morales, en el Cauca, cuando se perdió contacto con ella. En el momento de la desaparición, Guetio cumplía compromisos propios del cierre de campaña en los departamentos de Nariño y Cauca y horas antes había sostenido un encuentro con la comunidad en el municipio de El Tambo.Por ahora, no es claro que fue lo que ocurrió durante las horas en las que no se supo sobre su paradero. En la misma situación está Andrés Vásquez, un candidato conservador al Senado que visitaba a su padre en Cesar y ahora está desaparecido.El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, se refirió a esto:“El papá estaba bañándose y escuchó una moto que llegó a la vivienda y cuando salió ya no estaba el candidato, pero si el celular. Le pedimos a la comunidad que si tienen información de comuniquen con el 157. No sabemos las causas de estas desapariciones”.El jefe de la cartera de defensa insistió en que hay una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita deducir qué pasó con los candidatos al congreso. “No tenemos información de qué se trate de un secuestro o esté relacionado con su actividad así que ha medida de que avance, informaremos. En el caso del Cauca estaba acompañado por personal de la UNP y en el César, estaba en su casa y no tenía directamente seguridad”, concluyó.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) reaccionó a la expedición del Decreto 0182 de 2026, norma con la que el Gobierno nacional modifica las reglas de habilitación territorial para las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y ordena la redistribución de afiliados en todo el país.En un comunicado, el gremio señaló que la medida implica cambios estructurales en la operación del aseguramiento que, a su juicio, deberían tramitarse mediante ley y no por decreto. Además, sostuvo que el contenido de la norma reproduce lo establecido en el Decreto 0885 de 2025, que fue suspendido en octubre pasado por el Consejo de Estado.Acemi advirtió que la redistribución masiva de usuarios podría afectar la continuidad y oportunidad en la atención, especialmente en un contexto en el que varias EPS se encuentran bajo medida de intervención y enfrentan dificultades financieras y operativas.Según los cálculos del gremio, la aplicación del decreto llevaría a una mayor concentración de afiliados en Nueva EPS, que actualmente tiene más de 11,5 millones de usuarios y podría recibir alrededor de 2,6 millones adicionales. También indicó que algunas EPS intervenidas registrarían incrementos cercanos al 40 % en su número de afiliados, mientras que las EPS agremiadas que no están intervenidas perderían más de 800.000 usuarios.Para Acemi, la redistribución no se daría en condiciones de equilibrio entre las entidades que ceden y las que reciben población, lo que podría generar impactos en la red de prestación de servicios, la entrega de medicamentos y la programación de procedimientos.El gremio anunció que insistirá en las rutas de defensa legal frente al decreto, al considerar que la medida puede profundizar la situación actual del sistema y afectar a millones de afiliados en diferentes regiones del país.
En medio de lluvias constantes y sobre un terreno con complejas superposiciones de sepulturas, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas culminó la tercera fase de intervención forense en el cementerio principal de San Vicente del Caguán, Caquetá. Como resultado, se recuperaron 11 cuerpos que ahora entrarán en proceso de identificación.La acción se desarrolló en el marco del Plan Regional de Búsqueda Caquetá Norte y contempló la intervención de 19 sitios de interés forense tipo fosa. Los cuerpos corresponderían a personas fallecidas en hechos relacionados con el conflicto armado en zona rural del municipio entre 2002 y 2015, quienes fueron inhumadas como no identificadas o como identificadas no reclamadas.“Los 11 cuerpos recuperados en este campo santo ahora surtirán un proceso de identificación. Este proceso de identificación estará realizado de la mano y bajo el liderazgo incluso del Instituto Nacional de Medicina Legal. Y nos queda a nosotros también este trabajo importante de ubicar a sus seres queridos en los casos en los que de pronto no se tiene conocimiento de quiénes pueden ser y avanzar hacia las entregas dignas de cada uno de ellos”, señaló Yolima Jurado, coordinadora territorial Caquetá de la Unidad.Por su parte, el antropólogo líder de la misión, Juan Pablo Rodríguez, explicó que el cementerio presenta una compleja yuxtaposición de sepulturas, lo que obliga a realizar excavaciones con mayor rigor técnico. A esta complejidad se sumaron las condiciones climáticas adversas, con lluvias persistentes durante las jornadas de trabajo. Por ello, el equipo territorial prevé nuevas fases de intervención en el lugar.Esta fase contó con la participación de población firmante del Acuerdo de Paz, a través de la Corporación Humanitaria Reencuentros y de procesos organizativos como Corpo-Reconciliación. “Su participación incluyó labores de excavación, contraste de información y revisión de evidencias forenses”.Paralelamente, se desarrolló la Ruta de la Memoria, un espacio pedagógico que vinculó a organizaciones sociales, familias buscadoras, sociedad civil y entidades del territorio.“La tarea es titánica, pero a la vez también el llamado es a que todos nos comprometamos, que el ejercicio de haber firmado ese acuerdo de paz no solamente nos comprometa a nosotros como firmantes y al Estado, al gobierno, a quienes estuvimos involucrados en el conflicto, sino que toda la sociedad colombiana también se personalice de lo que ha sido esa firma de ese acuerdo y que es tan importante” aseguró Willington Quiroz, firmante del Acuerdo de Paz de la vereda Agua Bonita.
Luego de las afirmaciones hechas por el presidente Gustavo Petro en contra del operador logístico de las elecciones del próximo domingo 8 de marzo (Unión Temporal ILE 2026), especialmente del Grupo ASD (Asesoría en Sistematización de Datos S.A.S.) que hasta finales de enero hacía parte de esta unión temporal y estaba a cargo del sistema de transmisión telefónica de los resultados del preconteo (TREP), la firma decidió pronunciarse mediante un comunicado.Frente a las versiones de que esta firma estaba denunciada por presunto fraude en el marco de las elecciones presidenciales de Honduras de finales de 2025, ASD aseguró que no tiene investigaciones en curso ni sanciones relacionadas con el proceso electoral del país centroamericano ni con ningún otro proceso en el que haya participado, y calificó como “infundadas” las afirmaciones que señalan lo contrario.“Grupo ASD S.A.S. desplegó en la República de Honduras una plataforma tecnológica diseñada y operada bajo los más exigentes estándares internacionales de seguridad de la información. Dicha plataforma garantizó en todo momento la trazabilidad en tiempo real de los datos electorales, la integridad de cada transacción registrada y la custodia inviolable de la información a lo largo de todo el proceso (...) El proceso electoral en Honduras no registró fraude tecnológico alguno: la evidencia técnica, los registros de auditoría y la declaratoria oficial de los resultados así lo acreditan de manera inequívoca”, se puede leer en el documento.La compañía afirmó también que es una empresa plenamente independiente y que no tiene relación accionaria, de subordinación, control societario ni vínculo de filial o matriz con Thomas Greg & Sons S.A. Señaló que sostener lo contrario constituye una falsedad que distorsiona su realidad jurídica y comercial.Sobre la cesión de su posición contractual en la Unión Temporal ILE, ASD explicó que se trató de una decisión soberana de gestión corporativa, adoptada en ejercicio de su autonomía empresarial y orientada a fortalecer las garantías institucionales del proceso. Precisó que dicha cesión no implica reconocimiento de responsabilidad ni admisión de irregularidad alguna. Destacó que su trayectoria de más de tres décadas en operación electoral respalda la solidez de su actuar.Finalmente, ASD reiteró su respeto por la labor de los medios de comunicación, expresó su confianza en la verificación rigurosa de la información y reafirmó su compromiso con la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho. Indicó que continuará operando con seriedad y rigor técnico, confiando en que la verdad prevalecerá sobre cualquier campaña de desinformación.
La violencia armada en Colombia se está reorganizando y expandiendo, y amenaza con revertir los avances alcanzados tras la firma del Acuerdo de Paz. Así lo advierte el más reciente informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en 2025, presentado ante el Consejo de Derechos Humano.El documento señala que la confrontación entre grupos armados ilegales, organizaciones criminales y la fuerza pública afectó de manera grave territorios como Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como departamentos como Arauca, Cauca, Nariño, Chocó, Caquetá, Huila, Meta, y Antioquia, entre otros.En estos contextos, la población civil quedó atrapada entre desplazamientos, confinamientos, homicidios selectivos, violencia sexual, uso de explosivos y reclutamiento de niños y niñas.La niñez sigue siendo una de las principales víctimas del conflicto. El ACNUDH verificó 150 casos de reclutamiento de niños y niñas en 2025, aunque advierte que la cifra real podría ser mayor por el subregistro . Además, documentó la muerte de 30 menores que se encontraban en situación de reclutamiento en Arauca, Caquetá, Huila, Guaviare y Norte de Santander, incluidos ocho niños y siete niñas fallecidos en bombardeos.El informe también expresa preocupación por el uso de redes sociales para captar menores, exaltando el poder y el dinero asociados a la violencia. “El ACNUDH transmitió estas preocupaciones a Meta y TikTok, llamando a fortalecer la debida diligencia conforme a los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos para evitar que sus servicios faciliten violaciones y abusos de los derechos de las niñas y los niños”.Sin embargo, El ACNUDH también documentó casos de reclutamiento en espacios comunitarios, donde integrantes de grupos armados establecieron vínculos afectivos para manipular a niñas con promesas de protección o apoyo económico.En Arauca, Cauca, Caquetá, Nariño, Norte de Santander y la Sierra Nevada de Santa Marta se registró el uso de instituciones educativas por parte de grupos armados y enfrentamientos que interrumpieron clases. En Cauca y Putumayo, incluso se utilizaron escuelas para reclutar estudiantes indígenas nasa y murui muina, en riesgo de exterminio físico y cultural. También se reportaron amenazas y desplazamientos de docentes en varios departamentos.La oficina señala que los grupos armados continuan ejerciendo violencia de género, entre ellas violaciones sexuales, embarazos forzados y explotación sexual. “El ACNUDH conoció que estos grupos habían controlado pruebas de infecciones de transmisión sexual, prohibido el uso de métodos anticonceptivos y restringido el acceso a servicios de salud, ocasionando casos de mortalidad materna no registrada”.El informe advierte además sobre explotación sexual y trata contra niñas y mujeres, incluidas mujeres wiwas, arhuacas, jiw y nukak. También documenta feminicidios y castigos contra mujeres acusadas de mantener relaciones con miembros de estructuras rivales, y casos en los que niñas fueron obligadas a prestar labores de enfermería para grupos armados.Otro de los datos más alarmantes es el incremento del desplazamiento forzado masivo, que aumentó un 85% frente a 2024. Solo en Catatumbo, 89.013 personas fueron desplazadas en 2025, en medio de disputas por el control territorial y de economías ilícitas. A esto se suma un aumento del confinamiento del 12 %, especialmente en Chocó, Cauca y Bolívar, donde comunidades enteras vieron restringida su movilidad y acceso a medios de subsistencia.En materia de masacres, la Oficina recibió 87 alegaciones, de las cuales 53 fueron verificadas, con un total de 174 víctimas. El 95% de estos hechos fue atribuido presuntamente a grupos armados no estatales y organizaciones criminales, y en el 75% de los casos la motivación estaría ligada a disputas por economías ilícitas.El informe también registró 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos; en 99 casos se verificó que el asesinato estuvo directamente relacionado con su labor. Los principales afectados fueron líderes indígenas, afrodescendientes y campesinos, “lo que evidencia un impacto diferenciado entre quienes defienden los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades afrodescendientes y campesinas”.Alertan además que en Cauca y Valle del Cauca se registraron 44 ataques contra la Fuerza Pública que dejaron 21 civiles y 8 uniformados muertos, además de más de 200 personas heridas. A esto se suma la continuidad del denominado “plan pistola” en departamentos como Antioquia y la región Caribe. Según el Ministerio de Defensa, en 2025 murieron 173 integrantes de la Fuerza Pública y 765 más resultaron heridos.El informe advierte que la política de “paz total”, en donde se han concretado procesos de negociación con grupos armados, no ha logrado frenar violaciones y abusos graves como reclutamiento de menores, el asesinato de líderes sociales, “ni generar procesos de diálogo con participación libre y segura de las comunidades involucradas o colocar los derechos de las víctimas en el centro de las negociaciones”.También expresa preocupación porque procesos por graves violaciones de derechos humanos siguen en la Fiscalía y fuera de la priorización de la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que genera incertidumbre jurídica y riesgos para los derechos de las víctimas.El ACNUDH documentó además desapariciones forzadas y privaciones arbitrarias de la libertad como mecanismos de control social. En Buenaventura y el Bajo Calima se reportaron 21 casos de desaparición en 2025. En Arauca, las privaciones de libertad pasaron de 163 en 2024 a 277 en 2025, muchas bajo la denominada “justicia revolucionaria”, con tratos crueles e incluso asesinatos.La Oficina también advirtió que, pese a las comunicaciones enviadas al Ministerio de Defensa sobre 15 situaciones de riesgo en varios departamentos, en la mayoría de los casos las medidas adoptadas fueron insuficientes o tardías para proteger a la población.En los territorios indígenas y afrodescendientes, la ONU expresó especial preocupación por la Sierra Nevada de Santa Marta y el Chocó, donde la disputa armada, el control social y actividades como la minería ilegal y la deforestación amenazan la pervivencia física y cultural de los pueblos.La conclusión del informe señala que la persistencia del conflicto, la violencia y el control social armado están “afectando gravemente a la población civil y debilitando los procesos organizativos y el tejido social de Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes y campesinas. Las estrategias de control social y territorial empleadas por estos actores, sumadas al aumento de la violencia preelectoral, la polarización, la desinformación y el discurso de odio, generan riesgos para el espacio cívico y el ejercicio de los derechos civiles y políticos”.
En entrevista en Mañanas Blu 10:30, la exalcaldesa de Bogotá y hoy candidata presidencial, Claudia López, celebró el repunte que registró en la más reciente encuesta de Invamer y aseguró que su campaña está enfocada en una meta clara: “La primera vuelta consiste en ganarle a De la Espriella el paso a segunda vuelta”.López calificó los resultados como una señal de que su mensaje “está calando” entre los ciudadanos. “Nos dan entusiasmo y esperanza. Es la confirmación de que la propuesta de defender lo que va bien, corregir lo que va mal y agregar lo que hace falta está llegando”, afirmó.La candidata explicó que, a su juicio, deben mantenerse avances como el incremento del salario mínimo, la reforma laboral y la reforma pensional, pero insistió en que el Gobierno ha fallado en temas clave como salud y seguridad. “Lo de salud ha sido un desastre. Que a la gente le nieguen medicamentos es inaceptable. Y en seguridad la paz total es un caos absoluto”, sostuvo.Frente a su propuesta programática, destacó la creación de un sistema público y gratuito de cuidado para mujeres, un millón de becas de educación y trabajo, y un plan de apoyo a microempresas. “Una mujer con autonomía económica no se deja humillar ni golpear. El cuidado debe dejar de ser una condena invisible”, señaló.Sobre la estrategia electoral, López rechazó la idea de “quitarle votos” a otros sectores y aseguró que su apuesta es hablarle a quienes buscan soluciones concretas y no peleas ideológicas. En ese contexto, lanzó críticas a lo que calificó como una política basada en confrontaciones personales. “Con prometer meter preso a uno u otro no se le resuelve la vida a nadie”, dijo.En cuanto a la consulta del 8 de marzo, defendió su decisión de participar y marcar distancia frente a otros líderes de centro como Sergio Fajardo, con quien dijo mantener afecto y respeto. “Yo creo que las decisiones deben tomarlas los ciudadanos en las urnas, no cuatro políticos tomando tinto”, afirmó.Al proyectar el escenario electoral, la candidata fue enfática: “Aspiro a hacer la primera votación individual el 8 de marzo”. Según su lectura, el verdadero reto inicial es superar a Abelardo de la Espriella y asegurar el paso a segunda vuelta. De cara a un eventual balotaje, anticipó que el contendor sería Iván Cepeda, de acuerdo con los sondeos.Finalmente, López hizo un llamado a votar en la consulta presidencial y reiteró su eslogan: “Soy una mujer frentera, sin corrupción y con experiencia. Esta campaña es para resolver problemas reales, no para alimentar peleas”.
Un total de 11 universidades del país realizaron un estudio en el marco de la iniciativa "Cuidar la Democracia", liderada por las universidades de Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB. Esta encuesta la respondieron 1.700 personas en 81 municipios en áreas rurales y urbanas. Todas las personas eran mayores de edad.Uno de los datos que arrojó este estudio es que al menos el 62% de los colombianos encuestados considera que la democracia está en riesgo."Ahora tenemos una democracia que normalizó la corrupción y que no ha atendido la desigualdad que es el mayor problema de este país. Algo que es muy interesante es que las personas que contestan dicen que más allá de la ideología no están viendo resultados que atiendan las necesidades de los ciudadanos, es una exigencia de que la democracia no está ateniendo los dolores de la población, entre ellos la corrupción la desigualdad", explicó Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes.En el estudio también se puede evidenciar que los colombianos consideran que el voto hace la diferencia, por lo que es importante participar activamente en la política."Les parece que el voto es muy importante y que esa es la manera en la que el ciudadano tiene participación en su democracia. Eso nunca coincide con lo que pasa en realidad porque por miles de inconvenientes la gente ese día no sale a votar", explicó Bernal.Además, se refirió a un tema sobre el que se ha hablado mucho recientemente y es la información falsa que se puede ver en diferentes escenarios."Mucho de lo que ha ocurrido con la democracia y la razón por la que está tan polarizada y frágil tiene que ver con las redes y la desinformación. Yo lo que creo que es muy importante es que todos actuemos frente a eso, hay una corresponsabilidad con la democracia. La encuesta también dice que es muy importante que las instituciones educativas estén al frente de eso, los países con mejores democracias son los países donde la educación es de mayor calidad", explicó la rectora de Los Andes.
Pese a que muchas cifras de violencia aumentaron el año pasado en Colombia, el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Scott Campbell, afirmó que el país está en un camino de paz desde que se firmó el acuerdo con las Farc en 2016, pero debe evitar un retroceso mayor que lo lleve de vuelta a sus peores años de conflicto."Creo que hoy no estamos en una situación de derechos humanos como la que había antes del acuerdo. Por supuesto hay mucho por mejorar, pero nuestro informe describe diferentes violaciones de derechos humanos que son indicadores de que hay riesgo de un retroceso", expresó Campbell.Su despacho presentó este jueves el informe anual de ese organismo sobre la situación de los DD.HH. en el país, que según el diplomático, apunta a "prevenir que Colombia vuelva a la situación que había antes de 2016" por el aumento de los desplazamientos forzados y los asesinatos de defensores de derechos humanos, entre otros.Violencia que no cesaEl informe señaló que en 2025 el conflicto "afectó agudamente" varias regiones del país, como el Catatumbo, Magdalena Medio y la Sierra Nevada de Santa Marta, así como los departamentos de Arauca, Antioquia, Cauca, Caquetá, Chocó, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.Los grupos armados han provocado en estas zonas desplazamientos forzados, confinamientos, homicidios selectivos, privaciones arbitrarias de la libertad, daños por artefactos explosivos, violencia sexual y reclutamiento de menores, principalmente indígenas y afrocolombianos.En ese sentido, Campbell destacó que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 87 alegaciones de masacres, de las cuales 53 fueron verificadas, 16 revisadas y 18 consideradas "no concluyentes", lo que significa una disminución del 15 % frente a los casos de 2024.Estas matanzas son cometidas en su mayoría "por los grupos armados no estatales por razones de control territorial, control sobre la sociedad para intimidar y, sobre todo, para garantizar acceso a sus rutas para las economías ilícitas"."Ese es un dato muy positivo, pero al mismo tiempo hay aumento de desplazamiento el año pasado, un 85 % en comparación con 2024; hay más confinamiento, y hay más asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, un aumento de un 11 %", expresó.En términos de desplazamiento, el notorio crecimiento estuvo impulsado por la salida de 89.013 personas de sus hogares en la convulsa región del Catatumbo, limítrofe con Venezuela, debido a los enfrentamientos que comenzaron en enero del año pasado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.El confinamiento, entre tanto, aumentó un 12 %, principalmente en los departamentos de Chocó, Cauca y Bolívar, con los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como principales víctimas.Ese encierro fue provocado por los paros armados de grupos como el ELN que restringen las actividades económicas básicas de las comunidades.Erosión del liderazgo socialLa Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió el año pasado 207 alegaciones de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, de las cuales pudo confirmar 99.En 39 casos las personas eran defensoras pero no se pudo determinar un nexo causal entre el homicidio y su labor, mientras que 69 alegaciones fueron consideradas como no concluyentes."Esto es un problema con causas estructurales, causas profundas, que no son fáciles de resolver", manifestó Campbell, quien señaló que el Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, "ha hecho avances" en aspectos como las "garantías para personas defensoras de derechos humanos".Sin embargo, el representante de la ONU afirmó que falta "implementación de estas políticas" y de otras como la de "desmantelamiento del control de los grupos armados no estatales" en algunas zonas del país."Tienen un control sobre la sociedad y el territorio y un resultado (de esto) es una tasa de homicidios de personas defensoras de derechos humanos muy alta, completamente inaceptable", expresó.Campbell recordó que la protección de defensores de derechos humanos es una obligación del Estado, según el derecho internacional humanitario (DIH) por lo que insta al Gobierno de Petro, que termina el próximo 7 de agosto, a "tomar acciones más concretas para implementar estas políticas".